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COMPRA DEL ESTADO

BANCO CENTRAL DE RESERVA

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Banco Central de Reserva.

Función

Opinión previa a la transformación de sucursal de empresa extranjera

Estabilidad monetaria como competencia compartida con la Superintendencia de Banca y Seguros

EL SISTEMA MONETARIO Y LA EMISIÓN DE BILLETES Y MONEDAS

Sistema monetario.

Funciones del Banco Central de Reserva

Competencia del gobierno nacional

RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA

Directorio del Banco Central de Reserva.

No necesidad de motivar nombramiento de directores

Cuestionamiento de actos de la SBS

PROTECCIÓN DEL AHORRO Y DEL CRÉDITO

Ahorro.

Como derecho constitucional y garantía institucional

Como derecho subjetivo constitucional

Como garantía institucional

Obligación de protección, garantía y fomento del Estado

Necesidad de estabilidad monetaria y del sistema financiero

Superintendencia de Banca y Seguros.

Control del sistema financiero

Coordinación de funciones con el Banco Central de Reserva

 

 

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Banco Central de Reserva.

Función

La soberanía monetaria del Estado y la estabilidad del sistema monetario son resguardados por el Banco Central de Reserva, a partir del ejercicio de diversas competencias, entre las que se encuentran regular la moneda y el crédito en el sistema financiero (artículos 83 y 84 de la Constitución).

 

Opinión previa a la transformación de sucursal de empresa extranjera

El deber previsto en la Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, de recabar opiniones del BCR en determinadas oportunidades, tiene sustento directo en el núcleo funcional de coordinación entre ambas entidades derivado de la incidencia mutua entre las funciones que la Constitución ha conferido a cada una de ellas, es decir, de la incidencia mutua entre la estabilidad del sistema financiero y bancario, y la estabilidad del sistema monetario.

 

La razón por la que (...) se considera imprescindible solicitar previamente la opinión previa del BCR en los supuestos de transformación de una sucursal de una empresa financiera extranjera, en una empresa constituida en el Perú, no reside en lo que teóricamente esta transformación pueda representar, sino en lo que en la práctica pueda generar. Y es que una cosa es lo que una empresa del sistema financiero anuncie que pretende hacer y otra lo que en los hechos su solicitud concreta implique.

Cierto es que desde un punto de vista teórico, en principio, una simple transformación societaria no da lugar a una variación en las operaciones que pueda incidir sobre la estabilidad monetaria, pero es preciso que ello sea corroborado por un estudio y una posterior opinión técnica de todas las entidades constitucionalmente competentes; en este caso, no solo la SBS, sino también el BCR.

 

En interpretación conforme a la Constitución del artículo 21 de la LOSBS, es competencia del BCR emitir opinión previa, en los supuestos en que empresas del sistema financiero del exterior soliciten la transformación de sus oficinas en el país ya autorizadas y en operación, en empresas con personería jurídica propia.

 

Estabilidad monetaria como competencia compartida con la Superintendencia de Banca y Seguros

A la luz de lo establecido en el artículo 84 de la Constitución, la función reguladora en materia financiera es ejercida por el BCR. No obstante, es importante resaltar que, en dicha tarea, debe contar con la cooperación y coordinación de la SBS, al constituir órganos constitucionales con funciones relacionadas con la moneda y la Banca, que (...) se relacionan de manera intrínseca. Es a través de la participación de ambas entidades que se garantiza la estabilidad económica financiera y el orden público económico, por lo que nuestro modelo financiero supone –bajo criterios de cooperación entre poderes y órganos públicos– una labor racional e integrada de ambos entes, siendo que sus competencias requieren articularse permanentemente con un importante grado de coordinación, sin perjuicio de la autonomía que constitucionalmente les ha sido reconocida (artículos 84 y 87).

 

 EL SISTEMA MONETARIO Y LA EMISIÓN DE BILLETES Y MONEDAS

Sistema monetario.

Funciones del Banco Central de Reserva

La soberanía monetaria del Estado y la estabilidad del sistema monetario son resguardados por el BCR, a partir del ejercicio de diversas competencias, entre las que se encuentran regular la moneda y el crédito en el sistema financiero (artículo 83 y 84 de la Constitución).

 

Competencia del gobierno nacional

Si bien constitucionalmente no se ha establecido expresamente las competencias que les corresponde al gobierno nacional dentro del proceso de descentralización, hay algunas que pueden vislumbrarse a partir de las funciones de los poderes, o por determinación explícita del constituyente, como puede ser el caso de la moneda.

 

RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA

Directorio del Banco Central de Reserva.

No necesidad de motivar nombramiento de directores

No todo acto administrativo expedido al amparo de una potestad discrecional, siempre y en todos los casos, debe estar motivado. Así sucede, por ejemplo, con la elección o designación de los funcionarios públicos (Defensores del Pueblo, miembros del Tribunal Constitucional, Presidente y Directores del Banco Central de Reserva, Contralor de la República y otros) cuya validez, como es obvio, no depende de que esté motivada.

 

Cuestionamiento de actos de la SBS

El Directorio del BCR conviene en autorizar la presentación de la demanda en contra de la SBS. De esta forma (...) no existe duda respecto de la voluntad de la institución, formalizada por su propio Directorio, de cuestionar jurisdiccionalmente determinados actos llevados a cabo por la SBS.

 

PROTECCIÓN DEL AHORRO Y DEL CRÉDITO

Ahorro.

Como derecho constitucional y garantía institucional

Dicho precepto constitucional artículo 87 establece: “El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía”. A (…) través de dicha cláusula de la Norma Suprema, se ha reconocido el ahorro en cuanto derecho constitucional y como garantía institucional.

 

Como derecho subjetivo constitucional

El artículo 87 de la Constitución reconoce al ahorro como un derecho subjetivo constitucional, en la medida que el Estado se encuentra, de un lado, prohibido de apropiarse arbitrariamente de él, y de otro, obligado a fomentarlo y garantizarlo.

 

En cuanto derecho subjetivo constitucional tiene, prima facie, una estructura semejante a lo que sucede con cualquier derecho de carácter reaccional: garantiza que el Estado no se apropie arbitrariamente del ahorro de los privados. Sin embargo, también participa de una faz positiva, por cuanto garantiza que el Estado realice todas aquellas medidas necesarias y acordes con los deberes de fomento y garantía del ahorro. Si en su vertiente de derecho reaccional, el derecho de ahorro tiene directamente como sujeto obligado al Estado, en forma indirecta, el mismo derecho constitucional tiene también por sujeto pasivo u obligado a las “empresas que reciben ahorros del público”.

 

Como garantía institucional

El artículo 87 de la Constitución reconoce al ahorro como una garantía institucional que auspicia la protección del ahorrista en el sistema financiero.

 

Como garantía institucional, esto es, en cuanto instituto constitucionalmente garantizado, impide que el Estado pueda legislativamente suprimirla o vaciarla de contenido. Tal garantía no solo tiene una vertiente negativa, en el sentido de prohibir su supresión o vaciamiento de contenido, sino también una vertiente positiva, pues, como expresa la primera parte del artículo 87 de la Constitución, impone al Estado el deber de fomentarla y garantizarla.

 

Obligación de protección, garantía y fomento del Estado

La protección y fomento del ahorro supone un amplio margen de maniobrabilidad de parte del Estado. Sin embargo, en este caso, los límites a las políticas públicas se expresan, de un lado, en no suprimir o vaciar de contenido a la institución del ahorro (deber de garantizar), y, de otro, en cuidar en grado extremo que tales políticas públicas no supongan un entorpecimiento u obstaculización irrazonable o desproporcionada de su práctica (deber de fomento).

 

Como el ahorro está constituido por un conjunto de imposiciones de dinero que realizan las personas naturales y jurídicas en las empresas del sistema financiero, el factor de real relevancia para determinar el cumplimiento del Estado de su obligación de garantizar y fomentar el ahorro, sería el análisis de la ley que, por mandato directo del propio artículo 87 de la Carta Fundamental, tiene reservada la regulación de las obligaciones y los límites de las empresas que reciben los ahorros del público, así como de la labor que cumple la Superintendencia de Banca y Seguros en el control de las empresas bancarias, conforme a las prescripciones previstas en dicha ley. Así, el cumplimiento de la labor estatal de fomento y garantía del ahorro no puede apreciarse a partir de una medida aislada como la imposición de un tributo sobre la transferencia de los montos contenidos en una cuenta de ahorro, sino a la luz del conjunto de medidas y regulaciones asumidas por el aparato estatal y orientadas a garantizar la cabal eficacia del artículo 87 de la Constitución.

 

Necesidad de estabilidad monetaria y del sistema financiero

 

Para efectos de una debida protección del ahorrista, resulta fundamental la estabilidad del sistema bancario o financiero, dependiente, a su vez, de la estabilidad de la moneda. Y analizadas las cosas desde la perspectiva inversa, es también claro que es poco lo que se podría hacer para garantizar la estabilidad monetaria con un sistema bancario y financiero indebidamente supervisado.

 

Superintendencia de Banca y Seguros.

Control del sistema financiero

El artículo 87 de la Carta Fundamental dispone que la Superintendencia de Banca y Seguros tiene por función ejercer el control de las empresas bancarias y de seguros y de todas aquellas otras empresas que reciben ahorro y/o depósitos del público. Así pues, la finalidad de la SBS, tal como viene configurada por el artículo 345 de su Ley Orgánica, consiste en proteger los intereses del público en el ámbito de los sistemas financiero y de seguros.

 

Considerando que la política crediticia es un importante instrumento de conducción económica, el Estado debe ejercer su papel de regulación y vigilancia del sistema bancario, de modo que se torna imperativo que se revise la normatividad atinente a la creación y constitución de los bancos y sus actividades.

 

Coordinación de funciones con el Banco Central de Reserva

Sin perjuicio de las exclusivas competencias previstas en la regulación orgánica del Banco Central de Reserva y de la Superintendencia de Banca y Seguros, se proyecta desde la propia Constitución la obligación de que se respete un núcleo funcional de coordinación entre ambas entidades.

 

El deber previsto en la Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, de recabar opiniones del Banco Central de Reserva en determinadas oportunidades, tiene sustento directo en el núcleo funcional de coordinación entre ambas entidades derivado de la incidencia mutua entre las funciones que la Constitución ha conferido a cada una de ellas, es decir, de la incidencia mutua entre la estabilidad del sistema financiero y bancario, y la estabilidad del sistema monetario.

Ello cobra sentido en tanto de la adecuada toma de decisiones de la SBS depende en buen grado la posibilidad del BCR de asegurar el equilibrio monetario.

 

 

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BIENES PÚBLICOS

BIENES PÚBLICOS

Bienes del Estado.

Clasificación

Bienes de dominio público.

Naturaleza pública del bien

Determinación del judicial carácter público del bien

Inalienabilidad e imprescriptibilidad

Límites a la reserva de bienes de dominio público

Propiedad “especial” sobre los recursos naturales

Bienes de dominio privado del Estado.

Embargabilidad

Embargabilidad de depósitos bancarios del Estado

Concesión de bienes de uso público.

Definición de Concesión administrativa

Intervención estatal

Principios en la concesión de recursos naturales

Cobro de regalías mineras

Derecho de vigencia

 

 

BIENES PÚBLICOS

Bienes del Estado.

Clasificación

Los bienes del Estado se dividen en bienes de dominio privado y bienes de dominio público; sobre los primeros el Estado ejerce su propiedad como cualquier persona de derecho privado; sobre los segundos ejerce administración de carácter tuitivo y público.

El artículo 73 de la Constitución Política del Estado establece, que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles, deduciéndose de ello, que no gozan de aquellas inmunidades los bienes que conforman el patrimonio privado del Estado.

 

Bienes de dominio público.

Naturaleza pública del bien

Una interpretación en el sentido, de que sea solamente la incorporación en una ley la que otorgue el carácter de público o no a los bienes del Estado es decir, que no repare en la naturaleza jurídica del bien del Estado, podría llevar a autorizar al legislador a excluir de entre esos bienes embargables a determinados bienes distintos de los denominados de dominio público, lo que sería evidentemente inconstitucional.

 

No debe entenderse que es la sola exclusión de un determinado bien estatal de la ley futura lo que lo hace inembargable, sino, antes bien, su condición de bien de dominio público, lo que la ley se encargará de precisar.

 

Determinación del judicial carácter público del bien

La procedencia del embargo sobre bienes del Estado, sean estos muebles o inmuebles, no debe tener más límite que el hecho de tratarse, o tener la condición, de bienes de dominio público, por lo que corresponde al juez, bajo responsabilidad, determinar, en cada caso concreto, qué bienes cumplen o no las condiciones de un bien de dominio privado y, por ende, son embargables.

 

Inalienabilidad e imprescriptibilidad

El artículo 73 de la Constitución, en modo alguno, señala que los bienes de dominio público sean intangibles, esto es, que no puedan tocarse. Tampoco garantiza, tratándose de bienes públicos como los parques metropolitanos, la extensión que estos puedan tener. En puridad, dicha norma se limita a señalar que tienen la condición de “inalienables”, es decir, que no pueden ser enajenados, y que, además, son imprescriptibles, i.e., que no es posible derivar de la posesión prolongada en el tiempo derecho de propiedad alguno.

 

Límites a la reserva de bienes de dominio público

 

 

La reserva de determinados bienes al dominio público atendiendo a su carácter esencial –normalmente escasos y no renovables, como son los minerales–, cumple la función de ordenar y racionalizar su explotación y utilización; mas ello no justifica una reserva en términos absolutos, y que tenga tal entidad y naturaleza que pueda desvirtuar la libertad de empresa y demás libertades económicas consagradas en el artículo 59 de la Constitución.

 

Propiedad “especial” sobre los recursos naturales

Los recursos naturales renovables y no renovables, al ser bienes que integran el dominio público cuyo titular es la Nación –no son objeto de un derecho real de propiedad en el sentido civilista del mismo– configuran lo que se denomina una “propiedad especial”. Esta se caracteriza por estar sometida a una normativa específica de Derecho Público, que consagra su indisponibilidad, dada su naturaleza de inalienable e imprescriptible, a tenor del artículo 73 de la Constitución Política– del Perú, quedando, en consecuencia, excluida del régimen jurídico sobre la propiedad civil.

 

El Estado no ostenta una situación subjetiva de propietario de los recursos naturales que le otorgue una serie de potestades exclusivas sobre dichos bienes en concepto de dueño, pues tales facultades se inspiran en una concepción patrimonialista del dominio privado. Al respecto, el Tribunal Constitucional Español, en la STC 227/1988, de fecha 29 de noviembre, (Fundamento 14) con criterio esclarecedor formula lo siguiente: “(...) en efecto, la incorporación de un bien al dominio público supone no tanto una forma específica de apropiación por parte de los poderes públicos, sino una técnica dirigida primordialmente a excluir el bien afectado del tráfico jurídico privado, protegiéndolo de esta exclusión mediante una serie de reglas exorbitantes de las que son comunes en dicho tráfico iure privato”.

 

El estatuto subjetivo constitucional del Estado –como personificación jurídica de la Administración frente a los bienes dominiales será el de un deber de garantía, protección y aprovechamiento del patrimonio dela Nación–, consistente en asegurar la afectación íntegra de dichos bienes para promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación–, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución.

 

Bienes de dominio privado del Estado.

Embargabilidad

Los bienes que no están afectos al servicio público, al uso público o al interés nacional, incluyendo los depósitos de dinero, constituyen, prima facie, bienes de domino privado y, como tal, son embargables.

 

Embargabilidad de depósitos bancarios del Estado

 

Determinar, en abstracto, qué depósitos de dinero del Estado existentes en el Sistema Financiero Nacional constituyen bienes de dominio público no es un asunto que, con generalidad, pueda precisar este Tribunal Constitucional en un proceso como el de inconstitucionalidad de las leyes. En cambio, lo que puede afirmarse es que no todos esos depósitos se encuentran afectos al servicio público.

En efecto y como se mencionará luego, existen determinadas cuentas en el Sistema Financiero Nacional que no solo no tienen la calidad de bien de dominio público, sino que se encuentran específicamente destinadas al cumplimiento de pago de las obligaciones estatales que surjan a consecuencia de la expedición de sentencias judiciales.

Solo tienen la condición de bienes inembargables, los que son de dominio público, es decir, los depósitos de dinero que resultan indispensables para el cumplimiento de los fines esenciales de los órganos del Estado o porque contribuyen con su funcionamiento.

 

Concesión de bienes de uso público.

Definición de Concesión administrativa

En una economía social de mercado, la concesión es una técnica reconocida en el Derecho Administrativo, mediante la cual se atribuyen derechos a privados para el ejercicio de una actividad económica, por ejemplo sobre los recursos naturales renovables y no renovables, como potestad soberana del Estado para regular su aprovechamiento (...) es decir, se trata de un acto administrativo de carácter favorable o ampliatorio para la esfera jurídica del destinatario, e implica la entrega, solo en aprovechamiento temporal, de los bienes de dominio público, estableciéndose una relación jurídica pública subordinada al interés público, y no de carácter sinalagmático. Por ello, es la declaración o autonomía de la voluntad estatal la que establece la concesión para un particular.

 

La concesión administrativa tiene su origen en una facultad discrecional de la Administración, que se exterioriza mediante un acto de autoridad, por el cual se decide transferir unilateralmente a los particulares que cumplan las condiciones legales y reglamentarias de la concesión determinadas por el Estado, el desarrollo de determinada actividad económica que tiene un carácter predominantemente público.

 

Intervención estatal

Si la Administración decide dar en concesión la explotación de recursos naturales no renovables a un número limitado de administrados para que la indicada actividad se cumpla a través del título de concesión, no supone que queda anulada su injerencia ni que renuncie a sus competencias propias y exclusivas de carácter indelegable.

Por el contrario, deberá obrar por vía de limitación o de imposición de deberes o cargas para que dicha actividad pueda desenvolverse en el sentido que al interés público convenga, como es la protección del medio ambiente.

Es decir, la acción estatal no se agota en el acto mismo de concesión, sino que se desenvuelve con especiales formas a lo largo de todo el periodo fijado para el desarrollo de la actividad. El Estado no cede su ius imperium, sino que a través de la Administración realizará una intervención legítima sobre los derechos de quienes se muestran dispuestos y aptos para la explotación efectiva del recurso, con la finalidad precisamente de asegurarla.

 

Principios en la concesión de recursos naturales

El bien común y el interés general son principios componentes de la función social de la propiedad. Cuando se lleva a cabo la concesión de recursos naturales, tales principios deben adquirir su concreta manifestación en el aprovechamiento sostenible del patrimonio nacional, en la protección del medio ambiente, de la vida y de la salud de la población, y, desde luego, en la búsqueda de equidad en la distribución de la riqueza.

 

Cobro de regalías mineras

Debe entenderse que la regalía minera se exige por el uso o aprovechamiento de un bien que, siendo propiedad de la nación, es concedido al titular de la actividad minera para que pueda obtener el dominio sobre los productos de este bien; por ello, mal podría alegarse una afectación a la propiedad cuando se exige el pago por algo que no es de propiedad innata de los particulares, sino que es más bien concedido, y cuando justamente dicho pago se sustenta en tal concesión.

 

Derecho de vigencia

La contraprestación por este acto administrativo de otorgamiento de la concesión es el denominado pago del derecho de vigencia del título que contiene el derecho otorgado en virtud de la concesión.

 

 

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CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

 

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Contrataciones y adquisiciones públicas.

Garantía constitucional sobre la contratación pública

Trato igualitario

Principio de transparencia

Garantías de eficiencia

Garantía de finalidades de eficiencia y transparencia mediante procesos de selección

Necesidad de sistema de control y fiscalización

Necesidad de legislación especial

Reserva de ley

Mecanismos excepcionales de contratación

 

Contrataciones y adquisiciones públicas.

Garantía constitucional sobre la contratación pública

La función constitucional de esta disposición contenida en el artículo 76 de la Constitución es determinar y, a su vez, garantizar que las contrataciones estatales se efectúen necesariamente mediante un procedimiento peculiar que asegure que los bienes, servicios u obras se obtengan de manera oportuna, con la mejor oferta económica y técnica, y respetando principios tales como la transparencia en las operaciones, la imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e igualitario a los potenciales proveedores. En conclusión, su objeto es lograr el mayor grado de eficiencia en las adquisiciones o enajenaciones efectuadas por el Estado, sustentado en el activo rol de principios antes señalados para evitar la corrupción y malversación de fondos públicos.

 

Trato igualitario

Habrá trato igualitario cuando bajo ninguna circunstancia se advierta p o tendencia destinada a beneficiar a algún postor determinado.

 

Principio de transparencia

El principio de transparencia estará garantizado cuando haya publicidad en la convocatoria, en el adecuado control de calidad en los productos a adquirir, en los resultados de la evaluación de propuestas, y en el manejo de los recursos destinados a la compra en general.

 

Garantías de eficiencia

La eficiencia en el manejo de recursos no solo será exigible en la adjudicación a la mejor oferta técnica y económica, sino también en el diseño del propio programa anual de adquisiciones que cada Entidad efectúe respecto a sus necesidades.

Deben agregarse otras garantías como la intervención de la Contraloría General a través de adecuados mecanismos de fiscalización; asimismo, conforme se advierte de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, existen mecanismos de sanción a los proveedores, contratistas o postores a través del Consucode, cuando incumplan sus obligaciones con el Estado y la Ley.

 

Garantía de finalidades de eficiencia y transparencia mediante procesos de selección

La finalidad de eficiencia y transparencia en las adquisiciones puede conseguirse de mejor modo mediante procesos de selección como los establecidos por el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, pues la serie de etapas que presenta (convocatoria, apertura de propuestas técnicas y económicas, y adjudicación de la buena pro, las cuales son supervisadas por un comité especial encargado de llevar a cabo el proceso y sobre el cual descansa la responsabilidad del mismo), garantizan, en cierto modo, la imparcialidad frente a los postores y la mejor decisión a favor del uso de recursos públicos.

 

Necesidad de sistema de control y fiscalización

Para el resguardo de recursos públicos, no solo basta un procedimiento especial de adquisición, sino que, además, resulta necesario un rígido sistema de control y fiscalización, tanto a nivel de la propia entidad adquirente (control previo), como en el máximo órgano de control, a cargo de la Contraloría General de la República (control posterior). En cualquier caso, ambos tienen como principal propósito garantizar el principio de oportunidad, pues una fiscalización tardía haría incluso inoperativa una posible sanción penal por el cómputo de los plazos de prescripción.

 

Necesidad de legislación especial

La contratación estatal tiene un cariz singular que lo diferencia de cualquier acuerdo de voluntades entre particulares, ya que al estar comprometidos recursos y finalidades públicas, resulta necesaria una especial regulación que permita una adecuada transparencia en las operaciones.

 

Reserva de ley

En la disposición subanálisis artículo 76 de la Constitución existe una reserva de ley para determinar los procedimientos, las excepciones y responsabilidades en las obras, adquisición de bienes y contratación de servicios. Ese el caso de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que constituye una norma de desarrollo constitucional, y en la que se establecen los casos en los cuales el Estado está exceptuado de efectuar adquisiciones bajo los procesos de selección en ella señalados (artículos 19 y 20 de la Ley), así como las responsabilidades solidarias para el caso de los miembros del comité especial encargado de llevar a cabo el proceso de selección.

 

Mecanismos excepcionales de contratación

Si bien es cierto que la Ley de Contrataciones del Estado representa la norma de desarrollo constitucional que recoge los principios señalados en el artículo 76 de la Constitución, también lo es que el contexto socioeconómico puede determinar la necesidad de establecer mecanismos excepcionales de adquisición, conforme lo señala la propia Constitución, y cuya única condición exigible será que estén regulados por ley y que respeten los principios constitucionales que rigen toda adquisición pública. Es claro, entonces, que ningún mecanismo de adquisición será válido si no respeta los principios de eficiencia, transparencia y trato igualitario.

 

La Constitución sí permite mecanismos alternos, siempre y cuando estén previstos por ley, respeten los principios que subyacen en el artículo 76 de la Constitución, y representen la consecución de mayores ventajas para el Estado y la sociedad en general. En ningún caso el mecanismo alterno y de excepción estará exento de fiscalización previa o posterior, ni tampoco de la determinación de eventuales responsabilidades a que hubiera lugar.

 

 

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Deuda pública.

 

DEUDA PÚBLICA

Deuda pública.

Pliego presupuestal común para deudas provenientes de resoluciones judiciales

L os fondos para cubrir las deudas estatales surgidas de resoluciones judiciales, no solamente pueden provenir del Pliego Presupuestal en donde se generó la deuda, sino también de partidas presupuestales comunes a todos los pliegos.

 

Al haberse sustituido el artículo 42 de la Ley Nº 27584 por las disposiciones del artículo 1 de la Ley Nº 27684, que declara que “las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma de dinero, serán atendidas única y exclusivamente por el Pliego Presupuestario en donde se generó la deuda (…)”, se limita irrazonablemente la fuente de donde pueden surgir los montos para cubrir las deudas estatales que provengan de sentencias judiciales. En efecto, al establecerse que “única y exclusivamente” dichos montos provendrán del Pliego Presupuestario en el que tuvo origen la deuda, se niega la posibilidad de afectar la existencia de partidas presupuestarias especiales comunes a todos los pliegos para cubrir las respectivas obligaciones.

 

Creación de registro de la deuda pública interna

La deuda pública externa, en franco incremento, es más o menos de conocimiento del país a través de la información que, periódica y oficialmente, proporciona el Banco Central de Reserva del Perú. El pago de esa deuda se programa en el Presupuesto de la República. Sin embargo, no hay ningún registro de la deuda interna, ni se conoce a cuánto asciende la devengada y exigible, ni la que pueda tener tal naturaleza en el futuro inmediato o mediato.

(...) Resulta imperativo e inexcusable que se abra un registro de tal deuda, en el que conste el origen, la p legal para la amortización y el pago, así como todos los otros datos que permitan conocer con claridad las obligaciones asumidas por el Tesoro Público.

Este Colegiado recomienda (...) la creación de un registro de la deuda pública interna, así como de los plazos y condiciones para su amortización paulatina y su cancelación, dentro de las posibilidades fiscales; y sin desmedro de los servicios básicos que debe cumplir el Estado en cuanto a salud, educación, vivienda, saneamiento y seguridad.

 

 

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LA CONTRALORÍA Y EL SISTEMA DE DESIGNACIÓN DEL CONTRALOR

LA CONTRALORÍA Y EL SISTEMA DE DESIGNACIÓN DEL CONTRALOR

Contraloría General de la República.

Control posterior en contrataciones del Estado

Resulta necesario un rígido sistema de control y fiscalización, tanto a nivel de la propia entidad pública adquirente en el sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado(control previo), como en el máximo órgano de control, a cargo de la Contraloría General de la República (control posterior). En cualquier caso, ambos tienen como principal propósito garantizar el principio de oportunidad, pues una fiscalización tardía haría incluso inoperativa una posible sanción penal por el cómputo de los plazos de prescripción.

 

Control posterior en materia pensionaria

Es deber de (...) la Contraloría General de la República supervisar no solo la intangibilidad de los fondos provenientes de la aplicación de las nuevas reglas pensionarias, sino también que dicho ahorro se encuentre destinado de manera exclusiva a la optimización del sistema de seguridad social.

 

Control anterior en caso apartamiento temporal o definitivo del cargo

Cualquier acción de personal que implique apartamiento temporal o definitivo del cargo, incluidos los casos de vacaciones, suspensiones, licencias, etc., debe hacerse conocer previamente a su ejecución a la Contraloría General de la República dentro de los 10 días de adoptada la decisión.

 

 

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PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO

 

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO

Presupuesto del Sector Público.

Ley anual de presupuesto

Características de la ley anual de presupuesto

Fines de la actividad presupuestal

Perspectiva política

Perspectiva económica

Perspectiva administrativa

Perspectiva jurídica

Como acto parlamentario de previsión

Como acto parlamentario de autorización

Principio de legalidad presupuestaria

Relación de los principios de legalidad presupuestaria y de efectividad de las sentencias

Principio de competencia

Principio de justicia presupuestaria

Principio de equilibrio financiero

Principio de unidad

Principio de exactitud

Principio de anticipación

Principio de anualidad

Principio de programación

Principio de estructuración

Principio de no afectación

Procedimiento de aprobación de la Ley anual de presupuesto

Colaboración de poderes en la elaboración de la Ley anual de presupuesto

Participación del poder legislativo en la elaboración de la Ley anual de presupuesto

Autonomía presupuestaria del Poder Legislativo

Participación del poder ejecutivo en la elaboración de la Ley anual de presupuesto

Participación del Poder Judicial en la elaboración de la Ley anual de presupuesto

Canon

TRÁMITE DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

Proyecto de Ley anual de presupuesto.

Coordinación y negociación del Poder Ejecutivo con otros organismos

Vulneración del principio de equilibrio presupuestario

INICIATIVA DE GASTO PÚBLICO Y BENEFICIOS Y EXONERACIONES TRIBUTARIAS

Restricciones en el gasto público.

Principio de no afectación

Tratamiento especial en materia tributaria. Principio de reserva de ley absoluta

Requisitos de las leyes que otorgan beneficios tributarios

SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

Procedimiento de aprobación del presupuesto.

Colaboración de poderes

Vigencia directa del proyecto del Poder Ejecutivo

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Cuenta General de la República.

Acción contralora del legislativo

Como materia indelegable

 

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO

Presupuesto del Sector Público.

Ley anual de presupuesto

La Ley Anual de Presupuesto es el instrumento legal mediante el cual el sector público periódicamente programa sus actividades y proyectos en atención a sus metas y objetivos. En ese sentido, tal como lo establece el artículo 77 de la Constitución, la administración económica y financiera del Estado se rige por la Ley de Presupuesto que anualmente aprueba el Congreso de la República. En contraposición a las prácticas de las monarquías absolutistas en donde existía la política de perpetuidad de las contribuciones, pues se tenía garantizada la obtención de fondos sin tener que renovar las convocatorias a los entes de naturaleza parlamentaria de la época, la adopción estatalista de las ideas liberales en el siglo XIX origina la imposición de un régimen de temporalidad de los fondos y la previa aprobación democrática del gasto.

 

Características de la ley anual de presupuesto

Debe considerarse que entre las principales características que presenta la Ley General de Presupuesto, se cuentan las siguientes:

a)     Es un acto de previsión y ordenamiento, destinado a regular la función administrativa y financiera del Estado.

b)     Es un acto de autorización de ejecución del gasto público, concedida por el Congreso mediante ley expresa y especial.

c)     Tiene un plazo legal determinado y expiratorio para la autorización de ejecución del gasto público (un año).

d)     La existencia esencial de ejecución del gasto público, bajo responsabilidad funcional. Para tal efecto, existen medidas de control para el correcto uso de la autorización concedida.

e)     La programación y ejecución es concordante con los criterios de eficiencia de las necesidades sociales básicas y de descentralización.

 

Fines de la actividad presupuestal

Los fines de la actividad presupuestal pueden resumirse en los cuatro siguientes:

a)     Facilitar el conocimiento y control político-parlamentario del programa económico del Ejecutivo.

b)     Coadyuvar a la ejecución eficiente y a la fiscalización administrativo-financiera por parte de la Contraloría General de la República.

c)     Prever los posibles efectos económicos y sociales de los programas de ingresos y gastos fiscales durante un ejercicio presupuestal.

d)     Interpretar, a través de los programas de obras, servicios y cometidos, el sentido de la noción bien común.

 

Perspectiva política

El presupuesto es un instrumento clave en el desenvolvimiento de las funciones de gobierno y control. En el ámbito gubernativo expresa la decisión legislativa relativa al financiamiento de la orientación de la política económica y la aprobación del programa detallado de la ejecución o realización de obras, servicios y cometidos (actividades) estatales (...).

En el ámbito contralor expresa una autorización legislativa limitativa del Ejecutivo que facilita la fiscalización del Legislativo y de la Contraloría General de la República, relativa a la ejecución de la política económica y, particularmente, de la habilitación de las competencias para la realización de los gastos e inversiones públicas.

Dicha acción contralora se presenta de manera dual: precautoriamente, mediante la autorización del gasto vía la aprobación de la Ley Anual de Presupuesto, y ulteriormente, mediante el examen de la Cuenta General de la República.

 

Perspectiva económica

El presupuesto es un instrumento insoslayable para la aplicación de la política económica. En efecto, (...) su existencia prevé y guía la conducta de los agentes económicos.

 

Perspectiva administrativa

El presupuesto es concurrentemente, ab initio, un instrumento contable de previsión y, ex post, un texto confrontativo que establece un balance de resultados de la gestión gubernamental durante un determinado lapso.

 

Perspectiva jurídica

El presupuesto emana de un acto legislativo que otorga eficacia y valor jurídico a la política económica. El presupuesto surge de la acción parlamentaria en una ley con trámite diferenciado, debido a su naturaleza especial y a la importancia que tiene per se; además de tener una vigencia limitada y predeterminada con una función específica y constitucionalmente diferida. Dado su carácter jurídico, se presenta como la condición legal necesaria para que el Ejecutivo ejerza algunas de sus competencias.

En suma, el presupuesto se configura como una ley en su cabal sentido, ya que, a pesar de provenir de una iniciativa ajena al Parlamento, este, después de la correspondiente discusión, puede modificar total o parcialmente el proyecto presentado por el Ejecutivo.

Restringiendo la temática presupuestal a lo político y jurídico, cabe señalar que la decisión parlamentaria es simultáneamente de previsión y autorización.

 

Como acto parlamentario de previsión

La decisión parlamentaria será previsional cuando se enumeran los ingresos fiscales del Estado y se valoran comparativamente con los gastos fiscales a realizarse dentro del periodo presupuestal.

 

Como acto parlamentario de autorización

La decisión parlamentaria será autoritativa cuando fija el alcance de las competencias del Ejecutivo en materia económico-administrativa de acuerdo a tres factores: El temporal (anualidad), el cualitativo (especificidad y finalidad de la materia presupuestal) y el cuantitativo (monto máximo a gastar).

 

Principio de legalidad presupuestaria

El principio de legalidad presupuestaria previsto en el artículo 78 de la Constitución, que establece una reserva de ley respecto al instrumento normativo viabilizador de su vigencia; ello implica que solo mediante un dispositivo de dicho rango se puede aprobar o autorizar la captación de los ingresos fiscales y efectuar los gastos de la misma naturaleza. Por consiguiente, sin la previa existencia de una Ley de Presupuesto, es jurídicamente imposible proceder a la ejecución presupuestal.

Este principio dispone, adicionalmente, que la elaboración y aprobación del presupuesto está condicionado a requisitos de forma y tiempo que no pueden ser inobservados.

 

Relación de los principios de legalidad presupuestaria y de efectividad de las sentencias

Dicho principio de legalidad presupuestaria, que se deriva del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, implica que el pago de las sumas de dinero ordenado por una resolución judicial firme, solo podrá ser cumplido con cargo a la partida presupuestal correspondiente. En los alcances de dicho principio de legalidad presupuestaria se encuentra, por un lado, el origen del llamado privilegio de la autotutela ejecutiva de la administración, esto es, que el cumplimiento de las sentencias condenatorias contra la administración haya de estar sujeto al cumplimiento de un procedimiento administrativo ante el órgano estatal deudor; y, por otro, la posibilidad de diferir la ejecución forzada, por un lapso razonable, sobre los bienes del Estado de dominio privado.

 

El principio de legalidad presupuestaria debe armonizarse con el de efectividad de las sentencias judiciales. La preservación del primero no justifica el desconocimiento o la demora irracional en el cumplimiento de las sentencias judiciales. En consecuencia, debe darse p al pago de las deudas más antiguas y reconocerse los intereses devengados por demoras injustificadas del pago.

 

La eventual colisión entre el principio de legalidad presupuestaria y el principio de efectividad de las sentencias judiciales debe resolverse sobre la base de los test de proporcionalidad y razonabilidad, ponderando a cuál de esos principios debe dársele mayor peso y sin desconocer, sin embargo, la importancia del otro.

 

Principio de competencia

El principio de competencia, previsto en los artículos 78, 79, 80, 160 y 162 de la Constitución, y en la Tercera Disposición Final de la Ley Nº 28301, (...) delimita la esfera de actuación y funciones de las instituciones del Estado en el inicio del proceso que culmina con la promulgación de la Ley de Presupuesto.

 

Principio de justicia presupuestaria

El principio de justicia presupuestaria, contemplado en los artículos 16 y 77 de la Constitución, que establece que la aprobación o autorización para la captación de ingresos y la ejecución de gastos supone un compromiso con la consagración de valores comunitarios y la construcción del bien común. De allí que los fines estatales previstos en el texto fundamental de la República se constituyan en la razón de ser y en el sentido de la actividad presupuestal.

 

Principio de equilibrio financiero

El principio de equilibrio financiero, previsto en el artículo 78 de la Constitución, que establece que el presupuesto debe contener todos los ingresos y gastos del Estado debidamente balanceados, a efectos de evitar que el déficit fiscal genere un proceso perturbador de la normal marcha económica del país.

Principio de unidad

El principio de unidad, previsto en el artículo 77 de la Constitución, que establece que el presupuesto debe incluir la totalidad de los recursos y gastos considerados para un ejercicio presupuestal dentro de un solo y único texto normativo.

(...) Dicho principio descansa en dos razones fundamentales: la financiera y la política. La primera consiste en percibir el presupuesto como una regla de orden y claridad que traduzca un genuino y auténtico estado de la situación financiera del país; y, por ende, que refleje la realidad de la obtención de los recursos públicos y su aplicación o gasto. De allí que se proscriba la multiplicación de los presupuestos y las cuentas singulares, ya que impediría tener una visión global más clara de los ingresos y gastos públicos. La razón política consiste en señalar que la unidad acrecienta la eficiencia y la eficacia para el control que sobre el parlamento ejerce la Contraloría General de la República.

 

Principio de exactitud

El principio de exactitud, previsto en el artículo 77 de la Constitución, y que impone consignar la totalidad de los recursos y gastos fiscales en atención al verdadero y real rendimiento de las fuentes de percepción de renta estatal, constituyéndose en la descripción cabal de las funciones y servicios que efectuará el órgano ejecutivo en su condición de responsable de la administración.

 

Principio de anticipación

El principio de anticipación, previsto en los artículos 78 y 80 de la Constitución, que presupone la obligación de que la Ley de Presupuesto sea aprobada con anterioridad a su ejecución, y que, para ello, el Estado programe financiera y administrativamente sus actividades y proyectos, en atención a determinadas y preestablecidas metas y proyectos.

 

Principio de anualidad

El principio de anualidad, previsto en el artículo 77 de la Constitución, y por el cual la ejecución presupuestal debe realizarse dentro de un plazo preciso, determinado y extinguible de un año calendario; es decir, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. (...) Dicho plazo se justifica porque las situaciones financieras son variables en el tiempo.

 

Principio de programación

El principio de programación, previsto en el artículo 77 de la Constitución, que señala la obligatoriedad de la determinación de las metas previstas del gasto público para el desarrollo nacional. Dicho principio supone la necesidad de exponer las políticas de acción gubernamental que deberán ejecutar las entidades públicas en cada ejercicio presupuestal. La programación presupuestal conlleva un proceso permanente de raciocinio, proyección y previsión, que permite el establecimiento de determinadas metas gubernamentales que obligan necesariamente a la asignación de recursos económicos.

 

Principio de estructuración

El principio de estructuración, previsto en el artículo 77 de la Constitución, que establece que la configuración de la Ley del Presupuesto se sujeta a dos ámbitos: el gobierno central y las instancias descentralizadas que comprenden el universo de órganos y organismos dotados de autonomía (Banco Central de Reserva, Tribunal Constitucional, etc.).

 

Principio de no afectación

El principio de no afectación, previsto en el artículo 79 de la Constitución, que señala como regla general que los recursos del Estado deben formar una única argamasa económica, tornando indistingible el origen de su procedencia a fin de que sean utilizados para cubrir la totalidad de los gastos. La verificación práctica de dicho principio comporta el impedimento de que determinados ingresos fiscales sean empleados para cubrir gastos específicos.

(...) Por excepción, dicho principio puede ser inaplicado cuando exista una solicitud del Poder Ejecutivo, a fin de que el Congreso apruebe un tributo con un fin predeterminado.

 

Procedimiento de aprobación de la Ley anual de presupuesto

El procedimiento legislativo de aprobación de la Ley de Presupuesto está sujeto al siguiente trámite:

La remisión del proyecto de Ley de Presupuesto por el Presidente de la República al Congreso, dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año, y que debe estar efectivamente equilibrado, conforme lo dispone el artículo 78 de la Constitución.

 

La elaboración del dictamen de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República que, previo análisis en sesiones públicas, es presentado al Pleno para su debate en el plazo previsto en el artículo 81-c de su Reglamento.

 

La elaboración del dictamen de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República que, previo análisis en sesiones públicas, es presentado al Pleno para su debate en el plazo previsto en el artículo 81-c de su Reglamento.

 

La remisión de la autógrafa de la Ley de Presupuesto al Poder Ejecutivo hasta el 30 de noviembre, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 80 de la propia Constitución.

 

En el supuesto de que la autógrafa de la Ley de Presupuesto no sea remitida al Poder Ejecutivo hasta el 30 de noviembre, entra en vigencia el Proyecto de este, que es promulgado por decreto legislativo, según lo dispone el segundo párrafo del artículo 80 de la Constitución. Asimismo, según el citado artículo, el Ministro de Economía y Finanzas sustenta, ante el Pleno del Congreso, el pliego de ingresos.

 

Colaboración de poderes en la elaboración de la Ley anual de presupuesto

Amparado en la colaboración de poderes es que se desarrolla el proceso de elaboración y aprobación de la Ley de Presupuesto, se comprueba que, por un lado, la iniciativa legal corresponde al Poder Ejecutivo y al Ministro de Economía y Finanzas la sustentación ante el Pleno del pliego de ingresos del presupuesto; y, por otro, que corresponde al Congreso de la República su aprobación.

 

Participación del poder legislativo en la elaboración de la Ley anual de presupuesto

Si bien el principio de colaboración de poderes está presente en el proceso de elaboración de la Ley de Presupuesto, la Constitución otorga preeminencia al Congreso de la República en esta materia. En efecto (...) conforme al artículo 45 de la Constitución, el poder emana del pueblo y, conforme al principio representativo consagrado en el artículo 43 de la misma norma, concordante con el artículo 77 y a los incisos 1) y 4) del artículo 102 de la Constitución, corresponde al Congreso de la República, aprobar el Presupuesto de la República, salvo el caso previsto en el segundo párrafo del artículo 80 de la Constitución. En consecuencia, es el Poder Legislativo, en representación del pueblo, quien tiene la última decisión, pues le corresponde determinar cómo se distribuyen los montos y la asignación de las partidas que, en definitiva, son los recursos del pueblo.

 

Autonomía presupuestaria del Poder Legislativo

En lo que respecta al principio de separación de poderes, también presente en la elaboración de la Ley de Presupuesto, el artículo 94 de la Constitución dispone que el Congreso de la República gobierna su economía y sanciona su presupuesto. Por tanto, además de la preeminencia que tiene el Congreso de la República en el proceso de elaboración de la Ley Presupuestaria, por cuanto es el órgano que lo aprueba, la Constitución también le reconoce autonomía presupuestaria. Es decir, de los tres Poderes del Estado, en rigor, el único que goza de autonomía presupuestaria es el Congreso de la República, porque incluso el Poder Ejecutivo está sujeto a la decisión del Legislativo.

 

Participación del poder ejecutivo en la elaboración de la Ley anual de presupuesto

El Poder Ejecutivo concentra importantes competencias relacionadas con la elaboración de la Ley de Presupuesto, que incluso pueden llegar al nivel del Congreso de la República, pues, por mandato del artículo 80 de la Constitución, puede convertirse en legislador presupuestal. En tal sentido, estos dos Poderes del Estado son actores privilegiados para determinar el presupuesto del sector público, pero no son los únicos.

 

Participación del Poder Judicial en la elaboración de la Ley anual de presupuesto

Los mandatos constitucionales derivados del artículo 139 de la Constitución determinan que el Poder Judicial también participe en el proceso de elaboración de la Ley de Presupuesto. Para estos efectos, la Constitución establece, en el artículo 145, que el Poder Judicial presente su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y lo sustente ante el Congreso de la República y, conforme al artículo 80 de la misma norma, que sea el Presidente de la Corte Suprema quien sustente el pliego correspondiente al Poder Judicial.

 

Estas (...) normas constitucionales artículos 79 y 94 permiten que el Congreso de la República pueda, eventualmente, aumentar su presupuesto, y no por ello podemos afirmar que se vulnera el principio de unidad presupuestal o la exclusividad del Ejecutivo en la elaboración y presentación del proyecto general de presupuesto, ya que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República tendrán que financiar el eventual exceso en su presupuesto con sujeción a los límites que impone la propia Constitución. Lo mismo puede afirmarse con relación al Poder Judicial, porque en última instancia lo que plantea la Constitución, respecto al tema presupuestario, es que los Poderes del Estado concierten una equitativa asignación de los recursos públicos a través de todo el proceso presupuestario, tanto en la etapa de formulación del proyecto general –que deberá presentar el Ejecutivo– como en el momento de discusión y posterior aprobación por parte del Congreso de la República.

 

Si bien la Constitución reconoce la exclusividad del Poder Ejecutivo en la iniciativa legal para presentar el proyecto de ley de presupuesto, es decir solo él es el habilitado para iniciar el procedimiento legislativo que culminará con la aprobación del proyecto de ley, esto no quiere decir que no exista una previa coordinación y negociación, propia de un sistema democrático, a los efectos de determinar los montos y las asignaciones presupuestarias que corresponden a los diferentes organismos estatales.

 

La política general del gobierno y la formulación del presupuesto están limitadas por los parámetros que fija la propia Constitución (...). En tal sentido, debe quedar establecido que el Poder Judicial, como Poder del Estado, no está sujeto a una determinada política general de un gobierno determinado, sino a las obligaciones que la Constitución le asigna directamente. Por ello, corresponde al Poder Judicial, en cuanto a sus funciones y con base en la independencia que le es consustancial, fijar autónomamente sus objetivos institucionales que, obviamente, tienen un componente presupuestario. La garantía de la independencia del Poder Judicial también se manifiesta a través del rol que debe cumplir en el proceso presupuestario puesto que, de no ser así, se corre el riesgo de su sometimiento al gobierno que le toque dirigir el Poder Ejecutivo.

 

Cuando el artículo 145 de la Constitución dispone que el Poder Judicial presenta su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y lo sustenta ante el Congreso, la Constitución está habilitando al Poder Judicial para que participe en el proceso presupuestario presentando su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo sin que este último lo modifique, para su integración al proyecto general de presupuesto y posterior sustentación ante el Congreso de la República, puesto que, dada su condición de Poder del Estado y atendiendo a las funciones que debe cumplir y al lugar que ocupa en la configuración de nuestro sistema democrático, le corresponde, al igual que el Poder Ejecutivo, sustentar directamente su presupuesto ante el Congreso de la República para su aprobación o modificación, dentro de los límites que la propia Constitución impone, ya que esta competencia es garantía de su independencia; de no ser así, tal garantía se convertiría en ilusoria.

 

El cumplimiento de las normas constitucionales delimitan los parámetros y los principios constitucionales prespuestarios con los cuales se debe elaborar el proyecto y la Ley de Presupuesto también vinculan al Poder Judicial, el cual, con base en el principio de colaboración de poderes, deberá formular su proyecto en coordinación con el Poder Ejecutivo, a fin de determinar los montos fijados a partir de los límites y principios impuestos por la Constitución, y garantizando la competencia que le reconoce el artículo 145 de la Constitución.

 

Canon

 

En nuestro ordenamiento jurídico, el canon ha sido previsto constitucionalmente en el artículo 77, como el reconocimiento del derecho que le asiste a los gobiernos locales y regionales para recibir una porción de lo recaudado en beneficio de su comunidad; debiendo calcularse, sobre la base de la totalidad de ingresos y rentas provenientes de la explotación de recursos naturales de sus circunscripciones.

 

El canon no se trata de un pago, sino de una compensación del Estado a los Gobiernos Regionales y Locales respecto a la distribución de ingresos ya recaudados. En nuestro país coexisten 6 tipos de canon, a saber: minero, petrolero, pesquero, forestal, gasífero y de hidrocarburos. En el caso del canon minero, la compensación será la distribución de los ingresos recaudados a las zonas donde se explotan los recursos minerales, garantizándose la participación directa de la población local en el beneficio del reparto. Medida que se justifica porque dicha población será la que recibirá el mayor impacto cuando estos recursos se agoten.

 

El canon, es la participación de la renta económica ya recaudada dispuesta por el Estado a favor de los gobiernos regionales y locales de las zonas de explotación de recursos.

 Regalías

 

La regalía es la contraprestación del titular de la concesión minera a los gobiernos regionales y locales por la explotación de recursos naturales no renovables, justificada en la necesidad de la Nación de recibir beneficios de sus propios recursos antes de que se agoten.

 

 TRÁMITE DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

Proyecto de Ley anual de presupuesto.

Coordinación y negociación del Poder Ejecutivo con otros organismos

 

Si bien la Constitución reconoce la exclusividad del Poder Ejecutivo en la iniciativa legal para presentar el proyecto de ley de presupuesto, es decir solo él es el habilitado para iniciar el procedimiento legislativo que culminará con la aprobación del proyecto de ley, esto no quiere decir que no exista una previa coordinación y negociación, propia de un sistema democrático, a los efectos de determinar los montos y las asignaciones presupuestarias que corresponden a los diferentes organismos estatales.

 

Vulneración del principio de equilibrio presupuestario

Si no se tiene asegurado el financiamiento (a través de ingresos propios) de cualquier incremento salarial, y aun así este se aprueba, las autoridades municipales estarían no solo soslayando el cumplimiento de las normas presupuestales (...), al adquirir obligaciones dinerarias de inexorable cumplimiento sin contar previamente con los recursos necesarios para ser cubiertos, sino al mismo tiempo transgrediendo el principio de equilibrio presupuestario reconocido en el artículo 78 de la Constitución. Es decir, se encuentra prohibido incluir en el presupuesto autorizaciones de gasto sin el correspondiente financiamiento.

 

INICIATIVA DE GASTO PÚBLICO Y BENEFICIOS Y EXONERACIONES TRIBUTARIAS

Restricciones en el gasto público.

Principio de no afectación

El principio de no afectación, previsto en el artículo 79 de la Constitución, (...) señala como regla general que los recursos del Estado deben formar una única argamasa económica, tornando indistingible el origen de su procedencia a fin de que sean utilizados para cubrir la totalidad de los gastos. La verificación práctica de dicho principio comporta el impedimento de que determinados ingresos fiscales sean empleados para cubrir gastos específicos.

 

Tratamiento especial en materia tributaria. Principio de reserva de ley absoluta

La reserva de ley en materia tributaria es, prima facie, una reserva relativa. Salvo para el caso previsto en el último párrafo del artículo 79 de la Constitución, que está sujeto a una reserva absoluta de ley (ley expresa).

 

Requisitos de las leyes que otorgan beneficios tributarios

El acto por el cual se otorga un beneficio tributario no es ni puede ser enteramente discrecional por cuanto podría devenir en arbitrario, sino que debe realizarse no solo en observancia de los demás principios constitucionales tributarios, sino también que debe ser necesario, idóneo y proporcional. Lo contrario podría llevar a supuestos de desigualdad injustificada cuando no de discriminación, lo cual, de acuerdo con nuestra Constitución (artículo 2, inciso 2) está proscrita (...).

Los beneficios tributarios se traducen en estímulos a determinadas personas o actividades que el Estado considera valioso promover, y es ahí donde se debe considerar tanto los derechos fundamentales, los principios constitucionales y los valores superiores, así como los deberes primordiales del Estado que están previstos en el artículo 44 de la Constitución

(...). En efecto, no es contrario a la Constitución el hecho que el legislador establezca una finalidad extrafiscal de los tributos, siempre que ella esté de acuerdo con los principios rectores de la política social, económica e, incluso, cultural del Estado.

 

SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

Procedimiento de aprobación del presupuesto.

Colaboración de poderes

 

 

Amparado en la colaboración de poderes es que se desarrolla el proceso de elaboración y aprobación de la Ley de Presupuesto. (...) Por un lado, la iniciativa legal corresponde al Poder Ejecutivo y al Ministro de Economía y Finanzas la sustentación ante el pleno del pliego de ingresos del presupuesto; y, por otro, (...) corresponde al Congreso de la República su aprobación.

 

Vigencia directa del proyecto del Poder Ejecutivo

En el supuesto de que la autógrafa de la Ley de Presupuesto no sea remitida al Poder Ejecutivo hasta el 30 de noviembre, entra en vigencia el Proyecto de este, que es promulgado por decreto legislativo, según lo dispone el segundo párrafo del artículo 80 de la Constitución.

 

 CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Cuenta General de la República.

Acción contralora del legislativo

La acción contralora del legislativo se presenta de manera dual: precautoriamente, mediante la autorización del gasto vía la aprobación de la Ley Anual de Presupuesto, y ulteriormente, mediante el examen de la Cuenta General de la República.

 

Como materia indelegable

No pueden delegarse materias que son indelegables a la Comisión Permanente, como son las relativas a (...) la Ley de la Cuenta General de la República.

 

 

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Ley de Contrataciones del Estado LEY Nº 30225

Viernes, 11 de julio de 2014CONGRESO DE LA REPUBLICALey de Contrataciones del Estado

 DISPOSICIONES GENERALES

  1.   

(*) De conformidad con la Vigésima Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30281, publicada el 04 diciembre 2014, se autoriza, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley y durante el Año Fiscal 2015, a celebrar convenios de encargo del procedimiento de selección con organismos internacionales a las Entidades indicadas en la citada disposición. La referida disposición entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2015.

     EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

     POR CUANTO:

     LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

     Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

TÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

     Artículo 1. Finalidad

     La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios que se enuncian en la presente Ley.

     Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

     Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público. Estos principios sirven de criterio interpretativo e integrador para la aplicación de la presente Ley y su reglamento, y como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones:

     a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

     b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

     c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico.

     d) Publicidad. El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de las contrataciones.

     e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

     f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en el mismo deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

     g) Vigencia Tecnológica. Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos.

     h) Sostenibilidad ambiental y social. En el diseño y desarrollo de los procesos de contratación pública se consideran criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección medioambiental como social y al desarrollo humano.

     i) Equidad. Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general.

     Artículo 3. Ámbito de aplicación

     3.1 Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente Ley, bajo el término genérico de Entidad:

     a) Los Ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos.

     b) El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Constitucionalmente Autónomos.

     c) Los Gobiernos Regionales y sus programas y proyectos adscritos.

     d) Los Gobiernos Locales y sus programas y proyectos adscritos.

     e) Las universidades públicas.

     f) Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social.

     g) Las empresas del Estado pertenecientes a los tres niveles de gobierno.

     h) Los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, sean de derecho público o privado.

     3.2 Para efectos de la presente Ley, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los órganos desconcentrados tienen el mismo tratamiento que las Entidades señaladas en el numeral anterior.

     3.3 La presente Ley se aplica a las contrataciones que deben realizar las Entidades y órganos señalados en los numerales precedentes, así como a otras organizaciones que, para proveerse de bienes, servicios u obras, asumen el pago con fondos públicos.

     Artículo 4. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación

     La presente Ley no es de aplicación para:

     a) Contratos bancarios y financieros que provienen de un servicio financiero, lo que incluye a todos los servicios accesorios o auxiliares a un servicio de naturaleza financiera, salvo la contratación de seguros y el arrendamiento financiero, distinto de aquel que se regula en la Ley 28563(*) NOTA SPIJ o norma que la sustituya.

     b) Las contrataciones que realicen los órganos del Servicio Exterior de la República, exclusivamente para su funcionamiento y gestión, fuera del territorio nacional.

     c) Las contrataciones que efectúe el Ministerio de Relaciones Exteriores para atender la realización en el Perú, de la transmisión del mando supremo y de cumbres internacionales previamente declaradas de interés nacional, y sus eventos conexos, que cuenten con la participación de jefes de Estado, jefes de Gobierno, así como de altos dignatarios y comisionados, siempre que tales contrataciones se encuentren por debajo de los umbrales establecidos en los tratados u otros compromisos internacionales que incluyan disposiciones en materia de contratación pública, de los que el Perú es parte.

     d) La contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones previstas en la presente norma y su reglamento.

     e) Los servicios brindados por conciliadores, árbitros, centros de conciliación, instituciones arbitrales, miembros o adjudicadores de la Junta de Resolución de Disputas y demás derivados de la función conciliatoria, arbitral y de los otros medios de solución de controversias previstos en la Ley y el reglamento para la etapa de ejecución contractual.

     f) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional, Estados o entidades cooperantes, siempre que se deriven de operaciones de endeudamiento externo y/o donaciones ligadas a dichas operaciones.

     g) Los contratos de locación de servicios celebrados con los presidentes de directorios, que desempeñen funciones a tiempo completo en las Entidades o Empresas del Estado.

     h) La compra de bienes que realicen las Entidades mediante remate público, las que se realizan de conformidad con la normativa de la materia.

     Artículo 5. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión

     Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la Ley:

     a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco.

     b) La contratación de servicios públicos, siempre que no exista la posibilidad de contratar con más de un proveedor.

     c) Los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga, suscritos entre Entidades, siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios de la función que por Ley les corresponde, y no se persigan fines de lucro. Los convenios a que se refiere el presente literal, en ningún caso se utilizan para encargar la realización de las actuaciones preparatorias y/o del procedimiento de selección.

     d) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional, Estados o entidades cooperantes, que se deriven de donaciones efectuadas por estos, siempre que dichas donaciones representen por lo menos el 25% del monto total de las contrataciones involucradas en el convenio suscrito para tal efecto o provengan de organismos multilaterales financieros.

     e) Las contrataciones que realice el Estado peruano con otro Estado.

     f) Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país cuando se sustente la imposibilidad de realizar la contratación a través de los métodos de contratación de la presente Ley.

     El reglamento establece los aspectos y requisitos aplicables a dichas contrataciones. Mediante directiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) se establecen los criterios bajo los que se supervisan las mismas.

CAPÍTULO II

AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

     Artículo 6. Organización de los procesos de contratación

     Los procesos de contratación son organizados por la Entidad, como destinatario de los fondos públicos asignados a la contratación.

     Mediante convenio una Entidad puede encargar a otra Entidad las actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de selección.

     Artículo 7. Compras corporativas

     Varias Entidades pueden consolidar la contratación de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades comunes, conforme a lo establecido en el reglamento. Asimismo, las Entidades participan de las compras corporativas obligatorias a cargo de la Central de Compras Públicas - Perú Compras.

     Artículo 8. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones

     Se encuentran encargados de los procesos de contratación de la Entidad:

     a) El Titular de la Entidad que es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras.

     b) El Área Usuaria que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la planificación de las contrataciones, y realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, previas a su conformidad.

     c) El Órgano encargado de las contrataciones que es aquel órgano o unidad orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento al interior de una Entidad, incluida la gestión administrativa de los contratos.

     Adicionalmente, la Entidad puede conformar comités de selección, que son órganos colegiados encargados de seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios u obras requeridos por el área usuaria a través de determinada contratación. Su composición y funciones se determinan en el reglamento.

     El Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente norma le otorga. No pueden ser objeto de delegación, la declaración de nulidad de oficio, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra, la aprobación de las contrataciones directas salvo aquellas que disponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación, y los otros supuestos que se establezcan en el reglamento.

     El reglamento establece las acciones que las Entidades deben adoptar en su Reglamento de Organización y Funciones u otros instrumentos de organización y/o gestión.

     Artículo 9. Responsabilidad

     Todas aquellas personas que intervengan en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule con esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de efectuar contrataciones de manera eficiente, maximizando los recursos públicos invertidos y bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y su reglamento y los principios, sin perjuicio de los márgenes de discrecionalidad que se otorgan.

     De corresponder la determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen jurídico que los vincule con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

     Artículo 10. Supervisión de la Entidad

     La Entidad en todos sus niveles debe supervisar, directamente o a través de terceros, todo el proceso de contratación. El hecho de que la Entidad no supervise los procesos, no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder.

CAPÍTULO III

CONDICIONES EXIGIBLES A LOS PROVEEDORES

     Artículo 11. Impedimentos

     Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas, incluyendo las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5:

     a) En todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de la República, los Ministros y Viceministros de Estado, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos.

     b) En el ámbito regional, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, los Presidentes, Vicepresidentes y los Consejeros de los Gobiernos Regionales.

     c) En el ámbito de su jurisdicción, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y Regidores.

     d) En la Entidad a la que pertenecen, los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los directores, gerentes y trabajadores de las empresas del Estado, los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos, según la ley especial de la materia.

     e) En el correspondiente proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas que tengan intervención directa en la determinación de las características técnicas y valor referencial o valor estimado según corresponda, elaboración de Bases, selección y evaluación de ofertas de un proceso de selección y en la autorización de pagos de los contratos derivados de dicho proceso, salvo en el caso de los contratos de supervisión.

     f) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

     g) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una participación superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria.

     h) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas sin fines de lucro en las que aquellas participen o hayan participado como asociados o miembros de sus consejos directivos, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria.

     i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales sean las personas señaladas en los literales precedentes. Idéntica prohibición se extiende a las personas naturales que tengan como apoderados o representantes a las personas señaladas en los literales precedentes.

     j) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en procesos de selección y para contratar con Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente norma y su reglamento.

     k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de selección y para contratar con el Estado; o que habiendo actuado como personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción; conforme a los criterios señalados en la presente Ley y su reglamento. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente.

     l) Otros establecidos por Ley o por el reglamento de la presente norma.

     Las ofertas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo se tienen por no presentadas y conllevan las consecuencias y responsabilidad(*) NOTA SPIJ establecidas en la Ley.

     Artículo 12. Calificación exigible a los proveedores

     La Entidad califica a los proveedores utilizando los criterios técnicos, económicos, entre otros, previstos en el reglamento. Para dicho efecto, los documentos del procedimiento de selección deben prever los requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditar su calificación.

     Artículo 13. Participación en consorcio

     En los procedimientos de selección pueden participar varios proveedores agrupados en consorcio con la finalidad de ejecutar el contrato, con excepción de los procedimientos que tengan por objeto implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, la participación en consorcio implica la obligación de crear una persona jurídica diferente.

     Los integrantes del consorcio son responsables solidariamente ante la Entidad por las infracciones y consecuencias derivadas de su participación individual o conjunta durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato derivado de este.

     A los integrantes del consorcio les son aplicables las disposiciones establecidas en los artículos precedentes del presente Capítulo.

     Artículo 14. Protección y promoción de la competencia

     14.1 Cuando la Entidad, el OSCE o el Tribunal de Contrataciones del Estado verifique la existencia de indicios de conductas anticompetitivas en un procedimiento de selección, en los términos del Decreto Legislativo 1034(*) NOTA SPIJ, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, o norma que la sustituya, debe remitir toda la información pertinente a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI para que este, de ser el caso, inicie el procedimiento administrativo sancionador correspondiente contra los presuntos responsables.

     14.2 Cuando el OSCE advierta que un requisito establecido en los documentos del procedimiento de selección podría afectar la competencia, contraviniendo los principios de libertad de concurrencia y competencia, ordena a la Entidad que lo sustente y/o elimine, según corresponda. Si, adicionalmente, el OSCE advierte la existencia de indicios de colusión, en los términos del artículo 384 del Código Penal, debe remitir toda la información pertinente al Ministerio Público.

TÍTULO II

PROCESO DE CONTRATACIÓN

CAPÍTULO I

PLANIFICACIÓN

     Artículo 15. Plan Anual de Contrataciones

     15.1 Formulación del Plan Anual de Contrataciones: A partir del primer semestre, y teniendo en cuenta la etapa de formulación y programación presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, cada Entidad debe programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones. Dichos requerimientos deben estar acompañados de sus respectivas especificaciones técnicas y/o términos de referencia.

     15.2 Contenido del Plan Anual de Contrataciones: El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura y el valor estimado de dichas contrataciones, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de financiamiento.

     El Plan Anual de Contrataciones se publica en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

CAPÍTULO II

ACTUACIONES PREPARATORIAS

     Artículo 16. Requerimiento

     El área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad.

     Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos.

     Artículo 17. Homologación de requerimientos

     Las Entidades del Poder Ejecutivo que formulen políticas nacionales y/o sectoriales del Estado están facultadas a uniformizar los requerimientos de los bienes y servicios que deban contratar las Entidades que se rijan bajo la presente Ley, en el ámbito de sus competencias a través de un proceso de homologación.

     Artículo 18. Valor estimado y valor referencial

     La Entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y el valor referencial en el caso de consultorías y ejecución de obras, con el fin de establecer la aplicación de la presente Ley y el tipo de procedimiento de selección, en los casos que corresponda, así como gestionar la asignación de recursos presupuestales necesarios, siendo de su exclusiva responsabilidad dicha determinación, así como su actualización.

     No corresponde establecer valor estimado en los procedimientos que tengan por objeto implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

     Artículo 19. Certificación de crédito presupuestario

     Es requisito para convocar un procedimiento de selección bajo sanción de nulidad, contar con la certificación de crédito presupuestario o la previsión presupuestal, conforme se señala en los literales siguientes:

     a) En todo procedimiento de selección, la certificación de crédito presupuestario debe mantenerse desde la convocatoria hasta la suscripción del contrato, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

     b) Tratándose de ejecuciones contractuales que superen el año fiscal se requiere, además de la certificación de crédito presupuestario, el documento suscrito por el jefe de la Oficina General de Administración y la Oficina de Presupuesto, o el que haga sus veces en la Entidad, que garantice la programación de los recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones en los años fiscales subsiguientes.

     c) En los procedimientos de selección, cuya convocatoria se realice dentro del último trimestre de un año fiscal, y el otorgamiento de la Buena Pro y suscripción del contrato se realice en el siguiente año fiscal, la Oficina de Presupuesto de la Entidad o a la que haga sus veces, otorgará una constancia respecto a la previsión de recursos correspondientes al valor estimado o referencial de dicha convocatoria. La citada constancia debe señalar el monto de los recursos programados para tal efecto en el proyecto de ley de presupuesto del sector público correspondiente al año fiscal siguiente, que presenta el Poder Ejecutivo al Congreso de la República; asimismo, debe señalar las metas previstas y la fuente de financiamiento con cargo a la cual se atenderá su financiamiento.

     d) En los procedimientos de selección referidos en el literal c), previo a otorgar la Buena Pro, se debe contar con la certificación de crédito presupuestario emitida por la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces, sobre la existencia de crédito presupuestario suficiente, orientado a la ejecución del gasto en el año fiscal en que se ejecutará el contrato, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Para tal efecto, el comité de selección o la oficina a cargo del procedimiento de selección, según corresponda, antes de otorgar la Buena Pro, debe solicitar a la Oficina de Presupuesto de la Entidad o a la que haga sus veces, la referida certificación.

     Artículo 20. Prohibición de fraccionamiento

     Se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios u obras con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según la necesidad anual, de dividir la contratación a través de la realización de dos o más procedimientos de selección, de evadir la aplicación de la presente Ley y su reglamento para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a ocho (8) UIT y/o evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública.

     El reglamento establece los casos o supuestos debidamente justificados que no constituyen fraccionamiento.

CAPÍTULO III

MÉTODOS DE CONTRATACIÓN

     Artículo 21. Procedimientos de selección

     Una Entidad puede contratar por medio de licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica, contratación directa y los demás procedimientos de selección de alcance general que contemple el reglamento, los que deben respetar los principios que rigen las contrataciones y los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública.

     Las disposiciones aplicables a los procedimientos de selección son previstas en el reglamento.

     Artículo 22. Licitación pública y concurso público

     La licitación pública se utiliza para la contratación de bienes y obras; el concurso público para la contratación de servicios. En ambos casos, se aplican a las contrataciones cuyo valor estimado o valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público.

     El reglamento establece las modalidades de licitación pública y concurso público.

     Los actos públicos deben contar con la presencia de notario público o juez de paz. Su actuación es desarrollada en el reglamento.

     Artículo 23. Adjudicación simplificada

     La adjudicación simplificada se utiliza para la contratación de bienes y servicios, con excepción de los servicios a ser prestados por consultores individuales, así como para la ejecución de obras, cuyo valor estimado o valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público.

     Artículo 24. Selección de consultores individuales

     La selección de consultores individuales se utiliza para la contratación de servicios de consultoría en los que no se necesita equipos de personal ni apoyo profesional adicional, y en tanto que la experiencia y las calificaciones de la persona natural que preste el servicio son los requisitos primordiales, conforme a lo que establece el reglamento, siempre que su valor estimado o valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público.

     Artículo 25. Comparación de precios

     La comparación de precios puede utilizarse para la contratación de bienes y servicios de disponibilidad inmediata, distintos a los de consultoría, que no sean fabricados o prestados siguiendo las especificaciones o indicaciones del contratante, siempre que sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado, conforme a lo que señale el reglamento. El valor estimado de dichas contrataciones debe ser inferior a la décima parte del límite mínimo establecido por la ley de presupuesto del sector público para la licitación pública y el concurso público.

     Artículo 26. Subasta inversa electrónica

     La subasta inversa electrónica se utiliza para la contratación de bienes y servicios comunes que cuenten con ficha técnica y se encuentren incluidos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes.

     Artículo 27. Contrataciones Directas

     Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor en los siguientes supuestos:

     a) Cuando se contrate con otra Entidad, siempre que en razón de costos de oportunidad resulte más eficiente y técnicamente viable para satisfacer la necesidad, y no se contravenga lo señalado en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú.

     b) Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por el ente rector del sistema nacional de salud.

     c) Ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobada, que afecte o impida a la Entidad cumplir con sus actividades u operaciones.

     d) Cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los organismos conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia requieran efectuar contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno, que deban mantenerse en reserva conforme a ley, previa opinión favorable de la Contraloría General de la República.

     e) Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor o un determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos.

     f) Para los servicios personalísimos prestados por personas naturales, que cuenten con la debida sustentación.

     g) Para los servicios de publicidad que prestan al Estado los medios de comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio de comunicación.

     h) Para los servicios de consultoría, distintos a las consultorías de obra, que son la continuación y/o actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual a conformidad de la Entidad, siempre que este haya sido seleccionado conforme al procedimiento de selección individual de consultores.

     i) Para los bienes y servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo de carácter científico o tecnológico, cuyo resultado pertenezca exclusivamente a la Entidad para su utilización en el ejercicio de sus funciones.

     j) Para el arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisición de bienes inmuebles existentes.

     k) Para los servicios especializados de asesoría legal para la defensa de funcionarios, servidores o miembros de las fuerzas armadas y policiales, a los que se refieren el Decreto Supremo 018-2002-PCM, el Decreto Supremo 022-2008-DE-SG y otras normas sobre defensa de funcionarios, o normas que los sustituyan.

     l) Cuando exista la necesidad urgente de la Entidad de continuar con la ejecución de las prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto o de un contrato declarado nulo por las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 44, siempre que se haya invitado a los demás postores que participaron en el procedimiento de selección y no se hubiese obtenido aceptación a dicha invitación.

     m) Para contratar servicios educativos de capacitación que cuenten con un procedimiento de admisión o selección para determinar el ingreso o aceptación de las personas interesadas, por parte de las entidades educativas que los brindan.

     Se pueden efectuar compras corporativas mediante contrataciones directas.

     Las contrataciones directas se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad, Acuerdo del Directorio, del Consejo Regional o del Concejo Municipal, según corresponda. Esta disposición no alcanza a aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento califica como delegable.

     El reglamento establece las condiciones para la configuración de cada uno de estos supuestos, los requisitos y formalidades para su aprobación y el procedimiento de contratación directa.

     Artículo 28. Rechazo de ofertas

     28.1 Para la contratación de bienes y servicios, la Entidad puede rechazar toda oferta si determina que, luego de haber solicitado por escrito o por medios electrónicos al proveedor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta, se susciten dudas razonables sobre el cumplimiento del contrato. El rechazo de la oferta debe encontrarse fundamentado.

     Adicionalmente, la Entidad puede rechazar toda oferta que supera la disponibilidad presupuestal del procedimiento de selección, siempre que haya realizado las gestiones para el incremento de la disponibilidad presupuestal y esta no se haya podido obtener.

     28.2 En el caso de ejecución y consultoría de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más de diez por ciento (10%).

     Artículo 29. Declaratoria de desierto

     Los procedimientos de selección quedan desiertos cuando no quede válida ninguna oferta. La declaración de desierto en la contratación directa, la comparación de precios y la subasta inversa electrónica, se rigen por lo señalado en el reglamento.

     El reglamento establece el procedimiento de selección a utilizar luego de una declaratoria de desierto.

     Cuando se declare desierto un procedimiento de selección cuyo objeto sea la contratación de un seguro patrimonial, la Entidad puede utilizar el procedimiento que determine el reglamento para los procedimientos declarados desiertos o lo previsto en el literal f) del artículo 5 de la presente Ley.

     Tratándose de una segunda convocatoria declarada desierta cuyo objeto sea la contratación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, el Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud a través de sus sedes centrales competentes, pueden utilizar lo previsto en el literal f) del artículo 5 de la presente Ley.

     Artículo 30. Cancelación

     La Entidad puede cancelar el procedimiento de selección, en cualquier momento previo a la adjudicación de la Buena Pro, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado sea insuficiente o tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente, u otras razones justificadas, bajo su exclusiva responsabilidad, de conformidad con lo establecido en el reglamento.

     La Entidad no incurre en responsabilidad respecto de los proveedores que hayan presentado ofertas por el solo hecho de actuar de conformidad con el presente artículo.

     Artículo 31. Métodos especiales de contratación

     Las Entidades contratan, sin realizar procedimiento de selección, los bienes y servicios que se incorporen en los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco como producto de la formalización de Acuerdos Marco. El reglamento establece los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

     El reglamento puede establecer otros métodos especiales de contratación.

CAPÍTULO IV

EL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

     Artículo 32. El contrato

     El contrato debe celebrarse por escrito y se ajusta a la proforma incluida en los documentos del procedimiento de selección con las modificaciones aprobadas por la Entidad durante el mismo.

     Los contratos regulados por la presente norma incluyen necesariamente y bajo responsabilidad las cláusulas referidas a: a) Garantías, b) Solución de controversias y c) Resolución de contrato por incumplimiento, conforme a lo previsto en el reglamento.

     El reglamento establece el procedimiento, plazos y requisitos para el perfeccionamiento del contrato, así como los casos en que el contrato puede perfeccionarse mediante una orden de compra o servicio, no debiendo necesariamente en estos casos incorporarse las cláusulas antes indicadas, sin perjuicio de su aplicación legal.

     Artículo 33. Garantías

     Las garantías que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento.

     Las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

     En virtud de la realización automática, a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden oponer excusión alguna a la ejecución de las garantías debiendo limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo máximo de tres (3) días. Toda demora genera responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el postor o contratista, y da lugar al pago de intereses legales en favor de la Entidad.

     Las entidades financieras que emitan garantías a las que se refiere la presente Ley, facilitan el acceso de estas a las Entidades públicas beneficiarias, debiendo para el efecto implementar los mecanismos correspondientes que permitan la aplicación de la presente disposición.

     Artículo 34. Modificaciones al contrato

     34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad.

     34.2 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.

     34.3 Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad.

     En el supuesto de que resulte indispensable la realización de prestaciones adicionales de obra por deficiencias del expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato, mayores a las establecidas en el párrafo precedente y hasta un máximo de cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente contratado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el Titular de la Entidad puede decidir autorizarlas. Para ello se requiere contar con la autorización del Titular de la Entidad, debiendo para la ejecución y el pago contar con la autorización previa de la Contraloría General de la República y con la comprobación de que se cuentan con los recursos necesarios. En el caso de adicionales con carácter de emergencia dicha autorización se emite previa al pago. La Contraloría General de la República cuenta con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento. Dicha situación debe ponerse en conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Alternativamente, la Entidad puede resolver el contrato, mediante comunicación escrita al contratista.

     34.4 Respecto a los servicios de supervisión, cuando en los casos distintos a los de adicionales de obras, se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un monto máximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requiere la autorización, previa al pago, de la Contraloría General de la República.

     Asimismo, el Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión que deriven de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados, según corresponda. En este último supuesto, el monto hasta por el cual se pueden aprobar prestaciones adicionales de supervisión debe ser proporcional al incremento del monto de la obra, como máximo, no siendo aplicable para este caso el límite establecido en el numeral 34.2 del presente artículo.

     34.5 El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. De aprobarse la ampliación de plazo debe reconocerse los gastos y/o costos incurridos por el contratista, siempre que se encuentren debidamente acreditados.

     Artículo 35. Subcontratación

     El contratista puede subcontratar, previa autorización de la Entidad, la ejecución de determinadas prestaciones del contrato, salvo prohibición expresa contenida en los documentos del procedimiento de selección.

     Ningún contratista puede subcontratar la totalidad de las prestaciones contenidas en el contrato. No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista.

     Para ser subcontratista se requiere contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), no estar impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado.

     El contratista mantiene la responsabilidad por la ejecución total de su contrato frente a la Entidad.

     Artículo 36. Resolución de los contratos

     Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, o por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato siempre que se encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de la contratación.

     Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados.

     Artículo 37. Cesión de derechos y de posición contractual

     Salvo disposición legal o reglamentaria en contrario, el contratista puede ceder su derecho al pago a favor de terceros. No procede la cesión de posición contractual del contratista, salvo en los casos previstos en el reglamento.

     Artículo 38. Adelantos

     La Entidad puede entregar adelantos al contratista, siempre que haya sido previsto en los documentos del procedimiento de selección, con la finalidad de otorgarle financiamiento y/o liquidez para la ejecución del contrato.

     El reglamento establece los tipos, condiciones y monto de cada adelanto, así como la forma en que este se amortiza luego de otorgado.

     Artículo 39. Pago

     El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta. Excepcionalmente, el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando, este sea condición para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios.

     Los pagos por adelantado y a cuenta no constituyen pagos finales, por lo que el beneficiario de los pagos sigue siendo responsable de los montos percibidos hasta que se haya efectuado el pago final.

     En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora.

     Artículo 40. Responsabilidad del contratista

     El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecución de obra, además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil.

     El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo. En el caso de obras, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.

     Los documentos del procedimiento de selección establecen el plazo máximo de responsabilidad del contratista.

TÍTULO III

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

     Artículo 41. Recursos impugnativos

     Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación.

     A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el reglamento. No se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece el reglamento.

     El recurso de apelación solo puede interponerse luego de otorgada la Buena Pro. El reglamento establece el procedimiento, requisitos y plazo para su presentación y resolución.

     El recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencial sea superior a sesenta y cinco (65) UIT y de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco; en los demás casos, corresponde dicha competencia al Titular de la Entidad. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal.

     La garantía por interposición del recurso de apelación debe otorgarse a favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y de la Entidad, cuando corresponda. El monto de la garantía es de hasta el 3% del valor estimado o valor referencial, según sea el caso, del procedimiento de selección o del ítem que se decida impugnar.

     La resolución que resuelva el recurso de apelación agota la vía administrativa. La interposición de la acción contencioso-administrativa procede contra lo resuelto en última instancia administrativa, sin suspender su ejecución.

     Artículo 42. Suspensión del procedimiento

     La presentación de los recursos interpuestos de conformidad con lo establecido en el artículo precedente deja en suspenso el procedimiento de selección hasta que el recurso sea resuelto, conforme a lo establecido en el reglamento, siendo nulos los actos posteriores practicados hasta antes de la expedición de la respectiva resolución.

     Artículo 43. Denegatoria ficta

     En el caso que la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado, según corresponda, no resuelva y notifique sus resoluciones dentro del plazo que fija el reglamento, los interesados deben considerar denegados sus recursos de apelación, pudiendo interponer la acción contencioso-administrativa contra la denegatoria ficta dentro del plazo legal correspondiente.

     En estos casos, la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado devuelve la garantía presentada por los interesados al momento de interponer su recurso de apelación.

     Artículo 44. Declaratoria de nulidad

     El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

     El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, por las mismas causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de apelación. La misma facultad la tiene el Titular de la Central de Compras Públicas - Perú Compras, en los procedimientos de implementación o mantenimiento de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

     Después de celebrados los contratos, la Entidad puede declarar la nulidad de oficio en los siguientes casos:

     a) Por haberse perfeccionado en contravención con el artículo 11 de la presente Ley. Los contratos que se declaren nulos en base a esta causal no tienen derecho a retribución alguna con cargo al Estado, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios y servidores de la Entidad, conjuntamente con los contratistas que celebraron irregularmente el contrato.

     b) Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato.

     c) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse en trámite un recurso de apelación.

     d) Cuando no se haya cumplido con las condiciones y/o requisitos establecidos en la normativa a fin de la configuración de alguno de los supuestos que habilitan a la contratación directa.

     e) Cuando no se haya utilizado los procedimientos previstos en la presente Ley, pese a que la contratación se encontraba bajo su ámbito de aplicación. En este supuesto, asumen responsabilidad los funcionarios y servidores de la Entidad, conjuntamente con los contratistas que celebraron irregularmente el contrato.

     f) En caso de contratarse bienes, servicios u obras, sin el previo procedimiento de selección que correspondiera.

     La nulidad del procedimiento y del contrato, genera responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Entidad contratante conjuntamente con los contratistas que celebraron dichos contratos irregulares.

     Cuando corresponda al árbitro único o al Tribunal Arbitral evaluar la nulidad del contrato, se considera en primer lugar las causales previstas en la presente Ley y su reglamento, y luego las causales de nulidad aplicables reconocidas en el derecho nacional.

     Artículo 45. Medios de solución de controversias de la ejecución contractual

     45.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Las controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

     Las partes pueden recurrir a la Junta de Resolución de Disputas en las contrataciones de obras, de acuerdo al valor referencial y demás condiciones previstas en el reglamento, siendo sus decisiones vinculantes. El reglamento puede establecer otros medios de solución de controversias.

     La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no puede ser sometida a conciliación, ni arbitraje ni a la Junta de Resolución de Disputas. Las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas, por parte de la Entidad o de la Contraloría General de la República, según corresponda, no pueden ser sometidas a conciliación, arbitraje, ni a otros medios de solución de controversias establecidos en la presente Ley o el reglamento, correspondiendo en su caso, ser conocidas por el Poder Judicial. Todo pacto en contrario es nulo.

     45.2 Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato, se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento.

     En supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, los medios de solución de controversias previstos en este artículo deben ser iniciados por la parte interesada en cualquier momento anterior a la fecha del pago final.

     Luego del pago final, las controversias solo pueden estar referidas a vicios ocultos en bienes, servicios u obras y a las obligaciones previstas en el contrato que deban cumplirse con posterioridad al pago final. En estos casos, el medio de solución de controversias se debe iniciar dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento.

     En los casos en que, de acuerdo al numeral anterior, resulte de aplicación la Junta de Resolución de Disputas, pueden ser sometidas a esta todas las controversias que surjan durante la ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma. Las decisiones emitidas por la Junta de Resolución de Disputas solo pueden ser sometidas a arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de recibida la obra. Las controversias que surjan con posterioridad a dicha recepción pueden ser sometidas directamente a arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento.

     Todos los plazos antes señalados son de caducidad.

     45.3 Las controversias se resuelven mediante la aplicación de la Constitución Política del Perú, de la presente Ley y su reglamento, así como de las normas de derecho público y las de derecho privado; manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del derecho. Esta disposición es de orden público.

     45.4 Los medios de solución de controversias previstos en este artículo se rigen especialmente por lo establecido en la presente Ley y su reglamento, sujetándose supletoriamente a lo dispuesto en las leyes de la materia.

     45.5 La conciliación se realiza en un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El arbitraje institucional se realiza en una institución arbitral acreditada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), conforme a lo dispuesto en la directiva que se apruebe para tal efecto.

     El reglamento establece los criterios, parámetros y procedimientos para la toma de decisión de conciliar.

     45.6 El arbitraje es de derecho y resuelto por árbitro único o tribunal arbitral integrado por tres miembros.

     El árbitro único y el presidente del tribunal arbitral deben ser necesariamente abogados, que cuenten con especialización acreditada en derecho administrativo, arbitraje y contrataciones con el Estado. Los demás integrantes del tribunal arbitral pueden ser expertos o profesionales en otras materias, debiendo necesariamente tener conocimiento en contrataciones con el Estado.

     Asimismo, para desempeñarse como árbitro, se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros administrado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), conforme a los requisitos y condiciones establecidos en la directiva que apruebe dicha Entidad para tal efecto. El registro es de aprobación automática, sujeto a fiscalización posterior.

     45.7 Para desempeñarse como secretario arbitral se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Secretarios Arbitrales administrado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), conforme a los requisitos y condiciones establecidos en la directiva que apruebe dicha Entidad para tal efecto.

     45.8 El árbitro único o tribunal arbitral constituido para resolver una controversia derivada de un contrato regido por esta Ley resulta, en principio y salvo el supuesto de excepción previsto en el presente numeral, competente para conocer las demás controversias, susceptibles de ser sometidas a arbitraje, que surjan de la ejecución del mismo contrato.

     En ese sentido, cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva controversia derivada del mismo contrato, cualquiera de las partes debe solicitar a los árbitros la acumulación de las pretensiones a dicho arbitraje, dentro del plazo de caducidad previsto en el numeral 45.2 del presente artículo.

     El árbitro único o el tribunal arbitral acumula las nuevas pretensiones que se sometan a su conocimiento, siempre que estas sean solicitadas antes de la conclusión de la etapa probatoria. Excepcionalmente, el árbitro único o el tribunal arbitral, mediante resolución fundamentada, puede denegar la acumulación solicitada tomando en cuenta la naturaleza de las nuevas pretensiones, el estado del proceso arbitral y demás circunstancias que estime pertinentes.

     En los casos en que se haya denegado la acumulación de pretensiones, la parte interesada puede iniciar otro arbitraje dentro del plazo de quince (15) días hábiles de notificada la denegatoria de la acumulación, siendo éste también un plazo de caducidad.

     45.9 El laudo arbitral es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, debiéndose notificar a las partes en forma personal y a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) para efecto de su eficacia. La notificación se tiene por efectuada desde ocurrido el último acto. Contra dicho laudo solo cabe interponer recurso de anulación de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 1071(*) NOTA SPIJ, Decreto Legislativo que norma el arbitraje o norma que lo sustituya.

     Adicionalmente, el laudo puede ser anulado a solicitud de parte si la composición del árbitro único o del tribunal arbitral o si las actuaciones arbitrales no se han ajustado a lo establecido en la presente Ley y en su reglamento; siempre que tal circunstancia haya sido objeto de reclamo expreso en su momento ante el árbitro único o tribunal arbitral por la parte afectada y fue desestimado. En caso de que dicha circunstancia haya constituido causal de recusación, la anulación solo resulta procedente si la parte afectada formuló, oportunamente, la recusación respectiva y esta fue desestimada.

     45.10 El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) aprueba el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, el cual resulta de aplicación a los arbitrajes que administra, a los arbitrajes ad hoc y, de manera supletoria, a los arbitrajes administrados por una institución arbitral que no tenga aprobado un Código de Ética o, que teniéndolo no establezca la infracción cometida por el árbitro o no establezca la sanción aplicable.

     Los árbitros deben ser y permanecer durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales. Asimismo, deben cumplir con la obligación de informar oportunamente si existe alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con independencia, imparcialidad y autonomía; actuar con transparencia y observar la debida conducta procedimental. El deber de informar se mantiene a lo largo de todo el arbitraje.

     El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo precedente constituyen infracción a los principios de independencia, imparcialidad, transparencia y debida conducta procedimental previstos en el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, siendo pasible de las siguientes sanciones éticas según su gravedad:

     a) Amonestación.

     b) Suspensión temporal de hasta cinco (5) años.

     c) Inhabilitación permanente.

     Las infracciones señaladas son desarrolladas en el reglamento y recogidas en el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado.

     La autoridad competente para aplicar el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado es el Consejo de Ética, el cual se encarga de determinar la comisión de infracciones y de imponer las sanciones respectivas. El Consejo de Ética se encuentra integrado por tres (3) miembros de reconocida solvencia ética y profesional, los cuales son elegidos por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respectivamente. El cargo de miembro del Consejo es honorario. La organización, estructura, atribuciones, mecanismos de designación, funcionamiento y los demás aspectos concernientes al Consejo de Ética son establecidos en el reglamento.

     45.11 El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) organiza y administra un régimen institucional de arbitraje especializado y subsidiario para la resolución de controversias en las contrataciones con el Estado, de acuerdo a lo previsto en el reglamento.

     Este régimen se rige por su propio reglamento arbitral que es aprobado mediante directiva por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y supletoriamente por el Decreto Legislativo que norma el Arbitraje o norma que lo sustituya.

     45.12 Los medios de solución de controversias a que se refiere la presente Ley o su reglamento, se desarrollan en cumplimiento del Principio de Transparencia.

     Las instituciones encargadas de la administración de los medios de solución de controversias deben cumplir con remitir la información que establezca el reglamento y aquella que solicite el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en relación a las controversias derivadas de la aplicación de la presente Ley, bajo responsabilidad de su titular o representante legal.

     Tratándose de arbitrajes ad hoc, el presidente del tribunal arbitral o el árbitro único son responsables de la custodia de las actuaciones arbitrales por un plazo no menor de diez (10) años desde la terminación de las mismas. En el caso de los arbitrajes institucionales, la respectiva institución arbitral es responsable de la custodia del expediente por el plazo antes señalado. Antes del vencimiento de dicho plazo, la custodia puede ser encargada al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), bajo los requisitos y condiciones previstos en el reglamento.

     45.13 Las resoluciones sobre devolución de honorarios de árbitros emitidas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) constituyen título ejecutivo.

TÍTULO IV

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

     Artículo 46. Registro Nacional de Proveedores

     46.1 El Registro Nacional de Proveedores (RNP) es el sistema de información oficial único de la Administración Pública que tiene por objeto registrar y mantener actualizada durante su permanencia en el registro, la información general y relevante de los proveedores interesados en participar en las contrataciones que realiza el Estado. En ningún caso el Registro Nacional de Proveedores (RNP) constituye una barrera de acceso para contratar con el Estado.

     Para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista del Estado se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). El Reglamento establece la organización, funciones y los requisitos para el acceso, permanencia y retiro del registro. En el caso de los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley sujetos a supervisión, el Reglamento establecerá las condiciones para su inscripción ante dicho Registro así como sus excepciones.

     La presentación de documentación falsa o información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) habilita la declaración de nulidad del acto correspondiente.

     46.2 A los Proveedores del Estado inscritos como Ejecutores de Obra ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP), se les asigna una capacidad máxima de contratación que se calcula en función de su capital social suscrito y pagado en el Perú y de la experiencia con la que cuenten como ejecutores de obra, quedando expresamente establecido que el capital social suscrito y pagado de las personas jurídicas inscritas como ejecutores de obra ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP), no puede ser inferior al 5% de su capacidad máxima de contratación. Tratándose de sucursales de personas jurídicas extranjeras en el Perú, dicho cálculo se realiza en función de la asignación del capital que se le depositó en una entidad del sistema financiero nacional. En el caso de las personas jurídicas no domiciliadas, se debe acreditar haber depositado en una cuenta abierta en una entidad del sistema financiero nacional a nombre de su representante legal en el país, el monto en virtud del cual se calcula su capacidad máxima de contratación.

     Tanto en el caso de las sucursales de personas jurídicas extranjeras en el Perú como de personas jurídicas no domiciliadas, a efectos de que los aportes dinerarios antes señalados tengan validez frente al Registro Nacional de Proveedores (RNP), éstos deben haber sido aprobados por la Junta General de Accionistas u órgano análogo de la Sociedad, previamente a su depósito efectivo, de acuerdo a los estatutos de cada empresa o a las leyes del país en virtud de las cuales se hubiera constituido la matriz.

     Las empresas extranjeras reciben el mismo trato que las empresas peruanas reciben en su país de origen en materia de contrataciones del Estado.

     Las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores no se aplican a los proveedores que provengan de países con los cuales la República del Perú tenga vigente un tratado o compromiso internacional que incluya disposiciones en materia de contrataciones públicas; ni a las micro y pequeñas empresas (MYPES) debidamente inscritas en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE).

     Las personas jurídicas extranjeras pueden acreditar el requisito señalado en los párrafos precedentes con la documentación que demuestre los gastos realizados en sus operaciones e inversiones en territorio nacional. El procedimiento, tipo de documentación y demás exigencias, son establecidos en la directiva correspondiente.

     46.3 Las Entidades están prohibidas de llevar registros de proveedores. Solo están facultadas para llevar y mantener un listado interno de proveedores, consistente en una base de datos que contenga la relación de aquellos. Bajo ninguna circunstancia, la incorporación en este listado es requisito para la participación en los procedimientos de selección que la Entidad realice. La incorporación de proveedores en este listado es discrecional y gratuita.

     46.4 Bajo responsabilidad y de manera gratuita, en el marco de la legislación vigente sobre la materia, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras Entidades de las que pueda requerirse información, deben proporcionar el acceso a la información pertinente, preferentemente mediante mecanismos de interoperabilidad, salvaguardando las reservas previstas por Ley con la finalidad de que el Registro Nacional de Proveedores (RNP) cuente con información oportuna, confiable y actualizada. La Oficina de Gobierno Electrónico de la Presidencia del Consejo de Ministros, cautela y apoya el debido cumplimiento de esta disposición.

     Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas puede disponerse el acceso a la información que posean otras Entidades y que sea relevante para el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

     46.5 En ningún caso, los documentos de los procedimientos de selección exigen a los proveedores la documentación que estos hubieran presentado para su inscripción ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

TÍTULO V

SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

     Artículo 47. Definición

     El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) es el sistema electrónico que permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas.

     Artículo 48. Obligatoriedad

     Las Entidades están obligadas a utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) en las contrataciones que realicen, independientemente que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley, su cuantía o fuente de financiamiento, conforme a la directiva que dicte el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para tal efecto.

     Los procedimientos de subasta inversa y comparación de precios se realizan obligatoriamente en forma electrónica a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) establece las excepciones a dicha obligación, así como la forma en que se aplica progresiva y obligatoriamente las contrataciones electrónicas a los otros métodos de contratación.

     Los criterios de incorporación gradual de las Entidades al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), considerando la infraestructura y condiciones tecnológicas que estas posean o los medios disponibles para estos efectos, se establecen en la citada directiva.

     Artículo 49. Validez y eficacia de los actos

     Los actos realizados por medio del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), incluidos los efectuados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en el ejercicio de sus funciones, que cumplan con las disposiciones vigentes poseen la misma validez y eficacia que los actos realizados por medios manuales, pudiéndolos sustituir para todos los efectos legales. Dichos actos se entienden notificados el mismo día de su publicación, salvo lo dispuesto en el numeral 45.9 del artículo 45 de la presente Ley.

     Sin perjuicio de la obligación de utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), adicionalmente a los métodos de notificación tradicionales, las Entidades pueden utilizar medios electrónicos de comunicación para el cumplimiento de los distintos actos que se disponen en la presente Ley y su reglamento, considerando los requisitos y parámetros establecidos en las leyes pertinentes. En todos los casos, deben utilizar las tecnologías necesarias que garanticen la identificación de los proveedores y la confidencialidad de las ofertas.

TÍTULO VI

RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

     Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas

     50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones:

     a) Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta.

     b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco.

     c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de esta Ley.

     d) Subcontratar prestaciones sin autorización de la Entidad o en porcentaje mayor al permitido por esta Ley y su reglamento o cuando el subcontratista no cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), esté impedido o inhabilitado para contratar con el Estado.

     e) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.

     f) No proceder al saneamiento de los vicios ocultos en la prestación a su cargo, según lo requerido por la Entidad, cuya existencia haya sido reconocida por el contratista o declarada en vía arbitral.

     g) Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato cuando estas deban verificarse con posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado.

     h) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros.

     i) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).

     j) Se registren como participantes, presenten propuestas o suscriban contrato o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscriban contrato por montos mayores a su capacidad libre de contratación, o en especialidades distintas a las autorizadas por el RNP.

     k) Perfeccionar el contrato, luego de notificada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) la suspensión, recomendación de nulidad o la nulidad del proceso de contratación dispuesta por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en el ejercicio de sus funciones.

     Para los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, solo son aplicables las infracciones previstas en los literales c) y j) del presente numeral.

     50.2 Las sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales por la misma infracción, son:

     a) Multa: Es la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), por la comisión de las infracciones establecidas en los literales a), b), d) y j). La resolución que imponga la multa establece como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no mayor a dieciocho (18) meses. El periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia, no se considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva.

     Esta sanción es también aplicable a las Entidades cuando actúen como proveedores conforme a Ley, por la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en el presente artículo.

     b) Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por un periodo determinado del ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. Esta inhabilitación es no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses ante la comisión de las infracciones establecidas en los literales c), e), f), g), h) y k); en el caso de la infracción prevista en el literal i), esta inhabilitación es no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses.

     c) Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del ejercicio del derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. Esta sanción se aplica al proveedor que en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses, o que reincida en la infracción prevista en el literal i), en cuyo caso la inhabilitación definitiva se aplica directamente.

     La inhabilitación o multa que se imponga no exime de la obligación de cumplir con los contratos ya suscritos a la fecha en que la sanción queda firme.

     50.3 Las infracciones son leves, graves y muy graves. El reglamento establece las reglas del procedimiento sancionador, los mecanismos de cobro de la multa impuesta, las formas de aplicar sanciones a consorcios, la gradualidad de la imposición de la sanción y demás reglas necesarias.

     50.4 Las infracciones establecidas en la presente Ley para efectos de las sanciones prescriben a los tres (3) años conforme a lo señalado en el reglamento. Tratándose de documentación falsa la sanción prescribe a los siete (7) años de cometida.

     50.5 Cuando para la determinación de responsabilidad, sea necesario contar, previamente, con decisión judicial o arbitral, el plazo de prescripción se suspende por el periodo que dure dicho proceso jurisdiccional. Asimismo, el plazo de prescripción se suspende cuando el Poder Judicial ordene la suspensión del procedimiento sancionador. El reglamento desarrolla otras causales de suspensión del plazo de prescripción.

     50.6 Las sanciones se publican en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). La publicación de los sancionados incluye información de los socios o titulares, y de los integrantes de los órganos de administración, de conformidad con el procedimiento previsto en el reglamento.

TÍTULO VII

  1. ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

     Artículo 51. Definición

     El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera.

     Cuenta con un órgano de defensa jurídica, sin perjuicio de la defensa coadyuvante de la Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de las normas que rigen el Sistema de Defensa Jurídica del Estado.

     Artículo 52. Funciones

     El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) tiene las siguientes funciones:

     a) Velar y promover que las Entidades realicen contrataciones eficientes, bajo los parámetros de la Ley, su reglamento y normas complementarias, la maximización del valor de los fondos públicos y la gestión por resultados.

     b) Efectuar acciones de supervisión de oficio, de forma aleatoria y/o selectiva, respecto de los métodos de contratación contemplados en la Ley, salvo las excepciones previstas en el reglamento. Esta facultad también alcanza a los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión en lo que corresponde a la configuración del supuesto de exclusión.

     c) Efectuar acciones de supervisión a pedido de parte, de acuerdo a lo dispuesto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos y directivas vigentes. Esta facultad también alcanza a los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión en lo que corresponde a la configuración del supuesto de exclusión.

     d) Implementar actividades y mecanismos de desarrollo de capacidades y competencias en la gestión de las contrataciones del Estado, así como de difusión en materia de contrataciones del Estado.

     e) Proponer las modificaciones normativas que considere necesarias en el marco de sus competencias.

     f) Emitir directivas, documentos estandarizados y documentos de orientación en materia de su competencia.

     g) Resolver los asuntos de su competencia en última instancia administrativa.

     h) Administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

     i) Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE).

     j) Administrar y operar el Registro Nacional de Árbitros y el Registro Nacional de Secretarios Arbitrales.

     k) Acreditar a las instituciones arbitrales que presten servicios de organización y administración de arbitrajes en materia de contrataciones del Estado y supervisarlas, de acuerdo a lo establecido en el reglamento.

     l) Organizar y administrar arbitrajes de acuerdo a lo previsto en el reglamento y de conformidad con la directiva que se apruebe para tal efecto.

     m) Designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos a una institución arbitral.

     n) Resolver solicitudes de devolución de honorarios de árbitros, conforme a lo señalado en el reglamento.

     o) Absolver consultas sobre el sentido y alcance de la normativa de contrataciones del Estado, formuladas por las Entidades, así como por el sector privado y la sociedad civil. Las consultas que le efectúen las Entidades son gratuitas.

     p) Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República, de manera fundamentada, las trasgresiones observadas en el ejercicio de sus funciones cuando existan indicios razonables de perjuicio económico al Estado o de comisión de delito o de comisión de infracciones graves o muy graves por responsabilidad administrativa funcional de acuerdo al marco legal vigente.

     q) Suspender procedimientos de selección, en los que durante el procesamiento de la acción de supervisión, de oficio o a pedido de parte, se identifique la necesidad de ejercer acciones coercitivas para impedir que la Entidad continúe con el procedimiento.

     r) Desconcentrar sus funciones en sus órganos de alcance regional o local de acuerdo a lo que establezca su Reglamento de Organización y Funciones.

     s) Realizar estudios conducentes a evaluar el funcionamiento de los regímenes de contratación del Estado, analizar y proponer nuevos mecanismos idóneos de contratación según mercados, así como proponer estrategias destinadas al uso eficiente de los recursos públicos.

     t) Las demás que le asigne la normativa.

     Artículo 53. Organización y recursos

     El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) establece la estructura orgánica del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), sus funciones generales y las específicas de sus órganos.

     Los recursos del OSCE son los siguientes:

     a) Aquellos asignados por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.

     b) Los generados por el cobro de tasas.

     c) Los generados por la venta de publicaciones y prestación de servicios.

     d) Los generados por la ejecución de las garantías por la interposición del recurso de apelación.

     e) Los provenientes de la cooperación técnica nacional o internacional; las donaciones, transferencias y otros que se efectúen a su favor de acuerdo con la normativa sobre las materias.

     f) Los provenientes de la imposición de sanciones económicas y penalidades.

     g) Los demás que le asigne la normativa.

     La administración y cobranza de los recursos y tributos a que se refieren los literales b), c), d) y f) del presente artículo es competencia del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), para lo cual tiene facultad coactiva.

     Artículo 54. Consejo Directivo y Presidencia Ejecutiva

     El Consejo Directivo es el máximo órgano del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Se encuentra integrado por tres (3) miembros designados por un periodo de tres (3) años renovables por un periodo adicional, mediante resolución suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas. El Presidente Ejecutivo del OSCE preside el Consejo Directivo. Los miembros del Consejo Directivo perciben dietas a excepción de su Presidente. Sus funciones se encuentran asignadas en el Reglamento de Organización y Funciones del OSCE.

     El Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es la máxima autoridad ejecutiva, titular del Pliego y representante legal de la Entidad, es designado mediante resolución suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas; su cargo es remunerado. Sus funciones se encuentran asignadas en el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

     Artículo 55. Requisitos e impedimentos

     Para ser designado miembro del Consejo Directivo o Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), se requiere:

     a) Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional. Este requisito se acredita demostrando no menos de tres (3) años de experiencia en un cargo de gestión ejecutiva; o, no menos de cinco (5) años de experiencia en temas afines a las materias reguladas en esta norma.

     b) Contar con título profesional universitario.

     c) No estar inhabilitado para ejercer la función pública por sentencia judicial o resolución del Congreso de la República; ni estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública conforme a la normativa sobre la materia.

     d) No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directos en personas jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un (1) año, previo a la declaración.

     e) No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado.

     f) No tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado.

     Artículo 56. Causales de vacancia

     La vacancia se produce por las siguientes causales:

     a) Remoción por pérdida de confianza.

     b) Renuncia al cargo.

     c) Fallecimiento.

     d) Incapacidad permanente.

     e) Incapacidad moral sobreviniente.

     f) Incompatibilidad sobreviniente.

     g) Falta grave.

     h) Condena por delito doloso.

     i) Inhabilitación administrativa o judicial.

     j) Vencimiento del periodo de designación.

     La vacancia de los miembros del Consejo Directivo y el Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) se formaliza mediante resolución suprema.

     Artículo 57. Notificaciones

     El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) notifica los actos que emite en el ejercicio de sus funciones a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y/u otros medios electrónicos, los que poseen la misma validez y eficacia que los realizados por los medios manuales, en tanto se ajusten a los parámetros y requisitos establecidos en la legislación vigente.

     En todos los casos, se debe utilizar las tecnologías necesarias que garanticen la identificación de los proveedores y la confidencialidad de las ofertas.

     Artículo 58. Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas

     Créase el Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas, adscrito al OSCE, con la misión de analizar y poner en conocimiento de las autoridades competentes, los presuntos casos de fraude, colusión y corrupción en las contrataciones del Estado por parte de funcionarios y servidores públicos y/o particulares. Su conformación y funciones se establecen en el reglamento.

TÍTULO VIII

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

     Artículo 59. Tribunal de Contrataciones del Estado

     El Tribunal de Contrataciones del Estado es un órgano resolutivo que forma parte de la estructura administrativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Cuenta con plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

     Tiene las siguientes funciones:

     a) Resolver, de ser el caso, las controversias que surjan entre las Entidades, los participantes y los postores durante el procedimiento de selección y los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

     b) Aplicar las sanciones de multa, inhabilitación temporal y definitiva a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas, según corresponda para cada caso.

     c) Aplicar multas a las Entidades cuando actúen como proveedor.

     d) Las demás funciones que le otorga la normativa.

     Su conformación y el número de salas son establecidos mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

     Mediante acuerdos adoptados en Sala Plena, los cuales constituyen precedentes de observancia obligatoria, el Tribunal de Contrataciones del Estado interpreta de modo expreso y con carácter general las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento.

     Artículo 60. Requisitos e impedimentos para ser Vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado

     Los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado son elegidos por concurso público y designados por un periodo de tres (3) años. Para ello se requiere:

     a) Contar con título profesional universitario.

     b) Experiencia acreditada no menor a cinco (5) años en las materias relacionadas con la presente norma.

     c) Acreditar estudios de especialización en temas afines a las materias de esta Ley.

     d) Contar con reconocida solvencia moral.

     e) No tener sentencia condenatoria por delito doloso o encontrarse inhabilitado para ejercer la función pública por sentencia judicial o por resolución del Congreso de la República, ni estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.

     f) No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directos en personas jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un (1) año, previo a la declaración.

     g) No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado.

     h) No tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado.

     Culminado el periodo de designación, continúan en el ejercicio de sus funciones en tanto se designa al nuevo o los nuevos vocales.

     El Presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado es elegido de acuerdo a lo previsto en el reglamento de la presente Ley, conforme al marco previsto en esta.

     Artículo 61. Causales de vacancia

     La vacancia se produce por las siguientes causales:

     a) Renuncia al cargo.

     b) Fallecimiento.

     c) Incapacidad permanente.

     d) Incompatibilidad sobreviniente.

     e) Condena por delito doloso.

     f) Inhabilitación administrativa o judicial.

     g) Vencimiento del periodo de designación, salvo la continuación en el ejercicio de las funciones a que se refiere el artículo precedente.

     La vacancia de los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado se formaliza mediante resolución suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas.

     Artículo 62. Notificación y publicidad de las resoluciones

     El Tribunal de Contrataciones del Estado notifica los actos que emita en el ejercicio de sus funciones a través de medios electrónicos y/o el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), según corresponda.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

     PRIMERA. La presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables. Asimismo, son de aplicación supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que no se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley, siempre que dicha aplicación no resulte incompatible con las normas específicas que las regulan y sirvan para cubrir un vacío o deficiencia de dichas normas.

     Las contrataciones del Estado se llevan a cabo conforme a la presente Ley, a su Reglamento así como a las directivas que el OSCE elabore para tal efecto; conjuntamente con los documentos estándar, manuales, y demás documentos de orientación que se ponen a disposición de los usuarios de la contratación pública.

     SEGUNDA. Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se aprobará el reglamento de la presente Ley, dentro de los ciento ochenta (180) días calendario siguientes a su publicación, el cual contendrá un glosario de términos.

     TERCERA. Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

     CUARTA. En aquellas contrataciones que se encuentren bajo el ámbito de tratados u otros compromisos internacionales, que impliquen la aplicación de los principios de Trato Nacional y No Discriminación, las Entidades deben conceder incondicionalmente a los bienes, servicios y proveedores de la otra parte, un trato similar o no menos favorable que el otorgado por la normativa peruana a los bienes, servicios y proveedores nacionales, de conformidad con las reglas, requisitos y procedimientos establecidos en la presente Ley, su reglamento y en la normativa de la materia.

     QUINTA. La Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas tienen acceso a la base de datos de la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

     SEXTA. La facultad establecida para actuar discrecionalmente se ejerce para optar por la decisión administrativa debidamente sustentada que se considere más conveniente, dentro del marco que establece la Ley, teniendo en consideración los criterios establecidos por la cuarta disposición final complementaria de la Ley 29622(*) NOTA SPIJ, Ley que modifica la Ley 27785(*) NOTA SPIJ, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional.

     SÉPTIMA. Los insumos directamente utilizados en los procesos productivos por las empresas del Estado que se dediquen a la producción de bienes o prestación de servicios, pueden ser contratados a proveedores nacionales o internacionales mediante el método de contratación que especifique el reglamento, a precios de mercado, siempre que se verifique una situación de escasez acreditada por el Titular de la Entidad. No se requiere la verificación de una situación de escasez en el caso de empresas que por la naturaleza de su actividad requieran un suministro periódico o continuo, incluyendo la entrega en un solo acto de los insumos, bienes o servicios.

     La lista de los insumos directamente vinculados en los procesos productivos, que corresponden a cada empresa, es establecida mediante resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas.

     Las contrataciones deben aprobarse mediante resolución del Titular de la Entidad e informarse mensualmente al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), y a la Contraloría General de la República, bajo responsabilidad del Directorio.

     En el procedimiento necesariamente se designa a un comité de selección conforme a las reglas de contrataciones del Estado. La adjudicación de la Buena Pro se realiza mediante acto público.

     Los órganos de control institucional participan como veedores en el método de contratación respectivo, conforme a la normativa del Sistema Nacional de Control.

     Todos los actos realizados dentro de los procedimientos a que se refiere la presente disposición se comunican obligatoriamente al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) en la oportunidad y forma que señale la presente norma, el reglamento y las directivas que emite el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

     Las contrataciones que se realicen de acuerdo a la presente disposición no requieren de la constitución de la garantía de fiel cumplimiento, siempre que la prestación se cumpla por adelantado.

     OCTAVA. La presente norma entra en vigencia a los treinta (30) días calendario contados a partir de la publicación de su reglamento, excepto la segunda y tercera disposiciones complementarias finales, que entran en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente Ley en el Diario Oficial El Peruano.

     NOVENA. Dispónese que el Ministerio de Economía y Finanzas remita anualmente al Congreso de la República un informe sobre el impacto de la presente Ley en las contrataciones públicas. Dicho informe será elaborado sobre la base de la información remitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y la Central de Compras Públicas - Perú Compras.

     DÉCIMA. Mediante acuerdo de su Directorio, la Agencia de la Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION) puede exceptuar de la aplicación total o parcial de la presente Ley a las contrataciones vinculadas a los procesos a que se refieren el Decreto Legislativo 674(*) NOTA SPIJ, el Decreto Supremo 059-96-PCM(*) NOTA SPIJ, el Decreto Legislativo 1012(*) NOTA SPIJ, y sus normas modificatorias.

     UNDÉCIMA. El OSCE establece las disposiciones necesarias para la implementación de los métodos de contratación por parte de las Entidades.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

     PRIMERA. En tanto culmine el proceso de implementación al régimen del Servicio Civil, el personal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) continúa sujeto al régimen laboral de la actividad privada.

     SEGUNDA. Los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente Ley se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

     ÚNICA. Modifícase el artículo 2 del Decreto Legislativo 1018(*) NOTA SPIJ, Decreto Legislativo que crea la Central de Compras Públicas - Perú Compras, en los términos siguientes:

     “Artículo 2.- Funciones

     La Central de Compras Públicas - Perú Compras, tiene las siguientes funciones:

     (…)

     g) Promover la Subasta Inversa, determinando las características técnicas de los bienes o servicios que son provistos a través de esta modalidad y establecer metas institucionales anuales respecto al número de fichas técnicas de los bienes o servicios a ser contratados.

     (…)”.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

     ÚNICA. A partir de la vigencia de la presente norma, deróganse los siguientes dispositivos y disposiciones:

     a) Decreto Legislativo 1017, Ley de Contrataciones del Estado y normas modificatorias.

     b) La primera y tercera disposiciones complementarias finales del Decreto Legislativo 1018, Decreto Legislativo que crea la Central de Compras Públicas - Perú Compras.

     Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su promulgación.

     En Lima a los ocho días del mes de julio de dos mil catorce.

     FREDY OTÁROLA PEÑARANDA

     Presidente del Congreso de la República

     MARÍA DEL CARMEN OMONTE DURAND

     Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

     AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

     POR TANTO:

     Mando se publique y cumpla.

     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días del mes de julio del año dos mil catorce.

     OLLANTA HUMALA TASSO

     Presidente Constitucional de la República

     RENÉ CORNEJO DÍAZ

     Presidente del Consejo de Ministros

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CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO MARCO NORMATIVO GENERAL

 

I.- NORMAS GENERALES

 

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1017

 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado

DECRETO SUPREMO Nº Nº 184-2008-EF

 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 789-2011-EF-10

 

Aprueba la Ley del Consejo Superior de Licitaciones  y Contratos de Obras Públicas

DECRETO LEY Nº 26143

 

Ley que deroga el Decreto Ley Nº 25565

LEY Nº 28549

 

Decreto Legislativo que crea la Central de Compras Públicas - Perú Compras

DECRETO LEGISLATIVO N° 1018

 

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Adquisiciones Estatales a través de las bolsas de productos

DECRETO LEGISLATIVO N° 1063

 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones Estatales a través de las Bolsas de Productos

DECRETO SUPREMO Nº 159-2008-EF

 

Aprueban el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

DECRETO SUPREMO Nº 292-2009-EF

 

 

 

 

 

 

 

II.- NORMAS COMPLEMENTARIAS

BIENES Y SERVICIOS

 

Texto Unico Actualizado de las Normas que rigen la obligación de determinadas entidades del Sector Público de proporcionar información sobre sus adquisiciones

DECRETO SUPREMO Nº 027-2001-PCM

 

Procedimientos para adopción de acciones administrativas y penales en casos de fraude o falsedad en documentos e información que se presenten al CONSUCODE

RESOLUCION Nº 053-99-CONSUCODE-PRE

 

"Lineamientos para la Implantación Inicial del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE"

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 282-2005-PCM

 

Pautas para la presentación de garantías a que se refiere el Art. 40 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento

RESOLUCION Nº 080-2000-CONSUCODE-PRE

 

Reglamento de la Modalidad de Selección por Subasta Inversa Presencial

RESOLUCION Nº 094-2007-CONSUCODE-PRE

 

Aprueban Reglamento de la Modalidad de Selección por Subasta Inversa Electrónica

RESOLUCIÓN N° 590-2006-CONSUCODE-PRE

 

Aprueban Directiva “Procedimiento y plazos para la inscripción de los proveedores de bienes y/o de servicios en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)”

RESOLUCIÓN N° 592-2006-CONSUCODE-PRE

 

Aprueban Directiva Nº 011-2012-OSCE-CD “Procedimiento y plazos para la inscripción, renovación de inscripción, aumento de capacidad máxima de contratación, ampliación de especialidad e inscripción de subcontratos de ejecutores y consultores de obras en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)”

RESOLUCIÓN N° 286-2012-OSCE-PRE

 

Aprueban Directiva “Procedimiento para la obtención de la aprobación de la utilización de otro procedimiento o modalidad, en lugar de las modalidades de selección por Subasta Inversa o Convenio Marco”

 

RESOLUCIÓN Nº 295-2007-CONSUCODE-PRE

 

Aprueban Directiva Nº 001-2013-OSCE-CD “Procesos de selección electrónicos de Adjudicación de Menor Cuantía para la Contratación de bienes y servicios”

RESOLUCIÓN N° 047-2013-OSCE-PRE

 

Aprueban Directiva “Procedimiento para la inscripción y renovación de inscripción de proveedores de bienes y servicios en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)”

RESOLUCIÓN N° 363-2014-OSCE-PRE

 

Aprueban Directiva Nº 006-2014-CG-APROD “Ejercicio del Control Simultáneo”

RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 454-2014-CG

 

 

 

 

 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

 

Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos

LEY Nº 27332

 

Aprueban Reglamento de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, modificada por la Ley Nº 28337

DECRETO SUPREMO N° 042-2005-PCM

 

Ley de Promoción de la Inversión Privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos

DECRETO LEGISLATIVO Nº 839

 

Aprueban Ley de Incentivos a las Concesiones de Obras de Infraestructura y de Servicios Públicos

LEY Nº 26885

 

Texto Unico Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos

DECRETO SUPREMO Nº 059-96-PCM

 

Reglamento del Texto Unico Ordenado de las normas con rango de ley que regulan entrega en concesión al Sector Privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos

DECRETO SUPREMO Nº  060-96-PCM

 

Aprueban Reglamento de los Beneficios Tributarios para la Inversión Privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos

DECRETO SUPREMO Nº 132-97-EF

 

Ley que dispone la culminación y ejecución de proyectos de infraestructura urbana básica de agua potable, alcantarillado y/o electrificación

LEY Nº 27224

 

Aprueban Reglamento de la Ley que dispone la Culminación y Ejecución de Proyectos de Infraestructura Urbana Básica de Agua Potable, Alcantarillado y/o Electrificación

DECRETO SUPREMO Nº 025-2000-EF

 

Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas

LEY N° 27838

 

Elimina Sobrecostos en la Provisión de Obras Públicas de Infraestructura y de Servios Públicos mediante Inversión Pública o Privada

LEY N° 28754

 

 

Procedimiento especial para los procesos de contrataciones y adquisiciones para la ejecución de proyectos de saneamiento

DECRETO SUPREMO N° 024-2006-VIVIENDA

 

Aprueban Reglamento de la Ley Nº 28754, Ley que elimina sobrecostos en la provisión de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos mediante inversión pública o privada

DECRETO SUPREMO N° 110-2007-EF

 

Aprueban Directiva que establece Disposiciones Complementarias para la contratación del Servicio de Transporte de Sacas y Valijas por parte de las Entidades cuyo objeto social es la prestación de Servicios Postales

RESOLUCIÓN N° 003-2007-CONSUCODE-PRE

 

 

PROCESOS DE SELECCION

 

Reglamento del Decreto Ley Nº 25565 que creó el Sistema de Evaluación Internacional de Procesos para Licitaciones y Concursos

DECRETO SUPREMO Nº 133-92-EF

 

Ley que deroga el Decreto Ley Nº 25565

LEY Nº 28549

 

Alcances de la Ley del Sistema de Evaluación Internacional de Procesos para Licitaciones y Concursos, y de su reglamento

DECRETO SUPREMO N° 036-97-EF

 

Aprueban Directiva que establece procedimiento de expedición de constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

RESOLUCION Nº 064-2000-CONSUCODE-PRE

 

Autorizan a la Gerencia de Registros la emisión de la Constancia de No estar inhabilitado para contratar con el Estado

RESOLUCION Nº 032-99-CONSUCODE-PRE

 

Aprueban Directiva Nº 001-2009-CG/CA “Disposiciones aplicables al reporte de información sobre contrataciones estatales que las entidades públicas deben remitir a la Contraloría General de la República”

RESOLUCION DE CONTRALORIA Nº 080-2009-CG

 

Aprueban Directiva que establece procedimiento para remisión de actuados de las observaciones formuladas a las bases de procesos de selección que no haya sido acogidas por los Comités Especiales

RESOLUCION Nº 114-2001-CONSUCODE-PRE

 

Aprueban Directiva que regula la publicación de avisos referidos a procesos de selección en el Diario Oficial El Peruano

RESOLUCION Nº 118-2001-CONSUCODE-PRE

 

Aprueban Directiva que regula la información que debe contener el Registro de Procesos de Selección y Contratos a cargo de las Entidades del Sector Público

RESOLUCION Nº 119-2001-CONSUCODE-PRE

 

Aprueban Directiva Nº 016-2012-OSCE-CD “Participación de proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

RESOLUCIÓN Nº 291-2012-OSCE-PRE

 

Aprueban Directiva “Lineamientos estandarizados para la elaboración de Factores de Evaluación referidos al Objeto de la Convocatoria a ser incluidos en las Bases de los Procesos de Selección para la Contratación de Servicios de Consultoría de Obras”

RESOLUCIÓN N° 005-2007-CONSUCODE-PRE

 

Precisión respecto al pago de la Tasa en Recursos de Apelación, referidos a procesos de selección convocados a partir del 04.03.2007

ACUERDO Nº 004/2007

 

Aprueban Directiva que establece disposiciones sobre el contenido de las Bases Estandarizadas que las Entidades del Estado utilizarán obligatoriamente en los procesos de selección que convoquen

RESOLUCION Nº 011-2008-CONSUCODE-PRE

 

 

Aprueban Directiva “Disposiciones sobre la Documentación, Obligaciones y/o Requerimientos que las Entidades del Estado deben evitar al elaborar las Bases de los Procesos de Selección”

R. N° 290-2008-CONSUCODE-PRE

 

Aprueban Reglamento del Concurso Público para la Selección de los Postulantes al cargo de Presidente del Consejo Directivo de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos

DECRETO SUPREMO Nº 097-2011-PCM

 

Aprueban Reglamento del Concurso Público para la Selección de los Postulantes al cargo de miembro del Consejo Directivo de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos

DECRETO SUPREMO N° 103-2012-PCM

 

 

PUBLICACION DE AVISOS

 

Modifican resolución referida a la publicación de avisos de "Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley Nº 26850" en el Diario Oficial El Peruano

RESOLUCION Nº 068-99-CONSUCODE-PRE

 

Aprueban Directiva que regula la publicación de avisos referidos a procesos de selección en el Diario Oficial El Peruano

RESOLUCION Nº 118-2001-CONSUCODE-PRE

 

 

 

REGISTROS

 

Registro Nacional de Proveedores

DECRETO SUPREMO N° 184-2008-EF, CAPÍTULO I, TITULO V

 

Aprueban Directiva que establece requisitos y procedimientos para la incorporación de profesionales en el Registro de Arbitros del CONSUCODE

RESOLUCION Nº 078-2001-CONSUCODE-PRE

 

Aprueban Directiva que establece requisitos y procedimiento transitorio para la incorporación de árbitros en el Registro del CONSUCODE

RESOLUCION Nº 121-2001-CONSUCODE-PRE

 

Aprueban Directiva que regula la información que debe contener el Registro de Procesos de Selección y Contratos a cargo de las Entidades del Sector Público

RESOLUCION Nº 119-2001-CONSUCODE-PRE

 

 

 

PROCEDIMIENTOS

 

Directiva que establece montos a que se sujetan procesos de contrataciones y adquisiciones u obras que realicen entidades del Estado

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 229-98-EF-15

 

Aprueban directiva que establece procedimiento de verificación aleatoria de declaraciones juradas de postores beneficiarios de la buena pro

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº 946-GG-ESSALUD-99

 

Aprueban Directiva Nº 001-2009-CG/CA “Disposiciones aplicables al reporte de información sobre contrataciones estatales que las entidades públicas deben remitir a la Contraloría General de la República”

RESOLUCION DE CONTRALORIA Nº 080-2009-CG

 

Aprueban Directiva Nº 016-2012-OSCE-CD “Participación de proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

RESOLUCIÓN Nº 291-2012-OSCE-PRE

 

Aprueban Directiva que regula el reporte de información sobre procesos de selección y contratos al sistema de información sobre Contrataciones y Adquisiciones del Estado

RESOLUCION Nº 017-2004-CONSUCODE-PRE

 

Aprueban la Directiva "Requisitos y Procedimientos para la Incorporación de Árbitros y Conciliadores en el Registro de Neutrales del Consucode"

RESOLUCION N° 107-2006-CONSUCODE-PRE

 

Aprueban Directiva “Procedimiento para la tramitación de denuncias sobre Trasgresiones a la Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado”

RESOLUCIÓN N° 453-2007-CONSUCODE-PRE

 

Aprueban el procedimiento para los Concursos Públicos de evaluación y selección de los vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

DECRETO SUPREMO N° 034-2015-EF

 

 

 

ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

 

Aprueban Directiva sobre Aplicación en el Tiempo de Normas Procedimentales y Procesales sobre Conciliación y Arbitraje

RESOLUCION Nº 077-2005-CONSUCODE-PRE

 

Aprueban Directiva “Remisión de Actas de Conciliación y Laudos Arbitrales al CONSUCODE”

RESOLUCIÓN N° 080-2005-CONSUCODE-PRE

 

Aprueban Directiva sobre "Instalación de Tribunales Arbitrales Ad Hoc"

RESOLUCIÓN N° 081-2005-CONSUCODE-PRE

 

Aprueban la Directiva "Requisitos y Procedimientos para la Incorporación de Árbitros y Conciliadores en el Registro de Neutrales del Consucode"

RESOLUCIÓN N° 107-2006-CONSUCODE-PRE

 

Aprueban el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones y Adquisiciones del Estado

RESOLUCION Nº 258-2008-CONSUCODE-PRE

 

 

 

CONTRATACION DE PERSONAL

 

Establecen prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público, en casos de parentesco

LEY Nº 26771

 

Reglamento de la Ley que establece prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el Sector Público, en casos de parentesco

DECRETO SUPREMO Nº 021-2000-PCM

 

Ley sobre contrataciones y adquisiciones relacionadas con la delimitación del dominio marítimo del Perú

LEY Nº 29056

 

Ley sobre las excepciones presupuestarias previstas en la Ley Nº 29056

LEY N° 29225

 

 

 

EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE DECRETOS

 

Disposiciones que regulan la simplificación en la emisión y notificación de decretos o providencias realizadas por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

RESOLUCION Nº 513-2005-CONSUCODE-PRE

 

Implementan notificación por medios electrónicos de resoluciones definitivas expedidas por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado en recursos de revisión

ACUERDO N° 012-2006

 

Acuerdan implementar la modalidad de notificación por medios electrónicos, a través del SEACE, de los Acuerdos recaídos en los recursos de apelación y revisión seguidos ante el Tribunal

ACUERDO N° 015-2007

 

 

 

 

 

 

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Sumilla: "(...) El numeral 1 del artículo 148 del Reglamento, establece que dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato.

 

Resolución Nº 951-2015-TCE-S1

Sumilla: "(...) El numeral 1 del artículo 148 del Reglamento, establece
que dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al
consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado
administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Asimismo, precisa
que dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la
totalidad de la documentación prevista en las Bases (...)"


Lima, 15 de abril de 2015
Visto en sesión de fecha 15 de abril de 2015 de la Primera Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado el Expediente N° 3451/2014.TCE,
sobre el procedimiento administrativo sancionador contra la empresa
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS GENERALES VASCOR S.A.C., por su
presunta responsabilidad por no suscribir injustificadamente el contrato
en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 56-2014 GRA-SEDECENTRAL
? Tercera Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de Ayacucho, y
atendiendo a los siguientes:
ANTECEDENTES:
1. El 3 de julio del 2014, el Gobierno Regional de Ayacucho ? Sede
Central, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía
N° 56-2014 GRA-SEDECENTRAL ? Tercera Convocatoria, para el ?Servicio de
eliminación de desmote para la meta 0216: Mejoramiento de los Servicios
Educativos en el Instituto Superior Pedagógico Público José Salvador
Cavero Ovalle del Distrito y Provincia de Huanta?, con un valor
referencial de S/.23,163.30 (Veintitrés mil ciento sesenta y tres con
30/100 Nuevos Soles), en adelante el proceso de selección.
El 4 de julio de 2014, se realizó el acto de presentación de propuestas,
contando con la participación, entre otros, de la empresa ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS GENERALES VASCOR S.A.C.
El 14 de julio del 2014, el Comité Especial otorgó la Buena Pro a la
empresa ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS GENERALES VASCOR S.A.C.,
en lo sucesivo el Adjudicatario.
Mediante Acta de fecha 18 de agosto de 2014, el Comité Especial otorgó la
buena pro al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación:
Consorcio HUAMANGUILLA, pues el Adjudicatario no cumplió con suscribir el
contrato con la Entidad.
2. Mediante Oficio N° 1373-201-GS/GG-ORADM presentado el 24 de octubre de
2014 ante la Oficina Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad
Ayacucho, ingresado a la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del
Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad informó que la empresa
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS GENERALES VASCOR S.A.C., habría
incurrido en infracción al no presentar los documentos para la suscripción
del contrato dentro del plazo de ley, infracción tipificada en el literal
a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del
Estado, en lo sucesivo la Ley.
Sobre el particular, adjuntó a su comunicación, la Opinión Legal N°
680-2014-GRA-ORAJ-UAA/LYTH emitida por la Oficina de Asesoría Jurídica del
22 de setiembre del 2014, en donde señala lo siguiente:
i. El otorgamiento de la Buena Pro se produjo el 14 de julio del 2014 y el
consentimiento el 22 del mismo mes y año; por lo que, el plazo para la
presentación de los documentos requeridos para la suscripción del contrato
venció el día 8 de agosto de 2014.
ii. El Adjudicatario tuvo la opción de presentar la documentación para la
celebración del contrato, dentro del plazo de doce (12) días siguientes
al consentimiento de la buena pro; sin embargo, pese a haber transcurrido
con demasía el plazo previsto, no cumplió con presentar la documentación
que corresponde. Al respecto, de acuerdo a la normativa de contrataciones
vigente, el Adjudicatario pierde de manera automática la buena pro y
corresponde citar al postor que ocupó el segundo lugar por orden de
prelación.
iii. Por lo expuesto, se determina que el Adjudicatario ha incurrido en la
causal de infracción establecida en el literal a) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado.
3. Con decreto del 5 de noviembre del 2014, se admitió a trámite la
solicitud de aplicación de sanción realizada por la Entidad, y se dispuso
el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra la empresa
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS GENERALES VASCOR S.A.C., por su
presunta responsabilidad al no suscribir injustificadamente el contrato
derivado del proceso de selección. A estos efectos, se otorgó a la citada
empresa, un plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con formular
sus descargos, bajo apercibimiento de resolverse el procedimiento con la
documentación obrante en el expediente.
4. Mediante escrito presentado ante la Oficina Desconcentrada de OSCE
ubicada en la ciudad de Ayacucho el 31 de diciembre de 2014 e ingresado a
la Mesa de Partes del Tribunal el 5 de enero de 2015, el Adjudicatario se
apersonó al procedimiento y formuló sus descargos, manifestando que el 12
de julio de 2014, su representada se encontraba conduciendo una moto
lineal por las inmediaciones de la ruta Ayacucho ? Huanta, siendo
impactado por un auto colectivo, siendo internado de emergencia en una
clínica particular desde el 12 de julio de 2014 hasta el 26 de julio del
mismo año, más quince días de reposo; por lo que, no tuvo la oportunidad
de tomar conocimiento de la buena pro otorgada a su favor. Asimismo, no
fue notificada telefónicamente del otorgamiento de la buena pro. En ese
sentido, solicita se le exima de responsabilidad, pues fue impedido de
presentar la documentación para la suscripción del contrato por un evento
fortuito.
5. Por decreto del 9 de enero del 2015, se tuvo por apersonado al
Adjudicatario, dejándose a consideración de la Sala los argumentos
expuestos, teniéndose por señalado su domicilio procesal y remitiéndose el
expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva.
6. Con Resolución N° 006-2015-OSCE/PRE de fecha 9 de enero de 2015, se
dispuso la reconformación de las Salas de Tribunal, así como el respectivo
traslado de expedientes a las Salas de destino, por lo que en virtud de lo
dispuesto en el Acuerdo de Sala Plena N° 008/2012, por decreto de fecha 15
de enero de 2015 se remitió el presente expediente a la Primera Sala del
Tribunal para que resuelva, teniendo en cuenta que el cómputo de los
plazos estipulados por los artículos 116 y 242 del Reglamento serán
contados a partir del día siguiente de emitido el citado decreto.
FUNDAMENTACIÓN:
1. El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la
supuesta responsabilidad del Adjudicatario, por la no suscripción
injustificada del contrato, derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía
N° 56-2014 GRA-SEDECENTRAL ? Tercera Convocatoria, para el ?Servicio de
eliminación de desmote para la meta 0216: Mejoramiento de los Servicios
Educativos en el Instituto Superior Pedagógico Público José Salvador
Cavero Ovalle del Distrito y Provincia de Huanta?, infracción tipificada
en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51º de la Ley, norma
vigente durante la ocurrencia de los hechos materia de análisis.
Sobre la naturaleza de la infracción
2. Al respecto, la infracción tipificada en el literal a) del numeral 51.1
del artículo 51° de la Ley establece que se impondrá sanción
administrativa a los proveedores, participantes, postores y contratistas
que no mantengan su oferta hasta el consentimiento de la buena pro, de
resultar ganadores hasta la suscripción del contrato, no suscriban
injustificadamente el contrato o acuerdo de Convenio Marco, o no reciban
injustificadamente la orden de compra o de servicio emitida a su favor.
3. Este supuesto de hecho descrito como sancionable, alude al
comportamiento del postor adjudicado con la buena pro que impide o frustra
el perfeccionamiento del contrato al no apersonarse a la suscripción del
mismo, al no recibir la orden de compra o de servicio, o al no presentar
la documentación requerida para ello, sin contar con justificación
aparente, que consecuentemente, devendrá en la no suscripción del contrato
o la no emisión, ni recepción de la correspondiente orden de compra o de
servicio, incumpliendo de esta manera con sus deberes con la
administración.
4. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 137°
del Reglamento, una vez que el otorgamiento de la buena pro ha quedado
consentido o administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los
postores ganadores están obligados a suscribir el o los contratos
respectivos.
5. Sobre el particular, el numeral 1 del artículo 148 del Reglamento,
establece que dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al
consentimiento de la Buena Pro o cuando ésta haya quedado
administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Asimismo, precisa
que dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la
totalidad de la documentación prevista en las Bases, b) La Entidad, de
corresponder, solicita la subsanación de la documentación presentada y c)
El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad.
6. De otro lado, el numeral 7 del artículo 148 del Reglamento dispone que
cuando el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a
suscribir el contrato injustificadamente, según corresponda, en los plazos
antes indicados, perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la
sanción administrativa aplicable. En tal caso, el órgano encargado de las
contrataciones citará al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de
prelación a fin que presente la documentación y suscriba el contrato en el
plazo previsto en el numeral 1 previsto en dicho numeral.
De esta forma, los plazos mencionados precedentemente han sido previstos
por la norma de la materia, evitándose de esta manera que las entidades
otorguen plazos arbitrarios que impidan recabar los documentos necesarios
para la respectiva suscripción del contrato.
7. Para el cómputo de los referidos plazos, cabe traer a colación lo
dispuesto en el artículo 75 del Reglamento, respecto a que el otorgamiento
de la Buena Pro realizado en acto público se presumirá notificado a todos
los postores en la misma fecha y que dicha presunción no admite prueba en
contrario. De otro lado, el otorgamiento de la buena pro en acto privado
se publicará y entenderá notificado a través del SEACE el mismo día de su
realización.
Configuración de la infracción
8. De la revisión de los antecedentes administrativos, se aprecia que el
14 de julio del 2014 se notificó, a través de su publicación en el SEACE,
el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario.
9. En ese sentido, al no ser el único postor que presentó propuesta, y
considerando el tipo de proceso de selección, el consentimiento de la
Buena Pro se produjo a los cinco (5) días hábiles, es decir el 21 de julio
de 2014; por lo que el Adjudicatario debía presentar la documentación
correspondiente y suscribir el respectivo contrato, conforme a lo
establecido en las Bases, dentro de los doce (12) días hábiles siguientes
al consentimiento de la buena pro, es decir, hasta el 8 de agosto del
2014.

10. Consecuentemente, el Adjudicatario tenía plazo para presentar la
documentación necesaria prevista en las Bases y suscribir el contrato con
la Entidad, hasta el 8 de agosto de 2014.
11. Al respecto, de la documentación existente en el expediente, se
advierte que el Adjudicatario no presentó la documentación para la
suscripción del contrato hasta la fecha máxima para entregarlos, esto es,
el 8 de agosto del 2014, incumpliendo de esta manera con presentarlos en
el momento oportuno y legalmente establecido; por lo que, en estricta
aplicación de lo dispuesto en el numeral 7) del artículo 148º del
Reglamento, el postor ganador que no presente la documentación y/o no
concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes
indicados perderá automáticamente la buena pro, ello sin perjuicio de la
sanción administrativa aplicable.
12. Ahora bien, el artículo 137 del Reglamento establece que en caso el o
los postores ganadores de la Buena Pro se nieguen a suscribir el contrato,
serán pasibles de sanción, salvo imposibilidad física o jurídica
sobrevenida al otorgamiento de la Buena Pro que no le es atribuible,
declarada por el Tribunal. Es decir, entre las causales que justificarían
la no suscripción de un contrato, debe distinguirse la imposibilidad
física o jurídica.
13. La imposibilidad física constituye un impedimento temporal o
permanente que inhabilita a la persona, de modo que éste se vea
irremediable e involuntariamente forzado a no hacer algo. La imposibilidad
jurídica por su parte, está vinculada a la afectación temporal o
permanente de la capacidad jurídica de la persona para ejercer derechos o
cumplir obligaciones, pues al hacerlo se produciría la contravención del
marco jurídico aplicable al caso, y consecuentemente, la posible invalidez
o ineficacia de los actos así realizados.
14. En ejercicio de su derecho de defensa, el Adjudicatario ha reconocido
no haber presentado la documentación para la suscripción del contrato,
señalando que el 12 de julio de 2014, mientras su representante legal
conducía su moto lineal por las inmediaciones de la ruta Ayacucho ? Huanta
sufrió un accidente automovilístico que originó su internamiento por
emergencia en la Clínica María del Pilar de la ciudad de Ayacucho, por el
período comprendido desde el 12 de julio de 2014 hasta el 26 de julio del
mismo año; por lo que, no tuvo la oportunidad de tomar conocimiento de la
buena pro otorgada a su favor. En ese sentido, solicita se le exima de
responsabilidad, pues fue impedido de presentar la documentación para la
suscripción del contrato por un evento fortuito. Asimismo, señala que no
fue notificado telefónicamente del otorgamiento de la buena pro.
15. Al efecto, adjunta en sus descargos copia del Certificado Médico de
fecha 12 de julio de 2014, suscrito por el médico neurólogo Fredy
Guillermo Gutiérrez Muñoz, con CMP Nº 53106, quien indica haber atendido
al señor Ángel Franklin Vásquez Quispe el día 12 de julio de 2014, por un
cuadro clínico de TEC leve, cefalea postraumática y policontso por
accidente en moto lineal, por lo que se le indicó tratamiento médico y
reposo absoluto por 15 días, más 15 días de reposo relativo.
16. Al respecto, cabe indicar que las personas naturales y jurídicas que
participan en los procesos de selección, conocen las reglas y
procedimientos establecidos en la normativa en contratación pública
durante el desarrollo del proceso de selección y para la etapa de
ejecución contractual; por lo tanto, todo proveedor se encuentra obligado
a conocer las condiciones, requisitos y plazos para la suscripción del
contrato, y, por ende, tener la diligencia debida para cumplir con tales
exigencias.
Asimismo, es preciso recordar que los plazos previstos para la suscripción
del contrato son perentorios, debiendo ser respetados por los postores,
quienes se sujetan a las reglas en materia de contratación pública desde
el momento que participan en los procesos de selección, conforme a lo
establecido en el artículo 148° del Reglamento.
17. Ahora bien, el Adjudicatario alega haber sufrido un accidente
automovilístico quedando inconsciente hasta la llegada de la ayuda
policial, para posteriormente ser conducido e internado en la Clínica
María del Pilar de la ciudad de Ayacucho desde el 12 al 26 de julio de
2014; no obstante, de la documentación remitida en sus descargos no se
aprecia documento alguno que acredite la intervención policial, ni el
internamiento de su persona en la clínica antes mencionada, que cause
certeza en este Colegiado sobre lo alegado por el Adjudicatario, por el
contrario sólo ha presentado un certificado médico particular de fecha 12
de julio de 2014, que sólo señala y prescribe ?tratamiento médico y reposo
absoluto? y no internamiento de su representante legal en una clínica por
emergencia, documento que no resulta convincente, ni objetivo para
desvirtuar su responsabilidad por la no suscripción del contrato con la
Entidad en los plazos señalados por Ley.
18. Finalmente, respecto a la falta de citación por parte de la Entidad
para que el Adjudicatario se presente los documentos y suscriba el
contrato; corresponde indicar que, conforme a lo normativa glosada en los
fundamentos antes expuestos, el procedimiento establecido para la
suscripción del contrato se llevará a cabo, sin mediar citación alguna,
por lo que, al no existir tal obligación el Adjudicatario debía cumplir
con la obligación de suscribir el contrato, previa entrega de los
documentos correspondientes.
19. En tal sentido, este Colegiado considera necesario recalcar que es
parte del DEBER DE DILIGENCIA de los administrados y en particular de los
postores que participan en un proceso de selección, realizar las
actuaciones que sean necesarias que les permitan cumplir con sus deberes
con la Entidad.
20. Por los fundamentos expuestos, se ha acreditado la configuración de la
infracción de no suscribir injustificadamente el contrato derivado de la
Adjudicación de Menor Cuantía N° 56-2014 GRA-SEDECENTRAL ? Tercera
Convocatoria; por tanto, este Colegiado concluye que la empresa
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS GENERALES VASCOR S.A.C. ha
incurrido en la causal de infracción prevista en el literal a) del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley, por lo que corresponde imponerle sanción
administrativa.
Graduación de la Sanción imponible
21. El numeral 51.2 del artículo 51 de la citada Ley establece que los
proveedores, participantes, postores y contratistas que incurran en la
causal establecida en el literal a) del numeral 51.1, serán sancionados
con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no
menor a seis (6) meses ni mayor a tres (3) años, por lo que, a efectos de
determinar la sanción a imponerse, deben aplicarse los criterios para la
determinación gradual de la sanción previstos en el artículo 245 del
Reglamento.
22. De esta manera, en lo que concierne a la naturaleza de la infracción,
es importante tomar en consideración que desde la conducta del infractor,
pues desde el momento en que el Adjudicatario fue adjudicado con la buena
pro, debió cumplir cabalmente, dentro del plazo correspondiente, con
apersonarse para entregar la documentación y suscribir el contrato
respectivo con la Entidad.
23. En cuanto a la intencionalidad del infractor, debe valorarse, que pese
a haber sido adjudicado, lo cual implica el conocimiento previo de las
reglas establecidas en las Bases Administrativas del proceso de selección,
se presentó fuera del plazo sin la documentación correspondiente para
suscribir el contrato.
24. Con relación al criterio del daño causado, éste se plasma con la
demora ocasionada a la Entidad de no poder satisfacer sus necesidades
requeridas en el tiempo programado.
25. En cuanto a la conducta procesal del infractor debe valorarse que el
Adjudicatario se apersonó a esta instancia a exponer sus descargos
respecto de la infracción imputada.
26. Por otro lado, debe considerarse el hecho de que el Adjudicatario no
ha sido inhabilitado anteriormente para participar en procesos de
selección y para contratar con el Estado.
27. Resulta importante considerar el Principio de Razonabilidad consagrado
en el numeral 1.4 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, según el cual las decisiones de la
autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan
restricciones a los administrados deben adoptarse dentro de los límites de
la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios
a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a
lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.
28. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte
del Adjudicatario tuvo lugar el 8 de agosto de 2014, por ser éste el día
en que se materializó la imposibilidad de suscribirse el contrato por no
haber presentado el Adjudicatario la documentación correspondiente.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente
Víctor Manuel Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Mario
Fabricio Arteaga Zegarra y Ana Teresa Revilla Vergara, atendiendo a lo
dispuesto en la Resolución Nº 006-2015/OSCE-PRE, y en ejercicio de las
facultades conferidas en el artículo 63 de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, y los artículos 18 y 19 del Reglamento
de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial
Nº 789-2011-EF/10, analizados los antecedentes, y luego de agotado el
debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
1. SANCIONAR a la empresa ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
GENERALES VASCOR S.A.C. (R.U.C. N° 20534247673), por el período de seis
(6) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en
procesos de selección y contratar con el Estado, por no suscribir
injustificadamente el contrato derivado de la Adjudicación de Menor
Cuantía N° 56-2014 GRA-SEDECENTRAL ? Tercera Convocatoria, infracción
tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017 y
modificada por Ley Nº 29873, la cual entrará en vigencia a partir del
sexto día hábil de notificada la presente Resolución.
2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal comunique la sanción
al Registro Nacional de Proveedores a través del Sistema Informático del
Tribunal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESIDENTE

VOCAL
VOCAL

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº
687-2012/TC del 03.10.2012.
ss.
Arteaga Zegarra
Villanueva Sandoval
Revilla Vergara

 

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Sumilla: ?Es criterio sentado por el Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia que todo postor es responsable por la veracidad de la documentación que presenta como parte de su acervo documentario con ocasión de un proceso de selección, con

 

Resolución Nº 952-2015-TCE-S1

Sumilla: ?Es criterio sentado por el Tribunal en uniforme y reiterada
jurisprudencia que todo postor es responsable por la veracidad de la
documentación que presenta como parte de su acervo documentario con
ocasión de un proceso de selección, con independencia de si fue tramitado
por sí mismo o por un tercero, toda vez que el beneficio por la
falsificación incurrida recae directamente sobre él".

Lima, 15 de abril de 2015

Visto en sesión de fecha 15 de abril de 2015 de la Primera Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado el Expediente N° 2942/2014.TC, sobre
el procedimiento administrativo sancionador contra el CONSORCIO VÍA NOVA
conformado por los señores YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA, MIGUEL EDUARDO
CARRANZA HARO y VICTOR HUGO CRUZADO DÍAZ, por su presunta responsabilidad
en la presentación de documentación falsa y/o inexacta en el marco de la
Adjudicación Directa Pública N° 5-2014/GRLL-GRAB - Primera Convocatoria; y
atendiendo a los siguientes:
ANTECEDENTES:
1. El 16 de abril de 2014, el GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD, en
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Pública N°
5-2014/GRLL-GRAB - Primera Convocatoria, para la contratación de la
?Supervisión de obra: Mejoramiento de los servicios educativos primaria y
secundaria de la IE 80820 - Víctor Larco en el sector Vista Alegre,
distrito de Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad?, en lo sucesivo
el proceso de selección, con un valor referencial de S/. 290,752.00
(Doscientos noventa mil setecientos cincuenta y dos con 00/100 nuevos
soles).
2. De acuerdo con la información obrante en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado (SEACE), el 19 de junio de 2014 se llevó a cabo
el acto público de presentación de propuestas, en cuyo marco se recibió la
oferta del CONSORCIO VÍA NOVA conformado por los señores YURI RAFAEL
SALDAÑA AHUMADA (RUC N° 10181113206), MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO (RUC N°
10328045431) y VICTOR HUGO CRUZADO DÍAZ (RUC N° 10188885867).
3. Mediante formulario de aplicación de sanción y Carta N°
1-2014-G-DENBARK/DDBV, presentados el 29 de agosto de 2014 antes la
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo e
ingresados a la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado,
en lo sucesivo el Tribunal, el 2 de setiembre de 2014, la empresa GRUPO
DENBARK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., integrante del CONSORCIO
CONSULTORES ASOCIADOS (en adelante, el Denunciante) denunció que el
CONSORCIO VÍA NOVA (en adelante, el Consorcio) había presentado
documentación falsa y/o con información inexacta en el marco de su
propuesta técnica para el referido proceso de selección. Su denuncia lo
sustentó en lo siguiente:
i. A folios 120 de su propuesta técnica, el Consorcio presentó la
Constancia de conformidad de Servicio otorgada por el Ing. VICTOR HUGO
CRUZADO DIAZ a favor de la Ing. PAULA ROSA ZARATE DIOSES (identificada con
DNI N° 41183714), acreditando que supuestamente habría ejercido el cargo
de Asistente de Supervisión en la obra "Mejoramiento de los Servicios de
Salud del Puesto de Salud Huancaquito Alto - Provincia de Virú -
Infraestructura", ejecutada por la Municipalidad Provincial de Virú. Sin
embargo, en el Contrato suscrito entre el Contratista de dicha obra (Ing.
VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ) y la citada Entidad (Municipalidad Provincial de
Virú), figura el lng. PAUL YERKO VARGAS VIGO como Asistente de
Supervisión, información que se puede corroborar en el Folio N° 232 de la
propuesta técnica de aquél.
En relación con dicha situación, mediante Carta N° 3-2014-CONSORCIO
CONSULTORES ASOCIADOS, el Denunciante solicitó a la Municipalidad
Provincial de Virú informar si durante la ejecución del contrato existió
un cambio de profesional en el referido cargo, ante lo cual la Entidad,
mediante Oficio N° 62-2014-GDUR/MPV , respondió que en la ejecución de la
mencionada consultoría de obra, la función de ?Asistente de Supervisión?
la desempeñó el Ing. PAUL YERKO VARGAS VIGO, no habiéndose efectuado
ningún cambio de profesional.
En adición a ello, la Denunciante precisa que en la ?Constancia de
conformidad de Servicio? expedida por el Ing. VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ a
la Ing. PAULA ROSA ZARATE DIOSES se precisa que el servicio supuestamente
desempeñado lo realizó entre el 26 de octubre de 2012 y el 24 de mayo de
2013; sin embargo, del Oficio N° 62-2014-GDUR/MPV remitido por la
Municipalidad Provincial de Virú se observa que la prestación total del
contrato se ejecutó desde el 26 de octubre de 2012 hasta el 30 de abril de
2013.
ii. A folios 124 de su propuesta técnica, el Consorcio presentó la
Constancia de conformidad de Servicio otorgada por el Ing. YURI RAFAEL
SALDAÑA AHUMADA (integrante del Consorcio Vía Nova) a favor de la Ing.
PAULA ROSA ZARATE DIOSES (identificada con DNI N° 41183714), acreditando
que supuestamente habría ejercido el cargo de Asistente de Supervisión en
la obra "Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la IE 80036 ? San
Martín de Porres ? distrito de La Esperanza ? Trujillo ? La Libertad",
ejecutada por el Gobierno Regional de La Libertad. Sin embargo, en el
Contrato suscrito entre el Contratista de dicha obra (Ing. YURI RAFAEL
SALDAÑA AHUMADA) y el Gobierno Regional de La Libertad, figura el lng.
RAMÓN ALFREDO AGUILAR ARMAS como Asistente de Supervisión.
En relación con dicha situación, mediante Cartas N° 3 y 4-2014-CONSORCIO
CONSULTORES ASOCIADOS, el Denunciante solicitó a la Entidad informar si
durante la ejecución del contrato existió algun cambio de profesional en
el referido cargo, ante lo cual aquélla, mediante Carta N°
127-2014-GRLL-GGR-GRCO , respondió que ninguna de las adendas suscritas
con el Ing. Yuri Rafael Saldaña Ahumada tuvo por objeto designar a la Ing.
Paula Rosa Zárate Dioses.
iii. A folios 143 de su propuesta técnica, el Consorcio presentó el
Certificado de Asistente de Supervisión del Arquitecto YERRY POWER DIAZ
GAMBOA, con Reg. CAP 13205, en donde se indica que dicho profesional
ejerció el citado cargo en la obra ?Construcción del edificio Residencial
Daniel Hoyle? desde el 22 de noviembre de 2010 al 30 de julio de 2011; sin
embargo, de acuerdo con el folio 141, se puede apreciar que la colegiatura
del arquitecto en mención tiene como fecha de registro el 9 de enero de
2011, lo cual demuestra que el CONSORCIO VIA NOVA presentó información
inexacta respecto a la fecha que se consigna en el Certificado de
Asistente de Supervisión como inicio del ejercicio de sus funciones del
citado profesional, por cuanto al 22 de noviembre de 2010, éste aún no se
encontraba facultado para ejercer la profesión.
Por tales razones, corresponde imponer sanción administrativa de
inhabilitación a los integrantes del CONSORCIO VIA NOVA.
Cabe precisar que, como recaudos de su denuncia, el Denunciante remitió
copia de la documentación referida.
4. Mediante decreto del 10 de setiembre de 2014, se admitió a trámite la
denuncia presentada y se requirió a la Entidad que cumpla previamente con
remitir, entre otros, un Informe Técnico Legal de su asesoría, sobre la
procedencia y presunta responsabilidad de los señores YURI RAFAEL SALDAÑA
AHUMADA (RUC N° 10181113206), MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO (RUC N°
10328045431) y VICTOR HUGO CRUZADO DÍAZ (RUC N° 10188885867), debiendo
enumerar y remitir copias legibles de los documentos supuestamente falsos
o con información inexacta, así como su respectiva acreditación en mérito
a una fiscalización posterior realizada a los mismos. Asimismo, se le
requirió remitir copia legible de la propuesta técnica debidamente
ordenada y foliada cronológicamente; otorgándosele el plazo de diez (10)
días hábiles para tales efectos.
5. Mediante Oficio N° 1208-2014-GRLL-GRCO presentado el 13 de octubre de
2014 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de
Trujillo e ingresado a la Mesa de Partes del Tribunal el 14 de octubre de
2014, la Entidad remitió, entre otros, el Informe Legal N°
64-2014-GRLL-GGR/GRAJ-SMTI, en el cual concluye que el CONSORCIO VIA NOVA
ha cometido la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51° de la Ley, por la presentación de documentación falsa y/o con
información inexacta en su propuesta técnica para la Adjudicación Directa
Pública N° 5-2014/GRLL-GRAB - Primera Convocatoria, convocada para la
contratación de la ?Supervisión de obra: Mejoramiento de los servicios
educativos primaria y secundaria de la IE 80820 - Víctor Larco en el
sector Vista Alegre, distrito de Víctor Larco Herrera - Trujillo - La
Libertad?.
Sin embargo, cabe precisar que en el marco del referido informe legal, la
Entidad sólo se pronunció respecto de la responsabilidad del Consorcio en
los hechos descritos en el literal b) del numeral 3 de los presentes
Antecedentes, relacionados con la obra "Mejoramiento de la Infraestructura
Educativa en la IE 80036 ? San Martín de Porres ? distrito de La Esperanza
? Trujillo ? La Libertad", ejecutada por el Gobierno Regional de La
Libertad; y no así respecto de los hechos descritos en los literales a) y
c).
6. Vista la razón de Secretaría del Tribunal, mediante decreto de fecha 21
de octubre de 2014, el expediente fue remitido a la Tercera Sala del
Tribunal a fin de que evalúe la procedencia del inicio de procedimiento
administrativo sancionador contra el Contratista.
7. Mediante decreto del 11 de noviembre de 2014, la Tercera Sala del
Tribunal solicitó información adicional a la Entidad, requiriéndole la
remisión de un Informe Técnico Legal complementario de su asesoría, en el
cual se pronuncie de manera clara y precisa respecto de lo señalado por la
Denunciante en el sentido de que además de la ?Constancia de Conformidad
de Servicios suscrita por el Ing. Yuri Rafael Saldaña Ahumada a favor de
la Ing. Paula Rosa Zárate?, existirían otros documentos supuestamente
falsos o inexactos sobre los cuales su representada no se habría
pronunciado en el informe que remitiera. Dicha información, no fue
remitida por la Entidad.
8. Mediante Acuerdo N° 1146/2014.TC-S3 del 2 de diciembre de 2014, el
Tribunal dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra
los señores YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA, MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO y
VICTOR HUGO CRUZADO DÍAZ, integrantes del CONSORCIO VIA NOVA, por la
presunta presentación de documentación falsa o información inexacta en su
propuesta técnica para la Adjudicación Directa Pública N° 5-2014/GRLL-GRAB
- Primera Convocatoria; infracción tipificada en el literal j) del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por
Decreto Legislativo Nº 1017 y modificada mediante Ley N° 29873. Asimismo,
se otorgó a cada integrante del consorcio el plazo de diez (10) días,
efecto de que presente sus descargos.
9. Con escrito presentado el 22 de diciembre de 2014 ante la Oficina
Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, ingresado el 23
de diciembre del mismo año a la Mesa de Partes del Tribunal, el señor
MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO, integrante del CONSORCIO VIA NOVA, presentó
sus descargos de manera individual, manifestando lo siguiente:
? Teniendo en cuenta el aporte y compromiso asumido con el Consorcio, la
documentación presentada por su persona no es materia de cuestionamiento,
sino las aportadas por los demás consorciados, de modo que considera que
no asume responsabilidad solidaria en el presente procedimiento
administrativo sancionador, toda vez que se individualizó las obligaciones
y compromisos asumidos en el Consorcio.
? Cada uno de los consorciados asumieron obligaciones en el Consorcio, en
su caso fue el aporte de la Experiencia tanto en la Actividad así como en
la Especialidad, de modo que en atención al aporte asumido es que le
corresponde el 50% de obligaciones, siendo que los documentos cuestionados
corresponden a los consorciados Víctor Hugo Cruzado y Yuri Saldaña
Ahumada, quienes responderán por la veracidad de los mismos, puesto que no
son falsos ni contienen información inexacta.
? A nivel de Consorcio, señala que los documentos presentados para
acreditar la experiencia de la Asistente de Supervisión Ing. Paula Rosa
Zárate Dioses, tanto la Constancia de Conformidad de Prestación de
Servicios otorgada por el Ing. Víctor Hugo Cruzado Díaz, la misma que
acredita haber ejercido el cargo de Asistente de Supervisión en la obra
"Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud de
Huanchaquito Alto - Provincia de Virú", si bien es cierto se cuestiona que
la referida profesional no habría laborado en dicha obra por información
de la propia municipalidad, no obstante, ésta sola informa de los
profesionales propuestos que habrían derivado del proceso de selección,
sin tener en consideración que no existe prohibición alguna para que se
pueda contratar otros asistentes de Supervisión para la obra.
El mismo argumento es aplicable para el caso de la Constancia de
Conformidad de Prestación de Servicios otorgada a la Ing. Paula Rosa
Zárate Dioses por parte del Ing. Yuri Rafael Saldaña Ahumada, que acredita
haber ejercido el cargo de Asistente de Supervisión en la obra
"Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E. 80036 San Martín
de Porres - Distrito de La Esperanza - Trujillo - La Libertad". De modo
tal, que la constancias cuestionadas no son falsas ni contienen
información inexacta.
? Respecto al cuestionamiento del momento de la colegiatura del Arq. Yerry
Power Díaz Gamboa, que no guarda relación con el certificado que acredita
que dicho profesional ejerció el cargo de Asistente de Supervisión en el
periodo 22 de noviembre del 2010 al 30 de julio del 2011; señala que: i)
la certificación se otorga como documento que acredita los servicios
prestados en una determinada obra, es decir se acredita la experiencia,
ii) con dicho documento no se está dando conformidad a la colegiatura,
iii) el documento se otorga el 19 de agosto del 2011, en calidad de
Arquitecto Colegiado.
Es decir laboró como asistente de supervisión en dicho periodo en una obra
determinada, siendo que la Ley de Contrataciones del Estado no es
aplicable a dicha experiencia por que la obra ejecutada es privada, en
todo caso fue contratado aun siendo Bachiller, terminando el cargo como
Arquitecto, esta acreditación de la experiencia no se encuentra prohibida,
más aun de tratarse de una obra privada.
? Solicita el uso de la palabra.
10. Con escrito presentado el 23 de diciembre de 2014 ante la Oficina
Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, ingresado el 24
de diciembre del mismo año a la Mesa de Partes del Tribunal, el señor
VICTOR HUGO CRUZADO DÍAZ, integrante del CONSORCIO VIA NOVA, presentó sus
descargos de manera individual, manifestando lo siguiente:
? El Ing. Carranza Haro, participó en el consorcio con el aporte de la
experiencia, cuya documentación no ha sido cuestionada.
? Con relación a la Constancia de Conformidad de Prestación de Servicios
presentada para acreditar la experiencia de la Asistente de Supervisión
Ing. Paula Rosa Zárate Dioses, señala que si bien es cierto la información
brindada por la Municipalidad Provincial de Virú a través del Oficio
N°062-2014- GDUR/MPV del 30 de julio del 2014, en el que informa que: i)
su persona ejerció el cargo de Supervisor de la obra, e ii) indicó que el
cargo de Asistente de Supervisión, fue ejercido por el Ing. Yerko Vargas
Vigo; también es cierto, que la mencionada municipalidad no supervisa al
personal ni equipos distintos a los solicitados en los requerimientos
técnicos mínimos para la ejecución de la obra, y que son por cuenta y
cargo de la contratista, de los mismos que no puede certificar.
En ese sentido, el 25 de octubre del 2012, su persona suscribió Contrato
de Locación De Servicios con la Ing. Paula Rosa Zárate Dioses, para que
asuma el cargo de Asistente de Supervisión, a efectos de que pueda brindar
sus servicios profesionales en la ejecución de la obra como asistente, y
le informe de los hechos que pudieran darse en el proceso constructivo,
cuya responsabilidad recaía en su persona, por lo tanto el documento
cuestionado contiene información veraz, que se condice con la realidad de
los hechos.
? En relación al cuestionamiento del Certificado que acredita al Arq.
Yerry Power Díaz Gamboa en el cargo de Asistente de Supervisión en el
periodo del 22 de noviembre del 2010 al 30 de julio del 2011, cuando dicho
profesional obtuvo su colegiatura recién el 9 de enero del 2011; señala
que: i) la certificación se otorga como documento que acredita los
servicios prestados como asistente de supervisión en una determinada obra,
es decir se acredita la experiencia del profesional; ii) con dicho
documento no se está dando conformidad a la colegiatura; y, iii) el
documento se otorga el 19 de agosto del 2011, en calidad de Arquitecto
colegiado.
? El certificado cuestionado acredita la experiencia del profesional por
un determinado periodo de tiempo, es decir laboró como asistente de
supervisión en dicho periodo en una obra determinada, asimismo la Ley de
Contrataciones del Estado no es aplicable a dicha experiencia por que la
obra ejecutada es privada, en todo caso la contratista lo contrató aun
siendo Arquitecto, terminando el cargo como Arquitecto colegiado, esta
acreditación de la experiencia no se encuentra prohibida, más aun de
tratarse de una obra privada.
En ese sentido, se advierte que el señor Yerry Power Díaz Gamboa fue
contratado como Arquitecto para el cargo de Asistente de Supervisión de
Obra, y como tal lo ejerció por el periodo contratado por la Empresa Trial
Constructores, y que durante su trabajo fue colegiado (09.01.2011), esta
colegiatura en nada anula la experiencia adquirida en los meses previos a
la misma, ya que la experiencia es la destreza adquirida en un periodo de
tiempo; por lo que el documento cuestionado no contiene información
inexacta.
? Solicita el uso de la palabra.
11. Con escrito presentado el 24 de diciembre de 2014 ante la Oficina
Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, ingresado el 29
de diciembre del mismo año a la Mesa de Partes del Tribunal, el señor YURI
RAFAEL SALDAÑA AHUMADA, integrante del CONSORCIO VIA NOVA, presentó sus
descargos de manera individual, manifestando los mismos descargos que el
señor VICTOR HUGO CRUZADO DÍAZ, señalando, además, que el informe legal de
la Entidad se basa para emitir su opinión legal sobre la comisión de la
infracción en el informe técnico, el mismo que contiene argumentos errados
sobre la libre contratación entre particulares, certifica los hechos que
no le constan, ya que la opinión técnica se ha hecho sobre el expediente
de contratación, más no sobre el proceso constructivo de la obra, es
decir, la participación de los profesionales en la obra, máxime si se puso
en conocimiento de la contratista ejecutora de la obra, la participación
de la Ing. Paula Rosa Zárate Dioses, como Asistente de Supervisor.
Asimismo, solicitó el uso de la palabra.
12. Mediante decreto de fecha 31 de diciembre de 2014, se tuvo por
apersonado a los señores YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA, MIGUEL EDUARDO
CARRANZA HARO y VICTOR HUGO CRUZADO DÍAZ, integrantes del CONSORCIO VIA
NOVA, por presentados sus descargos de manera individual, por señalado sus
domicilios procesales y se remitió el expediente a la Tercera Sala para
que resuelva.
13. Mediante Resolución N° 006-2015-OSCE/PRE de fecha 9 de enero de 2015,
se dispuso la reconformación de las Salas de Tribunal, así como el
respectivo traslado de expedientes a las Salas de destino, por lo que en
virtud de lo dispuesto en el Acuerdo de Sala Plena N° 008/2012, por
decreto de fecha 15 de enero de 2015 se remitió el presente expediente a
la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, teniendo en cuenta que el
cómputo de los plazos estipulados por los artículos 116 y 242 del
Reglamento serán contados a partir del día siguiente de emitido el citado
decreto.
14. Con decreto de fecha 23 de enero de 2015, se convocó a audiencia
pública para el 2 de febrero del mismo año, la cual fue reprogramada para
el 10 de febrero del mismo año, según decreto del 27 de enero de 2015, la
cual se realizó con la participación del representante designado por el
Consorcio.
15. Mediante decreto de fecha 12 de febrero del 2015, se solicitó
información adicional a los señores Víctor Hugo Cruzado Díaz, Yerry Power
Díaz Gamboa y Paula Rosa Zarate Dioses y a la empresa TRIAL CONSTRUCTORES
S.A.C.
16. Con escritos presentados el 25 de febrero de 2015 ante la Oficina
Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, ingresados el 26
de febrero de del mismo año a la Mesa de Partes del Tribunal, los señores
Víctor Hugo Cruzado Díaz, Yerry Power Díaz Gamboa y Paula Rosa Zarate
Dioses presentaron la información adicional solicitada.
17. Mediante decreto de fecha 23 de marzo del 2015, se solicitó
información adicional al señor Yuri Rafael Saldaña Ahumada.
FUNDAMENTACIÓN:
1. El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la
presunta responsabilidad de los señores YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA,
MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO y VICTOR HUGO CRUZADO DÍAZ, integrantes del
CONSORCIO VIA NOVA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado
documentación falsa o con información inexacta, en el marco de la
Adjudicación Directa Pública N° 5-2014/GRLL-GRAB - Primera Convocatoria,
infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51
de la Ley, norma aplicable al presente caso.
NATURALEZA DE LA INFRACCIÓN
2. El artículo 42º de la Ley del Procedimiento Administrativo General
establece que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que
presenten los administrados para la realización de procedimientos
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así
como de contenido veraz para fines del procedimiento administrativo. Sin
embargo, esta presunción es de índole iuris tantum pues admite prueba en
contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública
verificar la documentación presentada, cuando existen indicios suficientes
de que la información consignada no se ajusta a los hechos.
En tal sentido, el inciso 4) del artículo 56º del mismo cuerpo legal,
estipula como uno de los deberes generales de los administrados, la
comprobación de la autenticidad, previamente a su presentación ante la
Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que
se ampare en la presunción de veracidad.
Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto
de hecho de la norma que contiene la infracción imputada, se requiere
previamente acreditar la falsedad del documento cuestionado, es decir que
éste no haya sido expedido por el órgano o agente emisor correspondiente o
que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido.
Por otro lado, la infracción referida a información inexacta se configura
ante la presentación de declaraciones no concordantes con la realidad, que
constituye una forma de falseamiento de la misma, a través del
quebrantamiento de los Principios de Moralidad y Presunción de Veracidad
que amparan dicha información, de conformidad con el literal b) del
artículo 4º de la Ley de Contrataciones del Estado, y el numeral 1.7 del
Artículo IV del Título Preliminar y el artículo 42º de la Ley № 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General .
CONFIGURACIÓN DE LA INFRACCIÓN
3. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el
Consorcio está referida a la presentación, como parte de su propuesta
técnica, de los siguientes documentos:

i. Constancia de conformidad de Servicio de fecha 7 de mayo de 2014,
emitido por el Ing. YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA a favor de la Ing. PAULA
ROSA ZARATE DIOSES, mediante el cual se acredita que dicho profesional
participó como Asistente de Supervisión en la obra: "Mejoramiento de la
Infraestructura Educativa en la IE 80036 ? San Martín de Porres ? distrito
de La Esperanza ? Trujillo ? La Libertad", ejecutada por el Gobierno
Regional de La Libertad, durante el período del 1 de marzo de 2013 hasta
el 7 de marzo del 2014.
ii. Constancia de conformidad de Servicio de fecha 26 de julio de 2013,
emitido por el Ing. VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ a favor de la Ing. PAULA ROSA
ZARATE DIOSES, mediante el cual se acredita que dicho profesional
participó como Asistente de Supervisión en la obra: "Mejoramiento de los
Servicios de Salud del Puesto de Salud Huancaquito Alto - Provincia de
Virú - Infraestructura", ejecutada por la Municipalidad Provincial de
Virú, durante el período del 26 de octubre de 2012 hasta el 24 de mayo del
2013.
iii. Certificado de Asistente de Supervisión de fecha 19 de agosto de
2011, emitido por la empresa TRIAL CONSTRUCTORES S.A.C. a favor del
arquitecto YERRY POWER DIAZ GAMBOA, mediante el cual se acredita que dicho
profesional participó como Asistente de Supervisión en la obra:
?Construcción del edificio Residencial Daniel Hoyle?, durante el período
del 22 de noviembre de 2010 hasta el 30 de julio del 2011.
4. Sobre el particular, corresponde analizar si existen indicios o
elementos suficientes que ameriten considerar que los documentos antes
mencionados, presentados por el Consorcio como parte de su propuesta
técnica durante la Adjudicación Directa Pública N° 5-2014/GRLL-GRAB -
Primera Convocatoria, responden a la verdad de los hechos o se encuentran
premunidos por el citado Principio de Presunción de Veracidad.
Respecto de la falsedad y/o inexactitud del documento denominado
Constancia de conformidad de Servicio de fecha 7 de mayo de 2014, emitido
por el Ing. YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA a favor de la Ing. PAULA ROSA
ZARATE DIOSES.
5. El certificado cuestionado obra en autos a fojas 35, en el cual se
consigna que la Ingeniera PAULA ROSA ZARATE DIOSES laborado para el Ing.
YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA desde el 1 de marzo de 2013 hasta el 7 de
marzo del 2014, ocupando el cargo de ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA, en
la obra: "Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la IE 80036 ?
San Martín de Porres ? distrito de La Esperanza ? Trujillo ? La Libertad".
6. Con relación a ello, de la documentación existente en el expediente, se
advierte que mediante Contrato N° 014-2013-GRLL-GRAB, suscrito entre el
Gobierno Regional La Libertad y el Ing. YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA, para
la supervisión de la obra: "Mejoramiento de la Infraestructura Educativa
en la IE 80036 ? San Martín de Porres ? distrito de La Esperanza ?
Trujillo ? La Libertad", el Ing. YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA se obligó a
realizar la consultoría de dicha obra con el ingeniero civil RAMÓN ALFREDO
AGUILAR ARMAS como Asistente de Supervisión. Asimismo, en reemplazo del
mencionado profesional, mediante Adenda al Contrato N° 014-2013-GRLL-GRAB
de fecha 1 de febrero de 2013, se designó al ingeniero civil JAIME MACEDO
MACEDO como Asistente de Supervisión.
7. Por su parte, mediante Informe N° 064-2014-GRLL-GGR/GRCO, la Entidad ha
manifestado que:
?(?) con Carta Notarial de fecha 17 de julio de 2014 el ingeniero YURI
RAFAEL SALDAÑA AHUMADA informa que la Ing. Paula Rosa Zarate Dioses se
desempeñó como personal asistente, con obligaciones
Técnico-Administrativos, con funciones para realizar coordinaciones,
traslado de muestras para ensayo, control de calidad, cadista de
replanteo y elaboración provisional y valorizaciones para aprobación
definitiva, asimismo, tramitaciones a entidades financieras, SUNAT, etc;
es decir, pretende sorprender a la Entidad, señalando que existe un cargo
similar al de ?Asistente de Supervisión?, esto es, el cargo de ?Asistente
de Supervisión Administrativo?, cargo que no existe y funciones que no se
enmarcan dentro de las que les compete a un Asistente de Supervisión; por
lo tanto, no acredita la experiencia en la especialidad que se requería
para el referido proceso de selección (no debiendo obtener el segundo
lugar en el orden de prelación de la buena pro) y a su vez resulta en
información y documentación inexacta(?)?
8. Por lo expuesto, este Colegiado concluye que la constancia cuestionada
contiene información inexacta, puesto que se ha acreditado con grado de
certeza que la ingeniera PAULA ROSA ZARATE DIOSES no participó en la
ejecución de la obra: Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la
IE 80036 ? San Martín de Porres ? distrito de La Esperanza ? Trujillo ? La
Libertad". En tal sentido, en virtud del contenido de la constancia de
conformidad cuestionada, que hace alusión que dicha persona laboró en el
cargo de Asistente de Supervisor de Obra, se advierte que la información
obrante en la constancia cuestionada no se ajusta a la realidad.
9. Los integrantes del Consorcio en sus escritos de descargos, refieren
que es comprensible lo informado por el Gobierno Regional La libertad,
puesto que dicho profesional no estuvo dentro de lo propuesto para la
ejecución de la obra: ?Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la
I.E. 80036 San Martín de Porres - Distrito de La Esperanza - Trujillo - La
Libertad", que más bien se trataba de la contratación de otro asistente de
supervisión (personal de apoyo (con obligaciones Técnico-Administrativos)
que fue incorporada a la obra conforme a sus necesidades particulares,
pero que no fueron incorporados en los registros correspondientes de la
obra. Al respecto, este Colegiado debe precisar que en la constancia de
conformidad de servicio aquí cuestionada, se alude a una función que no le
correspondía a la mencionada profesional, pues se señala un cargo que no
existía o no le correspondía, lo cual constituye una grave infracción
administrativa, ya que se está incorporando a un documento aparentemente
válido y legal, información incorrecta o inexacta que no guarda relación
con la realidad, lo cual resulta pasible de sanción a tenor de lo previsto
en el literal j) numeral 51.1. del artículo 51º de la Ley.
10. En ese sentido, la Declaración Jurada Legalizada de fecha 23 de
febrero de 2015, presentada por la ingeniera PAULA ROSA ZARATE DIOSES
respecto de la veracidad de las Constancia de conformidad de Servicio de
fecha 7 de mayo de 2014, así como, las copias legalizadas de los recibos
por honorarios profesionales emitidos a favor del ingeniero YURI RAFAEL
SALDAÑA AHUMADA respecto al servicio señalado en el documento cuestionado,
sólo dejan entrever que la mencionada profesional se habría desempeñado
como personal asistente con obligaciones Técnico-Administrativos en la
supervisión de la obra, más no verifica una situación laboral o cargo que
nunca tuvo, esto es, la de Asistente de Supervisión de Obra.
11. En el marco de lo expuesto, respecto de la autenticidad de la
?Constancia de conformidad de Servicio de fecha 7 de mayo de 2014?,
emitida por el Ing. YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA a favor de la Ing. PAULA
ROSA ZARATE DIOSES, se ha corroborado la inexactitud de la información
contenida en ésta, en mérito de lo informado por el Gobierno Regional La
Libertad, ejecutor de la obra: Mejoramiento de la Infraestructura
Educativa en la IE 80036 ? San Martín de Porres ? distrito de La Esperanza
? Trujillo ? La Libertad", así como de lo manifestado por el Ing. YURI
RAFAEL SALDAÑA AHUMADA ante la Entidad.
Respecto de la falsedad y/o inexactitud del documento denominado
Constancia de conformidad de Servicio de fecha 26 de julio de 2013,
emitido por el Ing. VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ a favor de la Ing. PAULA ROSA
ZARATE DIOSES.
12. La Constancia cuestionada obra a fs. 23, y ha sido elaborada por el
ingeniero civil VÍCTOR H. CRUZADO DÍAZ. Dicha constancia señala que ?(?)
el Ing. PAULA ROSA ZARATE DIOSES (?), ha prestado sus servicios como
Asistente de Supervisión de Obra, para supervisión de la obra:
"Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud Huancaquito
Alto - Provincia de Virú - Infraestructura", ejecutada por la
Municipalidad Provincial de Virú (?)?, durante el período del 26 de
octubre de 2012 hasta el 24 de mayo del 2013.
13. Al respecto, en la documentación existente en el expediente, obra el
Contrato de Servicio de Consultoría para la Supervisión de Obra:
"Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud Huancaquito
Alto - Provincia de Virú - Infraestructura" (Folio N° 029-034), suscrito
el 23 de octubre de 2012 entre la Municipalidad Provincial de Virú y el
Ing. VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ, en el que se aprecia que el ingeniero PAUL
YERKO VARGAS VIGO fue designado en el cargo de Asistente de Supervisión de
Obra.

14. Asimismo, mediante Oficio N° 62-2014-GDUR/MPV (folio 54), la
Municipalidad Provincial de Virú, informó que en la ejecución de la
mencionada consultoría de obra, la función de Asistente de Supervisión la
desempeñó el Ing. PAUL YERKO VARGAS VIGO, no habiendo efectuado la
contratista ningún cambio de profesional sobre dicho cargo.
Adicionalmente, en el mencionado oficio se aprecia que el Contrato de
fecha 23 de octubre de 2012 fue ejecutado desde el 26 de octubre de 2012
al 30 de abril de 2013.
15. Por lo expuesto, este Colegiado concluye que la cuestionada Constancia
de conformidad de Servicio de fecha 26 de julio de 2013, contienen
información inexacta, puesto que se ha acreditado con grado de certeza que
la ingeniera PAULA ROSA ZARATE DIOSES no laboró en la ejecución de la
obra: "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud
Huancaquito Alto - Provincia de Virú - Infraestructura", ni tampoco se
encontraba registrada como trabajadora del Ing. VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ
ante la Municipalidad Provincial de Virú. Asimismo, la fecha de ejecución
del servicio de supervisión señalado en el documento cuestionado (26 de
octubre de 2012 hasta 24 de mayo de 2013), no coincide con el período en
que realizó la prestación (26 de octubre de 2012 al 30 de abril de 2013).
En tal sentido, en virtud del contenido de la constancia de conformidad de
servicios cuestionada, que hace alusión a una función que no le
correspondía a la ingeniera PAULA ROSA ZARATE DIOSES, pues se señala un
cargo que no tuvo o no le correspondía, así como que, las fechas citadas
en el mismo no coinciden con las fechas de la ejecución real de la
supervisión de obra; se advierte que la información obrante en la
constancia cuestionada resulta inexacta y no se ajusta a la realidad.
16. En ejercicio de su derecho de defensa, al igual que en el caso de la
primera constancia cuestionada, los integrantes del Consorcio han señalado
que la Municipalidad Provincial de Virú no tenía que saber, ni supervisar
al personal o equipos distintos a los requeridos como requerimientos
técnicos mínimos para la supervisión de la obra, puesto que dicho
profesional no estuvo dentro de lo propuesto para la ejecución de la obra:
"Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud Huancaquito
Alto - Provincia de Virú - Infraestructura", que más bien se trataba de la
contratación de otro asistente de supervisión (personal de apoyo) que fue
incorporado a la obra conforme a sus necesidades particulares, pero que no
fue integrado en los registros correspondientes de la obra. Al respecto,
cabe reiterar lo sostenido anteriormente, en cuanto la constancia de
conformidad de servicio cuestionada, alude a una función o cargo que no
correspondía a la mencionada profesional, lo cual constituye una grave
infracción administrativa, ya que se está incorporando a un documento
aparentemente válido y legal, información incorrecta o inexacta que no
guarda relación con la realidad, lo cual resulta pasible de sanción a
tenor de lo previsto en el literal j) numeral 51.1. del artículo 51º de la
Ley.
17. Así también, cabe mencionar que el Contrato de Locación de Servicios
de fecha 25 de octubre de 2012, suscrito entre la ingeniera PAULA ROSA
ZARATE DIOSES y el ingeniero VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ, y su respectiva
Adenda de fecha 19 de febrero de 2013, para el servicio de ?Asistente II?
para que realice las labores de Asistente de Supervisión de la obra:
"Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud Huancaquito
Alto - Provincia de Virú - Infraestructura", presentados por los
mencionados profesionales en respuesta a la información adicional
solicitada, no acredita que la ingeniera PAULA ROSA ZARATE DIOSES
efectivamente realizó dichas prestaciones, es decir, no verifica una
función o cargo que nunca tuvo, esto es, la de Asistente de Supervisión de
Obra, por el contrario, del mencionado contrato se aprecia que la
mencionada ingeniera iba desarrollar una labor de apoyo (?Asistente II?)
para con el Asistente de Supervisión de la obra.
18. En ese sentido, se ha corroborado la inexactitud de la información
contenida en la Constancia de conformidad de Servicio de fecha 26 de julio
de 2013, en mérito de lo informado por la Municipalidad Provincial de
Virú, así como de la documentación presentada por la ingeniera PAULA ROSA
ZARATE DIOSES y el ingeniero VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ.
Respecto de la falsedad y/o inexactitud del documento denominado
Certificado de Asistente de Supervisión de fecha 19 de agosto de 2011,
emitido por la empresa TRIAL CONSTRUCTORES S.A.C. a favor del arquitecto
YERRY POWER DIAZ GAMBOA.
19. En su oportunidad se denunció que el documento denominado "Certificado
de Asistente de Supervisión del 19 de agosto de 2011", suscrito por el
señor Jorge Rodríguez Herrera, en calidad de Gerente General de la empresa
TRIAL CONSTRUCTORES S.A.C., que acredita al señor YERRY POWER GAMBOA como
Asistente de Supervisión de la Obra: ?Construcción del Edificio
Residencial Daniel Hoyle?, sería presuntamente falso o contendría
información inexacta; debido a que la colegiatura de dicha persona como
arquitecto tiene fecha de registro 9 de enero de 2011; no obstante, la
fecha que se consigna en el certificado cuestionado como inicio del
ejercicio de sus funciones es el 22 de noviembre de 2010, cuando aún no se
encontraba facultado para ejercer la profesión.

20. Sobre el particular, de la documentación existente en el expediente se
aprecia que, el Certificado cuestionado fue expedido el 19 de agosto de
2011, señalando que el señor YERRY POWER DIAZ GAMBOA, de profesión
Arquitecto, trabajó para la empresa TRIAL CONSTRUCTORES S.A.C. desde el 22
de noviembre de 2010 al 30 de julio de 2011; es decir, el documento
cuestionado fue extendido después de la inscripción de la mencionada
persona como arquitecto (9 de enero de 2011), por lo que resulta razonable
que a la fecha de su expedición, la empresa TRIAL CONSTRUCTORES S.A.C., al
momento de redactar el mencionado certificado, se haya referido al señor
YERRY POWER DIAZ GAMBOA como "de profesión Arquitecto". Asimismo, si bien
existiría duda respecto a que la mencionada persona habría laborado como
Asistente de Supervisión de la Obra: ?Construcción del Edificio
Residencial Daniel Hoyle?, no es menos cierto que, en el documento
cuestionado no se señala que el señor YERRY POWER DIAZ GAMBOA laboró como
arquitecto, ni tampoco existe certeza que en la mencionada obra privada se
haya solicitado un arquitecto para la realización de dicha función, por lo
que al no existir mayores elementos probatorios que acrediten la falsedad
y/o inexactitud de dicho documento, corresponde la aplicación del
principio de presunción de veracidad recogido en el numeral 1.7 del
artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 2744, Ley del Procedimiento
Administrativo General. Dicha conclusión permite desestimar los
cuestionamientos efectuados en este extremo.
21. Finalmente, respecto al Acuerdo N° 1145/2014.TC-S1 del 2 de diciembre
de 2014, este Colegiado no comparte los criterios esgrimidos por la
otrora Primera Sala del Tribunal en cuanto al análisis de la configuración
de la infracción en el señalado, debiendo tenerse presente que de
conformidad con el artículo 53 de la Ley sólo constituyen precedentes
vinculantes aquellos acuerdos adoptados en Sala Plena, en los cuales este
Tribunal interprete de modo expreso y con carácter general las normas
establecidas en la Ley y Reglamento.
En ese sentido, el Acuerdo antes invocado por el Consorcio no constituyen
precedente vinculante adoptado en Sala Plena, por lo que corresponde a
este Colegiado apartarse del análisis y el razonamiento jurídico seguido
en el mismo.
22. En conclusión, en el presente expediente se ha comprobado el
quebrantamiento del Principio de Presunción de Veracidad respecto de los
documentos denominados: ?Constancia de conformidad de Servicio de fecha 7
de mayo de 2014, emitido por el Ing. YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA a favor
de la Ing. PAULA ROSA ZARATE DIOSES? y ?Constancia de conformidad de
Servicio de fecha 26 de julio de 2013, emitido por el Ing. VICTOR HUGO
CRUZADO DIAZ a favor de la Ing. PAULA ROSA ZARATE DIOSES?, principio que
se encuentra reconocido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título
Preliminar de la Ley Nº 27444, por cuya virtud la Administración presume
que los documentos y declaraciones formulados por los administrados
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en
contrario, como en efecto ha sucedido en el presente caso.
Ello guarda directa relación con el Principio de Moralidad, contemplado en
el literal b) del artículo 4 de la Ley, según el cual los actos referidos
a las contrataciones estatales deben caracterizarse por la honradez,
veracidad, intangibilidad, justicia y probidad, lo que hace suponer a las
Entidades que la documentación presentada por los postores y/o
contratistas resulta acorde con la realidad.
23. En ese sentido, este Colegiado concluye que se ha configurado la
infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de
la Ley; consecuentemente, existe mérito suficiente para imponer la
correspondiente sanción administrativa.
Respecto a la individualización del infractor
24. Es pertinente traer a colación que es criterio sentado por el Tribunal
en uniforme y reiterada jurisprudencia que todo postor es responsable por
la veracidad de la documentación que presenta como parte de su acervo
documentario con ocasión de un proceso de selección, con independencia de
si fue tramitado por sí mismo o por un tercero, toda vez que el beneficio
por la falsificación incurrida recae directamente sobre él.
25. De la revisión de los autos, se advierte que los señores YURI RAFAEL
SALDAÑA AHUMADA, MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO y VICTOR HUGO CRUZADO DÍAZ,
integrantes del CONSORCIO VIA NOVA, por razón de llevarse a cabo la
Adjudicación Directa Pública N° 5-2014/GRLL-GRAB - Primera Convocatoria;
presentaron una única propuesta en calidad de empresas consorciadas, por
lo que, cabe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 239º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según el cual en las
infracciones incurridas por los postores que presentaron promesa de
consorcio durante su participación en el proceso de selección, la
responsabilidad se imputará exclusivamente a la parte que las haya
cometido, aplicándose solo a ésta la sanción a que hubiera lugar, siempre
que pueda individualizarse al infractor.
La individualización, será posible siempre que, exista medio probatorio
idóneo que permita atribuir la responsabilidad en el momento en que se
cometió la infracción, que en este caso fue al momento de la presentación
de propuestas y no en un momento posterior.
26. Sobre el particular, de la revisión de la Promesa Formal de Consorcio
de fecha 19 de junio de 2014, obrante en la propuesta técnica del
Consorcio, se aprecia que todos los consorciados se obligaron a la
"supervisión de la obra", con la precisión de que adicionalmente el señor
Víctor Hugo Cruzado Díaz se obligaba a la "actividades administrativas".
Asimismo, los suscribientes acordaron de forma irrevocable presentar una
propuesta conjunta en el proceso de selección, responsabilizándose
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado
proceso; designando al señor Víctor Hugo Cruzado Díaz como representante
legal común del referido Consorcio, para efectos de participar en todas
las etapas del proceso de selección y formalizar la contratación
correspondiente, sin precisar quién sería el responsable de la
elaboración, recopilación o presentación de la propuesta.
En consecuencia, no existe medio probatorio que permita afirmar que la
presentación de los documentos cuestionados estuviera vinculada únicamente
a las obligaciones establecidas en la Promesa de Consorcio que eran de
responsabilidad de una empresa en particular. Por el contrario, no es
posible individualizar la responsabilidad en uno de los miembros del
Consorcio, por lo que, la misma involucrará a todos sus miembros.
27. De esta manera, se desestima el argumento expuesto por el señor MIGUEL
EDUARDO CARRANZA HARO, quien señala como únicos responsables de la
presente denuncia a los señores YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA y VICTOR HUGO
CRUZADO DÍAZ, al haberse determinado que la responsabilidad recae de
manera solidaria en todos los consorciados.
28. Asimismo, en cuanto al argumento señalado en sus descargos, referidos
a que los documentos cuestionados corresponden a los consorciados Víctor
Hugo Cruzado y Yuri Saldaña Ahumada por sus aportes en la experiencia
tanto en la actividad así como en la especialidad; debe precisarse que es
obligación de todo postor verificar detalladamente la documentación que
presentará a la Entidad, como parte de su propuesta técnica; que la misma
es presentada por un representante legal común -en caso de Consorcio-
elegido por las empresas integrantes del mismo; lo cual significa que
posteriormente las consorciadas no pueden alegar desconocimiento al
momento de nombrar a su representante legal, ni los documentos presentados
a su nombre, puesto que aquéllas mantienen la obligación de verificar que
la documentación anexada sea idónea y además cumpla con los requisitos
exigidos en la normativa vigente.
29. En conclusión, al no ser posible individualizar al infractor,
corresponde atribuir responsabilidad administrativa a los señores YURI
RAFAEL SALDAÑA AHUMADA, MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO y VICTOR HUGO CRUZADO
DÍAZ, integrantes del CONSORCIO VIA NOVA, por la infracción tipificada en
el literal j) del numeral 51.1 artículo 51º de la Ley.
Graduación de la sanción
30. En relación a la graduación de la sanción imponible, el artículo 51 de
la Ley establece que los proveedores que presenten documentos falsos o
inexactos serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar con
el Estado por un periodo no menor de tres (3) años ni mayor de cinco (5)
años. Conforme al mencionado artículo, la sanción que se impondrá a las
empresas integrantes del Consorcio deberá ser graduada dentro de los
límites dispuestos en el precitado artículo, para lo cual deberá tenerse
en cuenta lo dispuesto por el artículo 245 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
31. Sin perjuicio de ello, de la base de datos del Registro de
Inhabilitados para contratar con el Estado del Registro Nacional de
Proveedores, se advierte que el señor MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO (RUC N°
10328045431) cuenta con antecedentes de inhabilitación, por la comisión de
la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51
de la Ley, de acuerdo al siguiente detalle:

Resolución N°
Periodo de inhabilitación Infracción
628-2015-TC-S2
37 meses
Del 30/03/2015 al
30/04/2018
Presentación de documentos falsos o con información inexacta

32. En atención a ello, es importante resaltar que el artículo 51 de la
Ley, regula que en caso de reincidencia en la causal de infracción
prevista en el literal j) del numeral 51.1 del dicho artículo, la
inhabilitación será definitiva, independientemente del periodo en el que
se ha reincidido y el número de sanciones impuestas.
33. En consecuencia, dado que en el presente caso se ha determinado la
responsabilidad del señor MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO al haber presentado
ante la Entidad, como parte de su propuesta técnica, documento con
información inexacta, y teniendo en cuenta que ya ha sido sancionado por
este Tribunal por la comisión de dicha infracción, corresponde imponerle
la sanción de inhabilitación definitiva en sus derechos de participar en
procesos de selección y contratar con el Estado.
34. Conforme a ello, a fin de sancionar a los señores YURI RAFAEL SALDAÑA
AHUMADA y VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ, integrantes del CONSORCIO VIA NOVA,
deberá considerarse lo siguiente:
? En relación a la naturaleza de la infracción, cabe considerar que ésta
reviste considerable gravedad, debido a que implica una vulneración del
Principio de Moralidad que debe regir a todos los actos vinculados a las
contrataciones públicas y sobre el cual se sustenta la confiabilidad de
los actos efectuados por los postores en los procesos de selección.
? Respecto a la intencionalidad de los integrantes del Consorcio, debe
tenerse en cuenta que el documento con información inexacta fue presentado
a fin de cumplir con los requisitos consignados en las bases del proceso
de selección, tratando de obtener una ventaja indebida respecto a los
otros posibles competidores, con el propósito de obtener la buena pro.
? En relación con el daño causado, debe precisarse que éste, surge con la
sola configuración de la causal tipificada como sancionable, en la medida
que su realización conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la
Entidad.
? En lo que atañe a la reiterancia, debe tomarse en cuenta que los señores
YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA y VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ no han sido
inhabilitados anteriormente para participar en procesos de selección y/o
contratar con el Estado.
? Conducta Procesal del Infractor: En lo que se refiere a la conducta
procesal, debe tomarse en cuenta que los señores YURI RAFAEL SALDAÑA
AHUMADA y VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ, se apersonaron al presente
procedimiento y cumplieron con presentar sus descargos.
35. Sin perjuicio de ello, el Principio de Razonabilidad previsto en el
numeral 3 del artículo 230 de la Ley № 27444, aconseja que las sanciones
no deben ser desproporcionadas y que deben guardar relación con la
conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben
verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo
estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio
que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta a
los señores YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA y VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ.
36. De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración en
procedimiento administrativo constituye un ilícito penal, previsto y
sancionado en el artículo 411 del Código Penal, el cual tutela la
presunción de veracidad establecida por ley y trata de evitar perjuicios
que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que
realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio
Público los hechos expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones.

En ese sentido, dado que el artículo 247 del Reglamento dispone que debe
ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para
que interponga la acción penal correspondiente, deberán remitirse a dicha
instancia los folios 01 al 067; 078 al 080; y, 887 al 891 del expediente
administrativo, así como copia de la presente resolución, debiendo
precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas
procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción
penal.
37. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte
del Consorcio tuvo lugar con fecha 19 de junio de 2014, fecha en que se
presentó los documentos con información inexacta.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente
Ana Teresa Revilla Vergara y la intervención de los Vocales Mario Fabricio
Arteaga Zegarra y Víctor Villanueva Sandoval, atendiendo a lo dispuesto en
la Resolución Nº 006-2015/OSCE-PRE, y en ejercicio de las facultades
conferidas en el artículo 63 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial Nº
789-2011-EF/10, analizados los antecedentes, y luego de agotado el debate
correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
1. SANCIONAR al señor MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO (RUC N° 10328045431),
con INHABILITACION DEFINITIVA en sus derechos de participar en procesos de
selección y contratar con el Estado, por la infracción tipificada en el
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por la
Ley N° 29873, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N°
5-2014/GRLL-GRAB - Primera Convocatoria; sanción que entrará en vigencia a
partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución.
2. Sancionar al señor YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA (RUC N° 10181113206),
por un período de treinta y siete (37) meses de inhabilitación temporal en
su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el
Estado, por la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto
Legislativo N° 1017 y modificada por la Ley N° 29873, en el marco de la
Adjudicación Directa Pública N° 5-2014/GRLL-GRAB - Primera Convocatoria,
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de
notificada la presente Resolución.
3. Sancionar al señor VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ (RUC N° 10188885867), por
un período de treinta y siete (37) meses de inhabilitación temporal en su
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado,
por la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto
Legislativo N° 1017 y modificada por la Ley N° 29873, en el marco de la
Adjudicación Directa Pública N° 5-2014/GRLL-GRAB - Primera Convocatoria,
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de
notificada la presente Resolución.
4. Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público
para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime
pertinentes, conforme a lo indicado en la fundamentación.
5. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal comunique la sanción
al Registro Nacional de Proveedores a través del Sistema Informático del
Tribunal.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESIDENTE

VOCAL
VOCAL

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº
687-2012/TC del 03.10.2012.
ss.
Arteaga Zegarra
Villanueva Sandoval
Revilla Vergara

 

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