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¿CÓMO EVITAR EL EMBARGO DE UN BIEN

¿CÓMO EVITAR EL EMBARGO DE UN BIEN

 

     La Ley de Ejecución Coactiva, Ley Nº 26979, establece a los ejecutores coactivos como los responsables de la recuperación de las obligaciones tributarias o no tributarias pendientes de pago, basado en el principio de autotutela administrativa, la presunción de legalidad y validez de los actos administrativos, entre otros fundamentos. A fin de concretar dicha prerrogativa, la Ley de Ejecución Coactiva faculta a los referidos funcionarios a ordenar diversos tipos de embargo, siendo alguno de ellos el embargo en forma de inscripción de bienes muebles e inmuebles, o los embargos en forma de depósito o en forma de secuestro conservativo.

     Debido a que el embargo es una medida que afecta patrimonialmente los bienes de una persona natural o jurídica, los bienes sobre los que puede recaer deben ser de propiedad de los administrados inmersos dentro de un procedimiento coactivo; de esta manera pueden afectar bienes en posesión de terceras personas, ubicados en lugares distintos al domicilio fiscal del ejecutado, pero siempre de propiedad del deudor tributario.

     En tal sentido, se hace necesario establecer de manera previa cuándo podemos reconocer la propiedad de los bienes de los deudores, ya que no cabría afectar a través de una medida de embargo bienes de propiedad de terceras personas ajenas al procedimiento coactivo.

 

     Al respecto, el Código Civil es la norma que señala las situaciones en las cuales se determina la propiedad de los bienes muebles e inmuebles

     Para el caso de los bienes muebles, señala el artículo 947 que la transferencia de estos se efectúa con su tradición. Respecto de los bienes inmuebles, señala el artículo 949 que basta la sola obligación de enajenar para hacer al acreedor propietario de él, sin establecer requisitos adicionales, como la escritura pública, por ejemplo.

     Ahora bien, cabe mencionar que los Registros Públicos permiten obtener información respecto de los propietarios de los bienes inscribibles, como por ejemplo los inmuebles. Dicha inscripción, como mencionamos anteriormente, no lo constituye como propietario, sino que le permitirá a los adquirentes publicitar su propiedad frente a terceros, de tal forma que nadie podrá acreditar la buena fe si adquiere el bien de una persona distinta a la que figura en los Registros Públicos, salvo que esta haya acreditado tener la propiedad producto de una transferencia por acuerdo de voluntades pero no formalizada

     Volviendo al tema que nos ocupa, el ejecutor coactivo, como mecanismo de recuperación de la obligación, puede afectar bienes de exclusiva propiedad del administrado que se encuentra inmerso en un procedimiento de cobranza coactiva; sin embargo, puede darse el caso de que el ejecutor embargue bienes del administrado que si bien están en su posesión ya no sean de su propiedad, o que se embargue un bien inmueble en forma de inscripción sobre la base de la información desactualizada de la ficha registral. En estos dos ejemplos, el ejecutor coactivo no está afectando bienes del administrado sino de un tercero ajeno al procedimiento coactivo.

     Ante ello, el tercero puede, y entendemos debe, oponerse al procedimiento coactivo entre dos partes (la Administración Pública y el administrado) distintas a él, con la finalidad de liberar el bien del vínculo del embargo, evitando de esta manera la ejecución indebida del objeto.

     En ese contexto, daremos a conocer el procedimiento y la delimitación de los medios probatorios que se pueden presentar dentro de este procedimiento anexo al procedimiento coactivo, tal como lo establece la Ley de Ejecución Coactiva.

     II.     PROCEDIMIENTO

     La Ley de Ejecución Coactiva regula en sus artículos 20 y 36 la figura de la tercería de propiedad, precisando que su interposición deberá ser efectuada por el interesado hasta antes de que se inicie el remate del bien. De esta manera la presentación del escrito en la mesa de partes debiera producirse antes de que el martillero o ejecutor coactivo haya dado inicio al proceso de remate del bien materia del recurso.

     Ingresado el escrito el ejecutor evaluará su admisión a trámite y la correspondiente suspensión del remate siempre que esté acompañado del medio probatorio que acredite fehacientemente la propiedad de los bienes antes de haberse trabado la medida cautelar. Es decir, en este momento no hay un análisis del medio probatorio remitido por el tercerista, tan solo una verificación de la existencia del medio probatorio.

     Superada esta etapa, es decir, admitida a trámite la tercería de propiedad y suspendido el remate, el ejecutor coactivo comunica al obligado y le da un plazo de cinco (5) días hábiles para que señale las observaciones a la tercería presentada.

     Vencido el plazo, y con la contestación o no del obligado, el ejecutor resolverá la tercería presentada en un plazo de tres (3) días hábiles adicionales.

     Para los casos de cobranza por obligaciones no tributarias, esta resolución agota la vía administrativa, por lo que el administrado que no se encuentra de acuerdo puede presentar una demanda contencioso-administrativa contra la resolución emitida por el ejecutor.

     En el supuesto de una tercería presentada dentro de un procedimiento coactivo de obligaciones tributarias de gobiernos locales, el recurrente puede solicitar apelación ante el Tribunal Fiscal, contando con un plazo de cinco (5) días hábiles para dicho recurso. Y luego de lo resuelto por el Tribunal Fiscal podría cuestionar la decisión ante el Poder Judicial, a través de una demanda contencioso-administrativa.

     Queda claro que en cualquiera de las instancias, de resultar favorable la decisión para el tercerista, el ejecutor se encuentra obligado a proceder a la devolución de los bienes, sin el pago de costas o gastos, ya que si estos fueron generados deben ser atribuidos al obligado o contribuyente inmerso en el procedimiento coactivo.

     III.     MEDIOS PROBATORIOS IDÓNEOS PARA SU PROBANZA

     Con relación a los medios probatorios existe un marco general de los tipos de documentos que pueden ser utilizados para probar la propiedad; sin embargo, como veremos más adelante, en algunas situaciones existen puntos de vista encontrados, o por lo menos, distintos.

     1.     Documento público

     De conformidad con el artículo 235 del Código Procesal Civil el documento público es el otorgado por funcionario público en ejercicio de sus funciones, como son la escritura y demás documentos otorgados ante o por notario público. Asimismo, precisa que la copia del documento público tiene el mismo valor que el original si está legalizado o autenticado por auxiliar jurisdiccional, notario o fedatario.

     Frecuentemente, se presentan situaciones en las cuales la compraventa de un bien registrable se eleva a escritura pública, pero el adquirente no es diligente y no culmina con la publicidad de la oponibilidad de su propiedad, materializada con la inscripción del bien en el registro respectivo, por lo que en el caso de que el antiguo propietario tenga deuda tributaria pendiente, el ejecutor coactivo al percatarse de ello puede solicitar la afectación de dicho bien, que aún figura inscrito a nombre del deudor tributario.

     En estos casos, el propietario actual del bien (tercero) enterado de la afectación de su bien, acredita la propiedad previa a la medida de embargo, y siempre que la escritura pública se haya celebrado con anterioridad a la notificación de la resolución coactiva que traba la medida de embargo, el ejecutor deberá declarar fundada la tercería.

     Sin embargo, es bueno recomendar que los ejecutores verifiquen dicha información a fin de validar la escritura pública remitida por el tercero y así evitar posibles falsificaciones y adulteraciones. Este exceso de celo no está regulado en la Ley de Ejecución Coactiva, pero lo consideramos necesario para que la Administración Pública no se vea sorprendida por personas que en realidad pretenden evitar el cobro de la deuda tributaria a través de transferencias de propiedad no reales

     2.     Documento privado

     Por documento privado se deberá entender a aquel “que no tiene las características del documento público, por lo tanto, cualquier documento que no sea expedido por funcionario o notario público será considerado privado. Asimismo, precisa la norma que la legalización o certificación de un documento privado no lo convierte en público.

     El tercero afectado también puede presentar documento privado con la finalidad de acreditar la propiedad; sin embargo, en este caso, la Ley de Ejecución Coactiva señala que dicho documento debe acreditar de manera indubitable la transferencia de propiedad de manera previa a la resolución coactiva.

     El Tribunal Fiscal ha desarrollado a través de su jurisprudencia las circunstancias por las cuales los documentos privados acreditan la propiedad analizados no de manera individual sino de manera integral. Sin embargo, ese análisis debe ser muy bien merituado a fin de que se llegue a la certeza de la transferencia de propiedad, ya que el gran problema con los documentos privados es que pueden ser utilizados de manera incorrecta por los administrados para evitar la afectación del bien y, por ende, la ejecución y posterior recuperación de deuda tributaria a favor del fisco. En esa línea de ideas, por ejemplo, la acreditación de la transferencia de propiedad con solo los comprobantes de pago será insuficiente, siendo necesario que estas operaciones hayan sido verificadas contablemente no solo con el comprador sino también con el vendedor, ya que el comprador viene a ser el mismo tercero que está reclamando el derecho.

     3.      Documento privado de fecha cierta

     Por documento privado de fecha cierta, se debe entender a aquel documento privado que le reconoce eficacia jurídica (validez de la fecha) por haberse producido o verificado, entre otras, las siguientes circunstancias:

     a)     Muerte del otorgante;

     b)     La presentación del documento ante funcionario público;

     c)     La presentación del documento ante notario público, para que certifique la fecha o legalice las firmas; o,

     d)     La difusión a través de un medio público de fecha determinada o determinable.

     En estos casos, por ejemplo, la legalización de la firma no convierte al documento en público pero sí determina que a dicha fecha la existencia del documento privado fue verificada por un funcionario público, dándole un valor probatorio mayor al simple documento privado.

     IV.     ¿CABE LA TERCERÍA PREFERENTE DE PAGO?

     Como señaláramos, el Código Procesal Civil regula en su artículo 100 la intervención excluyente de propiedad, pero en su segundo párrafo señala expresamente lo siguiente: “(...) También puede intervenir en un proceso quien pretenda se le reconozca derecho preferente respecto de lo obtenido en la ejecución forzada”.

     En este caso, ya no estamos hablando de la intervención del tercero para reclamar su derecho sobre el bien, sino la intervención de un tercero que considera preferente su derecho sobre el producto del bien, es decir, sobre el dinero producto del remate.

     1.     Pero, ¿cuáles pueden ser esos derechos prioritarios o preferentes?

     La Constitución, en el segundo párrafo del artículo 24, dispone que el pago de remuneraciones y servicios sociales tendrá preferencia sobre cualquier otra obligación del empleador; situación que ha sido respaldada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y que ha merecido críticas respecto de la preferencia que se supone deben gozar las acreencias respaldadas con las denominadas garantías reales

     Por su parte, el Código Tributario señala en su artículo 6 una prelación de acreencias, donde se señala que las deudas de naturaleza tributaria gozan de privilegio sobre los bienes del deudor tributario, salvo cuando las obligaciones sean por el pago de remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores, alimentos, hipoteca o cualquier otro derecho real inscrito.

     En tal sentido, para el caso de obligaciones tributarias, los ejecutores deberán tener en cuenta lo señalado en el Código Tributario concordado con la Constitución Política; y para el caso de obligaciones no tributarias, deberán respetar la Constitución y lo señalado en las demás normas que regulen derechos preferentes frente a la obligación tributaria, como el derecho de pago de alimentos, que en principio es inembargable por el inciso 7 del artículo 648, de modo que si se afecta dicho fondo, el alimentista o su representante pueden solicitar que se mantenga su derecho preferente.

     2.     Sin embargo, ante una solicitud de un tercerista, ¿son competentes para evaluar dicha solicitud?

     Al respecto, cabe mencionar que la Ley de Ejecución Coactiva no regula el supuesto de la tercería preferente de pago, por lo que al identificarse el vacío normativo, no cabría su interposición, como también lo ha señalado el tribunal ante apelaciones de tercerías preferentes de pago relacionados con procedimientos coactivos a cargo de la Sunat

     En estos casos, el tercero tendrá que recurrir al Poder Judicial a través del procedimiento regulado en el Código Procesal Civila fin de que sea el juez quien mediante oficio comunique al ejecutor coactivo de la preferencia solicitada.

     Una opinión en contra la sostienen Danós y Zegarra al señalar que “(…) si bien esta (...) modalidad de tercería no está recogida por el Código Tributario ni por la Ley Nº 26979, nada impide que pueda solicitarla

 

Last modified onSábado, 18 Abril 2015 05:55
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