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JUNTA DE ACREEDORES CRÉDITOS TARDÍOS PARTICIPACIÓN EN JUNTA DE ACREEDORES DURANTE PROCESO DE LIQUIDACIÓN PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA ACTIVIDAD : PERSONA NATURAL

 

 

PROCEDENCIA   :       COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES

IMPUGNANTE     :       BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ DEUDOR              :       RAÚL AYVAR CEVALLOS MATERIA             :       DERECHO CONCURSAL

JUNTA DE ACREEDORES

CRÉDITOS TARDÍOS PARTICIPACIÓN EN JUNTA DE ACREEDORES DURANTE PROCESO DE LIQUIDACIÓN

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA

ACTIVIDAD          :       PERSONA NATURAL

 

SUMILLA: En el Procedimiento Concursal Ordinario del señor Raúl Ayvar Cevallos, la Sala de Defensa de la Competencia ha aprobado como Precedente de Observancia Obligatoria el criterio de interpretación que se enuncia a continuación:

 

“ De conformidad con lo dispuesto en el numeral 74.6 del artículo 74 de la Ley General del Sistema Concursal, en virtud del fuero de atracción de créditos en procesos de liquidación, los acreedores titulares de créditos devengados con posterioridad a la fecha de publicación de la situación       de    concurso    del    deudor    quedan    facultados    para apersonarse al procedimiento a fin de obtener el reconocimiento de sus créditos y poder participar con derecho a voz y a voto en la Junta de Acreedores, a partir de la fecha en que se acuerde o declare la liquidación del deudor, según sea el caso.

 

Dicho régimen no comprende a los acreedores titulares de créditos devengados  con  anterioridad  a  la  fecha  de  publicación  a  que  se refiere el artículo 32 de la Ley General del Sistema Concursal, quienes continuarán sujetos, incluso en los procesos de liquidación, a la regulación sobre participación en Junta de Acreedores prevista en el artículo 34 del citado dispositivo legal.”

 

Lima, 12 de marzo de 2008

 

I.      ANTECEDENTES

 

1.       Mediante Resolución 2621-2003/CCO-ODI-ULI del 12 de agosto de

2003,   confirmada por Resolución 0292-2004/SCO-INDECOPI del 14 de mayo de 2004, la Comisión de Procedimientos Concursales (en adelante, la Comisión) declaró la situación de concurso del señor Raúl

 

M-SDC-02/1C

 

 

Ayvar Cevallos (en adelante, el señor Ayvar). En ese sentido, por aviso publicado el 5 de julio de 2004 en el diario oficial “El Peruano” se dio a conocer la situación de concurso del deudor y se citó a sus acreedores a fin de que presenten sus solicitudes de reconocimiento de créditos.

 

2.       En sesión del 24 de octubre de 2005, la Junta de Acreedores del señor Ayvar acordó designar a  Banco  de  Crédito del Perú (en adelante, Banco de Crédito) como Presidente de dicho órgano deliberativo.

 

3.       En sesión del 17 de febrero de 2006, reanudada el 22 de febrero de

2006, la Junta de Acreedores del señor Ayvar se reunió sin alcanzar la mayoría requerida en la Ley General del Sistema Concursal para adoptar el acuerdo referido al destino del patrimonio del deudor.

 

4.       Mediante Resolución 5411-2006/CCO-INDECOPI del 24 de abril de

2006, se declaró la disolución y liquidación del patrimonio del señor Ayvar, asumiendo la Comisión la conducción de dicho procedimiento y encargando a la Secretaría Técnica que designe el lugar, día y hora en que debe llevarse a cabo la Junta de Acreedores del señor Ayvar para que se pronuncie exclusivamente sobre la designación del liquidador del patrimonio del deudor y la aprobación del Convenio de Liquidación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley General del Sistema Concursal.

 

5.       El 16 de junio de 2006, la Junta de Acreedores del señor Ayvar acordó designar  a  la  señorita  Juana  Vilchez  Requejo  (en  lo  sucesivo,  la señorita Vilchez) como liquidadora del patrimonio del señor Ayvar y aprobó el respectivo Convenio de Liquidación.

 

6.       El 26 de abril de 2007, la Junta de Acreedores del señor Ayvar acordó remover a la señorita Víchez de su cargo de liquidadora del patrimonio del señor Ayvar y designó en su reemplazo al Estudio Alvarez y Torres Abogados Asociados S. R. L. (en adelante, el Estudio Alvarez y Torres). En dicha sesión no se llegó a la mayoría establecida en la Ley General del Sistema Concursal para aprobar la addenda al Convenio de Liquidación.

 

7.       Mediante aviso publicado el 20 de abril de 2007 en el diario oficial “El Peruano”, Banco de Crédito convocó a Junta de Acreedores del señor Ayvar para el 14 y el 17 de mayo de 2007, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, para tratar los siguientes temas de agenda: (i) remoción del Presidente de la Junta de Acreedores, de ser el caso; (ii) nombramiento del nuevo Presidente de la Junta de Acreedores, de ser el caso; y, (iii) otros asuntos de interés.

 

 

8.       El 17 de mayo de 2007,  la  Junta de Acreedores del señor Ayvar desaprobó la remoción de Banco de Crédito como Presidente y dispuso no someter la votación el siguiente punto de agenda, por considerar que ello carecía de objeto dado el resultado de la votación del primer punto de agenda. Dicho órgano deliberativo estuvo conformado por los siguientes acreedores:

 

Acreedor

Porcentaje de Participación

ACREEDOR LABORAL

2.891699

AFP INTEGRA

0.031477

AFP PROFUTURO

3.722539

BANCO DE CREDITO DEL PERU

54.708234

INVERSIONES ROFACSA S.A.C.

38.646051

TOTAL

100.000000

 

9.       Por escrito del 17 de mayo de 2007, el señor Manuel Benito Magret Ríos, representante de los créditos laborales (en adelante, el señor Magret), dedujo la nulidad de los acuerdos adoptados por la Junta de Acreedores del señor Ayvar del 17 de mayo de 2007 y solicitó la convocatoria a nueva Junta de Acreedores con la participación de un representante de la Comisión, alegando que en la referida reunión no se consideró al 100% de los créditos laborales reconocidos por la Comisión, hecho del cual se dejó constancia en dicha sesión. El 23 de mayo de 2007, Inversiones Rofacsa S.A.C. (en adelante, Inversiones Rofacsa), acreedor reconocido del señor Ayvar, solicitó que se declare la nulidad de los acuerdos adoptados el 17 de mayo de 2007 por los mismos argumentos expuestos por el señor Magret.

 

10.     Mediante Resoluciones 6145-2007/CCO-INDECOPI y 6146-2007/CO- INDECOPI del 4 de junio de 2007, se calificó los pedidos de nulidad presentados por el señor Magret y por Inversiones Rofacsa contra los acuerdos adoptados por la Junta de Acreedores del señor Ayvar realizada el 17 de mayo de 2007, como impugnaciones de acuerdos de Junta de Acreedores, y se les requirió el pago de los derechos administrativos correspondientes a la tramitación de dicha impugnación dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificados con tales actos administrativos.

 

11.     Por Resolución 7302-2007/CCO-INDECOPI del 2 de julio de 2007, la Comisión                    resolvió   lo   siguiente:   (i)   declaró   improcedentes   las impugnaciones presentadas por el señor Magret y por Inversiones Rofacsa contra los acuerdos de Junta de Acreedores del 17 de mayo de 2007; (ii) declaró de oficio la nulidad de dichos acuerdos; y, (iii) dispuso que la Secretaría Técnica de la Comisión evaluara la posible realización de irregularidades por parte de Banco de Crédito al impedir

 

 

la participación de los acreedores laborales del señor Ayvar en la citada sesión de Junta.

 

12.     En sustento de dicho pronunciamiento, la Comisión señaló lo siguiente: (i) si bien el artículo 34.3 de la Ley General del Sistema Concursal establece que sólo participarán con derecho a voz y voto en las sesiones de Junta de Acreedores los titulares de créditos apersonados al procedimiento dentro del plazo de treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de la situación de concurso del deudor, el artículo

74.6 de dicha norma dispone como excepción que, en el supuesto que el deudor ingrese a un proceso de liquidación, también tendrán derecho a voz y voto en Junta de Acreedores los titulares de créditos devengados con posterioridad a la fecha de inicio del concurso y aquellos      tardíamente    apersonados    al    procedimiento,    según interpretación efectuada mediante Directiva 001-2003/CCO publicada el

24 de mayo de 2003 en el diario oficial “El Peruano”; y, (ii) en aplicación de la Directiva antes mencionada, el Presidente de la Junta de Acreedores  del  señor  Ayvar  debió  incluir  a  la  totalidad  de  los acreedores laborales reconocidos para computar el quórum de instalación y los porcentajes de participación en los temas materia de agenda, por lo que tal omisión acarreaba la invalidez de los acuerdos adoptados.

 

13.     El 20 de julio de 2007, Banco de Crédito apeló la Resolución 7302-

2007/CCO-INDECOPI alegando lo siguiente: (i) la interpretación efectuada mediante Directiva 001-2003/CCO extiende indebidamente los alcances de la regulación prevista en el artículo 74.6 de la Ley General del Sistema Concursal a los acreedores tardíamente apersonados al procedimiento, toda vez que según lo establecido por Resolución 0546-2004/TDC-INDECOPI del 30 de setiembre de 2004, dicha norma únicamente resulta aplicable a los titulares de créditos postconcursales incorporados al procedimiento en virtud del fuero de atracción, pronunciamiento mediante el cual la Sala también ordenó a la Comisión la modificación de la citada Directiva en el referido extremo; y, (ii) solicitó la suspensión del procedimiento hasta que la Sala se pronuncie respecto del recurso de apelación interpuesto.

 

II.       CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

14.       Determinar si la totalidad de los acreedores laborales reconocidos del señor Ayvar estaban legitimados para participar con derecho a voz y voto en la sesión de Junta de Acreedores realizada el 17 de mayo de

2007, de acuerdo con la regulación contenida en el artículo 74.6 de la

Ley General del Sistema Concursal.

 

 

III.      ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

III.1.   Finalidad y objetivo del sistema concursal

 

15.       Los procedimientos concursales constituyen mecanismos diseñados por el ordenamiento jurídico para la atención y solución de los conflictos que se generan cuando una persona natural o jurídica enfrenta una situación de crisis patrimonial y deviene insolvente, mecanismos      que   conllevan   el   establecimiento   de   un   régimen transitorio y excepcional para que las partes cuyos intereses de tipo patrimonial hayan sido afectados con la situación de concurso del deudor puedan actuar colectivamente a fin de tomar decisiones sobre la forma de recuperación de los créditos adeudados.

 

16.       La óptima solución de la crisis patrimonial del deudor perseguida por el marco legal vigente reviste particular importancia debido a la especial naturaleza de los intereses que confluyen en un escenario de concurso.    La    imposibilidad    del    deudor    en    poder    cumplir oportunamente  con  el  pago  de  sus  obligaciones  afecta  de  modo directo a sus acreedores, quienes ven sustancialmente reducidas sus expectativas de cobro a medida que dicha situación se prolonga en el tiempo y el patrimonio del deudor se torna cada vez más insuficiente para responder por la totalidad de los pasivos generados por la actividad empresarial que aquél desarrolla en el mercado.

 

17.       El problema antes descrito trasciende la simple constatación de la falta de pago de obligaciones dilatada de manera indefinida en el tiempo, constituyendo más bien un complejo entramado de conflictos patrimoniales subyacentes a dicha situación que, de no recibir un tratamiento unitario y oportuno, puede terminar afectando seriamente el desarrollo de la economía en general.

 

18.       En primer lugar, el estado generalizado de cesación de pagos en que recae el deudor como resultado de su crisis patrimonial genera de inmediato incertidumbre entre los agentes económicos respecto de la capacidad real del insolvente para responder por sus obligaciones y continuar desarrollando su actividad en el mercado. Frente a esta situación, el ordenamiento debe establecer reglas claras y uniformes que reduzcan el riesgo que enfrentan los proveedores de capital de perder su inversión en un escenario de concurso.

 

19.       De no existir normas que regulen un procedimiento colectivo de cobro que convoque a la totalidad de acreedores del deudor insolvente, y ante la inseguridad de poder minimizar las pérdidas de su inversión en una eventual situación de cesación de pagos, los proveedores de

 

 

capital se verían desincentivados a continuar otorgando crédito a las empresas, o lo harían a costos muy altos, elevando las tasas de interés o exigiendo la constitución de garantías más gravosas. Ello encarecería considerablemente el acceso al capital por parte de las empresas, dificultando el ejercicio de sus actividades económicas al restringirles la posibilidad de contar con los recursos necesarios para financiar el giro de su negocio.

 

20.       La crisis empresarial del deudor también tiene incidencia en el ámbito de las relaciones comerciales con sus proveedores. La regulación deficiente o la ausencia de toda regulación frente a un estado de insolvencia es susceptible de propiciar un cobro desordenado entre los acreedores que termine depredando el patrimonio del deudor y precipite su salida del mercado, hecho que puede terminar afectando seriamente a sus proveedores en caso de significarles la pérdida de un cliente   estratégico   por   representar   uno   de   los   principales destinatarios de los bienes y servicios objeto de sus relaciones comerciales.

 

21.       Del mismo modo, la situación de insolvencia del deudor afecta al Estado en lo que respecta a la recaudación de tributos, al privarle de ingresos  que  permitirán  el  financiamiento  de  servicios  y  obras públicas en beneficio de la sociedad en su conjunto. La problemática del concurso adquiere incluso cariz social considerando el perjuicio generado    a   los   trabajadores   por   la   falta   de   pago   de   sus remuneraciones y beneficios sociales, dada la naturaleza alimentaria de tales obligaciones, así como la pérdida de puestos de trabajo que pudiera ocasionar la eventual salida del deudor del mercado.

 

22.       En este orden de ideas, la protección del crédito se erige en una de las principales justificaciones económicas de la legislación concursal, por cuanto un sistema efectivo de cobro que protege el crédito y, por tanto, que reduce los costos de acceder a él, resulta beneficioso no sólo para los acreedores que buscan la recuperación efectiva de sus créditos, sino también para las empresas que requieren de capital de trabajo para continuar el desarrollo de sus actividades económicas y producir más riqueza, hecho que a su vez genera mayor bienestar en la         sociedad   al   incrementar   los   ingresos   provenientes   de   la recaudación tributaria y los puestos de trabajo. En este sentido, el Artículo  I  del  Título  Preliminar  de  la  Ley  General  del  Sistema Concursal consagra a la protección del crédito como uno de los objetivos del sistema concursal peruano1 .

 

 

1  LEY 27809, LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL.- Título Preliminar.- Artículo I.- Objetivos del

Sistema Concursal

El objetivo del Sistema Concursal es la permanencia de la unidad productiva, la protección del crédito y el

 

 

 

23.       El legislador consciente de que la tutela efectiva del crédito requiere de la implementación de mecanismos idóneos para la consecución de dicho objetivo, estableció como finalidad de los procedimientos concursales la creación de un espacio de negociación entre el deudor y sus acreedores de bajos costos de transacción, para propiciar la participación  de  la  colectividad  de  acreedores  en  la  toma  de decisiones referidas al destino del patrimonio del deudor2 .

 

24.       Dicha  finalidad  tiene  como  principio  rector  la  privatización  de  las decisiones empresariales, por medio del cual se transfiere a la colectividad de acreedores la facultad de adoptar las decisiones tendientes           a   maximizar   el   valor   del   negocio,   así   como   la responsabilidad de las decisiones que afectan al patrimonio y la carga del  impulso  de  los  procesos,  una  vez  instalada  la  Junta  de Acreedores.

 

25.       El régimen concursal vigente parte de la premisa de que aquellos que han resultado más afectados por la situación de crisis del deudor y, en consecuencia, se encuentran realmente interesados en el destino de su patrimonio o en la refinanciación de sus obligaciones, estén en aptitud de tomar, sin dilación y sin interferencia de autoridad alguna, las decisiones que resulten más adecuadas para la tutela efectiva de sus créditos.

 

III.2.    El principio de colectividad y la carga del impulso del procedimiento concursal

 

26.       Conforme lo ha señalado la Sala en anterior oportunidad3 , el elemento que caracteriza el incumplimiento de obligaciones del deudor una vez acaecido el concurso es precisamente el grado de afectación general que tal situación supone, es decir, la lesión producida al universo de acreedores frente a quienes el deudor mantiene créditos impagos. Estos créditos pueden tener distinto origen en función de las particularidades del negocio y de las actividades a las que está destinado  el  patrimonio  en  concurso,  por  lo  que  en  cada  caso

 

 

patrimonio de la empresa. Los agentes del mercado procurarán una asignación eficiente de sus recursos durante los procedimientos concursales orientando sus esfuerzos a conseguir el máximo valor del patrimonio en crisis.

 

2  LEY 27809, LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL.- Título Preliminar.- Artículo II.-  Finalidad de los procedimientos concursales

Los procedimientos concursales tienen por finalidad propiciar un ambiente idóneo para la negociación entre los

acreedores y el deudor sometido a concurso, que les permita llegar a un acuerdo de reestructuración o, en su defecto, a la salida ordenada del mercado, bajo reducidos costos de transacción.

 

3  Ver el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por Resolución 707-2006/TDC-INDECOPI del 29 de mayo de 2006, emitida en el Procedimiento Concursal Ordinario de Sociedad Industrial Textil S.A.

 

 

concreto las deudas comprometidas pueden derivarse en mayor o menor medida de préstamos bancarios, tributos, obligaciones laborales, contratos con proveedores, entre otros.

 

27.       Considerando esta afectación concurrente al universo de acreedores del deudor, los regímenes legales propugnan la participación del total de acreedores en los procesos concursales. Esta consideración, fundada en  el  Principio   de   Colectividad   que   rige   el   Derecho Concursal4 ,  significa  que  todos  los  acreedores  del  deudor  son llamados a participar en su juicio concursal, dado que éste es un procedimiento colectivo que no se desarrolla en beneficio de uno o determinados  acreedores,  sino  de  la  totalidad  de  ellos5 .  En  ese sentido, los procesos concursales son denominados en doctrina como la organización legal y procesal de la defensa colectiva de los acreedores, frente a la insolvencia del comerciante6 .

 

28.       Por el principio de colectividad, la totalidad de acreedores afectados con la crisis patrimonial del deudor están facultados para intervenir en las decisiones referidas al destino del patrimonio objeto de concurso y a la determinación de las nuevas condiciones y términos de pago de los créditos comprendidos en el procedimiento. Para hacer efectiva dicha participación, los acreedores tienen la carga de apersonarse al procedimiento en la oportunidad establecida por ley para tal efecto.

 

29.       La aplicación del citado principio presupone una actuación diligente de  los   acreedores   en   todas   las   etapas   del   procedimiento, considerando que el ordenamiento propugna su responsabilidad por las decisiones que adopten en el concurso, recayendo asimismo en ellos la carga de impulsar el desarrollo del proceso, de conformidad con lo establecido en los Artículos III y VII del Título Preliminar de la Ley General del Sistema Concursal7 .

 

 

4  El Principio de Colectividad tiene reconocimiento legal en el ordenamiento jurídico peruano. Este principio se encuentra desarrollado en el artículo V del Título Preliminar de la Ley General del Sistema Concursal, que señala lo siguiente: “Los procedimientos concursales buscan la participación y beneficio de la totalidad de los acreedores involucrados en la crisis del deudor. El interés colectivo de la masa de acreedores se superpone al interés individual de cobro de cada acreedor”.

 

5 FIGUEROA CASAS, Pedro. Derecho Concursal, Obra colectiva. Primera Edición, Editorial La Ley, Buenos Aires, Argentina, 2004, p.185.

 

6  BONFANTI, Mario   Alberto y GARRONE, José Alberto. Concursos y Quiebras. Tercera Edición, Segunda

Reimpresión. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1983, p. 23.

 

7  LEY 27809, LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL.- Título Preliminar.- Artículo III.- Decisión sobre el destino del deudor

La viabilidad de los deudores en el mercado es definida por los acreedores involucrados en los respectivos

procedimientos concursales, quienes asumen la responsabilidad y consecuencias de la decisión adoptada.

 

Artículo VII.- Inicio e impulso de los procedimientos concursales

Los procedimientos concursales se inician a instancia de parte interesada ante la autoridad concursal.

 

 

 

30.       La  legislación  vigente  no  solo  atribuye  a  los  acreedores  un  rol protagónico en el procedimiento concursal, sino que además les impone, precisamente en razón de dicho papel preponderante, la responsabilidad de conducir el proceso de manera diligente y célere, a fin de que el concurso pueda cumplir cabalmente su finalidad y alcanzar los objetivos perseguidos por la norma.

 

31.       Siendo  la  protección  del  crédito  el  objetivo  al  que  tiende  nuestro sistema concursal, los procedimientos de prevención y tratamiento de crisis empresariales   han   sido   estructurados   para   promover   la participación oportuna de la colectividad de acreedores a través del establecimiento de plazos perentorios y preclusivos para la realización de determinadas actuaciones, cuya inobservancia es sancionada con la pérdida o restricción de los derechos y atribuciones propias de tales sujetos, así como también mediante la intervención subsidiaria de la autoridad a fin de asumir la conducción del proceso ante la inacción de la Junta de Acreedores.

 

32.       La  tramitación  expeditiva  de  los  procedimientos  concursales  se justifica por la necesidad  de  evitar  que  el  desinterés  que  puedan demostrar        los   acreedores   por   la   marcha   del   proceso   dilate indefinidamente la duración del mismo, perjudicando con ello a la totalidad de acreedores inmersos en la crisis empresarial del deudor al     reducir   ostensiblemente   sus   posibilidades   de   cobro   como consecuencia de la depreciación que con el paso del tiempo experimentan los bienes integrantes del patrimonio del deudor.

 

33.       En última instancia, la implementación de mecanismos legales para garantizar la celeridad en la tramitación de los procedimientos busca tutelar el interés público comprometido en el concurso al incentivar conductas     responsables   por   parte   de   los   principales   agentes involucrados, orientadas a encontrar una pronta y eficaz solución a la crisis patrimonial del deudor. Así, la identificación oportuna de los medios de recomposición de las relaciones de crédito afectadas con la  cesación  de  pagos  permitirá  una  reasignación  ordenada  de recursos a través de la distribución proporcional de las ganancias y pérdidas entre los acreedores, fortaleciendo la credibilidad del sistema concursal y, con ello, el crédito.

 

III.3.   Derechos de los acreedores en el procedimiento concursal

 

 

 

El  impulso  de  los  procedimientos concursales es  de  parte.  La  intervención de  la  autoridad  concursal  es subsidiaria.

 

 

34.       La participación de los acreedores en el concurso se manifiesta a través del ejercicio de dos clases de derechos consustanciales a su calidad de principales afectados con la crisis patrimonial del deudor: derechos económicos y derechos políticos.

 

35.       El  ejercicio  de  los  derechos  económicos  de  los  acreedores  en  el procedimiento constituye el elemento medular de todo régimen concursal.      Conforme   a   lo   señalado   por   la   Sala   en   anterior oportunidad8 , la finalidad del concurso es la superación de la situación de insolvencia económica y financiera por la que atraviesa el deudor y que se traduce en la falta de pago de sus obligaciones. La obtención de dicho objetivo presupone, necesariamente, la satisfacción de los derechos de crédito afectados por la cesación colectiva de pagos, hasta donde lo permita el patrimonio del deudor concursado.

 

36.       Para promover el ejercicio efectivo de los derechos de crédito de los acreedores comprendidos en el concurso, la Ley General del Sistema Concursal ha establecido mecanismos destinados al logro de dicha finalidad. En el Procedimiento Concursal Ordinario, la citada norma permite el apersonamiento de los acreedores en cualquier etapa del proceso para obtener el reconocimiento de sus créditos y exigir el cobro de los mismos al Administrador, Liquidador o a quien ejerza la representación legal de la empresa concursada, en los términos y condiciones       previstos   en   el   instrumento   concursal   respectivo aprobado por la Junta de Acreedores. Tratándose de empresas sometidas a un proceso de reestructuración patrimonial, la Ley exige que la totalidad de las obligaciones incluidas en el procedimiento sean incorporadas al cronograma de pagos contemplado en el Plan de Reestructuración9 .

 

37.       En el Procedimiento Concursal Preventivo, si bien el apersonamiento de   los   acreedores   sólo   procede   dentro   del   plazo   legalmente establecido para tal efecto, la Ley ha establecido mecanismos para evitar la exclusión de acreedores no apersonados en su oportunidad, sancionando con nulidad todo Acuerdo Global de Refinanciación aprobado por la Junta de Acreedores que contenga información falsa por  haberse  omitido,  entre  otros  supuestos,  incluir  determinadas

 

 

 

8 Ver Resolución 707-2006/TDC-INDECOPI del 29 de mayo de 2006.

 

9 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 66.- Contenido del Plan de Reestructuración

(…)

66.3  El Plan debe contener un cronograma de pagos que comprenda, bajo sanción de nulidad, la totalidad de las obligaciones del deudor, y el modo, monto, lugar y fecha de pago de los créditos de cada acreedor. Igualmente, establecerá un régimen de provisiones de los créditos contingentes o los que no hubieren sido reconocidos y sean materia de impugnación. (…)

 

 

obligaciones comprendidas en el concurso dentro del cronograma de pagos del referido instrumento contractual10 .

 

38.       Ahora bien, el ejercicio de los derechos económicos por parte de los acreedores requiere la determinación previa de las condiciones y términos de pago de la totalidad de las obligaciones sujetas al concurso. Para ello, la Ley General del Sistema Concursal reconoce a los acreedores del deudor concursado los derechos políticos de participar en Junta mediante su intervención en las deliberaciones sobre los temas materia de agenda −derecho a voz−, así como en la votación     para   aprobar   los   acuerdos   propuestos   en   la   sesión respectiva −derecho a voto.

 

39.     A diferencia de los derechos económicos, cuyo ejercicio es irrestricto

−con las limitaciones que supone la insuficiencia del patrimonio del deudor   y   los   órdenes   de   preferencia   previstos   por   Ley−,   el

otorgamiento   de   los   derechos   políticos   está   supeditado   a   la

oportunidad en que los acreedores se apersonen al procedimiento para obtener el reconocimiento de sus créditos. El artículo 34.1 de la Ley General del Sistema Concursal establece que tienen derecho a participar con voz y voto en las reuniones de Junta los acreedores apersonados dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la situación de concurso del deudor y que hayan sido reconocidos por la autoridad concursal, en tanto que el artículo 34.3 del citado dispositivo legal señala que carecerán de tales derechos los acreedores que se apersonen con posterioridad al plazo antes indicado11 .

 

40.     En  relación  con  la  citada  norma,  la  Exposición  de  Motivos  del

Proyecto de la Ley General del Sistema Concursal señala lo siguiente:

 

(…) A lo largo del procedimiento únicamente participarán con derecho a  voz y  a  voto los acreedores cuyas solicitudes de reconocimiento de créditos fueron presentadas dentro del plazo

 

 

10 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 111.- Presentación de información falsa

De constatarse la falsedad de declaraciones efectuadas por el deudor en el curso del procedimiento, la Comisión declara la nulidad del mismo y del Acuerdo Global de Refinanciación, en caso hubiere sido aprobado. El plazo para declarar la nulidad del acuerdo prescribe al año de la aprobación del mismo.

 

11    LEY   GENERAL   DEL   SISTEMA   CONCURSAL,   Artículo   34.-   Apersonamiento   de   acreedores   al procedimiento

34.1  Tienen derecho a participar con voz y voto en la reunión de instalación de Junta y en las posteriores los

acreedores que soliciten el reconocimiento de sus créditos dentro del plazo de treinta (30) días posteriores a la fecha de publicación del aviso que informa sobre la situación de concurso, más el término de la distancia, y que hayan obtenido su reconocimiento.

(…)

34.3  Carecerán de derecho a voz y voto en las Juntas quienes obtengan el reconocimiento tardío de sus créditos. (…)

 

 

establecido en la norma. Ello con el fin de lograr que la composición de la Junta de Acreedores refleje ya no al máximo el universo de acreedores que la compone, sino que esté conformada a lo largo de todo el procedimiento, únicamente por los acreedores que se presentaron a concurso oportunamente, manteniéndose así seguridad en los acuerdos adoptados por la Junta, y reduciéndose los costos de transacción de los procedimientos, debido a que desde el inicio los acreedores van a tener conocimiento de la conformación de la Junta y, por tanto, en quienes va a recaer la toma de decisiones.

 

Sin embargo, la Ley no ha dejado de regular el supuesto de los acreedores  que  se  presenten  de  manera  tardía  o  los  que soliciten la ampliación de sus créditos fuera del plazo establecido en la norma, quienes lograrán obtener el reconocimiento de sus créditos  por  parte  de  la  autoridad  concursal,  siguiendo  el principio según el cual los efectos de los procedimientos concursales alcanzan a todos los acreedores del insolvente. De esta manera la Ley no les está recortando el derecho de obtener un pronunciamiento administrativo sobre la cuantía de sus créditos ni mucho menos de cobro sobre los mismos.”

 

41.       El fundamento del régimen adoptado por la normativa vigente radica en que el apersonamiento al concurso dentro del plazo establecido por ley tiene por finalidad que el universo de acreedores integrantes de la Junta de Acreedores esté conformado únicamente por aquellos acreedores que soliciten oportunamente el reconocimiento de sus créditos,  con  el  objeto  de  dotar  de  seguridad  a  los  acuerdos adoptados por dicho órgano, en la medida que se identifique con precisión desde el inicio de la fase concursal a los agentes que van a adoptar la decisión relativa a los términos y condiciones de pago de los pasivos.

 

42.       El cumplimiento de la finalidad antes señalada no sería posible si, con posterioridad al vencimiento del plazo de apersonamiento, otros acreedores      pudieran   incorporarse   tardíamente   a   la   Junta   de Acreedores, toda vez que tal situación impediría determinar su conformación definitiva y, por tanto, los acuerdos adoptados podrían ser revertidos de producirse una variación en la composición de dicho órgano deliberativo, por lo que los mismos carecerían de la firmeza necesaria para garantizar un óptimo desarrollo del procedimiento concursal.

 

43.       Por  tanto,  el  apersonamiento  al  procedimiento  dentro  del  plazo perentorio establecido por ley constituye una carga que recae exclusivamente en los acreedores del deudor concursado, la misma que  les  es  impuesta  a  efectos  de  que  puedan  ejercer  todos  los

 

 

derechos que les corresponde dentro del concurso. Ello, debido a que los acreedores son los principales afectados con la crisis del deudor y, en cuanto tales, son ellos quienes se encuentran en mejor posición de elegir la utilización de los mecanismos que consideren más eficientes para recuperar sus créditos.

 

44.       La  Ley  sanciona  a  los  acreedores  tardíamente  apersonados  al procedimiento impidiéndoles ejercer sus derechos a voz y voto en la Junta de Acreedores. Dicha restricción tiene por finalidad incentivar en los acreedores la observancia de un comportamiento diligente, consistente en su apersonamiento oportuno al concurso para poder participar de las decisiones concernientes al destino de la empresa y a la determinación de la forma de pago de sus créditos, de modo que si los acreedores se apersonan solicitando el reconocimiento de sus créditos luego de transcurrido el plazo previsto en el artículo 34.1 de la Ley General del Sistema Concursal, pierden definitivamente la facultad de poder ejercer sus derechos políticos.

 

45.       No debe perderse de vista que las actuaciones a cargo de las partes intervinientes                           en   el   procedimiento   concursal,   sujetas   a   plazos establecidos por Ley, se rigen por los principios de preclusión y perentoriedad, según el cual toda actuación debe ser realizada por los administrados dentro de los plazos expresamente fijados para tal efecto, careciendo de valor alguno las actividades procesales o sustantivas efectuadas con posterioridad al vencimiento de los referidos plazos, según lo dispuesto en el artículo 137.3 de la Ley General del Sistema Concursal12 .

 

46.       La  limitación  del  ejercicio  de  los  derechos  políticos  al  grupo  de acreedores oportunamente apersonados al procedimiento se enmarca dentro del conjunto de disposiciones contenidas en la Ley General del Sistema Concursal, orientadas a promover procesos concursales expeditivos y céleres que permitan identificar la solución más eficiente a la crisis patrimonial del deudor. La invariabilidad del universo de acreedores habilitados para tomar las principales decisiones al interior del concurso constituye una garantía que dota de seguridad a los acuerdos adoptados por la Junta de Acreedores, al evitar que eventuales  modificaciones  de  la  composición  puedan  revertir  los

 

 

 

12    LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 137.- Plazos máximos para la  tramitación de procedimientos concursales

(...)

137.3   Los plazos previstos en la Ley son perentorios e improrrogables. Esta disposición se aplica tanto a los plazos procesales como a aquellos que imponga el deber de ejecución de actuaciones a cualquiera de los sujetos del procedimiento concursal.

 

 

acuerdos    adoptados    con    anterioridad    y,    con    ello,    dilaten excesivamente la duración del procedimiento.

 

III.4.   El fuero de atracción de créditos y la composición de la Junta de

Acreedores en los procesos de liquidación

 

47.       El  régimen  general  sobre  conformación  de  Juntas  de  Acreedores previsto en el artículo 34 de la Ley General del Sistema Concursal contempla  una  excepción  en  caso  que  la  empresa  concursada ingrese a un proceso de liquidación. El artículo 74.6 de la citada norma establece que, en virtud del fuero de atracción de créditos que opera por el inicio del proceso de liquidación, los titulares de créditos devengados  con  posterioridad  a  la  fecha  de  publicación  de  la situación         de   concurso   del   deudor   deberán   apersonarse   al procedimiento para obtener el reconocimiento de sus créditos y poder participar en la Junta de Acreedores13 .

 

48.       De conformidad con lo dispuesto por el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por Resolución 2272-2007/TDC-INDECOPI, el fuero de atracción de créditos generado por la liquidación de la empresa concursada tiene por finalidad someter a la totalidad de obligaciones del deudor a las mismas reglas de cobro con motivo de su salida del mercado, incluyendo la deuda corriente con el objeto de garantizar un procedimiento de cobro ordenado para todos los acreedores.

 

49.      El precepto contenido en el numeral 74.6 del artículo 74 de la Ley General del Sistema Concursal es inclusivo de los créditos post – concursales originalmente no comprendidos en el procedimiento por haberse devengado con posterioridad a la publicación de la situación de concurso, así como de aquellos créditos generados desde la fecha de inicio del proceso de liquidación hasta la fecha de declaración judicial  de  quiebra  del  deudor.  Dicho  dispositivo  legal  no  abarca supuestos  distintos  a  los  anteriormente  señalados  puesto  que  los créditos  devengados  con  anterioridad  a  la  fecha  de  difusión  del concurso        ya   se   encuentran   incorporados   al   procedimiento   en aplicación de lo dispuesto en el numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley

 

 

 

13 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 74.- Acuerdo de disolución y liquidación

(...)

74.6  Conforme lo establecido en el artículo 16.3 con el acuerdo de disolución y liquidación se genera un fuero de atracción concursal de  todos  los  créditos, debiendo incluso, los  titulares de  créditos generados con posterioridad a la fecha establecida en el artículo 32º, presentar sus solicitudes de reconocimiento de créditos, para efectos de su participación en Junta y su cancelación en el procedimiento, de ser el caso. Corresponde a la Comisión emitir las resoluciones de reconocimiento posteriores a la fecha de difusión del concurso considerando para tal efecto la fecha de la reunión que acuerda la disolución y liquidación. (...)

 

 

General del Sistema Concursal14 , careciendo de sentido en este caso establecer una regulación adicional sobre la materia.

 

50.       La incorporación de los créditos post – concursales al procedimiento en virtud del fuero de atracción constituye una excepción al régimen previsto en la Ley para determinar el universo de acreedores intervinientes en el concurso, sustentada en la necesidad de incluir a aquellos acreedores titulares de créditos inicialmente excluidos del procedimiento por haberse devengado luego de la fecha de corte. Ello es     una   consecuencia   lógica   del   principio   de   colectividad   que propugna, conforme se ha indicado en párrafos anteriores, la participación de la totalidad de acreedores en el concurso.

 

51.       Se debe tener en consideración la particular situación de los titulares de créditos post – concursales, quienes quedan comprendidos en el procedimiento concursal únicamente por el sometimiento del deudor al proceso de liquidación. Por tanto, la carga de dichos acreedores de apersonarse al procedimiento para obtener el reconocimiento de sus créditos y participar en la Junta de Acreedores surge recién a partir de la declaración de liquidación de la empresa concursada, no siéndoles aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 34 de la Ley General del Sistema Concursal por tratarse de una norma que regula el plazo y efectos del apersonamiento de los titulares de créditos devengados hasta la fecha de publicación del estado de concurso de la empresa insolvente.

 

52.       Dada  la  naturaleza  excepcional  de  la  regulación  contenida  en  el numeral 74.6 del artículo 74 de la Ley General del Sistema Concursal, dicha norma solamente resulta aplicable al supuesto específico previsto en la misma, esto es, a la determinación de los derechos económicos y políticos de los titulares de créditos post – concursales incorporados al procedimiento en aplicación del fuero de atracción. Como se ha explicado en los párrafos precedentes, la asignación de tales derechos a los acreedores post – concursales se justifica por la necesidad de brindarles la posibilidad de apersonarse y participar en el proceso liquidatorio en las mismas condiciones otorgadas en su oportunidad    a   los   acreedores   de   créditos   devengados   con anterioridad a la fecha de corte, a partir del momento en que son susceptibles de ser comprendidos en el concurso.

 

 

 

 

14 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 15.- Créditos comprendidos en el concurso

Quedarán sujetas a los procedimientos concursales:

15.1  Las obligaciones del deudor originadas hasta la fecha de la publicación establecida en el artículo 32º, con la excepción prevista en el artículo 16.3. (...)

 

 

53.       La regla antes mencionada no es aplicable a los acreedores titulares de créditos generados hasta la fecha de publicación de la situación de concurso. El régimen al que se encuentran sujetos dichos acreedores

⎯tanto   los   apersonados   en   forma   oportuna   como   aquellos presentados tardíamente⎯ continúa siendo aquel regulado en el artículo 34 de la Ley General del Sistema Concursal, de modo que en un escenario de liquidación, los acreedores tardíamente apersonados al procedimiento podrán obtener el reconocimiento de sus créditos, pero seguirán impedidos de ejercer derecho alguno a voz y a voto en la Junta de Acreedores.

 

III.5.   La Directiva 001-2003/CCO de la Comisión

 

54.       Mediante Directiva 001-2003/CCO publicada el 24 de mayo de 2003 en el diario oficial “El Peruano”, la Comisión interpretó los alcances del numeral 74.6 del artículo 74 de la Ley General del Sistema Concursal determinando que en los procesos de liquidación no sólo los  acreedores  post – concursales,  sino  también  los  acreedores titulares de créditos tardíamente presentados al procedimiento, tienen derecho a participar con voz y voto en la Junta de Acreedores del deudor concursado, en los términos siguientes:

 

“ (…)

2.3         En aquellos procedimientos donde se decida la disolución y liquidación del deudor, no será de aplicación lo previsto en el punto 2.1 de la sección V de la presente Directiva. Por el contrario, los titulares de créditos tardíamente invocados ante la autoridad concursal y reconocidos por ésta, podrán participar con derecho a voz y voto en las reuniones de Junta de Acreedores conforme a lo previsto en el artículo 74.6 de la Ley       General   del   Sistema   Concursal,   siempre   que   el procedimiento permanezca en  su  vertiente  liquidatoria. En caso la Junta varíe la decisión hacia una reestructuración patrimonial, se deberá atender a lo establecido en el punto

2.1 antes citado. (…)”

 

55.      La   Comisión   sustentó   dicha   interpretación   en   las   siguientes consideraciones: (i) permitir la participación de los titulares de créditos post – concursales  con  derecho  a  voz  y  a  voto  en  la  Junta  de Acreedores en el proceso de liquidación, con exclusión de los acreedores tardíamente apersonados al procedimiento, generaría una situación de inequidad respecto de estos últimos; (ii) el numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley General del Sistema Concursal no resulta aplicable a los procesos de liquidación debido a que el fuero de atracción de créditos que opera una vez declarada la liquidación de la empresa concursada tiene por finalidad propiciar la participación de la

 

 

totalidad de acreedores afectados con la crisis patrimonial del deudor; (iii) el numeral 74.6 del artículo 74 del referido dispositivo legal señala que  “incluso”  los  titulares  de  créditos  post – concursales  deberán presentar sus solicitudes de reconocimiento de créditos para poder participar en Junta, entendiéndose dicho término en el sentido que no sólo  los  citados  acreedores,  sino  también  los  acreedores  tardíos, están facultados para ejercer en la Junta sus derechos políticos; y, (iv) el precepto contenido en el numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley General del Sistema Concursal es de naturaleza general aplicable a todos los procedimientos concursales, en tanto que el numeral 74.6 del artículo 74 de la citada Ley es uno de carácter especial previsto solo para la incorporación de créditos en procesos de liquidación.

 

56.       Esta Sala no comparte los fundamentos antes expuestos y, por el contrario,  considera  que  una  interpretación  literal,  sistemática  y finalista  del  numeral  74.6  del  artículo  74  de  la  Ley  General  del Sistema Concursal permite  concluir  que  en  los  procedimientos  de disolución y liquidación, los únicos acreedores habilitados para participar con derecho a voz y a voto en la Junta de Acreedores son, además de los titulares de créditos apersonados oportunamente al procedimiento en los términos señalados en el numeral 34.3 del artículo  34   del   citado   dispositivo   legal,   los   acreedores   post – concursales incorporados al procedimiento en virtud del fuero de atracción de créditos.

 

57.       La incorporación de los acreedores post – concursales a la Junta de Acreedores frente a la exclusión de los acreedores tardíos de dicho órgano deliberativo no supone un trato inequitativo respecto de estos últimos. Es importante tener en consideración que para otorgar un tratamiento equitativo a ambos grupos de acreedores se debe partir de  la  premisa  de  que  tanto  los  acreedores  tardíos  como  los acreedores post – concursales tienen la misma condición jurídica. Sin embargo, en lo que al ejercicio de derechos políticos respecta, la situación es distinta en uno y otro caso: mientras los acreedores tardíamente apersonados al procedimiento carecen de derechos a voz y a voto en Junta por haber perdido la oportunidad de presentarse al concurso dentro del plazo que la Ley les otorgó para realizar tal actuación, los acreedores  originalmente post – concursales quedan comprendidos en el procedimiento a partir de la declaración de liquidación de la empresa deudora, por lo que es recién desde ese momento que pueden apersonarse ante la autoridad administrativa para obtener el reconocimiento de sus créditos y participar en la Junta de Acreedores.

 

 

58.       En este punto, tampoco es admisible sostener que la participación de los acreedores tardíos se sustenta en el fuero de atracción de créditos que opera en los procesos de liquidación. Como se ha explicado en los acápites anteriores, dicha figura jurídica tiene por finalidad incorporar            al   procedimiento   aquellas   obligaciones   del   deudor inicialmente excluidas del mismo por haberse devengado luego de la difusión de la situación de concurso, con independencia de la fecha de  su  generación15 .  Por  tanto,  el  fuero  de  atracción  no  es  un instrumento diseñado para otorgar derechos políticos a aquellos acreedores ya comprendidos en el procedimiento antes de la liquidación de la empresa y que, para poder ejercer sus derechos a voz y a voto en la Junta de Acreedores, debieron cumplir con la carga de solicitar el reconocimiento de sus créditos dentro del plazo de Ley fijado para tal efecto.

 

59.       La interpretación del numeral 74.6 del artículo 74 también permite arribar a la misma conclusión expuesta en los párrafos anteriores. El término “incluso” alude únicamente a los titulares de créditos devengados luego   de   la   fecha   de   publicación   de   inicio   del procedimiento concursal, significado que se desprende de una lectura integral del artículo en mención:

 

“ (…) 74.6  Conforme lo establecido en el artículo 16.3 con el acuerdo de disolución y liquidación se genera un fuero de atracción concursal de todos los créditos, debiendo incluso, los titulares de       créditos   generados   con   posterioridad   a   la   fecha establecida en el artículo 32º, presentar sus solicitudes de reconocimiento de créditos, para efectos de su participación en Junta y su cancelación en el procedimiento, de ser el caso. (…)”

 

60.       Como se puede apreciar, la primera parte del texto citado constituye el fundamento de la regulación contenida en la referida norma, al explicar que el fuero de atracción de créditos generado por la disolución y liquidación del deudor justifica que no solamente los titulares  de  créditos  devengados  antes  de  la  publicación  de  la situación de concurso, sino incluso los acreedores titulares de créditos originados con posterioridad a dicha fecha, deben apersonarse ante la autoridad administrativa para someterse a las reglas de pago del concurso, otorgándose a los acreedores post – concursales derechos

 

 

15    LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 16.- Créditos generados con posterioridad al inicio del concurso

(…)

16.3  En los procedimientos de disolución y liquidación serán susceptibles de reconocimiento los créditos generados con posterioridad a la fecha en que se efectúa la publicación establecida en el artículo 32º.

 

 

políticos  para  participar  en  Junta  por  tratarse  de  sujetos  recién incorporados al procedimiento.

 

61.       El  numeral  74.6  del  artículo  74  de  la  Ley  General  del  Sistema Concursal no constituye una norma especial sobre determinación de la composición de acreedores habilitados para participar con voz y voto en Junta de Acreedores, en relación con las disposiciones contenidas en el artículo 34 del referido cuerpo legal, las mismas que, según lo señalado en la Directiva 001-2003/CCO, representarían la regulación general en dicha materia. Conforme a lo antes expuesto, el artículo 34 de la Ley regula el régimen de participación en Junta de los acreedores titulares de créditos devengados hasta la publicación de la situación de concurso del deudor, mientras que el numeral 74.6 del artículo 74 únicamente determina la participación en Junta de Acreedores de los titulares de créditos generados con posterioridad a la fecha antes indicada, por lo que ambas normas se refieren a supuestos distintos.

 

62.       Por el contrario, pretender extender los alcances del numeral 74.6 del artículo 74 de la Ley General del Sistema Concursal a la participación en Junta de Acreedores de los titulares de créditos tardíos, implicaría la aplicación analógica de la citada norma a dicho supuesto, lo cual está prohibido expresamente por nuestro ordenamiento jurídico en virtud de lo dispuesto en el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil, el mismo que señala que no pueden aplicarse por analogía aquellas normas que establezcan excepciones o restrictivas de derechos16 . En el presente caso, el numeral 74.6 del artículo 74 de la Ley contiene una norma excepcional que regula el apersonamiento y participación  en  Junta  de  Acreedores  de  los  titulares  de  créditos post – concursales incorporados en el procedimiento por efecto del fuero de atracción de créditos en procesos de liquidación.

 

63.       Los problemas que se generarían de otorgarse los derechos de voz y de voto a los acreedores tardíos en los procesos de liquidación se ven reflejados con mayor claridad en el supuesto que la Junta de Acreedores acuerde el cambio de destino del deudor de liquidación a reestructuración patrimonial. En este caso, la Directiva 001-2003/CCO establece que de verificarse dicho acuerdo, los acreedores tardíos volverán a perder tales derechos, procediéndose nuevamente a modificar           la   composición   de   la   Junta   de   Acreedores,   con   el consiguiente desorden e inseguridad jurídica que una situación semejante conlleva para el desarrollo del procedimiento concursal.

 

 

16    CÓDIGO CIVIL, Título Preliminar. Artículo IV.-   Aplicación Analógica de la Ley.- La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía.

 

 

 

64.       Por los fundamentos expuestos, esta Sala ratifica el criterio aplicado en anteriores oportunidades17   según el cual los acreedores titulares de créditos tardíamente apersonados al procedimiento y reconocidos por la Comisión carecen de derecho a participar con voz y voto en la Junta de   Acreedores,   incluso   en   el   supuesto   que   el   deudor concursado ingrese a un proceso de liquidación.

 

III.6.   La validez de los acuerdos adoptados el 17 de mayo de 2007 por la

Junta de Acreedores del señor Ayvar

 

65.       En la Resolución apelada, la Comisión declaró de oficio la nulidad de los  acuerdos adoptados  el  17  de  mayo  de  2007  por  la  Junta  de Acreedores     del   señor   Ayvar,   por   considerar   que   se   excluyó indebidamente de dicha sesión a la totalidad de los acreedores laborales tardíamente apersonados al procedimiento y reconocidos por la Comisión, los cuales, según lo señalado por la referida autoridad, estaban facultados para participar en la citada reunión con derecho  a  voz  y  a  voto  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la Directiva 001-2003/CCO.

 

66.       Sin  embargo,  el  análisis  efectuado  en  los  acápites  anteriores evidencia que los acuerdos adoptados en la Junta de Acreedores realizada el 17 de mayo de 2007 son válidos debido a que los acreedores laborales del señor Ayvar, tardíamente apersonados al procedimiento, carecen de derecho a voz y a voto en dicho órgano deliberativo en aplicación de lo dispuesto en el numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley General del Sistema Concursal, por lo que la exclusión de tales acreedores de la citada sesión estuvo justificada en la norma antes mencionada.

 

67.       Por tanto, corresponde inaplicar la Directiva 001-2003/CCO y, como consecuencia                            de   ello,   revocar   la   Resolución   7302-2007/CCO- INDECOPI en el extremo que anuló de oficio los acuerdos adoptados el 17 de mayo de 2007 por la Junta de Acreedores del señor Ayvar y declarar la validez de dichos acuerdos.

 

III.7.   El procedimiento sancionador iniciado contra Banco de Crédito

 

68.       En  la  Resolución  apelada,  la  Comisión  ordenó  a  su  Secretaría Técnica que evaluara la posible realización de irregularidades por parte  de  Banco  de  Crédito  al  impedir  la  participación  de  los

 

17    Ver Resolución 546-2004/TDC-INDECOPI del 30 de setiembre de 2004, emitida en el Procedimiento Concursal

Ordinario de Procacao S.A., tramitado en el Expediente 064-2002-03-04/CCO-ODI-UDP.

 

 

acreedores  laborales  del  señor  Ayvar  en  la  sesión  de  Junta  de

Acreedores del 17 de mayo de 2007.

 

69.       A    través    de    la    presente    Resolución    se    ha    revocado    el pronunciamiento de primera instancia que declaró de oficio la nulidad de los acuerdos de Junta de Acreedores del 17 de mayo de 2007, al haberse determinado que dichos acuerdos son válidos porque la exclusión        de    los    acreedores    tardíamente    apersonados    al procedimiento  se  justificó  en  la  aplicación  del  numeral  34.3  del artículo 34 de la Ley General del Sistema Concursal. Por tanto, habiéndose verificado que la actuación de Banco de Crédito como Presidente del referido órgano deliberativo en la citada reunión estuvo arreglada a ley, corresponde revocar la Resolución apelada en este extremo.

 

III.8.   El pedido de suspensión del procedimiento formulado por Banco de

Crédito

 

70.       En relación con el pedido de suspensión del Procedimiento Concursal Ordinario del señor Ayvar formulado por Banco de Crédito, se debe señalar que habiéndose emitido pronunciamiento de fondo respecto del asunto materia de apelación, carece de objeto pronunciarse sobre dicho pedido.

 

III.9.   Interpretación de los alcances del numeral 74.6 del artículo 74 de la

Ley General del Sistema Concursal

 

71.       Atendiendo a que mediante el presente acto administrativo la Sala ha interpretado de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, corresponde declarar que constituye Precedente de Observancia Obligatoria la interpretación de los alcances del numeral

74.6 del artículo 74 de la Ley General del Sistema Concursal, en los términos siguientes:

 

“ De conformidad con lo dispuesto en el numeral 74.6 del artículo 74 de la Ley General del Sistema Concursal, en virtud del fuero de atracción de créditos en procesos de liquidación, los acreedores titulares de créditos devengados con posterioridad a la fecha de publicación de la situación de concurso del deudor quedan facultados para apersonarse al procedimiento a  fin de obtener el reconocimiento de sus créditos y poder participar con derecho a voz y a voto en la Junta de Acreedores, a partir de la fecha en que se acuerde o declare la liquidación del deudor, según sea el caso.

 

Dicho régimen no comprende a los acreedores titulares de créditos devengados con anterioridad a la fecha de publicación a que se refiere

 

 

el artículo 32 de la Ley General del Sistema Concursal, quienes continuarán sujetos, incluso en los procesos de liquidación, a la regulación sobre participación en Junta de Acreedores prevista en el artículo 34 del citado dispositivo legal.”

 

III.10. Publicación de la presente Resolución

 

72.       En   aplicación   del   artículo   43   del   Decreto   Legislativo   80721      y atendiendo a que la presente Resolución interpreta de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, corresponde declarar  que   ésta   constituye   un   Precedente   de   Observancia Obligatoria en la aplicación del principio que se enuncia en la parte resolutiva.   Adicionalmente,   corresponde   oficiar   al   Directorio   del INDECOPI para que ordene la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

 

IV.    RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

PRIMERO: revocar en todos sus extremos la Resolución 7302-2007/CCO- INDECOPI del 2 de julio de 2007, que declaró de oficio la nulidad de los acuerdos adoptados el 17 de mayo de 2007 por la Junta de Acreedores del señor Raúl Ayvar Cevallos. En consecuencia, se declara la validez de dichos acuerdos.

 

SEGUNDO: carece de objeto emitir pronunciamiento respecto del pedido de suspensión del Procedimiento Concursal Ordinario del señor Raúl Ayvar Cevallos formulado por Banco de Crédito del Perú.

 

TERCERO: aprobar como Precedente de Observancia Obligatoria el criterio de interpretación que se enuncia a continuación:

 

“ De conformidad con lo dispuesto en el numeral 74.6 del artículo 74 de la Ley General del Sistema Concursal, en virtud del fuero de atracción de créditos en procesos de liquidación, los acreedores titulares de créditos devengados con posterioridad a la fecha de publicación de la situación de concurso del deudor  quedan  facultados  para  apersonarse  al  procedimiento  a  fin  de obtener el reconocimiento de sus créditos y poder participar con derecho a

 

 

 

21DECRETO LEGISLATIVO 807, Artículo 43.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo  expreso  y  con  carácter  general el  sentido de  la  legislación constituirán precedente de  observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuere el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

El Directorio del Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el diario oficial El Peruano cuando lo considere necesario por tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores.

 

 

voz y a voto en la Junta de Acreedores, a partir de la fecha en que se acuerde o declare la liquidación del deudor, según sea el caso.

 

Dicho régimen no comprende a los acreedores titulares de créditos devengados con anterioridad a la fecha de publicación a que se refiere el artículo 32 de la Ley General del Sistema Concursal, quienes continuarán sujetos, incluso en los procesos de liquidación, a la regulación sobre participación en Junta de Acreedores prevista en el artículo 34 del citado dispositivo legal.”

 

CUARTO: oficiar al Directorio del INDECOPI para que disponga la publicación de la presente Resolución en aplicación de lo establecido en el artículo 43 del Decreto Legislativo 807.

 

Con la intervención de los señores vocales Rosa María Graciela Ortiz Origgi, Juan Ángel Candela Gómez de la Torre, Luis José Diez Canseco Núñez y Camilo Nicanor Carrillo Gómez.

 

 

 

 

 

 

 

ROSA MARÍA GRACIELA ORTIZ ORIGGI Presidenta

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