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DECLARACIÓN DE RESERVA DE INFORMACIÓN ACCESO A INFORMACIÓN EN PROCEDIMIENTOS CONCURSALES PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA ACTIVIDAD : FABRICACIÓN DE TEXTILES

 

PROCEDENCIA   :       COMISIÓN DELEGADA DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES EN LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PARA GRADUADOS

(LA COMISIÓN)

DEUDOR               :       TEXTIL SAN CRISTÓBAL S.A. (TEXTIL SAN CRISTÓBAL)

MATERIA             :       DERECHO CONCURSAL

DECLARACIÓN DE RESERVA DE INFORMACIÓN ACCESO A INFORMACIÓN EN PROCEDIMIENTOS CONCURSALES

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA

ACTIVIDAD          :       FABRICACIÓN DE TEXTILES

 

SUMILLA: en el Procedimiento Concursal Preventivo de Textil San Cristóbal S.A., la Sala ha declarado que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la apelación interpuesta por la empresa deudora  contra  la  Resolución  N° 2419-2004/CCO-ODI-ESN  del  30  de junio de 2004, que declaró improcedente el pedido formulado por Textil San  Cristóbal  para  que  se  declare  la  reserva  de  la  información contenida en el documento presentado por Banco Standard Chartered, denominado  “Presentación  Resultados  de  Due  Diligence  Contable”. Ello, toda vez que, por mandato de la propia norma concursal, se restringe el acceso a la información a terceros ajenos al procedimiento concursal, no resultando necesaria una declaración de la autoridad en ese sentido.

 

Finalmente, en ejercicio de la facultad otorgada en el artículo 43º del Decreto Legislativo Nº 807, se establece el precedente de observancia obligatoria que se desarrolla en la parte resolutiva de esta Resolución. Ello,  a  efectos  de  precisar  que,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el artículo  13º  de  la  Ley  General  del  Sistema  Concursal,  sólo  tienen acceso a la información contenida en el procedimiento concursal las partes intervinientes en el mismo.

 

Lima, 12 de setiembre de 2005

 

I.        ANTECEDENTES

 

El 5 de setiembre de 2003, Banco Standard Chartered (en adelante, Banco Standard) formuló oposición al acogimiento de Textil San Cristóbal al Procedimiento Concursal Preventivo, alegando que la verdadera situación económica y financiera de dicha empresa configuraba uno de los supuestos previstos por la Ley General del Sistema Concursal para declarar el inicio del

 

M-SDC-02/1C

 

 

Procedimiento Concursal Ordinario e, incluso, su disolución y liquidación. En sustento de tal afirmación, Banco Standard presentó copia del documento denominado       “Presentación   Resultados   de   Due   Diligence   Contable” elaborado por Define S.A. (en adelante, Define). Por escrito del 9 de setiembre de 2003, Textil San Cristóbal manifestó su posición respecto de la oposición planteada por Banco Standard, rechazándola en todos sus extremos.

 

Por Resoluciones números 1969-2003/CCO-ODI-ESN y 1970-2003/CCO- ODI-ESN del 30 de junio de 2004, la Comisión declaró improcedente la oposición formulada por Banco Standard y admitió a trámite la solicitud de inicio del Procedimiento Concursal Preventivo de Textil San Cristóbal, respectivamente, habiéndose publicado dicha situación el 15 de setiembre de 2003 en el diario oficial El Peruano. El 10 de mayo de 2004, Banco Standard solicitó a la Comisión que declare la nulidad del referido procedimiento, reiterando los argumentos expuestos en su escrito de fecha 5 de setiembre de 2003.

 

El 4 de junio de 2004, Textil San Cristóbal absolvió el pedido de nulidad formulado  por  Banco  Standard,  solicitando  asimismo  que  la  Comisión declare, respecto de terceros no intervinientes en el procedimiento, la confidencialidad del documento denominado “Presentación Resultados de Due Diligence Contable” elaborado por Define, argumentando que el mismo contenía información interna de la empresa que no debió ser divulgada por Banco Standard1. Dicho pedido fue declarado improcedente por extemporáneo mediante Resolución N° 2419-2004/CCO-ODI-ESN del 30 de junio de 2004, pronunciamiento que se sustentó en el hecho que Textil San Cristóbal no formuló su pedido en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo, es decir, al momento en que tomó conocimiento de la presentación del documento antes indicado por parte de Banco Standard, habiendo transcurrido hasta esa fecha más de ocho (8) meses.

 

El 26 de julio de 2004, Textil San Cristóbal apeló la citada resolución señalando que: (i) no existe un plazo legal para solicitar la declaración de reserva de información confidencial; (ii) el hecho que dicha información haya podido ser conocida por terceros no significaba necesariamente que éstos la hayan utilizado en su beneficio; y, (iii) debe cautelarse que en adelante la información antes mencionada no llegue a conocimiento de destinatarios indebidos y, aun en el supuesto que ello hubiese ocurrido, la empresa podría accionar legalmente contra aquellos.

 

 

 

1   Sobre el particular, Textil San Cristóbal indicó que, en el marco de las negociaciones previas sostenidas con sus principales acreedores a fin de reestructurar sus pasivos, proporcionó a aquellos información relativa a los medios de producción, estructura de costos y otros aspectos organizativos de la empresa, parte de la cual fue recogida en el documento elaborado por Define.

 

 

 

II.       CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

Determinar si corresponde declarar la reserva de la información contenida en el documento denominado “Presentación Resultados de Due Diligence Contable”, presentado por Banco Standard a la Comisión el 5 de setiembre de 2003.

 

III.      ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

III.1    El acceso a la información sobre procedimientos tramitados por la

Administración Pública

 

El numeral 5 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información pública, en los siguientes términos:

 

“DERECHOS DE LA PERSONA

Artículo 2o.- Toda persona tiene derecho: (…)

5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. (…)”

 

El derecho a la información comprende, tanto el derecho a solicitar la misma sin expresión de causa como a recibirla de las entidades públicas, debiendo entenderse por entidad pública toda entidad del Estado y cualquier otra con personería de Derecho  Público2.  Sin  embargo,  este  derecho  sólo  puede hacerse  valer  a  efectos  de  obtener  información  de  carácter  público, quedando excluida de su ámbito toda aquella información expresamente declarada reservada por ley, como por ejemplo información relativa a la intimidad personal o familiar. Ello debido a que el constituyente ha considerado necesario sustraer del conocimiento público aspectos concernientes exclusivamente a la esfera privada de los ciudadanos, así

 

 

2 Según Marcial Rubio, “(…) Las personas tienen mediante el inciso 5 del artículo 2 el derecho de solicitar y recibir información sin expresión de causa de cualquier entidad pública. Nótese que el derecho no es solo a solicitar (para el cual bastaría el derecho de petición establecido en el inciso 20 del mismo artículo) sino también a recibir la información. La obligatoriedad de suministrarla corresponde exclusivamente a las entidades públicas, no a las privadas que rigen su actuación por otros principios. En este inciso se está hablando de entidades que tienen como finalidad central el servicio a las personas, razón más que suficiente para que se les imponga la obligación de informar. Para los efectos de este artículo entidad pública será toda entidad del Estado (gobierno central, gobiernos regionales y locales) y cualquier otra entidad con personería de derecho público del Estado peruano(empresas públicas, instituciones descentralizadas, superintendencias, Consejos, comisiones diversas, etc.) (…)” En: Rubio Correa, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Primera Edición, Lima, 1999, p. 219.

 

 

como temas cuya divulgación podría comprometer seriamente la seguridad nacional.

 

En el Derecho Administrativo, el derecho a la información forma parte de la aplicación del principio de participación, según el cual las entidades públicas deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administren, sin expresión de causa, con excepción de aquellas que afecten la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las expresamente excluidas por ley3.

 

Con relación a la participación de los administrados en el procedimiento administrativo, la ley ha otorgado a aquellos un acceso irrestricto a la información contenida en el expediente, con las excepciones señaladas en los párrafos anteriores. En tal sentido, el numeral 3 del artículo 55º de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece como uno de los derechos de los administrados el de acceder en cualquier momento y de manera directa a la información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos en que sean partes, salvo las excepciones expresamente previstas por ley4. A su vez, el numeral 1 del artículo 160º del referido dispositivo legal señala que los administrados, sus representantes o sus  abogados,  tienen  derecho  de  acceso  al  expediente  en  cualquier momento  de  su  trámite,  así  como  a  los  documentos  y  actuaciones integrantes del mismo5.

 

 

3  LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Título Preliminar, Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (...)

12.       Principio  de  participación.-  Las  entidades  deben  brindar  las  condiciones  necesarias  a  todos  los administrados para acceder a la información que administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que expresamente sean excluidas por ley; y extender las posibilidades de participación de los administrados y de sus representantes, en aquellas decisiones públicas que les puedan afectar, mediante cualquier sistema que permita la difusión, el servicio de acceso a la información y la presentación de opinión. (...)

 

4 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 55.- Derechos de los administrados

Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento administrativo, los siguientes: (...)

3.         Acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin limitación alguna a la información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos en que sean partes y a obtener copias de los documentos contenidos en el mismo sufragando el costo que suponga su pedido, salvo las excepciones expresamente previstas por ley. (...)

 

5  LEY  DEL  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 160.- Acceso a  la  información del expediente

160.1   Los  administrados, sus  representantes o  su  abogado, tienen derecho de  acceso al  expediente en

cualquier momento de su trámite, así como a sus documentos, antecedentes, estudios, informes y dictámenes, obtener certificaciones de su estado y recabar copias de las piezas que contiene, previo pago  del  costo  de  las  mismas.  Sólo  se  exceptúan  aquellas  actuaciones,  diligencias,  informes  o dictámenes que  contienen información cuyo conocimiento pueda afectar su  derecho a  la  intimidad personal o familiar y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional de acuerdo a lo establecido en el inciso 5) del Artículo 2 de la Constitución Política. Adicionalmente se exceptúan las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial, así como todos  aquellos  documentos  que  impliquen  un  pronunciamiento  previo  por  parte  de  la  autoridad

 

 

Conforme a lo expuesto, en el ámbito del procedimiento administrativo el derecho a la información se traduce en la facultad de los administrados de solicitar toda aquella información referida a los procedimientos en los cuales intervengan en calidad de partes o de terceros con legítimo interés, correspondiendo a la autoridad el deber de atender los pedidos de información que se le formulen sin dilatar o entorpecer el ejercicio del mencionado derecho.

 

III.2    La información contenida en los procedimientos concursales

 

Durante sus diversas etapas, el concurso se desarrolla en función de la información  con  que  dispone  tanto  la  autoridad  administrativa  como  las partes para realizar las actuaciones y adoptar las decisiones que compete a cada una de ellas al interior del procedimiento.

 

En la etapa pre-concursal del procedimiento, la información requerida es aquella que permita a la autoridad verificar el supuesto de hecho previsto por la ley a efectos de declarar la situación de concurso del deudor, es decir, información referida al estado patrimonial de este último. Sin embargo, cabe destacar que, en los procedimientos iniciados a solicitud de uno o más acreedores, la norma ha dispuesto que los mismos se tramiten en reserva hasta la publicación de la situación de concurso, debido a que la divulgación de dicha información en el mercado podría generar efectos potencialmente perjudiciales para la empresa, pese a no haberse definido aún su sometimiento al régimen excepcional del concurso. Por tanto, mientras no se defina la situación de concurso del deudor, sólo podrán tener acceso a la información contenida en el expediente las partes y los funcionarios que tengan conocimiento del procedimiento, quienes tienen el deber de cautelar la reserva de dicha información6.

 

Incluso  la  ley  ha  contemplado  la  posibilidad  de  que,  en  la  etapa  pre- concursal del procedimiento iniciado a pedido de acreedores, la autoridad declare, a solicitud del deudor, la confidencialidad de la información relativa a         los   estados   financieros   presentados   por   aquél   al   apersonarse   al procedimiento, lo cual implica que sólo tendrán acceso a dicha información los funcionarios encargados de tramitar el procedimiento, manteniéndose en reserva respecto de los acreedores que soliciten el inicio del concurso del deudor7.

 

competente. (...)

 

6 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 11.- Reserva e información del procedimiento

11.1     Los procedimientos concursales a pedido de acreedores se tramitarán en reserva hasta la publicación a que se refiere el Artículo 32. Cautelarán la reserva los funcionarios públicos que tengan conocimiento del procedimiento y las partes. (...)

 

7 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 27.- Emplazamiento al deudor

(…)

 

 

La situación antes descrita varía sustancialmente al hacerse público el procedimiento, puesto que, en esta etapa, el interés cuya tutela privilegia la norma concursal es el de la colectividad de acreedores involucrados en la crisis patrimonial del deudor, para lo cual éstos deben tener la posibilidad de acceder a toda aquella información que resulte relevante para adoptar las decisiones que consideren más convenientes para la recuperación de sus créditos. Es por ello que, a partir de ese momento, se levanta automáticamente la reserva de la información contenida en el expediente, quedando la misma a disposición de los acreedores calificados como tales por la autoridad concursal.

 

En la línea de lo señalado en el párrafo anterior, el artículo 13º de la Ley General del Sistema Concursal establece que los acreedores tienen el derecho de acceder a la información relevante para tomar decisiones en los procedimientos concursales, siendo obligación de los deudores y de las entidades administradoras y liquidadoras brindar dicha información8. Asimismo,  los  numerales  2  y  3  del  artículo  52º  del  referido  texto  legal señalan que el deudor deberá poner a disposición de los acreedores, con la debida anticipación, la información y documentación necesarias para que la Junta de Acreedores adopte los acuerdos que le corresponden, debiendo asumir  aquél  las  consecuencias  que  pudieran  derivarse  de  su incumplimiento en proporcionar tal información9.

 

En esta etapa del procedimiento, resulta indispensable que los acreedores se encuentren en aptitud de acceder a la información referida a la situación económica y financiera del deudor. Ello les permitirá conocer con exactitud las posibilidades reales de viabilidad de la empresa y, sobre la base de tal información, tendrán mayores elementos de juicio para adoptar la decisión más  eficiente  que  solucione  la  crisis  patrimonial  del  deudor  procurando

 

 

27.2     A  solicitud  del  emplazado,  la  información  relativa  a  sus  estados  financieros  podrá  ser  declarada reservada, siendo obligación del órgano funcional tomar las medidas necesarias para garantizar la reserva y confidencialidad de la misma, bajo responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 del Decreto Legislativo N° 807. Declarada la situación de concurso del deudor, dicha información estará a disposición de los acreedores, quedando automáticamente sin efecto la declaración de reserva.

 

8 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 13.- Acceso a la información concursal

13.1      Los acreedores tienen el derecho de acceder a información relevante para tomar decisiones en los procedimientos  concursales.  Es  obligación  de  los  deudores  y  de  las  entidades  administradoras y liquidadoras brindar dicha información.

13.2     En el caso de Juntas, el derecho de información de los acreedores se regula por el artículo 52.

 

9  LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 52.- Derecho de información de los acreedores en

Junta

(...)

52.2     La  información y documentación necesaria deberá ponerse a disposición de los acreedores por el deudor, en el local de la Comisión o, en otro lugar debidamente difundido, con una anticipación no menor a tres (3) días anteriores a la realización de la primera convocatoria a Junta.

52.3     La entrega de la referida documentación constituye una obligación exclusiva a cargo del deudor. El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de esta obligación no impide a la Junta sesionar válidamente y adoptar acuerdos.

 

 

obtener el máximo beneficio para la masa de acreedores afectados por la falta de pago de sus créditos. Del mismo modo, es importante que cada acreedor pueda tener acceso a la documentación que sustenta la totalidad de pasivos reconocidos del deudor, a fin de otorgarle la posibilidad de cuestionar determinados créditos incorporados al concurso en caso que considere que la existencia, origen, titularidad y cuantía de aquéllos no ha sido debidamente acreditado.

 

Si bien la regulación prevista en el artículo 13º de la Ley General del Sistema Concursal aparece claramente definida en cuanto al derecho de los acreedores de acceder a la información contenida en los procedimientos concursales,  esta  Sala  se  encuentra  en  la  necesidad  de  precisar  los alcances de dicho dispositivo legal sobre el acceso a la referida información respecto de personas distintas a las partes involucradas en el concurso.

 

Conforme a lo expuesto, el derecho de acceder a la información referida al procedimiento concursal sólo puede ser ejercido por las partes intervinientes en  el  mismo,  esto  es,  el  deudor  y  los  acreedores  reconocidos  por  la Comisión. Dicha facultad no puede hacerse extensiva a aquellos terceros que, al no haber sido calificados como acreedores por la autoridad administrativa, carezcan de un legítimo interés para intervenir en el procedimiento.

 

Mientras los acreedores reconocidos por la Comisión ejercen al interior del concurso la titularidad de un conjunto de derechos y obligaciones frente al deudor y a los demás acreedores, situación jurídica derivada de su condición de sujetos perjudicados con la cesación de pagos del deudor, los terceros que no ostentan tal calidad no cuentan con legitimación alguna que los habilite a participar en el procedimiento, dado que carecen de un interés económico comprometido en la crisis patrimonial del deudor que merezca ser tutelado bajo las reglas del concurso.

 

Adicionalmente, cabe señalar que, de permitirse el acceso al expediente a personas ajenas al procedimiento concursal, se generaría un riesgo potencialmente nocivo para el deudor, en el sentido que determinada información presentada por este último podría ser utilizada por ciertos agentes del mercado con el objeto de perjudicar en forma ilícita la actividad económica de la empresa concursada. Por ejemplo, aquellos documentos que contienen información referida a la situación financiera del deudor y otros aspectos correspondientes al ámbito estrictamente interno de la empresa quedarían a libre disposición de terceros competidores, quienes podrían aprovechar dicha información para obtener una indebida ventaja competitiva frente a aquél, hecho que reduciría considerablemente las posibilidades de reflotamiento de la empresa en caso que ésta aún fuera económicamente viable.

 

 

 

Debe tenerse en cuenta, además, que el procedimiento concursal, dada su naturaleza de procedimiento trilateral de acuerdo a la definición establecida en el numeral 1 del artículo 219º de la Ley del Procedimiento Administrativo General10, constituye el escenario en el cual confluye una pluralidad de intereses en conflicto entre sí (los acreedores y el deudor), cuya solución compete, en forma subsidiaria, a la autoridad administrativa, órgano que, en cumplimiento de dicha función, orienta su actuación hacia la protección del interés público de la colectividad de acreedores involucrados en el concurso. En este aspecto, la estructura del procedimiento concursal guarda similitud con aquélla correspondiente al proceso judicial, en el que el juez resuelve un conflicto de intereses en ejercicio de su labor jurisdiccional.

 

En atención a ello, también debe tenerse en consideración lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispositivo que establece que  sólo  tiene  carácter  público  la  información  contenida  en  registros, archivos y copias de actuados judiciales correspondientes a procesos concluidos11. Asimismo, los artículos 138º y 139º del Código Procesal Civil, norma aplicable en forma supletoria a los procedimientos concursales de conformidad con lo establecido en la Primera Disposición Complementaria de la Ley General del Sistema Concursal12, reservan la información que obra en los expedientes de procesos en trámite a las partes, sus abogados y apoderados, facultando la revisión a los terceros únicamente en caso de que el proceso haya fenecido13.

 

 

 

 

10 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 219.- Procedimiento trilateral

219.1   El  procedimiento trilateral es  el  procedimiento administrativo contencioso seguido entre dos o  más administrados ante las entidades de la administración y para los descritos en el inciso 8) del artículo I del Título Preliminar de la presente Ley. (...)

 

11  DECRETO LEGISLATIVO Nº 767, LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, Artículo 10.- Toda actuación judicial es pública, con las excepciones que la Constitución y las leyes autorizan.

Tienen el mismo carácter los registros, archivos y copias de los actuados judiciales fenecidos que se conserven, de acuerdo a ley. Toda persona debidamente identificada puede acceder a los mismos para solicitar su estudio o copia certificada, con las restricciones que establece la ley.

Cualquier decisión judicial, recaída en un proceso fenecido, puede ser objeto de análisis y crítica, con las limitaciones que expresamente la ley señala.

 

12 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Primera Disposición Complementaria.- Aplicación supletoria de las normas

En todo lo no previsto en la presente Ley, rigen las normas contenidas en la Ley del Procedimiento Administrativo

General, el Código Procesal Civil y la Ley General de Sociedades.

 

13 CÓDIGO PROCESAL CIVIL, Artículo 138.- Examen de los autos

Las partes, sus abogados y sus apoderados pueden examinar los expedientes judiciales en el local en que se conservan, pudiendo tomar nota de su contenido.

 

Artículo 139.- Expedición de copias

(...)

Concluido el proceso, cualquier persona podrá solicitar copias certificadas de folios de un expediente. El Juez puede denegar el pedido en atención a la naturaleza personalísima de la materia controvertida.

 

 

 

 

 

De otro lado, debe precisarse que el derecho de las partes intervinientes en el procedimiento concursal para acceder a la información contenida en el expediente no impide que la autoridad pueda declarar la confidencialidad de información calificada expresamente por ley como reservada, como, por ejemplo, aquélla regulada en el artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 80714. Se busca que los acreedores únicamente tengan a su disposición la información que requieran para adoptar las decisiones relativas al desarrollo del procedimiento concursal, debiendo sustraer del conocimiento de una o más partes la información que no guarde relación con los fines del concurso y cuya divulgación podría afectar la esfera privada de las personas.

 

Adicionalmente, cabe indicar que, si bien por regla general la información contenida en el procedimiento concursal sólo puede ser de conocimiento de las partes intervinientes en el mismo, la ley puede establecer situaciones excepcionales en las cuales se permita la difusión de cierta información comprendida en el concurso, a efectos de propiciar precisamente un adecuado desarrollo del proceso15.

 

Finalmente, debe disponerse que la Comisión, en su calidad de autoridad encargada de tramitar los procedimientos concursales, adopte las medidas necesarias para implementar los mecanismos destinados a supervisar el suministro de la información en los términos establecidos en la presente resolución.

 

III.3    El  pedido  de  reserva  de  información  formulado  por  Textil  San

Cristóbal

 

En su apelación, Textil San Cristóbal cuestionó la decisión de la Comisión de denegar su pedido de  declaración  de  confidencialidad  de  la  información contenida en el documento denominado “Presentación Resultados de Due Diligence Contable”, a fin de que terceros ajenos al Procedimiento Concursal Preventivo de la empresa deudora tomen conocimiento de tal información. Sin embargo, dado que a través del presente pronunciamiento la Sala ha establecido los alcances del derecho a la información en los procedimientos

 

14  DECRETO LEGISLATIVO N° 807, Artículo 6.- La información recibida por una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, que constituya un secreto industrial o comercial, deberá ser declarada reservada por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal respectiva. En tal caso la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal tomará todas las medidas que sean necesarias para garantizar la reserva y confidencialidad de la información, bajo responsabilidad. (...)

 

15 Por ejemplo, el numeral 4 del artículo 38 de la Ley General del Sistema Concursal establece que la Secretaría Técnica de la Comisión publicará en su local un aviso detallando de manera resumida el contenido de las resoluciones de reconocimiento de créditos expedidas por dicho órgano, precisando el nombre de cada acreedor, los  montos reconocidos por capital, intereses y gastos, así como el orden de preferencia de los mismos. Ello, a efecto de facilitar a los demás acreedores la posibilidad de cuestionar el reconocimiento de tales créditos.

 

 

concursales,  precisando  que  dicha  información  sólo  puede  ser proporcionada a las partes intervinientes en el concurso, corresponde declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la citada impugnación, en la medida que por mandato de la propia norma concursal se restringe el acceso de la información a terceros tal como pretende Textil San Cristóbal, sin necesidad de una declaración de la autoridad en ese sentido.

 

Adicionalmente, debe señalarse que la información analizada en el documento denominado “Presentación Resultados de Due Diligence Contable”, que en copia obra de fojas 17 a 29 del expediente, está referida a los estados financieros de Textil San Cristóbal, la cual resulta indispensable para que los acreedores adopten una decisión eficiente respecto de la propuesta de reprogramación de obligaciones formulada por la empresa concursada, por lo que la misma no constituye información que pueda calificarse como confidencial para los acreedores en los términos previstos en el artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 807.

 

III.4      Interpretación  de  los  alcances  de  la  Ley  General  del  Sistema Concursal sobre el acceso a la información en los procedimientos concursales

 

El análisis efectuado en los acápites anteriores evidencia la necesidad de establecer el criterio general de interpretación sobre el acceso a la información en los procedimientos concursales:

 

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13º de la Ley General del Sistema Concursal, el derecho para acceder a la información contenida en el procedimiento concursal sólo puede ser ejercido por las partes intervinientes en el mismo, es decir, el deudor y los acreedores reconocidos por la Comisión. Dicha facultad no puede hacerse extensiva a aquellos terceros que, al no haber sido calificados como acreedores por la autoridad administrativa, carezcan de un legítimo interés para intervenir en el procedimiento. Ello debido a que, mientras los acreedores reconocidos por la Comisión ejercen al interior del concurso la titularidad de un conjunto de derechos y obligaciones frente al deudor y a los demás acreedores, situación jurídica derivada de su condición de sujetos perjudicados con la cesación de pagos del deudor, los terceros que no ostentan tal calidad no cuentan con legitimación alguna que los habilite a participar en el procedimiento, dado que carecen de un interés económico comprometido en la crisis patrimonial del deudor que merezca ser tutelado bajo las reglas del concurso.

 

Las partes intervinientes en el procedimiento concursal tienen derecho a acceder a toda la información contenida en el expediente, con excepción de la información confidencial a la que se refiere la Constitución Política del Estado, el Decreto Legislativo Nº 807 y demás normas pertinentes.”

 

 

III.5    Difusión de la presente resolución

 

En aplicación del artículo 43º del Decreto Legislativo N° 80716  y atendiendo a que  la  presente  resolución  interpreta  de  modo  expreso  y  con  carácter general el sentido de la legislación, corresponde declarar que ésta constituye un precedente de observancia obligatoria en la aplicación del principio que se enuncia en la parte resolutiva. Adicionalmente, corresponde oficiar al Directorio del Indecopi para que éste solicite la publicación de la misma en el diario oficial El Peruano.

 

IV.      RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

PRIMERO: declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto del recurso de apelación interpuesto por Textil San Cristóbal S.A. contra la Resolución N° 2419-2004/CCO-ODI-ESN del 30 de junio de 2004.

 

SEGUNDO: de conformidad con lo establecido en el artículo 43º del Decreto Legislativo   N°   807,   declarar   que   la   presente   resolución   constituye precedente  de  observancia  obligatoria  en  la  aplicación  del  siguiente principio:

 

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13º de la Ley General del Sistema Concursal, el derecho para acceder a la información contenida en el procedimiento concursal sólo puede ser ejercido por las partes intervinientes en el mismo, es decir, el deudor y los acreedores reconocidos por la Comisión. Dicha facultad no puede hacerse extensiva a aquellos terceros que, al no haber sido calificados como acreedores por la autoridad administrativa, carezcan de un legítimo interés para intervenir en el procedimiento. Ello debido a que, mientras los acreedores reconocidos por la Comisión ejercen al interior del concurso la titularidad de un conjunto de derechos y obligaciones frente al deudor y a los demás acreedores, situación jurídica derivada de su condición de sujetos perjudicados con la cesación de pagos del deudor, los terceros que no ostentan tal calidad no cuentan con legitimación alguna que los habilite a participar en el procedimiento, dado que carecen de un interés económico comprometido en la crisis patrimonial del deudor que merezca ser tutelado bajo las reglas del concurso.

 

Las partes intervinientes en el procedimiento concursal tienen derecho a acceder a toda la información contenida en el expediente, con excepción de la información

 

 

16DECRETO LEGISLATIVO N° 807. Artículo 43.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal  de  Defensa  de  la  Competencia y  de  la  Propiedad  Intelectual  que  al  resolver  casos  particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

El  Directorio de  Indecopi, a  solicitud de  los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la  publicación obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el diario oficial "El Peruano" cuando lo considere necesario por tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores.

 

 

confidencial a la que se refiere la Constitución Política del Estado, el Decreto

Legislativo Nº 807 y demás normas pertinentes.”

 

TERCERO: disponer que la Comisión, en su calidad de autoridad encargada de tramitar los procedimientos concursales, adopte las medidas necesarias para implementar los mecanismos destinados a supervisar el suministro de la información contenida en dichos procedimientos, en los términos establecidos en la presente resolución.

 

CUARTO: solicitar al Directorio del Indecopi que disponga lo necesario para la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El Peruano.

 

Con la intervención de los señores vocales: Juan Francisco Rojas Leo, Julio Baltazar Durand Carrión, Sergio Alejandro León Martínez, José Alberto Oscátegui Arteta y Luis Bruno Seminario De Marzi.

 

 

 

 

 

 

 

JUAN FRANCISCO ROJAS LEO Presidente

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