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Ley que modifica diversas disposiciones de la Ley general del sistema concursal

Miércoles, 12 de abril de 2006CONGRESO DE LA REPUBLICALey que modifica diversas disposiciones de la Ley general del sistema concursal

LEY Nº 28709

     EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

     POR CUANTO:

     El Congreso de la República

     Ha dado la Ley siguiente:

     EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

     Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL

     Artículo 1.- Norma modificatoria

     Modifícanse los artículos 2, numeral 2.2; 13, numeral 13.1; 18, numeral 18.6; 19, numeral 19.3; 30; 42, numeral 42.1; 74, numerales 74.1 y 74.2; 85, numeral 85.1; 100, numeral 100.4; 106, numeral 106.3; 133, numerales 133.3 y 133.4 de la Ley Nº 27809, Ley General del Sistema Concursal, en los términos siguientes:

     “Artículo 2.- Ámbito de aplicación de la norma y aplicación preferente

     (…)

     2.2 No se encuentran comprendidas en la Ley, como deudores, las entidades que integran la estructura del Estado, tales como los organismos públicos y los demás entes de derecho público; las administradoras privadas de fondos de pensiones, las personas que forman parte del sistema financiero o del sistema de seguros, y aquéllas a las cuales la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV otorga autorización de funcionamiento. Asimismo, tampoco se encuentran comprendidas en la Ley los patrimonios autónomos, salvo las sociedades conyugales y sucesiones indivisas. (*)

     (…)

(*) Confrontar con el Artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27 junio 2008, la misma que de conformidad con su Única Disposición Final, entró en vigencia a los treinta (30) días siguientes de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

     Artículo 13.- Acceso a la información concursal

     13.1 Los acreedores tienen el derecho de acceder a toda la información que requieran para tomar decisiones en los procedimientos concursales, sin perjuicio de las excepciones contempladas en la Constitución y en el marco legal vigente. Es obligación de los deudores y de las entidades administradoras y liquidadoras brindar dicha información.

     (…)

     Artículo 18.- Marco de protección legal del patrimonio

     (…)

     18.6 Declarada la situación de concurso y difundido el procedimiento no procederá la ejecución judicial o extrajudicial de los bienes del deudor afectados por garantías, salvo que dichos bienes hubiesen sido afectados en garantía de obligaciones de terceros, en cuyo caso podrán ser materia de ejecución como en los supuestos de los artículos 16.1 y 67.5.

     (…)

     Artículo 19.- Ineficacia de actos del deudor

     (…)

     19.3 El juez declarará ineficaces y, en consecuencia, inoponibles frente a los acreedores, los actos jurídicos celebrados entre la fecha que presentó su solicitud para acogerse a alguno de los procedimientos concursales, fue notificado de la resolución de emplazamiento o fue notificado del inicio de la disolución y liquidación hasta el momento en que la Junta nombre o ratifique a la administración del deudor o se apruebe y suscriba el respectivo Convenio de Liquidación, según sea el caso, que se detallan a continuación:

     (…)

     e) Los gravámenes constituidos y las transferencias realizadas por el deudor con cargo a bienes de su propiedad, sea a título oneroso o a título gratuito;

     (…)

     Artículo 30.- Ejecución del apercibimiento dictado en aplicación del artículo 703 del Código Procesal Civil

     Recibidas las copias certificadas del expediente judicial, la Comisión, en ejecución del apercibimiento hecho efectivo por el juez en aplicación del artículo 703 del Código Procesal Civil, dispondrá la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” del nombre de las personas sometidas a la disolución y liquidación, siendo de aplicación las disposiciones contenidas en el artículo 32. (*)

(*) Confrontar con la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 30201, publicada el 28 mayo 2014, que entró en vigencia a los cuarenta y cinco días hábiles de su publicación.

     Artículo 42.- Orden de preferencia

     42.1 En los procedimientos de disolución y liquidación, el orden de preferencia en el pago de los créditos es el siguiente:

     Primero: Remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores, aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones o a los regímenes previsionales administrados por la Oficina de Normalización Previsional, la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador u otros regímenes previsionales creados por ley, así como los intereses y gastos que por tales conceptos pudieran originarse;

     Segundo: Aportes impagos al Seguro Social de Salud incluyendo los intereses, moras, costas y recargos que estos generen; y los créditos alimentarios;

     Tercero: Los créditos garantizados con hipoteca, prenda, anticresis, warrants, derecho de retención o medidas cautelares que recaigan sobre bienes del deudor, siempre que la garantía correspondiente haya sido constituida o la medida cautelar correspondiente haya sido trabada con anterioridad a la fecha de publicación a que se refiere el artículo 32. Las citadas garantías o gravámenes, de ser el caso, deberán estar inscritas en el registro antes de dicha fecha, para ser oponibles a la masa de acreedores. Estos créditos mantienen el presente orden de preferencia aun cuando los bienes que los garantizan sean vendidos o adjudicados para cancelar créditos de órdenes anteriores, pero sólo hasta el monto de realización o adjudicación del bien que garantizaba los créditos;

     Cuarto: Los créditos de origen tributario del Estado, sean tributos, multas, intereses, moras, costas y recargos; y,

     Quinto: Los créditos no comprendidos en los órdenes precedentes; la parte de los créditos tributarios que, conforme al literal d) del artículo 48.3, sean transferidos del cuarto al quinto orden; y el saldo de los créditos del tercer orden que excedieran del valor de realización o adjudicación del bien que garantizaba dichos créditos. (*)

     (…)

(*) Confrontar con el Artículo 15 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27 junio 2008, la misma que de conformidad con su Única Disposición Final, entró en vigencia a los treinta (30) días siguientes de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

     Artículo 74.- Acuerdo de disolución y liquidación

     74.1 Si la Junta decidiera la disolución y liquidación del deudor, éste no podrá continuar desarrollando la actividad propia del giro del negocio a partir de la suscripción del Convenio de Liquidación, bajo apercibimiento de aplicársele una multa hasta de cien (100) UIT.

     74.2 Sin embargo, la Junta podrá acordar la continuación de actividades sólo en el caso de que opte por la liquidación en marcha del negocio, por estimar un mayor valor de realización bajo esa modalidad. Dicha liquidación deberá efectuarse en un plazo máximo de seis (6) meses, el cual podrá ser prorrogado excepcionalmente por un plazo igual, mediante decisión de la Junta de Acreedores debidamente fundamentada.

     (…)

     Artículo 85.- Efectos de la transferencia de bienes por parte del liquidador

     85.1 (...) En tal supuesto, la persona que efectúe el trámite de levantamiento de las referidas cargas o gravámenes ante cualquier entidad registral a nivel nacional, está inafecta al pago de las tasas o derechos administrativos correspondientes.

     (…)

     Artículo 100.- Efectos de la quiebra

     (…)

     100.4 Corresponde al liquidador o a cualquier interesado inscribir la quiebra en el Registro pertinente.

     Artículo 106.- Efectos de la aprobación del Acuerdo Global de Refinanciación

     (…)

     106.3 El Acuerdo Global de Refinanciación deberá detallar cuando menos:

     a) El cronograma de los pagos a realizar, en el cual se deberá precisar, bajo sanción de nulidad del Acuerdo Global de Refinanciación, que de los fondos o recursos que se destinen al año para el pago de los créditos, por lo menos un 30% se asignará en partes iguales al pago de obligaciones laborales que tengan el primer orden de preferencia, conforme al artículo 42. La determinación del pago en partes iguales implica que el derecho de cobro de cada acreedor laboral se determine en función al número total de acreedores laborales reconocidos en dicha prelación.

     (…)

     Artículo 133.- Instancias competentes en acciones de garantía u otras demandas judiciales en materia concursal

     (…)

     133.3 Las resoluciones judiciales referidas a acciones de garantías o medidas cautelares en materia concursal que no hayan sido expedidas por los órganos jurisdiccionales señalados en el numeral 133.1 precedente, o que hayan sido tramitadas en vías procesales distintas a la indicada en el numeral 133.2 precedente, no deberán ser ejecutadas por la Comisión o la Sala competente del INDECOPI que se encuentre a cargo del trámite del procedimiento concursal. En estos casos, el INDECOPI deberá poner lo actuado en conocimiento de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del distrito judicial correspondiente, así como de la Oficina de Control de la Magistratura respectiva, para los fines de ley. (*)

(*) Confrontar con el Artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27 junio 2008, la misma que de conformidad con su Única Disposición Final, entró en vigencia a los treinta (30) días siguientes de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

     133.4 Las demandas judiciales que se promuevan con relación a procedimientos regulados por la Ley, deberán efectuarse con citación al INDECOPI.”

     Artículo 2.- Norma derogatoria

     Derógase el numeral 100.3 del artículo 100 de la Ley Nº 27809, y deróganse o déjanse sin efecto, según corresponda, las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.

     Artículo 3.- Vigencia de la norma

     La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

     Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

     En Lima, a los veinte días del mes de marzo de dos mil seis.

     MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO

     Presidente del Congreso de la República

     FAUSTO ALVARADO DODERO

     Primer Vicepresidente del Congreso de la República

     AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

     POR TANTO:

     Mando se publique y cumpla.

     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días del mes de abril del año dos mil seis.

     ALEJANDRO TOLEDO

     Presidente Constitucional de la República

     PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD

     Presidente del Consejo de Ministros

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