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Jurisprudencia

Jurisprudencia (4)

Sumilla: "(...) El numeral 1 del artículo 148 del Reglamento, establece que dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato.

 

Resolución Nº 951-2015-TCE-S1

Sumilla: "(...) El numeral 1 del artículo 148 del Reglamento, establece
que dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al
consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado
administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Asimismo, precisa
que dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la
totalidad de la documentación prevista en las Bases (...)"


Lima, 15 de abril de 2015
Visto en sesión de fecha 15 de abril de 2015 de la Primera Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado el Expediente N° 3451/2014.TCE,
sobre el procedimiento administrativo sancionador contra la empresa
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS GENERALES VASCOR S.A.C., por su
presunta responsabilidad por no suscribir injustificadamente el contrato
en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 56-2014 GRA-SEDECENTRAL
? Tercera Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de Ayacucho, y
atendiendo a los siguientes:
ANTECEDENTES:
1. El 3 de julio del 2014, el Gobierno Regional de Ayacucho ? Sede
Central, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía
N° 56-2014 GRA-SEDECENTRAL ? Tercera Convocatoria, para el ?Servicio de
eliminación de desmote para la meta 0216: Mejoramiento de los Servicios
Educativos en el Instituto Superior Pedagógico Público José Salvador
Cavero Ovalle del Distrito y Provincia de Huanta?, con un valor
referencial de S/.23,163.30 (Veintitrés mil ciento sesenta y tres con
30/100 Nuevos Soles), en adelante el proceso de selección.
El 4 de julio de 2014, se realizó el acto de presentación de propuestas,
contando con la participación, entre otros, de la empresa ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS GENERALES VASCOR S.A.C.
El 14 de julio del 2014, el Comité Especial otorgó la Buena Pro a la
empresa ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS GENERALES VASCOR S.A.C.,
en lo sucesivo el Adjudicatario.
Mediante Acta de fecha 18 de agosto de 2014, el Comité Especial otorgó la
buena pro al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación:
Consorcio HUAMANGUILLA, pues el Adjudicatario no cumplió con suscribir el
contrato con la Entidad.
2. Mediante Oficio N° 1373-201-GS/GG-ORADM presentado el 24 de octubre de
2014 ante la Oficina Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad
Ayacucho, ingresado a la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del
Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad informó que la empresa
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS GENERALES VASCOR S.A.C., habría
incurrido en infracción al no presentar los documentos para la suscripción
del contrato dentro del plazo de ley, infracción tipificada en el literal
a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del
Estado, en lo sucesivo la Ley.
Sobre el particular, adjuntó a su comunicación, la Opinión Legal N°
680-2014-GRA-ORAJ-UAA/LYTH emitida por la Oficina de Asesoría Jurídica del
22 de setiembre del 2014, en donde señala lo siguiente:
i. El otorgamiento de la Buena Pro se produjo el 14 de julio del 2014 y el
consentimiento el 22 del mismo mes y año; por lo que, el plazo para la
presentación de los documentos requeridos para la suscripción del contrato
venció el día 8 de agosto de 2014.
ii. El Adjudicatario tuvo la opción de presentar la documentación para la
celebración del contrato, dentro del plazo de doce (12) días siguientes
al consentimiento de la buena pro; sin embargo, pese a haber transcurrido
con demasía el plazo previsto, no cumplió con presentar la documentación
que corresponde. Al respecto, de acuerdo a la normativa de contrataciones
vigente, el Adjudicatario pierde de manera automática la buena pro y
corresponde citar al postor que ocupó el segundo lugar por orden de
prelación.
iii. Por lo expuesto, se determina que el Adjudicatario ha incurrido en la
causal de infracción establecida en el literal a) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado.
3. Con decreto del 5 de noviembre del 2014, se admitió a trámite la
solicitud de aplicación de sanción realizada por la Entidad, y se dispuso
el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra la empresa
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS GENERALES VASCOR S.A.C., por su
presunta responsabilidad al no suscribir injustificadamente el contrato
derivado del proceso de selección. A estos efectos, se otorgó a la citada
empresa, un plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con formular
sus descargos, bajo apercibimiento de resolverse el procedimiento con la
documentación obrante en el expediente.
4. Mediante escrito presentado ante la Oficina Desconcentrada de OSCE
ubicada en la ciudad de Ayacucho el 31 de diciembre de 2014 e ingresado a
la Mesa de Partes del Tribunal el 5 de enero de 2015, el Adjudicatario se
apersonó al procedimiento y formuló sus descargos, manifestando que el 12
de julio de 2014, su representada se encontraba conduciendo una moto
lineal por las inmediaciones de la ruta Ayacucho ? Huanta, siendo
impactado por un auto colectivo, siendo internado de emergencia en una
clínica particular desde el 12 de julio de 2014 hasta el 26 de julio del
mismo año, más quince días de reposo; por lo que, no tuvo la oportunidad
de tomar conocimiento de la buena pro otorgada a su favor. Asimismo, no
fue notificada telefónicamente del otorgamiento de la buena pro. En ese
sentido, solicita se le exima de responsabilidad, pues fue impedido de
presentar la documentación para la suscripción del contrato por un evento
fortuito.
5. Por decreto del 9 de enero del 2015, se tuvo por apersonado al
Adjudicatario, dejándose a consideración de la Sala los argumentos
expuestos, teniéndose por señalado su domicilio procesal y remitiéndose el
expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva.
6. Con Resolución N° 006-2015-OSCE/PRE de fecha 9 de enero de 2015, se
dispuso la reconformación de las Salas de Tribunal, así como el respectivo
traslado de expedientes a las Salas de destino, por lo que en virtud de lo
dispuesto en el Acuerdo de Sala Plena N° 008/2012, por decreto de fecha 15
de enero de 2015 se remitió el presente expediente a la Primera Sala del
Tribunal para que resuelva, teniendo en cuenta que el cómputo de los
plazos estipulados por los artículos 116 y 242 del Reglamento serán
contados a partir del día siguiente de emitido el citado decreto.
FUNDAMENTACIÓN:
1. El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la
supuesta responsabilidad del Adjudicatario, por la no suscripción
injustificada del contrato, derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía
N° 56-2014 GRA-SEDECENTRAL ? Tercera Convocatoria, para el ?Servicio de
eliminación de desmote para la meta 0216: Mejoramiento de los Servicios
Educativos en el Instituto Superior Pedagógico Público José Salvador
Cavero Ovalle del Distrito y Provincia de Huanta?, infracción tipificada
en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51º de la Ley, norma
vigente durante la ocurrencia de los hechos materia de análisis.
Sobre la naturaleza de la infracción
2. Al respecto, la infracción tipificada en el literal a) del numeral 51.1
del artículo 51° de la Ley establece que se impondrá sanción
administrativa a los proveedores, participantes, postores y contratistas
que no mantengan su oferta hasta el consentimiento de la buena pro, de
resultar ganadores hasta la suscripción del contrato, no suscriban
injustificadamente el contrato o acuerdo de Convenio Marco, o no reciban
injustificadamente la orden de compra o de servicio emitida a su favor.
3. Este supuesto de hecho descrito como sancionable, alude al
comportamiento del postor adjudicado con la buena pro que impide o frustra
el perfeccionamiento del contrato al no apersonarse a la suscripción del
mismo, al no recibir la orden de compra o de servicio, o al no presentar
la documentación requerida para ello, sin contar con justificación
aparente, que consecuentemente, devendrá en la no suscripción del contrato
o la no emisión, ni recepción de la correspondiente orden de compra o de
servicio, incumpliendo de esta manera con sus deberes con la
administración.
4. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 137°
del Reglamento, una vez que el otorgamiento de la buena pro ha quedado
consentido o administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los
postores ganadores están obligados a suscribir el o los contratos
respectivos.
5. Sobre el particular, el numeral 1 del artículo 148 del Reglamento,
establece que dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al
consentimiento de la Buena Pro o cuando ésta haya quedado
administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Asimismo, precisa
que dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la
totalidad de la documentación prevista en las Bases, b) La Entidad, de
corresponder, solicita la subsanación de la documentación presentada y c)
El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad.
6. De otro lado, el numeral 7 del artículo 148 del Reglamento dispone que
cuando el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a
suscribir el contrato injustificadamente, según corresponda, en los plazos
antes indicados, perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la
sanción administrativa aplicable. En tal caso, el órgano encargado de las
contrataciones citará al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de
prelación a fin que presente la documentación y suscriba el contrato en el
plazo previsto en el numeral 1 previsto en dicho numeral.
De esta forma, los plazos mencionados precedentemente han sido previstos
por la norma de la materia, evitándose de esta manera que las entidades
otorguen plazos arbitrarios que impidan recabar los documentos necesarios
para la respectiva suscripción del contrato.
7. Para el cómputo de los referidos plazos, cabe traer a colación lo
dispuesto en el artículo 75 del Reglamento, respecto a que el otorgamiento
de la Buena Pro realizado en acto público se presumirá notificado a todos
los postores en la misma fecha y que dicha presunción no admite prueba en
contrario. De otro lado, el otorgamiento de la buena pro en acto privado
se publicará y entenderá notificado a través del SEACE el mismo día de su
realización.
Configuración de la infracción
8. De la revisión de los antecedentes administrativos, se aprecia que el
14 de julio del 2014 se notificó, a través de su publicación en el SEACE,
el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario.
9. En ese sentido, al no ser el único postor que presentó propuesta, y
considerando el tipo de proceso de selección, el consentimiento de la
Buena Pro se produjo a los cinco (5) días hábiles, es decir el 21 de julio
de 2014; por lo que el Adjudicatario debía presentar la documentación
correspondiente y suscribir el respectivo contrato, conforme a lo
establecido en las Bases, dentro de los doce (12) días hábiles siguientes
al consentimiento de la buena pro, es decir, hasta el 8 de agosto del
2014.

10. Consecuentemente, el Adjudicatario tenía plazo para presentar la
documentación necesaria prevista en las Bases y suscribir el contrato con
la Entidad, hasta el 8 de agosto de 2014.
11. Al respecto, de la documentación existente en el expediente, se
advierte que el Adjudicatario no presentó la documentación para la
suscripción del contrato hasta la fecha máxima para entregarlos, esto es,
el 8 de agosto del 2014, incumpliendo de esta manera con presentarlos en
el momento oportuno y legalmente establecido; por lo que, en estricta
aplicación de lo dispuesto en el numeral 7) del artículo 148º del
Reglamento, el postor ganador que no presente la documentación y/o no
concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes
indicados perderá automáticamente la buena pro, ello sin perjuicio de la
sanción administrativa aplicable.
12. Ahora bien, el artículo 137 del Reglamento establece que en caso el o
los postores ganadores de la Buena Pro se nieguen a suscribir el contrato,
serán pasibles de sanción, salvo imposibilidad física o jurídica
sobrevenida al otorgamiento de la Buena Pro que no le es atribuible,
declarada por el Tribunal. Es decir, entre las causales que justificarían
la no suscripción de un contrato, debe distinguirse la imposibilidad
física o jurídica.
13. La imposibilidad física constituye un impedimento temporal o
permanente que inhabilita a la persona, de modo que éste se vea
irremediable e involuntariamente forzado a no hacer algo. La imposibilidad
jurídica por su parte, está vinculada a la afectación temporal o
permanente de la capacidad jurídica de la persona para ejercer derechos o
cumplir obligaciones, pues al hacerlo se produciría la contravención del
marco jurídico aplicable al caso, y consecuentemente, la posible invalidez
o ineficacia de los actos así realizados.
14. En ejercicio de su derecho de defensa, el Adjudicatario ha reconocido
no haber presentado la documentación para la suscripción del contrato,
señalando que el 12 de julio de 2014, mientras su representante legal
conducía su moto lineal por las inmediaciones de la ruta Ayacucho ? Huanta
sufrió un accidente automovilístico que originó su internamiento por
emergencia en la Clínica María del Pilar de la ciudad de Ayacucho, por el
período comprendido desde el 12 de julio de 2014 hasta el 26 de julio del
mismo año; por lo que, no tuvo la oportunidad de tomar conocimiento de la
buena pro otorgada a su favor. En ese sentido, solicita se le exima de
responsabilidad, pues fue impedido de presentar la documentación para la
suscripción del contrato por un evento fortuito. Asimismo, señala que no
fue notificado telefónicamente del otorgamiento de la buena pro.
15. Al efecto, adjunta en sus descargos copia del Certificado Médico de
fecha 12 de julio de 2014, suscrito por el médico neurólogo Fredy
Guillermo Gutiérrez Muñoz, con CMP Nº 53106, quien indica haber atendido
al señor Ángel Franklin Vásquez Quispe el día 12 de julio de 2014, por un
cuadro clínico de TEC leve, cefalea postraumática y policontso por
accidente en moto lineal, por lo que se le indicó tratamiento médico y
reposo absoluto por 15 días, más 15 días de reposo relativo.
16. Al respecto, cabe indicar que las personas naturales y jurídicas que
participan en los procesos de selección, conocen las reglas y
procedimientos establecidos en la normativa en contratación pública
durante el desarrollo del proceso de selección y para la etapa de
ejecución contractual; por lo tanto, todo proveedor se encuentra obligado
a conocer las condiciones, requisitos y plazos para la suscripción del
contrato, y, por ende, tener la diligencia debida para cumplir con tales
exigencias.
Asimismo, es preciso recordar que los plazos previstos para la suscripción
del contrato son perentorios, debiendo ser respetados por los postores,
quienes se sujetan a las reglas en materia de contratación pública desde
el momento que participan en los procesos de selección, conforme a lo
establecido en el artículo 148° del Reglamento.
17. Ahora bien, el Adjudicatario alega haber sufrido un accidente
automovilístico quedando inconsciente hasta la llegada de la ayuda
policial, para posteriormente ser conducido e internado en la Clínica
María del Pilar de la ciudad de Ayacucho desde el 12 al 26 de julio de
2014; no obstante, de la documentación remitida en sus descargos no se
aprecia documento alguno que acredite la intervención policial, ni el
internamiento de su persona en la clínica antes mencionada, que cause
certeza en este Colegiado sobre lo alegado por el Adjudicatario, por el
contrario sólo ha presentado un certificado médico particular de fecha 12
de julio de 2014, que sólo señala y prescribe ?tratamiento médico y reposo
absoluto? y no internamiento de su representante legal en una clínica por
emergencia, documento que no resulta convincente, ni objetivo para
desvirtuar su responsabilidad por la no suscripción del contrato con la
Entidad en los plazos señalados por Ley.
18. Finalmente, respecto a la falta de citación por parte de la Entidad
para que el Adjudicatario se presente los documentos y suscriba el
contrato; corresponde indicar que, conforme a lo normativa glosada en los
fundamentos antes expuestos, el procedimiento establecido para la
suscripción del contrato se llevará a cabo, sin mediar citación alguna,
por lo que, al no existir tal obligación el Adjudicatario debía cumplir
con la obligación de suscribir el contrato, previa entrega de los
documentos correspondientes.
19. En tal sentido, este Colegiado considera necesario recalcar que es
parte del DEBER DE DILIGENCIA de los administrados y en particular de los
postores que participan en un proceso de selección, realizar las
actuaciones que sean necesarias que les permitan cumplir con sus deberes
con la Entidad.
20. Por los fundamentos expuestos, se ha acreditado la configuración de la
infracción de no suscribir injustificadamente el contrato derivado de la
Adjudicación de Menor Cuantía N° 56-2014 GRA-SEDECENTRAL ? Tercera
Convocatoria; por tanto, este Colegiado concluye que la empresa
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS GENERALES VASCOR S.A.C. ha
incurrido en la causal de infracción prevista en el literal a) del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley, por lo que corresponde imponerle sanción
administrativa.
Graduación de la Sanción imponible
21. El numeral 51.2 del artículo 51 de la citada Ley establece que los
proveedores, participantes, postores y contratistas que incurran en la
causal establecida en el literal a) del numeral 51.1, serán sancionados
con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no
menor a seis (6) meses ni mayor a tres (3) años, por lo que, a efectos de
determinar la sanción a imponerse, deben aplicarse los criterios para la
determinación gradual de la sanción previstos en el artículo 245 del
Reglamento.
22. De esta manera, en lo que concierne a la naturaleza de la infracción,
es importante tomar en consideración que desde la conducta del infractor,
pues desde el momento en que el Adjudicatario fue adjudicado con la buena
pro, debió cumplir cabalmente, dentro del plazo correspondiente, con
apersonarse para entregar la documentación y suscribir el contrato
respectivo con la Entidad.
23. En cuanto a la intencionalidad del infractor, debe valorarse, que pese
a haber sido adjudicado, lo cual implica el conocimiento previo de las
reglas establecidas en las Bases Administrativas del proceso de selección,
se presentó fuera del plazo sin la documentación correspondiente para
suscribir el contrato.
24. Con relación al criterio del daño causado, éste se plasma con la
demora ocasionada a la Entidad de no poder satisfacer sus necesidades
requeridas en el tiempo programado.
25. En cuanto a la conducta procesal del infractor debe valorarse que el
Adjudicatario se apersonó a esta instancia a exponer sus descargos
respecto de la infracción imputada.
26. Por otro lado, debe considerarse el hecho de que el Adjudicatario no
ha sido inhabilitado anteriormente para participar en procesos de
selección y para contratar con el Estado.
27. Resulta importante considerar el Principio de Razonabilidad consagrado
en el numeral 1.4 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, según el cual las decisiones de la
autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan
restricciones a los administrados deben adoptarse dentro de los límites de
la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios
a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a
lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.
28. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte
del Adjudicatario tuvo lugar el 8 de agosto de 2014, por ser éste el día
en que se materializó la imposibilidad de suscribirse el contrato por no
haber presentado el Adjudicatario la documentación correspondiente.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente
Víctor Manuel Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Mario
Fabricio Arteaga Zegarra y Ana Teresa Revilla Vergara, atendiendo a lo
dispuesto en la Resolución Nº 006-2015/OSCE-PRE, y en ejercicio de las
facultades conferidas en el artículo 63 de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, y los artículos 18 y 19 del Reglamento
de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial
Nº 789-2011-EF/10, analizados los antecedentes, y luego de agotado el
debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
1. SANCIONAR a la empresa ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
GENERALES VASCOR S.A.C. (R.U.C. N° 20534247673), por el período de seis
(6) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en
procesos de selección y contratar con el Estado, por no suscribir
injustificadamente el contrato derivado de la Adjudicación de Menor
Cuantía N° 56-2014 GRA-SEDECENTRAL ? Tercera Convocatoria, infracción
tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017 y
modificada por Ley Nº 29873, la cual entrará en vigencia a partir del
sexto día hábil de notificada la presente Resolución.
2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal comunique la sanción
al Registro Nacional de Proveedores a través del Sistema Informático del
Tribunal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESIDENTE

VOCAL
VOCAL

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº
687-2012/TC del 03.10.2012.
ss.
Arteaga Zegarra
Villanueva Sandoval
Revilla Vergara

 

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Sumilla: ?Es criterio sentado por el Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia que todo postor es responsable por la veracidad de la documentación que presenta como parte de su acervo documentario con ocasión de un proceso de selección, con

 

Resolución Nº 952-2015-TCE-S1

Sumilla: ?Es criterio sentado por el Tribunal en uniforme y reiterada
jurisprudencia que todo postor es responsable por la veracidad de la
documentación que presenta como parte de su acervo documentario con
ocasión de un proceso de selección, con independencia de si fue tramitado
por sí mismo o por un tercero, toda vez que el beneficio por la
falsificación incurrida recae directamente sobre él".

Lima, 15 de abril de 2015

Visto en sesión de fecha 15 de abril de 2015 de la Primera Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado el Expediente N° 2942/2014.TC, sobre
el procedimiento administrativo sancionador contra el CONSORCIO VÍA NOVA
conformado por los señores YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA, MIGUEL EDUARDO
CARRANZA HARO y VICTOR HUGO CRUZADO DÍAZ, por su presunta responsabilidad
en la presentación de documentación falsa y/o inexacta en el marco de la
Adjudicación Directa Pública N° 5-2014/GRLL-GRAB - Primera Convocatoria; y
atendiendo a los siguientes:
ANTECEDENTES:
1. El 16 de abril de 2014, el GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD, en
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Pública N°
5-2014/GRLL-GRAB - Primera Convocatoria, para la contratación de la
?Supervisión de obra: Mejoramiento de los servicios educativos primaria y
secundaria de la IE 80820 - Víctor Larco en el sector Vista Alegre,
distrito de Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad?, en lo sucesivo
el proceso de selección, con un valor referencial de S/. 290,752.00
(Doscientos noventa mil setecientos cincuenta y dos con 00/100 nuevos
soles).
2. De acuerdo con la información obrante en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado (SEACE), el 19 de junio de 2014 se llevó a cabo
el acto público de presentación de propuestas, en cuyo marco se recibió la
oferta del CONSORCIO VÍA NOVA conformado por los señores YURI RAFAEL
SALDAÑA AHUMADA (RUC N° 10181113206), MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO (RUC N°
10328045431) y VICTOR HUGO CRUZADO DÍAZ (RUC N° 10188885867).
3. Mediante formulario de aplicación de sanción y Carta N°
1-2014-G-DENBARK/DDBV, presentados el 29 de agosto de 2014 antes la
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo e
ingresados a la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado,
en lo sucesivo el Tribunal, el 2 de setiembre de 2014, la empresa GRUPO
DENBARK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., integrante del CONSORCIO
CONSULTORES ASOCIADOS (en adelante, el Denunciante) denunció que el
CONSORCIO VÍA NOVA (en adelante, el Consorcio) había presentado
documentación falsa y/o con información inexacta en el marco de su
propuesta técnica para el referido proceso de selección. Su denuncia lo
sustentó en lo siguiente:
i. A folios 120 de su propuesta técnica, el Consorcio presentó la
Constancia de conformidad de Servicio otorgada por el Ing. VICTOR HUGO
CRUZADO DIAZ a favor de la Ing. PAULA ROSA ZARATE DIOSES (identificada con
DNI N° 41183714), acreditando que supuestamente habría ejercido el cargo
de Asistente de Supervisión en la obra "Mejoramiento de los Servicios de
Salud del Puesto de Salud Huancaquito Alto - Provincia de Virú -
Infraestructura", ejecutada por la Municipalidad Provincial de Virú. Sin
embargo, en el Contrato suscrito entre el Contratista de dicha obra (Ing.
VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ) y la citada Entidad (Municipalidad Provincial de
Virú), figura el lng. PAUL YERKO VARGAS VIGO como Asistente de
Supervisión, información que se puede corroborar en el Folio N° 232 de la
propuesta técnica de aquél.
En relación con dicha situación, mediante Carta N° 3-2014-CONSORCIO
CONSULTORES ASOCIADOS, el Denunciante solicitó a la Municipalidad
Provincial de Virú informar si durante la ejecución del contrato existió
un cambio de profesional en el referido cargo, ante lo cual la Entidad,
mediante Oficio N° 62-2014-GDUR/MPV , respondió que en la ejecución de la
mencionada consultoría de obra, la función de ?Asistente de Supervisión?
la desempeñó el Ing. PAUL YERKO VARGAS VIGO, no habiéndose efectuado
ningún cambio de profesional.
En adición a ello, la Denunciante precisa que en la ?Constancia de
conformidad de Servicio? expedida por el Ing. VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ a
la Ing. PAULA ROSA ZARATE DIOSES se precisa que el servicio supuestamente
desempeñado lo realizó entre el 26 de octubre de 2012 y el 24 de mayo de
2013; sin embargo, del Oficio N° 62-2014-GDUR/MPV remitido por la
Municipalidad Provincial de Virú se observa que la prestación total del
contrato se ejecutó desde el 26 de octubre de 2012 hasta el 30 de abril de
2013.
ii. A folios 124 de su propuesta técnica, el Consorcio presentó la
Constancia de conformidad de Servicio otorgada por el Ing. YURI RAFAEL
SALDAÑA AHUMADA (integrante del Consorcio Vía Nova) a favor de la Ing.
PAULA ROSA ZARATE DIOSES (identificada con DNI N° 41183714), acreditando
que supuestamente habría ejercido el cargo de Asistente de Supervisión en
la obra "Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la IE 80036 ? San
Martín de Porres ? distrito de La Esperanza ? Trujillo ? La Libertad",
ejecutada por el Gobierno Regional de La Libertad. Sin embargo, en el
Contrato suscrito entre el Contratista de dicha obra (Ing. YURI RAFAEL
SALDAÑA AHUMADA) y el Gobierno Regional de La Libertad, figura el lng.
RAMÓN ALFREDO AGUILAR ARMAS como Asistente de Supervisión.
En relación con dicha situación, mediante Cartas N° 3 y 4-2014-CONSORCIO
CONSULTORES ASOCIADOS, el Denunciante solicitó a la Entidad informar si
durante la ejecución del contrato existió algun cambio de profesional en
el referido cargo, ante lo cual aquélla, mediante Carta N°
127-2014-GRLL-GGR-GRCO , respondió que ninguna de las adendas suscritas
con el Ing. Yuri Rafael Saldaña Ahumada tuvo por objeto designar a la Ing.
Paula Rosa Zárate Dioses.
iii. A folios 143 de su propuesta técnica, el Consorcio presentó el
Certificado de Asistente de Supervisión del Arquitecto YERRY POWER DIAZ
GAMBOA, con Reg. CAP 13205, en donde se indica que dicho profesional
ejerció el citado cargo en la obra ?Construcción del edificio Residencial
Daniel Hoyle? desde el 22 de noviembre de 2010 al 30 de julio de 2011; sin
embargo, de acuerdo con el folio 141, se puede apreciar que la colegiatura
del arquitecto en mención tiene como fecha de registro el 9 de enero de
2011, lo cual demuestra que el CONSORCIO VIA NOVA presentó información
inexacta respecto a la fecha que se consigna en el Certificado de
Asistente de Supervisión como inicio del ejercicio de sus funciones del
citado profesional, por cuanto al 22 de noviembre de 2010, éste aún no se
encontraba facultado para ejercer la profesión.
Por tales razones, corresponde imponer sanción administrativa de
inhabilitación a los integrantes del CONSORCIO VIA NOVA.
Cabe precisar que, como recaudos de su denuncia, el Denunciante remitió
copia de la documentación referida.
4. Mediante decreto del 10 de setiembre de 2014, se admitió a trámite la
denuncia presentada y se requirió a la Entidad que cumpla previamente con
remitir, entre otros, un Informe Técnico Legal de su asesoría, sobre la
procedencia y presunta responsabilidad de los señores YURI RAFAEL SALDAÑA
AHUMADA (RUC N° 10181113206), MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO (RUC N°
10328045431) y VICTOR HUGO CRUZADO DÍAZ (RUC N° 10188885867), debiendo
enumerar y remitir copias legibles de los documentos supuestamente falsos
o con información inexacta, así como su respectiva acreditación en mérito
a una fiscalización posterior realizada a los mismos. Asimismo, se le
requirió remitir copia legible de la propuesta técnica debidamente
ordenada y foliada cronológicamente; otorgándosele el plazo de diez (10)
días hábiles para tales efectos.
5. Mediante Oficio N° 1208-2014-GRLL-GRCO presentado el 13 de octubre de
2014 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de
Trujillo e ingresado a la Mesa de Partes del Tribunal el 14 de octubre de
2014, la Entidad remitió, entre otros, el Informe Legal N°
64-2014-GRLL-GGR/GRAJ-SMTI, en el cual concluye que el CONSORCIO VIA NOVA
ha cometido la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51° de la Ley, por la presentación de documentación falsa y/o con
información inexacta en su propuesta técnica para la Adjudicación Directa
Pública N° 5-2014/GRLL-GRAB - Primera Convocatoria, convocada para la
contratación de la ?Supervisión de obra: Mejoramiento de los servicios
educativos primaria y secundaria de la IE 80820 - Víctor Larco en el
sector Vista Alegre, distrito de Víctor Larco Herrera - Trujillo - La
Libertad?.
Sin embargo, cabe precisar que en el marco del referido informe legal, la
Entidad sólo se pronunció respecto de la responsabilidad del Consorcio en
los hechos descritos en el literal b) del numeral 3 de los presentes
Antecedentes, relacionados con la obra "Mejoramiento de la Infraestructura
Educativa en la IE 80036 ? San Martín de Porres ? distrito de La Esperanza
? Trujillo ? La Libertad", ejecutada por el Gobierno Regional de La
Libertad; y no así respecto de los hechos descritos en los literales a) y
c).
6. Vista la razón de Secretaría del Tribunal, mediante decreto de fecha 21
de octubre de 2014, el expediente fue remitido a la Tercera Sala del
Tribunal a fin de que evalúe la procedencia del inicio de procedimiento
administrativo sancionador contra el Contratista.
7. Mediante decreto del 11 de noviembre de 2014, la Tercera Sala del
Tribunal solicitó información adicional a la Entidad, requiriéndole la
remisión de un Informe Técnico Legal complementario de su asesoría, en el
cual se pronuncie de manera clara y precisa respecto de lo señalado por la
Denunciante en el sentido de que además de la ?Constancia de Conformidad
de Servicios suscrita por el Ing. Yuri Rafael Saldaña Ahumada a favor de
la Ing. Paula Rosa Zárate?, existirían otros documentos supuestamente
falsos o inexactos sobre los cuales su representada no se habría
pronunciado en el informe que remitiera. Dicha información, no fue
remitida por la Entidad.
8. Mediante Acuerdo N° 1146/2014.TC-S3 del 2 de diciembre de 2014, el
Tribunal dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra
los señores YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA, MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO y
VICTOR HUGO CRUZADO DÍAZ, integrantes del CONSORCIO VIA NOVA, por la
presunta presentación de documentación falsa o información inexacta en su
propuesta técnica para la Adjudicación Directa Pública N° 5-2014/GRLL-GRAB
- Primera Convocatoria; infracción tipificada en el literal j) del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por
Decreto Legislativo Nº 1017 y modificada mediante Ley N° 29873. Asimismo,
se otorgó a cada integrante del consorcio el plazo de diez (10) días,
efecto de que presente sus descargos.
9. Con escrito presentado el 22 de diciembre de 2014 ante la Oficina
Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, ingresado el 23
de diciembre del mismo año a la Mesa de Partes del Tribunal, el señor
MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO, integrante del CONSORCIO VIA NOVA, presentó
sus descargos de manera individual, manifestando lo siguiente:
? Teniendo en cuenta el aporte y compromiso asumido con el Consorcio, la
documentación presentada por su persona no es materia de cuestionamiento,
sino las aportadas por los demás consorciados, de modo que considera que
no asume responsabilidad solidaria en el presente procedimiento
administrativo sancionador, toda vez que se individualizó las obligaciones
y compromisos asumidos en el Consorcio.
? Cada uno de los consorciados asumieron obligaciones en el Consorcio, en
su caso fue el aporte de la Experiencia tanto en la Actividad así como en
la Especialidad, de modo que en atención al aporte asumido es que le
corresponde el 50% de obligaciones, siendo que los documentos cuestionados
corresponden a los consorciados Víctor Hugo Cruzado y Yuri Saldaña
Ahumada, quienes responderán por la veracidad de los mismos, puesto que no
son falsos ni contienen información inexacta.
? A nivel de Consorcio, señala que los documentos presentados para
acreditar la experiencia de la Asistente de Supervisión Ing. Paula Rosa
Zárate Dioses, tanto la Constancia de Conformidad de Prestación de
Servicios otorgada por el Ing. Víctor Hugo Cruzado Díaz, la misma que
acredita haber ejercido el cargo de Asistente de Supervisión en la obra
"Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud de
Huanchaquito Alto - Provincia de Virú", si bien es cierto se cuestiona que
la referida profesional no habría laborado en dicha obra por información
de la propia municipalidad, no obstante, ésta sola informa de los
profesionales propuestos que habrían derivado del proceso de selección,
sin tener en consideración que no existe prohibición alguna para que se
pueda contratar otros asistentes de Supervisión para la obra.
El mismo argumento es aplicable para el caso de la Constancia de
Conformidad de Prestación de Servicios otorgada a la Ing. Paula Rosa
Zárate Dioses por parte del Ing. Yuri Rafael Saldaña Ahumada, que acredita
haber ejercido el cargo de Asistente de Supervisión en la obra
"Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E. 80036 San Martín
de Porres - Distrito de La Esperanza - Trujillo - La Libertad". De modo
tal, que la constancias cuestionadas no son falsas ni contienen
información inexacta.
? Respecto al cuestionamiento del momento de la colegiatura del Arq. Yerry
Power Díaz Gamboa, que no guarda relación con el certificado que acredita
que dicho profesional ejerció el cargo de Asistente de Supervisión en el
periodo 22 de noviembre del 2010 al 30 de julio del 2011; señala que: i)
la certificación se otorga como documento que acredita los servicios
prestados en una determinada obra, es decir se acredita la experiencia,
ii) con dicho documento no se está dando conformidad a la colegiatura,
iii) el documento se otorga el 19 de agosto del 2011, en calidad de
Arquitecto Colegiado.
Es decir laboró como asistente de supervisión en dicho periodo en una obra
determinada, siendo que la Ley de Contrataciones del Estado no es
aplicable a dicha experiencia por que la obra ejecutada es privada, en
todo caso fue contratado aun siendo Bachiller, terminando el cargo como
Arquitecto, esta acreditación de la experiencia no se encuentra prohibida,
más aun de tratarse de una obra privada.
? Solicita el uso de la palabra.
10. Con escrito presentado el 23 de diciembre de 2014 ante la Oficina
Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, ingresado el 24
de diciembre del mismo año a la Mesa de Partes del Tribunal, el señor
VICTOR HUGO CRUZADO DÍAZ, integrante del CONSORCIO VIA NOVA, presentó sus
descargos de manera individual, manifestando lo siguiente:
? El Ing. Carranza Haro, participó en el consorcio con el aporte de la
experiencia, cuya documentación no ha sido cuestionada.
? Con relación a la Constancia de Conformidad de Prestación de Servicios
presentada para acreditar la experiencia de la Asistente de Supervisión
Ing. Paula Rosa Zárate Dioses, señala que si bien es cierto la información
brindada por la Municipalidad Provincial de Virú a través del Oficio
N°062-2014- GDUR/MPV del 30 de julio del 2014, en el que informa que: i)
su persona ejerció el cargo de Supervisor de la obra, e ii) indicó que el
cargo de Asistente de Supervisión, fue ejercido por el Ing. Yerko Vargas
Vigo; también es cierto, que la mencionada municipalidad no supervisa al
personal ni equipos distintos a los solicitados en los requerimientos
técnicos mínimos para la ejecución de la obra, y que son por cuenta y
cargo de la contratista, de los mismos que no puede certificar.
En ese sentido, el 25 de octubre del 2012, su persona suscribió Contrato
de Locación De Servicios con la Ing. Paula Rosa Zárate Dioses, para que
asuma el cargo de Asistente de Supervisión, a efectos de que pueda brindar
sus servicios profesionales en la ejecución de la obra como asistente, y
le informe de los hechos que pudieran darse en el proceso constructivo,
cuya responsabilidad recaía en su persona, por lo tanto el documento
cuestionado contiene información veraz, que se condice con la realidad de
los hechos.
? En relación al cuestionamiento del Certificado que acredita al Arq.
Yerry Power Díaz Gamboa en el cargo de Asistente de Supervisión en el
periodo del 22 de noviembre del 2010 al 30 de julio del 2011, cuando dicho
profesional obtuvo su colegiatura recién el 9 de enero del 2011; señala
que: i) la certificación se otorga como documento que acredita los
servicios prestados como asistente de supervisión en una determinada obra,
es decir se acredita la experiencia del profesional; ii) con dicho
documento no se está dando conformidad a la colegiatura; y, iii) el
documento se otorga el 19 de agosto del 2011, en calidad de Arquitecto
colegiado.
? El certificado cuestionado acredita la experiencia del profesional por
un determinado periodo de tiempo, es decir laboró como asistente de
supervisión en dicho periodo en una obra determinada, asimismo la Ley de
Contrataciones del Estado no es aplicable a dicha experiencia por que la
obra ejecutada es privada, en todo caso la contratista lo contrató aun
siendo Arquitecto, terminando el cargo como Arquitecto colegiado, esta
acreditación de la experiencia no se encuentra prohibida, más aun de
tratarse de una obra privada.
En ese sentido, se advierte que el señor Yerry Power Díaz Gamboa fue
contratado como Arquitecto para el cargo de Asistente de Supervisión de
Obra, y como tal lo ejerció por el periodo contratado por la Empresa Trial
Constructores, y que durante su trabajo fue colegiado (09.01.2011), esta
colegiatura en nada anula la experiencia adquirida en los meses previos a
la misma, ya que la experiencia es la destreza adquirida en un periodo de
tiempo; por lo que el documento cuestionado no contiene información
inexacta.
? Solicita el uso de la palabra.
11. Con escrito presentado el 24 de diciembre de 2014 ante la Oficina
Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, ingresado el 29
de diciembre del mismo año a la Mesa de Partes del Tribunal, el señor YURI
RAFAEL SALDAÑA AHUMADA, integrante del CONSORCIO VIA NOVA, presentó sus
descargos de manera individual, manifestando los mismos descargos que el
señor VICTOR HUGO CRUZADO DÍAZ, señalando, además, que el informe legal de
la Entidad se basa para emitir su opinión legal sobre la comisión de la
infracción en el informe técnico, el mismo que contiene argumentos errados
sobre la libre contratación entre particulares, certifica los hechos que
no le constan, ya que la opinión técnica se ha hecho sobre el expediente
de contratación, más no sobre el proceso constructivo de la obra, es
decir, la participación de los profesionales en la obra, máxime si se puso
en conocimiento de la contratista ejecutora de la obra, la participación
de la Ing. Paula Rosa Zárate Dioses, como Asistente de Supervisor.
Asimismo, solicitó el uso de la palabra.
12. Mediante decreto de fecha 31 de diciembre de 2014, se tuvo por
apersonado a los señores YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA, MIGUEL EDUARDO
CARRANZA HARO y VICTOR HUGO CRUZADO DÍAZ, integrantes del CONSORCIO VIA
NOVA, por presentados sus descargos de manera individual, por señalado sus
domicilios procesales y se remitió el expediente a la Tercera Sala para
que resuelva.
13. Mediante Resolución N° 006-2015-OSCE/PRE de fecha 9 de enero de 2015,
se dispuso la reconformación de las Salas de Tribunal, así como el
respectivo traslado de expedientes a las Salas de destino, por lo que en
virtud de lo dispuesto en el Acuerdo de Sala Plena N° 008/2012, por
decreto de fecha 15 de enero de 2015 se remitió el presente expediente a
la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, teniendo en cuenta que el
cómputo de los plazos estipulados por los artículos 116 y 242 del
Reglamento serán contados a partir del día siguiente de emitido el citado
decreto.
14. Con decreto de fecha 23 de enero de 2015, se convocó a audiencia
pública para el 2 de febrero del mismo año, la cual fue reprogramada para
el 10 de febrero del mismo año, según decreto del 27 de enero de 2015, la
cual se realizó con la participación del representante designado por el
Consorcio.
15. Mediante decreto de fecha 12 de febrero del 2015, se solicitó
información adicional a los señores Víctor Hugo Cruzado Díaz, Yerry Power
Díaz Gamboa y Paula Rosa Zarate Dioses y a la empresa TRIAL CONSTRUCTORES
S.A.C.
16. Con escritos presentados el 25 de febrero de 2015 ante la Oficina
Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, ingresados el 26
de febrero de del mismo año a la Mesa de Partes del Tribunal, los señores
Víctor Hugo Cruzado Díaz, Yerry Power Díaz Gamboa y Paula Rosa Zarate
Dioses presentaron la información adicional solicitada.
17. Mediante decreto de fecha 23 de marzo del 2015, se solicitó
información adicional al señor Yuri Rafael Saldaña Ahumada.
FUNDAMENTACIÓN:
1. El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la
presunta responsabilidad de los señores YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA,
MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO y VICTOR HUGO CRUZADO DÍAZ, integrantes del
CONSORCIO VIA NOVA, por su supuesta responsabilidad al haber presentado
documentación falsa o con información inexacta, en el marco de la
Adjudicación Directa Pública N° 5-2014/GRLL-GRAB - Primera Convocatoria,
infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51
de la Ley, norma aplicable al presente caso.
NATURALEZA DE LA INFRACCIÓN
2. El artículo 42º de la Ley del Procedimiento Administrativo General
establece que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que
presenten los administrados para la realización de procedimientos
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así
como de contenido veraz para fines del procedimiento administrativo. Sin
embargo, esta presunción es de índole iuris tantum pues admite prueba en
contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública
verificar la documentación presentada, cuando existen indicios suficientes
de que la información consignada no se ajusta a los hechos.
En tal sentido, el inciso 4) del artículo 56º del mismo cuerpo legal,
estipula como uno de los deberes generales de los administrados, la
comprobación de la autenticidad, previamente a su presentación ante la
Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que
se ampare en la presunción de veracidad.
Ahora bien, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto
de hecho de la norma que contiene la infracción imputada, se requiere
previamente acreditar la falsedad del documento cuestionado, es decir que
éste no haya sido expedido por el órgano o agente emisor correspondiente o
que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido.
Por otro lado, la infracción referida a información inexacta se configura
ante la presentación de declaraciones no concordantes con la realidad, que
constituye una forma de falseamiento de la misma, a través del
quebrantamiento de los Principios de Moralidad y Presunción de Veracidad
que amparan dicha información, de conformidad con el literal b) del
artículo 4º de la Ley de Contrataciones del Estado, y el numeral 1.7 del
Artículo IV del Título Preliminar y el artículo 42º de la Ley № 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General .
CONFIGURACIÓN DE LA INFRACCIÓN
3. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el
Consorcio está referida a la presentación, como parte de su propuesta
técnica, de los siguientes documentos:

i. Constancia de conformidad de Servicio de fecha 7 de mayo de 2014,
emitido por el Ing. YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA a favor de la Ing. PAULA
ROSA ZARATE DIOSES, mediante el cual se acredita que dicho profesional
participó como Asistente de Supervisión en la obra: "Mejoramiento de la
Infraestructura Educativa en la IE 80036 ? San Martín de Porres ? distrito
de La Esperanza ? Trujillo ? La Libertad", ejecutada por el Gobierno
Regional de La Libertad, durante el período del 1 de marzo de 2013 hasta
el 7 de marzo del 2014.
ii. Constancia de conformidad de Servicio de fecha 26 de julio de 2013,
emitido por el Ing. VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ a favor de la Ing. PAULA ROSA
ZARATE DIOSES, mediante el cual se acredita que dicho profesional
participó como Asistente de Supervisión en la obra: "Mejoramiento de los
Servicios de Salud del Puesto de Salud Huancaquito Alto - Provincia de
Virú - Infraestructura", ejecutada por la Municipalidad Provincial de
Virú, durante el período del 26 de octubre de 2012 hasta el 24 de mayo del
2013.
iii. Certificado de Asistente de Supervisión de fecha 19 de agosto de
2011, emitido por la empresa TRIAL CONSTRUCTORES S.A.C. a favor del
arquitecto YERRY POWER DIAZ GAMBOA, mediante el cual se acredita que dicho
profesional participó como Asistente de Supervisión en la obra:
?Construcción del edificio Residencial Daniel Hoyle?, durante el período
del 22 de noviembre de 2010 hasta el 30 de julio del 2011.
4. Sobre el particular, corresponde analizar si existen indicios o
elementos suficientes que ameriten considerar que los documentos antes
mencionados, presentados por el Consorcio como parte de su propuesta
técnica durante la Adjudicación Directa Pública N° 5-2014/GRLL-GRAB -
Primera Convocatoria, responden a la verdad de los hechos o se encuentran
premunidos por el citado Principio de Presunción de Veracidad.
Respecto de la falsedad y/o inexactitud del documento denominado
Constancia de conformidad de Servicio de fecha 7 de mayo de 2014, emitido
por el Ing. YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA a favor de la Ing. PAULA ROSA
ZARATE DIOSES.
5. El certificado cuestionado obra en autos a fojas 35, en el cual se
consigna que la Ingeniera PAULA ROSA ZARATE DIOSES laborado para el Ing.
YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA desde el 1 de marzo de 2013 hasta el 7 de
marzo del 2014, ocupando el cargo de ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA, en
la obra: "Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la IE 80036 ?
San Martín de Porres ? distrito de La Esperanza ? Trujillo ? La Libertad".
6. Con relación a ello, de la documentación existente en el expediente, se
advierte que mediante Contrato N° 014-2013-GRLL-GRAB, suscrito entre el
Gobierno Regional La Libertad y el Ing. YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA, para
la supervisión de la obra: "Mejoramiento de la Infraestructura Educativa
en la IE 80036 ? San Martín de Porres ? distrito de La Esperanza ?
Trujillo ? La Libertad", el Ing. YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA se obligó a
realizar la consultoría de dicha obra con el ingeniero civil RAMÓN ALFREDO
AGUILAR ARMAS como Asistente de Supervisión. Asimismo, en reemplazo del
mencionado profesional, mediante Adenda al Contrato N° 014-2013-GRLL-GRAB
de fecha 1 de febrero de 2013, se designó al ingeniero civil JAIME MACEDO
MACEDO como Asistente de Supervisión.
7. Por su parte, mediante Informe N° 064-2014-GRLL-GGR/GRCO, la Entidad ha
manifestado que:
?(?) con Carta Notarial de fecha 17 de julio de 2014 el ingeniero YURI
RAFAEL SALDAÑA AHUMADA informa que la Ing. Paula Rosa Zarate Dioses se
desempeñó como personal asistente, con obligaciones
Técnico-Administrativos, con funciones para realizar coordinaciones,
traslado de muestras para ensayo, control de calidad, cadista de
replanteo y elaboración provisional y valorizaciones para aprobación
definitiva, asimismo, tramitaciones a entidades financieras, SUNAT, etc;
es decir, pretende sorprender a la Entidad, señalando que existe un cargo
similar al de ?Asistente de Supervisión?, esto es, el cargo de ?Asistente
de Supervisión Administrativo?, cargo que no existe y funciones que no se
enmarcan dentro de las que les compete a un Asistente de Supervisión; por
lo tanto, no acredita la experiencia en la especialidad que se requería
para el referido proceso de selección (no debiendo obtener el segundo
lugar en el orden de prelación de la buena pro) y a su vez resulta en
información y documentación inexacta(?)?
8. Por lo expuesto, este Colegiado concluye que la constancia cuestionada
contiene información inexacta, puesto que se ha acreditado con grado de
certeza que la ingeniera PAULA ROSA ZARATE DIOSES no participó en la
ejecución de la obra: Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la
IE 80036 ? San Martín de Porres ? distrito de La Esperanza ? Trujillo ? La
Libertad". En tal sentido, en virtud del contenido de la constancia de
conformidad cuestionada, que hace alusión que dicha persona laboró en el
cargo de Asistente de Supervisor de Obra, se advierte que la información
obrante en la constancia cuestionada no se ajusta a la realidad.
9. Los integrantes del Consorcio en sus escritos de descargos, refieren
que es comprensible lo informado por el Gobierno Regional La libertad,
puesto que dicho profesional no estuvo dentro de lo propuesto para la
ejecución de la obra: ?Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la
I.E. 80036 San Martín de Porres - Distrito de La Esperanza - Trujillo - La
Libertad", que más bien se trataba de la contratación de otro asistente de
supervisión (personal de apoyo (con obligaciones Técnico-Administrativos)
que fue incorporada a la obra conforme a sus necesidades particulares,
pero que no fueron incorporados en los registros correspondientes de la
obra. Al respecto, este Colegiado debe precisar que en la constancia de
conformidad de servicio aquí cuestionada, se alude a una función que no le
correspondía a la mencionada profesional, pues se señala un cargo que no
existía o no le correspondía, lo cual constituye una grave infracción
administrativa, ya que se está incorporando a un documento aparentemente
válido y legal, información incorrecta o inexacta que no guarda relación
con la realidad, lo cual resulta pasible de sanción a tenor de lo previsto
en el literal j) numeral 51.1. del artículo 51º de la Ley.
10. En ese sentido, la Declaración Jurada Legalizada de fecha 23 de
febrero de 2015, presentada por la ingeniera PAULA ROSA ZARATE DIOSES
respecto de la veracidad de las Constancia de conformidad de Servicio de
fecha 7 de mayo de 2014, así como, las copias legalizadas de los recibos
por honorarios profesionales emitidos a favor del ingeniero YURI RAFAEL
SALDAÑA AHUMADA respecto al servicio señalado en el documento cuestionado,
sólo dejan entrever que la mencionada profesional se habría desempeñado
como personal asistente con obligaciones Técnico-Administrativos en la
supervisión de la obra, más no verifica una situación laboral o cargo que
nunca tuvo, esto es, la de Asistente de Supervisión de Obra.
11. En el marco de lo expuesto, respecto de la autenticidad de la
?Constancia de conformidad de Servicio de fecha 7 de mayo de 2014?,
emitida por el Ing. YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA a favor de la Ing. PAULA
ROSA ZARATE DIOSES, se ha corroborado la inexactitud de la información
contenida en ésta, en mérito de lo informado por el Gobierno Regional La
Libertad, ejecutor de la obra: Mejoramiento de la Infraestructura
Educativa en la IE 80036 ? San Martín de Porres ? distrito de La Esperanza
? Trujillo ? La Libertad", así como de lo manifestado por el Ing. YURI
RAFAEL SALDAÑA AHUMADA ante la Entidad.
Respecto de la falsedad y/o inexactitud del documento denominado
Constancia de conformidad de Servicio de fecha 26 de julio de 2013,
emitido por el Ing. VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ a favor de la Ing. PAULA ROSA
ZARATE DIOSES.
12. La Constancia cuestionada obra a fs. 23, y ha sido elaborada por el
ingeniero civil VÍCTOR H. CRUZADO DÍAZ. Dicha constancia señala que ?(?)
el Ing. PAULA ROSA ZARATE DIOSES (?), ha prestado sus servicios como
Asistente de Supervisión de Obra, para supervisión de la obra:
"Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud Huancaquito
Alto - Provincia de Virú - Infraestructura", ejecutada por la
Municipalidad Provincial de Virú (?)?, durante el período del 26 de
octubre de 2012 hasta el 24 de mayo del 2013.
13. Al respecto, en la documentación existente en el expediente, obra el
Contrato de Servicio de Consultoría para la Supervisión de Obra:
"Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud Huancaquito
Alto - Provincia de Virú - Infraestructura" (Folio N° 029-034), suscrito
el 23 de octubre de 2012 entre la Municipalidad Provincial de Virú y el
Ing. VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ, en el que se aprecia que el ingeniero PAUL
YERKO VARGAS VIGO fue designado en el cargo de Asistente de Supervisión de
Obra.

14. Asimismo, mediante Oficio N° 62-2014-GDUR/MPV (folio 54), la
Municipalidad Provincial de Virú, informó que en la ejecución de la
mencionada consultoría de obra, la función de Asistente de Supervisión la
desempeñó el Ing. PAUL YERKO VARGAS VIGO, no habiendo efectuado la
contratista ningún cambio de profesional sobre dicho cargo.
Adicionalmente, en el mencionado oficio se aprecia que el Contrato de
fecha 23 de octubre de 2012 fue ejecutado desde el 26 de octubre de 2012
al 30 de abril de 2013.
15. Por lo expuesto, este Colegiado concluye que la cuestionada Constancia
de conformidad de Servicio de fecha 26 de julio de 2013, contienen
información inexacta, puesto que se ha acreditado con grado de certeza que
la ingeniera PAULA ROSA ZARATE DIOSES no laboró en la ejecución de la
obra: "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud
Huancaquito Alto - Provincia de Virú - Infraestructura", ni tampoco se
encontraba registrada como trabajadora del Ing. VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ
ante la Municipalidad Provincial de Virú. Asimismo, la fecha de ejecución
del servicio de supervisión señalado en el documento cuestionado (26 de
octubre de 2012 hasta 24 de mayo de 2013), no coincide con el período en
que realizó la prestación (26 de octubre de 2012 al 30 de abril de 2013).
En tal sentido, en virtud del contenido de la constancia de conformidad de
servicios cuestionada, que hace alusión a una función que no le
correspondía a la ingeniera PAULA ROSA ZARATE DIOSES, pues se señala un
cargo que no tuvo o no le correspondía, así como que, las fechas citadas
en el mismo no coinciden con las fechas de la ejecución real de la
supervisión de obra; se advierte que la información obrante en la
constancia cuestionada resulta inexacta y no se ajusta a la realidad.
16. En ejercicio de su derecho de defensa, al igual que en el caso de la
primera constancia cuestionada, los integrantes del Consorcio han señalado
que la Municipalidad Provincial de Virú no tenía que saber, ni supervisar
al personal o equipos distintos a los requeridos como requerimientos
técnicos mínimos para la supervisión de la obra, puesto que dicho
profesional no estuvo dentro de lo propuesto para la ejecución de la obra:
"Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud Huancaquito
Alto - Provincia de Virú - Infraestructura", que más bien se trataba de la
contratación de otro asistente de supervisión (personal de apoyo) que fue
incorporado a la obra conforme a sus necesidades particulares, pero que no
fue integrado en los registros correspondientes de la obra. Al respecto,
cabe reiterar lo sostenido anteriormente, en cuanto la constancia de
conformidad de servicio cuestionada, alude a una función o cargo que no
correspondía a la mencionada profesional, lo cual constituye una grave
infracción administrativa, ya que se está incorporando a un documento
aparentemente válido y legal, información incorrecta o inexacta que no
guarda relación con la realidad, lo cual resulta pasible de sanción a
tenor de lo previsto en el literal j) numeral 51.1. del artículo 51º de la
Ley.
17. Así también, cabe mencionar que el Contrato de Locación de Servicios
de fecha 25 de octubre de 2012, suscrito entre la ingeniera PAULA ROSA
ZARATE DIOSES y el ingeniero VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ, y su respectiva
Adenda de fecha 19 de febrero de 2013, para el servicio de ?Asistente II?
para que realice las labores de Asistente de Supervisión de la obra:
"Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud Huancaquito
Alto - Provincia de Virú - Infraestructura", presentados por los
mencionados profesionales en respuesta a la información adicional
solicitada, no acredita que la ingeniera PAULA ROSA ZARATE DIOSES
efectivamente realizó dichas prestaciones, es decir, no verifica una
función o cargo que nunca tuvo, esto es, la de Asistente de Supervisión de
Obra, por el contrario, del mencionado contrato se aprecia que la
mencionada ingeniera iba desarrollar una labor de apoyo (?Asistente II?)
para con el Asistente de Supervisión de la obra.
18. En ese sentido, se ha corroborado la inexactitud de la información
contenida en la Constancia de conformidad de Servicio de fecha 26 de julio
de 2013, en mérito de lo informado por la Municipalidad Provincial de
Virú, así como de la documentación presentada por la ingeniera PAULA ROSA
ZARATE DIOSES y el ingeniero VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ.
Respecto de la falsedad y/o inexactitud del documento denominado
Certificado de Asistente de Supervisión de fecha 19 de agosto de 2011,
emitido por la empresa TRIAL CONSTRUCTORES S.A.C. a favor del arquitecto
YERRY POWER DIAZ GAMBOA.
19. En su oportunidad se denunció que el documento denominado "Certificado
de Asistente de Supervisión del 19 de agosto de 2011", suscrito por el
señor Jorge Rodríguez Herrera, en calidad de Gerente General de la empresa
TRIAL CONSTRUCTORES S.A.C., que acredita al señor YERRY POWER GAMBOA como
Asistente de Supervisión de la Obra: ?Construcción del Edificio
Residencial Daniel Hoyle?, sería presuntamente falso o contendría
información inexacta; debido a que la colegiatura de dicha persona como
arquitecto tiene fecha de registro 9 de enero de 2011; no obstante, la
fecha que se consigna en el certificado cuestionado como inicio del
ejercicio de sus funciones es el 22 de noviembre de 2010, cuando aún no se
encontraba facultado para ejercer la profesión.

20. Sobre el particular, de la documentación existente en el expediente se
aprecia que, el Certificado cuestionado fue expedido el 19 de agosto de
2011, señalando que el señor YERRY POWER DIAZ GAMBOA, de profesión
Arquitecto, trabajó para la empresa TRIAL CONSTRUCTORES S.A.C. desde el 22
de noviembre de 2010 al 30 de julio de 2011; es decir, el documento
cuestionado fue extendido después de la inscripción de la mencionada
persona como arquitecto (9 de enero de 2011), por lo que resulta razonable
que a la fecha de su expedición, la empresa TRIAL CONSTRUCTORES S.A.C., al
momento de redactar el mencionado certificado, se haya referido al señor
YERRY POWER DIAZ GAMBOA como "de profesión Arquitecto". Asimismo, si bien
existiría duda respecto a que la mencionada persona habría laborado como
Asistente de Supervisión de la Obra: ?Construcción del Edificio
Residencial Daniel Hoyle?, no es menos cierto que, en el documento
cuestionado no se señala que el señor YERRY POWER DIAZ GAMBOA laboró como
arquitecto, ni tampoco existe certeza que en la mencionada obra privada se
haya solicitado un arquitecto para la realización de dicha función, por lo
que al no existir mayores elementos probatorios que acrediten la falsedad
y/o inexactitud de dicho documento, corresponde la aplicación del
principio de presunción de veracidad recogido en el numeral 1.7 del
artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 2744, Ley del Procedimiento
Administrativo General. Dicha conclusión permite desestimar los
cuestionamientos efectuados en este extremo.
21. Finalmente, respecto al Acuerdo N° 1145/2014.TC-S1 del 2 de diciembre
de 2014, este Colegiado no comparte los criterios esgrimidos por la
otrora Primera Sala del Tribunal en cuanto al análisis de la configuración
de la infracción en el señalado, debiendo tenerse presente que de
conformidad con el artículo 53 de la Ley sólo constituyen precedentes
vinculantes aquellos acuerdos adoptados en Sala Plena, en los cuales este
Tribunal interprete de modo expreso y con carácter general las normas
establecidas en la Ley y Reglamento.
En ese sentido, el Acuerdo antes invocado por el Consorcio no constituyen
precedente vinculante adoptado en Sala Plena, por lo que corresponde a
este Colegiado apartarse del análisis y el razonamiento jurídico seguido
en el mismo.
22. En conclusión, en el presente expediente se ha comprobado el
quebrantamiento del Principio de Presunción de Veracidad respecto de los
documentos denominados: ?Constancia de conformidad de Servicio de fecha 7
de mayo de 2014, emitido por el Ing. YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA a favor
de la Ing. PAULA ROSA ZARATE DIOSES? y ?Constancia de conformidad de
Servicio de fecha 26 de julio de 2013, emitido por el Ing. VICTOR HUGO
CRUZADO DIAZ a favor de la Ing. PAULA ROSA ZARATE DIOSES?, principio que
se encuentra reconocido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título
Preliminar de la Ley Nº 27444, por cuya virtud la Administración presume
que los documentos y declaraciones formulados por los administrados
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en
contrario, como en efecto ha sucedido en el presente caso.
Ello guarda directa relación con el Principio de Moralidad, contemplado en
el literal b) del artículo 4 de la Ley, según el cual los actos referidos
a las contrataciones estatales deben caracterizarse por la honradez,
veracidad, intangibilidad, justicia y probidad, lo que hace suponer a las
Entidades que la documentación presentada por los postores y/o
contratistas resulta acorde con la realidad.
23. En ese sentido, este Colegiado concluye que se ha configurado la
infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de
la Ley; consecuentemente, existe mérito suficiente para imponer la
correspondiente sanción administrativa.
Respecto a la individualización del infractor
24. Es pertinente traer a colación que es criterio sentado por el Tribunal
en uniforme y reiterada jurisprudencia que todo postor es responsable por
la veracidad de la documentación que presenta como parte de su acervo
documentario con ocasión de un proceso de selección, con independencia de
si fue tramitado por sí mismo o por un tercero, toda vez que el beneficio
por la falsificación incurrida recae directamente sobre él.
25. De la revisión de los autos, se advierte que los señores YURI RAFAEL
SALDAÑA AHUMADA, MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO y VICTOR HUGO CRUZADO DÍAZ,
integrantes del CONSORCIO VIA NOVA, por razón de llevarse a cabo la
Adjudicación Directa Pública N° 5-2014/GRLL-GRAB - Primera Convocatoria;
presentaron una única propuesta en calidad de empresas consorciadas, por
lo que, cabe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 239º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según el cual en las
infracciones incurridas por los postores que presentaron promesa de
consorcio durante su participación en el proceso de selección, la
responsabilidad se imputará exclusivamente a la parte que las haya
cometido, aplicándose solo a ésta la sanción a que hubiera lugar, siempre
que pueda individualizarse al infractor.
La individualización, será posible siempre que, exista medio probatorio
idóneo que permita atribuir la responsabilidad en el momento en que se
cometió la infracción, que en este caso fue al momento de la presentación
de propuestas y no en un momento posterior.
26. Sobre el particular, de la revisión de la Promesa Formal de Consorcio
de fecha 19 de junio de 2014, obrante en la propuesta técnica del
Consorcio, se aprecia que todos los consorciados se obligaron a la
"supervisión de la obra", con la precisión de que adicionalmente el señor
Víctor Hugo Cruzado Díaz se obligaba a la "actividades administrativas".
Asimismo, los suscribientes acordaron de forma irrevocable presentar una
propuesta conjunta en el proceso de selección, responsabilizándose
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado
proceso; designando al señor Víctor Hugo Cruzado Díaz como representante
legal común del referido Consorcio, para efectos de participar en todas
las etapas del proceso de selección y formalizar la contratación
correspondiente, sin precisar quién sería el responsable de la
elaboración, recopilación o presentación de la propuesta.
En consecuencia, no existe medio probatorio que permita afirmar que la
presentación de los documentos cuestionados estuviera vinculada únicamente
a las obligaciones establecidas en la Promesa de Consorcio que eran de
responsabilidad de una empresa en particular. Por el contrario, no es
posible individualizar la responsabilidad en uno de los miembros del
Consorcio, por lo que, la misma involucrará a todos sus miembros.
27. De esta manera, se desestima el argumento expuesto por el señor MIGUEL
EDUARDO CARRANZA HARO, quien señala como únicos responsables de la
presente denuncia a los señores YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA y VICTOR HUGO
CRUZADO DÍAZ, al haberse determinado que la responsabilidad recae de
manera solidaria en todos los consorciados.
28. Asimismo, en cuanto al argumento señalado en sus descargos, referidos
a que los documentos cuestionados corresponden a los consorciados Víctor
Hugo Cruzado y Yuri Saldaña Ahumada por sus aportes en la experiencia
tanto en la actividad así como en la especialidad; debe precisarse que es
obligación de todo postor verificar detalladamente la documentación que
presentará a la Entidad, como parte de su propuesta técnica; que la misma
es presentada por un representante legal común -en caso de Consorcio-
elegido por las empresas integrantes del mismo; lo cual significa que
posteriormente las consorciadas no pueden alegar desconocimiento al
momento de nombrar a su representante legal, ni los documentos presentados
a su nombre, puesto que aquéllas mantienen la obligación de verificar que
la documentación anexada sea idónea y además cumpla con los requisitos
exigidos en la normativa vigente.
29. En conclusión, al no ser posible individualizar al infractor,
corresponde atribuir responsabilidad administrativa a los señores YURI
RAFAEL SALDAÑA AHUMADA, MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO y VICTOR HUGO CRUZADO
DÍAZ, integrantes del CONSORCIO VIA NOVA, por la infracción tipificada en
el literal j) del numeral 51.1 artículo 51º de la Ley.
Graduación de la sanción
30. En relación a la graduación de la sanción imponible, el artículo 51 de
la Ley establece que los proveedores que presenten documentos falsos o
inexactos serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar con
el Estado por un periodo no menor de tres (3) años ni mayor de cinco (5)
años. Conforme al mencionado artículo, la sanción que se impondrá a las
empresas integrantes del Consorcio deberá ser graduada dentro de los
límites dispuestos en el precitado artículo, para lo cual deberá tenerse
en cuenta lo dispuesto por el artículo 245 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
31. Sin perjuicio de ello, de la base de datos del Registro de
Inhabilitados para contratar con el Estado del Registro Nacional de
Proveedores, se advierte que el señor MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO (RUC N°
10328045431) cuenta con antecedentes de inhabilitación, por la comisión de
la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51
de la Ley, de acuerdo al siguiente detalle:

Resolución N°
Periodo de inhabilitación Infracción
628-2015-TC-S2
37 meses
Del 30/03/2015 al
30/04/2018
Presentación de documentos falsos o con información inexacta

32. En atención a ello, es importante resaltar que el artículo 51 de la
Ley, regula que en caso de reincidencia en la causal de infracción
prevista en el literal j) del numeral 51.1 del dicho artículo, la
inhabilitación será definitiva, independientemente del periodo en el que
se ha reincidido y el número de sanciones impuestas.
33. En consecuencia, dado que en el presente caso se ha determinado la
responsabilidad del señor MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO al haber presentado
ante la Entidad, como parte de su propuesta técnica, documento con
información inexacta, y teniendo en cuenta que ya ha sido sancionado por
este Tribunal por la comisión de dicha infracción, corresponde imponerle
la sanción de inhabilitación definitiva en sus derechos de participar en
procesos de selección y contratar con el Estado.
34. Conforme a ello, a fin de sancionar a los señores YURI RAFAEL SALDAÑA
AHUMADA y VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ, integrantes del CONSORCIO VIA NOVA,
deberá considerarse lo siguiente:
? En relación a la naturaleza de la infracción, cabe considerar que ésta
reviste considerable gravedad, debido a que implica una vulneración del
Principio de Moralidad que debe regir a todos los actos vinculados a las
contrataciones públicas y sobre el cual se sustenta la confiabilidad de
los actos efectuados por los postores en los procesos de selección.
? Respecto a la intencionalidad de los integrantes del Consorcio, debe
tenerse en cuenta que el documento con información inexacta fue presentado
a fin de cumplir con los requisitos consignados en las bases del proceso
de selección, tratando de obtener una ventaja indebida respecto a los
otros posibles competidores, con el propósito de obtener la buena pro.
? En relación con el daño causado, debe precisarse que éste, surge con la
sola configuración de la causal tipificada como sancionable, en la medida
que su realización conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la
Entidad.
? En lo que atañe a la reiterancia, debe tomarse en cuenta que los señores
YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA y VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ no han sido
inhabilitados anteriormente para participar en procesos de selección y/o
contratar con el Estado.
? Conducta Procesal del Infractor: En lo que se refiere a la conducta
procesal, debe tomarse en cuenta que los señores YURI RAFAEL SALDAÑA
AHUMADA y VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ, se apersonaron al presente
procedimiento y cumplieron con presentar sus descargos.
35. Sin perjuicio de ello, el Principio de Razonabilidad previsto en el
numeral 3 del artículo 230 de la Ley № 27444, aconseja que las sanciones
no deben ser desproporcionadas y que deben guardar relación con la
conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben
verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo
estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio
que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta a
los señores YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA y VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ.
36. De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración en
procedimiento administrativo constituye un ilícito penal, previsto y
sancionado en el artículo 411 del Código Penal, el cual tutela la
presunción de veracidad establecida por ley y trata de evitar perjuicios
que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que
realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio
Público los hechos expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones.

En ese sentido, dado que el artículo 247 del Reglamento dispone que debe
ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para
que interponga la acción penal correspondiente, deberán remitirse a dicha
instancia los folios 01 al 067; 078 al 080; y, 887 al 891 del expediente
administrativo, así como copia de la presente resolución, debiendo
precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas
procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción
penal.
37. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte
del Consorcio tuvo lugar con fecha 19 de junio de 2014, fecha en que se
presentó los documentos con información inexacta.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente
Ana Teresa Revilla Vergara y la intervención de los Vocales Mario Fabricio
Arteaga Zegarra y Víctor Villanueva Sandoval, atendiendo a lo dispuesto en
la Resolución Nº 006-2015/OSCE-PRE, y en ejercicio de las facultades
conferidas en el artículo 63 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial Nº
789-2011-EF/10, analizados los antecedentes, y luego de agotado el debate
correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
1. SANCIONAR al señor MIGUEL EDUARDO CARRANZA HARO (RUC N° 10328045431),
con INHABILITACION DEFINITIVA en sus derechos de participar en procesos de
selección y contratar con el Estado, por la infracción tipificada en el
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por la
Ley N° 29873, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N°
5-2014/GRLL-GRAB - Primera Convocatoria; sanción que entrará en vigencia a
partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución.
2. Sancionar al señor YURI RAFAEL SALDAÑA AHUMADA (RUC N° 10181113206),
por un período de treinta y siete (37) meses de inhabilitación temporal en
su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el
Estado, por la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto
Legislativo N° 1017 y modificada por la Ley N° 29873, en el marco de la
Adjudicación Directa Pública N° 5-2014/GRLL-GRAB - Primera Convocatoria,
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de
notificada la presente Resolución.
3. Sancionar al señor VICTOR HUGO CRUZADO DIAZ (RUC N° 10188885867), por
un período de treinta y siete (37) meses de inhabilitación temporal en su
derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado,
por la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto
Legislativo N° 1017 y modificada por la Ley N° 29873, en el marco de la
Adjudicación Directa Pública N° 5-2014/GRLL-GRAB - Primera Convocatoria,
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de
notificada la presente Resolución.
4. Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público
para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime
pertinentes, conforme a lo indicado en la fundamentación.
5. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal comunique la sanción
al Registro Nacional de Proveedores a través del Sistema Informático del
Tribunal.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESIDENTE

VOCAL
VOCAL

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº
687-2012/TC del 03.10.2012.
ss.
Arteaga Zegarra
Villanueva Sandoval
Revilla Vergara

 

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Resolución Nº 953-2015-TCE-S1 Sumilla: "El supuesto de hecho de la norma que contiene la infracción invocada, se configura por la presentación de la documentación falsa y/o inexacta. Dicho supuesto acarrea una responsabilidad objetiva, pues basta

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Resolución Nº 953-2015-TCE-S1

Sumilla: "El supuesto de hecho de la norma que contiene la infracción
invocada, se configura por la presentación de la documentación falsa y/o
inexacta. Dicho supuesto acarrea una responsabilidad objetiva, pues basta
la constatación del hecho para que se configure la infracción imputada"

Lima, 15 de abril de 2015
Visto en sesión de fecha 15 de abril de 2015 de la Primera Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado el Expediente N° 2553/2014.TC, sobre
el procedimiento administrativo sancionador contra la empresa O.INGENIERIA
PARA LA CONSTRUCC. S.R.L.TDA. por presentar documentación falsa o
información inexacta en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N°
003-2014-CEP/MDI, y atendiendo a los siguientes:
ANTECEDENTES:
1. El 27 de junio de 2014, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY, en
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N°
003-2014-CEP/MDI derivada de la Adjudicación Directa Selectiva N°
001-2014-CEP/MDI (Primera Convocatoria), para la "Construcción del Parque
Recreacional de la APVIS Porto Alegre, Distrito de Islay", con un valor
referencial de S/. 240,147.61 (Doscientos cuarenta mil ciento cuarenta y
siete y 61/100 Nuevos Soles), en adelante el proceso de selección.
El 22 de julio de 2014 se llevó a cabo el acto de presentación de
propuestas, habiéndose presentado como postor, entre otro postor, la
empresa O.INGENIERIA PARA LA CONSTRUCC. S.R.L.TDA., cuya propuesta fue
descalificada debido a la presentación de una declaración jurada que no se
ajusta a la realidad.
2. Mediante Carta N° 014-2014-LOG/MDI, presentada el 11 de agosto de 2014
ante la Oficina Zonal del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa y recibida
el 14 de agosto de 2014 por la Mesa de Partes del Tribunal de
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en
conocimiento que la empresa O.INGENIERIA PARA LA CONSTRUCC. S.R.L.TDA., en
adelante el Postor, habría presentado documentos falsos o información
inexacta dentro de su propuesta técnica en el proceso de selección, toda
vez que dentro de su propuesta presentó al ingeniero Abel Quispe Mollo,
como Asistente de Residencia de Obra, señalando expresamente que dicho
profesional se encontraba hábil para el ejercicio de la profesión.
Sin embargo, mediante Carta s/n de fecha 24 de julio de 2014, el
administrador del Consejo de Departamental de Arequipa - Colegio de
Ingenieros del Perú señaló que el ingeniero Abel Quispe Mollo, con Reg.
CIP 47351, se encontró habilitado al 30 de junio de 2014.
3. Con decreto del 22 de agosto de 2014, se admitió a trámite la solicitud
de aplicación de sanción presentada por la Entidad y se le requirió para
que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, cumpla con subsanar su
comunicación, debiendo remitir el Informe Técnico Legal de su asesoría
sobre la procedencia y presunta responsabilidad de la empresa O.INGENIERIA
PARA LA CONSTRUCC. S.R.L.TDA. al haber presentado supuestos documentos
falsos o información inexacta como parte de su propuesta técnica, asimismo
se le solicitó que remita copia legible de la totalidad de la propuesta
técnica presentada al proceso de selección debidamente ordenada y foliada,
bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de
poner en conocimiento de su órgano de control institucional en caso
incumpla con el requerimiento.
4. Con decreto del 3 de octubre de 2014, previa razón de la Secretaría del
Tribunal y no habiendo cumplido la Entidad con remitir la información y
documentación requerida, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del
Tribunal, a fin que evalúe la procedencia del inicio del procedimiento
administrativo sancionador contra el Postor.
5. Con decreto del 27 de octubre de 2014, se solicitó a la Entidad que
cumpla con remitir un Informe Técnico Legal de su asesoría sobre la
procedencia y presunta responsabilidad del Postor, en la presentación de
documentación falsa y/o información inexacta dentro de su propuesta
técnica presentada al proceso de selección, así como copia legible de la
propuesta técnica presentada por dicho Postor.
6. Con Carta N° 026-2014-LOG/MDI presentada el 27 de octubre de 2014 ante
la Oficina Zonal del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa y recibida el
29 de octubre de 2014 por el Tribunal, la Entidad remitió la documentación
solicitada, así como el Informe Legal N° 285-2014-ALE-NRHY/MDI de fecha 16
de octubre de 2014, a través del cual la Asesora Legal Externa señaló,
entre otros aspectos, lo siguiente:
? El Postor presentó la declaración jurada válidamente suscrita por el
ingeniero Abel Quispe Mollo, con CIP 47351, quien señala expresamente que
está hábil para el ejercicio profesional como Asistente de Residente para
la obra "Construcción del Parque Recreacional de la APVIS Porto Alegre,
Distrito de Islay - Islay - Arequipa".
? La Municipalidad Distrital de Islay, a través de una carta con registro
N° 1606, solicita al Colegio de Ingenieros que se entregue una constancia
donde señale si el ingeniero Abel Quispe Mollo se encuentra habilitado
para ejercer la profesión al día 22 de julio de 2014, fecha en la cual los
participantes presentaron sus propuestas.
? Con fecha 25 de julio de 2014, el Colegio de Ingenieros comunicó a la
Municipalidad Distrital de Islay, que el ingeniero Abel Quispe Mollo, se
encontró habilitado al 30 de junio de 2014; por lo que se puede determinar
que el Postor presentó una declaración jurada inexacta, por no ser
concordante con la realidad.
7. Mediante Acuerdo N° 1074/2014.TC-S4 del 17 de noviembre de 2014, el
Tribunal dispuso "(...)Iniciar procedimiento administrativo sancionador
contra la empresa O.INGENIERIA PARA LA CONSTRUCC. S.R.L.TDA., con RUC Nº
20328701554, por su presunta responsabilidad en la presentación de
documentos con información inexacta, consistente en la declaración jurada
de estar hábil para el ejercicio de la profesión de fecha 22 de julio de
2014, suscrita por el ingeniero Abel Quispe Mollo; infracción que se
encuentra tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de
la Ley y sancionada con inhabilitación temporal para contratar con el
Estado no menor de tres (3) ni mayor de cinco (5) años; todo ello en el
marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 003-2014-CEP/MDI derivada de
la Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2014-CEP/MDI (Primera
Convocatoria) (...)". Asimismo, se otorgó a la mencionada empresa el plazo
de diez (10) días, efecto de que presente sus descargos.
8. Con escrito presentado el 9 de diciembre de 2014 ante la Oficina
Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, ingresado el 10
de diciembre del mismo año a la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa
O.INGENIERIA PARA LA CONSTRUCC. S.R.L.TDA. presentó sus descargos,
señalando que las bases del proceso de selección de manera irregular
solicitaron la presentación de la Declaración Jurada de los Profesionales
propuestos de estar hábil en el ejercicio profesional; no obstante,
presumiendo y previendo que el agregado irregular en las Bases tenía un
intensión perniciosa, su representada optó por agregar a la declaración
Jurada cuestionada el condicionante "para fines del proceso de selección",
es decir, la obligación que los profesionales se encuentren debidamente
habilitados al inicio de la ejecución de la Obra.
9. Mediante decreto de fecha 12 de diciembre de 2014, se tuvo por
apersonado al Postor, por presentado sus descargos, por señalado su
domicilio procesal y se remitió el expediente a la Cuarta Sala para que
resuelva.
10. Mediante Resolución N° 006-2015-OSCE/PRE de fecha 9 de enero de 2015,
se dispuso la reconformación de las Salas de Tribunal, así como el
respectivo traslado de expedientes a las Salas de destino, por lo que en
virtud de lo dispuesto en el Acuerdo de Sala Plena N° 008/2012, por
decreto de fecha 15 de enero de 2015 se remitió el presente expediente a
la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, teniendo en cuenta que el
cómputo de los plazos estipulados por los artículos 116 y 242 del
Reglamento serán contados a partir del día siguiente de emitido el citado
decreto.
FUNDAMENTACIÓN:
1. El caso materia de autos está referido a la supuesta responsabilidad de
la empresa O.INGENIERIA PARA LA CONSTRUCC. S.R.L.TDA., por la presentación
de documentación falsa y/o con información inexacta durante su
participación en la Adjudicación de Menor Cuantía N° 003-2014-CEP/MDI
derivada de la Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2014-CEP/MDI (Primera
Convocatoria), infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1
artículo 51º de la Ley.
Naturaleza de la infracción
2. El literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley establece que
los agentes privados de la contratación incurrirán en infracción
susceptible de sanción cuando presenten documentos falsos o información
inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE. Dicha infracción se
configura con la sola presentación del documento falso o la información
inexacta, sin que la norma exija otros factores adicionales; es decir, con
la sola afectación del Principio de Presunción de Veracidad , consagrado
en el acápite 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por cuanto la
Administración Pública presume que todos los documentos y declaraciones
formuladas por los administrados responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman, reservándose, en virtud de lo establecido en el numeral
1.16 del citado dispositivo, el derecho de verificar posteriormente la
veracidad y autenticidad de los mismos.
Asimismo, el artículo 42 de la Ley Nº 27444 establece que todas las
declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la
información incluida en los escritos y formularios que presenten los
administrados para la realización de procedimientos administrativos, se
presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido
veraz para fines del procedimiento administrativo. Sin embargo, esta
presunción es de índole iuris tantum, pues admite prueba en contrario, en
la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la
documentación presentada cuando existen indicios suficientes de que la
información consignada no se ajusta a los hechos.
De manera concordante con lo manifestado, el inciso 4) del artículo 56 del
mismo cuerpo legal estipula como uno de los deberes generales de los
administrados, la comprobación de la autenticidad previamente a su
presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier
otra información que se ampare en la presunción de veracidad.
En línea con lo anterior, el literal c) del numeral 1 del artículo 42 del
Reglamento, establece que los postores y/o contratistas son responsables
de la veracidad de los documentos e información que presentan en un
proceso de selección determinado.
3. Para la configuración del supuesto de presentación de documentación
falsa, se requiere previamente acreditar su falsedad, esto es, que el
documento o los documentos cuestionados no hayan sido válidamente
expedidos por el órgano o agente emisor correspondiente o que, siendo
válidamente expedidos, hayan sido adulterados en su contenido.

Por otro lado, la infracción referida a información inexacta se configura
ante la presentación de documentos no concordantes con la realidad, lo que
constituye una forma de falseamiento de la misma, a través del
quebrantamiento de los Principios de Moralidad y de Presunción de
Veracidad.
Configuración de la causal
4. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra la
empresa O.INGENIERIA PARA LA CONSTRUCC. S.R.L.TDA., se encuentra referida
a la presentación de supuesta documentación con información inexacta como
parte de su propuesta técnica, consistente en el documento denominado
"Declaración jurada de estar hábil para el ejercicio de la profesión de
fecha 22 de julio de 2014, suscrita por el ingeniero Abel Quispe Mollo".
5. Al respecto, de los actuados se advierte que, en aplicación del
Principio de Verdad Material, mediante Carta del 24 de julio de 2014 , la
Entidad solicitó al Consejo Departamental Arequipa del Colegio de
Ingenieros del Perú, que confirme si el ingeniero Abel Quispe Mollo, con
CIP N° 47351, se encontraba habilitado para ejercer la profesión al 22 de
julio de 2014.
En respuesta a lo solicitado, mediante Carta de fecha 24 de julio de 2014,
el administrador del Consejo Departamental Arequipa del Colegio de
Ingenieros del Perú comunicó a la Municipalidad Distrital de Islay, que el
ingeniero Abel Quispe Mollo, se encontró habilitado al 30 de junio de
2014.
En ese sentido, al momento en que el Postor presentó a la Entidad la
"Declaración jurada de estar hábil para el ejercicio de la profesión" (22
de julio de 2014), el ingeniero Abel Quispe Mollo no se encontraba
habilitado para el ejercicio de la profesión.
6. Por lo expuesto, a partir de lo informado por el Consejo Departamental
Arequipa del Colegio de Ingenieros del Perú, quién ha manifestado que el
ingeniero Abel Quispe Mollo se encontró habilitado al 30 de junio de 2014;
queda acreditado, en el caso de autos, que la "Declaración jurada de estar
hábil para el ejercicio de la profesión de fecha 22 de julio de 2014,
suscrita por el ingeniero Abel Quispe Mollo", presentada por el Postor
ante la Entidad como parte de su propuesta técnica, constituye un
documento con información inexacta.
7. En ese sentido, en el presente expediente se ha comprobado el
quebrantamiento del Principio de Presunción de Veracidad, respecto del
documento señalado en la presente fundamentación, principio que se
encuentra reconocido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título
Preliminar de la Ley Nº 27444, por cuya virtud la Administración presume
que los documentos y declaraciones formulados por los administrados
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en
contrario, como en efecto ha sucedido en el presente caso.
Ello guarda directa relación con el Principio de Moralidad, contemplado en
el literal b) del artículo 4 de la Ley, según el cual los actos referidos
a las contrataciones estatales deben caracterizarse por la honradez,
veracidad, intangibilidad, justicia y probidad, lo que hace suponer a las
Entidades que la documentación presentada por los postores y/o
contratistas resulta acorde con la realidad.
8. En ejercicio de su derecho de defensa, el Postor ha señalado que no
presentó documentación con información inexacta como parte de su propuesta
técnica, indicando que lo ocurrido en el presente caso, se debe a que la
Entidad habría solicitado en las Bases presentar la declaración jurada de
los profesionales propuestos de estar hábil en el ejercicio de la
profesión, por lo que su representada al notar que se trataba de un
requisito irregular, presentó la mencionada declaración jurada conteniendo
la siguiente frase condicionada "para fines del proceso de selección", es
decir, para cumplir con la formalidad solicitada en las Bases del proceso
de selección. En ese sentido, señala que no se le puede atribuir la
responsabilidad por la presentación de la declaración jurada cuestionada.
9. Ahora bien, debe advertirse que los argumentos del Postor no se
encuentran orientados a negar la inexactitud del documento cuestionado,
sino a sostener que la presentación de dicha documentación es de
responsabilidad de la Entidad, la cual habría incluido en las Bases la
presentación de dicho documento en perjuicio de su representada; no
obstante, dicho argumento, no puede ser merituado por este Colegiado, pues
el Postor no ha aportado medios probatorios que corroboren que la Entidad
actuó en contra de su representada incluyendo requisitos en las Bases en
perjuicio suyo.
Cabe precisar que en el escenario que el Postor plantea, éste pudo
cuestionar las disposiciones de las Bases que considera lesivas a sus
derechos e intereses, entre ellos, la presentación de la declaración
jurada que ahora cuestiona. Asimismo, y sin perjuicio de lo antes
mencionado, de las Bases del proceso de selección no se aprecia como
requisito de presentación obligatoria, ni facultativa la entrega de la
"Declaración jurada de estar hábil para el ejercicio de la profesión".
Por otro lado, la alegación del Postor de que deslindó su responsabilidad
por un requisito irregular por parte de la Entidad, incluyendo en la
declaración jurada cuestionada la frase "para fines del proceso de
selección", carece de sustento, pues dicha frase no niega la inexactitud
de la información contenida en el documento cuestionado; por el contrario
confirma que dicha información fue usada como parte de su propuesta
técnica en el proceso de selección.
10. Al respecto, debe tenerse presente que el supuesto de hecho de la
norma que contiene la infracción invocada, se configura por la
presentación de documentos falsos y/o inexactos. Dicho supuesto se
configura de forma objetiva, pues basta la constatación del hecho para que
se configure la infracción imputada.

11. En dicho sentido, resulta pertinente traer a colación que es criterio
sentado por este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia que todo
postor es responsable por la veracidad de la documentación que presenta
como parte de su acervo documentario con ocasión de un proceso de
selección, con independencia de si fue tramitado u obtenido por sí mismo o
por un tercero, toda vez que el beneficio por la falsificación incurrida
recae directamente sobre él.
12. Por lo expuesto, el argumento del Postor en lo referido a que la
responsable es la Entidad, no puede ser merituado por este Colegiado, pues
el Postor era el responsable de haber verificado que toda la documentación
que presenta a un proceso de selección responde a la verdad, máxime cuando
ha suscrito una declaración jurada en la cual se hace responsable por las
consecuencias que acarrea verificar lo contrario.
13. Por consiguiente, la conducta desarrollada por la empresa O.INGENIERIA
PARA LA CONSTRUCC. S.R.L.TDA. califica dentro del supuesto de hecho de la
infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 artículo 51º de la
Ley, por la cual corresponde imponer una sanción administrativa de
inhabilitación para ser postor y contratar con el Estado por un periodo no
menor de tres (3) ni mayor de cinco (5) años.
Graduación de la sanción
14. En relación a la graduación de la sanción imponible, el artículo 51º
de la Ley establece que, aquellos proveedores, participantes, postores y/o
contratistas que presenten documentos con información inexacta serán
sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado, por
un período no menor a tres (3) años ni mayor a cinco (5) años, conforme a
los criterios para la determinación gradual de la sanción.
15. De otro lado, a efectos de determinar la sanción a imponerle, debe
considerarse los siguientes criterios establecidos en el artículo 245º del
Reglamento , respecto a la graduación de la sanción:

? Naturaleza de la Infracción: cabe considerar que ésta reviste
considerable gravedad, debido a que implica una vulneración del Principio
de Moralidad que debe regir a todos los actos vinculados a las
contrataciones públicas y sobre el cual se sustenta la confiabilidad de
los actos efectuados por los postores en los procesos de selección.
? Intencionalidad del Infractor: debe tenerse en cuenta que el documento
cuestionado fue presentado por el infractor para tratar de obtener una
ventaja indebida respecto a los otros posibles competidores, con el
propósito de obtener la buena pro.
? En relación con el daño causado, debe precisarse que éste, surge con la
sola configuración de la causal tipificada como sancionable, en la medida
que su realización conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la
Entidad.
? Reiterancia: debe tomarse en cuenta que el Postor no ha sido
inhabilitado anteriormente para participar en procesos de selección y/o
contratar con el Estado.
? Conducta Procesal del Infractor: en lo que se refiere a la conducta
procesal, debe tomarse en cuenta que el Postor se apersonó al
procedimiento y presentó sus descargos.
16. Sin perjuicio de ello, el Principio de Razonabilidad previsto en el
numeral 3 del artículo 230 de la Ley № 27444, aconseja que las sanciones
no deben ser desproporcionadas y que deben guardar relación con la
conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben
verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo
estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio
que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta a
la empresa O.INGENIERIA PARA LA CONSTRUCC. S.R.L.TDA.
17. Asimismo, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye un
ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal ;
por tanto, conforme a lo establecido en el artículo 247 del Reglamento
debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos
para que interponga la acción penal correspondiente, para lo cual se
remitirán las piezas procesales correspondientes, este Colegiado dispone
que se remitan al Ministerio Público los folios 01 al 037 y 172 al 181 del
presente expediente administrativo, así como copia de la presente
Resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios
constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe
actuarse la citada acción penal.
18. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada
en el literal j) del numeral 51.1 artículo 51 de la Ley por parte del
Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar con
fecha 22 de julio de 2014, fecha en que fue presentado dicho documento
ante la Entidad.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente
Víctor Manuel Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Mario
Fabricio Arteaga Zegarra y Ana Teresa Revilla Vergara, atendiendo a lo
dispuesto en la Resolución Nº 006-2015/OSCE-PRE, y en ejercicio de las
facultades conferidas en el artículo 63 de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, y los artículos 18 y 19 del Reglamento
de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial
Nº 789-2011-EF/10, analizados los antecedentes, y luego de agotado el
debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
1. SANCIONAR a la empresa O.INGENIERIA PARA LA CONSTRUCC. S.R.L.TDA., con
RUC Nº 20328701554, por un período de treinta y seis (36) meses de
inhabilitación temporal en su derecho de participar en procesos de
selección y contratar con el Estado, por la infracción tipificada en el
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por la
Ley N° 29873, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N°
003-2014-CEP/MDI derivada de la Adjudicación Directa Selectiva N°
001-2014-CEP/MDI (Primera Convocatoria); sanción que entrará en vigencia a
partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución.
2. Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público
para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime
pertinentes, conforme a lo indicado en la fundamentación.
3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal comunique la sanción
al Registro Nacional de Proveedores a través del Sistema Informático del
Tribunal.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESIDENTE

VOCAL
VOCAL

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº
687-2012/TC del 03.10.2012.
ss.
Arteaga Zegarra
Villanueva Sandoval
Revilla Vergara

 

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Sumilla: "No corresponde suspender los procedimientos administrativos sancionadores iniciados por las infracciones tipificadas en los literales d), e) y j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decre

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Resolución Nº 954-2015-TCE-S1

Sumilla: "No corresponde suspender los procedimientos administrativos
sancionadores iniciados por las infracciones tipificadas en los literales
d), e) y j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, aun cuando se haya
instalado el tribunal arbitral o árbitro único en un proceso arbitral cuya
materia controvertida esté referida a la declaración de nulidad del
contrato?.


Lima, 15 de abril de 2015
Visto en sesión de fecha 15 de abril de 2015 de la Primera Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado el Expediente N° 2520/2014.TCE,
sobre el procedimiento administrativo sancionador contra el CONSORCIO
SUPERVISOR LIMA, integrado por la empresa La Roche Consultores Proyectos y
Servicios S.L. SUCURSAL PERÚ S.A. y el señor Wladimir Ylich Rojas
Palomino, por su presunta responsabilidad al haber dado lugar a la
resolución del Contrato N° SCP005113 de fecha 13 de noviembre de 2013, por
casual atribuible a su parte, y por su presunta responsabilidad al haber
presentado como parte de su propuesta documentación falsa, en el marco del
Concurso Público N° 5-2013/EMAPE/CE (Primera Convocatoria); atendiendo a
los siguientes:
ANTECEDENTES:
1. Con fecha 3 de julio de 2013, la Empresa Municipal Administradora de
Peaje de Lima S.A., en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N°
5-2013/EMAPE/CE (Primera Convocatoria), para la "Supervisión de Obra:
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en Av. Micaela Bastidas,
tramo Av. Mateo Pumacahua y Av. 200 millas, Villa el Salvador, Lima", en
adelante el proceso de selección, cuyo valor referencial fue de S/.
453,789.20 (Cuatrocientos cincuenta y tres mil setecientos ochenta y nueve
con 20/100 nuevos soles).
El 11 de octubre de 2013, se realizó el acto de presentación de propuestas
y el 17 de octubre de 2013, se otorgó la Buena Pro a favor del CONSORCIO
SUPERVISOR LIMA, integrado por la empresa La Roche Consultores Proyectos y
Servicios S.L. SUCURSAL PERÚ S.A. y el señor Wladimir Ylich Rojas
Palomino.
El 13 de noviembre de 2013, la Entidad y el CONSORCIO SUPERVISOR LIMA, en
lo sucesivo el Contratista, suscribieron el Contrato N° SCP005113, por un
monto ascendente a S/. 453,789.20 (Cuatrocientos cincuenta y tres mil
setecientos ochenta y nueve con 20/100 nuevos soles) y un plazo de
ejecución de doscientos diez (210) días calendario, el cual comprende
ciento ochenta (180) días calendario para la Supervisión de la Obra y
treinta (30) días calendario para Liquidar los Contratos de Obra y
Supervisión.
2. Mediante Formulario de Aplicación de Sanción presentado el 7 de agosto
de 2014 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado,
en delante el Tribunal, la Entidad informó sobre la supuesta infracción en
que habría incurrido el Contratista, al haber dado lugar a la resolución
del Contrato N° SCP005113 de fecha 13 de noviembre de 2013, por causal
atribuible a su parte y, por haber presentado documentos falsos o
información inexacta en el marco del presente proceso de selección. Al
efecto, adjunta el Informe N° 142-2014-EMAPE/GAL de fecha 5 junio de 2014,
suscrito por el Gerente de Asuntos Legales, en el cual señala lo
siguiente:
? El 13 de noviembre de 2013, se suscribió el Contrato N° SCP005113 con el
Contratista.
? Con Carta Notarial N° 074-2014-EMAPE/GG de fecha 16 de enero de 2014, se
requirió al Contratista, el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, bajo apercibimiento de resolver el contrato.
? Mediante Informe N° 008-2014-EMAPE-GI/FRD de fecha 27 de enero de 2014,
el Coordinador de Obra comunicó a la Gerencia de Infraestructura de la
Entidad que el Contratista ha incurrido en superar la penalidad máxima
aplicable al 10% del contrato; por lo que, se deberá a proceder con la
resolución del mismo.
? Con Carta Notarial N° 007-2014-EMAPE/GAF, diligenciada el 31 de enero de
2014, la Entidad comunicó al Contratista, la decisión de resolver el
contrato por haber acumulado el monto máximo de la penalidad.
? Mediante Memorándum N° 036-2014-EMAPE-GG de fecha 6 de marzo de 2014, la
Gerencia General de la Entidad, solicitó la fiscalización posterior al
proceso en mención tras haber recibido una denuncia sobre información
inexacta y falsa respecto al Contratista.
? Producto de la fiscalización posterior llevada a cabo con respecto al
Certificado de fecha diciembre de 2010, expedido a favor del Ing. Roberto
Narváez López como especialista en Suelos y Pavimentos, la empresa
Contratistas y Consultores Mendoza S.R.L. indicó que nunca emitió dicho
certificado, y que no fue suscrita ni autorizada por su represente legal,
asimismo, señala que el Ing. Roberto Narváez López nunca trabajó en su
empresa.
? Asimismo, la empresa MOTLIMA CONSULTORES S.A. con Carta s/n de fecha 19
de mayo de 2014, manifestó que la firma consignada en los Certificados de
Servicios que se han indicado, no le corresponden a su Gerente General, y
que no tuvo a su cargo la contratación del personal contratado por el
Consorcio que llevó a cabo la Supervisión de Obra Rehabilitación y
Mejoramiento de la Carretera Aguaytía ? Pucallpa, Tramo lll: Neshua ?
Pucallpa. Dichos Certificados son:
 Certificado de Servicios de fecha 12 de noviembre de 2007 expedido a
favor del Ing. José Luis Mundaca Verástegui.
 Certificado de Servicios de fecha 12 de noviembre de 2007 expedido a
favor del Ing. Roberto Narváez López.
 Certificado se Servicios de fecha 7 de marzo de 2009 expedido a favor
del Ing. Roberto Narváez López.
? Por otro lado, existe un proceso de arbitraje con el Contratista así
como el trámite para la comunicación al Tribunal de Contrataciones sobre
la configuración de la causal contemplada en el literal b) del numeral
51.1 de la Ley de Contrataciones del Estado.
3. Con decreto del 11 de agosto de 2014, se requirió a la Entidad para que
cumpla con subsanar su comunicación, debiendo remitir i) Copia legible de
la Carta Notarial N° 074-2014-EMAPE/GG de fecha 15 de enero de 2014,
debidamente recibida por el Consorcio y diligenciada por el Notario,
mediante la cual se le requirió el cumplimiento de sus obligaciones al
supuesto infractor; ii) Copia Legible de la Carta N° 007-2014-EMAPE/GAF de
fecha 30 de enero de 2014 debidamente recibida por el Consorcio y
diligenciada por el Notario, mediante la cual se le comunicó la resolución
contractual, iii) Copia legible del Acta de Instalación del Tribunal
Arbitral respecto de la controversia, o en todo caso un informe del estado
actual del proceso de arbitraje, entre la Entidad y el Consorcio
Supervisor Lima; para cuyo efecto se le otorgó el plazo de diez (10) días
hábiles, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en
autos y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional en
caso incumpla con el requerimiento.
4. Mediante Oficio N° 378-2014-EMAPE-GAF, la Entidad remitió la
documentación solicitada; por lo que mediante decreto del 22 de setiembre
de 2014, se dispuso iniciar el procedimiento administrativo sancionador
contra el Contratista por su presunta responsabilidad al haber dado lugar
a la resolución del Contrato N° SCP005113 de fecha 13 de noviembre de
2013, por casual atribuible a su parte, y por su presunta responsabilidad
al haber presentado como parte de su propuesta técnica i) Certificado
emitido por la empresa Contratistas y Consultores Mendoza S.R.L. a favor
del Ing. Roberto Narváez López de fecha diciembre del 2010, ii)
Certificado de Servicios emitido por la empresa MotLima Consultores S.A. a
favor del Ing. José Luis Mundaca Verástegui de fecha 12 de noviembre de
2007; iii) Certificado de Servicios emitido por la empresa MotLima
Consultores S.A. a favor del Ing. Roberto Narváez López de fecha 12 de
noviembre de 2007; iv) Certificado de Servicios emitido por la empresa
MotLima Consultores S.A. a favor del Ing. Roberto Narváez López de fecha
07 de marzo de 2009, documentos supuestamente falsos o con información
inexacta, presentados en el marco del presente proceso de selección;
hechos tipificados en los literales b) y j) del numeral 51.1 del artículo
51 de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, se otorgó al
Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que formule su
descargo.
5. Mediante escrito presentado el 10 y subsanado el 13 de noviembre de
2014, la empresa La Roche Consultores Proyectos y Servicios S.L. ?
SUCURSAL PERÚ, integrante del Consorcio Supervisor Lima, presentó sus
descargos señalando lo siguiente:
? La Entidad no justificó su decisión de resolver el Contrato de
Supervisión, ya que no ha señalado cuáles fueron aquellos incumplimientos
incurridos por el recurrente para que se decida a aplicar innecesariamente
las penalidades o multas.
? La Entidad ha incurrido en la figura del abuso de derecho, al llevar a
cabo medidas que constituirían un regular ejercicio de sus derechos
contractuales, tal como la facultad unilateral de modificar el contrato.
? Mediante Carta del 26 de marzo de 2014, solicitó a la Entidad el inicio
del proceso arbitral respecto a la controversia surgida en el proceso de
selección. Asimismo, el 8 de agosto de 2014, se celebró la Instalación de
Árbitro Único AD HOC, conformado como Arbitro Unipersonal al Doctor Paolo
del Aguilar Ruiz de Somocurcio.
? El recurrente señaló como pretensión del petitorio, que se deje sin
efecto la decisión de resolver el Contrato N° SCP005113 y que, la Entidad
no inicie ningún procedimiento administrativo sancionador en su contra.
? Mediante escrito de acumulación, el recurrente solicitó que no
corresponda generar una causal de nulidad del contrato y que se determine
la autenticidad de los documentos cuestionados.
? Finalmente, el recurrente solicita que se suspenda el presente
procedimiento administrativo sancionador hasta a emisión del Laudo
Arbitral que corresponda.
6. Con decreto del 14 de noviembre de 2014, se tuvo por apersonada a la
empresa La Roche Consultores Proyectos y Servicios S.L. ? SUCURSAL PERÚ,
integrante del Consorcio Supervisor Lima, dejando a consideración de la
Sala los argumentos expuestos. Asimismo, se hizo efectivo el
apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos
en relación del señor Wladimir Ylich Rojas Palomino, integrante del
Consorcio Supervisor Lima, al no haber presentado sus descargos; por lo
que se dispuso remitir el presente expediente a la Cuarta Sala del
Tribunal para que resuelva.
7. Mediante Resolución N° 006-2015-OSCE/PRE de fecha 9 de enero de 2015,
se dispuso la reconformación de las Salas de Tribunal, así como el
respectivo traslado de expedientes a las Salas de destino, por lo que en
virtud de lo dispuesto en el Acuerdo de Sala Plena N° 008/2012, por
decreto de fecha 15 de enero de 2015 se remitió el presente expediente a
la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, teniendo en cuenta que el
cómputo de los plazos estipulados por los artículos 116 y 242 del
Reglamento serán contados a partir del día siguiente de emitido el citado
decreto.

FUNDAMENTACIÓN:
1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el
análisis de la supuesta responsabilidad de la empresa La Roche Consultores
Proyectos y Servicios S.L. SUCURSAL PERÚ S.A. y el señor Wladimir Ylich
Rojas Palomino, integrantes del CONSORCIO SUPERVISOR LIMA, por
presuntamente haber dado lugar a la resolución del Contrato N° SCP005113
de fecha 13 de noviembre de 2013, y, por haber presentado documentos
falsos o información inexacta en el marco del Concurso Público N°
5-2013/EMAPE/CE (Primera Convocatoria), infracciones tipificadas en los
literales b) y j) del numeral 51.1 del artículo 51º de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017,
en adelante la Ley, norma vigente durante la ocurrencia de los hechos
imputados.
Cuestión previa
2. En sus descargos, el Contratista ha solicitado la suspensión del
presente procedimiento administrativo sancionador alegando que el 8 de
agosto de 2014 se realizó la instalación del Árbitro Único, proceso en el
que se dilucida la controversia por la resolución del contrato y la
determinación de que no corresponde generar una causal de nulidad del
contrato con posterioridad a la resolución y se determine la autenticidad
de los certificados cuestionados.
3. Al respecto, debe tenerse presente que el Tribunal de Contrataciones a
través del Acuerdo de Sala Plena N° 8/2014 del 22 de agosto de 2014
(publicado el 15 de enero de 2015) ha establecido que: ?No corresponde
suspender los procedimientos administrativos sancionadores iniciados por
las infracciones tipificadas en los literales d), e) y j) del numeral 51.1
del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por
Decreto Legislativo N° 1017, aun cuando se haya instalado el tribunal
arbitral o árbitro único en un proceso arbitral cuya materia controvertida
esté referida a la declaración de nulidad del contrato?, de conformidad,
además, con lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado que establece que: ?Mediante acuerdos adoptados
en sesión de Sala Plena, el Tribunal interpreta de modo expreso y con
alcance general las normas establecidas en la Ley y el presente
Reglamento, los cuales constituyen precedentes de observancia obligatoria
(?) Los precedentes de observancia obligatoria conservarán su vigencia
mientras no sean modificados por posteriores acuerdos de Sala Plena del
Tribunal o por norma legal?.
4. En consecuencia, estando a lo dispuesto por el citado Acuerdo de Sala
Plena, no corresponde la suspensión del procedimiento administrativo
sancionador, alegada por el Contratista respecto del extremo de la
denuncia de la Entidad, por haber presentado documentos falsos o
información inexacta en el marco del Concurso Público N° 5-2013/EMAPE/CE
(Primera Convocatoria), encontrándose este Tribunal habilitado para
efectuar el análisis de fondo.
5. De otro lado respecto de la causal por resolución de contrato
atribuible al Contratista, debe tomarse en cuenta, al momento del
análisis, el Acuerdo de Sala Plena Nº 006/2012, publicado en el Diario
Oficial El Peruano el 19 de octubre de 2012, a través del cual, el
Tribunal aprobó como criterio de interpretación lo siguiente: ?En el
procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad
de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer
sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haber
iniciado el procedimiento de solución de controversia, conforme a lo
dispuesto en la Ley y su Reglamento?.
Respecto a la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley
6. El literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley establece que
los agentes privados de la contratación incurrirán en infracción
susceptible de sanción cuando presenten documentos falsos o información
inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE. Dicha infracción se
configura con la sola presentación del documento falso o la información
inexacta, sin que la norma exija otros factores adicionales; es decir, con
la sola afectación del Principio de Presunción de Veracidad , consagrado
en el acápite 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por cuanto la
Administración Pública presume que todos los documentos y declaraciones
formuladas por los administrados responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman, reservándose, en virtud de lo establecido en el numeral
1.16 del citado dispositivo, el derecho de verificar posteriormente la
veracidad y autenticidad de los mismos.
Asimismo, el artículo 42 de la Ley Nº 27444 establece que todas las
declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la
información incluida en los escritos y formularios que presenten los
administrados para la realización de procedimientos administrativos, se
presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido
veraz para fines del procedimiento administrativo. Sin embargo, esta
presunción es de índole iuris tantum, pues admite prueba en contrario, en
la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la
documentación presentada cuando existen indicios suficientes de que la
información consignada no se ajusta a los hechos.
De manera concordante con lo manifestado, el inciso 4) del artículo 56 del
mismo cuerpo legal estipula como uno de los deberes generales de los
administrados, la comprobación de la autenticidad previamente a su
presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier
otra información que se ampare en la presunción de veracidad.
En línea con lo anterior, el literal c) del numeral 1 del artículo 42 del
Reglamento, establece que los postores y/o contratistas son responsables
de la veracidad de los documentos e información que presentan en un
proceso de selección determinado.
7. Para la configuración del supuesto de presentación de documentación
falsa, se requiere previamente acreditar su falsedad, esto es, que el
documento o los documentos cuestionados no hayan sido válidamente
expedidos por el órgano o agente emisor correspondiente o que, siendo
válidamente expedidos, hayan sido adulterados en su contenido.
Por otro lado, la infracción referida a información inexacta se configura
ante la presentación de documentos no concordantes con la realidad, lo que
constituye una forma de falseamiento de la misma, a través del
quebrantamiento de los Principios de Moralidad y de Presunción de
Veracidad.
Configuración de la causal
8. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el
Contratista, se encuentra referida a la presentación de los siguientes
documentos:

i) Certificado emitido por la empresa Contratistas y Consultores Mendoza
S.R.L. a favor del Ing. Roberto Narváez López de fecha diciembre del 2010,
ii) Certificado de Servicios emitido por la empresa MotLima Consultores
S.A. a favor del Ing. José Luis Mundaca Verástegui de fecha 12 de
noviembre de 2007,
iii) Certificado de Servicios emitido por la empresa MotLima Consultores
S.A. a favor del Ing. Roberto Narváez López de fecha 12 de noviembre de
2007, y
iv) Certificado de Servicios emitido por la empresa MotLima Consultores
S.A. a favor del Ing. Roberto Narváez López de fecha 07 de marzo de 2009.

Respecto de la falsedad y/o inexactitud de los certificados de la empresa
Motlima Consultores S.A.
9. Al respecto, en su oportunidad se denunció que los documentos
denominados: "Certificado de Servicios emitido por la empresa MotLima
Consultores S.A. a favor del Ing. José Luis Mundaca Verástegui de fecha 12
de noviembre de 2007"; "Certificado de Servicios emitido por la empresa
MotLima Consultores S.A. a favor del Ing. Roberto Narváez López de fecha
12 de noviembre de 2007" y "Certificado de Servicios emitido por la
empresa MotLima Consultores S.A. a favor del Ing. Roberto Narváez López de
fecha 07 de marzo de 2009", suscritos por la Representante Legal de la
Empresa MOTLIMA CONSULTORES S.A., señora María Esther Basurco Núñez de
Freyre, que acredita la experiencia de los mencionados ingenieros en la
supervisión de las obras: "Rehabilitación y mejoramiento de la carretera
Aguaytía - Pucallpa, Tramo II: Neshuya-Pucallpa" y "Construcción del
intercambio vial de la Av. Venezuela-Av. Universitaria", respectivamente,
serían falsos o contendrían información inexacta; debido a que la Empresa
MOTLIMA CONSULTORES S.A. ha confirmado su falsedad.
10. Es el caso que, de la revisión de la documentación existente en el
expediente, se advierte que mediante Carta del 15 de mayo de 2014 , la
señora María Esther Basurco Núñez de Freyre, Representante Legal de la
Empresa MOTLIMA CONSULTORES S.A., ha señalado que "la firma de nuestra
Gerente General Sra. María Esther Basurco Núñez de Freyre, supuestamente
colocado en los pretendidos certificados otorgados a los Sres. ROBERTO
NARVAEZ LÓPEZ Y JOSÉ LUIS MUNDACA VERASTÉGUI, ES FALSA, no le corresponde
a dicha señora, pues la colocada en los tres (3) documentos se trata de
una burda falsificación" (El resaltado es nuestro)
11. Al respecto, es necesario señalar que, conforme a reiterados
pronunciamientos emitidos por este Tribunal, para determinar la falsedad
y/o inexactitud de un documento, constituye mérito suficiente la
manifestación efectuada por el propio supuesto emisor, a través de una
comunicación, en la que se manifieste que el documento cuestionado no ha
sido expedido por él, o, por lo menos, no en los términos expresados en
dicho documento.
12. Así, pues, atendiendo a lo expuesto por la señora María Esther Basurco
Núñez de Freyre, Representante Legal de la Empresa MOTLIMA CONSULTORES
S.A. -supuesta emisora de los documentos cuestionados-, quien ha
manifestado que los "Certificado de Servicios de fecha 12 de noviembre de
2007", "Certificado de Servicios de fecha 12 de noviembre de 2007" y
"Certificado de Servicios de fecha 07 de marzo de 2009", no han sido
expedidos por su representada y contienen firma falsa de su representante
legal; debe concluirse que los certificados cuestionados, son documentos
falsos.
Respecto de la falsedad y/o inexactitud de los documentos de la empresa
Contratistas y Consultores Mendoza S.R.L.
13. Respecto del Certificado emitido por la empresa Contratistas y
Consultores Mendoza S.R.L. a favor del Ing. Roberto Narváez López de fecha
diciembre del 2010, presentado por el Contratista para acreditar la
experiencia del mencionado profesional; de la documentación existente en
el expediente, se verifica que mediante Carta Notarial recibida por la
Entidad el 13 de mayo de 2014, la empresa Contratistas y Consultores
Mendoza S.R.L. ?supuesto suscriptor dicho documento-, manifestó que "(...)
dicho certificado NUNCA FUE EMITIDO O EXPEDIDO por nuestra representada
Contratistas y Consultores Mendoza S.R.L., y MENOS SUSCRITA O AUTORIZADA
por su representante legal(...)"
14. En el marco de lo expuesto, en virtud a lo expuesto por la empresa
Contratistas y Consultores Mendoza S.R.L. ?supuesta emisora del
certificado cuestionado, quien ha negado haber expedido y firmado el "
Certificado emitido por la empresa Contratistas y Consultores Mendoza
S.R.L. a favor del Ing. Roberto Narváez López de fecha diciembre del
2010"; debe concluirse que el mencionado certificado, es un documento
falso.
15. En ese sentido, en el presente expediente se ha comprobado el
quebrantamiento del Principio de Presunción de Veracidad, respecto de los
documentos señalados en la presente fundamentación, principio que se
encuentra reconocido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título
Preliminar de la Ley Nº 27444, por cuya virtud la Administración presume
que los documentos y declaraciones formulados por los administrados
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en
contrario, como en efecto ha sucedido en el presente caso.
Ello guarda directa relación con el Principio de Moralidad, contemplado en
el literal b) del artículo 4 de la Ley, según el cual los actos referidos
a las contrataciones estatales deben caracterizarse por la honradez,
veracidad, intangibilidad, justicia y probidad, lo que hace suponer a las
Entidades que la documentación presentada por los postores y/o
contratistas resulta acorde con la realidad.
16. Por consiguiente, la conducta desarrollada por el Contratista califica
dentro del supuesto de hecho de la infracción tipificada en el literal j)
del numeral 51.1 artículo 51º de la Ley, por la cual corresponde imponer
una sanción administrativa de inhabilitación para ser postor y contratar
con el Estado por un periodo no menor de tres (3) ni mayor de cinco (5)
años.
Respecto a la infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley.
17. Conforme a los criterios adoptados por el Tribunal en anteriores
oportunidades, para que se configure el supuesto de hecho de la norma que
contiene la infracción imputada, debe necesariamente acreditarse que el
contrato, orden de compra u orden de servicios fuente de obligaciones,
haya sido resuelto por causal atribuible al propio contratista, de
conformidad con el inciso c) del artículo 40º de la Ley, en concordancia
con el artículo 168º del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°
184-2008-EF, en adelante el Reglamento, y atendiendo al procedimiento
regulado en el artículo 169º del citado cuerpo normativo.
Al respecto, el literal c) del artículo 40º de la Ley, dispone que en caso
de incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones,
que haya sido previamente observada por la Entidad, y no haya sido materia
de subsanación, esta última podrá resolver el contrato en forma total y
parcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que
se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica.
Asimismo, el artículo 169° del Reglamento prescribe que si alguna de las
partes faltara al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada
deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un
plazo no mayor a cinco días, bajo apercibimiento de resolver el contrato,
plazo que dependiendo del monto contractual y de la complejidad,
envergadura o sofisticación de la contratación puede ser mayor, pero en
ningún caso superior a quince días. Adicionalmente, establece que si
vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada
resolverá el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial.
Seguidamente, el citado artículo establece expresamente que no será
necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del
contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora,
o por otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pueda
ser revertida, casos en los cuales bastará comunicar al contratista
mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.
Sobre el particular, el numeral 4 del artículo 230º de la Ley del
Procedimiento Administrativo General consagra el Principio de Tipicidad,
conforme al cual las conductas expresamente descritas como sancionables no
pueden admitir interpretación extensiva o analógica, mientras que el
numeral 2 del mismo artículo hace referencia al Principio del Debido
Procedimiento, por cuya virtud las Entidades aplicarán sanciones sujetando
su actuación al procedimiento establecido, respetando las garantías
inherentes al debido procedimiento.
18. Ahora bien, la normativa de contratación pública ha establecido la vía
correspondiente para resolver las controversias que se generen como
producto, entre otras materias, de la resolución del contrato, pudiendo
las partes recurrir a la conciliación o arbitraje. En el caso que las
partes acudan a un proceso arbitral, el procedimiento sancionador se
suspende y la sanción dependerá de lo resuelto en el arbitraje.
19. Así pues, el numeral 2 del artículo 244 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por D.S.Nº 184-2008-EF, en adelante el
Reglamento, establece que el plazo de prescripción se suspende, entre
otros supuestos, por la tramitación de proceso judicial o arbitral que sea
necesario para la determinación de la responsabilidad del proveedor,
postor, contratista o experto independiente, en el respectivo
procedimiento administrativo sancionador.
En el caso de procesos arbitrales, se entenderá iniciada la tramitación a
partir de la instalación del árbitro o tribunal arbitral. En tales
supuestos, la suspensión del plazo surtirá efectos a partir del acuerdo
del Tribunal que así lo determine y en tanto dicho órgano no sea
comunicado de la sentencia judicial o laudo que dé término al proceso.
Asimismo, el artículo 227 del Reglamento, ha dispuesto que la instalación
de árbitro único o del Tribunal Arbitral, suspende el procedimiento
administrativo sancionador que se haya iniciado por la materia
controvertida.
20. En tal sentido, de conformidad a lo informado por la Entidad y el
Contratista, obra en autos copia del ?Acta de Instalación de Arbitro Único
Ad Hoc de fecha 8 de agosto de 2014?, correspondiente al Expediente N°
I503-2014, designándose como Arbitro Único el señor Paolo del Aguila Ruiz
de Somocurcio, para que resuelva la controversia surgida entre la Entidad
y el Contratista.
21. Atendiendo a lo expuesto, habiéndose verificado la existencia de un
procedimiento arbitral instaurado, cuyo pronunciamiento está relacionado a
la resolución del contrato denunciado, corresponde declarar la suspensión
del presente procedimiento administrativo sancionador contra el
Contratista por la infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1
del artículo 51 de la Ley, así como del plazo prescriptorio a que hace
referencia el artículo 243 del Reglamento, hasta que este Tribunal tome
conocimiento de los resultados del proceso arbitral.
RESPECTO A LA INDIVIDUALIZACIÓN DEL INFRACTOR
22. En vista que la infracción se le imputa a los integrantes del
Consorcio, es necesario tener presente que el artículo 239 del
Reglamento, ha dispuesto que las infracciones cometidas por los postores
que presentaron promesa de consorcio durante su participación en el
proceso de selección, se atribuirán exclusivamente a la parte que las haya
cometido, aplicándose sólo a ésta la sanción a que hubiera lugar, siempre
que de la promesa formal de consorcio pueda individualizarse al infractor.

23. Sobre el particular, de la Promesa Formal de Consorcio del 11 de
octubre de 2013, se advierte que la empresa La Roche Consultores Proyectos
y Servicios S.L. SUCURSAL PERÚ S.A. y el señor Wladimir Ylich Rojas
Palomino, integrantes del CONSORCIO SUPERVISOR LIMA, acordaron designar al
señor Wladimir Ylich Rojas Palomino como representante legal común del
referido Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del
proceso de selección y formalizar la contratación correspondiente,
asimismo, en dicho documento no se aprecia, ni se precisa quién sería la
responsable por la recopilación, elaboración y presentación de la
propuesta técnica, ni de los documentos cuestionados, ante la Entidad.
En consecuencia, no existe ningún medio probatorio que permita afirmar que
la presentación de los documentos cuestionados estuviera vinculada
únicamente a las obligaciones establecidas en la Promesa de Consorcio que
eran de responsabilidad de una empresa en particular. Por el contrario, se
aprecia de la Promesa Formal de Consorcio, convinieron en presentar una
propuesta conjunta para el referido proceso de selección,
responsabilizándose solidariamente por todas las acciones y omisiones que
provengan del citado proceso; por lo que no es posible individualizar la
responsabilidad en uno de los postores, por lo que, la misma involucrará a
todos los miembros del Consorcio.
Graduación de la sanción
24. En relación a la graduación de la sanción imponible de la infracción
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 artículo 51º de la Ley, ésta
establece que, aquellos proveedores, participantes, postores y/o
contratistas que presenten documentos con información inexacta serán
sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado, por
un período no menor a tres (3) años ni mayor a cinco (5) años, conforme a
los criterios para la determinación gradual de la sanción.
25. Al respecto, de la base de datos de inhabilitados para contratar con
el Estado que administra el Registro Nacional de Proveedores, se advierte
que el señor Wladimir Ylich Rojas Palomino, se encuentra inhabilitado de
forma definitiva en sus derechos de participar en procesos de selección y
contratar con el Estado mediante Resolución Nº 1584-2014-TC-S4 del 27 de
junio de 2014.
En ese sentido, considerando que sobre la mencionada persona ha recaído la
sanción administrativa de inhabilitación definitiva, habiendo éste perdido
su condición de postor y/o contratista conforme se advierte, de la
Resolución Nº 1584-2014-TC-S4 del 27 de junio de 2014 que lo inhabilita
definitivamente; carece de objeto imponer una nueva sanción de la misma
naturaleza al señor Wladimir Ylich Rojas Palomino.
26. De otro lado, a efectos de determinar la sanción a imponer a la
empresa La Roche Consultores Proyectos y Servicios S.L. ? SUCURSAL PERÚ,
debe considerarse los siguientes criterios establecidos en el artículo
245º del Reglamento , respecto a la graduación de la sanción:

? Naturaleza de la Infracción: cabe considerar que ésta reviste
considerable gravedad, debido a que implica una vulneración del Principio
de Moralidad que debe regir a todos los actos vinculados a las
contrataciones públicas y sobre el cual se sustenta la confiabilidad de
los actos efectuados por los postores en los procesos de selección.
? Intencionalidad del Infractor: debe tenerse en cuenta que los documentos
falsos fueron presentados por el infractor para tratar de obtener una
ventaja indebida respecto a otros posibles competidores, con el propósito
de obtener la buena pro y posteriormente suscribir el contrato.
? En relación con el daño causado, debe precisarse que éste, surge con la
sola configuración de la causal tipificada como sancionable, en la medida
que su realización conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la
Entidad.
? Reiterancia: debe tomarse en cuenta que la empresa La Roche Consultores
Proyectos y Servicios S.L. ? SUCURSAL PERÚ, no ha sido inhabilitada
anteriormente para participar en procesos de selección y/o contratar con
el Estado.
? Conducta Procesal del Infractor: en lo que se refiere a la conducta
procesal, debe tomarse en cuenta que la empresa La Roche Consultores
Proyectos y Servicios S.L. ? SUCURSAL PERÚ se apersonó al procedimiento y
presentó sus descargos.
27. Sin perjuicio de ello, el Principio de Razonabilidad previsto en el
numeral 3 del artículo 230 de la Ley № 27444, aconseja que las sanciones
no deben ser desproporcionadas y que deben guardar relación con la
conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben
verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo
estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio
que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta a
la empresa La Roche Consultores Proyectos y Servicios S.L. ? SUCURSAL PERÚ
28. Es pertinente indicar que la Falsificación de Documentos y la Falsa
Declaración en Procedimiento Administrativo, constituyen ilícitos penales,
previstos y sancionados en los artículos 411 y 427 del Código Penal , el
cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del
documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten
la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado;
así como también una correcta administración de justicia. Por tanto, debe
ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para
que proceda conforme a sus atribuciones, para lo cual se remitirán las
piezas procesales correspondientes, este Colegiado dispone que se remitan
al Ministerio Público los folios 01 al 071 del presente expediente
administrativo, así como copia de la presente Resolución, debiendo
precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas
procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción
penal.
29. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada
en el literal j) del numeral 51.1 artículo 51 de la Ley por parte del
Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar con
fecha 11 de octubre de 2013, fecha en que fueron presentados dichos
documentos ante la Entidad.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente
Víctor Manuel Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Mario
Fabricio Arteaga Zegarra y Ana Teresa Revilla Vergara, atendiendo a lo
dispuesto en la Resolución Nº 006-2015/OSCE-PRE, y en ejercicio de las
facultades conferidas en el artículo 63 de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, y los artículos 18 y 19 del Reglamento
de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial
Nº 789-2011-EF/10, analizados los antecedentes, y luego de agotado el
debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
1. SANCIONAR a La Roche Consultores Proyectos y Servicios S.L. ? SUCURSAL
PERÚ, con RUC N° 20553222363, por un período de treinta y nueve (39) meses
de inhabilitación temporal en su derecho de participar en procesos de
selección y contratar con el Estado, por la infracción tipificada en el
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por la
Ley N° 29873, en el marco del Concurso Público N° 5-2013/EMAPE/CE (Primera
Convocatoria); sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día
hábil de notificada la presente Resolución.
2. Carece de objeto imponer sanción administrativa al señor Wladimir Ylich
Rojas Palomino, con RUC N° 10066089393, por estar inhabilitado en forma
definitiva mediante Resolución 1584-2014-TC-S4.
3. Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público
para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime
pertinentes, conforme a lo indicado en la fundamentación.
4. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal comunique la sanción
al Registro Nacional de Proveedores a través del Sistema Informático del
Tribunal.
5. SUSPENDER el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra
la empresa La Roche Consultores Proyectos y Servicios S.L. SUCURSAL PERÚ
S.A. y el señor Wladimir Ylich Rojas Palomino, integrantes del CONSORCIO
SUPERVISOR LIMA, por la infracción tipificada en el literal b) del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por
Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por la Ley N° 29873, así como el
plazo prescriptorio a que hace referencia el artículo 243° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°
184-2008-EF, hasta que el Tribunal de Contrataciones del Estado tome
conocimiento de lo resuelto en el proceso arbitral.
6. Disponer que la Entidad y/o la empresa La Roche Consultores Proyectos y
Servicios S.L. SUCURSAL PERÚ S.A. y el señor Wladimir Ylich Rojas Palomino
integrantes del CONSORCIO SUPERVISOR LIMA, una vez recibido el laudo
correspondiente o la resolución que ponga fin al arbitraje, informen a
este Tribunal de su contenido, bajo responsabilidad.
7. Comunicar el presente Acuerdo a la Dirección de Arbitraje
Administrativo del OSCE, para que informe sobre las resultas del proceso
arbitral al Tribunal de Contrataciones del Estado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESIDENTE

VOCAL
VOCAL

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº
687-2012/TC del 03.10.2012.
ss.
Arteaga Zegarra
Villanueva Sandoval
Revilla Vergara

 

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