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SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO DE EJECUCION COACTIVA

SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO DE EJECUCION COACTIVA

 

     I.     INTRODUCCION.

     La suspensión del procedimiento tributario de ejecución coactiva tiene por objeto evitar que el patrimonio del administrado se vea afectado por una actuación indebida de la Administración Tributaria, sea porque ya no existe deuda pendiente de pago o porque el procedimiento se haya tramitado sin cumplir con las formas que establece el ordenamiento legal vigente.

     El Procedimiento Tributario de Ejecución Coactiva se encuentra regulado por el Título II del Libro Tercero del Decreto Legislativo Nº 816 - Código Tributario y el Capítulo III de la Ley 26979 - Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. Esta última norma resulta aplicable a los procedimientos de ejecución coactiva que siguen los Gobiernos Locales; mientras que el Código Tributario se aplica para los demás procedimientos de cobranza coactiva o ejecución coactiva que siguen las otras Administraciones Tributarias.

 

     II.     BASE LEGAL.

     *     Decreto Legislativo Nº 816 - Código Tributario (21/04/96), modificado por Ley Nº 26663 (22/09/96), Decreto Legislativo Nº 845 (21/09/96), Ley Nº 26777 (03/05/97) y Ley Nº 27038 (31/12/98).

     *     Ley Nº 26979 - Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva (23/09/98).

     *     Decreto Legislativo Nº 295 - Código Civil. (24/07/94).

     *     Decreto Legislativo Nº 845 – Ley de Reestructuración Patrimonial (21/09/96).

     *     Ley Nº 26702 – Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (09/12/96).

     *     Ley Nº 26887 - Ley General de Sociedades (09/12/97)

     *     Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS - Texto Unico Ordenado del Código Procesal Civil (23/04/93).

     III.     AUTORIDAD QUE ORDENA LA SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA.

     En principio es el Ejecutor Coactivo, quien en su calidad de funcionario responsable y titular del procedimiento está facultado para suspender el procedimiento de ejecución coactiva en los supuestos que señale la ley; ninguna otra autoridad ni órgano administrativo, político o judicial podría arrogarse esta facultad. Esta regla se quiebra en dos supuestos que posteriormente analizaremos.

     IV.     CAUSALES POR LAS QUE PROCEDE LA SUSPENSION DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA.

     1.- Cuando la deuda tributaria materia de cobranza coactiva haya quedado extinguida.

     Los medios por los cuales el contribuyente puede extinguir la deuda tributaria son los siguientes:

     a)     El Pago.- Es el medio de extinción de una obligación por excelencia, y se entiende por efectuado sólo cuando se ha cancelado íntegramente la deuda exigida coactivamente(1). Sin embargo, la Administración Tributaria no podrá negarse a admitir un pago parcial, sin perjuicio de continuar con el procedimiento de ejecución coactiva por el saldo no cancelado.

     b)     Compensación.- La compensación consiste en la extinción de dos obligaciones recíprocas y exigibles, entre el contribuyente y la Administración. Para ello, el contribuyente debe tener un crédito no prescrito con la Administración Tributaria por tributos, sanciones e intereses pagados en exceso o indebidamente o saldos a favor por exportación u otro concepto similar que podrán ser compensadas con la deuda tributaria determinada por el mismo órgano administrador. Se entiende por compensada la deuda tributaria con la Resolución emitida por la Administración en la cual determina el tributo, períodos y montos a compensarse.

     c)     Condonación.- Es el perdón de la deuda, es la renuncia que el acreedor hace de todo o parte de su crédito. La deuda tributaria sólo podrá ser condonada por norma expresa con rango de ley.

     d)     Consolidación.- Consiste en que, posteriormente al nacimiento de la obligación tributaria el deudor de la misma, a consecuencia de la transmisión de bienes y derechos que son objeto del tributo, se convierte en acreedor de la obligación tributaria.

     e)     Resolución de la Administración que determina deudas de cobranza dudosa.- Las deudas de cobranza dudosa son aquellas respecto a las cuales se han agotado todas las acciones contempladas en el procedimiento de ejecución coactiva. Para tal efecto, la Administración emitirá una Resolución que determina las deudas de cobranza dudosa, con lo cual se entiende por extinguida esa obligación.

     f)     Resolución de la Administración que determina deudas de recuperación onerosa.- Las deudas de recuperación onerosa son aquellas cuyo costo de ejecución no justifica la gestión de cobranza. La Administración Tributaria es la encargada de determinar mediante resolución o acto administrativo similar, el monto de deuda que se considera de recuperación onerosa.

     Sin embargo, para las deudas tributarias de los Gobiernos Locales, teniendo en cuenta el costo del procedimiento que establezca la Entidad y por economía procesal, no se inicia el procedimiento respecto de aquellas deudas que, por su monto, resulten onerosas, quedando expedido el derecho de la Entidad a iniciar el procedimiento por acumulación de dichas deudas.

     2.- Cuando la deuda estuviese prescrita.

     El no ejercitar la cobranza dentro del plazo señalado por ley hace que prescriba el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria.

     La acción de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, así como la acción para exigir el pago y aplicar sanciones prescribe a los cuatro años, y a los seis años para los omisos que no hayan presentado la declaración respectiva.

     En el caso de los agentes de retención y percepción la acción de cobro por los tributos retenidos o percibidos, pero no entregados a la Administración, prescribe a los diez años.

     La simple alegación de la prescripción no es causal para que proceda la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, considerando que la prescripción sólo será atendible en la medida que haya sido previamente declarada

     3.- Cuando la acción se siga contra persona distinta al obligado.

     Se entendía antes de la publicación de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, que el obligado al pago como enuncia el Código Tributario, era aquella persona respecto de la cual se producía el hecho generador; es decir, era el sujeto pasivo de la obligación tributaria. En consecuencia, esta causal era aplicable cuando la cobranza coactiva se dirigía hacia una persona distinta al sujeto pasivo de la obligación tributaria.

     Pero, la publicación de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva trae consigo la definición de obligado como “toda persona natural, persona jurídica, sucesión indivisa, sociedad conyugal, sociedad de hecho y similares, que sea sujeto de un procedimiento de ejecución coactiva o de una medida cautelar previa”, con lo que se reduciría el campo de aplicación de esta causal, a la referencia que la acción de cobranza se siga contra persona distinta a la cual se inició este procedimiento. Se apoya esta interpretación en la RTF 1026-2-98 

     4.- Cuando se haya presentado dentro de los plazos de ley, recurso impugnatorio de reclamación, de apelación ante la Municipalidad Provincial de ser el caso: de apelación ante el Tribunal Fiscal o demanda contenciosa administrativa.

     Esta causal se fundamenta en el hecho de existir un recurso impugnatorio pendiente de resolución que ha sido presentado dentro del plazo de ley.

     El ejecutor para declarar procedente la solicitud deberá verificar en forma objetiva si el recurso impugnatorio ha sido interpuesto dentro de los plazos señalados por ley.

     Los plazos que dispone el contribuyente para impugnar el acto administrativo que amerita ejecución son los siguientes:

     a.-      La Resolución de Determinación y la Resolución de Multa podrán ser impugnadas en el término improrrogable de veinte (20) días hábiles de notificado el acto.

     b.-      Las Ordenes de Pago, siempre que medien circunstancias en que la cobranza pueda devenir en improcedente, podrá ser reclamada sin requerir de pago previo dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de notificada.

     c.-      Las Resoluciones de las Administraciones Tributarias de las Municipalidades Distritales podrán ser impugnadas ante  la Municipalidad Provincial dentro del plazo de quince días hábiles de notificadas.

     d.-      Las Resoluciones de Administraciones Tributarias de Municipalidades Provinciales, Resoluciones Jefaturales o de Superintendencia podrán ser apeladas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de su notificación certificada.

     e.-      Las Resoluciones del Tribunal Fiscal podrán ser objeto de demanda contenciosa administrativa, la misma que deberá cumplir con los siguientes requisitos:

     -     La demanda deberá ser presentada por la Administración Tributaria o por el deudor tributario ante el Tribunal Fiscal, dentro del término de 15 días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación certificada de la resolución del deudor tributario.

     -     Acreditar el pago de la deuda tributaria actualizada a la fecha de interposición de la demanda contenciosa administrativa o presentar carta fianza bancaria o financiera por el monto de la deuda actualizada.

     Tratándose de impugnaciones a órdenes de pago (excepto las de cobranza improcedente) y de demandas contenciosas administrativas contra una Resolución del Tribunal Fiscal, la suspensión resulta procedente, más porque se ha garantizado la deuda tributaria que por la misma interposición del recurso; al exigirse en ambos casos como requisito previo para interponer el referido recurso o ejercer la acción, el pago de la deuda tributaria o garantizar el cumplimiento del mismo.

     5.- Cuando se trate de empresas en proceso de reestructuración patrimonial al amparo del Decreto Legislativo Nº 845, Ley de Reestructuración Patrimonial, o estén comprendidos dentro de los alcances del Decreto Ley Nº 25604.

     La Ley de Reestructuración Patrimonial entró en vigencia el 22 de setiembre de 1996, y en estricto, las empresas comprendidas dentro de un proceso de reestructuración patrimonial son aquellas declaradas insolventes, ya sea por tener créditos superiores a cincuenta (50) UIT vigentes a la fecha de solicitud de declaratoria de insolvencia o cuyo patrimonio se haya reducido a una cantidad inferior a una tercera parte, que la Junta de Acreedores ha decidido la continuación de actividades del insolvente porque se presume la existencia de posibilidades reales para su recuperación económica y financiera, por un plazo no mayor de un año, pudiendo ser prorrogado por acuerdo de mayoría el número de veces que estime necesario.

     Sin embargo, esta ley no sólo regula el proceso de reestructuración patrimonial, sino también la disolución y liquidación de empresas, quiebra de empresas y personas naturales insolventes, concurso preventivo, concurso de acreedores, tanto de empresas como de personas naturales.

     Por otro lado, el Decreto Ley 25604, determina la intangiblidad de los activos de propiedad de las empresas comprendidas dentro de la actividad empresarial del Estado, que hayan sido declaradas en liquidación o comprendidas formalmente en el proceso de privatización.

     6.- Cuando exista convenio de liquidación judicial o extrajudicial o acuerdo de acreedores, de conformidad con las normas pertinentes: o cuando la persona obligada haya sido declarada en quiebra.

     Esta causal está orientada a cubrir los casos de liquidación, acuerdo de acreedores de liquidación y quiebra de empresas o personas naturales, que se encuentran reguladas en normas especiales, en normas derogadas pero aplicables para los procedimientos iniciados bajo su vigencia e inclusive para los supuestos de disolución y liquidación de empresas, quiebra de empresas y personas naturales insolventes, concurso preventivo, concurso de acreedores, tanto de empresas como de personas naturales reconocidos en la Ley de Reestructuración Patrimonial. Entre las normas especiales que regulan los tópicos anteriormente expuestos tenemos: La Sección Cuarta de la Ley General de Sociedades, El Título VII de la Ley General del Sistema Financiero de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

     7.- Cuando exista resolución concediendo aplazamiento y/o fraccionamiento.

     Existen dos mecanismos para otorgar fraccionamiento de la deuda tributaria; uno es de carácter general y lo establece el Poder Ejecutivo (por ejemplo el Fraccionamiento Especial de Empresas - Decreto Legislativo Nº 848), y otro es el fraccionamiento en casos particulares, que a solicitud del deudor la Administración puede otorgar el fraccionamiento de la deuda tributaria, siempre que el deudor cumpla con los requisitos que se establezcan por Resolución de Superintendencia o norma de rango similar.

     En la primera modalidad de fraccionamiento la Administración deberá aceptar la solicitud si el deudor cumple con los requisitos señalados en la norma publicada por el Ejecutivo; en la segunda modalidad, el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Administración Tributaria no garantiza que se dé por aprobada la solicitud de fraccionamiento, pues la Administración en ejercicio de su facultad discrecional, es quien evaluará finalmente si se concede o no el fraccionamiento.

     En ambas modalidades, la solicitud de fraccionamiento no es causal de suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, debiendo expedirse necesariamente la resolución que aprueba el fraccionamiento; salvo que la norma de fraccionamiento establezca una modalidad de fraccionamiento de aprobación automática. (Resolución Jefatural Nº 002-98-SAT-MML del Servicio de Administración Tributaria).

     8.- Cuando existiera a favor del interesado anticipos o pagos a cuenta del mismo tributo, realizados en exceso, que no se encuentren prescritos.

     Se puede presentar en los procedimientos de ejecución coactiva seguidos por deudas correspondientes al Impuesto a la Renta. Con relación a tributos de administración municipal, según la legislación vigente, en propiedad no cabe la posibilidad de la figura del pago a cuenta.

     9.- Cuando se haya omitido la notificación del obligado del acto administrativo que sirve de título para la ejecución.

     Esta causal fue introducida por la Ley 26979, y es propia de los procedimientos de ejecución coactiva que siguen los Gobiernos Locales. Se presenta cuando no se haya cumplido con notificar la Resolución de Determinación, Resolución de Multa, Orden de Pago, Resolución de la Administración Tributaria que resuelve un reclamo, Resolución del Tribunal Fiscal que resuelve una apelación, Resolución de Pérdida de fraccionamiento u otro acto de determinación de deuda.

     10.- Cuando lo disponga el Tribunal Fiscal al declarar fundada la queja interpuesta por el obligado contra las actuaciones o procedimientos del Ejecutor Coactivo o Auxiliar infringiendo las normas del procedimiento de ejecución coactiva.

     Causal introducida por la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva la misma que aplicable a los Gobiernos Locales.

     11.- El Poder Judicial podrá disponer la suspensión del procedimiento cuando dentro de un proceso de acción de amparo exista una medida cautelar firme.

     Esta forma de suspensión es aplicable a todas las Administraciones Tributarias, con algunas modificaciones en su aplicación. Con relación a los Gobiernos Locales, la intervención del Poder Judicial en la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva es en forma directa; mientras que para las demás Administraciones Tributarias la suspensión del procedimiento lo determina el Ejecutor al amparo de la decisión judicial.

     Se debe precisar, que para que proceda la suspensión, la medida cautelar debe cumplir con dos condiciones ineludibles:

     -     Se promueva dentro de un proceso de amparo.

     -     Sea firme; es decir, contra esa decisión no se pueda interponer recurso impugnatorio alguno.

     V.      SOLICITUDES DE SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA SEGUIDO POR LOS GOBIERNOS LOCALES.

     El obligado podrá solicitar la suspensión del procedimiento, siempre que se fundamente en algunas de las causales descritas en los párrafos anteriores, presentando al Ejecutor las pruebas correspondientes.

     El Ejecutor debe pronunciarse expresamente sobre lo solicitado, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes. Vencido dicho plazo sin que medie pronunciamiento expreso, el Ejecutor estará obligado a suspender el procedimiento, cuando el obligado acredite el silencio administrativo con el cargo de recepción de la solicitud.

     La suspensión del procedimiento de ejecución coactiva por efecto del silencio administrativo positivo opera en la medida que haya vencido el plazo de 8 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de suspensión y que antes de emitirse se acredite el referido silencio (RTF 1026-2-98)

 

Last modified onSábado, 18 Abril 2015 05:52
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