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IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS DE JUNTA DE ACREEDORES CONDONACIÓN DE CRÉDITOS LABORALES Y PREVISIONALES ABUSO DE DERECHO PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA ACTIVIDAD : PREPARACIÓN E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES; TEJEDURA DE PRODUCTOS T

 

PROCEDENCIA   :       COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES (LA COMISIÓN)

DEUDOR              :       SOCIEDAD INDUSTRIAL TEXTIL S.A. (SITEX)

MATERIA             :       DERECHO CONCURSAL

IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS DE JUNTA DE ACREEDORES

CONDONACIÓN DE CRÉDITOS LABORALES Y PREVISIONALES

ABUSO DE DERECHO

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA

ACTIVIDAD           :       PREPARACIÓN E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES; TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES

 

 

 

SUMILLA:  en  el  Procedimiento  Concursal  Ordinario  de  Sociedad

Industrial Textil S.A., la Sala ha resuelto revocar la Resolución Nº 7093-

2005/CCO-INDECOPI emitida el 9 de mayo de 2005 por la Comisión de Procedimientos Concursales,  que  declaró  infundada  la  impugnación interpuesta por Administradora Privada de Fondos de Pensiones Unión Vida contra el acuerdo de aprobación del Plan de Reestructuración de Sitex adoptado por la Junta de Acreedores el 6 de febrero de 2004, toda vez que la condonación de los créditos de origen laboral y previsional prevista en dicho instrumento concursal contraviene el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales consagrado en el numeral 2 del artículo 26 de la Constitución Política del Perú. En consecuencia, se dispone que la Junta de Acreedores de Sitex se reúna nuevamente a efectos de adecuar el Plan de Reestructuración a las exigencias señaladas en la presente Resolución.

 

Asimismo, en ejercicio de la facultad otorgada en el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807, se establece el precedente de observancia obligatoria que se desarrolla en la parte resolutiva de esta Resolución. Ello, a efectos de precisar que, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 26 de la Constitución Política del Perú, en los procedimientos concursales los créditos laborales y previsionales no pueden  ser  objeto  de  cualquier  acto  que  implique  la  renuncia  o extinción de dichos créditos.

 

Lima, 29 de mayo de 2006

 

 

 

 

 

 

 

M-SDC-02/1C

 

 

I.          ANTECEDENTES

 

El 20 de febrero de 2004, AFP Unión Vida, Banco Continental y Banco Internacional del Perú (en adelante, Interbank) impugnaron el acuerdo de aprobación del Plan de Reestructuración de Sitex1   adoptado por la Junta de Acreedores el 6 de febrero de 2004, oportunidad en la cual alegaron los siguientes argumentos: (i) pese a que el referido instrumento concursal establece la condonación del 100% de las obligaciones de Sitex, dicha condonación no puede resultar aplicable a los créditos de origen previsional, debido a que contraviene las disposiciones contenidas en la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones y su reglamento, según las cuales las AFP carecen de facultades para condonar, transferir, ceder o recibir bienes distintos al dinerario a efectos de cobrar la deuda previsional; y, (ii) las obligaciones laborales no pueden ser condonadas, dado que ello implicaría una renuncia de los trabajadores al cobro de sus créditos, derecho que es irrenunciable por mandato de la Constitución Política del Perú.

 

El 4 de marzo de 2004, AFP Integra impugnó el acuerdo de aprobación del Plan de Reestructuración de Sitex adoptado por la Junta de Acreedores el 6 de febrero de 2004, reiterando los argumentos expuestos por AFP Unión Vida, Banco Continental e Interbank.

 

Por Resolución Nº 7093-2005/CCO-INDECOPI del 9 de mayo de 2005, la Comisión: (i) declaró improcedentes las impugnaciones interpuestas por AFP Integra e Interbank; y, (ii) declaró infundada la impugnación presentada por AFP Unión Vida y Banco Continental contra el acuerdo de aprobación del Plan de Reestructuración de Sitex, sustentando dicho pronunciamiento en que no corresponde aplicar las disposiciones contenidas en la Ley del Sistema   Privado   de   Administración   de   Fondos   de   Pensiones   y   su reglamento, toda vez que la norma preferente aplicable a los procedimientos concursales es la Ley General del Sistema Concursal, la cual permite a la Junta de Acreedores aprobar la condonación de créditos de cualquier naturaleza, con excepción de aquellos de origen tributario, como uno de los mecanismos previstos para el reflotamiento de la empresa.

 

El 2 de junio de 2005, AFP Unión Vida interpuso recurso de apelación contra dicha resolución, reiterando los argumentos expuestos en su escrito de impugnación de fecha 20 de febrero de 2004.

 

El 25 de agosto de 2005, el señor Esteban Magno Gonzales (en adelante, el señor Gonzales) y otros trabajadores de Sitex presentaron un escrito a la

 

 

1   Por Resolución N° 3726-2001/CRP-ODI-CCPL del 5 de diciembre de 2001, la Comisión declaró la insolvencia de Sitex, situación que se hizo pública el 11 de marzo de 2002. El 13 de noviembre de 2002, la Junta de Acreedores acordó la reestructuración patrimonial de dicha empresa.

 

 

Sala solicitando que se declare la nulidad del acuerdo de aprobación del Plan de Reestructuración de dicha empresa, alegando fraude en la elección del representante de los trabajadores ante la Junta de Acreedores, quien, de acuerdo a lo manifestado por el señor Gonzales, habría falsificado las firmas de un número importante de trabajadores con el objeto de obtener tal designación. En tal sentido, el señor Gonzales manifestó que el voto del citado representante afectó ilegítimamente el interés de los acreedores laborales al privarlos de sus derechos de cobro.

 

El 26 de setiembre de 2005, el señor Gonzales y otros trabajadores de Sitex solicitaron se les conceda el uso de la palabra.

 

Por escritos de fechas 24 de enero de 2006 y 28 de abril de 2006, los señores  Julio  César  Trujillo  Espinoza,  Julián  Ccasani  Allende,  Desiderio Barra Aguilar y otros diez acreedores laborales de Sitex solicitaron que se declare la nulidad del acuerdo de aprobación del Plan de Reestructuración de la referida empresa, reiterando los argumentos expuestos por el señor Gonzales y los demás trabajadores apersonados en esta instancia.

 

II.         CUESTIONES EN DISCUSIÓN

 

(i)         Determinar si corresponde conceder el uso de la palabra al señor

Gonzales y otros acreedores laborales de Sitex.

 

(ii)          Determinar   si   la   condonación   de   los   créditos   laborales   y previsionales establecida en el Plan de Reestructuración de Sitex invalida el acuerdo de aprobación del referido instrumento concursal.

 

III.        ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

 

III.1      El pedido de informe oral

 

En cuanto al pedido de uso de la palabra formulado por el señor Gonzales y otros acreedores laborales de Sitex, la Sala considera que, en el presente caso, cuenta con suficientes elementos para emitir pronunciamiento, por lo que   corresponde   denegar   el   pedido   de   informe   oral   solicitado,   de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobado por Decreto Supremo N° 077-2005-PCM2.

 

 

2   REGLAMENTO DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI, Artículo 34.- Sin perjuicio del cumplimiento de los plazos establecidos para la apelación, el Tribunal podrá solicitar a las Comisiones, Oficinas y otros organismos públicos y privados, los informes, dictámenes y, en general, todos aquellos elementos de juicio para la mejor resolución del caso. Igualmente, podrá celebrar audiencias públicas para interrogar a las partes, escuchar sus alegatos y oír las opiniones de terceros con legítimo interés que así lo soliciten o que el propio Tribunal hubiere convocado.

 

 

III.2        El concurso como instrumento legal de recomposición de relaciones de crédito

 

Los procedimientos concursales constituyen mecanismos diseñados por el ordenamiento jurídico para la atención y solución de los conflictos que se generan cuando una persona natural o jurídica enfrenta una situación de crisis  patrimonial  y  deviene  insolvente,  los  cuales  conllevan  el establecimiento de un régimen transitorio y excepcional para que las partes cuyos intereses de tipo patrimonial hayan sido afectados con la situación de concurso  del  deudor,  puedan  actuar  colectivamente  a  fin  de  tomar decisiones sobre la forma de recuperación de los créditos adeudados.

 

El régimen concursal es transitorio, porque los efectos derivados del mismo, consistentes en la protección legal del patrimonio del deudor y las restricciones y modificaciones impuestas al derecho de cobro de los acreedores, no constituyen un estado permanente en el tiempo, los cuales sólo mantienen su vigencia hasta la culminación del plazo que demande implementar la solución colectiva elegida para la superación de la crisis patrimonial del deudor, sea en el marco de un proceso de reestructuración económica y financiera de la empresa o a través de su salida ordenada del mercado.

 

Por otra parte, el régimen concursal es excepcional debido a que se aparta de la regla general que rige el pago de las obligaciones, según la cual toda obligación debe ser pagada a su vencimiento, cuyo incumplimiento faculta al acreedor a solicitar la ejecución forzada de los bienes del deudor para satisfacer su interés crediticio. Ello responde a la necesidad de evitar la merma del patrimonio sujeto a concurso, el cual representa para los acreedores la garantía común de pago de sus créditos, a través de acciones de cobro o de ejecuciones individuales, objetivo que la ley busca cumplir mediante la imposición de medidas tales como la suspensión temporal de la exigibilidad de la totalidad de las obligaciones comprendidas en el procedimiento concursal y la aplicación del marco de protección legal del patrimonio del deudor3, restricciones que sólo serán levantadas una vez que la colectividad de acreedores  reunidos  en  junta  acuerden  establecer  los nuevos términos y condiciones de pago de los créditos.

 

El elemento que caracteriza el incumplimiento de obligaciones del deudor una  vez  acaecido  el  concurso  es  precisamente  el  grado  de  afectación general que tal situación supone, es decir, la lesión producida al universo de acreedores frente a quienes el deudor mantiene créditos impagos. Estos créditos pueden tener distinto origen en función a las particularidades del negocio y de las actividades  a  las que está destinado el patrimonio en

 

3   Ver los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema Concursal.

 

 

concurso, por lo que en cada caso concreto las deudas comprometidas pueden derivarse en mayor o menor medida de préstamos bancarios, tributos, obligaciones laborales, contratos con proveedores, entre otros.

 

Considerando esta afectación concurrente al universo de acreedores del deudor, los regímenes legales propugnan la participación del total de acreedores en los procesos concursales. Esta consideración, fundada en el Principio de Colectividad que rige el Derecho Concursal4, significa que todos los acreedores del deudor son llamados a participar en su juicio concursal, dado que éste es un procedimiento colectivo que no se desarrolla en beneficio de uno o determinados acreedores, sino de la totalidad de ellos5. En  ese sentido, los procesos  concursales  son  denominados  en  doctrina como la organización legal y procesal de la defensa colectiva de los acreedores, frente a la insolvencia del comerciante6.

 

De otro lado, para proteger el legítimo derecho de cobro de la totalidad de acreedores afectados, el legislador ha dispuesto que, ante la insuficiencia del patrimonio concursado para el pago del íntegro de las obligaciones, aquellos se distribuyan los beneficios y pérdidas derivados del procedimiento concursal en función a la proporción que cada crédito represente en la masa, principio que en doctrina es denominado comúnmente como “par conditio creditorum” o principio de igualdad de trato entre los acreedores7.

 

La aplicación de este régimen excepcional y transitorio, en el cual se propicia la participación de todos los acreedores en proporción al grado de afectación que cada uno de ellos representa en la masa pasiva, a fin de conseguir una solución colectiva óptima orientada a la recuperación más eficiente de los créditos involucrados en la crisis patrimonial del deudor concursado, supone,

 

 

4  El Principio de Colectividad tiene reconocimiento legal en el ordenamiento jurídico peruano. Este principio se encuentra desarrollado en el artículo V del Título Preliminar de la Ley General del Sistema Concursal, que señala lo siguiente: “Los procedimientos concursales buscan la participación y beneficio de la totalidad de los acreedores involucrados en la crisis del deudor. El interés colectivo de la masa de acreedores se superpone al interés individual de cobro de cada acreedor”.

 

5 FIGUEROA CASAS, Pedro. Derecho Concursal, Obra colectiva. Primera Edición, Editorial La Ley, Buenos Aires, Argentina, 2004, p.185.

 

6   BONFANTI, Mario   Alberto y GARRONE, José Alberto. Concursos y Quiebras. Tercera Edición, Segunda

Reimpresión. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1983, p. 23.

 

7   En palabras de Toñón, “ (…) El juicio concursal es en última instancia un medio para distribuir las pérdidas entre los acreedores. Y ya que se trata de que los acreedores soporten las pérdidas, lo más razonable es que las soporten equitativamente, a prorrata, en proporción a sus respectivos créditos, lo cual significa, en otros términos, que a los acreedores se les debe dispensar un trato igualitario en la distribución de las pérdidas, principio que se suele enunciar con la expresión latina “ par condicio creditorum”. (…)” Toñón, Antonio. Op. Cit.., p. 29.

 

El principio antes mencionado también ha sido recogido en el Título Preliminar de la Ley General del Sistema Concursal, cuyo artículo VI establece lo siguiente: “Los acreedores participan proporcionalmente en  el  resultado económico de  los procedimientos concursales, ante la imposibilidad del deudor de satisfacer con su  patrimonio los créditos existentes, salvo los  órdenes de  preferencia establecidos expresamente en la presente Ley.”

 

 

en el caso del ordenamiento legal peruano, la privatización de las decisiones empresariales al interior del concurso, es decir, se deja a cargo de los acreedores la responsabilidad de conducir e impulsar el desarrollo del procedimiento concursal mediante la adopción de aquellos acuerdos que definan el destino de la empresa y la forma de pago de los créditos8.

 

Esta reconducción de la dirección del procedimiento concursal a los privados se justifica por la necesidad de conceder el poder de decisión sobre la conveniencia de permitir la continuación de las actividades del deudor en el mercado a quienes resultan más afectados con el estado de insolvencia. En efecto, son los acreedores los sujetos cuyos intereses económicos se ven comprometidos en mayor grado ante la crisis patrimonial del deudor, puesto que tal situación amenaza con frustrar de modo definitivo la satisfacción de sus derechos de cobro, lo cual los legitima a tomar el control de todas aquellas decisiones relativas al destino de la empresa que en un escenario normal  correspondería  al  propio  deudor,  ello  con  la  única  finalidad  de obtener la recuperación de sus créditos.

 

No debe perderse de vista que, tras la privatización de las decisiones adoptadas al interior del concurso, subyace la protección del crédito como elemento fundamental en el desarrollo de la economía y la generación de mayor bienestar en la sociedad, dado que permite a los particulares acceder a recursos con los cuales pueden financiar proyectos e inversiones que mejoren la producción, los ingresos y el empleo, para lo cual se requiere la implementación de mecanismos legales que promuevan y aseguren la efectiva captación de capital para el financiamiento y sostenimiento de la actividad empresarial, entendida como la generación de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado9.

 

Ahora bien, la pluralidad de acreedores concurrentes al procedimiento concursal, así como la diferente naturaleza de los créditos de los cuales cada uno de ellos es titular, puede dificultar la identificación de la solución colectiva óptima de la situación de insolvencia, teniendo en consideración que la masa de acreedores se encuentra compuesta por una diversidad de intereses frecuentemente contrapuestos entre sí y entre ellos y el interés del deudor concursado. Con el objeto de superar este problema, la ley ha dispuesto que la negociación sobre el tratamiento del patrimonio en crisis se realice en el marco de la institución de la Junta de Acreedores, órgano representativo de la totalidad de los acreedores apersonados al concurso.

 

 

 

 

 

8 Ver el artículo 51 de la Ley General del Sistema Concursal.

 

9 Criterio adoptado en la Resolución Nº 1364-2005/TDC-INDECOPI del 12 de diciembre de 2005.

 

 

El  funcionamiento  de  la  Junta  de  Acreedores  se  rige  por  la  autonomía privada concedida a sus integrantes, de acuerdo al cual los particulares se encuentran facultados a regular sus propios intereses mediante la creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas de contenido patrimonial10. En este sentido, la Junta de Acreedores constituye el espacio de formación de la voluntad de la colectividad de acreedores que, en base al sistema de mayorías, determina la recomposición de las relaciones de crédito afectadas por la situación de concurso en ejercicio de la libertad de autorregulación de sus intereses que la ley le reconoce.

 

De acuerdo a lo señalado por la Sala en una anterior oportunidad, el poder atribuido a la Junta de Acreedores resulta determinante para el desarrollo del proceso concursal, considerando que reemplaza a la Junta de Accionistas como órgano máximo de decisión en una empresa en crisis y asume el gobierno total de la misma, estando facultada no solo a decidir el destino de su patrimonio y su régimen de administración, sino también a controlar y supervisar cada etapa en la marcha del negocio11.

 

Las decisiones adoptadas en Junta de Acreedores se rigen por el principio mayoritario, por lo que son los acreedores que representan la mayoría de los créditos reconocidos quienes hacen prevalecer su voluntad en el proceso, siempre que observen las normas imperativas del ordenamiento jurídico y el principio de buena fe. Como puede apreciarse, el poder de la Junta en esta etapa es de tal magnitud que sus acuerdos deben ser acatados y cumplidos por el deudor y todos los acreedores, incluso aquellos que votaron en contra de la decisión mayoritaria y quienes por cualquier motivo no se pronunciaron12. El efecto vinculante de los acuerdos tomados por la Junta de Acreedores no es una característica exclusiva de los procesos regulados en materia  concursal,  sino  que  también  tiene  presencia  en  el  ámbito  del Derecho de Sociedades con relación a los acuerdos de la Junta General de Accionistas13.

 

 

 

10 La autonomía privada es precisamente la libertad concedida a las personas para que, de común acuerdo, puedan crear, regular, modificar o extinguir entre sí relaciones jurídicas patrimoniales o, en otras palabras, el poder reconocido a éstas para regular, dentro del ordenamiento jurídico, sus propios intereses y crear libremente relaciones jurídicas entre sí. DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en General. Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil. Palestra Editores, Lima, 2001, T.1, p. 199.

 

11 Criterio recogido en la Resolución N° 0388-2002/TDC-INDECOPI del 29 de mayo del 2002.

 

12Criterio desarrollado en la Resolución N° 0379-2002/TDC-INDECOPI del 24 de mayo de 2002.

 

13 En ese sentido, el artículo 111 de la Ley General de Sociedades establece que todos los accionistas de la sociedad, incluso los disidentes y los que no hubieren participado en la reunión, están sometidos a los acuerdos adoptados por la junta general. Al comentar dicha disposición, Elías Laroza expresa que ella “refleja en la práctica lo que es una disposición estructural e indispensable en las sociedades anónimas: la decisión de la mayoría es la ley y obliga a todos los demás accionistas, inclusive a los que votaron en contra (disidentes, según la ley) y a los que no participaron (ni personalmente ni por apoderado)”. .” En: ELIAS LAROZA, Enrique, op. cit., p. 243.

 

 

En principio, el contenido patrimonial de los derechos de crédito que conforman el pasivo concursal, expresado en su carácter disponible, faculta a sus titulares a negociar las nuevas condiciones de pago de los mismos en el marco de la Junta de Acreedores, atribución que incluso alcanza a la capacidad de modificar o extinguir determinadas relaciones de crédito. Sin embargo,  la  autonomía  privada  de  los  acreedores  intervinientes  en  el proceso concursal no es irrestricta. Conforme a lo señalado en el párrafo anterior, la aplicación del sistema de mayorías permite a la Junta imponer los acuerdos adoptados en su seno a la totalidad de los acreedores, mientras tales decisiones no transgredan disposiciones normativas de orden público ni desnaturalicen la consecución de los objetivos propios del sistema concursal, siendo éstos los límites a la libertad de autorregulación de los intereses que confluyen en el concurso.

 

III.3      El   tratamiento   de   los   créditos   laborales   en   el   procedimiento concursal

 

La observancia de los principios de colectividad y proporcionalidad que rigen el procedimiento concursal implica un tratamiento igualitario de la totalidad de los acreedores al momento de definir la forma de recuperación de sus créditos,  igualdad  de  trato  que  consiste,  conforme  a  lo  expuesto  en  el acápite anterior, en la distribución de las ganancias y pérdidas que genere el concurso, en función al porcentaje de participación que cada crédito represente en la Junta.

 

No obstante lo anteriormente expuesto, la ley, justificando un trato diferenciado fundado en diversas consideraciones de índole económica y social, concede a cierta clase de acreedores determinados derechos preferentes de cobro con relación a los demás acreedores, a través del establecimiento de un orden de prelación de pago entre los acreedores titulares de los privilegios de pago reconocidos por ley, en atención a la naturaleza de cada crédito14.

 

En la línea de lo señalado, el artículo 42.1 de la Ley General del Sistema Concursal ha regulado  el  orden  de  preferencia  de  pago  de  los  créditos comprendidos  en  los  procedimientos  concursales,  el  mismo  que  sólo resultará aplicable en caso que el deudor sea sometido a un proceso de disolución   y   liquidación.   Dicho   régimen   establece   cinco   órdenes   de prelación: el primero, correspondiente a los créditos de origen laboral y previsional; el segundo, los créditos de origen alimentario, así como aquellos derivados  de  aportes  impagos  a  ESSALUD15;  el  tercero,  los  créditos

 

14 Criterio adoptado en la Resolución Nº 0162-2006/TDC-INDECOPI del 6 de febrero de 2006.

 

15 Los créditos de ESSALUD fueron incluidos en el segundo orden de preferencia mediante una modificación introducida al artículo 42.1 de la Ley General del Sistema Concursal, aprobada por Ley Nº 28709 publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de abril de 2006.

 

 

respaldados con garantías reales o medidas cautelares constituidas o trabadas sobre bienes del deudor; el cuarto, los créditos de origen tributario del Estado; y finalmente, el quinto, correspondiente a aquellos créditos no comprendidos en los órdenes precedentes16.

 

La regulación de tratamientos especiales en el pago de créditos también ha sido contemplada, aunque de modo residual, en los procesos de reestructuración patrimonial. Así, por ejemplo, el numeral 3 del artículo 48 de la Ley General del Sistema Concursal establece una serie de prerrogativas a favor de los acreedores tributarios respecto del resto de acreedores comprendidos  en  el  procedimiento,  entre  las  cuales  se  encuentra  la exclusión de los créditos de tal naturaleza de los acuerdos de capitalización y condonación de obligaciones17.

 

 

 

16 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 42.- Orden de preferencia

42.1     En los procedimientos de disolución y liquidación, el orden de preferencia en el pago de los créditos es el siguiente:

Primero: Remuneraciones y beneficios sociales adeudados a  los trabajadores, aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones o a los regímenes previsionales administrados por la Oficina de Normalización Previsional, la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador u otros regímenes previsionales creados  por  ley,  así  como  los  intereses y  gastos  que  por  tales  conceptos pudieran originarse. Los aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones incluyen expresamente los conceptos a que se refiere el Artículo 30º del Decreto Ley Nº 25897, con excepción de aquellos establecidos en el literal c) de dicho artículo;

Segundo: Los créditos alimentarios, hasta la suma de una (1) Unidad Impositiva Tributaria mensual; Tercero: Los créditos garantizados con hipoteca, prenda, anticresis, warrants, derecho de retención o medidas cautelares que recaigan sobre bienes del deudor, siempre que la garantía correspondiente haya sido constituida o la medida cautelar correspondiente haya sido trabada con anterioridad a la fecha de publicación a que se refiere el artículo 32º. Las citadas garantías o gravámenes, de ser el caso, deberá estar inscrita en el registro antes de dicha fecha, para ser oponibles a la masa de acreedores. Estos créditos mantienen el presente orden de preferencia aún cuando los bienes que los garantizan sean vendidos o adjudicados para cancelar créditos de órdenes anteriores, pero sólo hasta el monto de realización o adjudicación del bien que garantizaba los créditos;

Cuarto:  Los  créditos  de  origen  tributario  del  Estado,  incluidos  los  del  Seguro  Social  de  Salud  - ESSALUD, sean tributos, multas, intereses, moras, costas y recargos; y

Quinto: Los créditos no comprendidos en los órdenes precedentes; y la parte de los créditos tributarios que, conforme al literal d) del artículo 48.3, sean transferidos del cuarto al quinto orden; y el saldo de los créditos del tercer orden que excedieran del valor de realización o adjudicación del bien que garantizaba dichos créditos. (...)

 

17 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 48.- Participación del acreedor tributario en Junta

(...)

48.3     Los acuerdos adoptados por la Junta son oponibles a los créditos de origen tributario en las mismas condiciones aplicables a la mayoría de los acreedores incluidos en el orden de preferencia en el cual exista el mayor monto de créditos reconocidos. Los casos de discrepancia acerca de cuáles son esas condiciones serán resueltos por la Comisión. Sin perjuicio de otras preferencias y privilegios establecidos para los créditos tributarios, se observarán las condiciones siguientes:

(...)

b)     La tasa de interés compensatorio de la reprogramación de créditos será la que la Junta apruebe para la mayoría de los acreedores incluidos en el orden de preferencia en el cual exista el mayor monto de créditos reconocidos.

c)     El plazo de la reprogramación de los créditos no podrá exceder del plazo que sea aprobado para la mayoría de los acreedores incluidos en el orden de preferencia en el cual exista el mayor monto de créditos reconocidos.

d)    No  serán  capitalizados  ni  condonados  los  créditos.  No  obstante  pasará  al  quinto  orden  de preferencia la parte de los créditos de origen tributario que, encontrándose en el cuarto orden de preferencia, sea equivalente al porcentaje promedio capitalizado o condonado por los acreedores incluidos en el orden de preferencia en el cual exista el mayor monto de créditos reconocidos.

 

 

La diferencia antes apuntada se fundamenta en la necesidad de asegurar de algún modo la recuperación de créditos que, por su origen tributario, constituyen recursos administrados por el Estado que permitirán el financiamiento de servicios y obras públicas en beneficio de la sociedad en su conjunto, situación que amerita un régimen de pago especial en atención al interés superior que se pretende tutelar con dicho tratamiento. Asimismo, en lo referente a la prohibición de capitalizar créditos, tal restricción se justifica también por la necesidad de preservar las limitaciones que la Constitución Política del Perú ha impuesto a la actividad empresarial del Estado18, las cuales podrían verse sobrepasadas en caso de fomentarse la participación accionaria del Estado en empresas concursadas a través de la capitalización de sus acreencias.

 

Otra regulación especial contenida en la Ley General del Sistema Concursal es aquélla referida a las normas imperativas establecidas con el objeto de proteger los derechos de crédito de los acreedores laborales en el proceso de reestructuración patrimonial. Por una parte, el numeral 4 del artículo 66 de dicho dispositivo legal señala que el cronograma de pagos del Plan de Reestructuración deberá precisar, bajo sanción de nulidad, que un monto no menor al 30% de los recursos anualmente destinados por la empresa concursada para atender el pago de la totalidad de los créditos sea asignado a la cancelación, en partes iguales, de las acreencias laborales que ostenten el primer orden de preferencia19.

 

Adicionalmente, los numerales 1 y 2 del artículo 69 de la Ley General del Sistema Concursal establecen que el orden de preferencia en el pago de los créditos sólo resultará de aplicación durante el desarrollo del proceso de reestructuración, en el caso de distribución entre los acreedores del producto de la venta o transferencia de activos fijos del deudor, facultando a los acreedores  a  renunciar  al  orden  de  prelación  que  les  corresponda,  con

 

 

 

 

18   CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  PERÚ,  Artículo   60.-  El  Estado  reconoce  el  pluralismo  económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.

Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.

La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.

 

19 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 66.- Contenido del Plan de Reestructuración

66.1     El Plan de Reestructuración es el negocio jurídico por el cual la Junta define los mecanismos para llevar a cabo la reestructuración económico financiera del deudor, con la finalidad de extinguir las obligaciones comprendidas en el procedimiento y superar la crisis patrimonial que originó el inicio del mismo, en función a las particularidades y características propias del deudor en reestructuración.

(...)

66.4     En dicho cronograma de pagos se deberá precisar, bajo sanción de nulidad del Plan, que de los fondos o recursos que se destinen al año para el pago de los créditos, por lo menos un 30% se asignará en partes iguales al pago de obligaciones laborales que tengan el primer orden de preferencia, conforme al artículo

42º. La determinación del pago en partes iguales implica que el derecho de cobro de cada acreedor laboral se determine en función del número total de acreedores laborales reconocidos en dicha prelación. (...)

 

 

excepción de los acreedores laborales, respecto de los cuales la norma señala expresamente que dicha renuncia resulta inválida20.

 

En el ámbito concursal, se considera que son créditos laborales privilegiados con el primer orden de preferencia, además de las remuneraciones y los beneficios sociales de los trabajadores, aquellas obligaciones adeudadas a los  sistemas  de  pensiones.  Dicha  regulación  es  concordante  con  lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 856, norma que precisa los alcances de los créditos laborales, en cuyo artículo 1° se establece lo siguiente:

 

Artículo 1.- Constituyen créditos laborales las remuneraciones, la compensación por tiempo de servicios, las indemnizaciones y en general los beneficios establecidos por ley que se adeudan a los trabajadores.

Los créditos laborales comprenden los aportes impagos tanto al Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones como al Sistema Nacional de Pensiones, y los intereses y gastos que por tales conceptos pudieran devengarse. (…)” (es subrayado es nuestro)

 

Por    tanto,   conforme   a   nuestro   ordenamiento   legal,   las   obligaciones adeudadas  a   las   entidades   administradoras   privadas   de   fondos   de pensiones constituyen créditos laborales, los cuales gozan de un privilegio absoluto en su pago frente a cualquier otra obligación mantenida por el deudor. Ello, toda vez que tales obligaciones se derivan de aportes previsionales provenientes de descuentos oportunamente efectuados a los trabajadores en sus remuneraciones, por lo que, al igual que en este último caso, requieren de una tutela especial a fin de garantizar la efectiva protección de los derechos de los trabajadores como beneficiarios de los mismos.

 

El tratamiento diferenciado que la norma concursal otorga a los créditos laborales tiene una finalidad tuitiva de los derechos que corresponden a los trabajadores, cuyos intereses merecen una protección especial por parte del ordenamiento jurídico.

 

Es importante destacar que la tutela de los créditos laborales en materia concursal no se agota en el mandato de las normas imperativas que regulan el pago de tales créditos durante el proceso de reestructuración patrimonial, ni  en  las  disposiciones  sobre  el  orden  de  preferencia  de  los  mismos

 

20  LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 69.- Pago de créditos durante la reestructuración patrimonial

69.1     El orden de preferencia establecido en el artículo 42º para el pago de los créditos no será de aplicación

en los casos en que se hubiese acordado la reestructuración, con excepción de la distribución entre los acreedores del producto de la venta o transferencia de activos fijos del deudor.

69.2     Los acreedores preferentes podrán renunciar al orden de cobro de los créditos que les corresponde cuando así lo manifiesten de manera indubitable, pudiendo exigir garantías suficientes para decidir la postergación de su derecho preferente de cobro. En el caso de créditos laborales dicha renuncia es inválida. (...)

 

 

contenidas en la Ley General del Sistema Concursal. El régimen de protección de los derechos de crédito de origen laboral se sustenta en la Constitución Política del Perú, cuyo artículo 24 señala expresamente que: “(...) El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. (...)”21

 

La remuneración y demás beneficios sociales que percibe el trabajador constituyen ingresos que son destinados en forma regular para atender su subsistencia y, como sucede con frecuencia, para el sostenimiento de su familia. Como consecuencia de ello, la exigencia de dotar a los trabajadores de mecanismos que garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos de cobro adquiere singular importancia, atendiendo a que la postergación del pago de dichos créditos generaría agudos problemas sociales ante la insatisfacción de las necesidades básicas de sectores considerables de la población conformados en su mayoría por trabajadores y personas económicamente dependientes de ellos.

 

Debe tenerse en consideración además que la posibilidad de que los trabajadores hagan efectiva la satisfacción de sus derechos de crédito se encuentra  mediatizada  en  la  práctica  por  factores  relacionados principalmente con la posición de desventaja que mantienen frente a su empleador. Por ejemplo, la subordinación y dependencia propias de la relación laboral son manifestaciones jurídicas de una situación de hecho caracterizada por la posición de ventaja en la que se halla el empleador sobre el trabajador, no sólo durante el desarrollo de la relación de trabajo, sino incluso al momento de enfrentar requerimientos de cobro, explicada por la manifiesta diferencia de recursos económicos, humanos y logísticos que la organización de una empresa tiene a su disposición. Por el contrario, los trabajadores, cuya capacidad de negociar y exigir sus derechos a través de las vías legales pertinentes se ve reducida ostensiblemente en razón de su condición socio-económica, tienen mayores dificultades para recabar la documentación necesaria para obtener el reconocimiento de sus créditos, la misma que permanece en su mayor parte en poder del empleador.

 

Es esta situación de desigualdad material entre trabajador y empleador la que justifica que la regulación de las relaciones laborales tenga como principio orientador la protección del trabajador, plasmado en nuestra Constitución  Política  en  disposiciones  sobre  protección  especial  a  las madres, menores de edad y discapacitados que trabajan, prohibición de

 

 

21 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, Artículo 24.- El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual.

El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador.

Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores.

 

 

limitar el ejercicio de los derechos constitucionales del trabajador o de desconocer o rebajar su dignidad durante el desarrollo de la relación laboral, proscripción del trabajo no remunerado o forzado, el pago prioritario de los beneficios sociales sobre cualquier otra obligación del empleador, el establecimiento   de   una   jornada   máxima   de   trabajo,   la   igualdad   de oportunidades   sin   discriminación   de   ninguna   clase,   la   interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma y la protección legal del trabajador contra el despido arbitrario22.

 

Pero el fin tuitivo perseguido por las normas laborales sería fácilmente burlado si el trabajador, apremiado por la necesidad de obtener un empleo o conservar su puesto de trabajo, y ante su incapacidad real de imponer condiciones de trabajo dada su posición de desventaja en la relación laboral, se ve compelido a renunciar a los derechos que la ley le reconoce y que ha obtenido como fruto de su trabajo. Con el objeto de evitar dicha situación, la Constitución ha consagrado la irrenunciabilidad de los derechos laborales como un principio que complementa al principio protector, en el sentido que garantiza la tutela efectiva de los intereses patrimoniales de los trabajadores frente a las pretensiones de su empleador, mediante la ineficacia de todos los actos por los cuales aquellos abdiquen de los derechos que legalmente les corresponden23.

 

En la línea de lo expuesto, el numeral 2 del artículo 26 de la Constitución establece como uno de los principios fundamentales en materia laboral el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, al establecer el “(...) carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. (...)”24

 

22 Artículos 23 a 27 de la Constitución Política del Perú.

 

23 Sobre el particular, Mario Pasco señala lo siguiente: “ (...) Vinculan estrechamente algunos autores este principio al principio protector, al punto casi de hacerlo derivar de él. La irrenunciabilidad sería así una proyección o una prolongación del principio protector, a partir de la premisa de que si las normas laborales pudieran ser objeto de abdicación, carecerían de objeto y quedaría el trabajador huérfano de la protección que ellas le confieren y que son, en esencia, su razón de ser. (...)

En nuestro criterio, la irrenunciabilidad no deriva del principio protector, sino que lo completa, lo perfecciona, le da eficacia. En efecto, si la norma laboral, impregnada y nutrida por el principio protector, fuera renunciable, el trabajador en cuyo beneficio se dio quedaría indefenso frente al poder patronal. Por eso se la dota de invulnerabilidad, lo cual, en último término, viene a significar que se protege al trabajador incluso contra sí mismo, al  limitarse  la  autonomía  de  su  voluntad.  (...)”  En:  Pasco  Cosmópolis,  Mario.  En  torno  al  principio  de

irrenunciabilidad. Artículo publicado en la Revista Ius et Veritas editada por alumnos de la Pontificia Universidad

Católica del Perú, Año XV, Nº 31, p. 217.

 

Por  su  parte,  Jorge  Toyama  expresa  lo  siguiente:  “  (...)  El  principio  de  irrenunciabilidad de  derechos se fundamenta en el carácter protector del Derecho Laboral en la medida que presume la nulidad de todo acto del trabajador  que  disponga  de  un  derecho  reconocido  en  una  norma  imperativa.  Dada  la  desigualdad  que caracteriza a las partes laborales, a diferencia del Derecho Civil, el ordenamiento laboral no confiere validez a todos los actos de disponibilidad del trabajador. La imposibilidad de lograr un equilibrio en la negociación entre empleador-trabajador genera que este último no cuente con la misma capacidad de disposición de sus derechos. (...)” En: Toyama Miyagusuku, Jorge. El principio de irrenunciabilidad de derechos laborales: normativa, jurisprudencia y realidad. Artículo publicado en la Revista Ius et Veritas editada por alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Año XI, Nº 22, p. 166.

 

24 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, Artículo 26.- En la relación laboral se respetan los siguientes principios:

 

 

 

El constituyente ha asumido que la trascendencia social que subyace en el pago de los beneficios sociales mínimos establecidos por ley a favor de los trabajadores25   puede verse seriamente afectada en caso que estos últimos, en una situación de desventaja frente a su empleador, accedan a declinar en forma definitiva el ejercicio de sus derechos de crédito, por lo cual se ha atribuido a tales derechos el carácter de irrenunciables, sustrayendo así del ámbito  de  decisión  de  su  titular  la  facultad  de  hacer  abandono  de  los mismos. En este sentido, la renuncia implica “(...) el desprendimiento o dejación de carácter voluntario, libre, unilateral, formal y definitivo de una facultad jurídica subjetiva que no constituye a la vez un deber, porque entonces, a favor de la subsistencia del vínculo jurídico aparece otro interés u  obstáculo  que  no  cabe  remover  con  eficacia  plena  por  iniciativa individual.”26

 

La  renuncia  de  derechos  que  motiva  la  aplicación  del  principio  antes señalado debe ser declarada expresamente por el trabajador, manifestación de voluntad que puede estar contenida en un acto unilateral o bilateral27. Asimismo, la prohibición de dicha renuncia se encuentra referida únicamente a los derechos laborales establecidos por la Constitución y la ley, esta última entendida como norma imperativa que establece derechos mínimos en favor de los trabajadores, excluyendo de su ámbito de aplicación la disponibilidad de   los   derechos   emanados   de   convenios   individuales   y   colectivos celebrados entre el empleador y sus trabajadores, así como de aquellos derechos derivados de la costumbre.

En la sentencia emitida el 12 de agosto de 2005 en el Expediente Nº 008-

2005-PI/TC28, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales en los siguientes términos:

 

 

 

 

1. Igualdad de oportunidades sin discriminación.

2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.

3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma.

 

25 De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 856, constituyen créditos laborales las remuneraciones, la compensación por tiempo de servicios, las indemnizaciones y en general los beneficios establecidos por ley que se adeudan a los trabajadores, así como los aportes impagos tanto al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones como al Sistema Nacional de Pensiones.

 

26 Cabanellas, Guillermo. En: Diccionario de Derecho Usual.  Editorial Heliasta S.R.L., Octava Edición, Tomo III, Buenos Aires, Argentina, p. 540.

 

27 “ (...) Nótese que es el trabajador quien prescinde de un derecho: el acto – claro y contundente – no normativo del trabajador que dispone de un derecho previsto en una norma imperativa. El acto unilateral del trabajador puede estar contenido en una declaración unilateral, en un contrato de trabajo, en un acuerdo extrajudicial con el empleador, en un recurso presentado en un proceso judicial, etc. En otras palabras, lo relevante es que se trate de un acto de disposición del trabajador a un derecho que puede encontrarse en un acto unilateral o bilateral. (...)”Toyama Miyagusuku, Jorge, Op. Cit., p.166.

 

28 Expediente correspondiente a la Demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por Juan José Gorriti y más de cinco mil ciudadanos contra la Ley Nº 28175.

 

 

“ (...) c.3.4.) La irrenunciabilidad de derechos

 

24.       Hace referencia a la regla de no revocabilidad e irrenunciabilidad de los derechos reconocidos al trabajador por la Constitución y la ley. Al respecto, es preciso considerar que también tienen la condición de irrenunciables los derechos reconocidos por los tratados de Derechos Humanos, toda vez que éstos constituyen el estándar mínimo de derechos que los Estados se obligan a garantizar a sus ciudadanos (...).

 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo V del Título Preliminar del Código Civil, la renuncia a dichos derechos sería nula y sin efecto legal alguno.

 

Así, conforme se desprende de lo previsto en el inciso 2) del artículo 26º de la Constitución, la irrenunciabilidad sólo alcanza a aquellos “(...) derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. No cubre, pues, a aquellos provenientes de la convención colectiva de trabajo o la costumbre. (...)

 

La  irrenunciabilidad de  los  derechos laborales proviene y  se sujeta al ámbito de las normas taxativas que, por tales, son de orden público y con vocación tuitiva a la parte más débil de la relación laboral. (...)”

 

Con relación a los créditos previsionales, el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado sobre la naturaleza alimentaria de los mismos y, por consiguiente, sobre la irrenunciabilidad de tales derechos:

 

“ (...) 5.  Que, tratándose de pensiones, que asumen el carácter alimentario del trabajador, que sustituyen al salario, ellas son irrenunciables, conforme lo establecía el artículo 57º de la Constitución Política del Perú de 1979, principio reiterado en el artículo 26º inciso 2) de la vigente Carta Política del Estado de 1993. (...)”29

 

Por otra parte, la irrenunciabilidad de los derechos laborales prevista por la norma constitucional no le otorga a tales derechos el carácter de indisponibles, al menos no de manera absoluta. De acuerdo a la finalidad protectora que subyace al referido principio, la prohibición alcanza a todos aquellos actos del trabajador que impliquen una renuncia o abandono de sus derechos, lo cual conlleva la pérdida de los beneficios patrimoniales objeto de los mismos, mas ello no impide que el trabajador pueda transferir, compensar  e  incluso  gravar  tales  derechos,  si  es  que  estos  actos  de

 

29 Sentencia emitida el  6  de  mayo  de  1998  en  el  Expediente Nº 933-97-AA/TC, correspondiente al  Recurso Extraordinario interpuesto por el señor Carlos Rivera León contra la resolución expedida por la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Lima, la cual confirmó el pronunciamiento de primera instancia que declaró improcedente la Acción de Amparo interpuesta contra la Oficina de Normalización Previsional y la Empresa Nacional de Puertos S.A.

 

 

disposición no importan una renuncia en la medida que la contraprestación que perciba le genere un beneficio económico30.

 

En  este punto, debe tenerse  en  consideración  que  la  protección  de  los derechos laborales guarda estrecha relación con el carácter alimentario de los mismos, dado que, conforme al análisis efectuado en párrafos anteriores, la remuneración y demás beneficios sociales constituyen ingresos que el trabajador destina a atender su subsistencia y la de su familia, de modo que la libre disponibilidad de los mencionados derechos únicamente se verá restringida en casos en los cuales, tal como sucede con los actos de renuncia, la pérdida de los derechos supone para el trabajador una considerable           afectación   de   su   patrimonio   al   privarle   de   los   medios económicos que le permitan cubrir las necesidades básicas de su hogar. En este sentido se ha pronunciado la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación Nº 1219-98- Lima de fecha 17 de noviembre de 199931:

 

“ (...) Quinto.- Que esta situación obedece a que la irrenunciabilidad de los derechos laborales está relacionada con la protección de la Constitución hacia aquello que tiene carácter alimentario para el trabajador y su familia contra todo acto evidente o encubierto que obligue al trabajador a hacer dejación de ellos, afectando así su subsistencia; pero no con la posibilidad del trabajador de realizar actos jurídicos que en base a sus derechos laborales consiga otros beneficios sin involucrar la renuncia de  aquellos  (...);  así,  verbigracia,  la  Compensación por  Tiempo  de Servicios de conformidad con el artículo cuarentiuno (...) del Decreto Legislativo número seiscientos cincuenta, en su texto original, puede ser gravada por  el  trabajador como  garantía de  un  préstamo hasta  un determinado porcentaje; asimismo, las vacaciones pueden ser objeto de variación o reducción según el acuerdo de las partes con la respectiva compensación de los días disminuidos, tal como los establece el artículo diecinueve  del  Decreto  Legislativo  número  setecientos  trece  (...);

 

 

 

 

30 En lo que respecta al tema bajo análisis, resulta ilustrativa la opinión de Mario Pasco: “ (...) El derecho o facultad de disposición es uno de los atributos inherentes al derecho de propiedad, y comprende no sólo la capacidad para renunciar, sino para transferir. Los derechos laborales, como todo derecho, son bienes que pertenecen al patrimonio del trabajador, el cual tiene respecto de ellos un derecho de propiedad (...). Los derechos laborales son transferibles: un trabajador puede disponer de ellos, en tanto la transferencia sea onerosa y no conlleve renuncia. Así, por ejemplo, la legislación peruana, que confiere preferencia absoluta a los créditos laborales frente a cualquier acreencia contra el empleador, contempla que dicho privilegio se extiende a quien sustituya total o parcialmente al empleador en el pago directo de tales obligaciones (artículo 2 del Decreto Legislativo 856). Si los derechos laborales fueran indisponibles, tal posibilidad estaría cerrada. (...) Si la ley dispone la irrenunciabilidad de derechos, no excluye necesariamente la indisponibilidad de ellos, sino solo de aquellos actos de disposición que importen una renuncia. (...) La renuncia es un acto de disposición gratuito: la renuncia es necesariamente gratuita. La disposición puede serlo, aunque por lo común es onerosa, como sucede sin más en una compraventa, por ejemplo. (...)” Pasco Cosmópolis, Mario, Op. Cit., p. 220-221.

 

31 Resolución emitida con motivo del recurso de casación interpuesto por Telefónica del Perú S.A.A. contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el proceso judicial seguido contra dicha empresa por el señor Ricardo Salas Huayta y otros sobre reintegro de beneficios sociales.

 

 

situaciones ambas que comportan la libre disposición de tales derechos sin llegar a su renunciabilidad. (...)” (el subrayado es agregado)

 

Con relación al ámbito temporal del principio de irrenunciabilidad, la doctrina sostiene que el mismo resulta aplicable al momento de la celebración del contrato de trabajo, durante la vigencia de la relación laboral e, incluso, después de finalizada esta última, una vez que los derechos objeto de renuncia se han devengado y se encuentran incorporados en el patrimonio del trabajador.

 

En la línea de lo expuesto, la doctrina nacional y un sector de la doctrina extranjera coincide en que el principio de irrenunciabilidad de derechos, cuya aplicación resulta indiscutible en el momento de celebración del contrato de trabajo y mientras perdura la relación laboral dada la situación de desventaja del trabajador frente a su empleador, también debe ser observado con posterioridad  al  término  de  la  relación  laboral,  puesto  que,  en  la  gran mayoría de casos, el estado de apremio económico del trabajador persiste por su condición de desempleado, lo cual puede impulsarlo a renunciar a derechos patrimoniales ya adquiridos con la finalidad de recibir un beneficio económico menor pero inmediato o, incluso, para poder ser reincorporado a su centro de trabajo. Comentando la doctrina italiana sobre el tema en cuestión, el jurista Américo Plá Rodríguez señala lo siguiente:

 

“ (...) La doctrina italiana había formulado diversas críticas a la orientación jurisprudencial que admitía la validez de las renuncias posteriores a la terminación del contrato: 1) La falta de la libertad en el consentimiento persiste en el trabajador después de la cesación de la relación laboral, e incluso más acuciantemente aún, dada su situación de desempleo y de urgencia económica. 2) Gran parte de los derechos del trabajador se refieren a la disolución del contrato de trabajo, momento delicado cuya regulación legal es minuciosa. La protección legal que en estos momentos se  otorga  al  trabajador queda burlada con  esta  simple distinción  temporal.  3)  Es  ilógico  que  el  legislador  haya  querido proteger unos derechos y otros dejarlos desamparados, o proteger unos derechos sólo hasta determinado momento, en un ordenamiento como  el  del  trabajo,  una  de  cuyas  finalidades  es  la  tutela  del trabajador. (...)32

 

Mario Pasco expresa similar opinión, citando a Luis Enrique De La Villa Gil:

 

“ (...)    En cambio, respecto de lo segundo, sostienen algunos que, una vez incorporado el derecho al patrimonio del trabajador, este recobra su potestad dispositiva, en especial si ya ha cesado en el empleo y ha desaparecido, con ello, la carga subjetiva derivada de su condición de

 

32 Américo Plá Rodríguez, Los principios del Derecho del Trabajo. Ediciones Depalma, Tercera Edición, Buenos

Aires, 1998, p.160.

 

 

dependencia. De la Villa califica de “peligrosa doctrina” a la “que ha pretendido –  suavizar –  la  protección de  la  ley  al  admitir la  libre disposición sobre los derechos consolidados; o, por así decirlo, incorporados ya al patrimonio del trabajador. Entiendo que se trata de una doctrina incorrecta, en sentido jurídico, al no valorar suficientemente los siguientes elementos: (i) un derecho indisponible no cambia de naturaleza por el transcurso del tiempo, aparte de que una opinión contraria remite al problema a la dificilísima determinación de  la  entrada del  derecho en  el  patrimonio del  trabajador; (ii)  los derechos que pueden reducirse a una valoración económica dejan de ser derechos laborales y se convierten en partidas de su activo: la renuncia, pues, de estos no puede resolverse con las normas del Derecho del Trabajo; (iii) una cesión de estos derechos consolidados será  nula  en  cuanto  que  así  resulte  de  los  límites  generales del ordenamiento jurídico (...);  y,  (iv) si  el  trabajador pretende, con el abandono  del  derecho,  un  beneficio  o  una  liberación  para  el empleador, no se tipifica un negocio jurídico de renuncia, y la nulidad derivará, en su caso, de la comisión de actos ilegales.” (...) Por ende, hoy la doctrina tiende a asumir que una y otra forma de renuncia son inválidas. (...)33

 

En materia concursal, un antecedente legislativo se encuentra recogido en la derogada Ley de Reestructuración Patrimonial, norma que en su artículo 54 autorizaba a la Junta de Acreedores a pactar que, en un proceso de reestructuración patrimonial, el orden de preferencia no era aplicable en caso de la distribución del producto resultante de la venta de activos fijos del insolvente, acuerdo que sólo resultaba eficaz frente a los acreedores preferentes – entre ellos los acreedores laborales – si es que estos últimos recibían previamente garantías suficientes que respaldaran el pago de sus créditos34. Si bien el texto de dicho dispositivo legal dejaba abierta la posibilidad de que los acreedores laborales renunciaran a su derecho preferente de cobro – acto que, por lo demás, no conllevaba a una renuncia al derecho de crédito – , cabe precisar que, en todo caso, la declinación de tal privilegio no les significaba un perjuicio real, en la medida que la pérdida

 

 

33 De La Villa Gil, Luis Enrique, citado por Pasco Cosmópolis, Mario, Ibidem, p. 221.

Por su parte, Javier Neves Mujica señala lo siguiente: “ (...) El derecho nacido de una norma imperativa, por otra parte, es irrenunciable más allá de la extinción de la relación laboral, mientras no se cumpla con hacerlo efectivo. En otras palabras, si resuelto el contrato de trabajo, el empleador tuviera deudas pendientes con el trabajador; este tiene derecho a reclamarle su pago. (...)” Neves Mujica, Javier. En: Introducción al Derecho Laboral. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Segunda Edición, Lima, 2003, p. 107.

 

34 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL, Artículo 54.- Pago de créditos durante el proceso de reestructuración

El orden de preferencia establecido en el artículo 24 de la presente Ley para el pago de los créditos no será de

aplicación durante los procesos de reestructuración empresarial.

Sin embargo y salvo pacto en contrario, dicho orden de preferencia será de aplicación para la distribución entre los acreedores del producto de la venta o transferencia de activos fijos del insolvente que pudiera realizarse bajo cualquier modalidad.

Para que el pacto en contrario a que se refiere el párrafo anterior surta efecto frente a los acreedores preferentes, éstos deberán recibir, a su satisfacción garantías suficientes que respalden el pago de sus créditos. (...)

 

 

de su orden de preferencia debía ser compensada con las garantías patrimoniales otorgadas a su favor para asegurar el pago de sus créditos.

 

La ley concursal vigente, en consonancia con la regulación constitucional sobre la materia, ha establecido un régimen más tuitivo de los derechos de los acreedores laborales. A diferencia del precepto analizado en el párrafo anterior,  el  numeral  2  del  artículo  69  de  la  Ley  General  del  Sistema Concursal sanciona con invalidez la renuncia de los acreedores laborales a su orden preferente de cobro35, norma cuyo fundamento es explicado en la Exposición de Motivos del citado cuerpo legal en los siguientes términos: “ (...) El orden de preferencia que tiene que respetarse en el supuesto anterior, admite renuncia por parte de los acreedores preferentes, salvo el caso del acreedor laboral, en vista del principio de irrenunciabilidad de derechos.” (el subrayado es añadido)

 

El  contenido  de  la  norma  antes  citada  revela  la  ostensible  vocación protectora de los derechos laborales compartida por las diversas disposiciones de la ley vigente que regulan el tratamiento de dichos créditos al interior del concurso. El mencionado precepto legal consagra implícitamente la irrenunciabilidad de los derechos de crédito de origen laboral, entendidos estos últimos como derechos adquiridos por el trabajador y que forman parte de su patrimonio,  teniendo en consideración que la privación de cualquier efecto legal de la renuncia del orden de prelación de pago del crédito laboral – el cual está indisolublemente ligado al derecho de crédito – tiene precisamente por objeto garantizar la satisfacción del interés patrimonial del acreedor laboral mediante la protección de su derecho de crédito, incluso contra los propios actos de disposición de su titular.

 

En el procedimiento concursal, la voluntad individual de cada acreedor cede ante la voluntad mayoritaria de la colectividad de acreedores reunidos en Junta, la cual tiene, en principio, el poder de imponer a la minoría de acreedores decisiones que impliquen la modificación e, incluso, la extinción de sus derechos de crédito, en los términos regulados en los numerales 3 y

5  del  artículo  68  de  la  Ley  General  del  Sistema  Concursal36,  a  fin  de

 

 

 

 

35 Ver Nota a Pie de Página Nº 20.

 

36 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Capitalización y condonación de créditos

(...)

68.3     Los acuerdos de capitalización o condonación de acreencias surtirán efectos respecto de la totalidad de acreedores únicamente cuando hayan sido aprobados por las mayorías establecidas en el artículo 53.1, con la excepción prevista en el literal d) del artículo 48.3 relativo al crédito tributario.

(...)

68.5     A los acreedores que hubiesen votado en contra, no hubiesen asistido a la Junta o no hubiesen solicitado oportunamente el reconocimiento de sus créditos, les será oponible los acuerdos de capitalización o condonación de acreencias en los mismos términos que a los acreedores que, habiendo votado en favor del acuerdo, resulten menos afectados.

 

 

implementar los mecanismos elegidos por la Junta para obtener una recuperación eficiente de los créditos comprendidos en el procedimiento.

 

Sin  embargo,  los  mismos  principios  constitucionales  que  tutelan  los derechos   patrimoniales   de   los   trabajadores   durante   el   nacimiento   y desarrollo de la relación laboral en una situación económica normal de la empresa empleadora, también resultan de aplicación cuando esta última es sometida al régimen excepcional del concurso. Ello, debido a que el estado de desigualdad económica del trabajador que justifica la protección de los derechos laborales subsiste en el marco de un procedimiento concursal, no sólo frente a la empresa deudora, sino con relación a los demás acreedores intervinientes.

 

Las dificultades económicas que enfrentan los acreedores laborales para atender el sostenimiento de su familia pueden agravarse potencialmente en un escenario de concurso. En caso que dichos acreedores continúen trabajando en la empresa, la posibilidad de perder sus puestos de trabajo aumenta considerablemente dada la crisis patrimonial de aquélla, al mismo tiempo  que  sus  expectativas  de  cobrar  los  beneficios  sociales  que  les adeuda su empleador se reducen ante el riesgo de insuficiencia del patrimonio del deudor concursado para responder por el pago de tales obligaciones.

 

La situación antes descrita, en la cual el trabajador se encuentra urgido de procurar los recursos necesarios para su propia subsistencia y la de su familia, puede propiciar que terceros acreedores que cuenten con poder de decisión determinante en la Junta en función del porcentaje que sus créditos representan en dicho órgano deliberativo – generalmente, los acreedores financieros y comerciales –, aprovechando el estado de necesidad del acreedor laboral, lo constriñan a participar de acuerdos que lesionen o menoscaben sus intereses, los cuales pueden involucrar incluso la renuncia total o parcial de los créditos que le son adeudados por la empresa, situación que podría presentarse, por ejemplo, en caso que el trabajador necesite conservar su empleo.

 

Asimismo, la experiencia administrativa en la tramitación de los procedimientos concursales demuestra que el conjunto de acreedores laborales que generalmente concurre al concurso se encuentra conformado, a su vez, por una diversidad de grupos, en donde cada uno de ellos tiene un interés propio de acuerdo a la relación mantenida con la empresa deudora. Así, la masa de dichos acreedores puede estar integrada por trabajadores en actividad, ex – trabajadores, trabajadores vinculados a la empresa, personal jubilado, entre otros, cuya representación en Junta, si bien recae exclusivamente en el representante designado por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social conforme al procedimiento establecido en la normatividad

 

 

de la materia37, requiere el complemento de normas imperativas que garanticen la tutela efectiva de los derechos de crédito de la totalidad de los acreedores laborales, los cuales podrían verse afectados en caso que la representación única en Junta no actúe para la defensa general de tales derechos, considerando la heterogeneidad de intereses antes mencionada.

 

Por tanto, el poder de los acreedores laborales para negociar al interior de la Junta de Acreedores tampoco representa, en sí mismo, una garantía suficiente del ejercicio efectivo de sus derechos de crédito. En efecto, la aplicación del sistema de mayorías explicado en el acápite II de la presente resolución abre la posibilidad de que los acreedores mayoritarios en el proceso, mediante la adopción de los acuerdos respectivos, impongan su voluntad de establecer condiciones de pago que resulten extremadamente desfavorables para los trabajadores al dificultar o frustrar el cobro efectivo de sus créditos.

 

Siendo la Constitución la norma fundamental sobre la cual se erige el ordenamiento jurídico, sus disposiciones prevalecen sobre la ley y las demás normas de inferior jerarquía. Por tanto, debe entenderse que el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales resulta aplicable no sólo en el supuesto previsto en el numeral 2 del artículo 69 de la Ley General del Sistema Concursal, sino que su ámbito de protección se extiende a todos aquellos actos realizados por los acreedores laborales en el marco de la Junta de Acreedores y, en general, durante el procedimiento concursal que pudieran significar una renuncia a ejercer su derecho de cobro.

 

En consecuencia, corresponde aplicar la norma constitucional que establece la irrenunciabilidad de los derechos laborales con preferencia a las disposiciones contenidas en la Ley General del Sistema Concursal referidas a las atribuciones de la Junta de Acreedores para regular el pago de dichos créditos, por cuanto, si bien el concurso constituye un régimen excepcional de cobro colectivo de créditos establecido por ley cuyas reglas deben ser cumplidas por quienes participan en el mismo, la supremacía normativa de la Constitución impone, aun en el marco del procedimiento concursal, un tratamiento tuitivo de los derechos de crédito de naturaleza laboral que la masa de acreedores se encuentra obligada a respetar. De ello se concluye que todo acuerdo adoptado por la Junta de Acreedores que signifique una renuncia o pérdida de los derechos de cobro legalmente reconocidos a favor de  los  acreedores  laborales  carecerá  de  validez,  por  contravenir  la protección constitucional de tales derechos.

 

 

 

 

 

37 Ver la Resolución Nº 0880-2004/TDC-INDECOPI del 3 de diciembre de 2004 y  la Resolución Nº 0479-2006/TDC- INDECOPI del 10 de abril de 2006.

 

 

III.4        La condonación de los créditos laborales y previsionales en el Plan de Reestructuración de Sitex

 

El Plan de Reestructuración de Sitex aprobado por la Junta de Acreedores el

6 de febrero de 2004 establece, en lo que se refiere al pago de los créditos comprendidos en el procedimiento, la siguiente estipulación:

 

OBLIGACIONES CON NUESTROS ACREEDORES

 

Se ha considerado la condonación del 100% del monto total del capital y la integridad de los intereses compensatorios, moratorios y gastos de las   deudas   correspondientes   a   los   Acreedores   Comerciales, Laborales, Previsionales y Financieros. (...)”

 

Cabe señalar que dicho instrumento concursal fue aprobado con el voto del

80,01% de los créditos asistentes, de acuerdo al siguiente detalle:

 

-A favor: 80,01% (Acreedores laborales, Compañía Inmobiliaria Britto S.A., Gafero Consultores S.A.C., Kaustica Holdings Inc., Padova Trading Corp y Textil Los Rosales)

-En contra: 14,72% (AFP Unión Vida, AFP Profuturo y Banco Continental)

-Abstenciones: 5,27% (Acreedor tributario y Ulises Quiroga Parodi)

 

La condonación es una de las formas de extinción de obligaciones reguladas en el Código Civil, mediante la cual la relación obligacional se extingue por común acuerdo entre el acreedor y el deudor38. Este acto jurídico está conformado por dos hechos jurídicos: el primero, la declaración del acreedor perdonando la deuda, y el segundo, la aceptación del deudor de la remisión de su obligación39.

 

La declaración del acreedor manifestando su voluntad de condonar la obligación de su deudor constituye una acto de renuncia a su derecho de crédito, cuya consecuencia es la extinción del mismo una vez que el deudor ha prestado su anuencia a ello. En tal sentido, la condonación de obligaciones representa una de las especies dentro de la categoría más amplia de la renuncia de derechos, caracterizada por su naturaleza contractual40.

 

 

38 CÓDIGO CIVIL, Artículo 1295.- De cualquier modo que se pruebe la condonación de la deuda efectuada de común acuerdo entre el acreedor y el deudor, se extingue la obligación, sin perjuicio del derecho de tercero.

 

39 Sobre  el  particular,  Felipe  Osterling  señala  lo  siguiente:  “(...)  En  este  caso,  se  trata  de  un  acto  jurídico conformado por una combinación de dos hechos jurídicos voluntarios y un presupuesto jurídico: este último es la existencia de una deuda entre quienes van a realizar el acto, mientras que los dos hechos jurídicos consisten en la manifestación de la voluntad del acreedor de perdonar la deuda de su deudor y en la aceptación del deudor de la remisión de su deuda. (...)” En: Osterling Parodi, Felipe y Castillo Freyre, Mario. Tratado de las obligaciones. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Primera Edición, Tomo IX, Lima, p. 257.

 

40 Osterling Parodi, Felipe y Castillo Freyre, Mario, Op.Cit., p. 245.

 

 

 

En la sesión de Junta de Acreedores en la cual se aprobó el Plan de Reestructuración de Sitex, el representante de los acreedores laborales votó a favor de la aprobación del referido instrumento concursal, el cual incluye la condonación de los créditos adeudados a los trabajadores. Sin embargo, de la revisión de los actuados en el expediente, se aprecia que los acreedores laborales no otorgaron facultades a dicho representante para ejercer actos de disposición de sus derechos de crédito.

 

En primer término, debe tenerse presente que, de conformidad con lo señalado por la Sala en una anterior oportunidad41, si bien en virtud de la representación legal que le concede la ley, el representante laboral puede adoptar acuerdos que hagan viable la negociación entre sus representados y los demás acreedores concursales, las facultades en que se sustenta dicha representación no serán suficientes cuando se trate de acuerdos que tengan por objeto la disposición de derechos laborales que, por mandato de la ley, corresponde a los trabajadores.

 

El propósito de la norma concursal no ha sido el de otorgar una representación y facultades amplias e ilimitadas al representante de los créditos de origen laboral. Por el contrario, la eficacia de los acuerdos que adopte dicho representante y su oponibilidad a la totalidad de titulares de créditos laborales, dependerá de cuál sea el contenido del acuerdo y cuáles son las facultades que se requieren para que dicho acuerdo sea oponible a los acreedores laborales.

 

En la legislación civil, es regla que la disposición de derechos requiere poder expreso42. De esta forma, el acto de disposición que celebre el representante excediendo los límites de sus facultades es ineficaz con relación al representado, sin perjuicio de las responsabilidades que resulten frente a éste y a terceros43.

 

 

 

41 Ver la Resolución Nº 0029-2003/SCO-INDECOPI del 21 de enero de 2003.

 

42  CÓDIGO CIVIL, Artículo 155°.- Poder General y Poder Especial.- El poder general sólo comprende los actos de administración.

El poder especial comprende los actos para los cuales ha sido conferido.

 

Artículo 167°.- Poder Especial para Representación Legal.- Los representantes legales requieren autorización expresa para realizar los siguientes actos sobre los bienes del representado:

1.- Disponer de ellos o gravarlos. (...)

4.- Celebrar los demás actos para los que la ley o el acto jurídico exigen autorización especial.

 

43 CODIGO CIVIL, Artículo 161°.- El acto jurídico celebrado por el representante excediendo los límites de las facultades que se le hubiere conferido, o violándolas, es ineficaz con relación al representado, sin perjuicio de las responsabilidades que resulten frente a éste y a terceros.

También es ineficaz ante el supuesto representado el acto jurídico celebrado por persona que no tiene la representación que se atribuye.

 

 

 

Del mismo modo, todo acto de disposición de derechos laborales llevado a cabo por el representante sin autorización de sus representados – con excepción de la renuncia de los derechos laborales, la cual, de acuerdo al análisis efectuado en el acápite precedente, está prohibida incluso a sus propios titulares – no resulta oponible a estos últimos, toda vez que, para realizar dicha clase de actos, se requiere que los acreedores laborales presten   su   consentimiento   expreso   para   tal   efecto,   considerando   la afectación patrimonial que podría significarles la disposición de sus derechos de crédito.

 

Por tanto, el voto de aprobación de la condonación de las obligaciones laborales de Sitex emitido por el representante de los acreedores laborales es inválido, dado que dicho representante carecía de facultades para disponer, bajo cualquier modalidad, de los créditos reconocidos a favor de sus representados.

 

Ahora bien, con relación al acuerdo de condonación de los créditos laborales incorporado en el Plan de Reestructuración de Sitex, esta Sala considera que dicha estipulación es inválida y acarrea la nulidad de dicho acuerdo, toda  vez  que,  conforme  al  análisis  efectuado  en  el  acápite  III.3  de  la presente resolución, la cláusula de condonación de créditos de naturaleza laboral importa una renuncia de los derechos de cobro de beneficios sociales que la ley reconoce a los trabajadores44, los cuales son irrenunciables por mandato constitucional y, por tanto, no pueden ser declinados por su titular o desconocidos por terceros como la colectividad de acreedores, aun en situaciones excepcionales como el régimen concursal, en el cual la mayoría de acreedores reunidos en Junta tienen, en principio, la facultad de modificar las relaciones de crédito comprendidas en el procedimiento.

 

La invalidez de la cláusula de condonación de los créditos laborales estipulada en el Plan de Reestructuración de Sitex acarrea, a su vez, la invalidez del acuerdo de aprobación del referido instrumento concursal, debido a que la incorporación de la citada cláusula conlleva a que el Plan de Reestructuración carezca de un elemento esencial como lo es la determinación del mecanismo de pago y extinción de los créditos laborales que no implique una renuncia de los mismos.

 

 

 

 

44 Sobre este punto, es ilustrativa la opinión de Antonio Costa Reyes: “ (...) Partiendo de esta definición, se plantea el gran problema que esta forma de extinción del crédito puede suponer en el ámbito laboral debido a su difícil relación con el principio legal de indisponibilidad de derechos (...). Tratándose la condonación de un claro acto de disposición, su ámbito de actuación estaría excluido a priori de todo juego en el derecho laboral, pues tiene eficacia abdicativa, esto es, la extinción del derecho de crédito del que es titular el trabajador. De ahí que en principio la condonación hecha por éste carezca de cualquier valor. (...)” En: Costa Reyes, Antonio. El crédito salarial. Consejo Económico y Social de Andalucía, Sevilla, 2005, p.299.

 

 

Debe reiterarse que la situación de desigualdad en la que se encuentran los trabajadores al inicio y durante la vigencia de la relación laboral se mantiene en un procedimiento colectivo de cobro, incluso con posterioridad a la finalización del contrato de trabajo, lo cual justifica la extensión de la protección constitucional de los derechos laborales al régimen excepcional del concurso. Por tanto, conforme al análisis desarrollado en el acápite III.3 la presente resolución, carece de efecto jurídico alguno todo acto por el cual los acreedores laborales renuncien a sus derechos de crédito o éstos les sean privados por acuerdo de la Junta de Acreedores, a fin de garantizar eficazmente la tutela de dichos acreedores en el procedimiento concursal, en concordancia con el ordenamiento jurídico en su conjunto.

 

Asimismo, se observa que la Junta de Acreedores de Sitex también transgredió el mandato constitucional de irrenunciabilidad de derechos laborales al aprobar la condonación de los créditos de origen previsional reconocidos a favor de AFP Unión Vida y AFP Profuturo, debido a que, de conformidad con el análisis  efectuado  en  el  acápite  III.3  de  la  presente resolución, dichos créditos tienen naturaleza laboral, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 856.

 

En  atención  a  lo  expuesto,  corresponde  revocar  la  Resolución  Nº 7093-

2005/CCO-INDECOPI en el extremo que declaró infundada la impugnación presentada por AFP Unión Vida contra el acuerdo de aprobación del Plan de Reestructuración de Sitex adoptado el 6 de febrero de 2004 y, en consecuencia, debe declararse fundada dicha impugnación y nulo el referido acuerdo, debiendo disponerse que la Junta de Acreedores se reúna nuevamente a efectos de someter a discusión la aprobación del referido instrumento concursal, modificado de conformidad con lo resuelto a través del presente acto administrativo.

 

III.5      La condonación de la totalidad de créditos prevista en el Plan de

Reestructuración de Sitex

 

La finalidad del concurso es la superación de la situación de insolvencia económica y financiera por la que atraviesa el deudor y que se traduce en la falta de pago de sus obligaciones. La obtención de dicho objetivo presupone, necesariamente, la satisfacción de los derechos de crédito afectados por la cesación colectiva de pagos, hasta donde lo permita el patrimonio del deudor concursado.

 

Es justamente la legítima expectativa de los acreedores perjudicados con la crisis patrimonial del deudor en hacer efectivo sus derechos de cobro la que los impulsa a apersonarse al procedimiento concursal y a participar junto con los demás acreedores en el espacio de negociación que ofrece la Junta, con el  objeto  de  conseguir,  a  bajos  costos  de  transacción,  las  mejores

 

 

condiciones  de  recupero  de  sus  créditos.  La  necesidad  de  garantizar  a dichos agentes la posibilidad de satisfacer vía concurso sus intereses económicos resulta de vital importancia, puesto que ello permite generar confianza en el mercado sobre el retorno de capitales de inversión y, a través de ello, se refuerza la protección del crédito que el sistema concursal peruano ha erigido como uno de sus objetivos fundamentales.

 

De esta forma, los acreedores reunidos en Junta deciden, en función de sus intereses, cuál es la vía que les permitirá maximizar el valor del patrimonio objeto del concurso a fin de obtener una recuperación más eficiente de sus créditos,  ya  sea  mediante  la  reestructuración  económico  financiera  del deudor o a través de la liquidación de su patrimonio45. En el caso que la Junta optara por la reestructuración del deudor, deberá también aprobar un plan  de  reestructuración  que  establezca  las  condiciones  en  que  cada acreedor podrá cobrar su crédito.

 

De acuerdo con lo señalado en el numeral 1 del artículo 66 de la Ley General del Sistema Concursal, el Plan de Reestructuración es el negocio jurídico mediante el cual la Junta de Acreedores escoge el mecanismo destinado  a  implementar  la  reestructuración  económico  financiera  del deudor, con el objeto de procurar, a través de la superación de la crisis patrimonial de este último, el pago del íntegro de las obligaciones sometidas al concurso46.

 

Ahora bien, al momento de determinar el contenido del Plan de Reestructuración, los acreedores cuentan con plena libertad para elegir los mecanismos que consideren más convenientes para una recuperación eficiente de sus créditos, los cuales pueden consistir, por ejemplo, en la capitalización o condonación de créditos, reprogramación de los plazos para el pago de los mismos, variación de las tasas de interés, otorgamiento de nuevas líneas de crédito para capital de trabajo de la empresa, entre otros.

 

 

 

 

45 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 51.- Atribuciones genéricas y responsabilidades de la Junta de Acreedores, Comité, Administradores y Liquidadores

51.1     Sin perjuicio de las demás que se señalen en los artículos de la Ley, la Junta tendrá las siguientes

atribuciones genéricas:

a)      Decidir el destino del deudor, pudiendo optar entre cualquiera de las siguientes alternativas:

a.1 El inicio de una reestructuración patrimonial conforme a lo establecido en el Capítulo V del

Título II de a Ley; o

a.2 La  disolución y/o  liquidación, con  excepción de  los  bienes  inembargables, en  cuyo  caso inrgesará a una disolución y liquidación conforme a lo establecido en el Capítulo VI del Título II de la Ley; (…)

 

46 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 66.- Contenido del Plan de Reestructuración

66.1     El Plan de Reestructuración es el negocio jurídico por el cual la Junta define los mecanismos para llevar a cabo la reestructuración económico financiera del deudor, con la finalidad de extinguir las obligaciones comprendidas en el procedimiento y superar la crisis patrimonial que originó el inicio del mismo, en función a las particularidades y características propias del deudor en reestructuración. (…)

 

 

En lo que respecta a la condonación de créditos, la Ley General del Sistema Concursal no ha establecido, en principio, restricciones a la aplicación de dicha figura para el tratamiento de la generalidad de los créditos comprendidos en el procedimiento, con excepción de los créditos de origen tributario y laboral.

 

Debe tenerse en consideración que no resulta extraño que un acreedor acceda a renunciar al cobro de una parte de sus créditos, si es que con ello alcanza mejores condiciones de pago del saldo restante. Por ejemplo, es frecuente en los procesos de reestructuración patrimonial que ciertos acreedores convengan con su deudor en reducir o eliminar el pasivo concursal adeudado por concepto de intereses, a cambio de lo cual dichos acreedores reciben un tratamiento favorable en el cronograma de pagos respectivo, usualmente mediante el establecimiento de plazos de pago más breves o el otorgamiento de tasas de interés preferenciales.

 

Del mismo modo, incluso podría presentarse el supuesto de que determinados  acreedores  condonen  el  íntegro  de  sus  créditos,  pero supediten dicha renuncia a la obtención de ventajas económicas vinculadas con la conservación y fomento de las relaciones comerciales sostenidas con el deudor concursado. En términos generales, la decisión de condonar créditos se sustenta en criterios objetivos de racionalidad económica que justifican la pérdida del derecho de cobro, ponderando los beneficios que al final reportará dicho sacrificio para lograr el saneamiento patrimonial de la empresa y, de esta forma, poder optimizar su capacidad de pago en el mediano o largo plazo.

 

Conforme   a   lo   señalado   en   el   acápite   precedente,   el   Plan   de Reestructuración de Sitex contempló la condonación de todas las obligaciones concursales mantenidas por dicha empresa, con excepción de los  créditos  tributarios,  cuyo  porcentaje  de  participación  en  la  Junta ascendía, a la fecha de aprobación del referido instrumento concursal, al

2,21% de los créditos asistentes.

 

El esquema de condonación de créditos contenido en el Plan de Reestructuración de Sitex, en vez de constituirse en un mecanismo de satisfacción del interés de la colectividad de los acreedores mediante la recuperación eficiente de los créditos, priva del ejercicio de sus derechos de cobro a la totalidad de acreedores intervinientes en el procedimiento, tanto a aquellos acreedores que votaron a favor del Plan de Reestructuración, como a  los  acreedores  que  votaron  en  contra  de  la  aprobación  de  dicho instrumento concursal, sin que se evidencien motivos razonables que justifiquen la adopción del referido acuerdo.

 

 

La Secretaría Técnica de la Sala requirió a Compañía Inmobiliaria Britto, Gafero Consultores, Kaustica Holdings, Padova Trading y Textil Los Rosales para  que,  en  su  condición  de  acreedores  que  votaron  a  favor  de  la aprobación del Plan de Reestructuración de Sitex, informaran los motivos por los cuales adoptaron el acuerdo en mención. Ello, considerando que, al igual que el resto de acreedores, dichas empresas habían condonado el íntegro de sus créditos en ejecución del Plan de Reestructuración.

 

El 16 de noviembre de 2005, Textil Los Rosales manifestó que votó a favor de la condonación de sus créditos debido a que éstos fueron adquiridos a Banco de Crédito del Perú, entidad financiera que había iniciado acciones judiciales con el objeto de que se declare la ineficacia de determinadas transferencias  de  bienes  de  propiedad  de  Sitex  a  favor  de  Textil  Los Rosales, por lo que la condonación acordada por la Junta le permitiría concluir las referidas controversias judiciales y, de este modo, consolidar la adquisición de los bienes antes mencionados. Mediante escrito presentado el 10 de febrero de 2006, Gafero Consultores señaló que la condonación de sus créditos representaba una solución comercial al facilitarle la adquisición de bienes de la empresa concursada.

 

Finalmente, el 22 de marzo de 2006 Compañía Inmobiliaria Britto señaló que su voto a favor de la condonación de sus créditos obedeció a la incidencia de dicho acto en el desarrollo de un proceso judicial iniciado por Banco de Crédito contra la referida empresa y Sitex ante el Quinto Juzgado Especializado  Civil  de  Lima,  en  el  cual,  de  acuerdo  a  la  información contenida en el Expediente Nº 124-2001-03-03/CRP-ODI-CCPL47, se estaría discutiendo la validez de un contrato de compraventa celebrado entre Compañía Inmobiliaria Britto y Sitex.

 

Los motivos alegados por Compañía Inmobiliaria Britto, Gafero Consultores y  Textil  Los  Rosales  para  votar  a  favor  de  la  condonación  de  créditos prevista en el Plan de Reestructuración de Sitex no se sustentan en consideraciones objetivas derivadas de sus relaciones comerciales con la empresa concursada o algún otro criterio de racionalidad económica que explique su decisión de renunciar a sus derechos de crédito. En cambio, las razones expuestas por dichos acreedores están orientadas a validar actos de disposición realizados por el deudor a su favor y que presumiblemente afectarían en forma ilegítima las posibilidades de pago de los créditos de los demás  acreedores,  quienes  adicionalmente  a  ello  verían  frustrado  de manera definitiva el ejercicio de sus derechos de cobro por la condonación de los mismos.

 

 

 

 

47 Expediente de reconocimiento de créditos de Compañía Inmobiliaria Britto frente a Sitex.

 

 

Otro elemento importante que debe tenerse en consideración lo constituye la vinculación mantenida entre Compañía Inmobiliaria Britto, Padova Trading y Kaustica Holdings – estos dos últimos acreedores no absolvieron los requerimientos de información cursados por la Secretaría Técnica de la Sala

– y Sitex, la cual fue declarada por la Comisión en las respectivas resoluciones de reconocimiento de créditos. Este hecho es un elemento adicional que permite suponer que los referidos acreedores, al tomar su decisión de votar a favor del acuerdo de condonación de créditos, no actuaron por interés propio sino en función de los intereses del deudor.

 

Por Resolución Nº 104-96-TDC48, la autoridad concursal desarrolló un criterio para identificar un supuesto de abuso de derecho, para lo cual deben concurrir los siguientes elementos: (i) que el derecho esté formalmente reconocido en el ordenamiento; (ii) que su ejercicio vulnere un interés causando un perjuicio; (iii) que al causar tal perjuicio el interés afectado no esté protegido por una específica prerrogativa jurídica; y, (iv) que se desvirtúen manifiestamente los fines económicos y sociales para los cuales el ordenamiento reconoció el derecho que se ejerce dentro del marco impuesto por el principio de buena fe. Dicho pronunciamiento fue explícito en señalar que la concurrencia de los cuatro elementos es imprescindible para configurar el abuso de derecho y que la sola omisión de alguno de ellos determinaría la inexistencia de tal figura.

 

El derecho de los acreedores a decidir la condonación de los créditos comprendidos en el procedimiento concursal de Sitex se encuentra reconocido en el numeral 3 del artículo 68 de la Ley General del Sistema Concursal, por lo que se cumple el primero de los requisitos exigidos para la verificación del ejercicio abusivo de un derecho. Por otra parte, se ha constatado que el ejercicio del referido derecho vulnera el interés de los acreedores que votaron en contra de la condonación de sus créditos al privarles de sus derechos de crédito, con lo cual también se configura el segundo requisito.

 

Cabe destacar, asimismo, que no existe una específica prerrogativa jurídica que tutele el interés de los acreedores minoritarios de Sitex que fueron perjudicados con la condonación de sus créditos. Si bien el numeral 5 del artículo 68 de la Ley General del Sistema Concursal establece que a los acreedores que votaron en contra del acuerdo de condonación de sus créditos, no asistieron a la Junta o no solicitaron oportunamente el reconocimiento de sus créditos, dicho acuerdo les resulta oponible en los mismos términos que a los acreedores que, habiendo votado a favor del acuerdo, resulten menos afectados, debe precisarse que el citado dispositivo

 

 

48 Dicha resolución fue emitida en el proceso de declaración de insolvencia seguido por Eurobanco Bank Limited contra el Grupo Pantel S.A.

 

 

legal no es aplicable al presente caso, toda vez que, al haberse condonado la totalidad de las obligaciones mantenidas por Sitex, todos sus acreedores, incluso  aquellos  que  votaron  a  favor  del  citado  acuerdo,  resultaron igualmente afectados por la pérdida de sus derechos de crédito.

 

Esta Sala considera que, al acordar la condonación del íntegro de las obligaciones  concursales  de  Sitex,  los acreedores mayoritarios contravinieron  manifiestamente  los  fines  económicos  y  sociales  por  los cuales el ordenamiento jurídico les reconoció el derecho de adoptar el referido  acuerdo.  Al  carecer  de  un  verdadero  interés  económico  que justifique su decisión de renunciar a sus derechos de crédito, dichos acreedores habrían ejercido su derecho de voto con el único propósito de perjudicar el interés de los acreedores minoritarios sin que ello les reportara un  beneficio  patrimonial,  actuación  que  resulta  contraria  al  principio  de buena fe que debe regir las relaciones colectivas desarrolladas en el marco del concurso.

 

Como se ha señalado en los párrafos anteriores, el voto de los acreedores mayoritarios  de  Sitex  a  favor  de  la  condonación  de  la  totalidad  de  los créditos adeudados por dicha empresa no obedeció a motivaciones económicas relacionadas con el reflotamiento de la empresa concursada, sino que, en algunos casos, tuvo como finalidad convalidar actos de disposición de bienes de Sitex susceptibles de lesionar el interés de cobro de los otros acreedores y, en los otros casos, el referido voto fue emitido por acreedores que, además de no haber informado a la autoridad concursal sobre los motivos que sustentaron el sentido de su votación, mantienen vinculación con Sitex. En consecuencia, la información que obra en el expediente permite verificar el ejercicio abusivo del derecho de voto de los referidos acreedores, toda vez que el mismo estuvo orientado a justificar adquisiciones de bienes del patrimonio del deudor realizadas al margen del proceso de reestructuración y, principalmente, a favorecer exclusivamente al deudor al facilitarle un mecanismo legal para evadir el pago de sus obligaciones, con el evidente perjuicio que tal actuación supone para los acreedores minoritarios.

 

La pérdida de los derechos de crédito de los acreedores minoritarios producida como consecuencia del acuerdo de condonación del total de créditos de Sitex, sin que dicho acuerdo genere a los referidos acreedores compensación patrimonial alguna, contraviene abiertamente la finalidad perseguida por el sistema concursal al privar injustificadamente a los acreedores de sus derechos de cobro, cuya satisfacción precisamente constituye el motivo por el cual aquellos participan en el concurso. Por el contrario, acuerdos como el analizado en este caso impiden que el sistema concursal alcance su objetivo de convertirse en un instrumento eficaz de

 

 

protección del crédito, en los términos expuestos en el acápite III.2 de la presente resolución.

 

El perjuicio que, en el presente caso, representa para los acreedores minoritarios de Sitex la condonación de sus créditos se evidencia no sólo por las impugnaciones planteadas por un grupo de dichos acreedores contra el acuerdo de aprobación del Plan de Reestructuración adoptado en la sesión de fecha 6 de febrero de 2004, sino con los reiterados pedidos formulados por los acreedores laborales ante esta instancia solicitando que se declare la nulidad del referido acuerdo por la ilegítima afectación de sus derechos de crédito.

 

En atención a lo expuesto, el acuerdo de condonación del íntegro de los créditos adeudados por Sitex resulta inválido, al haberse verificado que el mismo constituye el ejercicio abusivo del derecho de voto de los acreedores mayoritarios de dicha empresa, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 118 de la Ley General del Sistema Concursal49.

 

III.6        Las alegaciones formuladas respecto de la validez de la elección del representante de los acreedores laborales

 

Con   relación   al   cuestionamiento   de   la   validez   de   la   elección   del representante de los acreedores laborales de Sitex formulado por el señor Gonzales en representación de un grupo de trabajadores, debe precisarse que la autoridad concursal no resulta competente para conocer dicho asunto, sin perjuicio de lo cual queda a salvo el derecho de los interesados de recurrir a las vías legales pertinentes para que se determine, de ser el caso, la responsabilidad civil y penal de quienes corresponda por los hechos denunciados.

 

III.7        Interpretación  de  los  alcances  de  la  Ley  General  del  Sistema Concursal sobre la condonación de créditos laborales en los procedimientos concursales

 

El análisis efectuado en los acápites III.3 y III.4 de la presente resolución evidencia la necesidad de establecer el criterio general de interpretación sobre la renuncia y extinción de créditos laborales en los procedimientos concursales:

 

 

49 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 118.- Impugnación y nulidad de acuerdos

118.1   El deudor o los acreedores que en conjunto representen créditos de cuando menos el 10% del monto total  de  los  créditos  reconocidos  por  la  Comisión,  podrán  impugnar  ante  la  misma,  los  acuerdos adoptados en Junta dentro de los diez (10) días siguientes del acuerdo, sea por el incumplimiento de las formalidades legales, por inobservancia de las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico, o porque el acuerdo constituye el ejercicio abusivo de un derecho. Asimismo, cualquier cuestionamiento sobre la convocatoria y reunión de la Junta de Acreedores deberá efectuarse mediante el procedimiento previsto para la impugnación de acuerdos. (...)

 

 

 

“Es inválido cualquier acuerdo adoptado por la Junta de Acreedores, mediante el cual los acreedores titulares de créditos de origen laboral y previsional renuncien o sean privados de los derechos de cobro que la Constitución Política del Perú y la ley les reconoce, atendiendo al carácter irrenunciable de tales derechos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 26 de la Constitución Política del Perú.

 

En el caso referido en el párrafo anterior, corresponderá a la autoridad concursal declarar, de oficio, la nulidad del acuerdo adoptado, en ejercicio de la atribución conferida  por  el  numeral  2  del  artículo  118  de  la  Ley  General  del  Sistema Concursal.”

 

III.8      Difusión de la presente resolución

 

En aplicación del artículo 43 del Decreto Legislativo N° 80750  y atendiendo a que  la  presente  resolución  interpreta  de  modo  expreso  y  con  carácter general el sentido de la legislación, corresponde declarar que ésta constituye un precedente de observancia obligatoria en la aplicación del principio que se enuncia en la parte resolutiva. Adicionalmente, corresponde oficiar al Directorio del Indecopi para que éste solicite la publicación de la misma en el diario oficial El Peruano.

 

IV.        RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

PRIMERO: denegar el pedido de informe oral solicitado por el señor Esteban Magno Gonzales y otros acreedores laborales de Sociedad Industrial Textil S.A.

 

SEGUNDO: revocar la Resolución Nº 7093-2005/CCO-INDECOPI emitida el

9 de mayo de 2005 por la Comisión de Procedimientos Concursales, que declaró infundada la impugnación interpuesta por Administradora Privada de Fondos de Pensiones Unión Vida contra el acuerdo de aprobación del Plan de Reestructuración de Sociedad Industrial Textil S.A. adoptado por la Junta de Acreedores el 6 de febrero de 2004. En consecuencia, se declara la nulidad de dicho acuerdo y se dispone que la Junta de Acreedores se reúna nuevamente a efectos de volver a adoptar un acuerdo respecto de la aprobación  del  Plan  de  Reestructuración,  en  aplicación  de  los  criterios

 

 

50 DECRETO LEGISLATIVO N° 807. Artículo 43.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal  de  Defensa  de  la  Competencia y  de  la  Propiedad  Intelectual  que  al  resolver  casos  particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

El  Directorio de  Indecopi, a  solicitud de  los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la  publicación obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el diario oficial "El Peruano" cuando lo considere necesario por tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores.

 

 

expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

 

TERCERO: de conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Decreto Legislativo   N°   807,   declarar   que   la   presente   resolución   constituye precedente  de  observancia  obligatoria  en  la  aplicación  del  siguiente principio:

 

“Es inválido cualquier acuerdo adoptado por la Junta de Acreedores, mediante el cual los acreedores titulares de créditos de origen laboral y previsional renuncien o sean privados de los derechos de cobro que la Constitución Política del Perú y la ley les reconoce, atendiendo al carácter irrenunciable de tales derechos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 26 de la Constitución Política del Perú.

 

En el caso referido en el párrafo anterior, corresponderá a la autoridad concursal declarar, de oficio, la nulidad del acuerdo adoptado, en ejercicio de la atribución conferida  por  el  numeral  2  del  artículo  118  de  la  Ley  General  del  Sistema Concursal.”

 

CUARTO: solicitar al Directorio del Indecopi que solicite la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El Peruano.

 

Con la intervención de los señores vocales: Juan Francisco Rojas Leo, Julio Baltazar Durand Carrión, Sergio Alejandro León Martínez, José Alberto Oscátegui Arteta y Luis Bruno Seminario De Marzi.

 

 

 

 

JUAN FRANCISCO ROJAS LEO Presidente

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