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PROCEDIMIENTO CONCURSAL ORDINARIO PLAN DE REESTRUCTURACIÓN PAGO DE CRÉDITOS EFECTUADOS EN EJECUCIÓN DEL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN REDUCCIÓN DE CRÉDITOS PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA ACTIVIDAD : VENTA AL POR MENOR DE OTROS PR

 

PROCEDENCIA   :       COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DEL INDECOPI (LA COMISIÓN)

DEUDOR              :       CONTINENTAL S.A.C. (CONTINENTAL)

ACREEDOR         :       PAPELERA NACIONAL S.A. (PAPELERA NACIONAL)

MATERIA               :       PROCEDIMIENTO CONCURSAL ORDINARIO PLAN DE REESTRUCTURACIÓN

PAGO DE CRÉDITOS EFECTUADOS EN EJECUCIÓN DEL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN REDUCCIÓN DE CRÉDITOS

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA

ACTIVIDAD           :       VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN ALMACENES ESPECIALIZADOS

 

SUMILLA: en el Procedimiento Concursal Ordinario de Continental S.A.C., la Sala ha resuelto revocar la Resolución N° 1293-2005/CCO-INDECOPI emitida el 25 de enero de 2005 por la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI, que declaró improcedente la solicitud presentada por dicha empresa para que se reduzca los créditos reconocidos a favor de Papelera Nacional S.A., toda vez que se ha acreditado en el procedimiento que la empresa deudora canceló dicho monto en ejecución de su Plan de Reestructuración. Por tanto, se reduce los   créditos   reconocidos   a   favor   de   Papelera   Nacional   S.A.   en US$ 6 352,00  y,  en  consecuencia,  se  declara  que  el  total  de  créditos reconocidos   a   su   favor   en   este   procedimiento   queda   fijado   en US$ 159 489,83 por capital, a los cuales les corresponde el quinto orden de preferencia.

 

Asimismo, en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 43 del Decreto   Legislativo   Nº 807,   se   declara   que   la   presente   resolución constituye precedente de observancia obligatoria en la aplicación del siguiente principio:

 

“En aplicación del artículo 42.2º de la Ley General del Sistema Concursal, la autoridad administrativa tiene el deber de constatar y pronunciarse sobre todos los pagos que el deudor efectúe a sus acreedores en ejecución del Plan de Reestructuración o del Convenio de Liquidación, en cuyo caso deberá imputar los pagos, en primer lugar, a las deudas por concepto de capital, luego a gastos  e  intereses,  procediendo  a  reducir  los  créditos reconocidos a favor de los acreedores beneficiados con los pagos y a fijar la nueva cuantía de las obligaciones que éstos mantienen frente al deudor.

 

Dado que la reducción de créditos que opera en los casos antes señalados   constituye   una   garantía   institucional   del   sistema

 

M-SDC-02/1C

 

 

concursal debido a que garantiza la correcta composición de la Junta de Acreedores y permite verificar la eventual superación de la situación de crisis que originó la declaración en concurso del deudor, la Comisión está habilitada para constatar la realización de  los pagos en cualquier  etapa  del  procedimiento,  ya  sea  de oficio o a pedido del deudor, de sus acreedores o de algún tercero con legítimo interés, debiendo adoptar todas las medidas probatorias necesarias  para  verificar  fehacientemente  la realización de los pagos alegados en el proceso”.

 

Lima, 12 de diciembre de 2005

 

I.          ANTECEDENTES

 

Por Resolución N° 1217-1998/CSM-INDECOPI del 7 de agosto de 1998 se declaró la insolvencia de Continental. El 9 de noviembre de 1998, la Junta de Acreedores acordó el ingreso de la empresa a un proceso de reestructuración patrimonial, y el 11 de noviembre de 1999 aprobó el respectivo Plan de Reestructuración.

 

Mediante escritos presentados el 21 de julio de 2003 y el 6 de setiembre de

2004, Continental solicitó a la Comisión que reduzca los créditos reconocidos en su procedimiento concursal a favor de Papelera Nacional, argumentando que había efectuado pagos a favor de dicha empresa en ejecución de su Plan de Reestructuración, ascendentes en conjunto a US$ 51 172,00.

 

Por Resolución N° 3588-2004/CCO-ODI-ULI del 28 de setiembre de 2004, la Comisión dispuso la reducción de los créditos reconocidos a favor de Papelera Nacional, en un monto ascendente a US$ 51 172,00. En ese sentido, precisó que el total de créditos reconocidos a favor de Papelera Nacional en el procedimiento quedaban fijados en US$ 184 906,83 por capital.

 

El 15 de octubre de 2004, Continental interpuso un recurso de reconsideración contra la Resolución N° 3588-2004/CCO-ODI-ULI, alegando que la Comisión omitió pronunciarse sobre uno de los extremos de su pedido de reducción de créditos, referido al pago de la suma de US$ 25 417,00 efectuado a favor de Papelera Nacional bajo la modalidad B1 del Plan de Reestructuración. Para sustentar su recurso, presentó copia de 4 letras de cambio y 3 constancias expedidas por el Banco Wiese Sudameris respecto del pago de 3 de las citadas cambiales.

 

Mediante Resolución N° 0630-2004/CCO-INDECOPI del 5 de noviembre de

2004, la Comisión declaró fundado en parte el recurso de reconsideración en el extremo  referido  a  los  pagos  efectuados  por  un  total  de  US$ 19 065,00, argumentando que Continental acreditó la cancelación de dicha suma a través

 

 

de  la  presentación  de  copias  de  las  Letras  de  Cambio  números  152776,

152777 y 152778 y de los comprobantes de pago de tales cambiales. De otro lado, la Comisión declaró infundado el recurso en el extremo referido al pago de la suma de US$ 6 352,00, alegando que Continental únicamente presentó copia  de  la  Letra  de  Cambio  número  152779,  pero  no  del  comprobante bancario que acredite la efectiva cancelación de dicho documento cambiario.

 

El  4  de  enero  de  2005,  Continental  presentó  un  escrito  a  la  Comisión solicitando que disponga la reducción de los créditos reconocidos a favor de Papelera Nacional en la suma de US$ 6 352,00, para lo cual presentó copia de la constancia de pago emitida por el Banco Wiese Sudameris de fecha 21 de octubre       de   2004,   que   acredita   la  cancelación   de  la  Letra  de  Cambio N° 152779.

 

Por Resolución N° 1293-2005/CCO-INDECOPI del 25 de enero de 2005, la Comisión   declaró   improcedente   la   solicitud   de   reducción   de   créditos presentada por Continental, argumentando que la misma se sustentó en el pago de la Letra de Cambio N° 152779, hecho que había ocurrido con anterioridad a la expedición de la Resolución N° 0630-2004/CCO-INDECOPI, motivo por el cual debió ser alegado por la empresa deudora de manera oportuna, es decir, antes de que se emitiera el referido pronunciamiento o a través de la interposición del medio impugnativo correspondiente.

 

El 17 de febrero de 2005, Continental interpuso un recurso de apelación contra la Resolución N° 1293-2005/CCO-INDECOPI, alegando que era obligación de la Comisión verificar los pagos que un deudor efectúe durante el proceso de reestructuración patrimonial, toda vez que únicamente a través del pago de los créditos reprogramados en el Plan de Reestructuración es que aquélla podrá superar su situación de concurso.

 

II.         CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

Determinar si, de conformidad con el marco legal vigente, la Comisión debía pronunciarse sobre el pago que Continental alega haber efectuado a favor de Papelera Nacional en ejecución de su Plan de Reestructuración y, de ser el caso, si correspondía proceder a reducir la cuantía de los créditos que esta última empresa tiene reconocidos en el procedimiento.

 

III.        ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

III.1        El concurso como instrumento legal de recomposición de relaciones de crédito

 

La realización de actividades económicas por parte de los particulares exige, entre otros elementos, la presencia de mecanismos legales que promuevan y

 

 

aseguren la efectiva captación de capital para el financiamiento y sostenimiento de la producción, entendida como la generación de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. En tal medida, el crédito es un elemento esencial para el desarrollo de la actividad empresarial, dado que permite a los particulares acceder a recursos con los cuales pueden financiar proyectos e inversiones que mejoren la producción, los ingresos y el empleo, generando un mayor bienestar en la sociedad.

 

En situaciones ordinarias, la rentabilidad del negocio debe permitir a los particulares atender oportunamente las deudas y cargas que éste genera, lo cual implica cumplir con el pago del servicio de la deuda financiera y de todas las obligaciones que la empresa mantiene frente al fisco, sus trabajadores y proveedores. Sin embargo, tal situación puede verse resquebrajada cuando la empresa experimenta un desequilibrio económico que afecta su liquidez o su patrimonio. Esta situación anormal que se deriva de una crisis económica despliega en la realidad una serie de efectos nocivos que alcanza no sólo a los acreedores  del  deudor,  sino  que  puede  involucrar  a  la  economía  en  su conjunto1 .

 

Atendiendo a la pluralidad de intereses que podrían hallarse comprometidos en una situación de crisis empresarial, el ordenamiento jurídico ha establecido la institución del concurso como instrumento legal de recomposición de todas las relaciones de crédito afectadas por el incumplimiento del deudor en el pago de sus obligaciones. En este contexto, los procedimientos concursales constituyen mecanismos de atención y solución de los conflictos que se generan cuando una persona natural o jurídica enfrenta una situación de crisis patrimonial y deviene insolvente. Estos procedimientos conllevan la instauración de un régimen transitorio y excepcional en el que las partes cuyos intereses de tipo patrimonial hayan sido afectados con la situación de concurso del deudor, puedan actuar colectivamente a fin de tomar decisiones sobre la forma de recuperación  de  los  créditos  adeudados2 .   De  allí  que  la  finalidad  de  los

 

 

1 Sobre este particular, el jurista italiano Franceso Galgano señala lo siguiente:

 

“La crisis de la empresa es causa, por muchos aspectos, de alarma social, y esto porque múltiples intereses colectivos se ven gravemente amenazados. Un primer motivo de alarma, que socialmente ha sido advertido desde hace mucho tiempo, consiste en el perjuicio que la crisis del establecimiento acarrea a los acreedores, ya que la empresa ordinariamente vive del crédito ajeno (del crédito de los bancos, de los proveedores, etc.), y su crisis conduce, en perjuicio de la masa a menudo innumerable de los acreedores, a la imposibilidad de recuperar, o de recuperar en su totalidad, todo lo que se les debe.

 

Un segundo motivo de alarma, particularmente comprobado en nuestro tiempo, es la amenaza que la crisis de la empresa origina para la ocupación, una amenaza que es tanto más grave, hasta convertirse en un agudo problema social, cuanto mayor es el número de trabajadores destinados a perder su trabajo. Un tercer motivo, más general, y que comprende a los dos primeros, se encuentra en las repercusiones que la crisis de una empresa puede producir dentro del sistema económico, en los desequilibrios que en él puede ocasionar, o en la ‘crisis empresarial en cadena’ que puede originar”.

 

GALGANO, Francesco. Derecho Comercial. Volumen I, El Empresario. Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1999, p. 185.

 

 

procedimientos sea generar un espacio apropiado para que los conflictos derivados de las crisis patrimoniales de los deudores no impidan que se pueda identificar colectivamente la mejor forma de enfrentar tales crisis3 .

 

El establecimiento del régimen excepcional y transitorio del concurso requiere como presupuesto que el deudor se encuentre atravesando una situación irreversible de crisis patrimonial que le impida cumplir con el pago de sus obligaciones. Dado que una vez acaecido el concurso, el elemento que caracteriza el incumplimiento de obligaciones es el grado de afectación general que  tal  situación  supone,  es  decir,  la  lesión  producida  al  universo  de acreedores frente a quienes el deudor mantiene créditos impagos, los procesos concursales requieren de la participación de todos los acreedores como principales  afectados,  así  como  la  intervención  del  Estado  para  hacer prevalecer el fin último del concurso, que no es otro que contribuir a la generación de paz social a través de la recomposición de la diversidad de relaciones afectadas por los procesos de crisis que soportan las empresas4 .

 

En tal sentido, el Artículo V del Título Preliminar de la Ley General del Sistema Concursal (en lo sucesivo, LGSC)5  dispone que los procedimientos concursales buscan  la  participación  y  beneficio   de  la  totalidad  de  los  acreedores involucrados en la crisis del deudor, en el entendido que son los más afectados por tal situación y, por tanto, quienes están en mejor posición de tomar decisiones eficientes para recuperar sus créditos. La legislación busca, entonces, propiciar la creación de un ambiente idóneo para la negociación entre  los  acreedores  y  el  deudor,  bajo  reducidos  costos  de  transacción6 , correspondiendo a los primeros el análisis de viabilidad de la empresa y el

 

 

2 Dicha finalidad se encuentra recogida en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley General del Sistema Concursal, el cual señala expresamente que “Los procedimientos concursales tienen por finalidad propiciar un ambiente idóneo para la negociación entre los acreedores y el deudor sometido a concurso, que les permita llegar a un acuerdo de reestructuración o, en su defecto, a la salida ordenada del mercado, bajo reducidos costos de transacción.”

 

3 Criterio desarrollado por la Sala en la Resolución N° 0609-2005/TDC-INDECOPI del 30 de mayo de 2005.

 

4 Sobre la necesidad de que exista un proceso colectivo que permita afrontar con eficiencia y equidad una situación de crisis patrimonial, Garrigues señala lo siguiente: “Una exigencia de justicia, que armoniza perfectamente con la naturaleza social del derecho, impone en los casos de quiebra económica una organización de defensa de los acreedores como colectividad. Al estímulo individual y egoísta de la ejecución aislada, que premia al que llega primero, se opone entonces un principio de equidad: el principio de que el régimen del azar o del favor debe ser sustituido por el de la comunidad de pérdidas y el tratamiento igual para todos los acreedores, cuando el patrimonio del deudor no basta a satisfacerlos íntegramente. (…)”.  GARRIGUES, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil, Tomo V, Editorial Temis, S.A., p. 6.

 

5  LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, TÍTULO PRELIMINAR, Artículo V.- Colectividad

Los procedimientos concursales buscan la participación y beneficio de la totalidad de los acreedores involucrados en la crisis del deudor. El interés colectivo de la masa de acreedores se superpone al interés individual de cobro de cada acreedor.

 

6 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, TÍTULO PRELIMINAR, Artículo II.- Finalidad de los procedimientos concursales

Los procedimientos concursales tienen por finalidad propiciar un ambiente idóneo para la negociación entre los acreedores y el deudor sometido a concurso, que les permita llegar a un acuerdo de reestructuración o, en su defecto, a la salida ordenada del mercado, bajo reducidos costos de transacción.

 

 

establecimiento de la forma de pago de las deudas mediante la ejecución de esquemas reorganizativos o liquidatorios7 .

 

La incorporación de los acreedores al proceso concursal se produce mediante el procedimiento de reconocimiento de créditos. A través de este procedimiento la autoridad administrativa determina los pasivos del deudor concursado, evitando que sean admitidos a participar en el proceso quienes carecen de la condición de acreedores o, quienes gozando de tal condición, pretendan participar con créditos que representen montos mayores a los realmente adeudados. Para tal fin, la Comisión debe analizar exhaustivamente la documentación presentada por los acreedores como sustento de sus créditos, determinando a partir de la misma si está acreditada la existencia, origen, titularidad y cuantía de las obligaciones invocadas frente al deudor8 .

 

El  procedimiento  de  reconocimiento  de  créditos  se  inicia  a  instancia  del acreedor interesado, a través de la presentación de una solicitud de reconocimiento de créditos, la cual debe contener diversa información y documentación que sustente la existencia y cuantía de los créditos invocados. Dado el contenido patrimonial del derecho de crédito, la participación de los acreedores en el concurso es voluntaria, por lo que su apersonamiento al procedimiento a través de la presentación de la respectiva solicitud constituye el acto que exterioriza su voluntad de formar parte de la Junta de Acreedores a fin de negociar y obtener el cobro de su crédito dentro del concurso9 . En estos casos, el acreedor solicitante actúa en defensa de un interés exclusivamente particular, es decir, en tutela del derecho de crédito que alega mantener frente al deudor en concurso.

 

El pronunciamiento que emite la Comisión al efectuar el reconocimiento de un crédito   legitima   la   participación   de   los   acreedores   en   Junta,   órgano fundamental del sistema concursal que ejerce en los procedimientos los mayores poderes de decisión y administración del patrimonio en concurso. En ese sentido, la resolución administrativa de reconocimiento de créditos tiene efectos constitutivos respecto de los derechos que los acreedores ejercen al interior del concurso, pues los habilita para actuar válidamente en el procedimiento. Por tanto, los acreedores que tienen derecho a integrar la Junta

 

 

 

7  LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, TÍTULO PRELIMINAR, Artículo III.- Decisión sobre el destino del deudor

La  viabilidad de  los  deudores en  el  mercado es  definida por  los  acreedores involucrados en  los  respectivos

procedimientos concursales, quienes asumen la responsabilidad y consecuencias de la decisión adoptada

 

8  LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 37.- Solicitud de reconocimiento de créditos

37.1 Los acreedores deberán presentar toda la documentación e información necesarias para sustentar el reconocimiento de sus créditos, indicando los montos por concepto de capital, intereses y gastos liquidados a la fecha de publicación del aviso a que se refiere el Artículo 32, e invocar el orden de preferencia que a su criterio les corresponde con los documentos que acrediten dicho orden.

 

9 Criterio desarrollado por la Sala en la Resolución N° 0995-2005/TDC-INDECOPI del 12 de setiembre de 2005.

 

 

son aquellos que han acreditado ante la autoridad administrativa que cuentan con obligaciones impagas frente al deudor en concurso y, por tanto, tienen un interés  económico  comprometido  en  la  crisis  patrimonial  del  deudor  que merece ser tutelado bajo las reglas del concurso.

 

Los  derechos  políticos  y  económicos  que  los  acreedores  pueden  ejercer durante el desarrollo del proceso concursal están referidos esencialmente a la prerrogativa de intervenir en la formación de la voluntad de la Junta de Acreedores, esto es, en participar de las decisiones que dicho órgano deliberativo adopte a través de la expresión del voto individual, así como en la facultad  de  hacer  efectivo  el  cobro  de  sus  créditos  en  los  términos  y condiciones acordados por la Junta.

 

En el caso del ejercicio de los derechos políticos, no debe perderse de vista que la participación de los acreedores en la adopción de acuerdos de Junta está supeditada a la cuantía de los créditos que cada uno de ellos tenga reconocidos en el procedimiento y al porcentaje que los mismos representen con relación al total de créditos reconocidos en el proceso. Ello constituye una manifestación del principio mayoritario, según el cual, son los acreedores que representan la mayoría de los créditos reconocidos quienes hacen prevalecer su voluntad en el proceso, siempre que se observe las normas imperativas del ordenamiento jurídico y el principio de buena fe.

 

Ahora bien, las resoluciones de reconocimiento de créditos, en tanto son actos administrativos que se pronuncian de manera definitiva sobre la existencia, origen,   legitimidad   y   cuantía   de   los   créditos   invocados,   pueden   ser cuestionadas mediante la interposición de recursos administrativos, los cuales deben sustentarse en nueva prueba instrumental, diferente interpretación de las pruebas producidas o en cuestiones de puro derecho, según sea el caso. En ese sentido, el administrado que no se encuentre conforme con el pronunciamiento que emite la autoridad administrativa y que, en consecuencia, pretenda su modificación, debe canalizar tal pretensión a través de la interposición de los referidos recursos. Las resoluciones que no son cuestionadas por medio de un recurso adquieren la calidad de cosa decidida, institución  jurídica  que  resulta  aplicable  en  estos  casos  debido  al  interés privado que sustenta los pedidos de reconocimiento de créditos.

 

III.2      El pago de los créditos en los procedimientos concursales

 

En un procedimiento concursal ordinario, los acreedores organizados en Junta pueden optar por someter al deudor a un proceso de reestructuración patrimonial o a uno de disolución y liquidación, para lo cual deben analizar cuál de ambas vías les permitirá maximizar el valor del patrimonio concursal a fin de

 

 

obtener una recuperación más eficiente de sus créditos10 . Ambos procesos son mecanismos puestos al servicio del proceso, cuya finalidad primordial consiste en el pago de los créditos adeudados. Mientras la reestructuración patrimonial está orientada a la obtención de recursos para el pago de la deuda a través de la continuación de las actividades económicas del deudor, la disolución y liquidación  implica  un  conjunto  de  acciones  conducentes  a  la  salida  del mercado de la empresa y al pago ordenado de las deudas, considerando los privilegios y preferencias previstos por ley.

 

En el caso que la Junta opte por la reestructuración del deudor, dicho órgano deberá  aprobar  también  un  Plan  de  Reestructuración,  que  es  el  negocio jurídico mediante el cual la Junta de Acreedores escoge el mecanismo destinado a implementar la reestructuración económico financiera del deudor, con el objeto de procurar, a través de la superación de la crisis patrimonial de este último, el pago del íntegro de las obligaciones sometidas al concurso11 .

 

Para ello, conforme al artículo 66.3 de la LGSC, el Plan de Reestructuración debe contener un cronograma de pagos de la totalidad de las obligaciones comprendidas en el concurso hasta su cancelación, sancionando con nulidad aquellos instrumentos que carezcan de dicho requisito12 . Esta exigencia busca lograr que se centralice la reprogramación de todas las deudas que se encuentren sometidas al concurso por mandato legal13 , de forma que en el Plan queden plasmados los términos y condiciones en que cada acreedor podrá hacer efectivo el recupero de sus créditos.

 

Considerando que la ley ha otorgado a la resolución de reconocimiento de

 

10 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 51º.- Atribuciones genéricas y responsabilidades de la

Junta de Acreedores, Comité, Administradores y Liquidadores

51.1  Sin perjuicio de las demás que se señalen en los artículos de la Ley, la Junta tendrá las siguientes atribuciones genéricas:

a)      Decidir el destino del deudor, pudiendo optar entre cualquiera de las siguientes alternativas:

a.1    El inicio de una reestructuración patrimonial conforme a lo establecido en el Capítulo V del Título II

de la Ley; o

a.2    La disolución y/o liquidación, con excepción de los bienes inembargables, en cuyo caso ingresará a una disolución y liquidación conforme a lo establecido en el Capítulo VI del Título II de la Ley; (…).

 

11 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 66.- Contenido del Plan de Reestructuración

66.1  El Plan de Reestructuración es el negocio jurídico por el cual la Junta define los mecanismos para llevar a cabo la reestructuración económico financiera del deudor, con la finalidad de extinguir las obligaciones comprendidas en el procedimiento y superar la crisis patrimonial que originó el inicio del mismo, en función a las particularidades y características propias del deudor en reestructuración. (…)

 

12 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 66.- Contenido del Plan de Reestructuración

(…)

66.3  El Plan debe contener un cronograma de pagos que comprenda, bajo sanción de nulidad, la totalidad de las obligaciones del deudor, y el modo, monto, lugar y fecha de pago de los créditos de cada acreedor. Igualmente,

establecerá un régimen de provisiones de los créditos contingentes o los que no hubieren sido reconocidos y sean materia de impugnación. (…)

 

13 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 15º.- Créditos comprendidos en el concurso

Quedarán sujetas a los procedimientos concursales:

15.1     Las obligaciones del deudor originadas hasta la fecha de la publicación establecida en el artículo 32º, con la excepción prevista en el artículo 16.3. (…)

 

 

créditos el carácter constitutivo de los derechos que los acreedores pueden ejercer al interior del proceso concursal, la LGSC ha previsto un mecanismo que  permite  que  sólo  los  titulares  de  créditos  reconocidos  puedan  hacer efectivo dicho pago en los términos y plazos acordados en el referido instrumento  concursal,  conforme  lo  ha  explicado  la  Sala  en  la  Resolución N° 0608-2005/TDC-INDECOPI  del  30  de  mayo  de  2005,  que  constituye precedente de observancia obligatoria14 . En ese sentido, el artículo 69.3 de la LGSC establece que los créditos devengados antes de la fecha de difusión del concurso y que no hayan sido reconocidos por la Comisión, serán cancelados luego del vencimiento del plazo previsto para el pago de los créditos reconocidos15 .  Asimismo,  el  artículo  69.4  de  la  LGSC  dispone  que  la administración del deudor efectuará el pago a los acreedores en observancia de lo pactado en el Plan de Reestructuración, actualizando para tal efecto los créditos reconocidos y liquidando los intereses derivados de los mismos hasta la fecha de pago16 .

 

Una  de  las  principales  funciones  del  sistema  concursal  peruano  es  la protección y tutela del derecho de crédito de todos los acreedores involucrados

 

 

 

14  En la referida resolución, la Sala aprobó el siguiente precedente de observancia obligatoria:

 

1.      De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 66 de la Ley General del Sistema Concursal, el deudor debe incluir en el Plan de Reestructuración, bajo sanción de nulidad del acuerdo de Junta de Acreedores que apruebe dicho instrumento contractual, un cronograma de pagos que comprenda la totalidad de las obligaciones asumidas hasta la fecha de la difusión del concurso, con la finalidad de permitir que todos los acreedores, es decir, los reconocidos, los apersonados y en proceso de reconocimiento, los no apersonados y los contingentes a la fecha de aprobación del referido instrumento concursal, tengan la posibilidad de acceder al cobro de sus créditos en los términos y condiciones estipulados en el Plan, en aplicación de los principios de colectividad y proporcionalidad previstos en los artículos V y VI del Título Preliminar del referido dispositivo legal. Ello, toda vez que el titular de un derecho de crédito, en su calidad de integrante de la masa de acreedores afectada con la crisis patrimonial del deudor concursado, se encuentra en aptitud de ejercerlo dentro del procedimiento en concurrencia con los demás acreedores, con independencia de su apersonamiento oportuno o tardío al concurso.

 

2.      No obstante lo anterior, para hacer efectivo el derecho de cobro de los créditos reprogramados en el Plan de Reestructuración en función a los criterios objetivos definidos por la Junta de Acreedores para regular  los  términos  y  condiciones de  pago  de  la  totalidad  de  los  créditos  comprendidos en  el procedimiento, sus titulares deben obtener previamente el reconocimiento de sus créditos por parte de la autoridad concursal, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 69 de la Ley General del Sistema Concursal.

 

15  LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 69.- Pago de créditos durante la reestructuración patrimonial

(…)

69.3     Los créditos originados antes de la publicación a que se refiere el artículo 32º, pero que no hubieren sido reconocidos por la autoridad concursal, serán pagados luego del vencimiento del plazo para el pago de los créditos reconocidos. (…)

 

16  LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 69.- Pago de créditos durante la reestructuración patrimonial

(…)

69.4     La administración del deudor pagará a los acreedores observando el Plan de Reestructuración. Será de su cargo actualizar los créditos reconocidos y liquidar los intereses hasta la fecha de pago, aplicando la tasa

establecida en el Plan de Reestructuración. (…)

 

 

en una situación de crisis patrimonial, por lo que la finalidad primordial de los procesos de reestructuración patrimonial es que la conservación de la empresa en el mercado contribuya al propósito de extinguir todas las deudas del concurso. Por ello, el artículo 71 de la LGSC establece que la reestructuración patrimonial concluye en caso el administrador del deudor acredite ante la Comisión que se han extinguido los créditos contenidos en el Plan de Reestructuración17 , supuesto en el cual la Comisión declarará la conclusión del procedimiento y la extinción de la Junta.

 

En caso la Junta de Acreedores opte por la disolución y liquidación del deudor, dicho órgano deberá designar un liquidador que asuma el encargo de realizar el patrimonio en concurso para proceder al pago de las deudas, así como aprobar y suscribir un Convenio de Liquidación que establezca las condiciones y términos que regirán el proceso de liquidación.

 

A diferencia de la reestructuración patrimonial, el régimen de disolución y liquidación contempla un orden de preferencia para el pago de los créditos, lo que implica para el liquidador un mandato de imperativo cumplimiento al momento de distribuir el haber concursal entre los acreedores del concurso. Dicho orden de preferencia se encuentra regulado en el artículo 42.1 de la LGSC18 , el cual establece que los adeudos laborales deben ser pagados en primer orden; luego los créditos alimentarios; en tercer orden los créditos garantizados, en cuarto orden los créditos tributarios del Estado; y finalmente los demás créditos.

 

 

17  LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 71.- Conclusión de la reestructuración patrimonial

La reestructuración patrimonial concluye luego de que la administración del deudor acredite ante la Comisión que se han extinguido los créditos contenidos en el Plan de Reestructuración, caso en el cual la Comisión declarará la conclusión del procedimiento y la extinción de la Junta.

 

18  LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 42º.- Orden de preferencia

42.1     En los procedimientos de disolución y liquidación, el orden de preferencia en el pago de los créditos es el siguiente:

Primero: Remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores, aportes impagos al Sistema Privado de  Pensiones o  a  los  regímenes previsionales administrados por  la  Oficina  de  Normalización Previsional, la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador u otros regímenes previsionales creados

por ley, así como los intereses y gastos que por tales conceptos pudieran originarse. Los aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones incluyen expresamente los conceptos a que se refiere el Artículo 30º del Decreto Ley Nº 25897, con excepción de aquellos establecidos en el literal c) de dicho artículo;

Segundo: Los créditos alimentarios, hasta la suma de una (1) Unidad Impositiva Tributaria mensual;

Tercero: Los  créditos garantizados con  hipoteca, prenda, anticresis, warrants, derecho de  retención o medidas cautelares que recaigan sobre bienes del deudor, siempre que la garantía correspondiente haya

sido constituida o la medida cautelar correspondiente haya sido trabada con anterioridad a la fecha de publicación a que se refiere el artículo 32º. Las citadas garantías o gravámenes, de ser el caso, deberá estar inscrita en el registro antes de dicha fecha, para ser oponibles a la masa de acreedores. Estos créditos

mantienen el presente orden de preferencia aún cuando los bienes que los garantizan sean vendidos o adjudicados para  cancelar  créditos  de  órdenes  anteriores, pero  sólo  hasta  el  monto  de  realización o adjudicación del bien que garantizaba los créditos;

Cuarto: Los créditos de origen tributario del Estado, incluidos los del Seguro Social de Salud - ESSALUD, sean tributos, multas, intereses, moras, costas y recargos; y

Quinto: Los créditos no comprendidos en los órdenes precedentes; y la parte de los créditos tributarios que,

conforme al literal d) del artículo 48.3, sean transferidos del cuarto al quinto orden; y el saldo de los créditos del tercer orden que excedieran del valor de realización o adjudicación del bien que garantizaba dichos créditos. (…).

 

 

 

Asimismo, con la finalidad de dinamizar la estructura del procedimiento liquidatorio y privilegiar su tramitación célere, la LGSC contiene disposiciones que regulan el momento de inicio de los pagos de los créditos, así como los plazos y modalidades establecidas para la venta y adjudicación de activos del deudor19 . En ese sentido, conforme a lo dispuesto por el artículo 88 de la LGSC20 , el liquidador debe pagar en primer término los créditos reconocidos por la Comisión, y de existir créditos registrados en los libros del deudor que no hubieren sido reconocidos por dicha autoridad, debe proceder a pagarlos posteriormente  aplicando  también  el  orden  de  preferencia  regulado  en  el artículo 42.1 de la LGSC.

 

Considerando que el objetivo principal del proceso de disolución y liquidación es la realización del patrimonio concursal para el pago ordenado de las deudas que soporta, la norma concursal prevé que la liquidación concluye cuando dicho patrimonio se extingue y quedan acreedores pendientes de ser pagados, conforme al artículo 88.7 de la LGSC21 ; o cuando el liquidador acredite haber extinguido todos los créditos comprendidos en el procedimiento, supuesto en el cual deberá entregar a los accionistas o socios del deudor, o al titular del

 

 

 

19LEY  GENERAL  DEL  SISTEMA  CONCURSAL,  Artículo  83.-  Atribuciones,  facultades  y  obligaciones  del

Liquidador

(…)

83.5     El liquidador deberá proceder al pago de los créditos una vez que haya obtenido, como resultado de la realización de activos, no menos del 10% del monto total de créditos reconocidos.

 

Artículo 84.- Venta y adjudicación de activos del deudor

84.1     Habiendo el  liquidador tomado  posesión del  cargo  y  de  los  activos  del  deudor,  deberá  establecer el cronograma de realización de ellos en un plazo no mayor de diez (10) días. El proceso de oferta de dichos bienes deberá iniciarse en un plazo máximo de treinta (30) días. Es obligación del liquidador proceder a la realización de los activos en plazo razonable.

84.2     En caso de que el Convenio de Liquidación establezca la venta de activos vía remate, serán de aplicación las disposiciones contenidas en la Sección V del Capítulo V del Título V del Código Procesal Civil, en lo que

resulten aplicables. Se procederá a la adjudicación por venta directa, si efectuadas tres convocatorias a subasta no hubiese sido posible realizar el remate.

84.3     Todos los remates se harán por martillero público, salvo decisión distinta de la Junta.

84.4     En la adjudicación de activos a un acreedor, el valor a pagar será la base de la postura fijada para la última convocatoria a remate. El acreedor adjudicatario deberá cancelar el monto del bien adjudicado, a menos que no hubieren acreedores de orden preferente; en cuyo caso únicamente oblará el exceso sobre el valor de su crédito.

 

20 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 88.- Pago de créditos por el liquidador

88.1     El Liquidador, bajo responsabilidad, está obligado a pagar en primer término los créditos reconocidos por la Comisión conforme al orden de preferencia establecido en el artículo 42º hasta donde alcanzare el patrimonio del deudor.

(…)

88.8     En caso de que se pagara todos los créditos reconocidos y hubieran créditos registrados en los libros del deudor que no hubieren sido reconocidos por la Comisión, deberán ser pagados de acuerdo al orden de

preferencia establecido en el artículo 42º, consignándose su importe en el Banco de la Nación cuando el domicilio de los acreedores no fuere conocido. (…).

21 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 88.- Pago de créditos por el liquidador

(…)

88.7     Si luego de realizar uno o más pagos se extingue el patrimonio del deudor quedando acreedores pendientes de ser pagados, el Liquidador deberá solicitar, bajo responsabilidad, en un plazo no mayor de treinta (30)

días, la declaración judicial de quiebra del deudor, de lo que dará cuenta al Comité o al Presidente de la

Junta y a la Comisión. (…)

 

 

negocio en caso de personas naturales, los bienes sobrantes de la liquidación y el remanente, si los hubiere, de acuerdo a lo establecido por los artículos 92 y

88.10 de la citada ley22 .

 

III.3      La reducción de créditos

 

Como se ha señalado en los acápites precedentes, el reconocimiento de créditos que efectúa la Comisión legitima la participación de los acreedores en el concurso y determina los derechos que cada uno de ellos podrá ejercer en el proceso, en especial, aquellos que tienen presencia durante la negociación en Junta de Acreedores. Por tanto, es evidente que los pagos que efectúe el deudor en ejecución de su Plan de Reestructuración o Convenio de Liquidación incidirá no sólo en la participación en Junta de los acreedores beneficiados con los pagos, sino también en la composición de dicho órgano y en el proceso de toma de acuerdos. En atención a ello, el artículo 42.2 de la LGSC señala textualmente lo siguiente:

 

“Cualquier pago efectuado por el deudor a alguno de sus acreedores, en   ejecución   del   Plan   de   Reestructuración   o   el   Convenio   de Liquidación, será imputado, en primer lugar, a las deudas por concepto de capital luego a gastos e intereses, en ese orden.”

 

La disposición antes citada deja claramente establecido que, cuando el deudor realiza pagos a sus acreedores en ejecución de algún instrumento concursal, tales  pagos  deben  ser  deducidos  de  la  deuda  reconocida  a  través  de  un sistema especial de imputación que, a diferencia del sistema convencional previsto en el artículo 1257 del Código Civil23 , se efectúa en primer término sobre el capital reconocido, y luego sobre los gastos e intereses reconocidos.

 

El artículo 42.2 de la LGSC bajo comentario tiene su antecedente en el artículo

25 de la Ley de Reestructuración Patrimonial, cuyo último párrafo disponía que “cualquier variación que se produzca en la relación entre el insolvente y uno de sus acreedores, que afecte la composición de la Junta, deberá ser puesta en conocimiento  de  la  Comisión  para  que  ésta  emita  el  pronunciamiento

 

 

 

 

22 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, Artículo 92.- Conclusión del nombramiento del liquidador

El nombramiento del liquidador termina por las siguientes causales:

a)         Haber  terminado  la  liquidación  mediante  la  acreditación  de  la  extinción  de  los  créditos  materia  del procedimiento, con la consecuente inscripción de la extinción del deudor, de ser el caso, en el registro

correspondiente; (…).

 

Artículo 88.- Pago de créditos por el liquidador

88.10   Cuando se hayan pagado todos los créditos, el Liquidador deberá entregar a los accionistas o socios del deudor los bienes sobrantes de la liquidación y el remanente, si los hubiere.

 

23  CÓDIGO CIVIL, Artículo 1257.-  Quien deba capital, gastos e intereses, no puede, sin el asentimiento del acreedor, aplicar el pago al capital antes que a los gastos, ni a éstos antes que a los intereses.

 

 

correspondiente”. Conforme ha señalado la Sala en anterior oportunidad24 , de dicha norma se desprendía la obligación de la Comisión de reducir los créditos reconocidos en caso éstos hubieran sido cancelados total o parcialmente.

 

En el ámbito concursal, el mecanismo de reducción de créditos tiene como finalidad excluir del concurso aquellos créditos previamente reconocidos por la Comisión, respecto de los cuales haya operado su extinción mediante cualquiera  de  las  formas  previstas  por  la  ley25 .    La  importancia  de  dicho mecanismo ha sido explicada en la Resolución N° 0332-2003/SCO-INDECOPI del 28 de abril de 2003, en los siguientes términos:

 

“(…) existe un derecho que beneficia a todos los intervinientes en el procedimiento concursal y que la autoridad administrativa debe garantizar necesariamente, que consiste en que la masa concursal responda efectivamente a la realidad de los créditos comprometidos y, por tanto, que no se reconozcan créditos inexistentes, excesivos o con un orden de prelación que no les corresponde. Esa misma lógica subyace cuando la autoridad debe determinar la  existencia de  pagos realizados por  un  deudor respecto de obligaciones incorporadas en el procedimiento, pues a través de la adecuada verificación y reducción de créditos, se garantiza los derechos de todos los acreedores a intervenir en Junta de Acreedores en la proporción que sus créditos representan en la masa y a obtener el pago de sus créditos en la oportunidad y monto que les corresponde de acuerdo a ley. (…)”.

 

La Junta de Acreedores se conforma con los créditos debidamente reconocidos por la Comisión, en el monto fijado por dicha autoridad en la respectiva resolución de reconocimiento de créditos. Por ello, los pagos a cuenta que el deudor pueda realizar a favor de uno o más acreedores sólo tienen relevancia para el proceso una vez que los mismos hayan sido objeto de análisis y pronunciamiento por parte de la Comisión, momento a partir del cual quedará modificada la estructura de los pasivos del deudor y, por tanto, el grado de participación de cada acreedor en Junta. Esta situación responde a la dinámica propia de los procesos concursales, que admiten la posibilidad de que las Juntas de Acreedores puedan variar su composición en el tiempo, recomponiendo mayorías y revisando los acuerdos previamente adoptados26 . Ello no sería viable si es que la Comisión no toma conocimiento de los pagos efectuados por el deudor y no expide las respectivas resoluciones fijando la nueva cuantía de los créditos.

 

Del mismo modo, la falta de pronunciamiento de la autoridad respecto de los pagos efectuados en ejecución del Plan o Convenio impediría en la práctica

 

 

24 Criterio recogido por la Sala en la Resolución N° 0889-2003/SCO-INDECOPI del 7 de octubre de 2003.

 

25 Criterio recogido por la Sala en la Resolución N° 0084-2003/SCO-INDECOPI del 7 de febrero de 2003.

 

26 Criterio desarrollado por la Sala en la Resolución N° 0883-2005/TDC-INDECOPI del 15 de agosto de 2005.

 

 

supervisar el nivel de cumplimiento de las obligaciones que tiene a su cargo el deudor, limitando toda posibilidad de determinar si el proceso concursal ha cometido su finalidad, esto es, el pago de las deudas como consecuencia de la implementación de esquemas reorganizativos o liquidatorios. Como se ha explicado en el acápite precedente, algunas de las formas de conclusión de los procesos de reestructuración patrimonial y de disolución y liquidación previstas por la LGSC están supeditadas a la verificación que el deudor haya pagado todas sus deudas27 , hecho que solo puede ser constatado por la autoridad a través del mecanismo de reducción de créditos regulado en el artículo 42.2 de la norma concursal.

 

Atendiendo a ello, es deber de la Comisión constatar y pronunciarse sobre todos los pagos que realice el deudor en el marco de un proceso de reestructuración patrimonial o en uno de disolución y liquidación, actuación que puede producirse en cualquier etapa del procedimiento, ya sea de oficio o a pedido del administrador o liquidador del deudor, de sus acreedores o de algún tercero con legítimo interés.

 

En cuanto a la actuación de oficio que corresponde en estos casos a la autoridad, debe tenerse en cuenta que el procedimiento concursal es de interés público porque  compromete los intereses, tanto del deudor como de la totalidad de sus acreedores. Bajo esta premisa, no sólo importa al Estado que los procesos concursales sean utilizados de manera adecuada y oportuna para enfrentar situaciones que pongan en riesgo la inversión efectuada en unidades productivas y el derecho de crédito de los acreedores involucrados, sino también que lleguen a su término cuando se verifique que han cumplido su finalidad, de modo que no sea necesaria ya la vigencia de reglas e instituciones jurídicas de naturaleza excepcional.

 

De otro lado, con relación al trámite de solicitudes de reducción de créditos presentadas por terceros con legítimo interés, este tema ha sido analizada por la Sala en la Resolución N° 0755-2004/TDC-INDECOPI del 8 de noviembre de

2004, recaída en el procedimiento concursal de la empresa Fátima Contratistas S.R.L. en Liquidación. En dicha oportunidad se discutió si un accionista (la señora Carmencita de Fátima Castro Castro) tenía legitimidad para formular un pedido de reducción de los créditos reconocidos a favor de uno de los acreedores (Banco de Comercio), concluyéndose lo siguiente:

 

“(…) En el presente caso, la señora Castro sí tiene legitimidad para solicitar la reducción de los créditos reconocidos al Banco de Comercio, dado que si se demuestra que el liquidador ha pagado las obligaciones de la empresa concursada, los socios o accionistas tienen el derecho a exigir a la liquidadora la entrega de los bienes sobrantes de la liquidación y el remanente, si los

 

 

 

27 Ver notas a pié de página números 17 y 22.

 

 

hubiere, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 88.10 de la Ley General del

Sistema Concursal.

 

Negar la posibilidad a los socios o accionistas de pedir la reducción de los créditos reconocidos a los acreedores de la empresa concursada, implicaría supeditar el derecho de los socios a recibir los bienes sobrantes de la liquidación y el remanente, de ser el caso, a que un acreedor o la liquidadora solicite la reducción de los créditos. Los socios tienen todo el derecho a recuperar lo invertido en la empresa, siempre que se cumpla el supuesto previsto legalmente. (…)”.

 

Por lo expuesto, debe concluirse que, en aplicación del artículo 42.2 de la LGSC, la Comisión tiene el deber de constatar y pronunciarse, en cualquier etapa del procedimiento, sobre todos los pagos que el deudor efectúe a sus acreedores en ejecución del Plan de Reestructuración o del Convenio de Liquidación. Considerando que la reducción de créditos constituye una garantía institucional del sistema concursal debido a que garantiza la correcta composición de la Junta de Acreedores y permite verificar la eventual superación de la situación de crisis que originó la declaración en concurso del deudor, la constatación de los pagos puede producirse de oficio o a pedido del deudor, los acreedores o algún tercero con legítimo interés.

 

En estos casos, atendiendo al interés público que sustenta la actuación de la autoridad y los alcances de carácter colectivo que genera su decisión, el concepto de cosa decidida queda relativizado, prevaleciendo el principio de verdad material28 , en mérito del cual, corresponde a la Comisión adoptar todas las   medidas   probatorias   necesarias   para   verificar   fehacientemente   la realización de los pagos alegados en el proceso. Lo contrario implicaría desconocer la existencia y efectos de un hecho de significativa trascendencia en el concurso, afectando el interés del deudor y los demás acreedores.

 

III.4      El pago efectuado por Continental a favor de Papelera Nacional

 

En  el  presente  caso,  la  Comisión  declaró  improcedente  la  solicitud  de reducción de créditos presentada por Continental, argumentando que la misma se sustentó en el pago de la Letra de Cambio N° 152779, hecho que había

 

 

28 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, TÍTULO PRELIMINAR, Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

El  procedimiento administrativo se  sustenta fundamentalmente en  los  siguientes principios, sin  perjuicio de  la

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…)

Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas

probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios

disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.

 

 

ocurrido con anterioridad a la expedición de la Resolución N° 0630-2004/CCO- INDECOPI, mediante la cual la Comisión denegó una solicitud previa presentada por Continental referida a la reducción de los mismos créditos. En ese sentido, la Comisión señaló que el pago de la letra de cambio debió ser alegado por la empresa deudora de manera oportuna, es decir, antes de que se emitiera la resolución en mención o a través de la interposición del medio impugnativo correspondiente.

 

Sin embargo, como se ha explicado en la presente resolución, es deber de la Comisión constatar y pronunciarse sobre todos los pagos que efectúe el deudor a sus acreedores en ejecución de un Plan de Reestructuración o un Convenio de Liquidación, sin que pueda anteponerse formalidades de carácter procesal para el cumplimiento de dicho deber. Cabe reiterar que la actuación de la Comisión en estos casos se fundamenta en la tutela del interés público que sustenta el concurso, por lo que el pronunciamiento que expida al respecto no sólo  alcanza  al  deudor  y  al  acreedor  beneficiado  con  el  pago,  sino  que involucra al colectivo de agentes comprometidos en la situación de crisis patrimonial. En ese sentido, la constatación de los pagos efectuados por el deudor busca garantizar la correcta marcha del procedimiento concursal, así como   asegurar   el   efectivo   cumplimiento   de   su   finalidad,   traducido principalmente en la satisfacción del derecho crediticio de todos los acreedores comprendidos en el proceso.

 

Adicionalmente a ello, debe tenerse en cuenta que en el caso materia de análisis, la segunda solicitud de reducción de créditos se sustentó en un hecho distinto  (cancelación  de  una  letra  de  cambio)  al  planteado  en  la  primera solicitud presentada por Continental (entrega de la letra de cambio), lo que demandaba efectuar un nuevo análisis y evaluación de las pruebas presentadas.

 

Conforme se desprende del expediente, a fin de cancelar los créditos que Continental adeuda a Papelera Nacional, se pactó en el Plan de Reestructuración que parte de la deuda sería incorporada en diversas letras de cambio. En tal sentido, conforme a los medios probatorios aportados por la empresa deudora, la Letra de Cambio N° 152779, girada a favor de Papelera Nacional el 5 de agosto de 2004 con fecha de vencimiento al 20 de octubre de

2005, por un monto de US$ 6 352,00, fue cancelada con cargo a la cuenta corriente de Continental en el Banco Wiese Sudameris, a través de una operación de descuento. Para acreditar ello, Continental ha presentado copia de la constancia de pago de fecha 21 de octubre de 2005, expedida por la referida entidad bancaria. Por su parte, Papelera Nacional no ha cuestionado el citado pago, no obstante haber sido notificada con la apelación interpuesta por el deudor.

 

Por tanto, dado que ha quedado acreditado que Continental efectuó un pago

 

 

ascendente  a  US$ 6 352,00  en  ejecución  de  su  Plan  de  Reestructuración, corresponde   revocar   la   Resolución   N° 1293-2005/CCO-INDECOPI   y,   en consecuencia, reducir los créditos reconocidos a favor de Papelera Nacional en el monto antes referido. En tal sentido, debe declararse que el total de créditos reconocidos a favor de dicha empresa queda fijado en US$ 159 489,83 por capital, a los cuales les corresponde el quinto orden de preferencia.

 

Finalmente,  atendiendo  a  que  la  presente  resolución  interpreta  de  modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación vigente, corresponde declarar que ésta constituye un Precedente de Observancia Obligatoria en la aplicación del principio que se enuncia en la parte resolutiva, por lo que corresponde oficiar al Directorio del INDECOPI para que ordene la publicación de esta resolución en el diario oficial El Peruano, de conformidad con el artículo

43 del Decreto Legislativo Nº 80729 .

 

IV.        RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

PRIMERO: revocar la Resolución N° 1293-2005/CCO-INDECOPI de fecha 25 de enero de 2005, que declaró improcedente la solicitud presentada por Continental S.A. para que se reduzca los créditos reconocidos a favor de Papelera Nacional S.A. en la suma de US$ 6 352,00. Por tanto, se reduce los créditos reconocidos a favor de Papelera Nacional S.A. en el monto antes indicado y, en consecuencia, se declara que el total de créditos reconocidos a favor de dicha empresa en el procedimiento queda fijado en US$ 159 489,83 por capital, a los que les corresponde el quinto orden de preferencia.

 

SEGUNDO: de conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807, declarar que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria en la aplicación del siguiente principio:

 

“En aplicación del artículo 42.2º de la Ley General del Sistema Concursal, la autoridad administrativa tiene el deber de constatar y pronunciarse sobre todos los pagos que el deudor efectúe a sus acreedores en ejecución del Plan de Reestructuración o del Convenio de Liquidación, en cuyo caso deberá imputar los pagos, en primer lugar, a las deudas por concepto de capital, luego a gastos e intereses, procediendo  a  reducir  los  créditos  reconocidos  a  favor  de  los acreedores beneficiados con los pagos y a fijar la nueva cuantía de las

 

 

29DECRETO LEGISLATIVO N° 807, Artículo 43.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuere el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

El Directorio del Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el diario oficial El Peruano cuando lo considere necesario por tener

dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores.

 

 

obligaciones que éstos mantienen frente al deudor.

 

Dado que la reducción de créditos que opera en los casos antes señalados constituye una garantía institucional del sistema concursal debido a que garantiza la correcta composición de la Junta de Acreedores y permite verificar la eventual superación de la situación de crisis que originó la declaración en concurso del deudor, la Comisión está habilitada para constatar la realización de los pagos en cualquier etapa del procedimiento, ya sea de oficio o a pedido del deudor, de sus acreedores o de algún tercero con legítimo interés, debiendo adoptar todas  las medidas  probatorias  necesarias  para  verificar fehacientemente la realización de los pagos alegados en el proceso”.

 

Con la intervención de los señores vocales: Juan Francisco Rojas Leo, Julio Baltazar Durand Carrión, Sergio Alejandro León Martínez, José Alberto Oscátegui Arteta  y Luis Bruno Seminario De Marzi.

 

 

 

 

 

 

 

JUAN FRANCISCO ROJAS LEO Presidente

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