CARPIO ABOGADOS Y ASOCIADOS
EMPRESARIAL
Menu
A+ A A-

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ENTIDAD LIQUIDADORA PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA ACTIVIDAD : PREPARACIÓN Y TEJIDO DE FABRICACIONES TEXTILES

 

PROCEDENCIA     :         COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES

DENUNCIADO       :         PROFESA S.R.L.

DEUDOR                :         GALTEX S.A. EN LIQUIDACIÓN

MATERIA                 :         DERECHO CONCURSAL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ENTIDAD LIQUIDADORA

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA

ACTIVIDAD             :         PREPARACIÓN Y TEJIDO DE FABRICACIONES TEXTILES

 

SUMILLA: de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo

807, aprobar como Precedente de Observancia Obligatoria el siguiente criterio interpretativo:

 

“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley General del Sistema Concursal, las entidades liquidadoras tienen la obligación de pagar los créditos reconocidos por la Comisión al acreedor que sea titular de los mismos a la fecha en que se efectúe el pago, incluso si dicho acreedor carece de un reconocimiento   previo   por   parte   de   la   citada   autoridad administrativa.”

 

Lima, 10 de enero de 2008

 

I       ANTECEDENTES

 

1.      Mediante Resolución 02-1993/CRE-CAL del 4 de noviembre de 1993, se declaró la insolvencia de Galtex. El 17 de febrero de 1994, la Junta de Acreedores de dicha empresa acordó su disolución y liquidación.

 

2.      El 14 de junio de 1994, la Junta de Acreedores de Galtex designó a la Comisión  Liquidadora  integrada  por  los  señores  Cesar  Mosquera Leyva, Alfonso Obando Mestas y Jorge Cangalaya Díaz. El 11 de abril de 1994, se suscribió el Convenio de Liquidación con la Comisión Liquidadora. Asimismo, en la sesión de Junta de Acreedores del 12 de febrero de 1997, se designó a Profesa S.R.L. (en adelante, Profesa) como entidad liquidadora de Galtex.

 

3.      Con ocasión de la denuncia formulada por tres (3) acreedores laborales de Galtex contra Profesa, la Comisión de Procedimientos Concursales (en adelante, la Comisión) emitió la Resolución 6833-2006/CCO- INDECOPI del 26 de mayo de 2006, por la que se dispuso que la

 

M-SDC-02/1C

 

 

Secretaría Técnica de la Comisión inicie un procedimiento sancionador contra dicha entidad liquidadora, por el presunto pago indebido que habría efectuado a favor de Grupotex S.A. (en adelante, Grupotex) a pesar de no tratarse de un acreedor reconocido en el procedimiento concursal de Galtex.

 

4.      Mediante   Requerimiento   7524-2006/CCO-INDECOPI,   notificado   A Profesa el 24 de octubre de 2006, la Comisión inició un procedimiento sancionador en su contra por el presunto pago indebido que habría efectuado a favor de Grupotex, hecho que contravendría la obligación establecida en la Cláusula Décimo Octava del Convenio de Liquidación de  Galtex.  Asimismo,  otorgó  a  Profesa  un  plazo  de  cinco  (5)  días hábiles  para  que  formule  sus  descargos  y  adjunte  los  medios probatorios correspondientes.

 

5.      El 31 de octubre de 2006, Profesa presentó sus descargos señalando que la   norma   aplicable   a   este   procedimiento   era   la   Ley   de Reestructuración Empresarial.   Asimismo,   indicó   que   los   pagos efectuados  a  favor  de  Grupotex  se  realizaron  en  atención  a  que adquirió créditos de origen laboral previamente reconocidos por la Comisión. En tal sentido, agregó que no existía norma alguna  que obligue a un tercero que adquiere la titularidad de un crédito reconocido por la autoridad concursal, a solicitar el cambio de la misma a la Comisión antes de efectuar  el  cobro  de  sus acreencias.  Por  tanto, manifestó que Grupotex no tenía la obligación de comunicar a la Comisión que había adquirido la titularidad de los créditos reconocidos a favor de los acreedores laborales, criterio que había sido establecido en  anterior  oportunidad  por  el  Tribunal  en  la  Resolución  0128-

2004/SCO-INDECOPI del 5 de marzo de 2004.

 

6.     Mediante Resolución 6639-2007/CCO-INDECOPI del 20 de junio de

2007, la Comisión señaló que a diferencia de lo dispuesto por la Resolución 0128-2004/SCO-INDECOPI, cuyo criterio no resultaba vinculante por no constituir un precedente de observancia obligatoria, consideraba  que  resultaba  necesario  que  el  nuevo  acreedor  se apersone al procedimiento concursal y solicite el cambio de titularidad correspondiente. Ello, en atención a que debía determinar quién era el nuevo titular autorizado de los créditos, para participar en el procedimiento. En consecuencia, halló responsable a Galtex por haber efectuado pagos a favor de Grupotex pese a que no se encontraba reconocido por la Comisión como acreedor, hecho que contraviene lo estipulado en la Cláusula Décimo Octava del Convenio de Liquidación de dicha empresa y lo establecido en el artículo 88 de la Ley General del Sistema Concursal y la sancionó con una multa de dos (2) UIT.

 

 

7.      El 12 de julio de 2007, Profesa interpuso recurso de apelación contra la referida Resolución reiterando los argumentos expuestos en su escrito de descargos. Asimismo, agregó que la Comisión decidió apartarse del criterio establecido por la Sala Concursal mediante Resolución 0128-

2004/SCO-INDECOPI,  sin  señalar  el  sustento  legal  que  amparaba dicha decisión.

 

II      CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

8.      Determinar si Profesa ha contravenido lo estipulado en la Cláusula Décimo Octava del Convenio de Liquidación de la concursada y lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley General del Sistema Concursal, por haber efectuado pagos a favor de Grupotex, pese a que no se encontraba reconocido por la Comisión como acreedor de Galtex.

 

III     ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

Norma aplicable al presente procedimiento

 

9.      El artículo 103 de la Constitución Política del Perú1  y el artículo III del Título Preliminar del Código Civil2  establecen como regla general el principio de aplicación inmediata de las normas, que señala que los hechos, relaciones y situaciones que ocurran a partir de la vigencia de la nueva norma se regularán por ésta, siendo excepcional la aplicación ultraactiva y retroactiva de las normas3.

 

10.    Tal como ha señalado la Sala en anteriores pronunciamientos4, a partir de lo dispuesto por las referidas normas, nuestro ordenamiento ha recogido la teoría de los hechos cumplidos en materia de aplicación de las normas en el tiempo. Esto es, que la nueva ley surtirá efectos para las  relaciones  jurídicas  existentes  al  momento  de  su  entrada  en vigencia, así se deriven de actos o hechos ocurridos con anterioridad.

 

 

 

 

 

1          CONSTITUCION POLITICA DEL PERU, Artículo 103.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerzas ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. (…)

 

2          CODIGO CIVIL, TITULO PRELIMINAR, Artículo III.- La Ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú.

 

3        RUBIO CORREA, Marcial. Retroactividad, Irretroactividad y Ultraactividad. En: Para Leer el Código Civil.

Cuarta Edición, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1985. pp. 25y 26.

 

4        Ver Resolución 0023-2002/TDC-INDECOPI del 16 de enero de 2002.

 

 

11.    Con relación a las normas procesales, Carnelutti señala que el principio de aplicación inmediata de las normas también se utiliza en materia procesal, pues la aplicación de este tipo de normas viene impuesta por la circunstancia de cuándo se realizan  los  hechos  a  los que se le atribuye  eficacia  jurídica  procesal5.  La  ley  procesal  está  sometida, como toda norma, al principio de aplicación inmediata, esto es, que rige para los hechos que ocurran bajo su vigencia no pudiendo tener efectos retroactivos, salvo las excepciones señaladas en la Constitución6.

 

12.   Devis Echandía señala lo siguiente:

 

"Es decir, la ley procesal debe consagrar este principio: debe aplicarse la norma vigente en el momento en que el respectivo derecho se ejercita; lo que equivale a decir que se aplica la nueva ley a los hechos ocurridos luego de su vigencia, y que la ley aplicable es la del momento en que hace valer el derecho en el proceso. Se tiene en cuenta no el momento en que nace el derecho, sino el momento en que se lo pone en acción; por ello, si se tenía un derecho procesal de acuerdo con la ley anterior, pero  no  había  sido  ejercitado  al  entrar  a  regir  la  nueva,  y  ésta  lo suprimió, no es posible ya alegarlo en el proceso"7 .

 

13.    La  Disposición  Derogatoria  Única  de  la  Ley  General  del  Sistema Concursal  ha   establecido   de   manera   excepcional,   la   aplicación ultraactiva        del   Decreto   Ley   26116   -Ley   de   Reestructuración Empresarial- a los procedimientos de declaración de insolvencia, reestructuración y liquidación extrajudicial iniciados bajo su vigencia8, criterio                que   también   fue   recogido   por   la   derogada   Ley   de Reestructuración Patrimonial, aprobada por el Decreto Legislativo 8459. Dichas disposiciones deben entenderse referidas a los derechos y obligaciones que tenían los administrados en el procedimiento.

 

 

 

5        CARNELUTTI,  Francesco.  Sistema  de  Derecho  Procesal  Civil.  Tomo  I.  Ed.:  Uteha  Argentina.  Unión

Tipográfica Editorial Hispano Americana. 1944. pp. 106 y 107.

 

6        Cfr. CHIOVENDA, Giuseppe. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Volumen I. Editorial Revista de Derecho

Privado. Madrid, 1948. pp. 90 y ss.

 

7          DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría General del Proceso. Editorial Universidad; Buenos Aires, 1997. pp. 84 y 85.

 

8        LEY 27809, LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, DISPOSICIONES DEROGATORIAS.

ÚNICA.-  Derógase  el  Decreto  Legislativo  Nº 845  y  la  Ley  Nº 27146  y  sus  normas  modificatorias, con excepción  de  sus  disposiciones  complementarias,  finales,  modificatorias  y  transitorias  que mantienen plena vigencia en todo lo que no se oponga a la presente Ley.

 

9          DECRETO   LEGISLATIVO   845,   LEY   DE   REESTRUCTURACIÓN  PATRIMONIAL,   DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Única.-    Los procesos de declaración de insolvencia, reestructuración y liquidación extrajudicial iniciados

antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 845, continuarán su trámite conforme a lo establecido por el Decreto Ley Nº 26116, Ley de Reestructuración Empresarial y su Reglamento,

aprobado por Decreto Supremo Nº 044-93-EF.

 

 

14.    Para Marcial Rubio, "(l)a aplicación ultraactiva de una norma es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata"10. En ese sentido, la finalidad de la aplicación ultraactiva de las normas es otorgar seguridad

a las personas respecto a sus derechos y obligaciones, tanto en sus relaciones sustantivas como en las procesales. Dicha aplicación no se traslada -salvo que una norma expresamente señale lo contrario- a las facultades  y  potestades  que  tiene  la  autoridad  para  resguardar  el interés público o, en general, al poder de primacía que tiene el Estado frente a los particulares.

 

15.    La interpretación de las normas que disponen la aplicación ultraactiva de una norma derogada debe ser restrictiva, pues ésta significa una excepción al principio general. En tal sentido, la interpretación de la Disposición   Derogatoria   Única   de   la   Ley   General   del   Sistema Concursal, así como de la Disposición Transitoria Única de la derogada Ley de Reestructuración Patrimonial, debe restringirse a que sólo los derechos y obligaciones de los administrados que se encontraban regulados por la Ley de Reestructuración Empresarial y su Reglamento derivados de los procedimientos de insolvencia, reestructuración o liquidación extrajudicial, se seguirán rigiendo por ésta norma. Ello, con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a los administrados.

 

16.    Corresponde a dichas normas la interpretación que restringe los efectos de    la   condición   de   ultraactividad   a   los   aspectos   relacionados estrictamente con el trámite de los procedimientos, entendiendo por tales los plazos, las instancias, los recursos y las condiciones de acción de las actuaciones procesales.

 

17.    Ni   la   Ley   de   Reestructuración   Empresarial   ni   su   Reglamento establecían sanción alguna para las entidades administradoras o liquidadoras de empresas sometidas al proceso concursal. Es a partir de la Ley de Reestructuración Patrimonial, y luego con la Ley General del  Sistema Concursal,  que  se  regula  tanto  las  sanciones  como  la competencia    de   la   Comisión   para   sancionar   a   una   entidad administradora                                o   liquidadora    que    incumpliera    alguna    de    las obligaciones que les imponía dicha norma.

 

18.    En   tal   sentido,   no   puede   existir   ultraactividad   de   la   Ley   de Reestructuración Empresarial respecto de la falta de tipificación de sanciones, y como es obvio tampoco a la facultad de la Comisión para

 

 

10      RUBIO CORREA, Marcial. Retroactividad, Irretroactividad y Ultraactividad. En: Para Leer el Código Civil.

Cuarta Edición, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1985. p. 25.

 

 

sancionar, simplemente porque no había norma alguna a la cual darle ultraactividad. Lo que existía era un vacío en el ordenamiento respecto a la imposición de sanciones a las entidades administradoras y liquidadoras de empresas sometidas a un proceso de reestructuración o liquidación, respectivamente.

 

19.    La   tipificación   de   sanciones   a   las   entidades   administradoras   y liquidadoras, como la competencia de la Comisión para imponer dichas sanciones   se    regularon    recién    con    la    Primera    Disposición Complementaria  de   la   Ley   de   Reestructuración   Patrimonial11, complementada posteriormente por la Décimo Primera Disposición Complementaria, agregada por la Ley 2714612.

 

20.    Sin embargo, dichas normas han sido derogadas por las disposiciones contenidas en el Título VII de la Ley General del Sistema Concursal, que  regulan el procedimiento  sancionador  que  debe  seguirse  a  las entidades administradoras y liquidadoras en caso que incumplan con sus obligaciones.

 

 

 

 

 

11        DECRETO  LEGISLATIVO 845,  LEY  DE  REESTRUCTURACION PATRIMONIAL; Primera  Disposición Complementaria.- CALIFICACION DE  ENTIDADES  ADMINISTRADORAS Y  LIQUIDADORAS.- Podrán ejercer las funciones de Administrador de empresas en proceso de reestructuración o de Liquidador de empresas en proceso de disolución y liquidación, además de los bancos, las instituciones financieras y de seguros, otras entidades públicas o privadas que a juicio de la Comisión cuenten con la capacidad técnica para el efecto.

 

Excepcionalmente, cuando el patrimonio del insolvente no permita sufragar los honorarios de una entidad del sistema financiero o una entidad calificada conforme a lo establecido en el párrafo anterior, la Comisión o la Junta con autorización de ésta, según corresponda, podrá designar o proponer como liquidadora de los bienes de un deudor insolvente, a una comisión integrada por un representante del insolvente y dos seleccionados entre los acreedores.

 

En caso de que las entidades o comisiones calificadas por la Comisión para desempeñarse como administradores o liquidadores, en el ejercicio de sus funciones incumplieran alguna o algunas de las obligaciones que les impone la presente Ley, la Comisión, atendiendo a la gravedad del incumplimiento, podrá imponer multas no menores de dos (2) ni mayores de cien (100) Unidades Impositivas Tributarias. Asimismo, de considerarlo necesario, podrá sancionarlas con la suspensión de la calificación, o la inhabilitación permanente para continuar desempeñando sus funciones. Estas sanciones podrán ser aplicadas tanto a la entidad como a sus miembros.

 

Las mismas sanciones son aplicables al Administrador Especial en caso de incumplimiento de sus obligaciones.

 

12        LEY  DE   FORTALECIMIENTO  DEL  SISTEMA  DE  REESTRUCTURACIÓN  PATRIMONIAL,  Décimo Primera.- FACULTADES DE LA COMISION PARA SANCIONAR ACTOS FRAUDULENTOS EN PERJUICIO DE LOS ACREEDORES.- La Comisión cuenta con atribuciones para, de oficio o a pedido de parte, sancionar con multas de hasta 100 (cien)UIT al deudor, la persona que actúa en su nombre, el administrador o el liquidador que, en un procedimiento de insolvencia, procedimiento simplificado o concurso preventivo, según el caso, realizara alguna de las siguientes conductas:

 

1.     Ocultamiento de bienes.

2.     Simulación, adquisición o realización de deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas.

3.     Realización de actos de disposición patrimonial o generador de obligaciones, que no se refieran al desarrollo normal de su actividad.

(…)

 

 

21.    El  procedimiento concursal  de  Galtex  se  inició  bajo  la  vigencia  del Decreto Ley 26116 -Ley de Reestructuración Empresarial. No obstante ello, los hechos materia de investigación, consistentes en los presuntos pagos indebidos efectuados por Profesa a favor de Grupotex, como consecuencia de la celebración de los contratos de dación en pago del

15 de abril y el 10 de octubre de 2002,  se produjeron bajo la vigencia de la Ley de Reestructuración Patrimonial y la Ley General del Sistema Concursal, respectivamente. En tal sentido, las presuntas infracciones deberán ser analizados en el marco de lo dispuesto por las referidas normas, según corresponda a cada uno de ellos.

 

22.    No    obstante,    las    normas    procesales    aplicables    al    presente procedimiento sancionador son las establecidas en el Título VII de la Ley General del Sistema Concursal a ambas infracciones13, tal como se ha precisado en el numeral 20 antes mencionado.

 

El pago de créditos reconocidos que son materia de una cesión

 

23.    De conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley General del Sistema Concursal14, el liquidador estaba obligado a efectuar el

 

13     CÓDIGO PROCESAL CIVIL, Disposiciones Finales.

Segunda.- Las normas procesales son de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior: las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución.

 

14        LEY  27809,  LEY  GENERAL  DEL  SISTEMA  CONCURSAL,  Artículo  88º.-  Pago  de  créditos  por  el liquidador

88.1     El Liquidador, bajo responsabilidad, está obligado a pagar en primer término los créditos reconocidos

por la Comisión conforme al orden de preferencia establecido en el artículo 42º hasta donde alcanzare el patrimonio del deudor.

88.2     La preferencia de los créditos implica que los de un orden anterior excluyen a los de un orden posterior, según la prelación establecida en el artículo 42º.

88.3     Los créditos correspondientes al primer orden se pagan a prorrata y proporcional al porcentaje que

representan las acreencias a favor de cada acreedor.

88.4     Los créditos correspondientes al segundo, cuarto y quinto orden, se pagan al interior de cada orden de preferencia a prorrata entre todos los créditos reconocidos del respectivo orden. Deberá entenderse

por prorrata la distribución proporcional al porcentaje que representan los créditos dentro del total de deudas de un orden de preferencia.

88.5     El Liquidador tiene la obligación de actualizar todos los créditos reconocidos liquidando los intereses

generados hasta la fecha en que se haga efectivo el pago, aplicando para tal efecto la tasa de interés aprobada por la Junta, de haberse establecido.

88.6     Los créditos reconocidos por la Comisión después de que el Liquidador ya hubiere cumplido con

cancelar los créditos del orden de preferencia que se les hubiere atribuido, serán pagados inmediatamente, pero sin alterar los pagos ya efectuados.

88.7     Si luego de realizar uno o más pagos se extingue el patrimonio del deudor quedando acreedores

pendientes de ser pagados, el Liquidador deberá solicitar, bajo responsabilidad, en un plazo no mayor de treinta (30) días, la declaración judicial de quiebra del deudor, de lo que dará cuenta al Comité o al Presidente de la Junta y a la Comisión.

88.8     En caso de que se pagara todos los créditos reconocidos y hubieran créditos registrados en los libros del deudor que no hubieren sido reconocidos por la Comisión, deberán ser pagados de acuerdo al orden de preferencia establecido en el artículo 42º, consignándose su importe en el Banco de la

Nación cuando el domicilio de los acreedores no fuere conocido.

88.9     Los acreedores pueden hacer valer sus créditos frente a los liquidadores después del fin de la liquidación, si la falta de pago es por responsabilidad de estos últimos.

88.10   Cuando se hayan pagado todos los créditos, el Liquidador deberá entregar a los accionistas o socios del deudor los bienes sobrantes de la liquidación y el remanente, si los hubiere.

 

 

pago de los créditos debidamente reconocidos por la Comisión en el orden de preferencia que les corresponda, hasta donde alcance el patrimonio del insolvente.

 

24.    Tal     como     lo     ha     señalado     este     Tribunal     en     anteriores pronunciamientos15, al reconocer un crédito, la Comisión debe cumplir con verificar, además de la existencia, origen y cuantía del mismo, su legitimidad, lo cual permite identificar al acreedor habilitado para participar en la Junta de Acreedores y exigir el pago de su crédito en los términos acordados por el referido órgano deliberativo.

 

25.    A diferencia de lo señalado por la Comisión, tal declaración no impide que dicho acreedor pueda disponer de su crédito mediante su cesión a un tercero, quien asumirá la titularidad del mismo en virtud de dicha transmisión y, a partir de ese momento, se encontrará facultado para exigir al deudor el pago del crédito sin requerir de un pronunciamiento administrativo para tal efecto, al tratarse únicamente del cambio de titularidad de un crédito reconocido previamente por la autoridad concursal.

 

26.    En consecuencia, debe entenderse que el artículo 88 de la Ley General del Sistema Concursal establece que el liquidador tiene la obligación de pagar los créditos reconocidos por la Comisión al acreedor que sea su titular a la fecha de pago, incluso si este último no cuenta con un reconocimiento particular previo por parte de la citada autoridad administrativa.

 

Los pagos efectuados por Profesa a un acreedor de Galtex no reconocido por la Comisión

 

27.    La Resolución apelada halló responsable a Galtex por haber efectuado pagos a favor de Grupotex, pese a que no se encontraba reconocido por la Comisión como acreedor de dicha empresa, contraviniendo lo estipulado en la Cláusula Décimo Octava del Convenio de Liquidación16 de la concursada y el artículo 88 de la Ley General del Sistema Concursal.

 

28.    En  su  apelación,  Profesa  ha  señalado  que  la  Comisión  no  debió sancionarla por haber pagado a Grupotex los créditos que adquirió de diversos  acreedores  laborales,  toda  vez  que  esta  empresa  era  un

 

 

15      Ver Resolución 0128-2004/SCO-INDECOPI del 5 marzo de 2004.

 

16        CLAUSULA DECIMO OCTAVA.- Los pagos se realizarán conforme al orden de prelación establecido en el artículo 42º de LA LEY. La oportunidad de pago en efectivo de los créditos se hará de acuerdo al artículo

83.5º y 88º de LA LEY.

 

 

legítimo acreedor de Galtex en mérito a la cesión de créditos efectuada a su favor por acreedores reconocidos por la autoridad concursal. En tal sentido, la entidad liquidadora  manifestó  que no  era  necesario  que Grupotex fuera previamente reconocida por la Comisión como acreedor de la concursada, debido a que dichos créditos fueron reconocidos en su oportunidad a favor de los cedentes.

 

29.    De la revisión del expediente, se aprecia que mediante contrato de cesión de créditos del 6 de diciembre de 2000, Grupotex adquirió la titularidad de los créditos que fueron reconocidos por la autoridad concursal por concepto de capital a favor de diversos acreedores laborales de Galtex17. Es así que, el 15 de abril y 10 de octubre de

2002,  Profesa  celebró  dos  contratos  de  dación  en  pago  con  los

acreedores laborales de Galtex, en los que intervino Grupotex en subrogación de los acreedores laborales que le cedieron sus créditos por capital.

 

30.    De conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley General del Sistema Concursal, y también por el artículo 78 de la Ley de Reestructuración Patrimonial18, normas aplicables a los hechos materia de investigación, el liquidador estaba obligado a pagar los créditos debidamente reconocidos por la Comisión en el orden de preferencia que les corresponda, al acreedor que sea titular de los mismos a la fecha de pago, incluso si este último no cuenta con un reconocimiento previo por parte de la citada autoridad administrativa.

 

31.    En  el  presente  caso,  un  grupo  de  trabajadores  reconocidos  como acreedores laborales de Galtex había cedido parte de sus créditos a favor de Grupotex. Frente a dicha situación, Profesa canceló a la empresa cesionaria los referidos créditos mediante la dación en pago. Si bien Grupotex no se encontraba reconocida por la Comisión como acreedor de Galtex, tal situación no impedía que Profesa le pagara los referidos       créditos,   en   virtud   de   la   cesión   efectuada   bajo   las formalidades requeridas por ley para su validez19. Grupotex adquirió la titularidad  y  el  derecho  a  exigir  su  pago,  así  como  los  privilegios,

 

 

 

 

17        Grupotex adquirió los créditos reconocidos a favor de los siguientes acreedores laborales: Rutilio Paucar Ríos, Felix Pillaca Peralta y José de la Rosa Zúñiga Bejarano.

 

18     DECRETO LEGISLATIVO 845, LEY DE REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL, Artículo 78.- Pago de los créditos por el liquidador.- El liquidador está obligado a pagar los créditos debidamente reconocidos por la Comisión conforme al orden de prelación establecido en el artículo 24 de la presente Ley hasta donde alcanzare el patrimonio del insolvente. (…)

 

19     CÓDIGO CIVIL, Artículo 1207.- La cesión debe constar por escrito, bajo sanción de nulidad. (…)

 

 

garantías y derechos accesorios de los mismos, de conformidad con lo establecido por los artículos 1206 y 1211 del Código Civil20.

 

32.    Dichos créditos fueron previamente reconocidos por la Comisión a favor de trabajadores de Galtex, por lo que, una vez verificada su existencia, origen, legitimidad y cuantía, correspondía que, en cumplimiento del deber  impuesto  por  el  artículo  78 de  la  Ley  de  Reestructuración Patrimonial y el artículo 88 de la Ley General del Sistema Concursal, Profesa pagara los mismos a su nuevo titular Grupotex.

 

33.    En consecuencia, Profesa pagó válidamente a Grupotex los créditos reconocidos a favor de diversos acreedores laborales de Galtex, en observancia         de   lo   dispuesto   por   el   artículo   78 de   la   Ley   de Reestructuración Patrimonial y el artículo 88 de la Ley General del Sistema    Concursal.   Por   ello,   corresponde   revocar   la   resolución impugnada en el extremo que sancionó a la referida entidad con una multa ascendente a dos (2) UIT y declarar que dicha empresa no tiene responsabilidad por las infracciones imputadas.

 

Difusión de la presente Resolución

 

34.    En aplicación del artículo 43 del Decreto Legislativo 80721 y atendiendo a  que  la  presente  Resolución  interpreta  de  modo  expreso  y  con carácter general el sentido de la legislación, corresponde declarar que constituye un Precedente de Observancia Obligatoria. Adicionalmente, es preciso oficiar al Directorio del INDECOPI para que ordene la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

 

IV    RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

PRIMERO:  revocar  la  Resolución  6639-2007/CCO-INDECOPI  del  20  de junio de 2007 que sancionó a Profesa S.R.L. con una multa ascendente a

 

 

20     CÓDIGO CIVIL, Artículo 1206.- La cesión es el acto de disposición en virtud del cual el cedente transmite al cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha obligado a transferir por un título distinto. (…)

 

Artículo 1211.- La cesión de derechos comprende la transmisión al cesionario de los privilegios, las garantías reales y personales, así como los accesorios del derecho transmitido, salvo pacto en contrario. (…)

 

21        DECRETO LEGISLATIVO 807, Artículo 43.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuere el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

El Directorio del Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el diario oficial El Peruano cuando lo considere

necesario  por  tener  dichas  resoluciones,  las  características  mencionadas  en  el  párrafo  anterior  o  por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores.

 

 

dos (2) UIT y declarar que dicha empresa no tiene responsabilidad por las infracciones imputadas.

 

SEGUNDO: de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo 807, aprobar como Precedente de Observancia Obligatoria el siguiente criterio interpretativo:

 

“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley General del Sistema Concursal, las entidades liquidadoras tienen la obligación de pagar los créditos reconocidos por la Comisión al acreedor que sea titular de los mismos a la fecha en que se efectúe el pago, incluso si dicho acreedor carece de un reconocimiento previo por parte de la citada autoridad administrativa.”

 

TERCERO: oficiar al Directorio del INDECOPI para que disponga la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El Peruano.

 

Con la intervención de los señores vocales Rosa María Graciela Ortiz Origgi, Juan Ángel Candela Gómez de la Torre, Juan Luis Avendaño Valdez,  Camilo  Nicanor  Carrillo  Gómez  y  Luis  José  Diez  Canseco Núñez.

 

 

 

 

ROSA MARÍA GRACIELA ORTIZ ORIGGI Presidenta

Login to post comments
back to top
Info for bonus Review bet365 here.

INICIO

CONSTITUCIONAL

CIVIL

PENAL

EMPRESARIAL

ADMINISTRATIVO