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RECONOCIMIENTO DE CREDITOS COSA JUZGADA FRAUDULENTA CREDITOS GARANTIZADOS EXISTENCIA DE LOS CREDITOS ORIGEN DE LOS CREDITOS VINCULACION ECONOMICA FACULTADES DE INVESTIGACION PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA ACTIVIDAD : HOTELES Y

 

EXPEDIENTE Nº 279-1998-012/CSM-ODI-CAL

 

PROCEDENCIA   :       COMISION DE REESTRUCTURACION PATRIMONIAL DE LA OFICINA DESCENTRALIZADA DEL INDECOPI EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LIMA (LA COMISION)

ACREEDOR          :       ROXANA    MILAGROS    WOOLCOTT    PERALES    (LA SEÑORA WOOLCOTT)

DEUDOR               :       COMPAÑIA DE SERVICIOS TURISTICOS CESAR’S S.A. (CESAR’S)

IMPUGNANTES   :       GREGORIO DOLFER DIAZ DAVILA (EL SEÑOR DIAZ) CARLOS  ALBERTO  ESQUIVEL  VELARDE  (EL  SEÑOR ESQUIVEL)

MATERIA               :       DERECHO CONCURSAL RECONOCIMIENTO DE CREDITOS COSA JUZGADA FRAUDULENTA CREDITOS GARANTIZADOS EXISTENCIA DE LOS CREDITOS ORIGEN DE LOS CREDITOS VINCULACION ECONOMICA FACULTADES DE INVESTIGACION

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA

ACTIVIDAD          :       HOTELES Y RESTAURANTES

 

SUMILLA:  se  declara  nula  la  Resolución  N° 1847-2000/CRP-ODI-CAMARA emitida por la Comisión de Reestructuración Patrimonial de la Oficina Descentralizada del INDECOPI en la Cámara de Comercio de Lima el 1 de junio de 2000, que reconoció los créditos invocados por la señora Roxana Milagros Woolcott Perales frente a Compañía de Servicios Turísticos Cesar’s S.A. ascendentes a US$ 9 571 050,00 por concepto de capital y les otorgó a dichos créditos el tercer orden de preferencia.

 

Ello, en atención a que la Comisión debió, antes de emitir pronunciamiento sobre el reconocimiento de los créditos, plantear una demanda para que el Poder Judicial determine la posible existencia de un supuesto de nulidad de cosa juzgada en la sentencia judicial que fue presentada como sustento de la existencia de los créditos invocados, en cumplimiento de lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria de la Ley de Reestructuración Patrimonial que establece que la Comisión está facultada para iniciar un proceso judicial por la vía de nulidad de cosa juzgada, cuando existan elementos de juicio suficientes o nuevas pruebas que generen  dudas acerca de la existencia y origen de los créditos reconocidos en la resolución judicial presentada   como   sustento   de   un   crédito   en   cualquier   etapa   del procedimiento.

 

La citada disposición protege así los intereses de los demás acreedores, quienes han quedado en indefensión en el proceso que concluyó con la

 

M-SDC-02/1A

 

 

Resolución Nº 5 expedida por el Trigésimo Octavo Juzgado Corporativo Civil de Lima el 17 de marzo de 2000.

 

Esta Sala considera que existen indicios suficientes para presumir que el proceso judicial referido ha sido utilizado indebidamente para obtener un reconocimiento de los créditos invocados en sede judicial que luego pudiera ser reconocido también en sede administrativa. En este sentido, la actuación de la señora Woolcott al acudir al Poder Judicial para lograr la ejecución de una garantía hipotecaria, aún sabiendo que el remate del bien ejecutado no iba a ser posible, constituye un elemento de juicio importante que apunta en el sentido de que la solicitante utilizó al Poder Judicial para lograr el reconocimiento del crédito que le había sido denegado por la autoridad concursal hasta en tres oportunidades.

 

La afirmación que antecede se sustenta en el hecho de que la solicitante no ha entregado ningún documento que demuestre el origen de los créditos invocados,  ascendentes  a  US$ 9 571 050,00,  a  pesar  de  las  reiteradas solicitudes efectuadas por la Comisión y por esta Sala en ese sentido. En consecuencias, no ha podido probar que su padre, quien le cedió el crédito, o ella misma en su condición de avalista, hubiera cancelado la obligación contraída por el gestor de la insolvente, el señor Luis León Rupp, frente al Independent Bank & Trust Co. de Nassau ni que hubiera recibido del indicado banco la cesión de dicho crédito.

 

En el proceso judicial en cuestión, por la naturaleza del mismo, el juez no pudo analizar el origen del crédito, sino que debió limitarse a tomar en consideración la anuencia de Cesar´s frente al requerimiento y la inacción de la misma al no plantear los medios de defensa pertinentes ni ejercitar los medios impugnatorios que la ley le concedía. Estando acreditada la vinculación de la insolvente con la solicitante del reconocimiento de créditos, por propio reconocimiento de esta última, se deduce que el objeto de dicho pronunciamiento  judicial  no  ha  sido  otro  que  el  de  conseguir  por  la  vía judicial el reconocimiento del crédito denegado en la vía administrativa, lo cual sería legítimo por la vía de la acción contencioso administrativa, donde sí se tomarían en cuenta los derechos de los demás acreedores, mas no por la vía de la ejecución de garantía hipotecaria que los deja en indefensión.

 

Sin embargo, con el objeto de evitar que los eventuales derechos de la solicitante pudieran verse perjudicados durante el desarrollo del procedimiento judicial de cosa juzgada, se dispone que, provisionalmente, el crédito quede registrado como contingente una vez que se interponga la demanda judicial correspondiente.

 

Finalmente,  se  aprueba  como  precedente  de  observancia  obligatoria  el criterio por el cual se determina que, cuando se disponga la interposición de

 

 

una demanda de nulidad de cosa juzgada, en virtud de lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria de la Ley de Reestructuración Patrimonial, la autoridad concursal deberá registrar como contingentes los créditos invocados por el solicitante que sean objeto de cuestionamiento en la vía judicial.

 

 

 

Lima, 23 de agosto de 2000

 

 

 

l           ANTECEDENTES

 

El 27 de abril de 1999, la señora Woolcott presentó a la Comisión su primer pedido para el reconocimiento tardío de los créditos que alegó mantener frente a Cesar’s1, ascendentes a US$ 4 160 000,00 por concepto de capital y US$ 5 792 285,00 por concepto de intereses. Según la solicitante dichos créditos se derivaban de un contrato de cesión de derechos celebrado el 10 de agosto de 1983 con el Independent Bank & Trust Co. de Nassau. El pedido fue tramitado bajo el expediente Nº 279-1998-008/CSM-ODI-CAL. Para sustentar sus afirmaciones, la señora Woolcott ofreció, entre otros, los siguientes documentos:

 

•    Copia de la escritura pública de aclaración de hipoteca y de cesión de acreedor hipotecario del 15 de agosto de 1983, otorgada por Cesar’s a favor de su padre, el señor Luis Woolcott Fernández, con la intervención de la propia señora Woolcott.

 

•    Copia del acuerdo privado de reconocimiento de deuda celebrado el 10 de enero de 1998 entre la insolvente y la solicitante, en cuyas cláusulas segunda y tercera Cesar’s reconoció adeudarle a esta última la suma de US$ 4 160 000,00 por capital e intereses y en señal de lo cual aceptaba una letra de cambio a la vista por la suma de US$ 9 571 050,00. Cabe señalar que ni el contrato ni la letra de cambio indicadas fueron presentados por la solicitante.

 

En el curso del procedimiento, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a la señora Woolcott para que presentara copia del contrato de cesión de derechos celebrado con el Independent Bank & Trust Co. de Nassau. El 3 de mayo de 1999, la señora Woolcott solicitó un plazo adicional de cinco días para presentar el referido contrato y satisfacer el requerimiento. Sin embargo, dicho requerimiento no fue atendido dentro del plazo concedido motivo por el cual, mediante Resolución Nº 1017-1999/CSM-ODI-CAMARA del 14 de mayo de 1999, la Comisión declaró infundada  la  solicitud  de  reconocimiento  de  créditos  presentada.  La  señora Woolcott no presentó ningún recurso impugnatorio contra dicha resolución.

 

 

1  Mediante Resolución N° 002-1998/CSM-ODI-CAL de fecha 2 de julio de 1998, la Comisión declaró la insolvencia de

Cesar’s, convocando a sus acreedores para que reunidos en junta adopten una decisión sobre el destino de la empresa.

 

 

 

Posteriormente, el 25 de mayo de 1999, la señora Woolcott solicitó por segunda vez el reconocimiento tardío de los créditos ascendentes a US$ 9 571 050,00 por concepto de capital, más los intereses y los gastos correspondientes que alegó mantener frente a Cesar’s. En dicha oportunidad, la señora Woolcott señaló que sus créditos se encontraban representados en una letra de cambio y que se habían originado en el contrato de cesión de derechos celebrado el 15 de agosto de 1983, en virtud del cual su padre le cedió los créditos hipotecarios que originalmente él mantenía frente a Cesar’s.

 

Según señaló la solicitante, la referida hipoteca se constituyó como una contragarantía a favor del padre de la señora Woolcott por haber intervenido como avalista en el mutuo otorgado a Cesar’s por el Independent Bank & Trust Co. de Nassau. En este caso el pedido fue tramitado bajo el Expediente Nº 279-1998-

010/CSM-ODI-CAL. Cabe señalar que dicha hipoteca se constituyó frente a la eventual ejecución y pago de la operación de crédito garantizada por el señor Luis Woolcott Fernández, que comprendía la cobertura de dicha operación, así como todas sus renovaciones, hasta su total cancelación.

 

Asimismo,  la  señora  Woolcott  presentó  una  letra  de  cambio  por  la  suma  de US$ 9 571 050,00, aceptada por la insolvente, la misma que, según lo manifestado por la solicitante, se encontraba respaldada en el acuerdo privado de reconocimiento de deuda celebrado el 10 de enero de 1998 antes mencionado. Es pertinente resaltar que dicha letra de cambio fue ofrecida pero no presentada en la primera solicitud de reconocimiento de créditos de la solicitante.

 

Mediante Resolución N° 1169-1999/CSM-ODI-CAMARA del 4 de junio de 1999, la Comisión declaró infundado el nuevo pedido de la señora Woolcott, toda vez que la letra de cambio presentada como sustento de la existencia de los créditos no había sido protestada en el plazo establecido en la ley para tal efecto, motivo por el cual el título valor había perdido mérito ejecutivo y no podía ser considerado como sustento para el reconocimiento de los créditos invocados. Asimismo, en su pronunciamiento la Comisión tuvo en consideración la diferencia de montos que existía entre la letra presentada y el monto establecido convencionalmente en el documento de reconocimiento de créditos suscrito por el deudor en el curso del procedimiento. La referida inconsistencia contribuía a desvirtuar la existencia y cuantía de los créditos invocados.

 

El  14  de  junio  de  1999,  la  señora  Woolcott  apeló  de  la  resolución  antes mencionada dando lugar al trámite correspondiente en segunda instancia.   Al formular su apelación la recurrente acompañó la escritura pública de una transacción extrajudicial que había celebrado con la insolvente. De la documentación que obra en el expediente debe resaltarse que la escritura pública de la transacción judicial está fechada el 11 de junio de 1999, esto es, tres días

 

 

hábiles después de haber sido notificada la resolución impugnada y un día hábil antes del vencimiento del plazo para impugnar.

 

El 15 de octubre de 1999, mediante Resolución Nº 0353-1999/TDC-INDECOPI, la Sala confirmó la resolución apelada. En su pronunciamiento, la Sala no se limitó a la evaluación formal de los documentos presentados sino que analizó el origen del crédito a efectos de constatar su existencia, luego de lo cual, señaló que la solicitante  no  había  acreditado  que  su  padre  o  ella  hubieran  entregado  suma alguna de dinero a la insolvente o a la entidad financiera titular de la obligación contraida  por  Cesar’s,  respecto  de  la  cual  su  padre  había  intervenido  como garante. La Sala efectuó dicha evaluación en virtud a la declaración de la señora Woolcott en el sentido de mantener una relación sentimental con uno de los accionistas de la insolvente, lo que determinaba la existencia de vinculación con la deudora;  y  porque  consideró  que  no  habiéndose  acreditado  la  existencia  del crédito no correspondía su reconocimiento.

 

El 8 de noviembre de 1999 el INDECOPI fue notificado con la demanda de amparo interpuesta por la señora Woolcott contra la Comisión y contra esta Sala, en la que la accionante pretendía lo siguiente:

 

(i)           que se dejen sin efecto las resoluciones números 1169-1999/CSM-ODI- CAMARA y 0353-1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el procedimiento de reconocimiento de créditos de la señora Woolcott por la Comisión y por esta Sala, respectivamente;

 

(ii)          que se ordene a la Comisión que se le reconozca como acreedora de Cesar’s                 por   lo   créditos   invocados   en   su   segunda   solicitud   de reconocimiento de créditos; y

 

(iii)         que se suspenda toda acción que conlleve a una nueva convocatoria a junta de acreedores.

 

Mediante  Resolución  Nº 5  del  17  de  diciembre  de  1999,  el  Primer  Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público declaró improcedente la demanda interpuesta por la señora Woolcott en el extremo que solicitó que se le reconociera como acreedora de Cesar’s para efectos del procedimiento de insolvencia de dicha empresa; y fundada la demanda en lo demás que contenía, por lo que ordenó dejar sin efectos las resoluciones de la Comisión y de la Sala.

 

La Resolución Nº 5 antes mencionada fue apelada por el INDECOPI y, en segunda instancia, la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público, mediante  resolución  del  28  de  junio  de  2000,  la  revocó  en  cuanto  declaraba fundada la demanda de nulidad de las resoluciones de la Comisión y de la Sala; y reformándola la declaró improcedente. Por otro lado, se confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto declaró improcedente el reconocimiento de crédito pretendido por la señora Woolcott.

 

 

 

El 3 de abril de 2000, la señora Woolcott solicitó por tercera vez a la Comisión el reconocimiento tardío de los créditos que alegaba mantener frente a Cesar’s, ascendentes a US$ 9 571 050,00 por concepto de capital, más los intereses y gastos correspondientes. Este tercer pedido es el que ha dado lugar al trámite del expediente que la Sala conoce en esta oportunidad.

 

En esta ocasión, al formular su pedido, la señora Woolcott declaró que mantenía una relación personal con uno de los directores de Cesar’s configurando ello el supuesto de vinculación contemplado en el artículo 5 de la Ley de Reestructuración Patrimonial. Esta vez, la solicitante sustentó su pedido en la existencia de una resolución judicial y para acreditar la existencia de la misma presentó los siguientes documentos:

 

(i)           copia  de  la  Resolución  Nº 5  emitida  por  el  Trigésimo  Octavo  Juzgado Corporativo Civil de Lima el 17 de marzo de 2000, que determinó la existencia del la deuda y ordenó el remate del inmueble de la deudora sobre el cual la señora Woolcott mantenía inscrita una garantía hipotecaria;

 

(ii)          copia de la Resolución Nº 6 emitida por el mismo juzgado el 31 de marzo de 2000, que declaró consentida la resolución anterior2.

 

El 18 y el 25 de abril de 2000, respectivamente, el señor Díaz y el señor Esquivel, acreedores reconocidos de Cesar’s que habían tomado conocimiento de la existencia del nuevo pedido de la señora Woolcott, se opusieron al pedido formulado, alegando que dicha solicitud se sustentaba en una resolución judicial originada en actos simulados. Los mencionados acreedores solicitaron a la Comisión que iniciara un proceso judicial orientado a que se declare la nulidad del proceso que dio origen a la resolución presentada como sustento de la existencia de los créditos invocados. Asimismo, el 2 de mayo de 2000, el representante de los créditos tributarios, señor Edmundo Pérez Buenaño, se adhirió al pedido de los señores Díaz y Esquivel.

 

Mediante Resolución Nº 1847-2000/CRP-ODI-CAMARA del 1 de junio de 2000, la Comisión denegó el pedido de los señores Díaz y Esquivel y del representante de los créditos tributarios y sobre la base de la existencia de un pronunciamiento

 

2  En cumplimiento de lo solicitado por la Comisión mediante Resolución Nº 1414-2000/CRP-ODI-CAMARA del 2 de mayo de

2000, la señora Woolcott presentó, además, los siguientes documentos:

•     copia de la Resolución Nº 1 del 20 de diciembre de 1999 emitida por el Trigésimo Octavo Juzgado Corporativo Civil de Lima, mediante la cual se admitió a trámite la demanda interpuesta por la señora Woolcott y, en consecuencia, se ordena a Cesar’s que cumpla con pagar el monto requerido, bajo apercibimiento de proceder al remate del bien en garantía;

•     copia del escrito presentado por Cesar’s ante el juzgado antes señalado, mediante el cual, si bien reconoció la deuda con la señora Woolcott, solicitó que se declare improcedente el pedido de la ejecutante, toda vez que había sido declarada insolvente por la Comisión;

•     copia de la Resolución Nº 3 emitida por el Trigésimo Octavo Juzgado Corporativo Civil de Lima el 24 de enero de 2000, mediante la cual se tuvo a Cesar’s por apersonada a la instancia;

•     copia de la Resolución Nº 4 emitida por el Trigésimo Octavo Juzgado Corporativo Civil de Lima el 3 de marzo de 2000, mediante la cual se declaró improcedente el pedido de suspensión del proceso presentado por Cesar’s.

 

 

judicial consentido, reconoció los créditos que la señora Woolcott había alegado mantener  frente  a  Cesar’s  ascendentes  a  US$ 9 571 050,00  por  concepto  de capital, otorgándole a dichos créditos el tercer orden de preferencia.

 

El 22 de junio de 2000, en forma conjunta, los señores Díaz y Esquivel apelaron de la mencionada Resolución. En su apelación, los acreedores alegaron que la señora Woolcott había acudido al Poder Judicial para lograr finalmente lo que no había podido conseguir en la vía administrativa, esto es, el reconocimiento de créditos inexistentes. Los apelantes también precisaron que, ante la negativa de reconocimiento de los créditos invocados en ambas instancias del INDECOPI, la señora Woolcott debió haber iniciado una acción contencioso administrativa y cuestionar judicialmente lo resuelto en sede administrativa.

 

Asimismo, los apelantes señalaron que la Comisión tampoco había tomado en consideración que en el proceso judicial en referencia, Cesar’s había realizado un acto oneroso al reconocer la existencia de la deuda y que dicho acto no se refería al desarrollo normal de sus actividades por lo que, dada su condición de insolvente, era nulo tal como lo prescribía el inciso 3 del artículo 19 de la Ley de Reestructuración Patrimonial.

 

Los apelantes agregaron también que la obligación derivada de las obligaciones que dieron origen a la acción judicial, y de la hipoteca que había sido requerida en ejecución judicial, se encontraban  prescritas  al  momento  de  solicitar  el  primer reconocimiento de créditos. En ese sentido, los apelantes destacaron el hecho que en el proceso judicial Cesar’s había efectuado una renuncia a la alegación de prescripción  de  la  deuda  y  por  el  contrario,  no  había  tenido  problemas  en reconocer su existencia y la validez de la hipoteca, situación que afectaba seriamente los intereses de los demás acreedores, en especial los de aquéllos que gozaban  del  tercer  orden  de  preferencia  y  de  los  tributarios,  quienes,  de confirmarse la resolución apelada, no recuperarían sus créditos en el proceso concursal.

 

El 21 y el 27 de julio de 2000, Cesar´s y la señora Woolcott, respectivamente, absolvieron el traslado de la apelación negándola en todos sus extremos y reiterando las afirmaciones vertidas a lo largo del procedimiento. Los emplazados sostuvieron, entre otros argumentos, lo siguiente:

 

(i)           la resolución apelada se había sustentado en un pronunciamiento judicial que no podía ser desconocido por la autoridad concursal;

 

(ii)          la autoridad judicial fue informada de la existencia de un procedimiento de insolvencia y la actuación de Cesar’s únicamente se había limitado a reconocer la existencia de una relación jurídico obligacional sustantiva anterior  al  inicio  de  dicho  procedimiento  por  lo  que  no  podía  ser considerada nula; y

 

 

(iii)         la apelación presentada contenía una serie de omisiones formales que debieron haber dado lugar a su denegatoria;

 

El 18 de agosto de 2000 se llevó a cabo el informe oral solicitado por la señora

Woolcott con la asistencia de todas las partes involucradas.

 

 

 

Il          CUESTIONES EN DISCUSION

 

De los antecedentes expuestos y del análisis efectuado en el presente caso, las cuestiones en discusión consisten en determinar lo siguiente:

 

(i)           si existen elementos de juicio suficientes que den mérito a que la Sala disponga el inicio de un procedimiento judicial orientado a que se declare la nulidad de la cosa juzgada de la resolución emitida por el Trigésimo Octavo Juzgado Corporativo Civil de Lima, la misma que dio sustento al reconocimiento de los créditos de la señora Woolcott en primera instancia;

 

(ii)          si,  de  ser  el  caso,  corresponde  declarar  la  nulidad  de  la  Resolución Nº 1847-2000/CRP-ODI-CAMARA  que  reconoció  los  créditos  invocados por la señora Woolcott; y,

 

(iii)       si,  de  ser  el  caso,  corresponde  registrar  los  referidos  créditos  como contingentes, a la espera del resultado que pudiera obtenerse en el proceso judicial.

 

 

 

III         ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSION

 

III.1      La Novena Disposición Complementaria de la Ley de Reestructuración

Patrimonial

 

Los procedimientos concursales y, en particular, los destinados al  reconocimiento de créditos, tienen por finalidad que tanto acreedores como deudores vean adecuadamente protegidos sus derechos. En tal sentido, es fundamental desde el punto de vista del acreedor que, luego de efectuada la evaluación correspondiente, pueda participar en la junta de acreedores con el íntegro de los créditos que efectivamente le adeuda la empresa insolvente. Ello, a fin de ejercer su derecho de voto y luego conseguir el pago de los créditos en la forma y oportunidad que dicha junta acuerde. En el caso de la empresa insolvente, la veracidad en el reconocimiento de los créditos es una garantía del derecho de que decidan su destino quienes sean efectivamente los acreedores.

 

Asimismo, existe un derecho colectivo que beneficia a todos los intervinientes en el procedimiento  concursal  y  que  la  autoridad  administrativa  debe  garantizar

 

 

necesariamente, que consiste en que la masa concursal responda efectivamente a la realidad de los créditos comprometidos y por tanto, que no se reconozcan créditos inexistentes o excesivos. De afectarse esta garantía, se estarían vulnerando los derechos de todos los acreedores que intervienen de buena fe en el concurso, con créditos debidamente reconocidos, quienes verían diluida su participación en la junta y reducido ilegítimamente su derecho a voto. Asimismo, esta  situación  afectaría  la  posibilidad  de  que  dichos  acreedores  cobren  sus créditos, en especial, cuando el crédito inadecuadamente reconocido en beneficio de un acreedor inexistente, gozara además de algún tipo de privilegio o prioridad de acuerdo a Ley, como sucedería en el caso de contar con una garantía hipotecaria.

 

Esta característica diferencia a los procedimientos concursales de los procesos de ejecución de acreencias en la vía judicial. Por ejemplo, en un proceso de ejecución judicial, el Juez no evalúa la posibilidad de que, al pronunciarse sobre la existencia de una acreencia frente a un deudor determinado que, además, tenga la condición de insolvente y una junta de acreedores instalada, esté reduciendo o afectando los derechos de los otros acreedores.

 

En efecto, la posibilidad de que el Juez contemple las consecuencias de su pronunciamiento en relación con sujetos extraños a la relación jurídica procesal sólo es posible en casos excepcionales expresamente previstos por la legislación3. Tal condición del proceso común es una consecuencia del hecho que las partes son sólo el acreedor y el deudor.

 

En un contexto como el descrito, si el deudor se allana a la pretensión o reconoce la deuda, o simplemente no se apersona al procedimiento, o no ejerce los medios impugnatorios que la Ley le concede, el perjuicio de tales acciones recae directa y únicamente   en   su   patrimonio,   y   no   en   el   de   terceros.   En   cambio,   los procedimientos concursales se sustentan en la premisa de que la situación patrimonial  del  deudor  no  le  permite  a  éste  afrontar  la  totalidad  de  sus obligaciones, lo que da lugar a la generación de un sistema colectivo de cobro con la participación de todos los acreedores reconocidos. Este sistema debe garantizar a todos los acreedores, sin excepción, la posibilidad de participar en el procedimiento, motivo por el cual, los créditos que se reconozcan indebidamente a uno de ellos, perjudican a todos los demás y no sólo al deudor.

 

La  diferencia  señalada  es  fundamental  para  entender  los  mecanismos  de protección a la idoneidad del sistema que la Ley de Reestructuración Patrimonial ha creado, especialmente, para tutelar el derecho no sólo del acreedor solicitante y del deudor, sino el de todos los demás acreedores. En tal sentido, el artículo 23 de

 

 

 

 

3  Tales serían, por ejemplo, los casos de las tercerías contempladas en los artículos 533 y siguientes del Código Procesal

Civil; o aquéllos de la acción pauliana, contemplada en los artículos 195 y siguientes del Código Civil.

 

 

la Ley de Reestructuración Patrimonial4, otorga al INDECOPI y a sus órganos funcionales las facultades necesarias para realizar el análisis de los créditos que les son sometidos a reconocimiento, investigando su origen, legitimidad y cuantía por todos los medios.

 

La facultad del INDECOPI para investigar el origen de los créditos invocados más allá del documento que los pudiera representar responde a la constatación de que cuando la Comisión se pronuncia sobre un pedido de insolvencia formulado por acreedores o un pedido de reconocimiento de créditos para ser incorporados en la junta de acreedores, dicho pronunciamiento trasciende la esfera de los intereses del acreedor y del deudor involucrados, y afecta los intereses de los demás acreedores que pudieran formar parte del procedimiento, tal como se ha analizado anteriormente.

 

Atendiendo  a  lo  antes   mencionado,   mediante   Resolución   Nº   079-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de marzo de 1997, la Sala dictó un precedente de carácter obligatorio, en ejercicio de la facultad concedida por el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 8075, en el que dispuso lo siguiente:

 

"Para efectos de la verificación a cargo de la autoridad administrativa, los acreedores podrán presentar la documentación que sustente los créditos invocados que consideren pertinente.

 

Sin embargo, cuando a  criterio de la  mencionada autoridad la documentación presentada  no  resulte  suficiente,  o  cuando  existan  elementos  que  le  hagan presumir una posible simulación de obligaciones, o cuando se detecte la posible existencia de vinculación entre la deudora y su acreedor, se debe verificar, necesariamente, el origen del crédito, investigando su existencia por todos los medios.

 

Cuando el crédito invocado está incorporado en una letra de cambio o cualquier otro título valor, resulta apropiado reconocer el crédito en mérito a la literalidad del título, en aplicación de los principios de simplicidad, celeridad y economía de los procedimientos administrativos.

 

 

 

 

4  TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DE REESTRUCTURACION PATRIMONIAL, Artículo 23.- Reconocimiento de créditos.- La Comisión o quien haga sus veces realizará el análisis de los créditos presentados para su reconocimiento, investigando su origen, legitimidad y cuantía por todos los medios, luego de lo cual expedirá las respectivas resoluciones que deberán ser notificadas al acreedor correspondiente y al insolvente.

 

5  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807, Artículo 43.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con  carácter general el  sentido de  la  legislación constituirán precedente de  observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

El Directorio de INDECOPI, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el diario oficial “El Peruano” cuando lo considere necesario por tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o porque son de importancia para proteger los derechos de los consumidores.

 

 

Pero, al igual que el criterio general, si la autoridad administrativa presume la posible existencia de una vinculación entre las partes o tiene elementos de juicio que le haga suponer una simulación del crédito, debe necesariamente investigar la relación causal, es decir, el origen del crédito, para determinar su legitimidad.

 

En este caso, el reconocimiento de la obligación por parte de la empresa deudora no eximirá a la autoridad administrativa de su deber de verificación.”

 

El pronunciamiento se emitió en el procedimiento de declaración de insolvencia de Compañía Industrial Oleaginosa S.A. – CINOLSA, iniciado por su acreedor Transur S.A., al haberse verificado que existía vinculación económica entre acreedor y deudor y, asimismo, por haberse demostrado que la letra de cambio presentada como sustento de los créditos invocados contenía un crédito que fue simulado con el único objeto de obtener una declaración de insolvencia fraudulenta y, de esa forma, evitar ilícitamente la acción de cobro de los acreedores.

 

En tal ocasión, la Sala declaró nula la resolución por la que se había identificado la condición de insolvencia de Compañía Industrial Oleaginosa S.A. - CINOLSA y se dispuso remitir copia de lo actuado al Ministerio Público a fin de que éste evaluara la posible existencia de responsabilidad penal en los autores de los actos que se verificaron en el expediente6.

 

El caso referido permitió detectar la posibilidad de que acreedores y deudores simulen créditos para obtener una declaración de insolvencia fraudulenta o para lograr posición favorable en la junta de acreedores, perjudicando con ello seriamente a los demás acreedores. Por ello, la difusión de dicho precedente permitió fortalecer la credibilidad en el sistema de reestructuración patrimonial, generando conciencia entre los usuarios del sistema sobre los serios riesgos que asumía quien intentara utilizar fraudulentamente la ley para, simulando créditos, obtener un beneficio ilícito.

 

 

6  Casos como el reseñado justificaron que, mediante la Octava Disposición Final de la Ley Nº 27146, el artículo 209 del

Código Penal fuera modificado en los siguientes términos:

“Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis e inhabilitación de tres a cinco años, conforme al artículo 36 incisos 2) y 4), el deudor, la persona que actúa en su nombre, el administrador o el liquidador, que en un procedimiento de insolvencia, procedimiento simplificado o concurso preventivo, realizara, en perjuicio de   los acreedores, alguna de las siguientes conductas:

1.     Ocultamiento de bienes.

2.     Simulación, adquisición o realización de deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas.

3.     Realización de actos de disposición patrimonial o generador de obligaciones, destinados a pagar a uno o varios acreedores, preferentes o no, posponiendo el pago de acreedores. Si ha existido connivencia con el acreedor beneficiado, éste o la persona que haya actuado en su nombre, será reprimido con la misma pena.

Si la Junta de Acreedores hubiere aprobado la reprogramación de obligaciones en un proceso de insolvencia, concurso preventivo o procedimiento simplificado, según el caso o, el convenio de liquidación o convenio concursal, las conductas tipificadas en el inciso 3) sólo serán sancionadas si contravienen dicha reprogramación o convenio. Asimismo, si fuera el caso de una liquidación declarada por la Comisión, conforme a lo señalado en la ley de la materia, las conductas tipificadas en el inciso 3) sólo serán sancionadas si contravienen el desarrollo de dicha liquidación.

Si el agente realiza alguna de las conductas descritas en los incisos 1, 2 y 3, cuando se encontrare suspendida la exigibilidad de las obligaciones del deudor, como consecuencia de una declaración de insolvencia, procedimiento simplificado o concurso preventivo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación de cuatro a cinco años conforme al Artículo 36° incisos 2) y 4).

(…)”

 

 

 

Sin embargo, la experiencia administrativa ha dado cuenta de otro tipo de intentos de fraude más sofisticados al sistema concursal, en los cuales se ha pretendido aprovechar la naturaleza de los procesos de ejecución ante el Poder Judicial, en especial de la particularidad de que en esos procesos judiciales no existen mecanismos para garantizar la representación de los derechos de los demás acreedores que se podrían ver perjudicados por el reconocimiento de un crédito inexistente o reconocido en monto mayor al real.

 

La actuación contra el sistema de reestructuración se configuraba con el inicio de procesos judiciales en los que el deudor no se defendía o, simplemente, de manera consciente, desarrollaba una defensa inadecuada para obtener así una sentencia en la cual el reconocimiento de crédito se obtenía sin pasar por el escudriño que la autoridad concursal, obteniendo por la vía indirecta lo que no se hubiera podido obtener por la vía directa.

 

El artículo 2 de la Ley 27146, publicada el 24 de junio de 1999, introdujo a la Ley de Reestructuración Patrimonial la Novena Disposición Complementaria facultando a los órganos competentes del INDECOPI para que, en aquellos supuestos en los cuales  entiendan  que  existen  indicios  de  la  posible  simulación  de  un  crédito, incluso reconocido en sede jurisdiccional, puedan acudir nuevamente a dicha instancia mediante el pedido de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Dicha norma señala textualmente lo siguiente:

 

“Novena.- La Comisión correspondiente cuenta con atribuciones para, en representación de los intereses de los acreedores, iniciar un proceso judicial orientado a  que  se  declare  la  nulidad  de  la  cosa  juzgada  presentada a  su despacho, por considerar que existen elementos de juicio suficientes o nuevas pruebas que generan dudas acerca de la existencia y origen de los créditos reconocidos en la resolución judicial presentada como sustento de un crédito en cualquier etapa del proceso.

 

En tales casos, con la sola presentación de la demanda de nulidad de cosa juzgada,  se   suspenderá  de   pleno   derecho  el   proceso  administrativo  de declaración de insolvencia o de reconocimiento de créditos en el que se presentó la resolución judicial que es materia de impugnación, mientras dure el procedimiento judicial correspondiente y se emita resolución definitiva. El proceso judicial que se inicie se regulará en forma supletoria por las disposiciones del Código procesal Civil correspondientes al proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, en lo que fueren aplicables.”

 

La norma señala que el proceso judicial iniciado por la autoridad concursal se regulará en forma supletoria por las disposiciones del Código Procesal Civil correspondientes al proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, en lo que fueren aplicables. El artículo 178 del código indicado, establece lo siguiente:

 

 

“Artículo 178.- Hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si no fuere ejecutable puede demandarse, a través de un proceso de conocimiento la nulidad de una sentencia o la del acuerdo homologado por el juez que pone fin al proceso, alegando que el proceso que se origina ha sido seguido con fraude, o colusión, afectando el derecho a un debido proceso, cometido por una, o por ambas partes, o por el juez o por éste y aquéllas.

 

Puede  demandar  la  nulidad  la  parte  o  el  tercero  ajeno  al  proceso  que  se considere directamente agraviado por la sentencia, de acuerdo a los principios exigidos en este Título.

 

En este proceso sólo se pueden conceder medidas cautelares inscribibles.

Si la decisión fuese anulada, se repondrán las cosas al estado que corresponda. Sin embargo, la nulidad no afectará a terceros de buena fe y a título oneroso.

 

Si la demanda no fuera amparada, el demandante pagará las costas y costos doblados y una multa no menor de veinte unidades de referencia procesal.”

 

A efectos de poder apreciar el sustento que dio lugar a la inclusión de la Novena Disposición Complementaria en la reforma de la Ley de Reestructuración Patrimonial, es importante tener en consideración la propuesta institucional contenida en el Documento de Trabajo Nº 002-1999, publicado en el diario oficial El Peruano el 17 de marzo de 1999, la misma que fue íntegramente acogida por el Congreso de la República al aprobar la Ley Nº 27146.

 

En el referido documento se señalaban las razones para incorporar una norma como la Novena Disposición Complementaria precitada en los términos siguientes:

 

“Se   han   observado   casos   de   procedimientos   de   insolvencia   o   de reconocimiento de créditos tramitados tanto en Lima como en provincias, en los que luego de simular un crédito durante un procedimiento judicial y obtener la sentencia correspondiente, el acreedor y deudor confabulados (vinculados económicamente o por razones de parentesco), se apersonan ante el INDECOPI o sus entidades delegadas a fin de obtener el reconocimiento del crédito correspondiente sin mayores cuestionamientos.

 

Sobre el particular, es pertinente tener en consideración que el artículo 23 de la Ley de Reestructuración Patrimonial dispone que si un crédito ha sido reconocido judicialmente el pronunciamiento de la Comisión versará sobre su cuantía y todos aquellos aspectos respecto de los cuales la autoridad jurisdiccional no hubiese fijado el monto definitivo. Asimismo, en los casos de insolvencias a pedido de acreedores sustentadas en sentencia, o iniciadas al amparo de  lo  establecido en  el  artículo 703 del Código Procesal Civil, al momento  de  tramitar  la  insolvencia  la  Comisión  simplemente verificará  el cumplimiento de los requisitos formales previstos en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos del  INDECOPI,  sin  evaluar  la  existencia  y cuantía de los créditos, toda vez que los mismos ya habrán sido materia de un pronunciamiento por el Poder Judicial.

 

 

 

Las  disposiciones  antes  mencionadas  encuentran  sustento  en  el  inciso segundo del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, según el cual son principios  y  derechos  de  la  función  jurisdiccional  la  independencia  en  el ejercicio de la función jurisdiccional, de tal forma que ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado la autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución.

 

En ese sentido, cuando un crédito ha sido reconocido mediante sentencia que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada y la misma es presentada ante el INDECOPI como sustento de un pedido de insolvencia o de un pedido de reconocimiento de créditos, la Comisión, sin más trámite, se pronunciará en función de lo resuelto por la autoridad judicial.

 

Teniendo en  consideración que  un  incremento de  los  intentos  de  simular créditos a través de resoluciones judiciales haría peligrar seriamente los objetivos de la aplicación del régimen concursal referidos a constituirse en un instrumento eficiente de protección del crédito, resulta imprescindible introducir una reforma legal que otorgue al INDECOPI facultades para corregir las imperfecciones mencionadas, dentro de sus atribuciones, y respetando las competencias asignadas a la autoridad judicial.”

 

La Novena Disposición Complementaria, respetando las facultades del Poder Judicial, crea un mecanismo para que sea el mismo Poder Judicial el que tutele al acreedor presuntamente perjudicado contra un reconocimiento judicial obtenido fraudulentamente y sin su participación. Con este mecanismo, respetando los principios constitucionales, se salvaguardan también los legítimos derechos de los demás acreedores.

 

Atendiendo a las consideraciones que han sido desarrolladas, la Sala estima necesario evaluar si se presentan elementos de juicio suficientes que justifiquen que el INDECOPI, y en particular la Comisión, ejerza la facultad que el ordenamiento legal le concede en la Novena Disposición Complementaria de la Ley de Reestructuración Patrimonial.

 

III.2      La nulidad de la cosa juzgada en los créditos de la señora Woolcott

 

La Comisión reconoció los créditos invocados por la señora Woolcott frente a Cesar’s en virtud de la Resolución Nº 5 emitida el 17 de marzo de 2000 por el Trigésimo Octavo Juzgado Corporativo Civil de Lima. En dicho proceso el juzgado determinó la existencia de los créditos invocados, así como su cuantía y origen, en función a una escritura pública de constitución de hipoteca y al reconocimiento expreso de la existencia de los mismos que, en su oportunidad,   efectuara la insolvente y, en consecuencia, dispuso el remate del bien gravado.

 

 

Los apelantes han señalado que la señora Woolcott acudió al Poder Judicial para obtener lo que no pudo conseguir en la vía administrativa, esto es, el reconocimiento de los créditos invocados. Los apelantes alegaron también que la solicitud de reconocimiento de créditos de la señora Woolcott se sustentaba en una resolución judicial originada en actos simulados y solicitaron a la autoridad concursal la iniciación de un proceso judicial orientado a que se declare la nulidad de la resolución presentada como sustento del reconocimiento de créditos solicitado.

 

A criterio de esta Sala, si bien la autoridad administrativa debe ajustar su actuación a lo dispuesto por el órgano jurisdiccional, estando impedida de desconocer o dejar sin efecto decisiones judiciales, lo cierto es que cuenta con facultades suficientes para investigar por todos los medios la existencia de un crédito, facultad que, como ya ha sido desarrollado, debe ejercerse especialmente en aquellos casos en los que exista vinculación declarada entre deudor y acreedor; y también para solicitar al Poder Judicial que defina la incorporación o no de dichos créditos al concurso en un procedimiento diseñado para defender los intereses de los demás acreedores. La autoridad concursal está obligada a velar por que los créditos que finalmente se incorporen   a   la   masa   objeto   de   concurso   sean   aquéllos   verdaderamente existentes.

 

Para ello, deben analizarse los elementos de juicio que existen en el expediente a fin de determinar si los mismos sustentan o no la necesidad de interponer una demanda para que la autoridad judicial declare la nulidad de cosa juzgada.

 

III.2.1   La vinculación con el deudor

 

Como  ha  quedado  sentado  en  reiterados  precedentes  administrativos  de  esta Sala7 uno de los elementos que debe dar lugar a la profundización de las investigaciones  sobre  la  existencia  de  un  crédito  es  la  vinculación  entre  el

 

 

 

7  A manera de ejemplo, puede consultarse la Resolución Nº 280-1998/TDC-INDECOPI del 12 de octubre de 1998, mediante la cual esta Sala declaró nula la Resolución N° 002-1998/CSM-ODI-CAL del 12 de agosto de 1998, a fin de que la Comisión de Salida del Mercado de la Oficina Descentralizada del INDECOPI en el Colegio de Abogados de Lima, en aplicación del criterio establecido en el precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala en la Resolución N° 079-97-TDC, realice las investigaciones y actúe todas las pruebas que fuesen necesarias para determinar el origen y la existencia de los créditos comprendidos en el procedimiento, toda vez que existían indicios suficientes de vinculación económica entre la empresa declarada insolvente - Comercial Rímac Motors S.A. - y las empresas que solicitaron su insolvencia - José Briceño e Hijos S.A. y J.B. Mantaro Motors S.A. -.

Asimismo, mediante Resolución Nº 0046-1999/TDC-INDECOPI, emitida el 5 de febrero de 1999 en el procedimiento de reconocimiento de créditos iniciado por Granja de Reproductoras El Hatillo S.A. contra Agropecuaria Contán S.A., la Sala determinó que, si bien existía vinculación económica entre ambas empresas, el origen y existencia de los créditos invocados habían quedado acreditados con la documentación recolectada a lo largo del procedimiento, conforme se exigía en  el  precedente de  observancia obligatoria aprobado por  Resolución Nº  079-97-TDC. Del  mismo modo, mediante Resolución Nº 431-1999/TDC-INDECOPI del 9 de diciembre de 1999 la Sala confirmó la Resolución N° 1521-1999/CRP- ODI-CAMARA, mediante la cual la Comisión de Reestructuración Patrimonial de la Oficina Descentralizada del INDECOPI en la Cámara de Comercio de Lima declaró infundada la solicitud de reconocimiento de créditos presentada por Sapsorsa S.A.C. frente a Inversiones Nuevo Horizonte S.A., toda vez que el origen y existencia de los créditos invocados no habían quedado acreditados en los términos establecidos por el precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución N° 079-97-TDC.

 

 

solicitante y la empresa deudora. Ello, porque dicha vinculación es un presupuesto de la existencia de incentivos para simular o sobrevalorar un crédito.

 

En efecto, un acreedor vinculado podría no estar actuando en interés propio, sino en interés del deudor; y con ello tratar de usar el sistema concursal para defraudar a los demás acreedores. De este modo, el acreedor vinculado podría tratar de evitar que los otros acreedores cobren acudiendo a la generación de créditos inexistentes, privilegiados o no, o procurando manejar la junta de acreedores y haciendo que tome acuerdos que beneficien a los accionistas de la insolvente en perjuicio de la masa concursal. La existencia de vinculación no puede pasar inadvertida en un procedimiento concursal.

 

De otro lado, el acreedor vinculado, precisamente por su relación con la empresa insolvente, puede obtener de la misma decisiones o acuerdos que le permitan lograr el reconocimiento de créditos inexistentes. Por ejemplo, puede coordinar el otorgamiento o firma de documentos sin respaldo real o que reflejan operaciones ficticias o iniciar procesos judiciales en los cuales el deudor no se defienda o se defienda de manera deficiente, allanándose a las pretensiones del acreedor, o no planteando los medios impugnatorios que la Ley le concede, entre otras posibilidades.

 

La señora Woolcott ha reconocido de manera expresa la existencia de vinculación con el deudor. En el procedimiento anterior, seguido bajo el expediente Nº 279-

1998-010/CSM-ODI-CAL, ante el requerimiento de esta Sala, la solicitante señaló:

 

“(…) declaramos bajo juramento que nuestra representada mantiene actualmente un relación sentimental con un accionista de la empresa (…).

Asimismo, cumplimos con informar que la relación sentimental surgió años después

de haber sido realizada la operación que dio origen a la acreencia que mantiene con la insolvente.

 

Del mismo modo, en la tercera solicitud de reconocimiento de créditos que dio origen al presente procedimiento, seguido bajo el expediente 279-1998-012/ CSM- ODI-CAL, la señora Woolcott señaló lo siguiente:

 

“(…) informamos de la existencia de vinculación con el deudor, en la medida que la

Sra. Woolcott mantiene una relación personal con un director de la empresa.”

 

Esto fue confirmado en el informe oral realizado el 18 de agosto de 2000 cuando el representante de la señora Woolcott, al ser preguntado sobre la vinculación que mantenía su representada con la insolvente, contestó a la pregunta en los siguientes términos:

 

“INDECOPI:               Por  favor,  ¿podría  usted  precisar  la   naturaleza  de  la vinculación de la señora Woolcott con la empresa Cesar’s?

 

 

REPRESENTANTE:  No  es  con  la  empresa,  es  con  un  directivo,  con  un propietario…

 

INDECOPI:                ¿Cuál es la naturaleza de la vinculación?

 

REPRESENTANTE: La naturaleza es una vinculación sentimental que tiene con quien era o es el principal accionista, el señor Luis León Rupp.”

 

Ante la vinculación con el Sr. Luis León Rupp, uno de los principales accionistas de la insolvente, hecho expresamente reconocido por la solicitante, corresponde investigar y analizar por todos los medios el crédito objeto de la solicitud de reconocimiento a fin de verificar su existencia. Dicho análisis es el que se efectúa a continuación.

 

III.2.2   La existencia de la deuda contraída por Cesar’s frente al Independent Bank

& Trust Co. de Nassau

 

La señora Woolcott ha señalado que los créditos que mantiene frente a Cesar’s ascienden  a  la  suma  de  US$ 9 571 050,00,  los  cuales  se  generaron  como consecuencia de una deuda contraída por la insolvente frente al Independent Bank

& Trust Co. de Nassau.

 

Sin embargo, en ninguno de los expedientes iniciados por la señora Woolcott obra prueba alguna que acredite la existencia de la deuda contraída por Cesar’s frente a la señalada institución financiera. Si bien en la escritura pública de aclaración de hipoteca y de cesión de derechos hipotecarios del 15 de agosto de 1983, se menciona al Independent Bank & Trust Co. de Nassau, y se hace además mención a que la garantía constituida  se  deriva de la deuda señalada, no hay ningún documento adicional que acredite la existencia misma de la deuda, como podría ser el contrato de mutuo, una carta de la institución financiera, una constancia, registros contables o cualquier otro de similar naturaleza.

 

Debe tenerse en consideración que ni siquiera la existencia de la deuda que dio origen a los créditos invocados por la señora Woolcott ha sido debidamente acreditada por la solicitante, en ninguno de los procedimientos de reconocimiento de créditos iniciados. En consecuencia, sin que ello haya sido demostrado fehacientemente  no  es  posible  acreditar  la  subrogación  o  cesión  del  crédito, cuando su origen y existencia tampoco han sido demostradas.

 

Sin perjuicio de ello, corresponde analizar todos los documentos que presentó la señora Woolcott para sustentar su pretensión de reconocimiento de créditos, con la finalidad de determinar si existen más elementos de juicio que justifiquen la interposición de una demanda de nulidad de cosa juzgada, en virtud de las facultades otorgadas al INDECOPI en la Novena Disposición Complementaria de la Ley de Reestructuración Patrimonial.

 

 

 

III.2.3     El contrato de cesión de derechos del 10 de agosto de 1983 y la escritura pública de Aclaración de Hipoteca y Cesión de Acreedor Hipotecario del 15 de agosto de 1983

 

Para efectos de sustentar su posición como acreedora de Cesar´s, independientemente de no haber probado la existencia del crédito entre la insolvente y el Independent Bank &Trust Co. de Nassau, la señora Woolcott pudo haber sustentado su posición en alguno de los dos supuestos siguientes.

 

El primero de ellos es el supuesto de subrogación, según el cual, la solicitante debía   acreditar   que   había   efectuado   el   pago   en   vez   del   deudor,   como consecuencia de lo cual se hubiera sustituido en la posición y titularidad del acreedor.

 

El segundo de los supuestos es aquél en el que, además de acreditar la existencia de la deuda contraída por la insolvente frente al Independent Bank & Trust Co. de Nassau, hubiera acreditado la existencia de una cesión de derechos por parte de esta última a su favor, tal como lo alegó en sus solicitudes de reconocimiento de créditos.

 

En el análisis que se realiza a continuación, se verificará si la solicitante acreditó la existencia de alguno de los dos supuestos reseñados, teniendo en cuenta la documentación que obra en los expedientes.

 

III.2.3.1    El  supuesto  de  subrogación  y  la  escritura  pública  de  Aclaración  de

Hipoteca y Cesión de Acreedor Hipotecario del 15 de agosto de 1983

 

Según lo alegado por la propia señora Woolcott, los créditos objeto del presente procedimiento se originaron en la operación celebrada por su padre con el Independent Bank & Trust Co. de Nassau y que se refleja en la escritura pública del   15   de   Agosto   de   1983.   Efectivamente,   dicho   documento   contiene   la constitución de una hipoteca sobre el inmueble inscrito en la Ficha Nº 1645746 – A del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima, ubicado en avenida La Paz Nº 463, distrito de Miraflores, de propiedad de Cesar´s8.

 

Sin embargo, el referido documento no acredita por sí mismo la existencia de una obligación de Cesar’s en favor del padre de la señora Woolcott. Lo único que acredita dicho documento es que el señor Woolcott constituyó una garantía a favor del gestor de Cesar´s, señor Luis León Rupp, frente al Independent Bank & Trust Co. de Nassau. La hipoteca constituida y posteriormente cedida a favor de la señora Woolcott, era una contragarantía otorgada con la finalidad de asegurar que,

 

 

8  La hipoteca obra inscrita en el antecedente registral de la ficha anotada, es decir, en el asiento 39 del tomo 394 del la

Propiedad Inmueble de Lima.

 

 

en caso el padre de la señora Woolcott, o posteriormente ella misma, honraran la garantía frente al referido banco, pudieran a su vez cobrar el crédito por efecto de la subrogación que ocurriera en su favor. El referido documento señalaba:

 

PRIMERO.- CESAR’S DECLARA QUE (…) CONSTITUYÓ SEGUNDA HIPOTECA A FAVOR DE DON LUIS WOOLCOTT FERNÁNDEZ SOBRE EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD (…)

LA  HIPOTECA  EN  REFERENCIA  FUE  CONSTITUIDA  COMO CONTRAGARANTÍA   PARCIAL   A    FAVOR   DE    DON    LUIS    WOOLCOTT

FERNÁNDEZ A LA EVENTUAL EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA QUE ÉSTE, A SU VEZ, OTORGÓ AL SEÑOR LUIS LEÓN RUPP POR EL CRÉDITO OBTENIDO, EN  SU  CALIDAD DE  GESTOR DE  CESAR’S DEL INDEPENDENTE BANK & TRUST CO. DE NASSAU, BAHAMAS (…).” (El subrayado es nuestro)

 

Del texto del contrato se desprende con claridad que la referida hipoteca garantizaba lo que el artículo 1104 del actual Código Civil denomina una hipoteca en obligación futura o eventual9. Las obligaciones futuras o eventuales no existen al momento de la constitución de la hipoteca, pero el Código Civil, siguiendo a la doctrina civil sobre el tema, autoriza que se constituya la garantía real a fin de asegurar el cumplimiento de la obligación en caso que esta última llegara a existir.

 

El documento presentado por la solicitante no acredita la existencia de ninguna obligación actual en la que la señora Woolcott sea acreedora de Cesar´s. Dicho documento sólo acredita que la señora Woolcott es titular de una hipoteca que garantizaba la obligación eventual que pudiera haber surgido si se hubiera honrado la garantía otorgada por su padre el señor Woolcott al Independent Bank & Trust Co. de Nassau.

 

En los procedimientos concursales no es posible el reconocimiento de obligaciones eventuales o futuras, pues las mismas tienen la condición de crédito inexistente al momento en que se inicia el concurso. En todo caso, hubiera bastado que la señora Woolcott demostrara que ella o su padre honraron la garantía para acreditar que había operado la subrogación contemplada en los artículos 1260 y siguientes del Código Civil10, lo que la hubiera convertido en acreedora de Cesar’s, con lo

 

9  CODIGO CIVIL, Artículo 1104.- La hipoteca puede garantizar una obligación futura o eventual.

 

10CODIGO CIVIL, Artículo 1260.- La subrogación opera de pleno derecho en favor:

1.- De quien paga una deuda a la cual estaba obligado, indivisible o solidariamente, con otro u otros.

2.- De quien por tener legítimo interés cumple la obligación.

3.- Del acreedor que paga la deuda del deudor común a otro acreedor que le es preferente.

 

Artículo 1261.- La subrogación convencional tiene lugar:

1.- Cuando el acreedor recibe el pago de un tercero y lo sustituye en sus derechos.

2.- Cuando el tercero no interesado en la obligación paga con aprobación expresa o tácita del deudor.

3.- Cuando el deudor paga con una prestación que ha recibido en mutuo y subroga al mutuante en los derechos el acreedor, siempre que el contrato de mutuo se haya celebrado por documento de fecha cierta, haciendo constar tal propósito en dicho contrato y expresando su procedencia al tiempo de efectuar el pago.

 

Artículo 1262.- La subrogación sustituye al subrogado en todos los derechos, acciones y garantías del antiguo acreedor, hasta por el monto de lo que hubiese pagado.

 

 

cual,  a  su  vez,  esta  operación  hubiera  generado  una  obligación  de  cargo  de

Cesar´s frente a ella.

 

Si la referida subrogación se hubiera verificado antes de la apertura del concurso y se hubiera acreditado adecuadamente, necesariamente hubiera correspondido el reconocimiento del crédito invocado, pues recién entonces la señora Woolcott se hubiera sustituido en los derechos, acciones y garantías del antiguo acreedor (es decir, el Independent Bank & Trust Co. de Nassau), hasta por el monto que hubiera pagado al amparo de lo dispuesto en el artículo 1262 del Código Civil. Dicha situación hubiera incluido el derecho a solicitar el reconocimiento de créditos en el presente procedimiento.

 

De la misma manera, en el segundo procedimiento se le requirió expresamente para que acredite haber honrado la garantía frente al Independent Bank & Trust Co. de Nassau. En efecto, el 23 de setiembre de 1999, la Secretaría Técnica de esta Sala le requirió a la señora Woolcott lo siguiente: “A fin de continuar con la tramitación del presente procedimiento, se le ha otorgado un plazo no mayor de cinco (5) días para que cumpla con presentar los documentos que acrediten que la deuda a la que se refiere la Escritura pública antes mencionada (es decir a la efectuada el 15 de agosto de 1983) fue efectivamente ejecutada y, en consecuencia, pagada por el señor Woolcott o, en su caso, por usted misma.” (El subrayado es nuestro.)

 

El 1 de octubre de 1999, la solicitante contestó al requerimiento indicando expresamente lo siguiente:

 

(…) la deuda no ha sido ejecutada y por el contrario HA SIDO RECONOCIDA EXPRESAMENTE POR LA INSOLVENTE MEDIANTE EL ACUERDO PRIVADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA SUSCRITO EL 10 DE ENERO DE 1998 QUE DIO ORIGEN AL TITULO VALOR materia de evaluación en el presente Recurso de Apelación (…)” (El subrayado es nuestro.)

 

Debe además agregarse que en el informe oral desarrollado ante esta Sala, y cuya parte pertinente se cita más adelante en la presente resolución, el representante de la solicitante señaló con toda claridad que ni el señor Woolcott ni su hija habían pagado el crédito, y que por tanto no podría haber operado ninguna subrogación.

 

En consecuencia, según la información proporcionada por la solicitante en el expediente, los créditos invocados nunca dejaron de ser una obligación eventual,

 

 

 

Artículo 1263.- En los casos del artículo 1260, inciso 1, el subrogado está autorizado a ejercitar los derechos del acreedor contra sus codeudores, sólo hasta la concurrencia de la parte por la que cada uno de éstos estaba obligado a contribuir para el pago de la deuda, aplicándose, sin embargo, las reglas del artículo 1204.

 

Artículo 1264.- Si el subrogado en lugar del acreedor lo fuese sólo parcialmente, y los bienes del deudor no alcanzasen para pagar la parte restante que corresponda al acreedor y la del subrogado, ambos concurrirán con igual derecho por la porción que respectivamente se les debiera.

.

 

 

no siendo posible su reconocimiento, toda vez que no se puede reconocer lo que no existe.

 

El criterio según el cual el garante de una obligación a título de fiador o avalista  no puede solicitar el reconocimiento de ningún crédito en cuanto no acredite haberse subrogado en el mismo como consecuencia de haber honrado su fianza o aval, ha sido objeto de pronunciamientos reiterados de la Sala.

 

A manera de ejemplo, en la Resolución Nº 0070-1999/TDC-INDECOPI emitida el

26  de  febrero  de  1999,  la  Sala  revocó  la  Resolución  Nº 001-99-CSM-ODI- CCPL/Exp-002-01 emitida por la Comisión de Salida del Mercado de la Oficina Descentralizada del INDECOPI en la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, que reconoció créditos en favor del Banco Wiese Ltdo. frente al señor Sixto Kianshing Alarcón Chong. En dicha oportunidad, la Sala consideró que la  hipoteca  en  la  que  se  sustentaba  dicho  reconocimiento  y  que  había  sido otorgada por el señor Alarcón a favor del Banco Wiese Ltdo. para garantizar las obligaciones principales de los señores Elena Yanfón Chong Camizán y Luis Enrique Chong Camizán frente al mencionado banco, al no haber sido honradas tales obligaciones, no generaban un crédito para efectos del proceso concursal tal como se encuentra definido el crédito en el artículo 1 de la Ley de Reestructuración Patrimonial.

 

En el caso de la señora Woolcott que es objeto de este procedimiento, la Sala no cuestiona la validez y existencia de la escritura pública del 15 agosto de 1983. Evidentemente, no es razonable asumir que en el año 1983 Cesar´s se hubiera coludido con la señora Woolcott para simular un crédito y usar los beneficios de dicha simulación en un procedimiento de insolvencia iniciado después de cerca de

17 años.

 

Sin  embargo,  como  ha  sido  desarrollado  en  el  presente  análisis,  lo  que  se cuestiona es la alegación de que dicho documento contenga en sí mismo un crédito actual, pues de su texto sólo se deriva la existencia de una hipoteca para garantizar una obligación eventual o potencial cuyo nacimiento (haber honrado la garantía al Banco) no ha sido acreditado pese a que la solicitante fue requerida en más de una oportunidad para presentar la documentación pertinente.

 

Es importante destacar que una cantidad de dinero de la magnitud de la reclamada como crédito no suele trasladarse de un patrimonio a otro de manera informal, por lo que hubiera sido suficiente demostrar la circulación de dinero de un patrimonio a otro de las personas y empresas involucradas en la operación, lo cual podría haberse   efectuado   con   la   presentación   de   cualquiera   de   los   siguientes documentos:

 

•  movimientos bancarios

•  registros contables

 

 

•  estados de cuenta bancarios

•  ordenes de transferencia

•  copias de cheques o documentos de pago

•  cartas o comunicaciones del banco

•  certificaciones notariales

•  comunicaciones de apercibimiento u otros documentos que puedan acreditar que la operación se realizó efectivamente.

 

Ninguno de los documentos indicados fue presentado por la señora Woolcott, por lo que no ha acreditado la existencia y origen de los créditos reconocidos en la resolución judicial presentada como sustento de un crédito en cualquier etapa del proceso.

 

La omisión probatoria de la señora Woolcott sobre la existencia del crédito no puede sino originar que la Sala considere que existen elementos de juicio suficientes que generan dudas acerca de la existencia y origen de los créditos reconocidos  en  la  resolución  judicial  presentada  como  sustento  del  crédito invocado.

 

III.2.3.2      El supuesto de cesión de derechos y el contrato de cesión de derechos del 10 de agosto de 1983

 

La cesión es una figura jurídica contemplada en los artículos 1206 y siguientes del Código Civil, en virtud de la cual el cedente transmite al cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha obligado a transferir por un título distinto11. Asimismo, el Código Civil ha establecido que la cesión debe constar por escrito, bajo sanción de nulidad.

 

En el primer procedimiento de reconocimiento de créditos, la señora Woolcott sustentó su pretensión en la existencia de un supuesto contrato de cesión de derechos celebrado con el Independent Bank & Trust Co. de Nassau, en virtud del cual éste le habría cedido sus derechos de acreedor frente Cesar’s.

 

En dicha oportunidad, la Comisión le requirió a la solicitante que presentara el contrato indicado; sin embargo, la solicitante no cumplió con lo requerido, a pesar de haber solicitado la ampliación del plazo originalmente otorgado para cumplir con el requerimiento. Por ello, en la Resolución Nº 1017-1999/CSM-ODI-CAMARA que declaró infundada la primera solicitud de reconocimiento de créditos presentada por la señora Woolcott, la Comisión determinó lo siguiente:

 

11CODIGO CIVIL, Artículo 1206.- La cesión es el acto de disposición en virtud del cual el cedente transmite al cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha obligado a transferir por un título distinto.

La cesión puede hacerse aun sin el asentimiento del deudor.

 

Artículo 1207.- La cesión debe constar por escrito, bajo sanción de nulidad.

Cuando el acto o contrato que constituye el título de la transferencia del derecho conste por escrito, este documento sirve de constancia de la cesión.

 

 

 

“Conforme consta en la cláusula primera del contrato privado de reconocimiento de deuda, así como de lo señalado por la propia solicitante, el crédito invocado se origina en el contrato de cesión de derechos que señaló haber celebrado con el Independent Bank & Trust Co. de Nassau – Bahamas, por el que adquirió una deuda que mantenía este último frente a la insolvente.

 

Pese al requerimiento formulado por la Secretaría Técnica y haber transcurrido el plazo  solicitado, la  señorita Woolcott no  ha  cumplido con  presentar copia del referido contrato de cesión de derechos.”

 

En el escrito de la segunda solicitud de reconocimiento de créditos, la señora

Woolcott señaló lo siguiente:

 

El  padre  de  la  señora  Woolcott,  Don  Luis  Woolcott  Fernández  mantenía  un contrato  de  fideicomiso  con  el  Independent  Bank  &  Trust  Co.  Of  Nassau  – Bahamas, en virtud del cual Don Luis Woolcott agenció los fondos que fueron prestados a Cía de Servicios Turísticos Cesar’s y por el cual la deudora aceptó un documento  cambiario  en  la  renovación  de  la  obligación  por  la  suma  de US$ 4,160,000 dólares americanos, avalado por Don Luis Woolcott quien tenía como garantía la hipoteca del inmueble a su favor.

 

(…) siendo la voluntad de Don Luis Woolcott el que su hija fuera la titular de las acreencias, mediante documento privado de fecha 10 de agosto de 1983 cede todos sus derechos frente a la Cía de Servicios Turísticos Cesar’s S.A. a favor de la Sra. Roxana Woolcott (…)

 

Seguidamente,  la señora Woolcott señaló que los documentos privados mediante los cuales se efectuó la cesión alegada eran inubicables para ella, pues se trataba de operaciones que se había efectuado hacía más de 15 años.

 

En el informe oral llevado a cabo ante esta Sala, cuando se le preguntó al representante de la señora Woolcott sobre el tema, éste manifestó lo siguiente:

 

“INDECOPI:               El origen de este crédito fue en el aval que dio el padre de la señora Woolcott a…

 

REPRESENTANTE: Ese no es el origen del crédito. El origen del crédito es la cesión de los derechos sobre el crédito y de los derechos sobre la hipoteca. Efectivamente, cuando ustedes emiten el primer pronunciamiento hacen todo un desarrollo sobre la base de la subrogación, hecho que no se discutía en ese momento porque en ningún momento hemos señalado que o el señor Woolcott o la señora Woolcott hayan pagado y, por ende, se hayan subrogado en la posición. Hemos señalado que existían, o existieron en ese momento, las cesiones de derecho del Independent Bank y la cesión de esta hipoteca a favor de la señora Woolcott.

 

 

INDECOPI:                O sea, hubo una cesión del Independent Bank a favor del señor Woolcott…

 

REPRESENTANTE: Eh… La cesión del Independent debe haber sido al señor Woolcott y, a su vez, a la señora Roxana Woolcott. O sea, finalmente, todo el crédito. y la garantía de éste, cae y reposa en la persona de la señora Roxana Woolcott.

 

INDECOPI:                Solamente sobre este tema, ¿en qué documento consta la cesión de ese crédito del Independent Bank al señor Woolcott o a la señora Woolcott?

 

REPRESENTANTE: En su época debe haber sido documentos privados. Yo me he carteado con mi representada y, finalmente, me dice que el único documento público que obra de esa operación es la escritura de la hipoteca que se inscribe.

 

INDECOPI:                ¿Y el  texto de la  hipoteca hace mención a la cesión del

Independent Bank al señor Woolcott?

 

REPRESENTANTE: ¿Perdón?

 

INDECOPI:                El texto de la escritura pública… REPRESENTANTE: No recuerdo exactamente el texto de la hipoteca.” (El subrayado es nuestro)

De lo manifestado por el representante se desprende que el contrato de cesión de créditos del 10 de agosto de 1983 no existe y que la única alegación de que dicho contrato se celebró efectivamente sería la escritura pública de hipoteca y de cesión de derechos hipotecarios del 15 de agosto de ese año.

 

La Sala ha efectuado un minucioso análisis de la escritura pública de la inscripción de la hipoteca señalada, como ya se ha anotado en el acápite precedente, por lo que puede afirmar que en dicho documento no consta alusión ni mención alguna acerca del contrato de cesión de derechos ni otro documento similar mediante el cual se acredite que el Independent Bank & Trust Co. de Nassau cedió sus derechos de acreedor frente a Cesar’s a favor del señor Woolcott o de la señora Woolcott.

 

Además, dicha escritura pública no podría acreditar tal hecho porque en la misma no figura ni participa el Independent Bank &Trust Co. de Nassau. No es posible una cesión de crédito sin la participación del cedente y, en este caso, el cedente era  el  indicado  banco.  Sin  perjuicio  de  que  ni  siquiera  se  ha  acreditado  la existencia del crédito con el Independent Bank, sólo con un documento o prueba que demuestre su participación en la cesión sería posible acreditar que dicha

 

 

cesión se produjo. La solicitante nunca ha cumplido con presentar prueba alguna sobre el particular.

 

Llama poderosamente la atención que en una operación de crédito de tal magnitud, el acreedor no hubiera tenido el cuidado de guardar los documentos que demuestren la existencia de su derecho.

 

En consecuencia, dado que la solicitante alegó que el origen del crédito se encontraba en un contrato de cesión de derechos celebrado el 10 de agosto de

1983, y que dicho documento no existe, el origen del crédito no fue acreditado en sede administrativa.

 

III.2.4     El acuerdo privado de reconocimiento de deuda del 10 de enero de 1998 y la letra de cambio girada a la vista en la misma fecha

 

En la segunda oportunidad que la señora Woolcott presentó su solicitud de reconocimiento de créditos pretendió sustentar la existencia de su crédito en un acuerdo privado de reconocimiento de deuda fechado el 10 de enero de 1998 y, a su vez, en una letra de cambio girada a la vista en la misma fecha. Tales documentos, según afirmación de la misma solicitante, habrían recogido la obligación pendiente de pago derivada de la escritura pública del 15 de agosto de

1983 que fue objeto de análisis en el punto anterior de este pronunciamiento.

 

Es importante destacar que los documentos referidos también adolecen en sí mismos del vicio atribuido a la escritura pública del 15 de agosto de 1983, toda vez que, formalmente pueden resultar idóneos para acreditar relaciones contractuales, mas no acreditan que la obligación eventual hubiera surgido como consecuencia de  la  circulación  efectiva  de  dinero  entre  los  involucrados.  Como  ya  se  ha señalado, no es posible reconocer lo que actualmente no existe y si, como se ha desarrollado en el punto anterior, sólo se ha acreditado la existencia de una obligación eventual y no la existencia de una obligación actual, no es posible acceder al reconocimiento solicitado sin riesgo de perjudicar a los demás acreedores con la inclusión de un crédito cuya existencia no está acreditada.

 

Adicionalmente,  si  bien  el  documento  de  reconocimiento  de  deuda  aparece fechado el 10 de enero de 1998, es decir 5 meses antes de la presentación de la solicitud para que se declare la insolvencia de Cesar´s, dicha fecha no genera certeza absoluta en tanto el documento es uno de carácter privado. Sobre este aspecto, la doctrina es coincidente en calificar como documentos de fecha cierta únicamente a aquéllos en los cuales “(…) recaiga una constancia o manifestación de un funcionario público competente que dé fe de la fecha de realización o suscripción del mismo y que tal fe, revista validez”12.

 

 

12OSTERLING PARODI , Felipe y Mario CASTILLO FREYRE. Tratado de la Obligaciones. Lima: Fondo Editorial de la

Pontificia Universidad Católica del Perú, 1994. Vol. XVI, p. 333.

 

 

Igualmente, tampoco puede dejar de apreciarse que el documento privado de reconocimiento de deuda se presenta recién en el segundo procedimiento y sólo cuando la solicitante no pudo cumplir con atender el requerimiento de la autoridad concursal para que exhibiera el documento de cesión de derechos celebrado el 10 de agosto de 1983 con el Independent Bank & Trust Co. de Nassau, el mismo que, según su propia declaración, sustentaba originalmente la existencia de los créditos invocados. Como se ha señalado, dicha omisión dio lugar a que el primer pedido fuera declarado infundado. La señora Woolcott no presentó recurso impugnatorio alguno contra la resolución emitida en dicha oportunidad.

 

En cuanto a la letra de cambio presentada, la misma que según la solicitante contendría los créditos originados en el contrato de cesión de derechos celebrado con su padre el 10 de agosto de 1983 y elevado a la formalidad de Escritura Pública el 15 de agosto de 1983, debe tenerse en consideración, una vez más, que la misma fue recién presentada  en  la  segunda  oportunidad  en  que  la  señora Woolcott invocó el reconocimiento de los créditos.

 

Además, la solicitante sustentó que la referida cambial había servido para representar el estado de la deuda al 10 de enero de 1998, toda vez que, en esa fecha, se suscribió también el acuerdo privado de reconocimiento de deuda que ha sido analizado en los párrafos precedentes. En otras palabras, independientemente del origen de la deuda, la letra en cuestión fue presentada como el documento cambial que respaldaba el acuerdo que, acreedora y deudor, habían celebrado de manera privada para regularizar la existencia de la misma, motivo por el cual, ambos documentos tenían la misma fecha de suscripción.

 

Sin embargo, de una apreciación conjunta del documento privado y la cambial puede apreciarse que existen diferencias notables entre los montos de uno y otro. En efecto, mientras que en el documento de reconocimiento de créditos se hace referencia  a  la  suma  de  US$  4 160 000,00  más  intereses  como  el  monto adeudado, en la letra se consigna la cantidad de US$ 9 571 050,00; es decir US$ 5 411 050,00 de diferencia. Esta discrepancia es más notoria si se tiene en consideración que el propio documento privado, en su cláusula tercera, hacía la siguiente referencia:

 

Mediante el  presente  acuerdo  privado  EL  DEUDOR reconocer mantener una deuda a favor de LA ACREEDORA ascendente a la suma señalada en la cláusula segunda, en virtud de lo cual acuerda acepta una letra de cambio a la vista por el monto adeudado, la  misma que  deberá ser  girada por  LA  ACREEDORA.” (el subrayado es nuestro)

 

Por su parte, la referida cláusula segunda establecía expresamente el monto adeudado en los siguientes términos:

 

“El monto de la acreencia a que se refiere la cláusula precedente, asciende a la suma  de  US$  4  160  000,00  correspondiente  al  capital,  más  los  intereses

 

 

devengados a la fecha de pago inclusive, deducidas las amortizaciones efectuadas por el deudor en los años 1985, 1995 y 1996 ascendentes a US$ 2 000 000,00; US$ 220 000,00; y US$ 60 000,00, respectivamente”

 

Como puede apreciarse, existe una inconsistencia entre el monto señalado como deuda a la fecha de celebración del documento y el monto consignado en la letra de cambio. Dicha inconsistencia no tiene explicación por cuanto en el documento privado se señala expresamente que el monto de la letra ya incorporaría los intereses adeudados al momento de la celebración del acuerdo, por lo que, incluso la  alegación  de  la  señora  Woolcott  en  el  sentido  de  que  el  monto  distinto consignado en la letra es producto de la incorporación de intereses devengados, carece de sustento. En todo caso, tampoco existe la información que permita apreciar o identificar la manera en que las partes liquidaron sus intereses y los incorporaron a la letra de cambio.

 

Es de notar también que la cambial presentada es un documento girado a la vista el 10 de enero de 1998, es decir, que habría sido suscrito con anterioridad incluso al primer pedido de reconocimiento de créditos presentado por la señora Woolcott el 27 de abril de 1999, oportunidad en la cual la señora Woolcott no cumplió con presentarla al procedimiento.

 

En efecto, la señora Woolcott recién presentó la cambial antes mencionada junto con su segunda solicitud de reconocimiento de créditos, esto es el 25 de mayo de

1999. No puede dejar de señalarse, además, que dicho documento fue protestado el 19 de mayo de 1999, es decir después de que el reconocimiento de créditos había sido denegado y menos de una semana antes de presentar esa segunda solicitud.

 

Por otro lado, como ya se ha señalado, en su primer pedido la señora Woolcott invocó el reconocimiento de créditos ascendentes a US$ 9 952 285, 00, sin haber podido acreditar su existencia, pese a que, según la fecha consignada en la letra, en dicha oportunidad ya tenía en su poder una cambial por US$ 9 571 050,00. Adicionalmente, tampoco es razonable que al presentar su segundo pedido, en fecha posterior, el monto de los créditos invocados, pese a que según su posición se habrían devengado mayores intereses, fuera menor al inicialmente invocado.

 

Atendiendo a lo señalado, la Comisión tampoco reconoció los créditos invocados por la señora Woolcott y declaró infundado su pedido. No obstante, en este caso, la referida señora apeló de la resolución dando lugar al trámite correspondiente en segunda instancia.

 

Al formular su apelación en este segundo procedimiento de reconocimiento de créditos, la señora Woolcott presentó la escritura pública correspondiente a la transacción extrajudicial que había celebrado con la insolvente el 11 de junio de

1999.  Es  de  notar  que  este  nuevo  documento  presentado  ante  la  segunda instancia se celebró entre la notificación de la expedición de la Resolución de la

 

 

Comisión que declaró infundado el pedido y la presentación de la apelación correspondiente.

 

En efecto, tal como puede apreciarse de los actuados en el presente expediente, la resolución denegatoria fue notificada a la señora Woolcott el 8 de junio de 1999, la transacción extrajudicial se celebró el 11 de junio de 1999 y la apelación se presentó el 14 de junio de ese año. La secuencia de actos evidencia que dicha transacción fue celebrada exprofesamente para la impugnación del acto que había desestimando el pedido de reconocimiento de créditos en primera instancia.

 

La Sala, en una apreciación integral de todos los documentos presentados y en ejercicio de su obligación de preservar la correcta composición de la junta de acreedores y su deber de efectuar la verificación de los créditos intervinientes, analizó el origen de los mismos y consideró que no había sido acreditado, motivo por el cual, confirmó el pronunciamiento de la primera instancia. Sin embargo, la señora Woolcott tampoco impugnó dicho acto en la vía judicial, a través del procedimiento contencioso administrativo.

 

Por el contrario, la señora Woolcott acudió al Poder Judicial, mas no en acción contencioso administrativa que era la vía adecuada, sino en vía de amparo y, poco después de presentada la demanda de amparo, en vía de proceso de ejecución de garantía hipotecaria. Como ya se ha señalado, la demanda de amparo fue declarada improcedente por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público, en vía de apelación, mediante resolución del 28 de junio de 2000.

 

Sin embargo, una vez obtenida la resolución favorable en el proceso judicial de ejecución de garantía, la señora Woolcott solicitó por tercera vez el reconocimiento de los créditos que alegaba mantener frente a Cesar’s, sustentando en ese nuevo caso su pretensión únicamente en la sentencia judicial señalada. Si bien los documentos formales presentados por la señora Woolcott son suficientes para sustentar una demanda de ejecución de crédito o garantía, resultan insuficientes en un procedimiento concursal. Ello, porque como ya se ha analizado, es posible la afectación de acreedores distintos que, como en el presente caso, podrían ver afectados sus derechos por el reconocimiento de un crédito cuyo origen y cuantía no han sido debidamente acreditados.

 

III.2.5   El pronunciamiento judicial del 17 de marzo de 2000

 

El 17 de marzo de 2000 el Trigésimo Octavo Juzgado Corporativo Civil de Lima dictó una sentencia en la que ordenó la ejecución del crédito objeto del presente procedimiento. Dicha sentencia tuvo como sustento los siguientes documentos: copia del testimonio de constitución de hipoteca fechado el 9 de marzo de 1982, celebrado entre Cesar’s y el señor Luis Woolcott Fernández; testimonio de rectificación y aclaración de hipoteca  del 18 de octubre de 1982; copia de la escritura pública de aclaración de hipoteca y cesión de derechos hipotecarios,

 

 

celebrado el 15 de agosto de 1983 entre Cesar’s y el padre de la señora Woolcott, con la intervención de esta última; y copia de la escritura pública de la transacción judicial del 11 de junio de 1999.

 

Como  ya  se  señaló  anteriormente,  la  Comisión  y  esta  Sala  carecen  de competencia para modificar o dejar sin efecto la resolución judicial mencionada. La única atribución de los órganos funcionales del INDECOPI es ordenar que se inicie una demanda de nulidad de cosa juzgada dirigida precisamente a que el propio Poder Judicial deje sin efecto su pronunciamiento.

 

Asimismo, tal como se ha señalado en los acápites anteriores, en el proceso de ejecución el juez sólo analiza las consecuencias que las pruebas presentadas tienen para las partes, y no le corresponde analizar cuáles pudieran ser las implicancias de su pronunciamiento para los demás acreedores dentro de un procedimiento concursal.

 

En estricto, lo que correspondía a la señora Woolcott era cuestionar lo decidido por esta Sala en la vía contencioso administrativa, vía en la que sí podrían haberse discutido los efectos del reconocimiento del crédito invocado en relación con los demás acreedores, pues precisamente en virtud de su facultad para garantizar esos derechos es que la autoridad administrativa se había pronunciado. Sin embargo, como también ya se ha mencionado, la señora Woolcott dejó consentir la Resolución  Nº 353-1999/TDC-INDECOPI  emitida  por  esta  Sala  e  interpuso  la demanda judicial de ejecución de garantía hipotecaria.

 

La actuación de la señora Woolcott al acudir al Poder Judicial para lograr la ejecución  de  una  garantía  hipotecaria,  aún  sabiendo  que,  en  virtud  de  lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Reestructuración Patrimonial13, el remate del bien ejecutado no iba a ser posible, constituye un elemento de juicio importante que apunta en el sentido de que la solicitante utilizó al Poder Judicial para lograr el reconocimiento del crédito que le había sido denegado por la autoridad concursal hasta en tres oportunidades.

 

 

 

13TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DE REESTRUTURACION PATRIMONIAL, Artículo 16.- Suspensión de la exigibilidad de obligaciones.- A partir de la fecha en que se efectúa la publicación a que se refiere el artículo 8, se suspenderá la ejecución de todas las obligaciones que el insolvente tuviera pendientes de pago a dicha fecha, sin que este hecho constituya una novación de tales obligaciones, aplicándose a éstas, cuando corresponda, la tasa de interés que estuviese  pactada  o,  a  falta  de  pacto,  la  legal.  En  este  caso,  no  correrán  intereses  moratorios  por  los  adeudos mencionados, ni tampoco procederá la capitalización de intereses.

La suspensión mencionada en el párrafo anterior durará hasta que se apruebe un Plan de Reestructuración, Convenio de Liquidación o Convenio Concursal en los que se establezcan condiciones diferentes, referidas a la exigibilidad de todas las obligaciones comprendidas en el procedimiento y la tasa de interés aplicable en cada caso. Lo establecido en el Plan de Reestructuración, Convenio de Liquidación o Convenio Concursal respecto a la exigibilidad de las obligaciones será oponible a todos los acreedores.

La inexigibilidad de las obligaciones del insolvente en los supuestos a que se refiere el presente artículo, no afecta la posibilidad de que los acreedores del insolvente puedan dirigirse contra el patrimonio de aquellos terceros que hubieran constituido garantías reales o personales a su favor, los que se subrogarán de pleno derecho en la posición del acreedor original.

(…).

 

 

En efecto, el hecho de que la señora Woolcott supiera que el patrimonio de la insolvente estaba protegido contra cualquier ejecución que sobre él recayera, pone de manifiesto que la intención de la solicitante al iniciar el proceso judicial no era lograr la ejecución de la garantía hipotecaria – pretensión que era legalmente imposible –, sino, más bien, conseguir el reconocimiento del crédito que le había sido negado en la vía administrativa.

 

No puede dejar de destacarse que, si bien Cesar´s se opuso a la demanda de ejecución de garantía interpuesta por la señora Woolcott alegando que debía declararse la improcedencia de dicha demanda en virtud de la imposibilidad legal de ejecutar sus bienes por encontrarse en insolvencia, no alegó la inexistencia de la obligación ni planteó medio impugnatorio alguno contra la resolución judicial bajo comentario.

 

La actuación de Cesar’s en dicho proceso judicial podría entenderse como una consecuencia de la simulación del crédito, especialmente si se toma en consideración  que  el  proceso  judicial  culminó  en  apenas  3  meses  con  una sentencia consentida y ejecutoriada que dejaba en total indefensión a los demás acreedores que con sus efectos, podrían ver afectados sus derechos directamente.

 

La secuencia de hechos que han sido analizados evidencia la intención de utilizar el  proceso  judicial  para  un  fin  distinto  a  aquél  que  persigue  el  ordenamiento jurídico. Una vez denegado el reconocimiento de los créditos de la señora Woolcott por el INDECOPI, esta última inició un proceso judicial en el que era plenamente consciente de que no se iban a discutir los derechos de los acreedores que la autoridad administrativa había buscado tutelar en los dos procedimientos administrativos anteriores. Con esta actuación se estaba desvirtuando uno de los pilares en los que se sustenta el sistema concursal cual es que el reconocimiento de créditos no perjudique a los demás acreedores con la inclusión en la junta, acreedores de créditos inexistentes.

 

En atención a lo señalado, esta Sala estima que existen elementos de juicio suficientes para concluir que la señora Woolcott ha usado un proceso judicial para alcanzar de manera indirecta lo que no pudo obtener de manera directa ante la Comisión y esta Sala, desconociendo por esta vía los derechos de los demás acreedores de la insolvente Cesar´s.

 

III.2.6   Los efectos del reconocimiento de los créditos invocados por la señora

Woolcott

 

Sin perjuicio de las consideraciones legales que anteceden, esta Sala considera necesario precisar las posibles consecuencias de reconocer un crédito que no se encuentra acreditado, en especial, con relación a los derechos de los demás acreedores de la masa concursal. El análisis que se efectúa tiene por finalidad

 

 

evaluar los posibles perjuicios que produciría reconocer dichos créditos para los demás interesados.

 

El reconocimiento de los créditos invocados le otorgaría a la señora Woolcott, en su calidad de acreedor vinculado, el 66,57% del universo total de los créditos reconocidos. Con una participación de dicha magnitud, la señora Woolcott controlaría las decisiones de la junta de acreedores y virtualmente podría decidir la adopción de cualquier acuerdo. Esta situación es particularmente grave toda vez que la señora Woolcott tiene la condición de acreedor vinculado que, además, no pudo acreditar plenamente la existencia de sus créditos.

 

Adicionalmente, dado que la señora Woolcott alega el carácter hipotecario de su crédito, ello le daría el tercer rango de preferencia y le permitiría cobrar antes que los demás acreedores, con excepción de los de naturaleza laboral. Esta situación implicaría una afectación directa a los derechos de los demás acreedores e incluso del acreedor tributario que verían reducidas las posibilidades de cobro al existir una preferencia de cobro del acreedor vinculado sobre el principal bien del patrimonio de Cesar´s.

 

La presentación de situaciones como  las señaladas hacen que, en defensa y representación de los intereses de los demás acreedores, así como del interés público  que  podría  verse  afectado  si  la  conducta  de  los  intervinientes  en  el presente procedimiento se generalizara, conducta consistente en la simulación de un crédito y la utilización del Poder Judicial para tales efectos, la Sala considere plenamente justificado el uso de la facultad con que cuenta el INDECOPI para dar inicio a un procedimiento judicial en el que se persiga la declaración de nulidad de la cosa juzgada contenida en la resolución judicial objeto de análisis.

 

III.2.7   La nulidad de la Resolución Nº 1847-2000/CRP-ODI-CAMARA

 

El inciso b) del artículo 43 de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos14  sanciona la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos dictados en contravención a la Constitución y las Leyes.

 

Como se aprecia del análisis efectuado en los puntos anteriores, la Sala ha determinado que la Comisión, antes de reconocer el crédito invocado por la señora Woolcott, debió plantear una demanda de nulidad de cosa juzgada al amparo de la facultad contenida en la Novena Disposición Complementaria de la Ley de Reestructuración Patrimonial. Los elementos de juicio para sustentar dicha actuación administrativa se encontraban en el expediente tal como ha sido analizado.

 

 

 

14TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, Artículo 43.- Son nulos de pleno derecho los actos administrativos: (…)

b) Contrarios a la Constitución y a las leyes y los que contengan un imposible jurídico; (…).

 

 

De conformidad con lo establecido en la Novena Disposición Complementaria, la decisión de plantear la demanda de nulidad de la cosa juzgada debió ser adoptada antes de proceder al reconocimiento del crédito invocado. En efecto, sólo después de planteada la demanda y resuelta la pretensión por el Poder Judicial de manera definitiva, la autoridad concursal podía pronunciarse sobre el reconocimiento del crédito solicitado. En ese caso, el pronunciamiento de la autoridad concursal debía limitarse a reconocer el crédito si la demanda hubiera sido declarada infundada o a no reconocerlo en caso que la demanda hubiera sido declarada fundada.

 

En consecuencia, siendo que esta Sala ha determinado que correspondía interponer la referida demanda de nulidad de la cosa juzgada, como condición previa al pronunciamiento de primera instancia, corresponde también declarar la nulidad de la resolución expedida por la Comisión que reconoció los créditos invocados, en cuanto dicha materia recién podrá ser resuelta una vez que la autoridad judicial haya determinado de manera definitiva si la cosa juzgada contenida en la Resolución  Nº 5  del  17  de  marzo  de  2000  es  nula  o  no  por contener un fraude.

 

La nulidad del pronunciamiento de primera instancia también es consecuencia de la suspensión de pleno derecho del procedimiento de reconocimiento de créditos que  opera  automáticamente  al  ejercerse  la  facultad  contenida  en  el  segundo párrafo de la Novena Disposición Complementaria. Así, al haberse determinado que dicha demanda debió haber sido interpuesta por la Comisión, la resolución emitida por ella ha devenido en ineficaz.

 

Por tanto, corresponde declarar la nulidad de la Resolución Nº 1847-2000/CRP- ODI-CAMARA, debiendo reservarse el fallo sobre el reconocimiento de los créditos invocados por la señora Woolcott a la emisión de la sentencia que, de manera definitiva, resuelva la demanda de nulidad de cosa juzgada que, en ejecución de la presente resolución, deberá plantearse ante el Poder Judicial.

 

III.2.8   El registro de los créditos invocados como contingentes

 

El segundo párrafo de la Novena Disposición Complementaria de la Ley de Reestructuración Patrimonial, dispone que con la sola interposición de la demanda de nulidad de cosa juzgada se suspende de pleno derecho el procedimiento de reconocimiento de créditos, el mismo que queda sujeto a lo que resulte en el proceso judicial que se inicie con tal propósito. Esta suspensión no opera en virtud a una decisión del INDECOPI, sino por un mandato directo y expreso de la Ley.

 

Sin embargo, dicha norma no ha establecido qué mecanismos debieran adoptarse a fin de garantizar los eventuales derechos que el solicitante del reconocimiento de los créditos pudiera tener en caso que la demanda de nulidad cosa juzgada fuera declarada infundada.

 

 

Al respecto, debe tenerse en consideración que la suspensión del procedimiento de reconocimiento de créditos no determina la suspensión del procedimiento de insolvencia.  En  otras  palabras,  el  concurso  y  sus  actuaciones  seguirán  su desarrollo normal con la realización de las juntas de acreedores que se convoquen, la toma de decisiones que correspondan y la participación de todos los acreedores válidamente reconocidos. La única limitación por efecto de la suspensión recae en el solicitante del reconocimiento de los créditos objeto de la acción judicial promovida por el INDECOPI. En ese sentido, es necesario adoptar las medidas legales que correspondan para proteger los eventuales derechos que el solicitante de dicho reconocimiento de créditos pudiera tener hasta que el Poder Judicial resuelva de manera definitiva la controversia generada.

 

En la línea de lo señalado, resulta de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 23 de la Ley de Reestructuración Patrimonial15. Dicha norma establece la obligación de registrar como contingentes únicamente aquellos créditos que se encontraran en controversia judicial, administrativa o arbitral y que no tuvieran ninguna de las tres condiciones señaladas en Ley, esto es, originarse en un reconocimiento judicial pre-existente, sustentarse en un título valor o tener el carácter de laboral.

 

El supuesto de la suspensión del procedimiento de reconocimiento de los créditos por el mérito de la interposición de la demanda de nulidad de la cosa juzgada por aplicación  de  la  Novena  Disposición  Complementaria  de  la  Ley  de Reestructuración Patrimonial, es un supuesto distinto a los supuestos de excepción contemplados en el artículo 23 antes reseñado, y específico en cuanto resulta del ejercicio de una facultad otorgada a la autoridad concursal. Por ello, corresponde el registro de los créditos como contingentes a fin de que los demás acreedores, y los demás agentes involucrados en el proceso concursal, continúen con el mismo teniendo en consideración la existencia de esta contingencia, así como para que adopten las medidas necesarias para evitar el perjuicio del derecho de las partes involucradas.

 

Esta Sala considera que la interpretación efectuada respecto del registro como contingentes de los créditos invocados que fueran objeto de una acción de nulidad de cosa juzgada debe adquirir la condición de precedente de observancia obligatoria.

 

En consecuencia, corresponde disponer que, una vez interpuesta la demanda de nulidad de cosa juzgada, la autoridad concursal proceda al registro como contingentes  de  los  créditos  invocados  por  la  señora  Woolcott  ascendentes  a

 

 

 

15TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DE REESTRUCTURACION PATRIMONIAL, Artículo 23.- (…)  Los créditos controvertidos judicial, administrativa o arbitralmente, distintos de los mencionados en los párrafos  precedentes serán registrados por la Comisión como contingentes, consignando de ser el caso la cuantía reconocida  por cada una de las partes. La existencia de estos créditos será puesta en conocimiento de los demás acreedores.  El titular de los créditos contingentes podrá acudir a la junta con derecho voz pero sin voto.

 

 

US$ 9  571  050,00,  a  resultas  del  procedimiento  judicial  iniciado  con  dicha demanda.

 

 

 

IV         RESOLUCION DE LA SALA

 

Por los argumentos expuestos, la Sala ha resuelto lo siguiente:

 

PRIMERO: declarar nula la Resolución Nº 1847-2000/CRP-ODI-CAMARA emitida por la Comisión de Reestructuración Patrimonial de la Oficina Descentralizada del INDECOPI  en  la  Cámara  de  Comercio  de  Lima  el  1  de  junio  de  2000,  que reconoció los créditos que la señora Roxana Milagros Woolcott Perales alegó mantener frente a Compañía de Servicios Turísticos Cesar’s S.A. ascendentes a US$ 9 571 050,00  por  concepto  de  capital  y  les  otorgó  el  tercer  orden  de preferencia.

 

SEGUNDO: disponer que en ejercicio de la facultad contenida en la Novena Disposición Complementaria de la Ley de Reestructuración Patrimonial, se demande por la vía de la nulidad de la cosa juzgada la Resolución Nº 5 emitida por el Trigésimo Octavo Juzgado Corporativo Civil de Lima el 17 de marzo de 2000.

 

TERCERO: disponer que, una vez interpuesta la demanda de nulidad de cosa juzgada, la autoridad concursal proceda al inmediato registro como contingentes de los   créditos   invocados   por   la   señora   Roxana   Milagros   Woolcott   Perales ascendentes a US$ 9 571 050,00.

 

CUARTO: declarar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807, el criterio que se desarrolla a continuación constituye precedente de observancia obligatoria:

 

De conformidad con lo señalado en el segundo párrafo de la Novena Disposición Complementaria de la Ley de Reestructuración Patrimonial, la sola interposición de la demanda de nulidad de cosa juzgada suspende de pleno derecho el procedimiento de reconocimiento de los créditos objeto del cuestionamiento, el mismo que quedará sujeto a lo que resulte en el proceso judicial que se inicie con tal finalidad.

 

En dicho supuesto,  en aplicación de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley  de  Reestructuración  Patrimonial,  la  autoridad  concursal  deberá registrar como contingentes los créditos declarados por la sentencia que es objeto de la demanda de nulidad de cosa juzgada, con la finalidad de adoptar   las   medidas   legales   que   correspondan   para   proteger   los eventuales derechos del solicitante de dicho reconocimiento de créditos hasta que el Poder Judicial resuelva de manera definitiva la controversia generada.

 

 

 

QUINTO: disponer que la Secretaría Técnica remita al Directorio del INDECOPI copia de la presente resolución para su publicación en el diario oficial El Peruano de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 807.

.

Con  la  intervención  de  los  señores  vocales:  Hugo  Eyzaguirre  del  Sante Alfredo  Bullard  González,  Luis  Hernández  Berenguel,  Gabriel  Ortiz  de Zevallos Madueño, Mario Pasco Cosmópolis y Liliana Ruiz de Alonso.

 

 

 

 

 

 

 

HUGO EYZAGUIRRE DEL SANTE Presidente

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