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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS APORTES PREVISIONALES FUERO DE ATRACCIÓN CRÉDITOS COMPRENDIDOS EN EL PROCEDIMIENTO COMPETENCIA DE LA COMISIÓN PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA ACTIVIDAD : VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

 

PROCEDENCIA   :       COMISIÓN DELEGADA DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES EN LA UNIVERSIDAD DE PIURA CON SEDE EN LIMA (LA COMISIÓN)

ACREEDOR         :       ADMINISTRADORA PRIVADA DE FONDOS DE PENSIONES INTEGRA (AFP INTEGRA)

DEUDOR               :       TAN TUM PUBLICIDAD Y DISEÑO S.R.L. EN LIQUIDACIÓN (TAN TUM PUBLICIDAD)

MATERIA               :       RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS APORTES PREVISIONALES FUERO DE ATRACCIÓN

CRÉDITOS COMPRENDIDOS EN EL PROCEDIMIENTO

COMPETENCIA DE LA COMISIÓN

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA

ACTIVIDAD          :       VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

 

SUMILLA: de conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Decreto  Legislativo  Nº 807,  se  declara  que  la  presente  resolución constituye precedente de observancia obligatoria en la aplicación del siguiente principio:

 

“En aplicación del fuero de atracción de créditos regulado en el artículo 74.6 de la Ley General del Sistema Concursal, los créditos susceptibles         de   ser   reconocidos   por   la   autoridad   en   los procedimientos de disolución y liquidación iniciados por acuerdo de Junta de Acreedores o dispuestos de oficio por la Comisión de conformidad con el artículo 96.1 de la citada Ley, tanto en su modalidad     de   liquidación   con   cese   definitivo   de   actividades productivas como en su modalidad de liquidación en marcha, son aquéllos devengados hasta la fecha en que se acuerda o se dispone de oficio la disolución y liquidación del patrimonio en concurso, siendo                 de   cargo   del   liquidador   efectuar   la   actualización   y determinación de los intereses devengados con posterioridad a tal fecha al momento del pago.

 

Los pasivos generados con posterioridad a la fecha en que se acuerda o se dispone de oficio la disolución y liquidación del patrimonio del deudor constituyen gastos que deben ser asumidos para el adecuado desarrollo del proceso liquidatorio, por lo que su pago se efectúa preferentemente con el producto de la realización de los bienes del concurso.”

 

Lima, 6 de diciembre de 2004

 

 

I.        ANTECEDENTES

 

Mediante  Resolución  N° 0056-2001/CRP-ODI-CCPL  del  10  de  enero  de

2001, la Comisión declaró la insolvencia de Tan Tum Publicidad. Por Resolución  Nº 0085-2002/CRP-ODI-CCPL  del  16  de  enero  de  2002,  se declaró de oficio la disolución y liquidación de la empresa deudora, asumiendo la Comisión la conducción de dicho procedimiento.

 

El 23 de junio de 2003, AFP Integra invocó tardíamente el reconocimiento de créditos ascendentes a S/. 13 918,69 por capital y S/. 3 492,53 por intereses, incorporados en veintisiete Liquidaciones para Cobranza debidamente suscritas  por  funcionario  autorizado,  correspondientes  a  los  meses  de febrero de 2001 a abril de 2003.

 

Por Resolución N° 1893-2003/CDCO-ODI-UDP del 15 de julio de 2003, la Comisión reconoció en parte los créditos invocados por AFP Integra frente a Tan  Tum  Publicidad,  ascendentes  a  S/. 5 730,25  por  capital.  Asimismo, declaró improcedente la solicitud en el extremo referido a los créditos ascendentes a S/. 8 188,44 por capital, argumentando que se devengaron con posterioridad a la fecha en que se declaró la disolución y liquidación del patrimonio  de  Tan  Tum  Publicidad.  La  Comisión  sustentó  su pronunciamiento en los artículos 16.3 y 74.6 de la Ley General del Sistema Concursal. En cuanto a los intereses invocados, denegó también su reconocimiento, señalando que éstos habían sido liquidados hasta el 15 de junio de 2003, es decir, con posterioridad a la fecha de declaración de disolución y liquidación de Tan Tum Publicidad.

 

El  5  de  agosto  de  2003,  AFP  Integra  interpuso  apelación  contra  la Resolución N° 1893-2003/CDCO-ODI-UDP, manifestando que la Comisión debió reconocer la totalidad de los créditos invocados  en aplicación del artículo 74 de la Ley General del Sistema Concursal, pues el espíritu de dicha disposición no es limitar el reconocimiento únicamente a la fecha de la disolución y liquidación de la empresa, sino más bien considerar dicha circunstancia como un requisito que permite a los acreedores solicitar el reconocimiento de sus créditos devengados con posterioridad a  tal fecha.

 

II.     CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

Determinar si correspondía reconocer la totalidad de  los créditos invocados por AFP Integra frente a Tan Tum Publicidad.

 

III.    ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

El fuero de atracción regulado en la Ley General del Sistema Concursal

 

 

La Ley General del Sistema Concursal mantiene la distinción entre créditos concursales y créditos post concursales. Así, la norma establece que los créditos comprendidos en los procedimientos concursales son aquéllos devengados hasta la fecha de la publicación del aviso por el cual se difunde la  situación  de  concurso1 ,  en  tanto  que  las  obligaciones  originadas  con posterioridad  a  la  citada  fecha  deben  ser  pagadas  a  su  vencimiento, pudiendo el titular de tales créditos ejecutar el patrimonio del deudor a fin de exigir su pago2 .

 

Si bien esta disposición constituye la regla general contenida en el artículo

16 de la Ley General del Sistema Concursal, dicha norma también prevé una excepción, según la cual, en los procedimientos de disolución y liquidación son susceptibles de reconocimiento los créditos generados con posterioridad a la fecha en que se difunde la situación de concurso del deudor.

 

En ese sentido, el artículo 74.5 de la Ley General del Sistema Concursal, ubicado en la parte especial referida al procedimiento de disolución y liquidación, establece que se encuentran comprendidos en dicho procedimiento los créditos por concepto de capital, intereses y gastos generados durante la vigencia del mismo; con la excepción de los honorarios del liquidador y los gastos necesarios efectuados por éste para el desarrollo adecuado del proceso liquidatorio.

 

Esta regulación sobre la incorporación de créditos al proceso de disolución y liquidación da lugar a lo que en la normatividad concursal se denomina como “el fuero de atracción” de créditos, institución que se encuentra regulada en el artículo 74.6 de la Ley General del Sistema Concursal, cuyo texto se transcribe a continuación:

 

“Conforme lo establecido en el artículo 16.3 con el acuerdo de disolución y liquidación se genera un fuero de atracción concursal de todos    los   créditos,   debiendo   incluso,   los   titulares   de   créditos generados con posterioridad a la fecha establecida en el artículo 32º, presentar sus solicitudes de reconocimiento de créditos, para efectos de su participación en Junta y su cancelación en el procedimiento, de ser el caso. Corresponde a la Comisión emitir las resoluciones de

 

1   LEY  GENERAL  DEL  SISTEMA  CONCURSAL,  Artículo  15.-  Créditos  comprendidos en  el  concurso.-

Quedarán sujetas a los procedimientos concursales:

15.1.    Las obligaciones del deudor originadas hasta la fecha de la publicación establecida en el artículo 32, con la excepción prevista en el artículo 16.3. (…)

 

2 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 16.- Créditos generados con posterioridad al inicio del concurso

16.1.    Las obligaciones originadas con posterioridad a la fecha mencionada en el primer párrafo del Artículo 15,

serán pagadas a su vencimiento, no siendo aplicables las disposiciones contenidas en los Artículos 17 y

18, con la excepción prevista en el tercer párrafo del presente artículo.

Las solicitudes de reconocimiento de estos créditos serán declaradas improcedentes.

16.2.    Los créditos referidos en el párrafo precedente podrán ser ejecutados a su vencimiento, respetando el rango de las garantías otorgadas. (…)

 

 

reconocimiento posteriores a la fecha de difusión del concurso considerando para tal efecto la fecha de la reunión que acuerda la disolución y liquidación”.

 

La creación del fuero de atracción de créditos se enmarca dentro de las reformas introducidas por la Ley General del Sistema Concursal para dotar a los procedimientos de disolución y liquidación de mayor agilidad y efectividad y, de esa manera, revertir los problemas que se presentaron bajo la aplicación de la Ley de Reestructuración Patrimonial.

 

La derogada Ley de Reestructuración Patrimonial contemplaba también una distinción entre créditos concursales y créditos post concurso, según éstos se devengaran antes o después de la fecha de difusión de la declaración de insolvencia del deudor3 . Sin embargo, a diferencia de lo establecido en la Ley General del Sistema Concursal, tal distinción se mantenía incluso en caso la empresa se encontrara inmersa en un procedimiento liquidatorio.

 

En ese sentido, los créditos concursales se pagaban al interior del proceso concursal, motivo por el cual debían ser reconocidos previamente por la autoridad administrativa. Por el contrario, los créditos post concurso no requerían del reconocimiento de la autoridad, pues se pagaban en forma regular a su vencimiento, de forma que su cobro podía exigirse, incluso, contra el patrimonio del deudor y sin considerar la prelación de pago propia del concurso.

 

Dicha situación se veía agravada debido a que la Ley de Reestructuración Patrimonial no contenía  norma  alguna  que  estableciera  la  obligación  de poner fin inmediato a las actividades productivas de la empresa, por lo cual, podía ocurrir que la insolvente siguiera operando en el mercado, comportándose como un patrimonio en reflotamiento, no obstante que el procedimiento liquidatorio implica, en términos generales, la realización de un conjunto de operaciones tendentes a la realización de los activos, el pago del pasivo y la determinación del remanente del patrimonio social. Asimismo, no existían normas que establecieran plazos para la realización de los actos propios del proceso de disolución y liquidación, lo cual coadyuvó a que estos procesos resultaran indefinidos e infructuosos en la tarea de recuperación de los créditos.

 

No debe perderse de vista que todo proceso concursal enfrenta el problema de que el patrimonio del deudor concursado pueda resultar insuficiente para

 

 

3  LEY  DE  REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL, Artículo 38.-  Quedarán sujetos a  los  procedimientos de reestructuración patrimonial, disolución y concurso de acreedores, los pasivos del deudor insolvente por conceptos de capital, intereses y gastos devengados hasta la declaración de insolvencia.

Las deudas contraídas de actos posteriores a las fechas mencionadas en el párrafo anterior, serán pagadas en forma regular a su vencimiento, no siendo de aplicación en estos casos las disposiciones contenidas en los

artículos 16 y 17 de la presente Ley.

 

 

satisfacer los créditos de todos los acreedores, por lo que la mayor duración de los procedimientos incrementa sustancialmente la proporción de pérdidas que tendrían que enfrentar cada acreedor y, por ende, haría más difícil y menos probable una salida exitosa de la crisis.

 

Así, en la práctica, los patrimonios que se hallaban en procedimientos liquidatorios seguían generando nuevos pasivos post concursales producto de las actividades del negocio, cuya cuantía se incrementaba en función al plazo de duración del proceso, dando lugar finalmente a una cuantiosa masa de créditos corrientes cuyo pago preferente ponía en serio riesgo la cancelación de los créditos concursales.

 

Ello motivó que existieran dos masas de créditos sujetas a reglas de pago distintas (la masa de créditos concursales y la masa de créditos corrientes), originando que los pagos se efectuaran de manera desordenada, lo cual generaba situaciones ineficientes e inequitativas. En efecto, podía darse el caso que un acreedor titular de deuda corriente que no contaba con ninguna garantía pudiese cobrar primero que un acreedor concursal titular de deuda laboral o garantizada.

 

Con el propósito de resolver esta problemática, la Ley General del Sistema Concursal ha previsto la figura del cese definitivo, prohibiendo al deudor seguir desarrollando actividades productivas a partir de la suscripción del Convenio de Liquidación, bajo apercibimiento de multa4 , con el objeto de evitar que empresas formalmente declaradas en liquidación continúen operando en el mercado como si se tratasen de unidades en reflotamiento y, de esa manera, sigan generando mayores pasivos. Tal prohibición no descarta  la  posibilidad  de  que  la  Junta  de  Acreedores  apruebe  una liquidación en marcha, la cual debe llevarse a cabo dentro de un plazo máximo de seis meses a fin de no dilatar excesivamente el procedimiento.

 

Asimismo, se han introducido disposiciones que regulan el  momento  de inicio de los pagos de los créditos concursales, así como los plazos y modalidades  establecidas  para  la  venta  y  adjudicación  de  activos  del deudor5 ,  siendo  la  intención  de  la  norma  dinamizar  la  estructura  del

 

4 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 74.- Acuerdo de disolución y liquidación.-

74.1.    Si  la  Junta  decidiera la  disolución y  liquidación de  una  persona jurídica, ésta  no  podrá  continuar desarrollando la  actividad  propia  del  giro  del  negocio  a  partir  de  la  suscripción  del  Convenio  de Liquidación, bajo apercibimiento de aplicársele una multa hasta de cien (100) UIT.

74.2     Sin embargo, la Junta podrá acordar la continuación de actividades sólo en el caso de que opte por la liquidación en marcha del negocio, por estimar un mayor valor realización bajo esa modalidad. Dicha liquidación deberá efectuarse en un plazo máximo de seis (6) meses.

 

5  LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 83.- Atribuciones, facultades y obligaciones del

Liquidador

(…)

83.5     El liquidador deberá proceder al pago de los créditos una vez que haya obtenido, como resultado de la realización de activos, no menos del 10% del monto total de créditos reconocidos.

 

 

procedimiento  liquidatorio,  privilegiando  su  tramitación  célere,  a  fin  de corregir   los   errores   detectados   en   la   aplicación   de   la   Ley   de Reestructuración Patrimonial.

 

Por otro lado, sobre la base del principio de colectividad6 , la Ley General del Sistema Concursal ha establecido que la adopción del acuerdo de disolución y liquidación genera un fuero de atracción comprensivo de todos los créditos asumidos por el deudor, imponiendo a los titulares de créditos post concursales la obligación de presentar sus solicitudes de reconocimiento de créditos para efectos de su participación en Junta de Acreedores y el cobro de sus créditos en el procedimiento de acuerdo a las preferencias legales.

 

Los cambios normativos antes referidos determinan que, a partir de la fecha en que se acuerda la disolución y liquidación del deudor concursado, la Junta de Acreedores debe llevar a cabo el conjunto de acciones necesarias para lograr la salida ordenada del patrimonio del mercado. Si bien el cese definitivo de las actividades de la empresa se hace efectivo recién a partir de la suscripción del Convenio de Liquidación, hecho que podría darse incluso después de 30 días   de adoptado el acuerdo de disolución y liquidación7 , debe tenerse en cuenta que tal medida constituye una consecuencia propia e indesligable de la decisión adoptada por los acreedores o emanada de la autoridad administrativa, consistente en la salida ordenada del patrimonio del

 

 

Artículo 84.- Venta y adjudicación de activos del deudor

84.1     Habiendo el liquidador tomado posesión del cargo y de los activos del deudor, deberá establecer el cronograma de realización de ellos en un plazo no mayor de diez (10) días. El proceso de oferta de dichos bienes deberá iniciarse en un plazo máximo de treinta (30) días. Es obligación del liquidador proceder a la realización de los activos en plazo razonable.

84.2     En  caso de  que  el  Convenio de  Liquidación establezca la venta de  activos vía  remate, serán de aplicación las disposiciones contenidas en la Sección V del Capítulo V del Título V del Código Procesal

Civil, en lo que resulten aplicables. Se procederá a la adjudicación por venta directa, si efectuadas tres convocatorias a subasta no hubiese sido posible realizar el remate.

84.3     Todos los remates se harán por martillero público, salvo decisión distinta de la Junta.

84.4     En la adjudicación de activos a un acreedor, el valor a pagar será la base de la postura fijada para la última convocatoria a remate. El acreedor adjudicatario deberá cancelar el monto del bien adjudicado, a menos que no hubieren acreedores de orden preferente; en cuyo caso únicamente oblará el exceso sobre el valor de su crédito.

 

6  El principio de colectividad se encuentra recogido en el artículo V del Título Preliminar de la Ley General del Sistema Concursal, según el cual “Los procedimientos concursales buscan la participación y beneficio de la totalidad de los acreedores involucrados en la crisis del deudor. El interés colectivo de  la masa de acreedores se superpone al interés individual de cobro de cada acreedor”.

 

La aplicación de este principio llama a participar en el procedimiento concursal a todos los acreedores del deudor. En palabras de Tonón, “el juicio concursal es un procedimiento colectivo porque de él pueden participar todos los acreedores del deudor”  (TONON, Antonio. Derecho Concursal. Ediciones Depalma, Buenos Aires,

1992, p. 27). Sin embargo, al igual como pasa con el principio de universalidad, el principio de colectividad también se relativiza en nuestra legislación, toda vez que en los procedimientos concursales no participan todos

los acreedores del deudor, sino solamente aquellos que reúnen dos condiciones (i) gozar de un crédito concursal y (ii) tener un reconocimiento efectivo por parte de la autoridad administrativa.

 

7  LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 74.- Acuerdo de disolución y liquidación

(…)

74.4     La Junta aprobará y suscribirá el respectivo Convenio de Liquidación en dicha reunión o dentro de los treinta (30) días siguientes. De no darse la aprobación mencionada, serán de aplicación las disposiciones

contenidas en el Capítulo VII del Título II.

 

 

mercado.

 

Por tanto, a partir de la toma del acuerdo de disolución y liquidación es que todas  las  actividades  de  la  empresa  deben  encontrarse  destinadas  a ejecutar e implementar la liquidación del negocio en concurso, por lo que todos los pasivos que aquélla genere a partir de dicho momento tienen la naturaleza de gastos que deben ser asumidos para financiar y solventar el procedimiento de liquidación acordado por la Junta o dispuesto de oficio por la Comisión.

 

Esta  consideración  toma  en  cuenta  que  la  Ley  General  del  Sistema Concursal promueve procedimientos breves y expeditivos, cuya marcha y efectividad se encuentra siempre bajo control y supervisión de la Junta de Acreedores, por lo que  es  poco  probable  que  los  gastos  de  liquidación generen pasivos corrientes que signifiquen una carga que distorsione los objetivos del concurso, siendo responsabilidad de los propios privados garantizar el cumplimiento de tales objetivos.

 

En el contexto antes detallado, queda claro que la justificación del legislador para incorporar el fuero de atracción fue otorgar una mayor protección al patrimonio concursal y, asimismo, evitar la posibilidad de cobro al margen del concurso. En tal sentido, en la Exposición de Motivos del proyecto de la Ley General del Sistema Concursal se señala lo siguiente:

 

“La disposición de la Ley de Reestructuración Patrimonial prevista para la determinación de los créditos comprendidos en el procedimiento ha puesto en riesgo la efectividad de un proceso liquidatorio diseñado para constituirse en un instrumento capaz de facilitar, de manera ordenada y a bajos costos, la salida del mercado de la empresa deudora.

 

Efectivamente, cuando la Junta de Acreedores acordaba la disolución y liquidación de la empresa deudora, el liquidador designado debía atender el pago de los créditos estructurales así como de los créditos corrientes respectivos. Sin embargo, la existencia de un orden de preferencia expreso para el pago de los primeros versus la carencia de una regulación adecuada para el pago de los segundos durante el proceso de liquidación, generaba que ante reglas disímiles, éste se desarrollara de una manera desordenada y sin una debida transparencia que pudiera garantizar la mejor protección del crédito a todos los acreedores. (…)

 

En vista que la empresa que sigue estos procesos no va a continuar con su actividad productiva (como sí ocurre en los casos de procesos de reestructuración patrimonial o de concurso preventivo) y que los

 

 

créditos generados con posterioridad se deben limitar a los gastos estrictos para llevar a cabo una adecuada liquidación, es que se establece la figura del fuero de atracción de créditos incorporándolos en una sola masa pasible de tratamiento y efectos dentro del concurso”.

 

La incorporación de créditos al proceso concursal se efectúa mediante el denominado procedimiento de reconocimiento de créditos, el cual legitima la participación de los acreedores en Junta y, además, determina los derechos de crédito que corresponden a cada uno de ellos a efectos de conseguir el pago de las deudas. Teniendo en cuenta que el procedimiento de liquidación tiene por finalidad la satisfacción del colectivo de acreedores involucrados en el proceso, la legislación y la jurisprudencia concursales deben establecer reglas claras y predecibles en torno a la posibilidad efectiva de recuperación de  los  créditos,  permitiendo  a  los  agentes  del  mercado  administrar  y controlar los riesgos derivados de las crisis empresariales, lo que redundará en un abaratamiento del costo del capital.

 

En el caso de disolución y liquidación de deudores en concurso, resulta indispensable establecer con precisión qué créditos quedan sujetos al procedimiento y a los acuerdos que adopten los acreedores sobre el particular, a fin de que exista un tratamiento integral de los pasivos concursales y se logre la salida ordenada de la empresa del mercado, a través de mecanismos eficientes de pago de deudas. En la medida que exista certeza en la definición de las obligaciones que están comprendidas en el proceso y cuyo reconocimiento debe ser efectuado por la autoridad, las partes estarán en mejor posición de elegir la modalidad de liquidación más conveniente a sus intereses, en tanto que el liquidador a cargo del proceso podrá ejecutar de manera óptima el plan de realización de activos y pago de créditos acordado por la Junta de Acreedores.

 

En ese sentido, atendiendo al nuevo régimen introducido por la Ley General del Sistema Concursal, cuyas principales innovaciones se han explicado anteriormente, la Sala considera que, en aplicación del fuero de atracción de créditos  regulado  en  el  artículo  74.6  de  la  Ley  General  del  Sistema Concursal, los créditos susceptibles de ser reconocidos por la autoridad en los procedimientos de disolución y liquidación iniciados por acuerdo de Junta de Acreedores o dispuestos de oficio por la Comisión de conformidad con el artículo 96.1 de la citada Ley, tanto en su modalidad de liquidación con cese definitivo de actividades productivas como en su modalidad de liquidación en marcha, son aquéllos devengados hasta la fecha en que se acuerda o se dispone de oficio la disolución y liquidación del patrimonio en concurso, siendo de cargo del liquidador efectuar la actualización y determinación de

 

 

los  intereses  devengados  con  posterioridad  a  tal  fecha  al  momento  del pago8 .

 

La interpretación se sustenta en el hecho de que la adopción del acuerdo liquidatorio conlleva el cese de cualquier actividad productiva y por ende la imposibilidad de que se generen nuevos créditos contra el patrimonio concursado, pudiendo surgir únicamente créditos contra el patrimonio en liquidación, los mismos que -como ya se señaló- no requieren de reconocimiento administrativo.

 

Asimismo, esos pasivos generados con posterioridad a la fecha en que se acuerda o se dispone de oficio la disolución y liquidación del patrimonio del deudor constituyen gastos que deben ser asumidos para el adecuado desarrollo         del   proceso   liquidatorio,   por   lo   que   su   pago   se   efectúa preferentemente  con  el  producto  de  la  realización  de  los  bienes  del concurso.

 

En aplicación del artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 8079  y atendiendo a que  la  presente  resolución  interpreta  de  modo  expreso  y  con  carácter general el sentido de la legislación, corresponde declarar que ésta constituye un Precedente de Observancia Obligatoria en la aplicación del principio que se enuncia en la parte resolutiva, por lo que corresponde oficiar al Directorio del INDECOPI para que ordene la publicación de esta resolución en el diario oficial El Peruano. Asimismo, teniendo en cuenta que el criterio de interpretación desarrollado en la presente resolución difiere de aquél contenido  en  la  Resolución  Nº 0089-2004/SCO-INDECOPI,  corresponde dejar sin efecto dicho precedente de observancia obligatoria.

 

Aplicación de los criterios expuestos al presente caso

 

AFP Integra invocó el reconocimiento de créditos ascendentes a S/. 8 188,44 por capital, derivados de Liquidaciones para Cobranza correspondientes a los  meses  de  enero  de  2002  a  abril  de  2003.  La  Comisión  denegó  el

 

 

8 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 88.- Pago de créditos por el liquidador

(…)

88.5     El Liquidador tiene la obligación de actualizar todos los créditos reconocidos liquidando los intereses generados hasta la fecha en que se haga efectivo el pago, aplicando para tal efecto la tasa de interés aprobada por la Junta, de haberse establecido. (…).

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 807, Artículo 43.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal  de  Defensa  de  la  Competencia y  de  la  Propiedad  Intelectual  que  al  resolver  casos  particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuere el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

El Directorio del Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el diario oficial El Peruano cuando lo considere

necesario por tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores.

 

 

reconocimiento de dichos créditos, toda vez que se devengaron luego de la fecha en que la Comisión declaró de oficio la disolución y liquidación de la empresa concursada, lo que ocurrió el 16 de enero de 2002.

 

En  aplicación  de  los  criterios  expuestos  en  el  acápite  anterior,  la  Sala coincide con la Comisión en que los referidos créditos no debían ser reconocidos en el procedimiento, toda vez que, al tratarse de obligaciones devengadas con posterioridad a la fecha de la disolución y liquidación de Tan Tum  Publicidad,  éstas  no  se  encuentran  comprendidas  dentro  de  los alcances del fuero de atracción de créditos regulado en la Ley General del Sistema Concursal.

 

Asimismo, en el caso de los intereses invocados por AFP Integra, ascendentes    a    S/. 3 492,53,    tampoco    correspondía    efectuar    su reconocimiento,  debido  a  que,  tal  como  lo  señaló  la  Comisión,  dichos créditos fueron liquidados con posterioridad a la fecha de disolución y liquidación de Tan Tum Publicidad.

 

En tal sentido, corresponde confirmar la Resolución N° 1893-2003/CDCO- ODI-UDP en los extremos apelados que denegaron el reconocimiento de los créditos   invocados   por   AFP   Integra   frente   a   Tan   Tum   Publicidad, ascendentes a S/. 8 188,44 por capital y S/. 3 492,53 por intereses.

 

IV.      RESOLUCIÓN

 

PRIMERO: confirmar la Resolución N° 1893-2003/CDCO-ODI-UDP emitida el

15 de julio de 2003 por la Comisión Delegada de Procedimientos Concursales de la Universidad de Piura con sede en Lima, en el extremo apelado que declaró improcecente el reconocimiento de los créditos por capital invocados por Administradora Privada de Fondos de Pensiones Integra frente a Tan Tum Publicidad S.A. en Liquidación, devengados con posterioridad a la fecha de disolución y liquidación de dicha empresa.

 

SEGUNDO:  confirmar  la  Resolución  N° 1893-2003/CDCO-ODI-UDP  en  el extremo apelado que declaró improcecente el reconocimiento de los créditos por intereses invocados por Administradora Privada de Fondos de Pensiones Integra frente a Tan Tum Publicidad S.A. en Liquidación, liquidados con posterioridad a la fecha de disolución y liquidación de dicha empresa.

 

TERCERO: de conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807, declarar que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria en la aplicación del siguiente principio:

 

“En aplicación del fuero de atracción de créditos regulado en el artículo

74.6 de la Ley General del Sistema Concursal, los créditos susceptibles

 

 

de ser reconocidos por la autoridad en los procedimientos de disolución y liquidación iniciados por acuerdo de Junta de Acreedores o dispuestos de oficio por la Comisión de conformidad con el artículo 96.1 de la citada Ley, tanto en su modalidad de liquidación con cese definitivo de actividades productivas como en su modalidad de liquidación en marcha, son aquéllos devengados hasta la fecha en que se acuerda o se dispone de oficio la disolución y liquidación del patrimonio en concurso, siendo de cargo del liquidador efectuar la actualización  y  determinación  de  los intereses  devengados  con  posterioridad  a  tal  fecha  al  momento  del pago.

 

Los pasivos generados con posterioridad a la fecha en que se acuerda o se dispone de oficio la disolución y liquidación del patrimonio del deudor constituyen gastos que deben ser asumidos para el adecuado desarrollo del proceso liquidatorio, por lo que su pago se efectúa preferentemente con el producto de la realización de los bienes del concurso.”

 

CUARTO:   dejar  sin  efecto   el   precedente   de   observancia   obligatoria aprobado mediante Resolución N° 0089-2004/SCO-INDECOPI.

 

QUINTO: solicitar al Directorio del INDECOPI que ordene la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano.

 

Con la intervención de los señores vocales: Juan Francisco Rojas Leo, Julio Baltazar Durand Carrión, Sergio Alejandro León Martínez, José Alberto Oscátegui Arteta  y Luis Bruno Seminario De Marzi.

 

 

 

 

 

 

JUAN FRANCISCO ROJAS LEO Presidente

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