CARPIO ABOGADOS Y ASOCIADOS
EMPRESARIAL
Menu
A+ A A-

LIBRE COMPETENCIA

LIBRE COMPETENCIA

LIBRE COMPETENCIA

1.           LEY DE REPRESIÓN DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS

2.           MERCADO RELEVANTE Y POSICIÓN DE DOMINIO

3.           DE LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS

4.           Prohibición absoluta.-

5.           Prohibición relativa.-

6.           Del Abuso de la Posición de Dominio

7.           De las Prácticas Colusorias Horizontales

8.           De las Prácticas Colusorias Verticales

9.           DE LAS AUTORIDADES DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

10.         La Comisión.-

11.         La Secretaría Técnica.-

12.         El Tribunal.-

13.         Del OSIPTEL.-

14.         DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

15.         Formas de iniciación del procedimiento.-

16.         De las Medidas Cautelares

17.         Del Compromiso de Cese y la Solicitud de Exoneración de Sanción

18.         Exoneración de sanción.-

19.         De la Instrucción

20.         Período de prueba.-

21.         Medios de prueba.-

22.         a) Documentos;

23.         b) Declaración de parte;

24.         c) Testimonios;

25.         d) Inspecciones;

26.         e) Pericias; u,

27.         f) Otras pruebas si a criterio de la Secretaría Técnica son necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados o imputados.

28.         Improcedencia de medios probatorios.-

29.         Actuaciones de instrucción.-

30.         De la Información Pública y Confidencial

31.         De la Conclusión del Procedimiento en Primera Instancia

32.         El Informe Técnico.-

33.         La audiencia de informe oral.-

34.         Preclusión en la presentación de pruebas y alegatos finales.-

35.         Resolución final.-

36.         Del Procedimiento en Segunda Instancia

37.         Recurso de apelación.-

38.         Resolución del Tribunal.-

39.         Prescripción de la Infracción

40.         SANCIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS

41.         El monto de las multas.-

42.         Medidas Correctivas

43.         Multas coercitivas

44.         PRETENSIÓN DE INDEMNIZACIÓN

Prácticas anticompetitivas en contrataciones del Estado.-

Read more...

LIBRE COMPETENCIA LINEAMIENTOS INDECOPI

RESOLUCION N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI

 

Lima, 5 de julio de 2001

 

Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial

 

La Comisión de Represión de la Competencia Desleal:

 

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 9 del Decreto Legislativo  N° 807 faculta a las Comisiones  a aprobar pautas o lineamientos  que, sin tener carácter vinculante, orienten a los agentes económicos  sobre los alcances y criterios de interpretación  de las normas cuya

aplicación  tienen encomendadas;  que, uno de los fines que se ha propuesto  la Comisión  es tomar las medidas que sean necesarias  para  contribuir  a reducir  las  situaciones  de conflicto  detectadas  en los  ámbitos  de su competencia;  que,  la protección  de los derechos  del consumidor  requiere  de un marco  que permita  establecer  reglas  claras para los agentes económicos que intervienen en el mercado, lo que sólo será posible si la actuación de la administración  es predecible para dichos agentes; en uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto Ley N° 25868, así como por el Decreto Legislativo Nº 691, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, por el Decreto Ley Nº 26122, Ley sobre Represión  de la Competencia  Desleal, por el Decreto Supremo Nº  20-94-ITINCI,  Reglamento  de las  Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor y por la Ley Nº 26842, Ley General de Salud.

 

RESUELVE:

Aprobar los Lineamientos de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal sobre Competencia Desleal y Publicidad

Comercial, los mismos que forman parte integrante de la presente resolución. Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Lorena Alcázar Valdivia, Fernando Cantuarias Salaverry,  José Perla Anaya y Ramón Bueno y Tizón.

 

 

1.       MARCO DE LA ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO

 

1.1.       Constitución de 1993

 

De conformidad con lo establecido por el artículo 58º  de la Constitución Política de 1993, la iniciativa privada es libre y se ejerce en el marco de una economía social de mercado, dentro del cual el Estado debe orientar el desarrollo del país, actuando principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.   Por otro lado, el artículo 59º señala que el Estado garantiza la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria y agrega que el ejercicio de dichas libertades no debe ser lesivo a la moral, la salud y la seguridad públicas.

 

Dentro de este marco de economía  social de mercado  se reconoce  como principio  fundamental  la libertad  de  iniciativa  privada  en  materia  económica,  que  es  definida  por  los  artículos  3º  y  9º  del Decreto Legislativo Nº  757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, como el derecho de  toda  persona  natural  o  jurídica  a  dedicarse  a  la  actividad  económica  de  su  preferencia,  en concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Perú

y las leyes5 y a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente6.

 

La libertad económica empresarial fomenta la innovación y la creatividad en beneficio del consumidor, al brindarle más y mejores opciones entre las cuales puede elegir aquella que satisfaga sus intereses de manera adecuada.   Además, gracias a la competencia en su conjunto, se introducen nuevas tecnologías y se contribuye al desarrollo de los mercados.

 

En esta economía social de mercado, tanto la legislación sobre la competencia desleal como la de la publicidad  comercial tienen como finalidad brindar el marco legal para que los empresarios  puedan realizar sus actividades  dentro de los principios  que rigen este modelo económico,  promoviendo  el desarrollo de la leal y honesta competencia.   La finalidad de la legislación sobre competencia desleal no es incentivar la permanencia en el mercado de empresas ineficientes que no responden a los retos

 

5 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada

Artículo 3º.- Se entiende  por libre iniciativa  privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a dedicarse  a la actividad económica de su preferencia, que comprende la producción de bienes o la prestación de servicios, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Perú y las leyes.

6 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada

Artículo 9º.- De conformidad  con lo prescrito  en los artículos  130º  y 131º  de la Constitución  Política,  toda empresa  tiene derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. Queda derogada toda disposición legal que fije modalidades  de producción, índices de productividad,  que prohiba u obligue a la utilización de insumos o procesos tecnológicos  y, en general,  que intervenga  en los procesos  productivos  de las empresas  en función  al tipo de actividad económica que desarrollen, su capacidad instalada, o cualquier otro factor económico similar, salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservación del medio ambiente y la salud.

 

que  implica  interactuar  en  un  mercado  competitivo  y  que,  finalmente,  pueden  terminar  siendo eliminadas del mercado7.

 

Por lo expuesto, al momento de interpretarse las normas contenidas en el Decreto Ley Nº 26122, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal 8, así como en el Decreto Legislativo Nº  691, Normas de

la Publicidad en Defensa del Consumidor, y en su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 20-

94-ITINCI9, la Comisión tendrá en cuenta los principios y criterios generales a los cuales se ha hecho referencia en los párrafos precedentes, con el fin de evitar la desnaturalización de las normas legales

vigentes.

 

1.2.       Rol promotor de la Comisión

 

Dentro del marco general al cual se ha hecho referencia en el punto precedente,  corresponde  a la Comisión la función de generar los incentivos necesarios para que los agentes del mercado orienten su  actuación   dentro   de  los  principios   del  modelo   económico   reconocido   en  la  Constitución, informando, a través de diversos mecanismos, acerca de los criterios de interpretación de las normas vigentes en materia de publicidad comercial y represión de la competencia desleal, para que de esta manera  los agentes  del mercado  adecuen  su conducta  a los mismos  y así la economía  social de mercado genere bienestar para todos.

 

En  efecto,  la  Comisión  emplea  una  serie  de  mecanismos  de  supervisión  en  las  áreas  de  su competencia,   entre   los   que   destacan   las   cartas   informativas,   las   cartas   preventivas   y   las investigaciones  preliminares  que tienen  por finalidad  promover  la autorregulación  en las empresas haciendo  de  su  conocimiento  las  reglas  de  juego  mediante  mecanismos  directos  de  información ajustados para cada caso en concreto, a un costo mínimo para el Estado y con el máximo beneficio para los consumidores y competidores que ven resueltos los problemas de publicidad y desleal competencia  de una manera rápida y eficiente. Así por ejemplo, en el año 2000, en el 97% de las acciones de supervisión  (preventivas)  las empresas confirmaron  su conducta al marco legal vigente sin que haya sido necesario iniciar procedimientos de oficio.

 

En ese orden de ideas, debemos indicar que, en uso de las facultades contenidas en las normas que rigen   su  actuación,   y  como   un  mecanismo   más  dentro   del  rol  promotor   la  Comisión   inicia procedimientos de oficio, atendiendo principalmente, a los siguientes criterios: (i) en aquellos casos en los  cuales  se  afectaría  los  intereses  de  un  número  significativo  de  consumidores,  (ii)  cuando  la conducta distorsionaría gravemente el correcto funcionamiento del mercado, y, (iii) cuando el mercado por sí mismo no fuera capaz de corregir las distorsiones que impidan su normal funcionamiento.

 

Finalmente,   debemos   señalar   que,  con  el  fin  de  desalentar   la  repetición   de  conductas   que distorsionen  el  correcto  funcionamiento   del  mercado,  la  Comisión  está  facultada  para  imponer sanciones  a los agentes  del mercado  que infrinjan  las disposiciones  contenidas  en las leyes cuya supervisión le ha sido encargada, para lo cual tendrá en cuenta, entre otros criterios, la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado, la difusión del anuncio y otros criterios que, dependiendo de cada caso en particular, considere adecuado  adoptar  la  Comisión,  siendo  la  reincidencia  una  circunstancia  agravante  de  la  sanción aplicable.

 

En aplicación de los criterios mencionados, al momento de fijar las sanciones en los procedimientos a su  cargo,  la  Comisión  ha  tenido  en  cuenta  los  siguientes  elementos:  (i)  período  y  frecuencia  de difusión del anuncio infractor 10; (ii) medio de comunicación empleado 11; (iii) beneficios obtenidos por la

 

 

 

7 Es ilustrativo lo señalado por Jack Welch presidente de General Electric: “Cuando el ritmo de cambio dentro de la compañía es superado por el ritmo de cambio fuera de la compañía, el fin está cerca.”  En: “El Marketing según  Kotler.   Cómo crear, ganar y dominar los mercados”, Paidos, Argentina, 1999, p. 259.  Esta cita está contenida en la Resolución Nº 067-2000/CCD- INDECOPI,  emitida en el expediente Nº  119-1999/CCD-INDECOPI, seguido por Distribuidora  Dismasa S.R.L. contra  Rovic S.A.C. y otros, por la cual se declaró fundada en parte la denuncia presentada, sancionando a Rovic S.A.C. con una multa de

10 UIT y que actualmente se encuentra pendiente de resolución por la Sala.

8 En adelante “la ley de competencia desleal”.

9 En adelante “la ley de publicidad” y “el reglamento”, respectivamente.

10  Ver los expedientes  Nº  026-97-C.C.D.  y Nº  030-97-C.C.D.,  seguidos  por la Asociación  Matemática   Pitágoras  contra  la

Academia Pre Universitaria Trilce y la Academia César Vallejo, respectivamente;  en los cuales se sancionó a las denunciadas

con multas de 2 y 6 UIT, respectivamente.

11 Por ejemplo televisión, radio, volantes, uso de las páginas amarillas, cartas, afiches, entre otros.

 

 

práctica de los actos de competencia  desleal12;  (iv) el tipo de producto  o servicio anunciado  y sus efectos   nocivos   o  perjudiciales   para  la  salud  del  consumidor 13;  (v)  propuestas   concretas   de

conciliación, eliminación o reducción voluntaria de los efectos de la conducta ilegal durante el proceso sin que medie una medida cautelar14;  (vi)  imposibilidad  de  revertir  los  efectos  del  acto  ilegal,  por ejemplo  el anunciar  servicios  educativos  sin valor oficial;  (vii)  flagrancia  de  la  conducta  ilegal,  por

ejemplo  en  el  caso  de  las  normas  prohibitivas  per  se,  como  la  publicidad  de  cigarrillos  y  de medicamentos  de  venta  con  receta  médica;  (viii)  reincidencia  en  el  comportamiento  considerado ilegal 15; (ix) magnitud del daño causado16, entre otros.

 

1.3.       Principios de la Leal Competencia

 

1.3.1.    Libre imitación de iniciativas empresariales

 

En el marco del sistema  de economía  social de mercado  en el cual existe la libertad  de iniciativa empresarial,  la  imitación  de  iniciativas  empresariales 17   es  la  regla  general  y  se  busca  reducir  al mínimo las restricciones  para su ejercicio 18.  Así  lo señala  el artículo  4º  de la ley de competencia desleal:  “No  se  considerará  como  acto  de  competencia  desleal  la  imitación  de  prestaciones  o

iniciativas empresariales ajenas, salvo en lo que en esta Ley dispone o en lo que lesione o infrinja un derecho de exclusiva reconocido por la Ley.”

 

El llamado  “derecho  a imitar”  es una  manifestación  de la libertad  de iniciativa  privada  en materia económica,  constituyendo  un  presupuesto  necesario  del  progreso,  que  considera  la  libertad  de imitación como una exigencia del interés general.

 

El fundamento  del  “derecho  a imitar”  radica  en la libertad  que  tienen  los agentes  económicos  de acceder  a  las  creaciones  que  han  sido  puestas  en  el  mercado  y  por  lo  cual  han  pasado  a  ser consideradas  como  bienes  públicos,  cuyo  consumo  por  una  persona  no excluye  su uso  por  otra. Tratándose de bienes públicos, la regla que rige es la de libertad de su utilización, lo que en materia

de innovación trae como consecuencia la consagración del principio de la libre imitabilidad19.

 

Sin embargo, el “derecho a imitar” no tiene un carácter absoluto sino que se encuentra limitado, por ejemplo,  cuando  existen  derechos  de  exclusiva  que  respetar  o  cuando  se  impone  el  deber  de diferenciación a los proveedores que emplean formas que son comunes en el mercado. Respecto a los alcances de esta obligación, la Comisión ha establecido que, cuando nos encontremos ante una forma de producto que no puede ser apropiada exclusivamente por un competidor, a fin de proteger a su creador, el derecho de la competencia desleal impone al imitador de las formas de productos y de sus presentaciones no protegibles como marcas, la carga de atenuar o eliminar la confundibilidad, es decir la imposición de una carga de diferenciación, la misma que se activará cuando la creación que

 

 

 

 

12 Ver Resoluciones Nº 058-1998/CCD-INDECOPI y Nº 328-1998/TDC-INDECOPI, emitidas en los expedientes acumulados Nº

030-1998/CCD  y Nº  080-1998/CCD,  seguidos por  Rena  Ware  del Perú  S.A.  y de oficio,  respectivamente,  contra  Zephir

International S.A., por las cuales se sancionó a la denunciada con una multa de 70 UIT.

13   Ver: (i) Resoluciones  Nº  014-1999/CCD-INDECOPI y Nº  156-1999/TDC-INDECOPI, emitidas  en el expediente  Nº  077-

1998/CCD, seguido de oficio contra el señor Eduardo Burgos Revolledo, por las cuales se impuso al denunciado una multa de

13 UIT; y, (ii) Resoluciones Nº 022-1999/CCD-INDECOPI y Nº 212-1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el expediente Nº 068-

1998/CCD, seguido de oficio contra el señor Germán Salazar Tamayo, Clínica Día Láser y Clínica Saint Germain, en las que se

impuso al señor Salazar y a la Clínica de Día Láser una multa de 10 UIT.

14   Ver las resoluciones  Nº  016-96-C.P.D.  y Nº  029-96-TRI-SDC,  emitidas  en el expediente  Nº  136-C.P.C.D.,  seguido  por

Electrol S.A. contra Maruja Maquera López, Leonardo Mamani Jiscara y Gregoria Alarcón Flores, por las cuales se declaró

fundada la denuncia y se sancionó a los dos primeros denunciados con multas de 1, mientras que a la señora Alarcón se le impuso una multa de 0,1 UIT.

15  Ver expedientes acumulados Nº 062-1999/CCD y Nº 070-1999/CCD, seguidos de oficio contra Pfizer S.A.. en los cuales se declaró fundada la denuncia y se sancionó a la denunciada con una multa de 15 UIT.

16   Ver  Resolución  Nº  031-1999/CCD-INDECOPI,  emitida  en  el  expediente  Nº  025-1999/CCD,  seguido  de  oficio  contra

Telefónica del Perú S.A.A., por la cual se sancionó a la denunciada con una multa de 20 UIT.

17  Es importante señalar que la imitación de las iniciativas empresariales no es un fenómeno similar a la copia sin autorización de bienes  protegidos  por la legislación  de propiedad  industrial,  la adulteración  o la falsificación  de los mismos,  que son

actividades ilegales, muchas de las cuales incluso constituyen actos de competencia desleal, conforme lo vamos a ver más adelante.

18   Resolución  Nº  060-2000/CCD-INDECOPI, emitida  en los expedientes  acumulados  Nº  032-2000/CCD  y 039-2000/CCD, seguidos por S.C. Johnson & Son del Perú S.A. contra Interamerican Trade Development Company S.A., la misma que declaró

infundadas las denuncias presentadas.

19 Ibid.

 

se esté imitando, por sus características técnicas o estéticas, no pueda ser protegida de forma temporalmente ilimitada como marca o como otro derecho de propiedad industrial 20.

 

En suma, mientras que, por un lado, a través de los derechos de exclusiva, la legislación concede al creador  un monopolio  temporal  para el aprovechamiento  de su creación  y la recuperación  de los costos  incurridos  para  introducirlo  en  el  mercado,  por  otro  lado,  la  disciplina  de  la  competencia desleal sanciona la imitación que genera confusión.

 

Cuando  se  alega  la  infracción  a  derechos  de  exclusiva,  corresponde  al  denunciante  acreditar  la existencia del mismo, ya sea que se trate de un derecho de propiedad intelectual - derechos de autor, signos distintivos o patentes de invención - o de cualquier otro derecho de exclusiva legalmente reconocido.  De  no  ser  así,  las  prestaciones  o  iniciativas  empresariales  similares  se  encontrarían dentro de los alcances del artículo 4º  mencionado anteriormente, salvo que violen lo establecido por la ley de competencia desleal.

 

Bajo este supuesto, la Comisión declaró fundada una denuncia presentada contra tres empresas dedicadas a la edición y comercialización de figuritas con las imágenes de deportistas destacados.  Al no  contar  con  la  autorización  correspondiente  de  esas  personas  o  de  sus  representantes,  estas

empresas habían infringido el derecho a la imagen reconocido por el Código Civil de 1984 21.

 

Por el contrario, en dos casos no se acreditó la existencia de un derecho de exclusiva y, por lo tanto, constituyeron imitación legalmente permitida de iniciativas empresariales: (i) la fabricación de prendas de vestir utilizando  los diseños  de las líneas de Nazca,  signos que por su antigüedad  están en el dominio  público,  no  protegidos  por  la  legislación  de  derechos  de  autor;  además,  de  que  quedó

acreditado  que dichos diseños eran de uso común en el mercado 22;  (ii) la comercialización  de una

cubierta de motocarros que tenía un diseño de uso común en el mercado y que no estaba protegido por la legislación de propiedad industrial 23.

 

En  el segundo  conjunto  de  casos,  es  decir  cuando  no  se  alegue  la existencia  de  un  derecho  de exclusiva, la Comisión, a fin de determinar si una práctica comercial es lícita o no, deberá analizar si la  realización  de  prestaciones  similares  por  parte  de  terceros  constituye  un  acto  de  competencia desleal en los términos establecidos por el Decreto Ley Nº 26122.

 

1.3.2.    Licitud del daño concurrencial

 

Uno   de   los   conceptos   centrales   en   un   sistema   de   economía   social   de   mercado   es   el  de “competencia”24,  que se caracteriza por la lucha o pugna existente entre las diversas empresas que concurren en el mercado, por lograr la preferencia de los consumidores  (intermedios  o finales ).   El competidor es el agente que realiza una actividad económica en su propio beneficio o el de otro en

detrimento de la actividad del competidor.

 

El hecho de que un proveedor participe en el mercado ofreciendo precios, condiciones comerciales y productos   (bienes   y   servicios)   de   mejor   calidad   y/o   en   mejores   condiciones   que   aquellos suministrados  por sus competidores,  es beneficioso  para el desarrollo  de la economía,  por cuanto permite que los consumidores tengan mejores opciones a elegir para satisfacer sus necesidades, lo que también sirve de estímulo a los diferentes  proveedores  para que mejoren las condiciones  y la calidad de los productos y servicios con los cuales concurren al mercado.

 

En  una  economía  social  de  mercado  la  actuación  de  una  empresa  que  ofrece  mejores  precios, condiciones  de  venta  más  favorables  o  una  mejor  calidad,  puede  representar  una  oportunidad

 

20 Ibid.

21   Ver  las resoluciones  Nº  038-1999/CCD-INDECOPI y Nº  245-1999/TDC-INDECOPI, emitidas  en el expediente  Nº  045-

1998/CCD, seguido por  Panini y otros contra Corporación  Gráfica  Navarrete S.A., Distribuidora   Navarrete  S.A.  y Editorial Navarrete S.R.L., las cuales declararon fundada la denuncia presentada y sancionaron a las denunciadas con multas de 40, 30 y 20 UIT, respectivamente.

22  Resolución Nº 040-97-C.C.D., emitida en el expediente Nº 130-96-C.C.D., seguido por  Grafitex  S.R.Ltda. contra  Precotex

S.R.Ltda., la misma que declaró infundada la denuncia.

23  Resoluciones Nº 057-97-C.C.D. y Nº 098-1998/TDC-INDECOPI, emitidas en el expediente Nº 038-97-C.C.D., seguido por el señor Alfredo Javier Leciñana González contra Infiglass S.A., las cuales declararon infundada la denuncia presentada.

24  Entendida como la relación existente entre sujetos - personas físicas o morales - que ejercen actividades económicas en

forma independiente  por medio de la comercialización  de bienes o la prestación de servicios similares, con relación a una clientela también similar, de tal modo que el ejercicio de las actividades de un agente repercute en la actividad de otro.

 

comercial  perdida  para  sus  competidores   (daño  concurrencial   lícito),  lo  cual,  en  principio,   no constituiría un acto de competencia desleal.

A fin de determinar si un acto es o no desleal, la Comisión evaluará si la conducta de los supuestos infractores es o no contraria a la buena fe comercial y a las normas de corrección que deben regir en el mercado, o si atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas, teniendo en cuenta que la clientela, la fuerza de trabajo, los suministradores de bienes, servicios y capitales, son factores dinámicos en el mercado, y que la pérdida de los mismos ante ofertas más atractivas es un

riesgo natural y previsible 25.

 

La pérdida de ingresos o inclusive la salida del mercado del competidor pueden ser consecuencia de la menor eficacia y eficiencia en una economía social de mercado.   Este concepto ha sido asumido por el Derecho de la Competencia, por lo que en ninguna de sus ramas es un Derecho protector de la ineficiencia,  o  una  tutela  jurídica  del  competidor  respecto  a  su  clientela,  o  sobre  sus  factores  de

producción 26.

Dentro  del  marco  del  sistema  de  economía  social  de  mercado,  se  entiende  por  “buena  fe”  y por “normas de corrección  de las actividades  económicas”  a la competencia  realizada por los diversos agentes que concurren en él y que se sustenta en la eficiencia y en la eficacia de las prestaciones que  brindan  a  los  consumidores;  lo  cual  se  manifiesta  entre  otros,  en  la  mejor  calidad  de  los productos  y  servicios  que  ofrecen,  en  poner  a  disposición   de  sus  clientes  bienes  a  precios competitivos y en  brindar servicios post – venta eficientes y oportunos.

 

Sobre el particular, la Sala ha establecido que, “… en principio el daño causado a un competidor es lícito.  Sólo  en aquellos  casos  en que  la atracción  de la clientela  o de los proveedores  se realice mediante actuaciones incorrectas, esto es que no se basen en el esfuerzo empresarial propio, es que

dichas prácticas se consideran desleales”27

 

Es preciso  recordar  que  las empresas  no sólo  compiten  por  captar  las preferencias  de un mayor número de consumidores, sino que también buscan acceder a los mejores trabajadores, a los mejores proveedores, así como a los canales de distribución que les permitan una eficaz y eficiente comercialización de sus productos.

 

Por ello, la Comisión ha establecido  que, dentro de una economía social de mercado, es lícito que una empresa cambie de distribuidor de sus productos 28  o de proveedor29   de los insumos  que utiliza

 

 

25  Ver las siguientes resoluciones: (i) Nº 015-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 071-97-C.C.D.,  seguido por Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. contra Panamericana Televisión S.A. y Alyava S.A., la misma que declaró infundada la  denuncia;  (ii)  Nº  018-1998/CCD-INDECOPI,  emitida  en  el  expediente  Nº  096-97-C.C.D.,  seguido  por  Panamericana Televisión S.A. contra Compañía Peruana de Radiodifusión S.A., Coper S.R.Ltda. y Top Maintenance & Food Service S.A., por la cual se declaró  infundada  la denuncia;  (iii)  Nº  036-1998/CCD-INDECOPI, emitida  en  el  expediente  Nº  028-1998/CCD, seguido por Alliance S.A. contra Astros S.A. y Empresa Radiodifusora 1160 S.A., por la cual se declaró infundada la denuncia; (iv) Nº 077-1998/CCD-INDECOPI y Nº 109-1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el expediente Nº 073-1998/CCD,  seguido por Informatik S.A. contra Telefónica del Perú S.A. y Plains Tech S.A., declarando infundada la denuncia; (v) Nº 029-1999/CCD- INDECOPI y Nº 327-1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el expediente Nº 114-1998/CCD,  seguido por  Kinjyo Travel Service S.A. contra Perú  Travel Bureau S.A., las señoras  Gladys Kiyomi Kinjyo Tamashiro,  Mary Yurie Kinjyo Tamashiro  y María Teresa Delgado Zevallos, así como contra el señor Víctor Tamashiro, por las que se declaró infundada la denuncia; (vi) Nº 045-

1999/CCD-INDECOPI  y Nº  295-1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el expediente  Nº  047-1999/CCD,  seguido por La Tierra

E.I.R.L. contra La Positiva Seguros y Reaseguros  S.A. y Pierre Chanel  E.I.R.L.,  las  mismas  que  declararon  infundada  la denuncia; y, (vii) Nº 055-1999/CCD-INDECOPI y Nº 443-1999/TDC-INDECOPI, emitidas en el expediente Nº 055-1999/CCD, seguido por Empresa Maderera Sullana S.A. contra Tecno Fast Atco S.A., por las cuales se declaró infundada la denuncia.

26   A  este  respecto,  mediante  Resolución  N°  0086-1998/TDC-INDECOPI  del  expediente  Nº  070-97-C.C.D.,  seguido  por

Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., el Tribunal ha establecido que: “…una consecuencia natural que surge en un mercado en donde concurren agentes económicos en libre competencia es la pérdida de clientes o proveedores. Los agentes económicos (ofertantes)  que participan  en el mercado  se encuentran  en constante  lucha por la captación  de clientes, proveedores  e, incluso, trabajadores. Esta lucha no sólo es lícita, sino además deseable y fortalecida en un sistema de libre competencia, pues redunda en la óptima asignación de recursos y la maximización del bienestar de los consumidores. Ello, constituye la esencia de la competencia.

(…) todo  agente  que interviene  en el mercado  es consciente  de la existencia  de este  riesgo  por la presencia  de otros

competidores que en base a su propio esfuerzo empresarial ofrecen  propuestas más atractivas, ya sea por ser estás (sic) de mejor calidad o más ventajosas. En ese sentido, todo agente también es consciente de que las consecuencias que ello traería, es decir, la posible pérdida de ingresos o, incluso, la posible salida del mercado, es una sanción a la menor eficiencia.”  En este sentido, esta resolución confirmó el pronunciamiento de primera instancia, declarando infundada la denuncia.

27 Ibid.

28  Ver Resolución Nº 016-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 161-97-C.C.D., seguido por Ganadera Schilcayo

S.A. contra Havana Club International S.A., por la cual se declaró infundada la denuncia.

29   Ver  Resoluciones  Nº  045-1999/CCD-INDECOPI  y  Nº  295-1999/TDC-INDECOPI,  emitidas  en  el  expediente  Nº  047-

1999/CCD,  seguido por La Tierra E.I.R.L. contra La Positiva Seguros y Reaseguros  S.A. y Pierre Chanel  E.I.R.L.,  la cual declaró infundada la denuncia.  Esta denuncia se sustentaba en el hecho de que La Positiva contrató a Pierre Chanel para que

 

para la fabricación  de los mismos o que contrate trabajadores  de la competencia 30, sin que dichos actos  puedan  considerarse,  en  principio,  como  una  infracción  a  las  normas  contenidas  en  la  ley. Sostener  lo contrario,  sería  obligar  a las empresas  a mantener  relaciones  comerciales  estáticas  e ineficientes,   con  el  consiguiente   perjuicio  para  el  normal  desenvolvimiento   de  las  actividades económicas.

 

Conforme  a lo expuesto,  no constituye  un acto de competencia  desleal  el solo hecho de que una empresa  peruana  que  anteriormente  era  representante  autorizada  de  una  empresa  extranjera, compita con ésta introduciendo sus propios productos y servicios en el mercado 31.

 

1.3.3.    Perfil del Consumidor

 

El  papel  del  consumidor  es  esencial  para  el  desarrollo  de  una  economía  social  de  mercado.  En efecto, tal como hemos señalado anteriormente, la competencia no es otra cosa que la pugna entre competidores  por  captar  la preferencia  del  mayor  número  de  consumidores;  razón  por  la cual,  la decisión libre del consumidor va a ser determinante en el resultado final de esta lucha.  No es posible imaginar un sistema económico de este tipo sin entender que su figura central es el consumidor. El mercado existe por y para los consumidores. Nada se justifica en términos de su funcionamiento sin comprender su rol.

 

Esta  función  que  cumple  el  consumidor  dentro  del  mercado,  por  un  lado  exige  al  Estado  que, mediante un  rol promotor, genere las condiciones para que los competidores  brinden al consumidor información veraz acerca de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.   Por otro lado, los consumidores,  conscientes del papel que cumplen en la economía y de la trascendencia  del mismo para  el  correcto  funcionamiento  del  sistema  competitivo,  deben  tener  un  comportamiento  activo, requiriendo de los proveedores más y mejor información, a fin de que éstos mejoren la calidad de sus productos  y  servicios  y,  en  consecuencia,   contribuyan   al  desarrollo  de  los  mercados  y  a  la consolidación del sistema competitivo.

 

La obligación  de brindar  información  veraz se sustenta  en el hecho de que ésta repercute  en una mayor transparencia en el mercado, lo que a su vez facilita al consumidor la adopción de decisiones de consumo adecuadas a sus intereses, generando de este modo una mayor competencia entre los agentes económicos.

 

A partir de estas consideraciones,  en diversos precedentes administrativos  se ha establecido que el ámbito  de protección  de las normas  que reprimen  los actos  de competencia  desleal  y de las que regulan  la  publicidad  comercial,  está  circunscrito  a  los  consumidores  que  se  desenvuelven  en  el mercado  con diligencia  ordinaria  a fin de tomar  decisiones  prudentes.  Se considera  consumidores razonables  a los que antes  de tomar  decisiones  de consumo,  adoptan  precauciones  comúnmente razonables  y  se  informan  adecuadamente  acerca  de  los  bienes  o  servicios  que  les  ofrecen  los

proveedores 32.

 

El consumidor razonable actúa en el mercado con la diligencia ordinaria con que se desenvuelve en la vida diaria, juzgando la información a la cual tiene acceso33, principalmente a partir de su experiencia, atendiendo   al     significado   usual   de  las  palabras,   frases   y  oraciones,   prefiriendo,   de  varias

interpretaciones posibles, aquella que surge naturalmente a sus ojos 34.

 

se encargara de la fabricación de artículos promocionales luego de haber evaluado la propuesta presentada por esta empresa en relación con la remitida por la denunciante.

30 Para mayores alcances sobre el particular, ver las resoluciones a las cuales hacemos referencia en el punto 2.3.10, referido

a los actos de competencia desleal en la modalidad de inducción a la infracción contractual.

31 Para mayor información, ver la resolución a la cual hemos hecho referencia en la nota 18 precedente, así como la Resolución Nº 073-2000/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 089-2000/CCD, seguido por Clorox del Perú S.A. contra Intradevco Industrial S.A., la misma que declaró infundada la denuncia.

32 Resolución Nº 094-95-C.P.C.D., emitida en el expediente Nº 117-95-C.P.C.D., seguido por Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes resulten responsables.   Esta resolución declaró infundado el recurso de reconsideración  presentado por la asociación denunciante contra la resolución que declaró improcedente la denuncia presentada; y a la vez fue confirmada por la Sala mediante Resolución Nº 036-96-TRI-SDC.

33 Las principales fuentes de información a las que tiene acceso el consumidor son las siguientes: (i) el lugar de adquisición del producto, (ii) la publicidad, (iii) la información contenida en el rotulado del producto, ( iv) las marcas del mismo, (v) los precios de venta, (vi) las experiencias de terceros, entre otras.

34  Resoluciones Nº 063-97-C.C.D. y Nº 115-1998/TDC-INDECOPI, emitidas en los expedientes acumulados Nº 051-97-C.C.D.,

seguido por Fábrica de Accesorios Electrónicos S.A. contra Electrónica Audiotek S.A. y 060-97-C.C.D., seguido de oficio contra

Dicoel, por las cuales se declaró fundada las denuncias presentadas y se sancionó a las denunciadas con multas de 10 y 5

 

Finalmente,   debemos   señalar   que,   en   el  caso   de   las   normas   referidas   a  la  publicidad   de medicamentos y recursos terapéuticos naturales cuya condición de venta es sin receta médica, este perfil de consumidor razonable se aplica al consumidor final, que es el que se informa debidamente por diversos medios - entre ellos la publicidad - antes de adquirir un producto de esta naturaleza.  Por otro lado, en el caso de los medicamentos y recursos terapéuticos naturales cuya condición de venta es  con  receta  médica,  se  considera  como  consumidor  al  profesional  de  la  salud,  que  es  un consumidor  informado,  y que receta o prescribe dichos productos  previo  un análisis  de la relación

beneficio – riesgo para el caso de cada paciente35.

 

1.3.4.    Libertad de expresión comercial

 

La  Constitución  Política  del  Perú,  en  el inciso  4º  del  artículo  2º 36,  así  como  en  el  artículo  59º37, reconoce  tanto  la  libertad  de  expresión  como  la  libertad  de  empresa.    Bajo  el  ámbito  de  ambas libertades,  resulta  protegida  la  libertad  comercial,  dentro  de  la  cual  se  enmarca  la  publicidad.  En efecto, la publicidad es la manera en que los proveedores dan a conocer u ofrecen sus productos y servicios  en  el mercado,  enviando  mensajes  dirigidos  a captar  consumidores  para  ellos.  Quienes concurren al mercado tienen el derecho de expresar libremente sus ideas a través de la publicidad, dentro de los límites establecidos por la legislación sobre publicidad comercial.

 

A  través  de  la  libertad  de  expresión  comercial  se  fomenta  mayor  competencia,  pues  con  ella  se garantiza que los agentes del mercado hagan uso de la creatividad para difundir sus mensajes en la forma que consideren más adecuada a sus intereses, generando de esta manera un mayor flujo de información y más opciones para que el consumidor pueda satisfacer sus necesidades. Debido a este superior nivel de información, los consumidores van a poder exigir una mayor cantidad de información relevante  a  los  proveedores,  lo  cual  a  su  vez  va  a  motivar  a  éstos  a  mejorar  la  calidad  de  los productos y servicios que ofrecen, contribuyendo de este modo al desarrollo de los mercados.

 

Las normas que regulan la publicidad comercial están inspiradas y se aplican en un sistema de libre mercado, el que por definición implica la libertad de circulación de ideas y de creaciones 38. Por tanto, al momento  de supervisar  la publicidad,  la Comisión  tendrá  en cuenta  el derecho  a la libertad  de

expresión  comercial  y  a  su  manifestación  en  el  uso  de  la  creatividad,  teniendo  presente  las  tres funciones de la publicidad: informar, persuadir y servir como mecanismo de competencia.

 

De  conformidad   con  lo  expuesto,  los  anunciantes   tienen  el  derecho  a  difundir  sus  mensajes publicitarios  de  la  manera  que  consideren  más  adecuada  a  sus  intereses  (libertad  de  expresión comercial), dentro de los límites contenidos en el Decreto Legislativo Nº 691 y en sus normas reglamentarias y complementarias, como son los principios de veracidad, legalidad y no denigración; así como en las normas que regulan la publicidad comercial en determinados sectores de la actividad económica,  como por ejemplo las disposiciones  sobre publicidad de cigarrillos, de establecimientos de hospedaje, de fondos mutuos de inversión, de servicios de llamadas de contenido erótico, de administradoras  privadas  de  fondos  de  pensiones  y  de  medicamentos  y  recursos  terapéuticos naturales.   El ejercicio del derecho de libertad de expresión comercial ha de enmarcarse dentro del cumplimiento de las normas citadas.

 

UIT,  respectivamente.    En  este  caso,  las  denunciadas  importaban  artículos  eléctricos  (cables  y antenas  para  televisor) procedentes de China, pese a lo cual los comercializaban utilizando expresiones que daban a entender a un consumidor que actúa  con  diligencia  ordinaria,  que  los referidos  productos  eran  de origen  japonés;  por esta  razón,  la Comisión  declaró fundadas las referidas denuncias.   Asimismo, debemos señalar que este criterio ha sido recogido en las resoluciones a las cuales se hace referencia a lo largo del presente documento.

35 Respecto a este tema, en el expediente Nº 134-96-C.C.D., seguido por Bristol - Myers Squibb Perú S.A. contra Tecnofarma

S.A., la Sala de Defensa de la Competencia  ha señalado expresamente  que dadas las características  de este consumidor

profesional, la probabilidad de engaño es menor en comparación con los consumidores de la publicidad de productos de venta sin receta médica.

36Constitución Política del Perú, Artículo 2, inciso 4.- Toda persona tiene derecho: (…)

4.   A las libertades  de información,  opinión,  expresión  y difusión  del pensamiento  mediante  la palabra  oral o escrita o la imagen,  por cualquier  medio  de comunicación  social,  sin previa  autorización  ni censura  ni impedimento  alguno,  bajo  las responsabilidades de ley. (…).

37Constitución Política del Perú, Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la

libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad  públicas. El Estado brinda oportunidades  de superación  a los sectores que sufren cualquier  desigualdad,  en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.

38Así lo señaló la Sala en la Resolución Nº  220-1998/TDC-INDECOPI del 19 de agosto de 1998, emitida en el procedimiento

iniciado por DEMUS contra Euromotors S.A. por presuntas infracciones al artículo 3º  del Decreto Legislativo Nº 691, la que declaró infundada la denuncia.

 

 

Read more...

LIBRE COMPETENCIA- RELACION DEL SISTEMA NORMATIVO PERUANO 2015

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA

Otorgan un regimen de estabilidad jurídica a las inversiones extranjeras mediante el reconocimiento de ciertas garantias

DECRETO LEGISLATIVO N° 662

Dictan medidas destinadas a garantizar la libertad de comercio exterior e interior como condición fundamental para el desarrollo del país

DECRETO LEGISLATIVO N° 668

Dictan Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada

DECRETO LEGISLATIVO N° 757

Ley que regula los convenios de estabilidad jurídica al amparo de los Decretos Legislativos Núms. 662 y 757

LEY Nº 27342

Precisan que se encuentran derogadas las disposiciones que se opongan a la libertad de comercio relativas a características de productos y normas aplicables en materia de terminología, símbolos embalaje, marcado o etiquetado

DECRETO SUPREMO Nº 229-2001-EF

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de los Sistemas Nacionales de Normalización y Acreditación

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1030

Aprueban Reglamento de la Ley de los Sistemas Nacionales de Normalización y Acreditación

DECRETO SUPREMO Nº 081-2008-PCM

 

 

Read more...

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas DECRETO LEGISLATIVO Nº 1034



     CONCORDANCIAS

     CONCORDANCIAS CON EL TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

     EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:

     POR CUANTO:

     Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 104 de la Constitución Política del Perú, mediante Ley Nº 29157, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos de América, y con el apoyo a la competitividad económica para su aprovechamiento, publicada el 20 de diciembre de 2007, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, entre otras materias, para la mejora del marco regulatorio;

     Que, luego de más de quince años de aplicación del Decreto Legislativo Nº 701, Ley contra las Prácticas Monopólicas, Controlistas y Restrictivas de la Libre Competencia, el diagnóstico evidencia que esta norma presenta una serie de deficiencias y vacíos, requiriéndose por ello una reforma integral;

     Que, en ese sentido, resulta pertinente la dación de una nueva ley de control de conductas anticompetitivas que precise su finalidad en consonancia con el objetivo previsto en el acuerdo de promoción comercial antes mencionado; clarifique su ámbito de aplicación (subjetivo, objetivo y territorial); destaque el principio de primacía de la realidad; establezca conceptos claros y criterios de análisis que generen mayor predictibilidad en su aplicación al establecer las conductas consideradas como anticompetitivas, como prohibir de manera absoluta aquellas conductas colusorias consideradas a nivel internacional como inherentemente anticompetitivas; redefina y mejore sustancialmente el procedimiento administrativo, incorporando plazos razonables y realistas, la preclusión en el ofrecimiento de pruebas pero sin afectar el derecho de defensa, un mejor tratamiento de las medidas cautelares y una diferenciación más clara entre el rol instructor y el resolutivo; dote de mayor capacidad disuasiva el esquema de sanciones, mejorando los criterios para establecerlas, incrementando el tope para casos de infracciones muy graves y desarrollando la facultad de la autoridad de competencia para dictar medidas correctivas; entre otros.

     Que, sobre la base de dicho contenido, una nueva ley que prohíba y sancione el abuso de la posición de dominio y las prácticas colusorias horizontales y verticales fortalecerá sustancialmente el marco regulatorio de defensa de la libre competencia, lo que, a su vez, incentivará la eficiencia económica en los mercados, promoverá la competitividad económica del país y mejorará el bienestar de los consumidores, estableciendo un ambiente apropiado para las inversiones;

     Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

     Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE REPRESIÓN DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

     Artículo 1.- Finalidad de la presente Ley.-

     La presente Ley prohíbe y sanciona las conductas anticompetitivas con la finalidad de promover la eficiencia económica en los mercados para el bienestar de los consumidores.

     Artículo 2.- Ámbito de aplicación subjetivo.-

     2.1. La presente Ley se aplica a las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios autónomos u otras entidades de derecho público o privado, estatales o no, con o sin fines de lucro, que en el mercado oferten o demanden bienes o servicios o cuyos asociados, afiliados, agremiados o integrantes realicen dicha actividad. Se aplica también a quienes ejerzan la dirección, gestión o representación de los sujetos de derecho antes mencionados, en la medida que hayan tenido participación en el planeamiento, realización o ejecución de la infracción administrativa.

     2.2. Las personas naturales que actúan en nombre y por encargo de las personas jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios autónomos o entidades mencionadas en el párrafo anterior, con sus actos generan responsabilidad en éstas, sin que sea exigible para tal efecto condiciones de representación civil.

     2.3. A los efectos de la presente Ley, cuando se haga referencia a cualquiera de las personas, sociedades irregulares, patrimonios autónomos o entidades antes mencionadas, se utilizará el término “agente económico”. También se utilizará este término para referirse a empresas de un mismo grupo económico.

     Artículo 3.- Ámbito de aplicación objetivo.-

     Se encuentra fuera de aplicación de la presente Ley aquella conducta que es consecuencia de lo dispuesto en una norma legal. El cuestionamiento a dicha norma se realizará mediante las vías correspondientes y no ante la autoridad de competencia prevista en la presente Ley. El Estado podrá asumir las acciones que considere necesarias para contribuir a mejorar las condiciones de oferta de los productos en beneficio de los consumidores.

     No obstante ello, discrecionalmente, la autoridad de competencia podrá emitir informes con relación a las conductas referidas en el párrafo anterior con el fin de evaluar sus efectos sobre la libre competencia y el bienestar del consumidor.

     Artículo 4.- Ámbito de aplicación territorial.-

     La presente Ley es de aplicación a las conductas que produzcan o puedan producir efectos anticompetitivos en todo o en parte del territorio nacional, aún cuando dicho acto se haya originado en el extranjero.

     Artículo 5.- Primacía de la realidad.-

     En la aplicación de esta Ley, la autoridad administrativa determinará la verdadera naturaleza de las conductas investigadas, atendiendo a las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad. La forma de los actos jurídicos utilizados por los contratantes no enerva el análisis que la autoridad efectúe sobre la verdadera naturaleza de las conductas subyacentes a dichos actos.

TÍTULO II

MERCADO RELEVANTE Y POSICIÓN DE DOMINIO

     Artículo 6.- El mercado relevante.-

     6.1. El mercado relevante está integrado por el mercado de producto y el mercado geográfico.

     6.2. El mercado de producto relevante es, por lo general, el bien o servicio materia de la conducta investigada y sus sustitutos. Para el análisis de sustitución, la autoridad de competencia evaluará, entre otros factores, las preferencias de los clientes o consumidores; las características, usos y precios de los posibles sustitutos; así como las posibilidades tecnológicas y el tiempo requerido para la sustitución.

     6.3. El mercado geográfico relevante es el conjunto de zonas geográficas donde están ubicadas las fuentes alternativas de aprovisionamiento del producto relevante. Para determinar las alternativas de aprovisionamiento, la autoridad de competencia evaluará, entre otros factores, los costos de transporte y las barreras al comercio existentes.

     Artículo 7.- De la posición de dominio en el mercado.-

     7.1. Se entiende que un agente económico goza de posición de dominio en un mercado relevante cuando tiene la posibilidad de restringir, afectar o distorsionar en forma sustancial las condiciones de la oferta o demanda en dicho mercado, sin que sus competidores, proveedores o clientes puedan, en ese momento o en un futuro inmediato, contrarrestar dicha posibilidad, debido a factores tales como:

     (a) Una participación significativa en el mercado relevante.

     (b) Las características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios.

     (c) El desarrollo tecnológico o servicios involucrados.

     (d) El acceso de competidores a fuentes de financiamiento y suministro así como a redes de distribución.

     (e) La existencia de barreras a la entrada de tipo legal, económica o estratégica.

     (f) La existencia de proveedores, clientes o competidores y el poder de negociación de éstos.

     7.2. La sola tenencia de posición de dominio no constituye una conducta ilícita.

CONCORDANCIAS:     R. Nº 020-2008-CD-OSIPTEL, Art. 37 (Alcances de la determinación de Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones)

TÍTULO III

DE LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS

Capítulo I

Sobre la Naturaleza de las Prohibiciones

     Artículo 8.- Prohibición absoluta.-

     En los casos de prohibición absoluta, para verificar la existencia de la infracción administrativa, es suficiente que la autoridad de competencia pruebe la existencia de la conducta.

     Artículo 9.- Prohibición relativa.-

     En los casos de prohibición relativa, para verificar la existencia de la infracción administrativa, la autoridad de competencia deberá probar la existencia de la conducta y que ésta tiene, o podría tener, efectos negativos para la competencia y el bienestar de los consumidores.

Capítulo II

Del Abuso de la Posición de Dominio

     Artículo 10.- El abuso de la posición de dominio.-

     10.1. Se considera que existe abuso cuando un agente económico que ostenta posición dominante en el mercado relevante utiliza esta posición para restringir de manera indebida la competencia, obteniendo beneficios y perjudicando a competidores reales o potenciales, directos o indirectos, que no hubiera sido posible de no ostentar dicha posición.

     10.2. El abuso de la posición de dominio en el mercado podrá consistir en conductas de efecto exclusorio tales como:

     a) Negarse injustificadamente a satisfacer demandas de compra o adquisición, o a aceptar ofertas de venta o prestación, de bienes o servicios;

     b) Aplicar, en las relaciones comerciales o de servicio, condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen de manera injustificada a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No constituye abuso de posición de dominio el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen por determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado, monto, volumen u otras que se otorguen con carácter general, en todos los casos en que existan iguales condiciones;

     c) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones adicionales que, por su naturaleza o arreglo al uso comercial, no guarden relación con el objeto de tales contratos;

     d) Obstaculizar de manera injustificada a un competidor la entrada o permanencia en una asociación u organización de intermediación;

     e) Establecer, imponer o sugerir contratos de distribución o venta exclusiva, cláusulas de no competencia o similares, que resulten injustificados;

     f) Utilizar de manera abusiva y reiterada procesos judiciales o procedimientos administrativos, cuyo efecto sea restringir la competencia;

     g) Incitar a terceros a no proveer bienes o prestar servicios, o a no aceptarlos; o,

     h) En general, aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado por razones diferentes a una mayor eficiencia económica.

     10.3. La presente Ley se aplica inclusive cuando la posición de dominio deriva de una ley u ordenanza, o de un acto, contrato o reglamento administrativo.

     10.4. Las conductas de abuso de posición de dominio constituyen prohibiciones relativas.

     10.5. No constituye abuso de posición de dominio el simple ejercicio de dicha posición sin afectar a competidores reales o potenciales.

CONCORDANCIAS:     R. Nº 020-2008-CD-OSIPTEL, Art. 37 (Alcances de la determinación de Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones)

Capítulo III

De las Prácticas Colusorias Horizontales

     Artículo 11.- Prácticas colusorias horizontales.-

     11.1. Se entiende por prácticas colusorias horizontales los acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas realizadas por agentes económicos competidores entre sí que tengan por objeto o efecto restringir, impedir o falsear la libre competencia, tales como:

     (a) La fijación concertada, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio;

     (b) La limitación o control concertado de la producción, ventas, el desarrollo técnico o las inversiones;

     (c) El reparto concertado de clientes, proveedores o zonas geográficas;

     (d) La concertación de la calidad de los productos, cuando no corresponda a normas técnicas nacionales o internacionales y afecte negativamente al consumidor;

     (e) La aplicación concertada, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen de manera injustificada a unos competidores en situación desventajosa frente a otros;

     (f) Concertar injustificadamente la subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones adicionales que, por su naturaleza o arreglo al uso comercial, no guarden relación con el objeto de tales contratos;

     (g) La negativa concertada e injustificada de satisfacer demandas de compra o adquisición, o de aceptar ofertas de venta o prestación, de bienes o servicios;

     (h) Obstaculizar de manera concertada e injustificada la entrada o permanencia de un competidor a un mercado, asociación u organización de intermediación;

     (i) Concertar injustificadamente una distribución o venta exclusiva;

     (j) Concertar o coordinar ofertas, posturas o propuestas o abstenerse de éstas en las licitaciones o concursos públicos o privados u otras formas de contratación o adquisición pública previstas en la legislación pertinente, así como en subastas públicas y remates; u,

     (k) Otras prácticas de efecto equivalente que busquen la obtención de beneficios por razones diferentes a una mayor eficiencia económica.

     11.2. Constituyen prohibiciones absolutas los acuerdos horizontales inter marca que no sean complementarios o accesorios a otros acuerdos lícitos, que tengan por objeto:

     a) Fijar precios u otras condiciones comerciales o de servicio;

     b) Limitar la producción o las ventas, en particular por medio de cuotas;

     c) El reparto de clientes, proveedores o zonas geográficas; o,

     d) Establecer posturas o abstenciones en licitaciones, concursos u otra forma de contratación o adquisición pública prevista en la legislación pertinente, así como en subastas públicas y remates.

     11.3. Las prácticas colusorias horizontales distintas a las señaladas en el numeral 11.2 precedente constituyen prohibiciones relativas.

Capítulo IV

De las Prácticas Colusorias Verticales

     Artículo 12.- Prácticas colusorias verticales.-

     12.1. Se entiende por prácticas colusorias verticales los acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas realizados por agentes económicos que operan en planos distintos de la cadena de producción, distribución o comercialización, que tengan por objeto o efecto restringir, impedir o falsear la libre competencia.

     12.2. Las conductas ilícitas verticales podrán consistir en los supuestos tipificados a modo de ejemplo en los numerales 10.2 del Artículo 10 y 11.1 del Artículo 11 de la presente Ley, según corresponda.

     12.3. La configuración de una práctica colusoria vertical requiere que al menos una de las partes involucradas tenga, de manera previa al ejercicio de la práctica, posición de dominio en el mercado relevante.

     12.4. Las prácticas colusorias verticales constituyen prohibiciones relativas.

TÍTULO IV

DE LAS AUTORIDADES DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

     Artículo 13.- Las autoridades de competencia.-

     13.1. En primera instancia administrativa la autoridad de competencia es la Comisión, entendiendo por ésta a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI.

     13.2. En segunda instancia administrativa la autoridad de competencia es el Tribunal, entendiendo por éste al Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI.

     Artículo 14.- La Comisión.-

     14.1. La Comisión es el órgano con autonomía técnica y funcional encargado del cumplimiento de la presente Ley con competencia exclusiva, salvo que dicha competencia haya sido asignada o se asigne por ley expresa a otro organismo público.

     14.2. Son atribuciones de la Comisión:

     a) Declarar la existencia de una conducta anticompetitiva e imponer la sanción correspondiente;

     b) Dictar medidas cautelares;

     c) Dictar medidas correctivas respecto de las conductas anticompetitivas;

     d) Expedir Lineamientos que orienten a los agentes del mercado sobre la correcta interpretación de las normas de la presente Ley;

     e) Sugerir a la Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI, emitir opinión, exhortar o recomendar a las autoridades legislativas, políticas o administrativas sobre la implementación de medidas que restablezcan o promuevan la libre competencia, tales como la eliminación de barreras a la entrada, la aplicación de regulación económica a un mercado donde la competencia no es posible, entre otros; y,

     f) Las demás que le asignen las disposiciones legales vigentes.

     Artículo 15.- La Secretaría Técnica.-

     15.1. La Secretaría Técnica de la Comisión es el órgano con autonomía técnica que realiza la labor de instructor del procedimiento de investigación y sanción de conductas anticompetitivas y que emite opinión sobre la existencia de la conducta infractora.

     15.2. Son atribuciones de la Secretaría Técnica:

     a) Efectuar investigaciones preliminares;

     b) Iniciar de oficio el procedimiento de investigación y sanción de conductas anticompetitivas;

     c) Tratándose de una denuncia de parte, decidir la admisión a trámite del procedimiento de investigación y sanción de conductas anticompetitivas, pudiendo declarar inadmisible o improcedente la denuncia, según corresponda;

     d) Solicitar a la Comisión el dictado de una medida cautelar;

     e) Instruir el procedimiento sancionador, realizando investigaciones y actuando medios probatorios, y ejerciendo para tal efecto las facultades y competencias que las leyes han atribuido a las Comisiones del INDECOPI;

     f) Excepcionalmente y con previo acuerdo de la Comisión, podrá inmovilizar por un plazo no mayor de diez (10) días hábiles prorrogables por otro igual, libros, archivos, documentos, correspondencia y registros en general de la persona natural o jurídica investigada, tomando copia de los mismos. En iguales circunstancias, podrá retirarlos del local en que se encuentren, hasta por quince (15) días hábiles, requiriendo de autorización judicial para proceder al retiro, conforme al proceso especial previsto en el literal c) del numeral 15.3 del presente Artículo;

     g) Realizar estudios y publicar informes;

     h) Elaborar propuestas de Lineamientos;

     i) Canalizar el apoyo administrativo que requiera la Comisión;

     j) Realizar actividades de capacitación y difusión de la aplicación de las normas de defensa de la libre competencia; y,

     k) Otras que le asignen las disposiciones legales vigentes.

     15.3. Para el desarrollo de sus investigaciones, la Secretaría Técnica se encuentra facultada para:

     (a) Exigir a las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares y patrimonios autónomos, la exhibición de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia interna o externa y los registros magnéticos incluyendo, en este caso, los programas que fueran necesarios para su lectura; así como solicitar información referida a la organización, los negocios, el accionariado y la estructura de propiedad de las empresas.

     (b) Citar e interrogar, a través de los funcionarios que se designe para el efecto, a las personas materia de investigación o a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores y a terceros, utilizando los medios técnicos que considere necesarios para generar un registro completo y fidedigno de sus declaraciones, pudiendo para ello utilizar grabaciones magnetofónicas, en vídeo, disco compacto o cualquier otro tipo de instrumento electrónico.

     (c) Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares y patrimonios autónomos y examinar los libros, registros, documentación y bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de procesos productivos y tomar la declaración de las personas que en ellos se encuentren. En el acto de la inspección podrá tomarse copia de los archivos físicos, magnéticos o electrónicos, así como de cualquier documento que se estime pertinente o tomar las fotografías o filmaciones que se estimen necesarias. Para ingresar podrá solicitarse el apoyo de la fuerza pública.

     La Secretaría Técnica deberá obtener autorización judicial previa para proceder al descerraje en caso hubiera negativa a la entrada en los locales o éstos estuvieran cerrados, así como para copiar correspondencia privada que pudiera estar contenida en archivos físicos o electrónicos, conforme al proceso especial que a continuación se detalla:

     (i) La Secretaría Técnica solicitará al Juez Penal de Turno una cita para obtener una autorización especial de descerraje o copia de correspondencia privada, sin mencionar el nombre de la persona natural o jurídica, sociedad irregular o patrimonio autónomo que será materia de inspección sin previo aviso.

     (ii) Recibida la solicitud, el Juez programará, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, y bajo responsabilidad, una reunión con la Secretaría Técnica, en la que podrá estar presente un Fiscal.

     (iii) En el despacho del Juez, y en la hora programada, el Secretario Técnico explicará al Juez y, de ser el caso, también al Fiscal, las razones de su solicitud de autorización especial de descerraje o copia de correspondencia privada, presentando la información o exhibiendo los documentos que evidencian la existencia de indicios razonables de la comisión de una infracción administrativa por parte de la persona o empresa que será materia de inspección, la que será identificada en el acto así como el lugar donde se realizará la inspección. En dicha reunión, si el Juez estima que la solicitud resulta justificada, la declarará procedente, emitiendo en el acto la resolución correspondiente, levantándose un Acta suscrita por todos los presentes.

     (iv) En la resolución mencionada en el párrafo anterior se señalará el nombre, denominación o razón social de la persona o empresa que será inspeccionada por la Secretaría Técnica así como el lugar donde se encuentra ubicado el local o locales materia de inspección, y se motivará y especificará los alcances de la autorización correspondiente, la que podrá comprender, entre otros, la revisión y copia de los correos electrónicos recibidos o remitidos por los directivos, administradores o representantes de la persona o empresa materia de investigación.

     (v) En un plazo no mayor de tres (3) días de culminada la visita de inspección, la Secretaría Técnica elaborará un informe dando cuenta de los pormenores de la diligencia, la que será remitida al Juez y, de ser el caso, al Fiscal que estuvo en la reunión.

     (vi) Tanto el Juez como el Fiscal antes mencionados deberán guardar reserva absoluta del proceso especial, bajo responsabilidad, desde el inicio de la reunión en la que se evalúe la solicitud de autorización especial de descerraje y/o copia de correspondencia privada presentada por la Secretaría Técnica hasta el momento en que reciban de ésta el informe a que se refiere el párrafo anterior.

     (vii) En caso de negativa, la Secretaría Técnica se encuentra habilitada para formular una segunda solicitud de autorización especial de descerraje o copia de correspondencia privada.

     Artículo 16.- El Tribunal.-

     16.1. El Tribunal es el órgano encargado de revisar en segunda y última instancia los actos impugnables emitidos por la Comisión o la Secretaría Técnica.

     16.2. El Tribunal, a través de su Secretaría Técnica, está facultado para, de oficio, actuar medios probatorios que permitan esclarecer los hechos imputados a título de infracción.

     Artículo 17.- Del OSIPTEL.-

     La aplicación de la presente Ley al mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones estará a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL. En tal sentido, las instancias competentes, las facultades de éstas y los procedimientos que rigen su actuación serán los establecidos en su marco normativo.

TÍTULO V

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Capítulo I

De la Postulación

     Artículo 18.- Formas de iniciación del procedimiento.-

     18.1. El procedimiento sancionador de investigación y sanción de conductas anticompetitivas se inicia siempre de oficio, bien por iniciativa de la Secretaría Técnica o por denuncia de parte.

     18.2. En el procedimiento trilateral sancionador promovido por una denuncia de parte, el denunciante es un colaborador en el procedimiento de investigación, conservando la Secretaría Técnica la titularidad de la acción de oficio.

     18.3. El procedimiento sancionador podrá ser iniciado cuando la conducta denunciada se está ejecutando, cuando exista amenaza de que se produzca e, inclusive, cuando ya hubiera cesado sus efectos.

     Artículo 19.- Requisitos de la denuncia de parte.-

     La denuncia de parte que imputa la realización de conductas anticompetitivas, deberá contener:

     (a) Nombre, denominación o razón social del denunciante, su domicilio y los poderes correspondientes, de ser el caso.

     (b) Indicios razonables de la presunta existencia de una o más conductas anticompetitivas.

     (c) Identificación de los presuntos responsables, siempre que sea posible.

     (d) El comprobante de pago de la tasa por derecho de tramitación del procedimiento sancionador. Esta tasa está exceptuada del límite en cuanto al monto establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

     Artículo 20.- Actuaciones previas a la admisión a trámite por denuncia de parte.-

     Presentada la denuncia de parte y con anterioridad a la resolución de inicio del procedimiento de identificación y sanción de conductas anticompetitivas, la Secretaría Técnica podrá realizar actuaciones previas con el fin de reunir información o identificar indicios razonables de la existencia de conductas anticompetitivas. Estas actuaciones previas se desarrollarán en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados desde la presentación de la denuncia.

     Artículo 21.- Resolución de inicio del procedimiento.-

     21.1. La Secretaría Técnica se pronunciará sobre la admisión a trámite de una denuncia de parte luego de verificar el cumplimiento de los requisitos formales exigidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del INDECOPI, la competencia de la Comisión y la existencia de indicios razonables de infracción a la presente Ley.

     21.2. La resolución de imputación de cargos o de inicio del procedimiento deberá contener:

     a) La identificación de agente o agentes económicos a los que se imputa la presunta infracción;

     b) Una sucinta exposición de los hechos que motivan la instauración del procedimiento, la calificación jurídica de la posible infracción y, en su caso, las sanciones que pudieran corresponder;

     c) La identificación del órgano competente para la resolución del caso, indicando la norma que le atribuya dicha competencia; y,

     d) La indicación del derecho a formular descargos y el plazo para su ejercicio.

     21.3. La resolución de inicio del procedimiento se informará a la Comisión en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles y, en este mismo plazo, se notificará a los agentes económicos denunciados y a quienes presentaron la denuncia de parte, las que se consideran apersonadas al procedimiento por dicha presentación, de ser el caso.

     21.4. La resolución que declare inadmisible o improcedente la denuncia es impugnable ante el Tribunal en el plazo de quince (15) días hábiles.

     21.5. Admitida a trámite la denuncia, si la Secretaría Técnica lo considera pertinente, publicará una nota sucinta sobre su objeto, de manera que cualquiera con interés legítimo pueda apersonarse al procedimiento o simplemente aportar información a la investigación. Dicha nota se publicará en la página web del INDECOPI, en el Diario Oficial El Peruano y en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional.

     Artículo 22.- Plazo para la presentación de descargos.-

     22.1. El denunciado o denunciados podrán contestar los cargos imputados en la resolución de inicio del procedimiento en un plazo de treinta (30) días hábiles, presentando los argumentos que estime convenientes y ofreciendo las pruebas correspondientes.

     22.2. Durante el plazo mencionado en el párrafo precedente, otras partes con interés legítimo pueden apersonarse al procedimiento, expresando los argumentos y ofreciendo las pruebas que resulten relevantes, previo cumplimiento de los requisitos para formular una denuncia de parte.

Capítulo II

De las Medidas Cautelares

     Artículo 23.- Medidas cautelares.-

     23.1. Antes de iniciarse el procedimiento sancionador o en cualquier etapa dentro de éste, la Comisión podrá dictar, a solicitud de la Secretaría Técnica o a pedido de quien haya presentado una denuncia de parte o de tercero con interés legítimo que también se haya apersonado al procedimiento, una medida cautelar destinada a asegurar la eficacia de la decisión definitiva, lo cual incluye asegurar el cumplimiento de las medidas correctivas que se pudieran dictar en la resolución final.

     23.2. La Comisión podrá adoptar la medida cautelar innovativa o no innovativa, genérica o específica, que considere pertinente, en especial la orden de cesación de actividades, la obligación de contratar, la imposición de condiciones, la suspensión de los efectos de actos jurídicos, la adopción de comportamientos positivos y cualesquiera otras que contribuyan a preservar la competencia afectada y evitar el daño que pudieran causar las conductas a que el procedimiento se refiere.

     23.3. Las medidas cautelares deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades del daño que se pretenda evitar.

     23.4. Cuando la medida cautelar se otorgue antes de iniciarse un procedimiento sancionador, dicha medida caducará si no se inicia un procedimiento sancionador dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de su notificación.

     23.5. Tratándose de solicitudes de parte, la Comisión podrá aceptarlas o desestimarlas en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, prorrogables por una sola vez y por el mismo plazo. No son exigibles, a quien presente la solicitud, medidas de aseguramiento civil como contracautela o similares. La Comisión podrá conceder medidas cautelares distintas a las solicitadas, siempre que considere que se ajusten de mejor manera a la intensidad, proporcionalidad y necesidad del daño que se pretende evitar.

     23.6. En cualquier momento del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, se podrá acordar la suspensión, modificación o revocación de las medidas cautelares.

     23.7. Las resoluciones que imponen medidas cautelares son apelables ante el Tribunal en el plazo de cinco (5) días hábiles. La apelación de medidas cautelares se concederá sin efecto suspensivo, tramitándose en cuaderno separado, y sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 216 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. El Tribunal se pronunciará sobre la apelación en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles.

     23.8. El Tribunal tiene las mismas facultades atribuidas a la Comisión para el dictado de medidas cautelares.

     Artículo 24.- Requisitos para el dictado de medidas cautelares.-

     Para el otorgamiento de una medida cautelar, la Comisión deberá verificar el cumplimiento concurrente de los siguientes requisitos:

     (a) El pago de la tasa por derecho de trámite ascendente a media (1/2) Unidad Impositiva Tributaria;

     (b) La verosimilitud de la denuncia;

     (c) El peligro en la demora del pronunciamiento final; y,

     (d) La posibilidad de lo pedido.

Capítulo III

Del Compromiso de Cese y la Solicitud de Exoneración de Sanción

     Artículo 25.- Del Compromiso de Cese.-

     25.1. Dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos o resolución de inicio del procedimiento, el presunto o presuntos responsables podrán ofrecer un compromiso referido al cese de los hechos investigados o a la modificación de aspectos relacionados con ellos.

     25.2. La solicitud de compromiso de cese se tramitará en cuaderno aparte, siendo accesorio del expediente principal.

     25.3. Para evaluar la solicitud de compromiso de cese, y en ejercicio de una facultad discrecional, la Secretaría Técnica tomará en consideración el cumplimiento concurrente de las siguientes condiciones:

     (a) Que la totalidad o una parte de los agentes económicos investigados efectúe un reconocimiento de todos o algunos de los cargos imputados en la resolución de admisión a trámite. Dicho reconocimiento debe resultar verosímil a la luz de los medios de prueba que obren en el expediente principal o que hayan sido aportados por las partes en el marco del procedimiento de aprobación del compromiso de cese;

     (b) Que sea verosímil que la conducta anticompetitiva imputada y reconocida por los agentes económicos investigados no haya causado, o no cause, una grave afectación al bienestar de los consumidores. Para ello se podrá tomar en cuenta, de modo indiciario, el tamaño del mercado relevante, la duración de la conducta, el bien o servicio objeto de la conducta, el número de empresas o consumidores afectados, entre otros factores; y,

     (c) Que los agentes económicos investigados ofrezcan medidas correctivas que permitan verificar el cese de la práctica anticompetitiva denunciada y que garanticen que no habrá reincidencia. Adicionalmente, podrán ofrecerse medidas complementarias que evidencien el propósito de enmienda de los infractores.

     25.4. La Secretaría Técnica evaluará la propuesta y, en caso de estimarla satisfactoria, propondrá a la Comisión la suspensión del procedimiento administrativo principal, sugiriendo las medidas pertinentes con el objeto de verificar el cumplimiento del compromiso. La Comisión decide la aprobación o denegatoria de la propuesta, siendo su pronunciamiento inimpugnable debido a su naturaleza eminentemente discrecional.

     25.5 En caso de incumplimiento del compromiso se reiniciará el procedimiento, de oficio o a petición de parte. El referido incumplimiento será tratado como una infracción grave, por lo que la Comisión podrá imponer al denunciado una multa de hasta mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias.

     25.6. Las declaraciones e información que los investigados aporten en el procedimiento de solicitud de compromiso de cese no podrán ser utilizadas en el expediente principal del procedimiento de investigación y sanción de la conducta anticompetitiva, bajo sanción de nulidad de este último.

     25.7. La aprobación del compromiso de cese no elimina ni limita la responsabilidad civil de los denunciados por los daños y perjuicios ocasionados, de ser el caso.

     Artículo 26.- Exoneración de sanción.-

     26.1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, cualquier persona podrá solicitar a la Secretaría Técnica que se le exonere de sanción a cambio de aportar pruebas que ayuden a identificar y acreditar la existencia de una práctica ilegal. De estimarse que los elementos de prueba ofrecidos son determinantes para sancionar a los responsables, la Secretaría Técnica podrá proponer, y la Comisión aceptar, la aprobación del ofrecimiento efectuado. Para ello la Secretaría Técnica cuenta con todas las facultades de negociación que fuesen necesarias para establecer los términos del ofrecimiento.

     26.2. El compromiso de exoneración de sanción será suscrito por el interesado y la Secretaría Técnica y contendrá la obligación de guardar reserva sobre el origen de las pruebas aportadas. El incumplimiento de la obligación de reserva generará en el funcionario las responsabilidades administrativas y penales previstas para el caso de información declarada reservada por la Comisión. La suscripción del compromiso y el cumplimiento de lo acordado por parte del interesado, lo exonera de sanción respecto de la conducta llevada a cabo, no pudiendo la Comisión, ni ninguna otra autoridad administrativa o jurisdiccional, seguirle o iniciarle procedimiento administrativo o proceso judicial por los mismos hechos.

     26.3. Si son varios los agentes económicos que solicitan la exoneración de sanción, sólo el primero que haya aportado pruebas de la existencia de la conducta anticompetitiva y de la identidad de los infractores, será beneficiado con la exoneración. Otros agentes económicos que aporten información relevante podrán ser beneficiados con la reducción de la multa, si dicha información es distinta a la que posee la autoridad de competencia, ya sea por propias investigaciones o por la solicitud de exoneración presentada con anterioridad. La Secretaría Técnica analizará en cada caso la pertinencia de la reducción de la multa.

     26.4. La aprobación de exoneración de sanción no elimina ni limita la responsabilidad civil de los denunciados por los daños y perjuicios ocasionados, de ser el caso.

Capítulo IV

De la Instrucción

     Artículo 27.- Período de prueba.-

     El período de prueba no podrá exceder de siete (7) meses contados a partir del vencimiento del plazo para la contestación. Los gastos de actuación de las pruebas son de cargo de las partes que las ofrecen y no tienen naturaleza tributaria.

     Artículo 28.- Medios de prueba.-

     28.1. La Secretaría Técnica podrá actuar, o las partes ofrecer, los siguientes medios probatorios:

     a) Documentos;

     b) Declaración de parte;

     c) Testimonios;

     d) Inspecciones;

     e) Pericias; u,

     f) Otras pruebas si a criterio de la Secretaría Técnica son necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados o imputados.

     28.2. En caso fuera necesario realizar una inspección, ésta será efectuada por la Secretaría Técnica o por el funcionario designado por ésta para dicho efecto. Siempre que se realice una inspección deberá levantarse un acta que será firmada por quien se encuentre a cargo de ella, así como por los interesados, quienes ejerzan su representación o por el encargado del almacén, oficina o establecimiento correspondiente.

     28.3. Tanto para la actuación de las pruebas como para la realización de las diligencias, la Secretaría Técnica o el funcionario designado por ésta podrá requerir la intervención de la Policía Nacional, sin necesidad de notificación previa, para garantizar el cumplimiento de sus funciones;

     28.4. Los medios probatorios deberán ser costeados por quien los ofrezca. Los costos de aquellos que sean ordenados por la autoridad podrán ser distribuidos entre el imputado y quien haya presentado la denuncia de parte, de ser el caso, al finalizar el procedimiento y dependiendo de su resultado.

     Artículo 29.- Improcedencia de medios probatorios.-

     La Secretaría Técnica podrá rechazar los medios probatorios propuestos por los agentes económicos investigados, por quienes hayan presentado la denuncia de parte o por terceros con interés legítimo que también se hayan apersonado al procedimiento, cuando sean manifiestamente impertinentes o innecesarios, mediante resolución motivada.

     Artículo 30.- Actuaciones de instrucción.-

     30.1. La Secretaría Técnica está facultada, en razón de su competencia, a realizar de oficio cuantas actuaciones probatorias resulten necesarias para el examen de los hechos, recabando los documentos, información u objetos que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia o no de la infracción administrativa que se imputa.

     30.2. Si, como consecuencia de la instrucción del procedimiento, resultase modificada la determinación inicial de los hechos o de su posible calificación, la Secretaría Técnica emitirá una nueva resolución de imputación que sustituirá como pliego de cargos a la resolución de inicio del procedimiento, informando de ello a la Comisión y notificando a las personas imputadas, así como a las personas que hayan presentado la denuncia de parte, si fuera el caso. En caso de emitirse esta nueva resolución, se inicia un nuevo cómputo de plazos para la formulación de los descargos y un nuevo cómputo del plazo legal que corresponde a la tramitación del procedimiento.

     30.3. Un mes antes de finalizar el período de prueba, la Secretaría Técnica informará a las partes de dicha circunstancia.

     30.4. Dentro de un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación a que se refiere el numeral anterior, las partes que lo consideren pertinente podrán presentar, como pruebas adicionales, únicamente documentos, de lo que se correrá traslado a todas las partes del procedimiento.

     30.5. Al finalizar el período de prueba, la Secretaría Técnica informará a las partes que la etapa probatoria a su cargo terminó, por lo que ya no admitirá la presentación de medios probatorios adicionales.

Capítulo V

De la Información Pública y Confidencial

     Artículo 31.- Acceso al expediente.-

     En cualquier momento del procedimiento, y hasta que éste concluya en sede administrativa, únicamente la parte investigada, quien haya presentado una denuncia de parte o terceros con interés legítimo que también se hayan apersonado al procedimiento, tienen derecho a conocer el estado de tramitación del expediente, acceder a éste y obtener copias de los actuados, siempre que la Comisión no hubiere aprobado su reserva por constituir información confidencial.

     Artículo 32.- Información confidencial.-

     32.1. A solicitud de parte o tercero con interés legítimo, incluyendo a una entidad pública, la Comisión declarará la reserva de aquella información que tenga carácter confidencial, ya sea que se trate de un secreto comercial o industrial, información que afecte la intimidad personal o familiar, aquella cuya divulgación podría perjudicar a su titular y, en general, la prevista como tal en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

     La solicitud de declaración de reserva sobre un secreto comercial o industrial será concedida, siempre que:

     a) Dicha información sea un conocimiento que tenga carácter de reservado o privado sobre un objeto determinado;

     b) Quienes tengan acceso a dicho conocimiento tengan la voluntad e interés consciente de mantenerlo reservado, adoptando las medidas necesarias para mantener dicha información como tal; y,

     c) La información tenga un valor comercial, efectivo o potencial.

     32.2. Sólo podrán acceder a la información declarada bajo reserva los miembros de la Comisión y los vocales del Tribunal, sus Secretarios Técnicos y las personas debidamente autorizadas por éstos que laboren o mantengan una relación contractual con el INDECOPI.

     32.3. En los casos en que la Comisión o el Tribunal conceda el pedido de reserva formulado, tomará todas las medidas que sean necesarias para garantizar la reserva de la información confidencialidad, bajo responsabilidad.

     32.4. Para que proceda la solicitud de declaración de reserva, el interesado deberá precisar cuál es la información confidencial, justificar su solicitud y presentar un resumen no confidencial sobre dicha información. Para evaluar si la información tiene carácter confidencial, la Comisión evaluará la pertinencia de la información, su no divulgación previa y la eventual afectación que podría causar su divulgación.

     32.5. Tratándose de una visita de inspección o una entrevista, y en el momento de realizarse esta diligencia, el interesado podrá solicitar la reserva genérica de toda la información o documentación que esté declarando o suministrando a la Secretaría Técnica. Ésta, con posterioridad, deberá informar al interesado qué información o documentación resulta pertinente para la investigación, otorgando un plazo razonable para que el interesado individualice, respecto de la información pertinente, la solicitud de confidencialidad conforme a lo establecido en el párrafo anterior.

     32.6. La autoridad podrá declarar de oficio la reserva de información vinculada a la intimidad personal o familiar.

     32.7. Los procedimientos y plazos para la declaración de reserva de información confidencialidad serán establecidos por Directiva conforme lo prevé la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI.

Capítulo VI

De la Conclusión del Procedimiento en Primera Instancia

     Artículo 33.- El Informe Técnico.-

     33.1. En un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles contados desde el vencimiento del período de prueba, la Secretaría Técnica emitirá un Informe Técnico dando cuenta de lo siguiente:

     (i) Hechos probados;

     (ii) Determinación de la infracción administrativa;

     (iii) Identificación de los responsables;

     (iv) Propuesta de graduación de la sanción; y,

     (v) Propuesta de medidas correctivas pertinentes.

     33.2. En caso de que la Secretaría Técnica no encuentre pruebas de la existencia de una conducta anticompetitiva, propondrá a la Comisión la declaración de inexistencia de infracción administrativa.

     33.3. El Informe Técnico será notificado a las partes del procedimiento, quienes contarán con un plazo de quince (15) días hábiles para formular alegaciones y presentar escritos solicitando el uso de la palabra ante la Comisión.

     33.4. Vencido el plazo para formular alegaciones, la Secretaría Técnica dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles para poner en conocimiento de la Comisión lo actuado en el procedimiento, su Informe Técnico, las alegaciones de las partes respecto del Informe Técnico y, de ser el caso, las solicitudes de uso de la palabra que se hubieran presentado.

     Artículo 34.- La audiencia de informe oral.-

     Una vez puesto en su conocimiento el Informe Técnico y las alegaciones, la Comisión podrá, conforme a las solicitudes formuladas o de oficio, citar a las partes a audiencia de informe oral, considerando la necesidad de dicha diligencia para contar con suficientes elementos de juicio para resolver, con no menos de cinco (5) días de anticipación.

     Artículo 35.- Preclusión en la presentación de pruebas y alegatos finales.-

     35.1. Excepcionalmente, la Comisión dispondrá la actuación de medios probatorios adicionales si, a su juicio, resultan pertinentes para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

     35.2. Si la Comisión ordena la actuación de medios probatorios adicionales, las partes tendrán derecho a presentar los suyos, abriéndose una fase probatoria de treinta (30) días hábiles, lo que será notificado a todas las partes del procedimiento.

     35.3. Concluida la fase probatoria mencionada en el numeral anterior, la Comisión podrá citar a las partes a una segunda audiencia de informe oral, con no menos de cinco (5) días de anticipación.

     35.4. Las partes podrán presentar alegatos finales sólo hasta los diez (10) días hábiles siguientes de realizado el informe oral a que se refiere el numeral anterior. Las partes no podrán presentar pruebas adicionales en sus alegatos finales.

     35.5. Cualquier documento presentado con posterioridad al vencimiento del plazo antes indicado no será tomado en consideración por la Comisión.

     Artículo 36.- Resolución final.-

     36.1. La Comisión tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo que tienen las partes para presentar alegatos finales, para emitir su pronunciamiento.

     36.2. La resolución de la Comisión será motivada y decidirá todas las cuestiones que se deriven del expediente. En la resolución no se podrá atribuir responsabilidad a los involucrados por hechos que no hayan sido adecuadamente imputados en la instrucción del procedimiento.

     36.3. La resolución se notificará a las partes comprendidas en el procedimiento en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados desde su expedición.

Capítulo VII

Del Procedimiento en Segunda Instancia

     Artículo 37.- Recurso de apelación.-

     37.1. La resolución final de la Comisión es apelable por el imputado, por quien haya presentado la denuncia de parte y por los terceros con interés legítimo que se hayan apersonado al procedimiento, ante el Tribunal, en el plazo de quince (15) días hábiles. La Secretaría Técnica podrá apelar la resolución que exculpa a los investigados, así como la multa impuesta.

     37.2. Asimismo, son apelables ante el Tribunal, en el mismo plazo, los siguientes actos de la Secretaría Técnica o la Comisión, según corresponda:

     a) Los que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento; y,

     b) Los que puedan producir indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

     37.3. La apelación será concedida por el órgano que emitió el acto que se impugna y sin efecto suspensivo, salvo que dicho órgano disponga lo contrario.

     37.4. Contra los actos y resoluciones de la Secretaría Técnica y la Comisión no cabe recurso de reconsideración.

     37.5. El recurso de apelación se tramita en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días hábiles. La resolución del Tribunal se notificará a las partes del procedimiento y a los terceros que se hayan apersonado en un plazo máximo de diez (10) días hábiles desde su expedición.

     Artículo 38.- Interposición del recurso de apelación.-

     38.1. El recurso se presentará ante el órgano que expidió la resolución que se apela, el que lo remitirá al Tribunal, junto con el expediente principal, o en cuaderno por cuerda separada, según corresponda, y una vez comprobado que reúne los requisitos de admisibilidad y procedencia, en el plazo de quince (15) días hábiles. Frente a la declaración de inadmisible o improcedencia del recurso se podrá interponer recurso de queja ante el Tribunal.

     38.2. Las partes interesadas en la determinación de la existencia de una conducta infractora y la imposición de una sanción sólo podrán apelar la resolución final cuando ésta haya exculpado al denunciado.

     Artículo 39.- Tramitación del recurso de apelación.-

     39.1. El Tribunal notificará a los interesados, en un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la recepción del expediente, el arribo de éste y el inicio del trámite del recurso de apelación.

     39.2. Los apelantes podrán presentar las alegaciones, documentos y justificaciones que estimen pertinentes, en un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación señalada en el numeral anterior.

     39.3. A pedido de parte, o de oficio, el Tribunal citará a audiencia de informe oral a las partes para que expongan sus alegatos finales, con no menos de cinco (5) días de anticipación.

     39.4. Las partes podrán presentar alegatos finales sólo hasta los cinco (5) días hábiles siguientes de realizado el informe oral. Cualquier documento presentado con posterioridad no será tomado en consideración por el Tribunal.

     Artículo 40.- Resolución del Tribunal.-

     La resolución del Tribunal no podrá suponer la imposición de sanciones más graves para el infractor sancionado, cuando éste recurra o impugne la resolución de la Comisión.

     Artículo 41.- Cuestionamiento a las resoluciones del Tribunal.-

     Las resoluciones definitivas del Tribunal agotan la vía administrativa. No cabe la interposición de recurso alguno en la vía administrativa y únicamente podrá interponerse contra ellas una demanda contenciosa administrativa en los términos fijados en la legislación de la materia.

Capítulo VIII

Prescripción de la Infracción

     Artículo 42.- Plazo de prescripción de la infracción administrativa.-

     Las infracciones a la presente Ley prescribirán a los cinco (5) años de realizado el último acto de ejecución de la conducta infractora. La prescripción se interrumpe por cualquier acto de la Secretaría Técnica relacionado con la investigación de la infracción que sea puesto en conocimiento del presunto responsable. El cómputo del plazo se volverá a iniciar si el procedimiento permaneciera paralizado durante más de noventa (90) días hábiles por causa no imputable al investigado.

TÍTULO VI

SANCIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS

Capítulo I

De la Sanciones por la Infracción Administrativa

     Artículo 43.- El monto de las multas.-

     43.1. Las conductas anticompetitivas serán sancionadas por la Comisión, sobre la base de Unidades Impositivas Tributarias (UIT), con las siguientes multas:

     a) Si la infracción fuera calificada como leve, una multa de hasta quinientas (500) UIT, siempre que dicha multa no supere el ocho por ciento (8%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, o su grupo económico, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión;

     b) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta mil (1 000) UIT, siempre que dicha multa no supere el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, o su grupo económico, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la resolución de la Comisión; o,

     c) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa superior a mil (1 000) UIT, siempre que dicha multa no supere el doce por ciento (12%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, o su grupo económico, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la resolución de la Comisión.

     43.2. En caso de tratarse de colegios profesionales o gremios de empresas, o agentes económicos que hubieran iniciado sus actividades después del 1 de enero del ejercicio anterior, la multa no podrá superar, en ningún caso, las mil (1 000) UIT.

     43.3. Además de la sanción que a criterio de la Comisión corresponde imponer a los infractores, cuando se trate de una persona jurídica, sociedad irregular, patrimonio autónomo o entidad, se podrá imponer una multa de hasta cien (100) UIT a cada uno de sus representantes legales o a las personas que integran los órganos de dirección o administración según se determine su responsabilidad en las infracciones cometidas.

     43.4. La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.

     43.5. Para calcular el monto de las multas a aplicarse de acuerdo a la presente Ley, se utilizará la UIT vigente a la fecha de pago efectivo o ejecución coactiva de la sanción.

     43.6. La multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele su monto con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución de la Comisión que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución.

     Artículo 44.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la multa.-

     La Comisión tendrá en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios:

     (a) El beneficio ilícito esperado por la realización de la infracción;

     (b) La probabilidad de detección de la infracción:

     (c) La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia;

     (d) La dimensión del mercado afectado;

     (e) La cuota de mercado del infractor;

     (f) El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos o potenciales, sobre otras partes en el proceso económico y sobre los consumidores;

     (g) La duración de la restricción de la competencia;

     (h) La reincidencia de las conductas prohibidas; o,

     (i) La actuación procesal de la parte.

     Artículo 45.- Prescripción de la sanción.-

     45.1. La acción para exigir el cumplimiento de las sanciones prescribe a los tres (3) años contados desde el día siguiente a aquél en que la resolución por la que se impone la sanción quede firme.

     45.2. Interrumpirá la prescripción de la sanción, la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución coactiva. El cómputo del plazo se volverá a iniciar si el procedimiento de ejecución coactiva permaneciera paralizado durante más de treinta (30) días hábiles por causa no imputable al infractor.

Capítulo II

Medidas Correctivas

     Artículo 46.- Medidas correctivas.-

     46.1. Además de la sanción que se imponga por infracción a la presente Ley, la Comisión podrá dictar medidas correctivas conducentes a restablecer el proceso competitivo, las mismas que, entre otras, podrán consistir en:

     a) El cese o la realización de actividades, inclusive bajo determinadas condiciones;

     b) De acuerdo con las circunstancias, la obligación de contratar, inclusive bajo determinadas condiciones; o,

     c) La inoponibilidad de las cláusulas o disposiciones anticompetitivas de actos jurídicos; o,

     d) El acceso a una asociación u organización de intermediación.

     46.2. El Tribunal tiene las mismas facultades atribuidas a la Comisión para el dictado de medidas correctivas.

Capítulo III

Multas coercitivas

     Artículo 47.- Multas coercitivas por incumplimiento de medidas cautelares.-

     47.1. Si el obligado a cumplir una medida cautelar ordenada por la Comisión o el Tribunal no lo hiciera, se le impondrá automáticamente una multa no menor de veinticinco (25) UIT ni mayor de ciento veinticinco (125) UIT, para cuya graduación se podrán tomar en cuenta los criterios señalados en el Artículo 44 de la presente Ley. La multa que corresponda deberá ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordenará su cobranza coactiva.

     47.2. En caso de persistir el incumplimiento a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión podrá imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta, hasta el límite de mil (1 000) UIT. Las multas impuestas no impiden a la Comisión imponer una sanción distinta al final del procedimiento.

     Artículo 48.- Multas coercitivas por incumplimiento de medidas correctivas.-

     48.1. Si el obligado a cumplir una medida correctiva ordenada por la Comisión en su resolución final no lo hiciera, se le impondrá una multa coercitiva equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la multa impuesta por infracción de la conducta anticompetitiva declarada. La multa coercitiva impuesta deberá ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordenará su cobranza coactiva.

     48.2. En caso de persistir el incumplimiento a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión podrá imponer una nueva multa coercitiva, duplicando sucesivamente el monto de la última multa coercitiva impuesta, hasta que se cumpla la medida correctiva ordenada y hasta el límite de dieciséis (16) veces el monto de la multa coercitiva originalmente impuesta.

     48.3. Las multas coercitivas impuestas no tienen naturaleza de sanción por infracción de la conducta anticompetitiva.

TÍTULO VII

PRETENSIÓN DE INDEMNIZACIÓN

     Artículo 49.- Indemnización por daños y perjuicios.-

     Agotada la vía administrativa, toda persona que haya sufrido daños como consecuencia de conductas declaradas anticompetitivas por la Comisión, o, en su caso, por el Tribunal, incluso cuando no haya sido parte en el proceso seguido ante INDECOPI, y siempre y cuando sea capaz de mostrar un nexo causal con la conducta declarada anticompetitiva, podrá demandar ante el Poder Judicial la pretensión civil de indemnización por daños y perjuicios.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

     ÚNICA.- Aplicación de la presente Ley a los procedimientos en trámite.-

     Las disposiciones de la presente Ley de naturaleza procesal se aplicarán a los procedimientos en trámite bajo el Decreto Legislativo Nº 701, en la etapa en que se encuentren.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

     PRIMERA.- Derogación genérica.-

     Esta Ley es de orden público y deroga todas las disposiciones legales o administrativas, de igual o inferior rango, que se le opongan o contradigan.

     SEGUNDA.- Derogación expresa.-

     Quedan derogadas expresamente a partir de la vigencia de la presente Ley, las siguientes normas:

     a) El Decreto Legislativo Nº 701 y sus normas modificatorias, complementarias, sustitutorias y reglamentarias; y,

     b) Los Artículos 232 y 233 y el Numeral 3 del Artículo 241 del Código Penal.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

     PRIMERA.- Competencia primaria.-

     El control de las conductas anticompetitivas se encuentra regido por el principio de competencia primaria, el cual corresponde al INDECOPI y al OSIPTEL, según lo establecido en las leyes respectivas. No podrá recurrirse al Poder Judicial sin antes haber agotado las instancias administrativas ante dichos organismos.

     SEGUNDA.- Prácticas anticompetitivas en contrataciones del Estado.-

     De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado, cuando el Tribunal de Contrataciones del Estado identifique alguna conducta que pudiera constituir una práctica anticompetitiva en los términos de esta Ley, comunicará tal hecho al INDECOPI para que éste, a través de sus órganos competentes, y de ser el caso, inicie el procedimiento sancionador correspondiente y determine la responsabilidad que pudiere existir.

     Únicamente en caso de que el INDECOPI determinara la existencia de una infracción y ésta quedara firme, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE procederá a la inscripción de los infractores en el registro de inhabilitados para contratar con el Estado que corresponda.

     TERCERA.- Investigación de conductas con efectos fuera del país.-

     En el marco exclusivo de un acuerdo internacional, y en aplicación del principio de reciprocidad, la Comisión podrá investigar, de conformidad con la presente Ley, conductas anticompetitivas desarrolladas en el territorio nacional pero con efectos en uno o más países que forman parte del referido acuerdo.

     De igual modo, en el desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo con arreglo a un acuerdo internacional, y en aplicación del principio de reciprocidad, la Comisión podrá intercambiar información, incluyendo información confidencial, con las autoridades competentes de los países que formen parte de dichos Acuerdos.

     CUARTA.- Vigencia.-

     La presente Ley entrará en vigencia a los treinta (30) días de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

     POR TANTO:

     Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil ocho.

     ALAN GARCÍA PÉREZ

     Presidente Constitucional de la República

     JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ

     Presidente del Consejo de Ministros 

Read more...

Lineamientos sobre Confidencialidad de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia.

LINEAMIENTOS SOBRE CONFIDENCIALIDAD DE LA COMISIÓN DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

(APROBADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN 027-2013/CLC-INDECOPI)

 

1.       De conformidad  con lo dispuesto  por el literal d) del artículo  14.2 del Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas,  la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (en adelante, la Comisión) tiene la facultad de emitir lineamientos que orienten a los agentes económicos sobre la correcta

interpretación  de dicha norma1. En la misma línea, el literal h) del artículo 15.2

del Decreto Legislativo 1034 establece que la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (en adelante, la Secretaría Técnica) tiene la facultad de elaborar propuestas de lineamientos2.

 

2.      En  materia  de información  confidencial,  el artículo  32 del  Decreto  Legislativo

10343   establece  los requisitos  aplicables  a las solicitudes  de confidencialidad que  formulan  los  administrados,  respecto  de la información  que  presentan  o entregan   en  las   investigaciones   preliminares   y   los   procedimientos   sobre

 

 

1         Decreto Legislativo 1034

Artículo 14.- La Comisión.-

14.1. La Comisión es el órgano con autonomía técnica y funcional encargado del cumplimiento de la presente Ley con competencia exclusiva, salvo que dicha competencia haya sido asignada o se asigne por ley expresa a otro organismo público.

14.2. Son atribuciones de la Comisión:

d) Expedir Lineamientos que orienten a los agentes del mercado sobre la correcta interpretación de las normas de la presente Ley;

 

2         Decreto Legislativo 1034

Artículo 15.- La Secretaría Técnica.-

15.1. La Secretaría Técnica de la Comisión es el órgano con autonomía técnica que realiza la labor de instructor del procedimiento de investigación y sanción de conductas anticompetitivas y que emite opinión sobre la existencia de la conducta infractora.

15.2. Son atribuciones de la Secretaría Técnica:

h) Elaborar propuestas de Lineamientos;

 

3         Decreto Legislativo 1034

Artículo 32.- Información confidencial.-

32.1. A solicitud de parte o tercero con interés legítimo, incluyendo a una entidad pública, la Comisión declarará la reserva de aquella información que tenga carácter confidencial, ya sea que se trate de un secreto comercial o industrial, información que afecte la intimidad personal o familiar, aquella cuya divulgación podría perjudicar a su titular y, en general, la prevista como tal en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La solicitud de declaración de reserva sobre un secreto comercial o industrial será concedida, siempre que:

a) Dicha información sea un conocimiento que tenga carácter de reservado o privado sobre un objeto determinado;

b) Quienes tengan acceso a dicho conocimiento tengan la voluntad e interés consciente de mantenerlo reservado, adoptando las medidas necesarias para mantener dicha información como tal; y,

c) La información tenga un valor comercial, efectivo o potencial.

32.2. Sólo podrán acceder a la información declarada bajo reserva los miembros de la Comisión y los vocales del Tribunal, sus

Secretarios Técnicos y las personas debidamente autorizadas por éstos que laboren o mantengan una relación contractual con el

INDECOPI.

32.3. En los casos en que la Comisión o el Tribunal conceda el pedido de reserva formulado, tomará todas las medidas que sean necesarias para garantizar la reserva de la información confidencialidad, bajo responsabilidad.

32.4. Para que proceda la solicitud de declaración de reserva, el interesado deberá precisar cuál es la información confidencial, justificar su solicitud y presentar un resumen no confidencial sobre dicha información. Para evaluar si la información tiene carácter confidencial, la Comisión evaluará la pertinencia de la información, su no divulgación previa y la eventual afectación que podría causar su divulgación.

32.5. Tratándose de una visita de inspección o una entrevista, y en el momento de realizarse esta diligencia, el interesado podrá

solicitar la reserva genérica de toda la información o documentación que esté declarando o suministrando a la Secretaría Técnica. Ésta, con posterioridad, deberá informar al interesado qué información o documentación resulta pertinente para la investigación, otorgando un plazo razonable para que el interesado individualice, respecto de la información pertinente, la solicitud de confidencialidad conforme a lo establecido en el párrafo anterior.

32.6. La autoridad podrá declarar de oficio la reserva de información vinculada a la intimidad personal o familiar.

32.7. Los procedimientos y plazos para la declaración de reserva de información confidencialidad serán establecidos por Directiva

conforme lo prevé la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI.

 

 

 

conductas anticompetitivas regulados por el Decreto Legislativo 1034. Asimismo, estos requisitos se aplican supletoriamente  en los procedimientos  sobre control de concentraciones  empresariales  en el sector  eléctrico  regulados  por la Ley

26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico.

 

3.       Cabe  precisar  que,  hasta  la entrada  en vigencia  del  artículo  32  del  Decreto Legislativo 1034 (es decir, hasta el 25 de julio de 2008), la Comisión aplicaba el artículo   6   del   Decreto   Legislativo   807,   Ley   de   Facultades,   Normas   y Organización   del  Indecopi4,  vigente  desde  el  17  de  abril  de  1996,  y  los

Lineamientos  sobre  Información  Confidencial  aprobados  mediante  Resolución

004-2000-INDECOPI/CLC del 28 de junio de 2000.

 

4.       Durante la última década, la Comisión y la Sala Especializada en Defensa de la Competencia  (en  adelante,  la  Sala)  han  establecido  y  aplicado  de  manera uniforme   determinados   criterios   de  interpretación   acerca   de  los  requisitos aplicables a las solicitudes  de confidencialidad  que formulan los administrados en las investigaciones preliminares y los procedimientos sobre conductas anticompetitivas  y sobre control de concentraciones  empresariales  en el sector eléctrico.

 

5.       En ese sentido,  con la finalidad  de orientar  a los administrados  acerca  de la correcta interpretación del artículo 32 del Decreto Legislativo 1034, la Secretaría Técnica  ha identificado,  organizado  y sistematizado  los principales  criterios de interpretación  establecidos  por la Comisión  y la Sala durante la última década. Asimismo,  ha diseñado  un formato  simple  pero  completo,  con la finalidad  de facilitar a los administrados  el cumplimiento  de los requisitos  aplicables  a sus solicitudes de confidencialidad;  permitiendo, al mismo tiempo, agilizar el análisis y la resolución de dichas solicitudes por parte de la Comisión y la Sala.

 

6.       Cabe precisar que, los criterios contenidos en estos lineamientos pueden variar en el tiempo, en función de que los órganos colegiados adopten nuevos criterios, por lo que deberá prevalecer el último criterio que la jurisprudencia desarrolle en la tramitación  de  solicitudes  de  confidencialidad,  sin perjuicio  de la correspondiente actualización de estos lineamientos.

 

7.       Acerca  de  los  requisitos  aplicables  a  las  solicitudes  de  confidencialidad,   el artículo 32 del Decreto Legislativo 1034 establece lo siguiente:

 

4         Decreto Legislativo 807

Artículo 6.- La información recibida por una Comisión, 0ficina o Sala del Tr ibunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, que constituya un secreto industrial o comercial, deberá ser declarada reservada por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal respectiva. En tal caso la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal tomará todas las medidas que sean necesarias para garantizar la reserva y confidencialidad de la información, bajo responsabilidad.

Únicamente tendrán acceso a los documentos e información declarada reservada los integrantes de la respectiva Comisión, Oficina

o Tribunal, los funcionarios del Indecopi asignados al procedimiento y, en su caso, los miembros y personal encargados del Tribunal

de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.  Los funcionarios que atenten contra la reserva de dicha información o en cualquier forma incumplan con lo establecido en el presente artículo serán destituidos e inhabilitados hasta por un plazo de diez años para ejercer cualquier función pública, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar. La destitución o inhabilitación será impuesta por el Directorio.

 

 

 

 

 

Artículo 32.- Información confidencial.-

 

32.1. A solicitud de parte o tercero con interés legítimo, incluyendo a una entidad pública,  la Comisión  declarará  la reserva  de aquella información que tenga carácter confidencial, ya sea que se trate de un secreto comercial  o industrial,  información  que afecte la intimidad  personal  o familiar,  aquella cuya divulgación  podría perjudicar  a su titular y, en general,  la prevista  como tal en la Ley de Transparencia  y Acceso  a la Información Pública.

 

La  solicitud  de  declaración  de  reserva  sobre  un  secreto  comercial  o industrial será concedida, siempre que:

 

a) Dicha información sea un conocimiento que tenga carácter de reservado o privado sobre un objeto determinado;

 

b)  Quienes  tengan  acceso  a  dicho  conocimiento  tengan  la  voluntad  e interés consciente de mantenerlo reservado, adoptando las medidas necesarias para mantener dicha información como tal; y,

 

c) La información tenga un valor comercial, efectivo o potencial.

 

[…]

 

32.4. Para que proceda la solicitud de declaración de reserva, el interesado deberá  precisar  cuál  es  la  información   confidencial,   justificar  su solicitud   y   presentar   un   resumen   no   confidencial   sobre   dicha información.  Para evaluar si la información  tiene carácter  confidencial,  la Comisión evaluará la pertinencia  de la información,  su no divulgación previa y la eventual afectación que podría causar su divulgación.

 

32.5.  Tratándose  de  una  visita  de inspección  o una  entrevista,  y en  el momento  de  realizarse  esta  diligencia,  el  interesado  podrá  solicitar  la reserva  genérica   de  toda  la  información   o  documentación   que  esté declarando  o suministrando  a la Secretaría  Técnica.  Ésta,  con posterioridad,  deberá  informar  al  interesado  qué  información  o documentación   resulta  pertinente  para  la  investigación,   otorgando  un plazo  ra zonable  para  que  el  interesado   individualice,   respecto   de  la información pertinente, la solicitud de confidencialidad conforme a lo establecido en el párrafo anterior.

 

[…]

 

8.       De acuerdo a lo anterior, la Comisión considera que los requisitos aplicables a las solicitudes de confidencialidad pueden organizarse de la siguiente manera:

 

 

 

 

 

i.        Que la información sea pertinente

 

Tratándose de un requerimiento de información, la Comisión determinará si la información entregada por el administrado es pertinente para la investigación preliminar o el procedimiento correspondiente.

 

Tratándose   de  una   entrevista   o  visita   inspectiva,   al  realizarse   esta diligencia,  el administrado  podrá  solicitar  la reserva  genérica  de toda  la información  que  esté  declarando  o entregando  a la Secretaría  Técnica, quien con posterioridad  deberá citar al administrado  para comunicarle  la información que resulta pertinente para la investigación preliminar o el procedimiento correspondiente.

 

Asimismo, la Secretaría  Técnica citará al administrado  para devolverle  la información  que  no  resulta  pertinente,  bajo  apercibimiento  de  eliminar dicha información.

 

ii.       Que    el    administrado    precise    la    información    que    considera confidencial

 

Para cumplir este requisito,  el administrado  deberá identificar de manera precisa la información que considera confidencial. En ese sentido, el administrado no deberá solicitar de manera general la confidencialidad  de la información presentada.

 

Respecto  de la información  sonora o audiovisual  registrada  en cualquier tipo  de  soporte  (disco  compacto,  memoria  USB,  etc.),  el  administrado deberá precisar el inicio y el fin (minutos y segundos) de la información que considera confidencial.

 

iii.       Que el administrado señale las razones que justifican su solicitud

 

Para cumplir este requisito, el administrado deberá: (i) consignar el código del Anexo I que corresponda a las razones que justifican su solicitud; o (ii) si  no  existiera   un  código  específico   para  su  caso  concreto,  señalar claramente las razones que justifican su solicitud.

 

iv.      Que el administrado presente un resumen no confidencial

 

Para cumplir este requisito, el administrado  deberá presentar un resumen no  confidencial  de  la  información  que  considera  confidencial,  a  fin  de permitir el acceso de terceros.

 

 

 

Adicionalmente,  cuando  un folio  contenga  información  confidencial  y no confidencial, el administrado deberá presentar una versión no confidencial de dicho folio, ocultando la información que considera confidencial.

 

v.       Que la información no haya sido divulgada

 

Es decir, que la información  sea un conocimiento  que tenga  carácter  de reservado  o  privado  sobre  un  objeto  determinado.   Para  cumplir  este requisito, el administrado debe haber mantenido con el debido cuidado la reserva de la información, impidiendo su divulgación y evitando que haya estado  disponible  de  alguna  forma  a  terceros  que  no  hayan  estado obligados legal o contractualmente a mantener la reserva de dicha información.

 

Cabe  resaltar  que  el  cumplimiento  de  este  requisito  debe  observarse incluso  en  la  forma  en  que  se  presente  la  información  a la  Secretaría Técnica,  la Comisión  o la Sala. En ese sentido,  cuando  el administrado presente  información  escrita  que  considere  confidencial,  deberá  colocar dicha información  en un  sobre  cerrado  y con la indicación  “Información Confidencial” o “Confidencial” en un lugar visible de cada folio.

 

Asimismo,   cuando   el   administrado    presente   información    sonora   o audiovisual   registrada   en  cualquier   tipo  de  soporte  (disco  compacto, memoria   USB,   etc.)  que  considere   confidencial,   deberá   colocar  una etiqueta con la indicación «Información  Confidencial»  o «Confidencial»  en un lugar visible del referido soporte.

 

Por otro lado, cabe precisar que, de ser el caso, el administrado  deberá advertir a la Secretaría Técnica que ha solicitado con anterioridad la confidencialidad  de la información  presentada  o que su solicitud  ha sido declarada fundada, según corresponda,  en cuyo caso, deberá precisar el número de expediente o resolución correspondiente.

 

vi.      Que  la información  tenga  carácter  confidencial  o valor comercial  o que su divulgación pueda causar una eventual afectación

 

Para verificar el cumplimiento de este requisito, la Comisión analizará si la información presentada se encuentra en alguno de los supuestos previstos por  el  Decreto  Legislativo  1034,  es  decir,  si  se  trata  de  un  secreto comercial  o industrial,  de información  cuya  divulgación  pueda  afectar  la intimidad  personal  o  familiar,  perjudicar  a  su  titular  o,  en  general,  la prevista  como tal en la Ley de Transparencia  y Acceso a la Información Pública.

 

Se considera  secreto comercial y secreto industrial a aquella información cuya  importancia   para  el  desarrollo  de  la  actividad  económica  de  la

 

 

 

empresa  la obliga  a mantenerla  fuera  del  alcance  de terceros  ajenos  a ella5. Por ejemplo, constituye secreto comercial la información relativa a la estrategia competitiva, la estructura de costos, los términos de negociación

y las condiciones contractuales acordadas, entre otros. Por su parte, constituye  secreto industrial  aquella información  referida  a la descripción detallada de los insumos o fórmulas y del proceso productivo, entre otros.

 

Por otro lado, se considera que la divulgación de determinada información puede  causar  una  eventual  afectación,  en general,  cuando  los competidores de un administrado pueden obtener una ventaja competitiva de acceder a ella. Por ejemplo, información sobre estrategias para ingresar a un determinado mercado.

 

Se considera  información  que afecta la intimidad  personal  o familiar a la información relacionada con los datos personales cuya divulgación pueda constituir una invasión  a la intimidad  personal  o familiar.  Por ejemplo, la información referida a la salud personal.

 

De acuerdo a lo anterior, también se considera información confidencial a aquella cuya divulgación  pueda revelar la identidad de un colaborador en una  investigación  preliminar  o  procedimiento  y  que,  en  consecuencia,

pueda poner en peligro su integridad y su entorno personal o familiar6.

 

9.       Cabe precisar que estos requisitos son concurrentes.  En ese sentido, si faltara alguno   de   ellos,   la   Secretaría   Técnica   requerirá   su   cumplimiento,   bajo apercibimiento    de   que    la   solicitud    de   confidencialidad    sea   declarada improcedente o infundada por la Comisión, según corresponda.

 

10.    Finalmente,  la Comisión  y la Sala han establecido  el criterio de interpretación aplicable  a  las  solicitudes  de  confidencialidad   respecto  de  información  que contiene indicios razonables de una infracción.

 

11.    Específicamente, la Comisión ha señalado lo siguiente:

 

[T]eniendo en cuenta que uno de los objetivos del Derecho Administrativo Sancionador consiste en desincentivar la realización de infracciones como, por   ejemplo,   las   conductas   anticompetitivas   y   que,   para   ello,   es fundamental  que los agentes económicos  estén debidamente  informados acerca   de  las   características   de  las  conductas   que   la  Agencia   de

 

5                Concepto recogido por la Comisión de Libre Competencia en la Resolución 005-99-INDECOPI/CLC del 18 de agosto de 1999, en los siguientes términos:

 

«Debe entenderse por secreto comercial toda aquella información cuya importancia para el desarrollo de la actividad empresarial obliga a éstas a mantenerla en reserva fuera del alcance de terceros ajenos a la empresa, tales como los aspectos relativos a la estrategia competitiva, el conocimiento adquirido sobre el negocio, la estructura de costos, relación de clientes, etc.»

 

6         Ver Resolución 030-2009/CLC-INDECOPI del  7 de mayo de 2009.

 

 

 

Competencia investiga y sanciona en el mercado, esta Comisión considera que la información  que  contiene  indicios  razonables  de la existencia  de conductas  anticompetitivas  no puede ser declarada  confidencial  sino que debe encontrarse  a disposición  de los agentes  económicos.  Más aún si tenemos en cuenta que las conductas anticompetitivas  no sólo afectan el interés de los agentes económicos involucrados  en el procedimiento  sino también el interés general.7

 

12.    Por su parte, la Sala ha agregado lo siguiente:

 

[E]sta   Sala   considera    que   en   aras   de   salvaguardar    el   derecho constitucional de defensa, se debe poner en conocimiento durante el procedimiento  a los demás  imputados  el  contenido  de toda  información que  pueda   afectar   su  posición,   por  más   que   esta   contenga   datos comerciales no revelados. Ello, pues si se esperara hasta la determinación de la responsabilidad  administrativa del titular de la información […] no se permitiría que sus codenunciados conozcan durante el trámite del procedimiento    elementos   de   juicio   relevantes   que   fundamentan   la imputación en su contra, con lo cual se podría arribar a una decisión sin que los demás procesados hayan podido conocer los elementos de hecho

o de derecho que sustentaron su responsabilidad administrativa.8

 

13.    De  acuerdo  a  lo anterior,  con  la  finalidad  de  desincentivar  la  realización  de infracciones   y  garantizar   el   derecho   de  defensa9,   la   Comisión   declarará infundadas  las solicitudes  de confidencialidad  respecto  de aquella  información que, en opinión de la Secretaría Técnica, contenga indicios razonables de una infracción. Asimismo, cuando se hubiera declarado la confidencialidad de determinada  información  y, posteriormente,  la Secretaría  Técnica  considerara que  contiene  indicios  razonables  de una infracción,  la Comisión  declarará  de

oficio el levantamiento de la confidencialidad de dicha información.

 

14.    Finalmente, cabe precisar que el hecho que una determinada información pueda calificar  como  confidencial,  no exime  a los administrados  de la obligación  de entregar la información requerida por el Indecopi.

 

 

 

 

 

 

7         Ver  Resoluciones  021-2010/CLC-INDECOPI,  029-2010/CLC-INDECOPI,  006-2011/CLC-INDECOPI,  007-2011/CLC-INDECOPI,

008-2011/CLC-INDECOPI, 009-2011/CLC-INDECOPI, 010-2011/CLC-INDECOPI.

 

8         Ver Resolución 1551-2011/SC1-INDECOPI del 21 de setiembre de 2011.

 

9         Constitución Política del Perú

Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia

Son principios y derechos  de la función jurisdiccional:

14.  El  principio  de  no  ser  privado  del  derecho  de  defensa  en  ningún  estado  del  proceso.  Toda  persona  será  informada

inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención.  Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.

 

 

 

ANEXO I

 

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN  SOBRE SOLICITUDES DE CONFIDENCIALIDAD

 

 

a.

Código                      :

Contiene    el   código    que    el   administrado    deberá consignar en su solicitud de confidencialidad.

 

b.

 

Tipo de información :

 

Contiene  el tipo de información  respecto  de la cual la

 

 

Comisión   o  la  Sala  han  establecido   un  criterio   de interpretación.

 

 

 

Bajo  el  rótulo  “tipo  de  información”,  se  han  incluido

 

 

documentos  como el libro de matrícula  de acciones  o

 

 

facturas.     Sin    embargo,     cabe    precisar     que    la

 

 

confidencialidad    será    otorgada    a    la    información

 

 

contenida en el documento y no a todo el documento en

 

 

sí, siempre que la Comisión verifique el cumplimiento de

 

 

los requisitos establecidos por el artículo 32 del Decreto

 

 

Legislativo 1034.

 

c.

 

Confidencial             :

 

Señala  si, en sus pronunciamientos,  la Comisión  o la

 

 

Sala   han   considerado   que   el   tipo   de   información

 

 

correspondiente es confidencial.

 

d.

 

Justificación             :

 

Contiene  las  razones  que  la  Comisión  o la Sala  han

 

 

tenido   en   cuenta   para   considerar   que   el   tipo   de

 

 

información   correspondiente   es  confidencial   (secreto

 

 

comercial, secreto industrial o intimidad personal).

 

 

 

1.       INFORMACIÓN SOCIETARIA

 

Código

Tipo de Información

Confidencial

Justificación

 

 

1.1

Relación de socios o accionistas / Relación de participantes en

las reuniones de socios

 

 

Cuando revela la propiedad que cada accionista tiene sobre la empresa, información a la que sólo pueden tener acceso los accionistas y los órganos de adm inistración y dirección de la empresa, salvo que dicha información sea pública.

 

 

1.2

 

Libro de Matrícula de

Acciones

 

 

Cuando revela el  detalle de las sucesivas transferencias de acciones entre determinadas personas y otros actos com o los mencionados en el segundo párrafo del artículo 92 de la Ley

26887,   Ley   General   de   Sociedades,   salvo   que   dicha inform ación sea pública .

 

 

1.3

 

 

Descripción de funciones

 

 

Cuando  revela  la  estrat egia  com ercial  de  la  empresa,  al exponer   las   labores   que   la   em presa   ha   considerado determinant es para su desarrollo y su asignación al personal, en función de los objetivos que espera cum plir, por lo tant o, puede dar cuent a de la elaboración de estrategias destinadas a generar ventajas competitivas en el mercado.

 

 

1.4

Actas de Junta General de Accionist as,

Asamblea de Socios y Sesiones de Direct orio

 

 

 

Cuando contienen  inform ación  sensible  de  la  empresa,  que pueda revelar su estrat egia comercial, cont abilidad y/o situación económica,  com o  por  ejemplo:  política  de  distribución  de dividendos, est ados financieros, entre otros.

 

 

1.5

Relación de

Direct ores, Gerent es, Represent ant es, apoderados y la descripción de sus facultades

 

 

NO

 

 

Se trata de inform ación de carácter público, al est ar registrada en el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP.

 

 

 

1.6

 

 

 

Organigram a de la em presa

 

 

 

NO

La form a de organización y jerarquí a que refleja un organigram a no es un conocimiento reservado para su titular (en tanto no contenga la  descripción detallada  de  las funciones de  cada funcionario y empleado), pues, en el curso de las operaciones comerciales  que  ordinariam ente  realizan  las  em presas,  los clientes  o  proveedores  que  ent ablan  cont acto  con  ést as, conocen la identidad, cargo y jerarquí a de las personas que laboran en ellas.

 

 

 

1.7

Descripción de los mecanism os a través

de los cuales se reúnen los socios de la empresa, así como la periodicidad, fecha y lugar de estas reuniones

 

 

 

NO

 

 

Los m ecanismos a través de los cuales se reúnen los socios se encuentran en los estatut os de Registros Públicos. Asimismo, la periodicidad,  fecha  y  lugar  de  estas  reuniones  no  revela ninguna estrategia comercial.

 

 

 

1.8

Docum entos elevados a escritura pública o inscritos en los Registros Públicos (constitución,

m odificación de

estatut os, reorganizaciones societ arias, etc.)

 

 

 

NO

 

 

En tant o han sido elevados a escritura pública o se encuentran inscritos  en  los  Registros  Públicos,  estos  docum entos  se encuentran disponibles para cualquier tercero fuera del ámbito exclusivo de la empresa solicitante.

 

 

1.9

 

Relación de empresas vinculadas

 

 

NO

Esta  información   no   det alla  ninguna  estrategia  com ercial concret a   ni    encaja   en   los    supuestos   de   inform ación confidencial. Asimism o, su divulgación no podrí a ocasionar un perjuicio al titular.

 

 

 

2.       INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS

 

Código

Tipo de Información

Confidencial

Justificación

 

 

 

2.1

 

 

 

Descripción de la política de precios

 

 

 

 

Cuando contiene precisiones acerca de las condiciones y criterios   aplicados   por   la   em presa   solicitant e   para   la determinación de sus precios. No será considerada confidencial cuando se present e de manera genérica y sea verificable por terceros;  o  cuando  los  criterios  detallados  sean  elem ent os comunes y lógicos en cuanto a la formación de los precios en el mercado.

 

 

 

2.2

Políticas de descuent os, así com o la descripción de los descuentos, exoneraciones otorgados / obtenidos respecto de los clientes / proveedores

 

 

 

 

 

Cuando revela información sobre los client es y aspectos de la relación com ercial entre éstos y la empresa solicitant e. Además, detalla su  estrategia com ercial,  salvo cuando la  inform ación referida a su política de descuentos es present ada de m anera general, sin criterios o condiciones específicas.

 

 

 

2.3

Relación o prom edio de los precios cobrados/pagados por tipo de producto respecto de cada cliente/proveedor/zona geográfica

 

 

 

 

Cuando contiene inform ación relevant e acerca de la relación comercial sost enida entre un proveedor y su cliente. También permite a los competidores conocer la estructura de costos y las fuentes de aprovisionamiento de la empresa solicitante, pudiendo otorgar una ventaja indebida a sus competidores.

 

 

 

2.4

 

Precio prom edio mensual de venta o com pra de un product o o tipo de producto

 

 

 

NO

 

No revela la política de precios ni det alla los precios específicos cobrados o pagados a cada cliente o proveedor, por lo que no califica com o secreto comercial,  salvo  que  esta inform ación contenga dat os  desagregados com o los  mencionados  en  el Código 2.3.

 

 

 

2.5

 

 

 

Lista de precios

 

 

 

NO

 

Constituye  inform ación  de  conocimient o  general  y  que  se encuentra    al    alcance    de    los    consumidores,    quienes precisam ent e   utilizan   dicha   información   para   evaluar   la conveniencia de  concretar  transacciones com erciales  con la empresa solicitant e.

 

 

 

3.       INFORMACIÓN SOBRE VENTAS

 

Código

Tipo de Información

Confidencial

Justificación

 

 

3.1

 

Volumen / Valor de ventas o compras diarias o mensuales

 

 

 

Cuando  permite  deducir  aspectos  det allados  de  la  política comercial de la empresa solicitante, su t amaño y su capacidad para operar en el mercado y la evolución de su desem peño comercial.

 

 

3.2

 

Volumen / Valor de ventas o compras por cliente / proveedor o por producto

 

 

 

Cuando permite determinar la im portancia relativa de un cliente o proveedor; así  como el impacto com ercial que su pérdida puede producir sobre la empresa solicitante. Permite determinar la importancia relativa de una línea de productos.

 

 

 

3.3

 

 

Condiciones de vent a/comercialización

 

 

 

Cuando revela las políticas y estrategias com erciales utilizadas por  la  empresa  solicitant e  para  com petir  en  el  mercado. Asimism o, cuando podría mostrar información específica sobre las condiciones comerciales pactadas con sus clientes. No será considerada  confidencial  cuando  se  present e  de  manera genérica  y  no  detalle  aspect os  específicos  de  su  política comercial.

 

 

 

3.4

 

 

Sistem a o Política de comercialización/ distribución

 

 

 

Cuando   perm ite   apreciar   información   det allada   sobre   la identidad de los clientes y proveedores de la empresa solicitante, y su estrat egia de com ercialización o distribución. No obstante, no se considerará secreto comercial cuando la inform ación se encuentre a disposición de los consumidores o haya sido presentada de m anera general.

 

 

 

3.5

Descripción de la relación con sus puntos de venta / agentes de distribución / proveedores

 

 

 

 

Cuando perm ite apreciar las estrategias destinadas a generar ventajas competitivas en el mercado. Asimismo, da a conocer el nivel de dependencia de la em presa solicitante respecto de sus distintos canales de distribución y venta.

 

 

 

4.       INFORMACIÓN CONTRACTUAL O COMERCIAL

 

Código

Tipo de Información

Confidencial

Justificación

 

 

4.1

Contratos (adendas, cláusulas adicionales, convenios, condiciones contractuales en general)

 

 

 

 

Cuando  revela  condiciones  com erciales  específicas  entre  la empresa solicit ante y sus clientes o proveedores.

 

 

4.2

 

Lista de clientes / proveedores / distribuidores

 

 

Cuando se mantiene bajo reserva, puede constituir información relevante para  el desarrollo de  la  estrategia com ercial de  la empresa solicit ant e. Asimism o, posee un valor com ercial, cuya divulgación   podrí a   ot orgar   una   ventaja   indebida   a   sus competidores.

 

 

 

4.3

Participación porcentual de un

cliente/proveedor/ distribuidor respect o del total de sus ingresos / com pras / vent as

 

 

 

 

Cuando se identifica un cliente, proveedor o distribuidor en particular, esta información refleja la dependencia de la em presa solicitante respecto de dicho agente, así com o la im portancia en el desarrollo de sus estrategias comerciales.

 

 

4.4

Participación porcentual de la vent a de un producto específico respecto

del total de sus ingresos o vent as

 

 

 

Cuando   permite   conocer   la   importancia   de   un   product o determinado en los ingresos o ventas de una empresa y, por ende, su relevancia dentro de sus estrategias com erciales.

 

 

4.5

Zonas en las que se clasifican o a las que pert enecen los centros de

distribución/locales de comercialización

 

 

 

Cuando obedece al análisis de una serie de factores relevant es que  la  solicit ante  ha  tom ado  en  cuenta  para  establecer  la estrategia de comercialización/distribución de sus product os o servicios.

 

 

 

 

4.6

Informes (de auditoria, económicos,

cont ables, opinión técnica, estudios económicos

elaborados por terceros, proyectos de inversión, de análisis

o evaluación industrial)

 

 

 

 

 

Cuando cuentan con un valor com ercial en sí m ismos, al ser producto de una inversión económ ica directa realizada por la empresa solicit ante con la finalidad de det erminar sus políticas y estrategias   com erciales.   En   ese   sentido,   su   divulgación perm itiría a los competidores beneficiarse indebidam ente de la inversión  realizada.  Asimismo,  la  información  utilizada  par a realizar  est os  informes  puede  reflejar  estrategias  o  políticas comerciales  de  la  solicitante,  o  su  situación  económ ica  o financiera.

 

 

 

4.7

 

 

 

Proyect os de inversión / Cifras de inversiones futuras

 

 

 

Cuando las decisiones futuras de inversión pueden reflejar una estrategia comercial destinada a generar una ventaja competitiva, que incluye detalles y especificaciones técnicas de las negociaciones e inversiones de la empresa solicit ante. No se ot orgará confidencialidad cuando dicha información haya sido formulada de manera genérica, como, por ejemplo, la intención de   ampliar   locales   sin   indicar   su   ubicación   o  fecha   de ampliación,  o  la  sim ple mención  de  increm entar  el  nivel  de producción o la capacidad instalada.

 

 

4.8

 

Ubicación física de centros de distribución / locales de comercialización

 

 

NO

La ubicación física de cada uno de los centros de distribución o locales  de  com ercialización,  así  como las  áreas  geográficas (distritos, provincias, depart amentos) en donde se ubican,  en general, constituye información susceptible de ser verificada por cualquier  tercero  que  solicite  la  provisión  de  productos  o servicios a la empresa solicit ante.

 

 

 

5.       INFORMACIÓN FINANCIERA O CONTABLE

 

Código

Tipo de Información

Confidencial

Justificación

 

 

5.1

 

 

Est ados Financieros

 

 

Cuando contienen detalles relacionados con la contabilidad y la situación económ ica y financiera de la empresa solicitante, por lo que sólo puede encontrarse a disposición de sus accionistas y administradores, salvo que se trat e de empresas que cotizan en bolsas o que han hecho público sus estados financieros.

 

5.2

 

Estadística mensual o anual de ingresos

 

Cuando   posee   valor   com ercial,   pues   revela   la   situación económica de la empresa solicitante, así com o su desem peño comercial.

 

5.3

 

Detalle de los márgenes de utilidad

 

 

Cuando perm ite inferir la evolución del desempeño y políticas comerciales de la empresa solicitante.

 

 

 

5.4

 

Costos (costos promedio, serie estadística de costos y costos de producción)

 

 

 

Cuando permiten conocer la im portancia de elem ent os clave en

el proceso productivo (insum os) o en sus políticas com erciales, así como aquellos gastos en los que incurre para llevar a cabo su   giro   de   negocio   (gast os   de   publicidad,   cost os   de comercialización,   arrendamientos,   etc.).   Por   lo   t anto,   es inform ación que, de estar al alcance de sus competidores, podría ot orgarles una ventaja indebida.

 

 

5.5

 

 

Facturas

 

 

 

Cuando permitan apreciar las políticas comerciales específicas, como  la  política  de  ot orgamient o  de  líneas  de  crédito  y  de descuentos.

 

 

5.6

 

Facturas de aprovisionam iento

 

 

 

Cuando revelan la estrategia de aprovisionamient o de insum os utilizados por la empresa en el proceso de producción y parte de su estructura de cost os.

 

 

5.7

 

 

Registro de compras

 

 

Cuando refleja de manera detallada la estructura de costos en los que incurre la em presa, la cual puede ser utilizada por sus competidores para afectar su desem peño com ercial. Asimismo, puede detallar aspectos específicos de la relación entre la empresa solicit ante y sus proveedores.

 

 

5.8

 

Inversiones efectuadas / cifras referidas a inversiones pasadas

 

 

Cuando revela los mont os transados o desem bolsados por la empresa  solicitante,  con  el  objet o  de  mejorar  su  capacidad productiva  o  sus  instalaciones,  lo  que  puede  denot ar  una estrategia comercial  destinada  a  generar  una  ventaja competitiva.

 

 

 

6.       INFORMACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN

 

Código

Tipo de Información

Confidencial

Justificación

 

6.1

 

Volumen de producción diaria / m ensual

 

 

Cuando perm ite conocer la capacidad de oferta de la empresa solicitante para operar en el mercado y enfrentar a sus competidores.

 

 

6.2

 

 

Stock / Inventarios

 

 

 

Cuando revela la capacidad operativa de la empresa solicit ant e y su posible estrat egia comercial.

 

 

6.3

 

 

Relación de activos fijos

 

 

 

Cuando revela la capacidad de producción de la empresa solicitante y, de esta manera, su capacidad para enfrentar las condiciones del m ercado. No se considerará confidencial cuando la información sea verificable por cualquier persona.

 

 

6.4

 

 

Capacidad instalada

 

 

Cuando revela la capacidad de producción y la oferta potencial de la empresa solicitante en un periodo determinado. Dicha inform ación,  de  ser  conocida  por  sus  competidores,  podría afect ar   su   desempeño  com ercial   y   la   aplicación   de   sus estrategias com erciales.

 

 

6.5

 

 

Insumos

 

 

 

Cuando revela detalles sobre el proceso productivo de la empresa solicit ante que, de ser conocidos por sus competidores, podría otorgarles una vent aja indebida.

 

 

6.6

 

 

Proceso productivo

 

 

 

Cuando det alla el modo en el que la empresa solicitante emplea sus recursos (insumos, capital, maquinaria, etc.) para desarrollar su actividad com ercial. Asim ismo, refleja aspect os particulares de su actividad de producción com o el know how.

 

 

 

7.       OTRA INFORMACIÓN

 

Código

Tipo de Información

Confidencial

Justificación

 

 

7.1

 

Identidad de personas que proporcionan inform ación relevante

 

 

 

Cuando sea necesario para proteger la identidad y seguridad de las personas que proporcionen información que pueda revelar indicios de posibles conductas anticom petitivas.

 

 

 

 

7.2

 

 

 

Indicios razonables de una conducta anticompetitiva

 

 

 

 

NO

Con la finalidad de desincentivar la realización de infracciones y garantizar el derecho de defensa, la Comisión declarará infundadas las solicitudes de confidencialidad respecto de aquella información que, en opinión de la Secretaría Técnica, contenga  indicios  razonables  de  una  infracción.  Asimism o, cuando se hubiera declarado la confidencialidad de determinada inform ación y, posteriormente, la Secretaría Técnica considerara que contiene indicios razonables de una infracción, la Comisión declarará de oficio el levant amient o de la confidencialidad de dicha información.

 

 

 

ANEXO II

 

FORMATO DE SOLICITUD DE CONFIDENCIALIDAD

Expediente          -20__/CLC El      de                     de 20__, el suscrito,                                                                           ,

 

identificado         con         DNI


                        ,         representante         legal         de

 

                                                                     _,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el artículo 32 del Decreto Legislativo 10341, solicita a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi que declare confidencial la siguiente información2:

 

I.       Precisión de la información que se considera confidencial y justificación

 

 

 

Documento 1             : Páginas / párrafos      :

Minutos/ segundos     :

 

 

 

 

 

1         Decreto Legislativo 1034

Artículo 32.- Información confidencial.-

32.1. A solicitud de parte o tercero con interés legítimo, incluyendo a una entidad pública, la Comisión declarará la reserva de aquella información que tenga carácter confidencial, ya sea que se trate de un secreto comercial o industrial, información que afecte la intimidad personal o familiar, aquella cuya divulgación podría perjudicar a su titular y, en general, la prevista como tal en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La solicitud de declaración de reserva sobre un secreto comercial o industrial será concedida, siempre que:

a) Dicha información sea un conocimiento que tenga carácter de reservado o privado sobre un objeto determinado;

b) Quienes tengan acceso a dicho conocimiento tengan la voluntad e interés consciente de mantenerlo reservado, adoptando las

medidas necesarias para mantener dicha información como tal; y, c) La información tenga un valor comercial, efectivo o potencial.

32.2. Sólo podrán acceder a la información declarada bajo reserva los miembros de la Comisión y los vocales del Tribunal, sus Secretarios Técnicos y las personas debidamente autorizadas por éstos que laboren o mantengan una relación contractual con el INDECOPI.

32.3. En los casos en que la Comisión o el Tribunal conceda el pedido de reserva formulado, tomará todas las medidas que sean necesarias para garantizar la reserva de la información confidencialidad, bajo responsabilidad.

32.4. Para que proceda la solicitud de declaración de reserva, el interesado deberá precisar cuál es la información confidencial, justificar su solicitud y presentar un resumen no confidencial sobre dicha información. Para evaluar si la información tiene carácter confidencial, la Comisión evaluará la pertinencia de la información, su no divulgación previa y la eventual afectación que podría causar su divulgación.

32.5. Tratándose de una visita de inspección o una entrevista, y en el momento de realizarse esta diligencia, el interesado podrá solicitar la reserva genérica de toda la información o documentación que esté declarando o suministrando a la Secretaría Técnica. Ésta, con posterioridad, deberá informar al interesado qué información o documentación resulta pertinente para la investigación, otorgando un plazo razonable para que el interesado individualice, respecto de la información pertinente, la solicitud de confidencialidad conforme a lo establecido en el párrafo anterior.

32.6. La autoridad podrá declarar de oficio la reserva de información vinculada a la intimidad personal o familiar.

32.7. Los procedimientos y plazos para la declaración de reserva de información confidencialidad serán establecidos por Directiva

conforme lo prevé la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI.

 

2                Cuando el administrado presente información escrita que considere confidencial, deberá colocar dicha información en un sobre cerrado y con la indicación “Información Confidencial” o “Confidencial” en un lugar visible de cada folio.

 

Asimismo, cuando el administrado presente información sonora o audiovisual registrada en cualquier tipo de soporte (disco compacto, memoria USB, etc.) que considere confidencial, deberá colocar una etiqueta con la indicación “Información Confidencial” o “Confidencial” en un lugar visible del referido soporte.

 

 

 

Código                        : Otra justificación3

:

 

 

 

Documento 2             : Páginas / párrafos      : Minutos/ segundos     : Código                        :

Otra justificación         :

 

 

 

Documento 3             : Páginas / párrafos      : Minutos/ segundos     : Código                        :

Otra justificación         :

 

 

 

 

II.      Resumen no confidencial de la información que se considera confidencial4

 

 

Documento 1             :

 

 

 

Documento 2             :

 

 

 

Documento 3             :

 

3                Si no existiera un código específico para su caso concreto, el administrado deberá señalar claramente las razones que justifican su solicitud.

 

4                Adicionalmente, cuando un folio contenga información confidencial y no confidencial, el administrado deberá presentar una versión no confidencial de dicho folio, ocultando la información que considera confidencial.

 

 

 

Nombre Representante Legal EMPRESA

Read more...

Disposiciones Reglamentarias de la Ley No 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio en el Sector Eléctrico

DECRETO SUPREMO Nº 017-98-ITINCI

 

Aprueban Reglamento de la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico

 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, ha establecido en su Artículo 122, que las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica no podrán efectuarse simultáneamente por un mismo titular;

 

Que, la finalidad de dicho artículo es evitar que un mismo titular de una concesión eléctrica o las personas jurídicas o naturales que la controlan, ejerzan directa o indirectamente, actividades de generación, transmisión y distribución eléctrica, de tal manera que no se genere una disminución, daño o restricción a la competencia en los mercados de las actividades mencionadas;

 

Que, mediante Ley Nº 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico, se han puesto en vigencia las disposiciones necesarias para controlar las operaciones de fusiones y adquisiciones en el sector eléctrico, estableciéndose como autoridad competente para ello a la Comisión de Libre Competencia y al Tribunal de Defensa de la Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

- INDECOPI, en primera y en segunda instancia respectivamente;

 

Que, la misma ley ha establecido en su Artículo 14 la obligación de contar con una norma reglamentaria que precise las disposiciones de la mencionada ley;

 

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y de acuerdo con lo previsto en el inciso 8) del Artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; DECRETA:

Artículo 1.- Apruébase el Reglamento de la Ley Nº 26876, el que consta de treinta y nueve (39) artículos y una (1) disposición transitoria, el mismo que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

 

 

Artículo 2.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y por los Ministros de Economía y Finanzas; Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales y de Energía y Minas, y entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI Presidente Constitucional de la República

 

ALBERTO PANDOLFI ARBULU Presidente del Consejo de Ministros

 

JORGE BACA CAMPODONICO Ministro de Economía y Finanzas

 

GUSTAVO CAILLAUX ZAZZALI

Ministro de Industria, Turismo, Integración y

Negociaciones Comerciales Internacionales

 

DANIEL HOKAMA TOKASHIKI Ministro de Energía y Minas

 

 

REGLAMENTO DE LA LEY QUE ESTABLECE EL CONTROL DE CONCENTRACIONES EMPRESARIALES EN EL SECTOR ELECTRICO: PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACION

 

Título I

 

Normas de Carácter General

 

Artículo 1.- Objeto del Reglamento. La presente norma contiene las disposiciones reglamentarias de la Ley Nº 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico, respecto de la Notificación y la autorización previa de las Operaciones de Concentración en el sector eléctrico y el procedimiento que regirá su evaluación.

 

Artículo 2.- Términos utilizados en el presente Reglamento. Para efectos de la presente norma se entenderá por:

 

a) Actividades: Las de generación y/o transmisión y/o distribución de energía eléctrica;

 

b) Comisión: Comisión de la Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi;

 

c) Concentración Horizontal: Operaciones en las que se encuentran involucradas empresas que desarrollan una sola de las Actividades;

 

d) Concentración Vertical: Operaciones en las que se encuentran involucradas empresas que desarrollan más de una de las Actividades;

 

e) Decreto: Decreto Legislativo Nº 701, Ley sobre Eliminación de Prácticas

Monopólicas, Controlistas y Restrictivas de la Libre Competencia;

 

f) Empresa que Desarrolla o Realiza Actividades: Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que sean titulares de concesiones o autorizaciones para desarrollar las Actividades antes indicadas, según corresponda;

 

g) Empresa que Participa en la Operación: Empresas o personas que intervienen en la operación de concentración, incluyendo a todas las empresas o personas que conforman un mismo grupo económico con las antes señaladas;

 

h) Grupo Económico: Conjunto de personas o empresas, conformado al menos por dos Personas jurídicas, cuando alguna de ellas ejerce el control sobre la o las demás, o cuando el control sobre las personas jurídicas corresponde a una o varias personas naturales que actúan como una unidad de decisión, en los términos y alcances establecidos en la Resolución SBS Nº

001-98;

 

i) Ley: Ley Nº 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico;

 

j) Notificación: La solicitud de autorización previa contemplada en el Artículo 3 de la Ley

Nº 26876;

 

k) Operación de Concentración: Todos los actos detallados en el Artículo 2 de la Ley Nº

26876, no considerándose como tal el crecimiento de una empresa por inversión propia o financiado con recursos de terceros que no participan, directa ni indirectamente, en el desarrollo de Actividades;

 

l) Operación de Concentración no Compatible con el Mercado: Operación de concentración que tiene como efecto disminuir, dañar, o impedir la competencia y la libre concurrencia;

 

m) Persona o Personas: Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se encuentren constituidas bajo la ley de su respectivo lugar de constitución o registro, así como cualquier otra entidad o asociación nacida de contrato o acto de la autoridad y a las entidades estatales de cualquier país, incluyendo a cualquier subdivisión de las mismas;

 

n) Secretaría: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia;

 

o) Sala: Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi; y,

 

p) Vinculación: La relación que existe entre dos personas que genera directa o indirectamente un comportamiento coordinado o cuando alguna de ellas influencia en las decisiones operativas y/o financieras de la otra, en los términos y alcances establecidos en la Resolución SBS Nº 001-98.

 

Artículo 3.- Organos encargados del cumplimiento del presente Reglamento. Corresponderá a la Comisión y a la Sala velar por el cumplimiento del presente Reglamento.

 

Artículo 4.- Confidencialidad y obligación de reserva. Toda la información presentada durante el procedimiento de Notificación previa será tratada como confidencial y tendrá carácter reservado sólo podrá ser utilizada para la finalidad para la que fue requerida. Los empleados, funcionarios o representantes de la Secretaría y los miembros de la Comisión, así

como de la Secretaría Técnica de la Sala y los miembros de esta última, estarán obligados a no divulgar dicha información, bajo responsabilidad.

 

Esta disposición no impide la publicación del Informe Técnico y las Resoluciones correspondientes una vez que éstas hayan quedado firmes, resguardándose el interés legítimo de las empresas de que no se divulguen sus secretos comerciales y/o industriales.

 

Artículo 5.- Aprobación de lineamientos. La Comisión podrá aprobar pautas o lineamientos que orienten a las Personas o empresas sobre los alcances y criterios de interpretación de la Ley y del presente Reglamento.

 

Igualmente, la Comisión aprobará una directiva en la que se establecerá en detalle la información y documentación que deberá acompañarse a la Notificación de la operación, en concordancia con lo establecido en el Artículo 14 del presente Reglamento.

 

Artículo 6.- Cómputo de plazos. Todos los plazos establecidos en esta norma se computarán en días útiles.

 

Título II

 

Notificación de la Operación de Concentración

 

Artículo 7.- Obligación de la Notificación. Antes de realizar cualquiera de las Operaciones de Concentración de tipo horizontal o vertical comprendidas dentro de los alcances del Artículo 2 de la Ley que igualen o sobrepasen los porcentajes establecidos en el segundo párrafo del Artículo 3 de la Ley, deberá realizarse una Notificación a la Comisión solicitando la autorización de la Operación de Concentración, sujetándose al procedimiento regulado en el presente Reglamento.

 

Artículo 8.- Operaciones sujetas a Notificación. Deberá solicitarse la autorización previa respecto de las Operaciones de Concentración que involucren, directa o indirectamente, a Empresas que Desarrollan las Actividades que posean previa o posteriormente al acto que originó la solicitud de autorización, de manera conjunta o separada, un porcentaje igual o

mayor al 15% del mercado en los actos de concentración horizontal. En el caso de actos de concentración vertical, aquéllos que involucren, directa o indirectamente, a Empresas que

 

Desarrollan las Actividades que posean previa o posteriormente al acto que originó la solicitud de autorización, un porcentaje igual o mayor al 5% de cualquiera de los mercados involucrados.

 

Artículo 9.- Cálculo de la participación de las empresas involucradas en la operación. Sólo a efectos de la Notificación y sin que ello suponga un prejuzgamiento de los efectos de la operación sobre la competencia, los porcentajes mencionados en el artículo anterior deberán entenderse referidos a la participación en el desarrollo de Actividades de cada una de las empresas involucradas en la operación. Tales porcentajes serán establecidos en relación al total de ingresos percibidos, durante el año calendario anterior a la fecha de la Notificación, por las Empresas que Desarrollan la misma Actividad en cualquiera de los Sistemas Interconectados, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 segundo párrafo de la Ley.

 

Si las Empresas involucradas en la Operación de Concentración Realizan Actividades única y exclusivamente dentro de un mismo Sistema Interconectado, el porcentaje de participación de cada empresa será establecido en relación al total de ingresos percibidos por las Empresas que Desarrollan la misma Actividad dentro del referido Sistema Interconectado.

 

A efectos de la determinación de los porcentajes de participación en el desarrollo de Actividades deberá considerarse: (i) el porcentaje de las Empresas que Participan en la Operación de Concentración, cuando éstas realicen directamente alguna de las Actividades; (ii) el porcentaje de las empresas vinculadas a las que Participan en la Operación, en caso que éstas Realicen alguna de las Actividades; (iii) el porcentaje de cualquier otra empresa vinculada a las señaladas anteriormente, en caso que realicen alguna de las Actividades; y, así sucesivamente.

 

Artículo 10.- Adquisición de activos productivos. Se considerarán como activos productivos aquellos bienes que a la fecha de realización de la operación se encuentren bajo el control de las Empresas que Desarrollan Actividades, ya sea porque son de su propiedad o debido a cualquier acto, contrato o figura jurídica que así lo permita. La adquisición de activos productivos sólo se encuentra sujeta al procedimiento de autorización previa si los mismos permiten mediante su adquisición incrementar la participación de la empresa o grupo que los adquiere en el desarrollo de Actividades, considerándose el valor de mercado de los mismos

en la fecha en que se realice la Notificación.

 

Título III Procedimiento Capítulo I Notificación

Artículo 11.- Efecto de la Notificación. Una vez notificada, la Operación de Concentración no podrá ser consumada ni alcanzar efecto legal alguno, oponible ante las autoridades correspondientes o terceras Personas, en tanto no se dicte la resolución correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 18 o 25 del presente Reglamento según fuere el caso. Dicha Notificación no importa prejuzgamiento u opinión por parte de la Comisión o de la Secretaría sobre los méritos de la concentración, o de la existencia de posibles infracciones al Decreto o cualquier otra norma aplicable.

 

Artículo 12.- Requisitos de validez de la Notificación. La Notificación deberá ser efectuada antes de la realización de los actos de concentración; dicha Notificación no se entenderá efectuada en tanto las Personas o empresas obligadas no presenten toda la información requerida

 

Artículo 13.- Obligados a realizar la Notificación. En los casos de fusión, conformación de una empresa en común o de una toma de control conjunto, la Notificación deberá ser realizada conjuntamente por las empresas que participan en la operación; cuando se trate de

 

una adquisición por parte de una Persona o empresa respecto de la totalidad o parte de una o más empresas, la Notificación deberá ser presentada por el adquirente.

 

Artículo 14.- Información que debe acompañarse a la Notificación. La Notificación solicitando la autorización previa de la Operación de Concentración deberá estar acompañada obligatoriamente, por lo menos, de la siguiente información, la misma que será presentada de acuerdo al formato que para tal efecto aprobará la Comisión:

 

a) identificación de las Personas o empresas que efectúan la Notificación y de las otras partes que intervienen en la Operación de Concentración;

 

b) descripción de la estructura de propiedad y control de cada una de las Personas o Empresas que Participan en la Operación de Concentración, incluyendo la de las empresas que pertenezcan al mismo Grupo Económico;

 

c) descripción de los vínculos personales, de propiedad, y/o de gestión existentes entre cada una de las Personas o empresas comprendidas en el punto anterior respecto de otras empresas que operan en el mercado o en los mercados relacionados;

 

d) descripción de los pormenores de la Operación de Concentración y relación de los mercados afectados por la operación;

 

e) información relativa a los mercados afectados por la Operación de Concentración: ámbito geográfico del mercado afectado, grado de competencia existente en el mercado, elementos que determinan la facilidad o dificultad de acceso al mercado en el que se ha de verificar la concentración, entre otros;

 

f) descripción detallada de los efectos de la operación sobre el mercado, así como de las eficiencias económicas generadas; y,

 

g) copia de los documentos definitivos o más recientes relativos al cierre de la Operación de Concentración; copia de los análisis o estudios llevados a cabo por las empresas involucradas en la operación a efectos de evaluar la Operación de Concentración en cuanto a las condiciones de competencia, los competidores y la situación de mercado;

 

h) Otros documentos que solicite la Comisión.

 

Artículo 15.- Carácter de declaración jurada de la información. Toda la información presentada durante el transcurso del procedimiento por las Personas o empresas obligadas a realizar la Notificación tendrá carácter de declaración jurada.

 

Capítulo II Evaluación de la Operación

Artículo 16.- Verificación de la información presentada. Dentro del plazo de cinco (5) días posteriores a la presentación de la Notificación, la Secretaría definirá si la información que se acompaña a la solicitud se encuentra completa. Cuando constate que no se ha presentado toda la información requerida, notificará a las Personas o empresas que presentaron la solicitud para que en el plazo máximo de cinco (5) días completen la información faltante, bajo cargo de tener por no presentada la solicitud.

 

Artículo 17.- Requerimiento de información adicional. Vencido el plazo a que se refiere el artículo anterior o satisfecha la presentación de la información faltante, la Comisión o la Secretaría Técnica podrá solicitar dentro de los diez (10) días siguientes, datos o documentos adicionales que considere necesarios para la evaluación de la operación notificada, los que deberán ser proporcionados por los interesados dentro de un plazo máximo de diez (10) días.

 

Artículo 18.- Plazo para la decisión de la Comisión. Para emitir su decisión, la

Comisión tendrá un plazo de treinta (30) días contados a partir del vencimiento del plazo

 

previsto en el Artículo 17 del presente Reglamento o, en su caso, de la recepción de la documentación o información adicional requerida.

 

Artículo 19.- Evaluación de la operación por la Comisión. Para determinar si la Operación de Concentración puede tener el efecto de disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia en los mercados de las Actividades o en los mercados

relacionados, la Comisión deberá tomar en cuenta, cuando menos: la posición de las empresas

participantes en el mercado; la delimitación del mercado relevante; la estructura del mismo; las posibilidades de elección de proveedores, distribuidores y usuarios; la existencia de hecho o de derecho de obstáculos de acceso al mercado; la evolución de la oferta y la demanda; la evolución del progreso técnico o económico; la perspectiva de integración con otros mercados; y, el efecto de la operación en los distintos mercados relevantes en el corto y largo plazo.

 

De igual modo, la evaluación de la concentración deberá comprender, entre otros, los siguientes aspectos:

 

a) Si la operación puede aportar una contribución a la mejora de los sistemas de producción y comercialización, al fomento del progreso técnico y económico, y a los intereses de los usuarios.

 

b) Si la operación puede crear eficiencias dentro del mercado y si dicho aporte es suficiente para compensar los efectos restrictivos sobre la competencia que ocasione tal operación.

 

c) Si la operación produce un aumento significativo de la concentración en el mercado y si como resultado de la misma se genera un mercado concentrado a niveles que limiten significativamente la competencia.

 

d) Si la operación facilita substancialmente la realización de conductas, prácticas, acuerdos, convenios o contratos que impidan, restrinjan, falseen o limiten la libre competencia, así como la imposición de barreras a la entrada de nuevos competidores.

 

e) Si la operación tiene o puede tener por objeto desplazar indebidamente del mercado a otras empresas, o impedirles el acceso al mismo, especialmente en las Operaciones de Concentración entre empresas que se encuentren ubicadas en diferentes cadenas productivas.

 

Artículo 20.- Carga de la prueba de las eficiencias generadas. En los casos de los incisos a) y b) del Artículo 19 de la presente norma, la carga de la prueba de las eficiencias corresponderá a las Personas o empresas que efectuaron la Notificación.

 

Artículo 21.- Opinión de la Secretaría. Dentro de los primeros veinte (20) días del plazo señalado en el Artículo 18 del presente Reglamento, la Secretaría deberá presentar a la Comisión su opinión sobre los efectos de la operación en el mercado y, de ser el caso, recomendar las medidas o sanciones correspondientes.

 

Artículo 22.- Audiencias con los interesados. Antes de adoptar las decisiones previstas en los Artículos 24 o 25 del presente Reglamento y en cualquier etapa del procedimiento, la Comisión o la Sala ofrecerá a las Personas, empresas o asociaciones de empresas que notificaron la operación la oportunidad de expresar sus puntos de vista.

 

Artículo 23.- Propuestas de la Comisión o de la Sala. En cualquier estado del procedimiento de evaluación previa y antes de que se adopte la decisión final, la Comisión o la Sala podrán proponer a las Personas o empresas que efectuaron la Notificación las modificaciones a la Operación de Concentración que, a su juicio, remuevan los elementos que ocasionan o pudieran ocasionar una limitación a la competencia en las Actividades o en los mercados relacionados.

 

Si las Personas y empresas que efectuaron la Notificación estuvieren de acuerdo con la propuesta y se comprometen a realizar las modificaciones a la Operación de Concentración, la Comisión o la Sala adoptarán una decisión declarando que dicha operación es compatible con

 

el mercado, estableciendo además las condiciones destinadas a garantizar que los interesados cumplan con los compromisos que hubieran contraído con miras a modificar el proyecto inicial de la operación.

 

Capítulo III

 

Decisión de la Comisión e Impugnación

 

Artículo 24.- Decisión de la Comisión. Antes del vencimiento del plazo de treinta (30) días establecido en el Artículo 18 del presente Reglamento, la Comisión podrá adoptar, alternativamente, cualquiera de las siguientes decisiones:

 

a) declarar improcedente la solicitud de autorización presentada por no encontrarse la operación notificada dentro del ámbito de aplicación de la Ley;

 

b) autorizar la Operación de Concentración, en los casos en que compruebe que la operación notificada, pese a encontrarse en el ámbito de aplicación de la Ley, no plantea serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado; o

 

c) ampliar el plazo para la decisión de la Comisión hasta por treinta (30) días, en los casos en que sea necesario profundizar el análisis a efectos de determinar la compatibilidad de la operación con el mercado.

 

Artículo 25.- Ampliación del plazo para la decisión de la Comisión. Si la Comisión adopta la decisión señalada en el Artículo 24 inciso c) del presente Reglamento, podrá solicitar a las Personas y empresas que efectuaron la Notificación aclaren, amplíen, expliquen o precisen la información presentada. Las Personas o empresas que efectuaron la Notificación deberán cumplir con el requerimiento dentro de un plazo máximo de diez (10) días, aclarando, ampliando, explicando o precisando la información. Una vez satisfecho dicho requerimiento, la Comisión tendrá un plazo improrrogable de treinta (30) días para pronunciarse autorizando o desaprobando la realización de la Operación de Concentración.

 

Artículo 26.- Silencio administrativo negativo. En caso la Comisión no emitiera un pronunciamiento dentro del plazo establecido en el Artículo 18 del presente Reglamento, la solicitud de autorización se entenderá denegada, entendiéndose, sin admitir prueba en contrario, que la Operación de Concentración notificada no es Compatible con el Mercado.

 

Artículo 27.- Infracciones al Decreto. La decisión de la Comisión o la Sala respecto de una Operación de Concentración no implicará un pronunciamiento sobre la realización de prácticas prohibidas por el Decreto, por lo que dicha decisión no implicará que las Personas o empresas no puedan ser investigadas o sancionadas por infracciones al Decreto.

 

Artículo 28.- Establecimiento de condiciones por la Comisión. La decisión de la Comisión podrá sujetar la autorización al cumplimiento de ciertas condiciones que considere necesarias para evitar que la Operación de Concentración tenga el efecto de disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia en los mercados de las Actividades o en los mercados relacionados, según lo dispuesto en el Artículo 5 inciso a) de la Ley.

 

Artículo 29.- Apelación. Contra las resoluciones dictadas por la Comisión en aplicación del presente Reglamento, sólo se podrá interponer recurso de apelación ante la Sala, con sujeción al Decreto y al Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos (Decreto Supremo Nº 02-94-JUS). La Sala resolverá el recurso de apelación en un plazo máximo improrrogable de treinta (30) días de remitido el expediente por la Secretaría.

 

Título IV

 

Incumplimiento de la Ley, el Reglamento o de las Decisiones de la Comisión o la Sala

 

Artículo 30.- Investigaciones de oficio. Con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley o el presente Reglamento, la Secretaría podrá iniciar una investigación de oficio previa aprobación de la Comisión, o por solicitud de cualquier tercero

con legítimo interés, en contra de las Personas o empresas participantes en una Operación de Concentración con arreglo a las normas de procedimiento contenidas en el Decreto, dictando las medidas preventivas que considere necesarias para asegurar el cumplimiento de la

decisión definitiva. En tal supuesto, las Personas o empresas investigadas deberán probar que

la concentración realizada no se encuentra dentro de los alcances del Artículo 3 de la Ley.

 

Artículo 31.- Inicio de acciones ante otras entidades. Si la Operación de Concentración se hubiera realizado infringiendo lo dispuesto en la Ley o en el presente Reglamento, sin perjuicio de la imposición de las sanciones correspondientes, la Comisión podrá impulsar las acciones pertinentes ante las autoridades administrativas o judiciales correspondientes, encaminadas a dejar sin efecto dicha concentración y/o sus consecuencias. Las acciones judiciales que puede iniciar el Indecopi se tramitarán de acuerdo a las normas del Proceso de Conocimiento contenidas en el Código Procesal Civil.

 

Artículo 32.- Revocatoria de la autorización. La Comisión o la Sala revocarán la decisión por la que se autorizó la Operación de Concentración en los siguientes casos:

 

a) Cuando su decisión se haya basado en información fraudulenta de cuya entrega sea responsable una de las Personas o empresas que efectuó la Notificación.

 

b) Cuando las empresas interesadas hayan incumplido las condiciones impuestas por la Comisión en los casos contemplados en el segundo párrafo del Artículo 23 o en el Artículo

28 del presente Reglamento.

 

En estos casos, la Operación de Concentración realizada carecerá de todo efecto legal oponible a las autoridades correspondientes o a terceras Personas. Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que hubiera lugar, la Comisión o la Sala ordenarán la desconcentración parcial o total de aquello que se hubiera concentrado indebidamente, la terminación del control o la supresión de los actos, según corresponda, adoptando para ello las medidas e impulsando las acciones necesarias para dejar sin efecto el acto de concentración realizado, de acuerdo a la regla dispuesta en el Artículo 31 del presente Reglamento.

 

Artículo 33.- Incumplimiento de la decisión de la Comisión o de la Sala. En caso que las Personas y empresas que solicitaron la evaluación previa concluyeran la Operación de Concentración antes de la decisión de la Comisión o la Sala, o en contra de lo resuelto por ellas, la Comisión o la Sala procederá de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 30 del presente Reglamento, limitándose la investigación a constatar que la operación se realizó en los términos en que fue notificada, e impondrá posteriormente las medidas y sanciones que correspondan.

 

Adicionalmente, la Comisión podrá adoptar las medidas e impulsar las acciones necesarias para dejar sin efecto el acto de concentración realizado, de acuerdo a la regla dispuesta en el Artículo 31 del presente Reglamento.

 

Artículo 34.- Sanciones por infracciones formales y substanciales. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 6 de la Ley, la Comisión podrá imponer multas por infracciones formales a la Ley y al presente Reglamento a las Personas o empresas involucradas en una Operación de Concentración, por un importe no mayor a 500 UIT, cuando: (i) omitan la Notificación de la operación antes de ser realizada; (ii) suministren información fraudulenta adjunta a la Notificación o en respuesta a requerimientos de la Comisión; o (iii) no proporcionen la información dentro de los plazos fijados para su entrega.

 

Sin perjuicio de lo antes señalado, la Comisión podrá imponer multas por infracciones substanciales a la ley y al presente Reglamento, por un importe no mayor al 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos por las Personas o empresas involucradas en la Operación de Concentración correspondientes al año inmediato anterior a la decisión de la Comisión o la Sala, cuando realicen la Operación de Concentración: (i) omitiendo solicitar su autorización

 

previa; (ii) luego de notificada pero antes de la decisión de la Comisión o de la Sala; (iii) a pesar que fuera declarada por la Comisión o la Sala como incompatible con el mercado eléctrico; o, (iv) cuando no cumplan con las condiciones establecidas por la Comisión en los supuestos contemplados en el segundo párrafo del Artículo 23 o en el Artículo 28 del presente Reglamento.

 

Título V Disposiciones Diversas

Artículo 35.- Solicitud de información a terceros. La Comisión, la Sala o la Secretaría podrán solicitar a la Comisión de Tarifas Eléctricas, al Ministerio de Energía y Minas, al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG y/o a cualquier otro organismo público, un informe sobre los aspectos técnicos de los servicios y/o productos vinculados a la Operación de Concentración notificada así como a los mercados respectivos, objeto de evaluación y autorización según el presente Reglamento. En dicho caso, los organismos mencionados deberán presentar el informe requerido en un plazo no mayor de quince (15) días desde la fecha en que fue solicitado, sin que el mismo tenga carácter vinculante para la Comisión o la Sala.

 

Artículo 36.- Confidencialidad y obligación de reserva. Los funcionarios y empleados de los organismos y entidades citados en el artículo anterior se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la obligación establecida por el Artículo 4 del presente Reglamento de mantener bajo secreto profesional toda la información de la que tengan conocimiento y se encuentre relacionada a la Operación de Concentración, sujetándose además a las mismas responsabilidades.

 

Artículo 37.- Legislación complementaria. Una vez iniciado el procedimiento con sujeción a la Ley y al presente Reglamento, la Comisión o la Sala podrán aplicar, de manera referencial y mientras no se encuentren en contradicción con la Ley las definiciones contenidas en la Resolución SBS Nº 001-98, en especial las referidas a propiedad indirecta, vinculación, Grupo Económico y control.

 

Artículo 38.- Tasa. El monto de la tasa a que se encuentra sujeto el procedimiento de evaluación previa deberá ser cancelado con la presentación de la Notificación, teniéndose

como referencia la declaración jurada de las Personas y/o empresas que solicitan la evaluación previa respecto de que el monto pagado corresponde al 0.1% del valor total de la operación o a

50 UIT si el mismo es mayor que esta suma. Sin embargo, si en el transcurso del procedimiento la Secretaría o la Comisión determinan que el monto pagado no constituye el

0.1% del valor total de la operación, notificará a los solicitantes para que en el plazo máximo de dos (2) días cumplan con abonar la diferencia.

 

Artículo 39.- Plazo de prescripción para las investigaciones. La Secretaría podrá iniciar una investigación de oficio o a solicitud de parte, en contra de las Personas o Empresas que Participan en una Operación de Concentración que hubiera sido notificada acompañándola con información fraudulenta, que no hubiera sido notificada, que a pesar de haber sido notificada se hubiera llevado a cabo antes de la decisión de la Comisión o de la Sala o en contra de lo decidido por ellas, dentro de un plazo máximo de cinco (5) años de ejecutado el último acto necesario para formalizar dicha operación. La prescripción se interrumpirá por cualquier acto

de la Comisión o la Secretaría relacionado con la investigación que sea puesto en conocimiento, cuando menos, de una de las Personas o Empresas que Participan en la Operación.

 

Título VI Disposición Transitoria

Unica.- Las normas de procedimiento contenidas en el presente Reglamento serán de aplicación a los procedimientos que se inicien luego de la puesta en vigencia del mismo.

Read more...

Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas

Anticompetitivas

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1034

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: POR CUANTO:

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 104 de la Constitución Política del Perú, mediante Ley Nº 29157, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos de América, y con el apoyo a la competitividad económica para su aprovechamiento, publicada el 20 de diciembre de 2007, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, entre otras materias, para la mejora del marco regulatorio;

 

Que, luego de más de quince años de aplicación del Decreto Legislativo Nº 701, Ley contra las Prácticas Monopólicas, Controlistas y Restrictivas de la Libre Competencia, el diagnóstico evidencia que esta norma presenta una serie de deficiencias y vacíos, requiriéndose por ello una reforma integral;

 

Que, en ese sentido, resulta pertinente la dación de una nueva ley de control de conductas anticompetitivas que precise su finalidad en consonancia con el objetivo previsto en el acuerdo de promoción comercial antes mencionado; clarifique su ámbito de aplicación (subjetivo, objetivo y territorial); destaque el principio de primacía de la realidad; establezca conceptos claros y criterios de análisis que generen mayor predictibilidad en su aplicación al establecer las conductas consideradas como anticompetitivas, como prohibir de manera absoluta aquellas conductas colusorias consideradas a nivel internacional como inherentemente anticompetitivas; redefina y mejore sustancialmente el procedimiento administrativo, incorporando plazos razonables y realistas, la preclusión en el ofrecimiento de pruebas pero sin afectar el derecho de defensa, un mejor tratamiento de las medidas cautelares

y una diferenciación más clara entre el rol instructor y el resolutivo; dote de mayor capacidad disuasiva el esquema de sanciones, mejorando los criterios para establecerlas, incrementando el tope para casos de infracciones muy graves y desarrollando la facultad de la autoridad de competencia para dictar medidas correctivas; entre otros.

 

Que, sobre la base de dicho contenido, una nueva ley que prohíba y sancione el abuso de la posición de dominio y las prácticas colusorias horizontales y verticales fortalecerá sustancialmente el marco regulatorio de defensa de la libre competencia, lo que, a su vez, incentivará la eficiencia económica en los mercados, promoverá la competitividad económica del país y mejorará el bienestar de los consumidores, estableciendo un ambiente apropiado para las inversiones;

 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

 

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

 

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE REPRESIÓN DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS

 

 

 

 

TÍTULO I

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 1.- Finalidad de la presente Ley.-

La presente Ley prohíbe y sanciona las conductas anticompetitivas con la finalidad de promover la eficiencia económica en los mercados para el bienestar de los consumidores.

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación subjetivo.-

 

2.1. La presente Ley se aplica a las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios autónomos u otras entidades de derecho público o privado, estatales o no, con o sin fines de lucro, que en el mercado oferten o demanden bienes o servicios o cuyos asociados, afiliados, agremiados o integrantes realicen dicha actividad. Se aplica también a quienes ejerzan la dirección, gestión o representación de los sujetos de derecho antes mencionados, en la medida que hayan tenido participación en el planeamiento, realización o ejecución de la infracción administrativa.

 

2.2. Las personas naturales que actúan en nombre y por encargo de las personas jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios autónomos o entidades mencionadas en el párrafo anterior, con sus actos generan responsabilidad en éstas, sin que sea exigible para tal efecto condiciones de representación civil.

 

2.3. A los efectos de la presente Ley, cuando se haga referencia a cualquiera de las personas, sociedades irregulares, patrimonios autónomos o entidades antes mencionadas, se utilizará el término “agente económico”. También se utilizará este término para referirse a empresas de un mismo grupo económico.

 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación objetivo.-

Se encuentra fuera de aplicación de la presente Ley aquella conducta que es consecuencia de lo dispuesto en una norma legal. El cuestionamiento a dicha norma se realizará mediante las vías correspondientes y no ante la autoridad de competencia prevista en la presente Ley. El Estado podrá asumir las acciones que considere necesarias para contribuir a mejorar las

condiciones de oferta de los productos en beneficio de los consumidores.

 

No obstante ello, discrecionalmente, la autoridad de competencia podrá emitir informes con relación a las conductas referidas en el párrafo anterior con el fin de evaluar sus efectos sobre la libre competencia y el bienestar del consumidor.

 

Artículo 4.- Ámbito de aplicación territorial.-

La presente Ley es de aplicación a las conductas que produzcan o puedan producir efectos anticompetitivos en todo o en parte del territorio nacional, aún cuando dicho acto se haya originado en el extranjero.

 

Artículo 5.- Primacía de la realidad.-

En la aplicación de esta Ley, la autoridad administrativa determinará la verdadera naturaleza de las conductas investigadas, atendiendo a las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad. La forma de los actos jurídicos utilizados por los contratantes no enerva el análisis que la autoridad efectúe sobre la verdadera naturaleza de las conductas subyacentes a dichos actos.

 

TÍTULO II

 

MERCADO RELEVANTE Y POSICIÓN DE DOMINIO

 

Artículo 6.- El mercado relevante.-

 

6.1. El mercado relevante está integrado por el mercado de producto y el mercado geográfico.

 

6.2. El mercado de producto relevante es, por lo general, el bien o servicio materia de la conducta investigada y sus sustitutos. Para el análisis de sustitución, la autoridad de competencia evaluará, entre otros factores, las preferencias de los clientes o consumidores; las características, usos y precios de los posibles sustitutos; así como las posibilidades tecnológicas y el tiempo requerido para la sustitución.

 

6.3. El mercado geográfico relevante es el conjunto de zonas geográficas donde están ubicadas las fuentes alternativas de aprovisionamiento del producto relevante. Para determinar las alternativas de aprovisionamiento, la autoridad de competencia evaluará, entre otros factores, los costos de transporte y las barreras al comercio existentes.

 

Artículo 7.- De la posición de dominio en el mercado.-

 

7.1. Se entiende que un agente económico goza de posición de dominio en un mercado relevante cuando tiene la posibilidad de restringir, afectar o distorsionar en forma sustancial las condiciones de la oferta o demanda en dicho mercado, sin que sus competidores, proveedores o clientes puedan, en

ese momento o en un futuro inmediato, contrarrestar dicha posibilidad, debido a factores tales como:

 

(a) Una participación significativa en el mercado relevante.

 

 

(b) Las características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios.

 

(c) El desarrollo tecnológico o servicios involucrados.

 

(d) El acceso de competidores a fuentes de financiamiento y suministro así como a redes de distribución.

 

(e) La existencia de barreras a la entrada de tipo legal, económica o estratégica.

 

(f) La existencia de proveedores, clientes o competidores y el poder de negociación de éstos.

 

 

 

ilícita.


7.2. La sola tenencia de posición de dominio no constituye una conducta

 

 

TÍTULO III

 

DE LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS

 

Capítulo I

 

Sobre la Naturaleza de las Prohibiciones

 

Artículo 8.- Prohibición absoluta.-

En los casos de prohibición absoluta, para verificar la existencia de la infracción administrativa, es suficiente que la autoridad de competencia pruebe la existencia de la conducta.

 

Artículo 9.- Prohibición relativa.-

En los casos de prohibición relativa, para verificar la existencia de la infracción administrativa, la autoridad de competencia deberá probar la existencia de la conducta y que ésta tiene, o podría tener, efectos negativos para la competencia y el bienestar de los consumidores.

 

Capítulo II

 

Del Abuso de la Posición de Dominio

 

Artículo 10.- El abuso de la posición de dominio.-

 

10.1. Se considera que existe abuso cuando un agente económico que ostenta posición dominante en el mercado relevante utiliza esta posición para restringir de manera indebida la competencia, obteniendo beneficios y perjudicando a competidores reales o potenciales, directos o indirectos, que no hubiera sido posible de no ostentar dicha posición.

 

10.2. El abuso de la posición de dominio en el mercado podrá consistir en conductas de efecto exclusorio tales como:

 

a) Negarse injustificadamente a satisfacer demandas de compra o adquisición, o a aceptar ofertas de venta o prestación, de bienes o servicios;

 

b) Aplicar, en las relaciones comerciales o de servicio, condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen de manera injustificada a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No constituye abuso de posición de dominio el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen por determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado, monto, volumen u otras que se otorguen con carácter general, en todos los casos en que existan iguales condiciones;

 

c) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones adicionales que, por su naturaleza o arreglo al uso comercial, no guarden relación con el objeto de tales contratos;

 

d) Obstaculizar de manera injustificada a un competidor la entrada o permanencia en una asociación u organización de intermediación;

 

e) Establecer, imponer o sugerir contratos de distribución o venta exclusiva, cláusulas de no competencia o similares, que resulten injustificados;

 

f) Utilizar de manera abusiva y reiterada procesos judiciales o procedimientos administrativos, cuyo efecto sea restringir la competencia;

 

g) Incitar a terceros a no proveer bienes o prestar servicios, o a no aceptarlos; o,

 

h) En general, aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado por razones diferentes a una mayor eficiencia económica.

 

10.3. La presente Ley se aplica inclusive cuando la posición de dominio deriva de una ley u ordenanza, o de un acto, contrato o reglamento administrativo.

 

10.4. Las conductas de abuso de posición de dominio constituyen prohibiciones relativas.

 

10.5. No constituye abuso de posición de dominio el simple ejercicio de dicha posición sin afectar a competidores reales o potenciales.

 

Capítulo III

 

De las Prácticas Colusorias Horizontales

 

Artículo 11.- Prácticas colusorias horizontales.-

 

11.1. Se entiende por prácticas colusorias horizontales los acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas realizadas por agentes económicos competidores entre sí que tengan por objeto o efecto restringir, impedir o falsear la libre competencia, tales como:

 

(a) La fijación concertada, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio;

 

(b) La limitación o control concertado de la producción, ventas, el desarrollo técnico o las inversiones;

(c) El reparto concertado de clientes, proveedores o zonas geográficas; (d) La concertación de la calidad de los productos, cuando no

corresponda a normas técnicas nacionales o internacionales y afecte negativamente al consumidor;

 

(e) La aplicación concertada, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen de manera injustificada a unos competidores en situación desventajosa frente a otros;

 

(f) Concertar injustificadamente la subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones adicionales que, por su naturaleza o arreglo al uso comercial, no guarden relación con el objeto de tales contratos;

 

(g) La negativa concertada e injustificada de satisfacer demandas de compra o adquisición, o de aceptar ofertas de venta o prestación, de bienes o servicios;

 

(h) Obstaculizar de manera concertada e injustificada la entrada o permanencia de un competidor a un mercado, asociación u organización de intermediación;

 

(i) Concertar injustificadamente una distribución o venta exclusiva;

 

(j) Concertar o coordinar ofertas, posturas o propuestas o abstenerse de éstas en las licitaciones o concursos públicos o privados u otras formas de contratación o adquisición pública previstas en la legislación pertinente, así como en subastas públicas y remates; u,

 

(k) Otras prácticas de efecto equivalente que busquen la obtención de beneficios por razones diferentes a una mayor eficiencia económica.

 

11.2. Constituyen prohibiciones absolutas los acuerdos horizontales inter marca que no sean complementarios o accesorios a otros acuerdos lícitos, que tengan por objeto:

 

a) Fijar precios u otras condiciones comerciales o de servicio;

 

b) Limitar la producción o las ventas, en particular por medio de cuotas;

 

c) El reparto de clientes, proveedores o zonas geográficas; o,

 

d) Establecer posturas o abstenciones en licitaciones, concursos u otra forma de contratación o adquisición pública prevista en la legislación pertinente, así como en subastas públicas y remates.

 

11.3. Las prácticas colusorias horizontales distintas a las señaladas en el numeral 11.2 precedente constituyen prohibiciones relativas.

 

Capítulo IV

 

De las Prácticas Colusorias Verticales

 

Artículo 12.- Prácticas colusorias verticales.-

 

12.1. Se entiende por prácticas colusorias verticales los acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas realizados por agentes económicos que operan en planos distintos de la cadena de producción, distribución o comercialización, que tengan por objeto o efecto restringir, impedir o falsear la libre competencia.

 

12.2. Las conductas ilícitas verticales podrán consistir en los supuestos tipificados a modo de ejemplo en los numerales 10.2 del Artículo 10 y 11.1 del Artículo 11 de la presente Ley, según corresponda.

 

12.3. La configuración de una práctica colusoria vertical requiere que al menos una de las partes involucradas tenga, de manera previa al ejercicio de la práctica, posición de dominio en el mercado relevante.

 

12.4. Las prácticas colusorias verticales constituyen prohibiciones relativas.

 

TÍTULO IV

 

DE LAS AUTORIDADES DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

 

Artículo 13.- Las autoridades de competencia.-

 

13.1. En primera instancia administrativa la autoridad de competencia es la Comisión, entendiendo por ésta a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI.

 

13.2. En segunda instancia administrativa la autoridad de competencia es el Tribunal, entendiendo por éste al Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI.

 

Artículo 14.- La Comisión.-

 

14.1. La Comisión es el órgano con autonomía técnica y funcional encargado del cumplimiento de la presente Ley con competencia exclusiva, salvo que dicha competencia haya sido asignada o se asigne por ley expresa a otro organismo público.

 

14.2. Son atribuciones de la Comisión:

 

a) Declarar la existencia de una conducta anticompetitiva e imponer la sanción correspondiente;

 

b) Dictar medidas cautelares;

 

c) Dictar medidas correctivas respecto de las conductas anticompetitivas;

 

d) Expedir Lineamientos que orienten a los agentes del mercado sobre la correcta interpretación de las normas de la presente Ley;

 

e) Sugerir a la Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI, emitir opinión, exhortar o recomendar a las autoridades legislativas, políticas o administrativas sobre la implementación de medidas que restablezcan o promuevan la libre competencia, tales como la eliminación de barreras a la entrada, la aplicación de regulación económica a un mercado donde la competencia no es posible, entre otros; y,

 

f) Las demás que le asignen las disposiciones legales vigentes. Artículo 15.- La Secretaría Técnica.-

15.1. La Secretaría Técnica de la Comisión es el órgano con autonomía técnica que realiza la labor de instructor del procedimiento de investigación y sanción de conductas anticompetitivas y que emite opinión sobre la existencia de la conducta infractora.

 

 

 

15.2. Son atribuciones de la Secretaría Técnica:

 

a) Efectuar investigaciones preliminares;

 

b) Iniciar de oficio el procedimiento de investigación y sanción de conductas anticompetitivas;

 

c) Tratándose de una denuncia de parte, decidir la admisión a trámite del procedimiento de investigación y sanción de conductas anticompetitivas, pudiendo declarar inadmisible o improcedente la denuncia, según corresponda;

 

d) Solicitar a la Comisión el dictado de una medida cautelar;

 

e) Instruir el procedimiento sancionador, realizando investigaciones y actuando medios probatorios, y ejerciendo para tal efecto las facultades y competencias que las leyes han atribuido a las Comisiones del INDECOPI;

 

f) Excepcionalmente y con previo acuerdo de la Comisión, podrá inmovilizar por un plazo no mayor de diez (10) días hábiles prorrogables por otro igual, libros, archivos, documentos, correspondencia y registros en general de la persona natural o jurídica investigada, tomando copia de los mismos. En iguales circunstancias, podrá retirarlos del local en que se encuentren, hasta por quince (15) días hábiles, requiriendo de autorización judicial para proceder al retiro, conforme al proceso especial previsto en el literal c) del numeral 15.3 del presente Artículo;

 

g) Realizar estudios y publicar informes;

 

h) Elaborar propuestas de Lineamientos;

 

i) Canalizar el apoyo administrativo que requiera la Comisión;

 

j) Realizar actividades de capacitación y difusión de la aplicación de las normas de defensa de la libre competencia; y,

 

k) Otras que le asignen las disposiciones legales vigentes.

 

15.3. Para el desarrollo de sus investigaciones, la Secretaría Técnica se encuentra facultada para:

 

(a) Exigir a las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares y patrimonios autónomos, la exhibición de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia interna o externa y los registros magnéticos incluyendo, en este caso, los programas que fueran necesarios para su lectura; así como solicitar información referida a la organización, los negocios, el accionariado y la estructura de propiedad de las empresas.

 

(b) Citar e interrogar, a través de los funcionarios que se designe para el efecto, a las personas materia de investigación o a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores y a terceros, utilizando los medios técnicos que considere necesarios para generar un registro completo y fidedigno de sus declaraciones, pudiendo para ello utilizar grabaciones magnetofónicas, en vídeo, disco compacto o cualquier otro tipo de instrumento electrónico.

 

(c) Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares y patrimonios autónomos y examinar los libros, registros, documentación y bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de procesos productivos y tomar la declaración de las personas que en ellos se encuentren. En el acto de la inspección podrá tomarse copia de los archivos físicos, magnéticos o electrónicos, así como de cualquier documento que se estime pertinente o tomar las fotografías o

 

filmaciones que se estimen necesarias. Para ingresar podrá solicitarse el apoyo de la fuerza pública.

 

La Secretaría Técnica deberá obtener autorización judicial previa para proceder al descerraje en caso hubiera negativa a la entrada en los locales o éstos estuvieran cerrados, así como para copiar correspondencia privada que pudiera estar contenida en archivos físicos o electrónicos, conforme al proceso especial que a continuación se detalla:

 

(i) La Secretaría Técnica solicitará al Juez Penal de Turno una cita para obtener una autorización especial de descerraje o copia de correspondencia privada, sin mencionar el nombre de la persona natural o jurídica, sociedad irregular o patrimonio autónomo que será materia de inspección sin previo aviso.

 

(ii) Recibida la solicitud, el Juez programará, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, y bajo responsabilidad, una reunión con la Secretaría Técnica, en la que podrá estar presente un Fiscal.

 

(iii) En el despacho del Juez, y en la hora programada, el Secretario Técnico explicará al Juez y, de ser el caso, también al Fiscal, las razones de su solicitud de autorización especial de descerraje o copia de correspondencia privada, presentando la información o exhibiendo los documentos que evidencian la existencia de indicios razonables de la comisión de una infracción administrativa por parte de la persona o empresa que será materia de inspección, la que será identificada en el acto así como el lugar donde se realizará la inspección. En dicha reunión, si el Juez estima que la solicitud resulta justificada, la declarará procedente, emitiendo en el acto la resolución correspondiente, levantándose un Acta suscrita por todos los presentes.

 

(iv) En la resolución mencionada en el párrafo anterior se señalará el nombre, denominación o razón social de la persona o empresa que será inspeccionada por la Secretaría Técnica así como el lugar donde se encuentra ubicado el local o locales materia de inspección, y se motivará y especificará los alcances de la autorización correspondiente, la que podrá comprender, entre otros, la revisión y copia de los correos electrónicos recibidos o remitidos por los directivos, administradores o representantes de la persona o empresa materia de investigación.

 

(v) En un plazo no mayor de tres (3) días de culminada la visita de inspección, la Secretaría Técnica elaborará un informe dando cuenta de los pormenores de la diligencia, la que será remitida al Juez y, de ser el caso, al Fiscal que estuvo en la reunión.

 

(vi) Tanto el Juez como el Fiscal antes mencionados deberán guardar reserva absoluta del proceso especial, bajo responsabilidad, desde el inicio de la reunión en la que se evalúe la solicitud de autorización especial de descerraje y/o copia de correspondencia privada presentada por la Secretaría Técnica hasta el momento en que reciban de ésta el informe a que se refiere el párrafo anterior.

 

 

(vii) En caso de negativa, la Secretaría Técnica se encuentra habilitada para formular una segunda solicitud de autorización especial de descerraje o copia de correspondencia privada.

 

Artículo 16.- El Tribunal.-

 

16.1. El Tribunal es el órgano encargado de revisar en segunda y última instancia los actos impugnables emitidos por la Comisión o la Secretaría Técnica.

 

16.2. El Tribunal, a través de su Secretaría Técnica, está facultado para, de oficio, actuar medios probatorios que permitan esclarecer los hechos imputados a título de infracción.

 

Artículo 17.- Del OSIPTEL.-

La aplicación de la presente Ley al mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones estará a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del

OSIPTEL. En tal sentido, las instancias competentes, las facultades de éstas y los procedimientos que rigen su actuación serán los establecidos en su marco normativo.

 

TÍTULO V

 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

 

Capítulo I

 

De la Postulación

 

Artículo 18.- Formas de iniciación del procedimiento.-

 

18.1. El procedimiento sancionador de investigación y sanción de conductas anticompetitivas se inicia siempre de oficio, bien por iniciativa de la Secretaría Técnica o por denuncia de parte.

 

18.2. En el procedimiento trilateral sancionador promovido por una denuncia de parte, el denunciante es un colaborador en el procedimiento de investigación, conservando la Secretaría Técnica la titularidad de la acción de oficio.

 

18.3. El procedimiento sancionador podrá ser iniciado cuando la conducta denunciada se está ejecutando, cuando exista amenaza de que se produzca e, inclusive, cuando ya hubiera cesado sus efectos.

 

Artículo 19.- Requisitos de la denuncia de parte.-

La denuncia de parte que imputa la realización de conductas anticompetitivas, deberá contener:

 

 

(a) Nombre, denominación o razón social del denunciante, su domicilio y los poderes correspondientes, de ser el caso.

 

(b) Indicios razonables de la presunta existencia de una o más conductas anticompetitivas.

 

(c) Identificación de los presuntos responsables, siempre que sea posible.

 

(d) El comprobante de pago de la tasa por derecho de tramitación del procedimiento sancionador. Esta tasa está exceptuada del límite en cuanto al monto establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

 

 

 

parte.-


Artículo 20.- Actuaciones previas a la admisión a trámite por denuncia de

 

Presentada la denuncia de parte y con anterioridad a la resolución de

 

inicio del procedimiento de identificación y sanción de conductas anticompetitivas, la Secretaría Técnica podrá realizar actuaciones previas con el fin de reunir información o identificar indicios razonables de la existencia de conductas anticompetitivas. Estas actuaciones previas se desarrollarán en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados desde la presentación de la denuncia.

 

Artículo 21.- Resolución de inicio del procedimiento.-

 

21.1. La Secretaría Técnica se pronunciará sobre la admisión a trámite de una denuncia de parte luego de verificar el cumplimiento de los requisitos formales exigidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del INDECOPI, la competencia de la Comisión y la existencia de indicios razonables de infracción a la presente Ley.

 

21.2. La resolución de imputación de cargos o de inicio del procedimiento deberá contener:

 

a) La identificación de agente o agentes económicos a los que se imputa la presunta infracción;

 

b) Una sucinta exposición de los hechos que motivan la instauración del procedimiento, la calificación jurídica de la posible infracción y, en su caso, las sanciones que pudieran corresponder;

 

c) La identificación del órgano competente para la resolución del caso, indicando la norma que le atribuya dicha competencia; y,

 

d) La indicación del derecho a formular descargos y el plazo para su ejercicio.

 

21.3. La resolución de inicio del procedimiento se informará a la

Comisión en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles y, en este mismo

 

plazo, se notificará a los agentes económicos denunciados y a quienes presentaron la denuncia de parte, las que se consideran apersonadas al procedimiento por dicha presentación, de ser el caso.

 

21.4. La resolución que declare inadmisible o improcedente la denuncia es impugnable ante el Tribunal en el plazo de quince (15) días hábiles.

 

21.5. Admitida a trámite la denuncia, si la Secretaría Técnica lo considera pertinente, publicará una nota sucinta sobre su objeto, de manera que cualquiera con interés legítimo pueda apersonarse al procedimiento o simplemente aportar información a la investigación. Dicha nota se publicará en la página web del INDECOPI, en el Diario Oficial El Peruano y en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional.

 

Artículo 22.- Plazo para la presentación de descargos.-

 

22.1. El denunciado o denunciados podrán contestar los cargos imputados en la resolución de inicio del procedimiento en un plazo de treinta (30) días hábiles, presentando los argumentos que estime convenientes y ofreciendo las pruebas correspondientes.

 

22.2. Durante el plazo mencionado en el párrafo precedente, otras partes con interés legítimo pueden apersonarse al procedimiento, expresando los argumentos y ofreciendo las pruebas que resulten relevantes, previo cumplimiento de los requisitos para formular una denuncia de parte.

 

Capítulo II

 

De las Medidas Cautelares

 

Artículo 23.- Medidas cautelares.-

 

23.1. Antes de iniciarse el procedimiento sancionador o en cualquier etapa dentro de éste, la Comisión podrá dictar, a solicitud de la Secretaría Técnica o a pedido de quien haya presentado una denuncia de parte o de tercero con interés legítimo que también se haya apersonado al procedimiento, una medida cautelar destinada a asegurar la eficacia de la decisión definitiva, lo cual incluye asegurar el cumplimiento de las medidas correctivas que se pudieran dictar en la resolución final.

 

23.2. La Comisión podrá adoptar la medida cautelar innovativa o no innovativa, genérica o específica, que considere pertinente, en especial la orden de cesación de actividades, la obligación de contratar, la imposición de condiciones, la suspensión de los efectos de actos jurídicos, la adopción de comportamientos positivos y cualesquiera otras que contribuyan a preservar la

competencia afectada y evitar el daño que pudieran causar las conductas a que el procedimiento se refiere.

 

23.3. Las medidas cautelares deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades del daño que se pretenda evitar.

 

 

23.4. Cuando la medida cautelar se otorgue antes de iniciarse un procedimiento sancionador, dicha medida caducará si no se inicia un procedimiento sancionador dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de su notificación.

 

23.5. Tratándose de solicitudes de parte, la Comisión podrá aceptarlas o desestimarlas en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, prorrogables por una sola vez y por el mismo plazo. No son exigibles, a quien presente la solicitud, medidas de aseguramiento civil como contracautela o similares. La Comisión podrá conceder medidas cautelares distintas a las solicitadas, siempre que considere que se ajusten de mejor manera a la intensidad, proporcionalidad y necesidad del daño que se pretende evitar.

 

23.6. En cualquier momento del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, se podrá acordar la suspensión, modificación o revocación de las medidas cautelares.

 

23.7. Las resoluciones que imponen medidas cautelares son apelables ante el Tribunal en el plazo de cinco (5) días hábiles. La apelación de medidas cautelares se concederá sin efecto suspensivo, tramitándose en cuaderno separado, y sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 216 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. El Tribunal se pronunciará sobre la apelación en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles.

 

23.8. El Tribunal tiene las mismas facultades atribuidas a la Comisión para el dictado de medidas cautelares.

 

Artículo 24.- Requisitos para el dictado de medidas cautelares.- Para el otorgamiento de una medida cautelar, la Comisión deberá

verificar el cumplimiento concurrente de los siguientes requisitos:

 

(a) El pago de la tasa por derecho de trámite ascendente a media (1/2) Unidad Impositiva Tributaria;

 

(b) La verosimilitud de la denuncia;

 

(c) El peligro en la demora del pronunciamiento final; y, (d) La posibilidad de lo pedido.

Capítulo III

 

Del Compromiso de Cese y la Solicitud de Exoneración de Sanción

 

Artículo 25.- Del Compromiso de Cese.-

 

25.1. Dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos o resolución de inicio del procedimiento, el presunto o presuntos responsables podrán ofrecer un

 

compromiso referido al cese de los hechos investigados o a la modificación de aspectos relacionados con ellos.

 

25.2. La solicitud de compromiso de cese se tramitará en cuaderno aparte, siendo accesorio del expediente principal.

 

25.3. Para evaluar la solicitud de compromiso de cese, y en ejercicio de una facultad discrecional, la Secretaría Técnica tomará en consideración el cumplimiento concurrente de las siguientes condiciones:

 

(a) Que la totalidad o una parte de los agentes económicos investigados efectúe un reconocimiento de todos o algunos de los cargos imputados en la resolución de admisión a trámite. Dicho reconocimiento debe resultar verosímil a la luz de los medios de prueba que obren en el expediente principal o que hayan sido aportados por las partes en el marco del procedimiento de aprobación del compromiso de cese;

 

(b) Que sea verosímil que la conducta anticompetitiva imputada y reconocida por los agentes económicos investigados no haya causado, o no cause, una grave afectación al bienestar de los consumidores. Para ello se podrá tomar en cuenta, de modo indiciario, el tamaño del mercado relevante, la duración de la conducta, el bien o servicio objeto de la conducta, el número de empresas o consumidores afectados, entre otros factores; y,

 

(c) Que los agentes económicos investigados ofrezcan medidas correctivas que permitan verificar el cese de la práctica anticompetitiva denunciada y que garanticen que no habrá reincidencia. Adicionalmente, podrán ofrecerse medidas complementarias que evidencien el propósito de enmienda de los infractores.

 

25.4. La Secretaría Técnica evaluará la propuesta y, en caso de estimarla satisfactoria, propondrá a la Comisión la suspensión del procedimiento administrativo principal, sugiriendo las medidas pertinentes con el objeto de verificar el cumplimiento del compromiso. La Comisión decide la aprobación o denegatoria de la propuesta, siendo su pronunciamiento inimpugnable debido a su naturaleza eminentemente discrecional.

 

25.5 En caso de incumplimiento del compromiso se reiniciará el procedimiento, de oficio o a petición de parte. El referido incumplimiento será tratado como una infracción grave, por lo que la Comisión podrá imponer al denunciado una multa de hasta mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias.

 

25.6. Las declaraciones e información que los investigados aporten en el procedimiento de solicitud de compromiso de cese no podrán ser utilizadas en el expediente principal del procedimiento de investigación y sanción de la conducta anticompetitiva, bajo sanción de nulidad de este último.

 

25.7. La aprobación del compromiso de cese no elimina ni limita la responsabilidad civil de los denunciados por los daños y perjuicios ocasionados, de ser el caso.

 

 

Artículo 26.- Exoneración de sanción.-

 

26.1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, cualquier persona podrá solicitar a la Secretaría Técnica que se le exonere de sanción a cambio de aportar pruebas que ayuden a identificar y acreditar la existencia de una práctica ilegal. De estimarse que los elementos de prueba ofrecidos son determinantes para sancionar a los responsables, la Secretaría Técnica podrá proponer, y la Comisión aceptar, la aprobación del ofrecimiento efectuado. Para ello la Secretaría Técnica cuenta con todas las facultades de negociación que fuesen necesarias para establecer los términos del ofrecimiento.

 

26.2. El compromiso de exoneración de sanción será suscrito por el interesado y la Secretaría Técnica y contendrá la obligación de guardar reserva sobre el origen de las pruebas aportadas. El incumplimiento de la obligación de reserva generará en el funcionario las responsabilidades administrativas y penales previstas para el caso de información declarada reservada por la Comisión. La suscripción del compromiso y el cumplimiento de lo acordado por parte del interesado, lo exonera de sanción respecto de la conducta llevada a cabo, no pudiendo la Comisión, ni ninguna otra autoridad administrativa o jurisdiccional, seguirle o iniciarle procedimiento administrativo o proceso judicial por los mismos hechos.

 

26.3. Si son varios los agentes económicos que solicitan la exoneración de sanción, sólo el primero que haya aportado pruebas de la existencia de la conducta anticompetitiva y de la identidad de los infractores, será beneficiado con la exoneración. Otros agentes económicos que aporten información relevante podrán ser beneficiados con la reducción de la multa, si dicha información es distinta a la que posee la autoridad de competencia, ya sea por propias investigaciones o por la solicitud de exoneración presentada con anterioridad. La Secretaría Técnica analizará en cada caso la pertinencia de la reducción de la multa.

 

26.4. La aprobación de exoneración de sanción no elimina ni limita la responsabilidad civil de los denunciados por los daños y perjuicios ocasionados, de ser el caso.

 

Capítulo IV

 

De la Instrucción

 

Artículo 27.- Período de prueba.-

El período de prueba no podrá exceder de siete (7) meses contados a partir del vencimiento del plazo para la contestación. Los gastos de actuación de las pruebas son de cargo de las partes que las ofrecen y no tienen naturaleza tributaria.

 

Artículo 28.- Medios de prueba.-

 

28.1. La Secretaría Técnica podrá actuar, o las partes ofrecer, los siguientes medios probatorios:

 

a) Documentos;

 

b) Declaración de parte;

 

c) Testimonios; d) Inspecciones; e) Pericias; u,

f) Otras pruebas si a criterio de la Secretaría Técnica son necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados o imputados.

 

28.2. En caso fuera necesario realizar una inspección, ésta será efectuada por la Secretaría Técnica o por el funcionario designado por ésta para dicho efecto. Siempre que se realice una inspección deberá levantarse un acta que será firmada por quien se encuentre a cargo de ella, así como por los interesados, quienes ejerzan su representación o por el encargado del almacén, oficina o establecimiento correspondiente.

 

28.3. Tanto para la actuación de las pruebas como para la realización de las diligencias, la Secretaría Técnica o el funcionario designado por ésta podrá requerir la intervención de la Policía Nacional, sin necesidad de notificación previa, para garantizar el cumplimiento de sus funciones;

 

28.4. Los medios probatorios deberán ser costeados por quien los ofrezca. Los costos de aquellos que sean ordenados por la autoridad podrán ser distribuidos entre el imputado y quien haya presentado la denuncia de parte, de ser el caso, al finalizar el procedimiento y dependiendo de su resultado.

 

Artículo 29.- Improcedencia de medios probatorios.-

La Secretaría Técnica podrá rechazar los medios probatorios propuestos por los agentes económicos investigados, por quienes hayan presentado la denuncia de parte o por terceros con interés legítimo que también se hayan apersonado al procedimiento, cuando sean manifiestamente impertinentes o innecesarios, mediante resolución motivada.

 

Artículo 30.- Actuaciones de instrucción.-

 

30.1. La Secretaría Técnica está facultada, en razón de su competencia, a realizar de oficio cuantas actuaciones probatorias resulten necesarias para el examen de los hechos, recabando los documentos, información u objetos que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia o no de la infracción administrativa que se imputa.

 

30.2. Si, como consecuencia de la instrucción del procedimiento, resultase modificada la determinación inicial de los hechos o de su posible calificación, la Secretaría Técnica emitirá una nueva resolución de imputación que sustituirá como pliego de cargos a la resolución de inicio del procedimiento, informando de ello a la Comisión y notificando a las personas imputadas, así como a las personas que hayan presentado la denuncia de parte, si fuera el caso. En caso de emitirse esta nueva resolución, se inicia un nuevo cómputo

de plazos para la formulación de los descargos y un nuevo cómputo del plazo legal que corresponde a la tramitación del procedimiento.

 

30.3. Un mes antes de finalizar el período de prueba, la Secretaría

Técnica informará a las partes de dicha circunstancia.

 

30.4. Dentro de un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación a que se refiere el numeral anterior, las partes que lo consideren pertinente podrán presentar, como pruebas adicionales, únicamente documentos, de lo que se correrá traslado a todas las partes del procedimiento.

 

30.5. Al finalizar el período de prueba, la Secretaría Técnica informará a las partes que la etapa probatoria a su cargo terminó, por lo que ya no admitirá la presentación de medios probatorios adicionales.

 

Capítulo V

 

De la Información Pública y Confidencial

 

Artículo 31.- Acceso al expediente.-

En cualquier momento del procedimiento, y hasta que éste concluya en sede administrativa, únicamente la parte investigada, quien haya presentado una denuncia de parte o terceros con interés legítimo que también se hayan apersonado al procedimiento, tienen derecho a conocer el estado de tramitación del expediente, acceder a éste y obtener copias de los actuados, siempre que la Comisión no hubiere aprobado su reserva por constituir información confidencial.

 

Artículo 32.- Información confidencial.-

 

32.1. A solicitud de parte o tercero con interés legítimo, incluyendo a una entidad pública, la Comisión declarará la reserva de aquella información que tenga carácter confidencial, ya sea que se trate de un secreto comercial o industrial, información que afecte la intimidad personal o familiar, aquella cuya divulgación podría perjudicar a su titular y, en general, la prevista como tal en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 

La solicitud de declaración de reserva sobre un secreto comercial o industrial será concedida, siempre que:

 

a) Dicha información sea un conocimiento que tenga carácter de reservado o privado sobre un objeto determinado;

 

b) Quienes tengan acceso a dicho conocimiento tengan la voluntad e interés consciente de mantenerlo reservado, adoptando las medidas necesarias para mantener dicha información como tal; y,

 

c) La información tenga un valor comercial, efectivo o potencial.

 

32.2. Sólo podrán acceder a la información declarada bajo reserva los miembros de la Comisión y los vocales del Tribunal, sus Secretarios Técnicos y las personas debidamente autorizadas por éstos que laboren o mantengan una relación contractual con el INDECOPI.

 

32.3. En los casos en que la Comisión o el Tribunal conceda el pedido de reserva formulado, tomará todas las medidas que sean necesarias para garantizar la reserva de la información confidencialidad, bajo responsabilidad.

 

32.4. Para que proceda la solicitud de declaración de reserva, el interesado deberá precisar cuál es la información confidencial, justificar su solicitud y presentar un resumen no confidencial sobre dicha información. Para evaluar si la información tiene carácter confidencial, la Comisión evaluará la pertinencia de la información, su no divulgación previa y la eventual afectación que podría causar su divulgación.

 

32.5. Tratándose de una visita de inspección o una entrevista, y en el momento de realizarse esta diligencia, el interesado podrá solicitar la reserva genérica de toda la información o documentación que esté declarando o suministrando a la Secretaría Técnica. Ésta, con posterioridad, deberá informar al interesado qué información o documentación resulta pertinente para la investigación, otorgando un plazo razonable para que el interesado individualice, respecto de la información pertinente, la solicitud de confidencialidad conforme a lo establecido en el párrafo anterior.

 

32.6. La autoridad podrá declarar de oficio la reserva de información vinculada a la intimidad personal o familiar.

 

32.7. Los procedimientos y plazos para la declaración de reserva de información confidencialidad serán establecidos por Directiva conforme lo prevé la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI.

 

Capítulo VI

 

De la Conclusión del Procedimiento en Primera Instancia

 

Artículo 33.- El Informe Técnico.-

 

33.1. En un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles contados desde el vencimiento del período de prueba, la Secretaría Técnica emitirá un Informe Técnico dando cuenta de lo siguiente:

 

(i) Hechos probados;

(ii) Determinación de la infracción administrativa;

 

(iii) Identificación de los responsables;

(iv) Propuesta de graduación de la sanción; y,

(v) Propuesta de medidas correctivas pertinentes.

 

33.2. En caso de que la Secretaría Técnica no encuentre pruebas de la existencia de una conducta anticompetitiva, propondrá a la Comisión la declaración de inexistencia de infracción administrativa.

 

33.3. El Informe Técnico será notificado a las partes del procedimiento, quienes contarán con un plazo de quince (15) días hábiles para formular alegaciones y presentar escritos solicitando el uso de la palabra ante la Comisión.

 

33.4. Vencido el plazo para formular alegaciones, la Secretaría Técnica dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles para poner en conocimiento de la Comisión lo actuado en el procedimiento, su Informe Técnico, las alegaciones de las partes respecto del Informe Técnico y, de ser el caso, las solicitudes de uso de la palabra que se hubieran presentado.

 

Artículo 34.- La audiencia de informe oral.-

Una vez puesto en su conocimiento el Informe Técnico y las alegaciones, la Comisión podrá, conforme a las solicitudes formuladas o de oficio, citar a las partes a audiencia de informe oral, considerando la necesidad de dicha diligencia para contar con suficientes elementos de juicio para resolver, con no menos de cinco (5) días de anticipación.

 

Artículo 35.- Preclusión en la presentación de pruebas y alegatos finales.-

 

35.1. Excepcionalmente, la Comisión dispondrá la actuación de medios probatorios adicionales si, a su juicio, resultan pertinentes para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

 

35.2. Si la Comisión ordena la actuación de medios probatorios adicionales, las partes tendrán derecho a presentar los suyos, abriéndose una fase probatoria de treinta (30) días hábiles, lo que será notificado a todas las partes del procedimiento.

 

35.3. Concluida la fase probatoria mencionada en el numeral anterior, la Comisión podrá citar a las partes a una segunda audiencia de informe oral, con no menos de cinco (5) días de anticipación.

 

35.4. Las partes podrán presentar alegatos finales sólo hasta los diez (10) días hábiles siguientes de realizado el informe oral a que se refiere el numeral anterior. Las partes no podrán presentar pruebas adicionales en sus alegatos finales.

 

35.5. Cualquier documento presentado con posterioridad al vencimiento del plazo antes indicado no será tomado en consideración por la Comisión.

 

Artículo 36.- Resolución final.-

 

36.1. La Comisión tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo que tienen las partes para presentar alegatos finales, para emitir su pronunciamiento.

 

36.2. La resolución de la Comisión será motivada y decidirá todas las cuestiones que se deriven del expediente. En la resolución no se podrá atribuir responsabilidad a los involucrados por hechos que no hayan sido adecuadamente imputados en la instrucción del procedimiento.

 

36.3. La resolución se notificará a las partes comprendidas en el procedimiento en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados desde su expedición.

 

Capítulo VII

 

Del Procedimiento en Segunda Instancia

 

Artículo 37.- Recurso de apelación.-

 

37.1. La resolución final de la Comisión es apelable por el imputado, por quien haya presentado la denuncia de parte y por los terceros con interés legítimo que se hayan apersonado al procedimiento, ante el Tribunal, en el plazo de quince (15) días hábiles. La Secretaría Técnica podrá apelar la resolución que exculpa a los investigados, así como la multa impuesta.

 

37.2. Asimismo, son apelables ante el Tribunal, en el mismo plazo, los siguientes actos de la Secretaría Técnica o la Comisión, según corresponda:

a) Los que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento; y, b) Los que puedan producir indefensión o perjuicio irreparable a

derechos o intereses legítimos.

 

37.3. La apelación será concedida por el órgano que emitió el acto que se impugna y sin efecto suspensivo, salvo que dicho órgano disponga lo contrario.

 

37.4. Contra los actos y resoluciones de la Secretaría Técnica y la

Comisión no cabe recurso de reconsideración.

 

37.5. El recurso de apelación se tramita en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días hábiles. La resolución del Tribunal se notificará a las partes del procedimiento y a los terceros que se hayan apersonado en un plazo máximo de diez (10) días hábiles desde su expedición.

 

Artículo 38.- Interposición del recurso de apelación.-

 

38.1. El recurso se presentará ante el órgano que expidió la resolución que se apela, el que lo remitirá al Tribunal, junto con el expediente principal, o en cuaderno por cuerda separada, según corresponda, y una vez comprobado que reúne los requisitos de admisibilidad y procedencia, en el plazo de quince (15) días hábiles. Frente a la declaración de inadmisible o improcedencia del recurso se podrá interponer recurso de queja ante el Tribunal.

 

38.2. Las partes interesadas en la determinación de la existencia de una conducta infractora y la imposición de una sanción sólo podrán apelar la resolución final cuando ésta haya exculpado al denunciado.

 

Artículo 39.- Tramitación del recurso de apelación.-

 

39.1. El Tribunal notificará a los interesados, en un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la recepción del expediente, el arribo de éste y el inicio del trámite del recurso de apelación.

 

39.2. Los apelantes podrán presentar las alegaciones, documentos y justificaciones que estimen pertinentes, en un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación señalada en el numeral anterior.

 

39.3. A pedido de parte, o de oficio, el Tribunal citará a audiencia de informe oral a las partes para que expongan sus alegatos finales, con no menos de cinco (5) días de anticipación.

 

39.4. Las partes podrán presentar alegatos finales sólo hasta los cinco (5) días hábiles siguientes de realizado el informe oral. Cualquier documento presentado con posterioridad no será tomado en consideración por el Tribunal.

 

Artículo 40.- Resolución del Tribunal.-

La resolución del Tribunal no podrá suponer la imposición de sanciones más graves para el infractor sancionado, cuando éste recurra o impugne la resolución de la Comisión.

 

Artículo 41.- Cuestionamiento a las resoluciones del Tribunal.-

Las resoluciones definitivas del Tribunal agotan la vía administrativa. No cabe la interposición de recurso alguno en la vía administrativa y únicamente podrá interponerse contra ellas una demanda contenciosa administrativa en los términos fijados en la legislación de la materia.

 

Capítulo VIII

 

Prescripción de la Infracción

 

Artículo 42.- Plazo de prescripción de la infracción administrativa.-

Las infracciones a la presente Ley prescribirán a los cinco (5) años de realizado el último acto de ejecución de la conducta infractora. La prescripción se interrumpe por cualquier acto de la Secretaría Técnica relacionado con la investigación de la infracción que sea puesto en conocimiento del presunto responsable. El cómputo del plazo se volverá a iniciar si el procedimiento

 

permaneciera paralizado durante más de noventa (90) días hábiles por causa no imputable al investigado.

 

TÍTULO VI

 

SANCIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS

 

Capítulo I

 

De la Sanciones por la Infracción Administrativa

 

Artículo 43.- El monto de las multas.-

 

43.1. Las conductas anticompetitivas serán sancionadas por la Comisión, sobre la base de Unidades Impositivas Tributarias (UIT), con las siguientes multas:

 

a) Si la infracción fuera calificada como leve, una multa de hasta quinientas (500) UIT, siempre que dicha multa no supere el ocho por ciento (8%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, o su grupo económico, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión;

 

b) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta mil (1

000) UIT, siempre que dicha multa no supere el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, o su grupo económico, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la resolución de la Comisión; o,

 

c) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa superior a mil (1 000) UIT, siempre que dicha multa no supere el doce por ciento (12%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, o su grupo económico, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la resolución de la Comisión.

 

43.2. En caso de tratarse de colegios profesionales o gremios de empresas, o agentes económicos que hubieran iniciado sus actividades después del 1 de enero del ejercicio anterior, la multa no podrá superar, en ningún caso, las mil (1 000) UIT.

 

43.3. Además de la sanción que a criterio de la Comisión corresponde imponer a los infractores, cuando se trate de una persona jurídica, sociedad irregular, patrimonio autónomo o entidad, se podrá imponer una multa de hasta cien (100) UIT a cada uno de sus representantes legales o a las personas que integran los órganos de dirección o administración según se determine su responsabilidad en las infracciones cometidas.

 

43.4. La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.

 

43.5. Para calcular el monto de las multas a aplicarse de acuerdo a la presente Ley, se utilizará la UIT vigente a la fecha de pago efectivo o ejecución coactiva de la sanción.

 

43.6. La multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele su monto con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución de la Comisión que puso fin a la instancia

y en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución.

 

Artículo 44.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la multa.-

La Comisión tendrá en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios:

 

(a) El beneficio ilícito esperado por la realización de la infracción; (b) La probabilidad de detección de la infracción:

(c) La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia; (d) La dimensión del mercado afectado;

(e) La cuota de mercado del infractor;

 

(f) El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos o potenciales, sobre otras partes en el proceso económico y sobre los consumidores;

 

(g) La duración de la restricción de la competencia; (h) La reincidencia de las conductas prohibidas; o, (i) La actuación procesal de la parte.

Artículo 45.- Prescripción de la sanción.-

 

45.1. La acción para exigir el cumplimiento de las sanciones prescribe a los tres (3) años contados desde el día siguiente a aquél en que la resolución por la que se impone la sanción quede firme.

 

45.2. Interrumpirá la prescripción de la sanción, la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución coactiva. El cómputo del plazo se volverá a iniciar si el procedimiento de ejecución coactiva permaneciera paralizado durante más de treinta (30) días hábiles por causa no imputable al infractor.

 

Capítulo II

 

Medidas Correctivas

 

 

Artículo 46.- Medidas correctivas.-

 

46.1. Además de la sanción que se imponga por infracción a la presente Ley, la Comisión podrá dictar medidas correctivas conducentes a restablecer el proceso competitivo, las mismas que, entre otras, podrán consistir en:

 

a) El cese o la realización de actividades, inclusive bajo determinadas condiciones;

 

b) De acuerdo con las circunstancias, la obligación de contratar, inclusive bajo determinadas condiciones; o,

 

c) La inoponibilidad de las cláusulas o disposiciones anticompetitivas de actos jurídicos; o,

 

d) El acceso a una asociación u organización de intermediación.

 

46.2. El Tribunal tiene las mismas facultades atribuidas a la Comisión para el dictado de medidas correctivas.

 

Capítulo III

 

Multas coercitivas

 

Artículo 47.- Multas coercitivas por incumplimiento de medidas cautelares.-

 

47.1. Si el obligado a cumplir una medida cautelar ordenada por la Comisión o el Tribunal no lo hiciera, se le impondrá automáticamente una multa no menor de veinticinco (25) UIT ni mayor de ciento veinticinco (125) UIT, para cuya graduación se podrán tomar en cuenta los criterios señalados en el Artículo 44 de la presente Ley. La multa que corresponda deberá ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordenará su cobranza coactiva.

 

47.2. En caso de persistir el incumplimiento a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión podrá imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta, hasta el límite de mil (1

000) UIT. Las multas impuestas no impiden a la Comisión imponer una sanción distinta al final del procedimiento.

 

Artículo 48.- Multas coercitivas por incumplimiento de medidas correctivas.-

 

48.1. Si el obligado a cumplir una medida correctiva ordenada por la Comisión en su resolución final no lo hiciera, se le impondrá una multa coercitiva equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la multa impuesta por infracción de la conducta anticompetitiva declarada. La multa coercitiva

 

impuesta deberá ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordenará su cobranza coactiva.

 

48.2. En caso de persistir el incumplimiento a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión podrá imponer una nueva multa coercitiva, duplicando sucesivamente el monto de la última multa coercitiva impuesta, hasta que se cumpla la medida correctiva ordenada y hasta el límite de dieciséis (16) veces el monto de la multa coercitiva originalmente impuesta.

 

48.3. Las multas coercitivas impuestas no tienen naturaleza de sanción por infracción de la conducta anticompetitiva.

 

TÍTULO VII

 

PRETENSIÓN DE INDEMNIZACIÓN

 

Artículo 49.- Indemnización por daños y perjuicios.-

Agotada la vía administrativa, toda persona que haya sufrido daños

como consecuencia de conductas declaradas anticompetitivas por la Comisión, o, en su caso, por el Tribunal, incluso cuando no haya sido parte en el proceso seguido ante INDECOPI, y siempre y cuando sea capaz de mostrar un nexo causal con la conducta declarada anticompetitiva, podrá demandar ante el Poder Judicial la pretensión civil de indemnización por daños y perjuicios.

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

 

ÚNICA.- Aplicación de la presente Ley a los procedimientos en trámite.- Las disposiciones de la presente Ley de naturaleza procesal se aplicarán

a los procedimientos en trámite bajo el Decreto Legislativo Nº 701, en la etapa en que se encuentren.

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

 

PRIMERA.- Derogación genérica.-

Esta Ley es de orden público y deroga todas las disposiciones legales o administrativas, de igual o inferior rango, que se le opongan o contradigan.

 

SEGUNDA.- Derogación expresa.-

Quedan derogadas expresamente a partir de la vigencia de la presente

Ley, las siguientes normas:

 

a) El Decreto Legislativo Nº 701 y sus normas modificatorias, complementarias, sustitutorias y reglamentarias; y,

 

 

 

Penal.


b) Los Artículos 232 y 233 y el Numeral 3 del Artículo 241 del Código

 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

 

PRIMERA.- Competencia primaria.-

 

El control de las conductas anticompetitivas se encuentra regido por el principio de competencia primaria, el cual corresponde al INDECOPI y al OSIPTEL, según lo establecido en las leyes respectivas. No podrá recurrirse al Poder Judicial sin antes haber agotado las instancias administrativas ante dichos organismos.

 

SEGUNDA.- Prácticas anticompetitivas en contrataciones del Estado.-

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado, cuando el Tribunal de Contrataciones del Estado identifique alguna conducta que pudiera constituir una práctica anticompetitiva en los términos de esta Ley, comunicará tal hecho al INDECOPI para que éste, a través de sus órganos competentes, y de ser el caso, inicie el procedimiento sancionador correspondiente y determine la responsabilidad que pudiere existir.

 

Únicamente en caso de que el INDECOPI determinara la existencia de una infracción y ésta quedara firme, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE procederá a la inscripción de los infractores en el registro de inhabilitados para contratar con el Estado que corresponda.

 

TERCERA.- Investigación de conductas con efectos fuera del país.-

En el marco exclusivo de un acuerdo internacional, y en aplicación del principio de reciprocidad, la Comisión podrá investigar, de conformidad con la presente Ley, conductas anticompetitivas desarrolladas en el territorio nacional pero con efectos en uno o más países que forman parte del referido acuerdo.

 

De igual modo, en el desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo con arreglo a un acuerdo internacional, y en aplicación del principio de reciprocidad, la Comisión podrá intercambiar información, incluyendo información confidencial, con las autoridades competentes de los países que formen parte de dichos Acuerdos.

 

CUARTA.- Vigencia.-

La presente Ley entrará en vigencia a los treinta (30) días de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

 

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes

de junio del año dos mil ocho.

 

ALAN GARCÍA PÉREZ

Presidente Constitucional de la República

 

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ Presidente del Consejo de Ministros

Read more...

Eliminan las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia

DECRETO LEGISLATIVO Nº 701

 

Eliminan las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia

 

(*) De conformidad con el Artículo 2 del Decreto Ley Nº 25629, publicado el 22-07-92, se precisa que toda mención a la Comisión Nacional de la Libre Competencia hecha en este Decreto Legislativo se entiende referida a la Comisión Multisectorial de la Libre Competencia.

 

(**) De conformidad con la Primera Disposición Complementaria del Decreto Ley Nº 25868, queda modificado el presente Decreto Legislativo.

 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR CUANTO:

El Congreso de la República, de conformidad con el artículo 188 de la Constitución Política del Perú, mediante Ley Nº 25327 ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, entre otras materias, para eliminar las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia en la producción de bienes y la prestación de servicios, permitiendo

que la libertad de empresa se desenvuelva procurando el mayor beneficio de los usuarios; Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

 

DECRETO LEGISLATIVO CONTRA LAS PRACTICAS MONOPOLICAS, CONTROLISTAS Y RESTRICTIVAS DE LA LIBRE COMPETENCIA

 

TITULO I

DE LOS ALCANCES DE LA LEY

 

CAPITULO UNICO

 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto eliminar las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios, permitiendo que la libre iniciativa privada se desenvuelva procurando el mayor beneficio de los usuarios y consumidores.

 

TITULO II

AMBITO DE LA APLICACION DE LA LEY CAPITULO UNICO

Artículo 2.- La presente Ley es de aplicación a todas las personas naturales o jurídicas, sean de derecho público o privado, que realicen actividades económicas. Se aplica también a las personas que ejerzan la representación de las empresas, en cuanto aquellas participen en la adopción de los actos y las prácticas sancionadas por esta Ley. (*)

 

(*) Artículo modificado por el Artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 807, publicado el 18-04-96, cuyo texto es el siguiente:

 

"Artículo 2.- La presente Ley es de aplicación a todas las personas naturales o jurídicas, sean de derecho público o privado, que realicen actividades económicas. Se aplica también a las personas que ejerzan la dirección o la representación de las empresas, instituciones o entidades en cuanto éstas participen en la adopción de los actos y las prácticas sancionadas por esta Ley."

 

TITULO III PROHIBICIONES

 

Artículo 3.- Están prohibidos y serán sancionados, de conformidad con las normas de la presente Ley, los actos o conductas, relacionados con actividades económicas, que constituyen abuso de una posición de dominio en el mercado o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia, de modo que se generen perjuicios para el interés económico general, en el territorio nacional.

 

Artículo 4.- Se entiende que una o varias empresas gozan de una posición de dominio en el mercado, cuando pueden actuar de modo independiente con prescindencia de sus competidores, compradores, clientes o proveedores, debido a factores tales como la participación significativa de las empresas en los mercados respectivos, las características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios, el desarrollo tecnológico o servicios involucrados, el acceso de competidores a fuentes de financiamiento y suministros, así como redes de distribución.

 

Artículo 5.-Se considera que existe abuso de posición de dominio en el mercado, cuando una o más empresas que se encuentran en la situación descrita en el artículo anterior, actúan de manera indebida, con el fin de obtener beneficios y causar perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles, de no existir la posición de dominio.

 

Son casos de abuso de posición de dominio:

 

a) La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra de productos del mercado local; (*)

 

(*) Inciso modificado por el Artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 807, publicado el 18-04-96, cuyo texto es el siguiente:

 

"a) La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las ofertas de venta o prestación de productos o servicios."

 

b) La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No constituye abuso de posición de dominio el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen por determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado, monto, volumen u otras y/o que se otorguen con carácter general, en todos los casos en que existan iguales condiciones;

 

c) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarios que, por su naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de tales contratos;

 

d) La aplicación en la venta local de materias primas, cuyos precios de venta se rigen

en base a cotizaciones internacionales, de sistemas de fijación de precio, condiciones de venta, de entrega o de financiamiento que impliquen la obtención de mayores valores de venta en el mercado local que los valores de venta ex planta netos obtenibles en la exportación de esas mismas materias primas; (*)(**)(***)

 

(*) Inciso modificado por la Décimo Sexta Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 708, publicado el 14-11-91, cuyo texto es el siguiente:

 

"d) La aplicación en la venta local de materia primas, cuyos precios de venta se rigen

en base a cotizaciones internacionales, de sistemas de fijación de precio, condiciones de venta, de entrega o de financiamiento que impliquen la atención de mayores valores de venta en el mercado local que los valores de venta en el mercado local que los valores de venta obtenibles en la exportación de esas mismas materias primas".

 

(**) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 25411, publicada el 12-03-92, se restablece la vigencia de este inciso.

 

(***) Inciso derogado por el Artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 807, publicado el 18-04-96.

 

e) El aprovechamiento de los términos concedidos por los Convenios de estabilidad tributaria suscritos con anterioridad a la vigencia del presente Decreto Legislativo, en forma tal que impidan a otras empresas productoras de bienes similares las posibilidades de competencia equitativa, tanto en el mercado nacional, como en el internacional. (*)

 

(*) Inciso derogado por el Artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 807, publicado el 18-04-96.

 

f) Otros casos de efecto equivalente que sean tipificados por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y por los Ministros de Economía y Finanzas, de Justicia y de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración.(*)

 

(*) Inciso modificado por el Artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 807, publicado el 18-04-96, cuyo texto es el siguiente:

 

"f) Otros casos de efecto equivalente."

 

Artículo 6.- Se entiende por prácticas restrictivas de la libre competencia los acuerdos, decisiones, recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia.

 

Son prácticas restrictivas de la libre competencia:

 

a) La concertación injustificada de precios u otras condiciones de comercialización; (*)

 

(*) Inciso modificado por el Artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 807, publicado el 18-04-96, cuyo texto es el siguiente:

 

"a) La fijación concertada entre competidores de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio."

 

b) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento;

 

c) El reparto de las cuotas de producción;

 

d) La concertación de la calidad de los productos, cuando corresponda a normas técnicas nacionales o internacionales; (*)

 

(*) Inciso modificado por el Artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 807, publicado el 18-04-96, cuyo texto es el siguiente:

 

"d) La concertación de la calidad de los productos, cuando no corresponda a normas técnicas nacionales o internacionales y afecte negativamente al consumidor."

 

e) La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. No constituye práctica restrictiva de la libre competencia el otorgamiento de

descuentos y bonificaciones que correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen por determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado, monto, volumen u otras y/o que se otorguen con carácter general en todos los casos que existan iguales condiciones;

 

f) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de tales contratos;

 

g) Otros casos de efecto equivalente, que sean tipificados por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y por los Ministros de Economía y Finanzas, Justicia e Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración. (*)

 

(*) Inciso modificado por el Artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 807, publicado el 18-04-96, cuyo texto es el siguiente:

 

"g) La negativa concertada e injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las ofertas de venta o prestación, de productos o servicios."

 

"h) La limitación o el control concertados de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones."(*)

(*) Inciso agregado por el Artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 807, publicado el 18-04-96. "i) El establecimiento, la concertación o la coordinación de las ofertas o de la

abstención de presentar ofertas en las licitaciones, los concursos, los remates o las subastas públicas."(*)

 

(*) Inciso agregado por el Artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 807, publicado el 18-04-96. "j) Otros casos de efecto equivalente."(*)

(*) Inciso agregado por el Artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 807, publicado el 18-04-96.

 

Artículo 7.- La Secretaría de la Comisión Multisectorial de la Libre Competencia podrá autorizar los acuerdos, decisiones, recomendaciones, prácticas concertadas o actuaciones paralelas a que hace referencia el artículo 6 o categorías de las mismas, en los siguientes casos:

 

a) Cuando contribuyan a mejorar la producción o comercialización de bienes y servicios o a promover el progreso técnico o económico y siempre que:

 

1) Permitan a los consumidores o usuarios participar en forma adecuada de sus ventajas;

 

2) No impongan a las personas naturales o jurídicas interesadas restricciones que no sean indispensables para la consecución de aquellos objetivos; y,

 

3) No permitan a las personas naturales o jurídicas partícipes, eliminar la competencia de una parte sustancial de los productos o servicios contemplados.

 

b) Cuando tengan por objeto proteger o promover la capacidad exportadora nacional, en la medida que sean compatibles con las obligaciones que resulten de los tratados internacionales celebrados por el Perú con otros Estados y en particular los tratados de integración, según disponen los artículos 101 y 106 de la Constitución;

 

c) Cuando tengan por objeto, en forma coyuntural o temporal, la adecuación de la oferta a la demanda, cuando se manifieste en el mercado una tendencia sostenida de disminución de aquella o cuando los excesos de la capacidad productiva sean claramente anti- económicos;

 

d) Cuando produzcan una elevación suficientemente importante del nivel de vida de zonas geográficas o sectores económicos deprimidos; por su escasa importancia, no sean capaces de afectar de manera significativa la competencia, o tengan por objeto cooperar para la mejora de la producción, la tecnología o similares. (*)

 

(*) Artículo derogado por el Artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 788, publicado el 31-12-94.

 

 

TITULO IV

DE LOS ORGANISMOS COMPETENTES

 

CAPITULO I

DE LA COMISION MULTISECTORIAL DE LA LIBRE COMPETENCIA

 

Artículo 8.- La Comisión Multisectorial de Libre Competencia es un organismo con autonomía técnica y administrativa, que tendrá por objeto velar por el cumplimiento de la presente Ley.

 

Artículo 9.- La Comisión estará conformada por seis (06) miembros nombrados mediante Resolución Suprema:

 

- Dos del Ministerio de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración, uno de los cuales la presidirá;

 

- Dos del Ministerio de Economía y Finanzas;

 

- Dos de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas

(CONFIEP).

 

La Comisión se renovará anualmente por tercios, de acuerdo con lo que establezca su reglamento.

 

Artículo 10.- Para ser miembro de la comisión se exige título profesional y no menos de diez años de experiencia. (*)

 

(*) Artículo derogado por el Artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 788, publicado el 31-12-94.

 

Artículo 11.- La Comisión conocerá y resolverá en primera instancia administrativa los procedimientos iniciados por infracciones a la presente Ley o para la aprobación de los acuerdos sujetos al régimen de excepción. Adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. El Presidente tiene voto dirimente. Para sus sesiones se requiere al menos de la concurrencia de cuatro de sus miembros.

 

Artículo 12.- La Comisión elaborará su propio reglamento y el reglamento de su Secretaría Técnica, los que serán aprobados por decreto supremo del Sector Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración.

 

Artículo 13.- La Comisión contará con una Secretaría Técnica, como organismo ejecutivo dependiente de la Comisión y que estará encargada de velar por el cumplimiento de la presente Ley.

 

La Secretaría funcionará en el Ministerio de Industria, comercio Interior, Turismo e Integración, y estará dirigida por un Secretario General que será designado por resolución ministerial de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración.

 

Artículo 14.-Son atribuciones de la Secretaria:

 

a) Dictar opinión en los procedimientos por infracciones a la presente Ley o en los procedimientos de aprobación de los acuerdos sometidos al régimen de excepción;

 

b) Realizar indagaciones e investigaciones, ya sea de oficio o por el mérito de una denuncia;(*)

 

(*) Inciso modificado por el Artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 807, publicado el 18-04-96, cuyo texto es el siguiente:

 

"b) Realizar indagaciones e investigaciones, ya sea de oficio o por el mérito de una denuncia, utilizando para ello las facultades y competencias que tienen las Comisiones de Indecopi. Excepcionalmente y con el previo acuerdo de la Comisión, podrá inmovilizar por un plazo no mayor de dos días hábiles prorrogable por otro igual, libros, archivos, documentos, correspondencia y registros en general de la persona natural o jurídica investigada, tomando

 

copia de los mismos. En iguales circunstancias, podrá retirarlos del local en que se encuentren, hasta por seis días hábiles, requiriéndose de una orden judicial para proceder al retiro. La solicitud de retiro deberá ser motivada y será resuelta en el término de veinticuatro (24) horas por el Juez de Primera Instancia, sin correr traslado a la otra parte."

 

c) Realizar estudios y publicar informes;

 

d) Llevar un registro de los acuerdos, decisiones, recomendaciones, prácticas o actuaciones al régimen de excepción;

 

e) Elaborar las propuestas de reglamentos y adoptar las directivas que pudieran requerirse;

 

f) Cualquier otra que señalen las leyes o los reglamentos.

 

TITULO V

DEL PROCEDIMIENTO CAPITULO UNICO

Artículo 15.- La investigación será iniciada por la Secretaría de Oficio, previa aprobación de la Comisión, o a petición de parte. Si la Secretaría estima existen indicios razonables de violación de la presente Ley, notifica al presunto responsable enumerando los hechos que supuestamente infringen la Ley.

 

Artículo 16.- El denunciado podrá contestar los cargos en un plazo de quince (15) días, ofreciendo las pruebas correspondientes. Durante este periodo, otras partes con interés legítimo pueden apersonarse en el procedimiento, expresando los argumentos y ofreciendo las pruebas que resulten relevantes.

 

El término probatorio es de treinta (30) días contados a partir del vencimiento de plazo para la contestación. Los gastos de actuación de la prueba son de cargo de las partes que las ofrecen, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 23.

 

Artículo 17.- Vencido el término probatorio, la Secretaria expide opinión sobre los extremos de la denuncia, sugiriendo las sanciones a que haya lugar, y presenta el caso para decisión en primera instancia, a la Comisión, quien se pronuncia en plazo no mayor de cinco (05) días.

 

Artículo 18.- Las decisiones de la Comisión son apelables ante el Ministro de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración. El Ministro resuelve la apelación dentro de los treinta (30) días de concedido el recurso. Las partes tienen derecho a presentar informes escritos y nuevas pruebas ante el Ministerio de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración.

 

Artículo 19.- Si la Comisión estimara que en las infracciones cometidas el responsable actuó dolosamente, procederá a formular la correspondiente denuncia penal ante el Fiscal Supremo en lo Penal.

 

Solo está penada por el artículo 232 del Código Penal, la comisión dolosa de los actos de abuso de posición de dominio y de las prácticas restrictivas de la libre competencia tipificadas en los incisos a), b) y c) del artículo 5 y a), b), c), d), e) y f) del artículo 6 de la presente Ley.

 

La iniciativa de la acción penal ante el Poder Ejecutivo por infracción del artículo 232 del Código Penal compete exclusivamente al Fiscal Supremo en lo Penal, quien la verifica sólo luego de recibida la denuncia mencionada en el primer párrafo de este artículo. (*)(**)(***)

 

(*) Artículo derogado por el Artículo 2 de la Ley Nº 25399, publicada el 10-02-92.

 

(**) De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Ley Nº 25629, publicado el 22-07-92, se restablece la vigencia de este artículo

 

(***) Artículo modificado por el Artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 807, publicado el 18-04-

96, cuyo texto es el siguiente:

 

Artículo 19.- Si la Comisión estimara que en las infracciones tipificadas en los incisos a), b) y c) del Artículo 5 e incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del Artículo 6, el responsable actuó dolosamente y que el perjuicio fuera de naturaleza tal que se hubieran generado graves consecuencias para el interés económico general, procederá a formular la correspondiente denuncia penal ante el Fiscal Provincial Competente. La iniciativa de la acción penal ante el Poder Judicial, por infracción del Artículo 232 del Código Penal, compete exclusivamente al Fiscal Provincial; quien la inicia sólo luego de recibida la denuncia de la Comisión. (*)

 

(*) Artículo modificado por el Numeral 8 de la Segunda Disposición Modificatoria y Derogatoria del Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29-07-2004, modificación que tendrá efecto a la vigencia del citado Decreto Legislativo, de conformidad con los Numerales 1 y 2 de la Primera Disposición Complementaria - Disposición Final del Decreto Legislativo N° 957, publicado el

29-07-2004, que dispone que el Nuevo Código Proceso Penal entrará en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales según un Calendario Oficial, aprobado por Decreto Supremo, dictado de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo que establecerá las normas complementarias y de implementación del Código Procesal Penal,

precisándose además que, el día 1 de febrero de 2006 se pondrá en vigencia este Código en el Distrito Judicial designado por la Comisión Especial de Implementación que al efecto creará el Decreto Legislativo correspondiente. El Distrito Judicial de Lima será el Distrito Judicial que culminará la aplicación progresiva del citado Código. El texto de la modificación es el siguiente:

 

“Artículo 19, Decreto Legislativo Nº 701. El ejercicio de la acción penal es de oficio. Cuando la Comisión estimara que se ha infringido el artículo 232 del C.P. pondrá tal hecho en conocimiento del Ministerio Público.”

 

Tercera.- Disposición Derogatoria.- Quedan derogados:

 

1. El Código de Procedimientos Penales, promulgado por Ley Nº 9024 y las demás normas ampliatorias y modificatorias.

 

2. El Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 638, y las demás normas ampliatorias y modificatorias.

 

3. Todas las leyes y disposiciones que se opongan a la presente ley.

 

Artículo 20.- Dentro del plazo fijado para la contestación de la denuncia el presunto responsable podrá ofrecer un compromiso referido al cese de los hechos investigados o a la modificación de aspectos relacionados con ellos.

 

La Secretaría evaluará la propuesta y en caso de estimarla satisfactoria propondrá a la Comisión la suspensión del proceso administrativo, sugiriendo las medidas pertinentes con el objeto de verificar el cumplimiento del compromiso. La Comisión decide la aprobación o la denegatoria de la propuesta.

 

En caso de incumplimiento del compromiso, se reiniciará el procedimiento, de oficio o a petición de parte. Asimismo, la Comisión impondrá al denunciado una multa por

incumplimiento.

 

"Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, cualquier persona podrá, dentro de un procedimiento abierto por infracción a la presente ley, solicitar a la Secretaría Técnica que se le exonere de la responsabilidad que le corresponda a cambio de aportar pruebas que ayuden a identificar y acreditar la existencia de una práctica ilegal. De estimarse que los elementos de prueba ofrecidos son determinantes para sancionar a los responsables, la Secretaría podrá proponer, y la Comisión aceptar, la aprobación del ofrecimiento efectuado.

 

Para ello la Secretaría cuenta con todas las facultades de negociación que fuesen necesarias para establecer los términos del ofrecimiento. El compromiso de exoneración de responsabilidad será suscrito por el interesado y el Secretario Técnico y podrá contener la obligación de guardar reserva sobre el origen de las pruebas aportadas si así lo hubiera acordado la Comisión y la naturaleza de las pruebas así lo permitiera. El incumplimiento de la obligación de reserva generará en el funcionario las responsabilidades administrativas y penales previstas para el caso de toda información declarada reservada por la Comisión. La suscripción del compromiso y el cumplimiento de lo acordado por parte del interesado lo exonera de toda responsabilidad en la práctica llevada a cabo, no pudiendo la Comisión ni ninguna otra autoridad seguirle o iniciarle procedimiento por los mismos hechos".(*)

 

(*) Párrafo incorporado por el Artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 807, publicado el 18-04-96.

 

Artículo 21.- Las solicitudes de aprobación de acuerdo son prácticas sujetas al régimen especificadas en el artículo 7, se presentan ante la Secretaría. Se considerará aprobado, transcurridos treinta días desde la presentación de la solicitud correspondiente, sin pronunciamiento por parte de la Comisión. En caso de ser denegada la aprobación, la

apelación se rige por lo dispuesto en el artículo 18.

 

(*) Artículo derogado por el Artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 788, publicado el 31-12-94.

 

"Artículo 21.- En cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, la Comisión de Libre Competencia podrá, dentro del ámbito de su correspondiente competencia, dictar cualquier medida cautelar destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva. Con tal objeto, la Secretaría Técnica podrá proponer a la Comisión de Libre Competencia la adopción de la medida cautelar que considere, en especial la orden de cesación o la imposición de condiciones determinadas para evitar el daño que pudieran causar las conductas a que el procedimiento se refiere.

 

La solicitud de medida cautelar se podrá presentar en cualquier estado del procedimiento, aceptándola o desestimándola la Comisión de Libre Competencia en un plazo no mayor de 10 días útiles. La medida cautelar podrá decretarse aun antes de iniciarse un

procedimiento de investigación. Sin embargo, dicha medida caducará si no se inicia un proceso de investigación dentro de los quince (15) días útiles siguientes de su notificación.

 

Si el obligado a cumplir una medida cautelar ordenada por la Comisión de Libre Competencia no lo hiciera, se le impondrá automáticamente una sanción no menor de 10 ni mayor de 100 UIT, para cuya graduación se tomará en cuenta los criterios señalados en el Artículo 23. La multa que corresponda deberá ser pagada dentro del plazo de cinco días, vencidos los cuales se ordenará su cobranza coactiva.

 

En caso de persistir el incumplimiento a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión podrá imponer una nueva multa, duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa impuesta, hasta que se cumpla la medida cautelar ordenada. Las multas impuestas no impiden a la Comisión imponer otra multa o una sanción distinta al final del procedimiento." (*)

 

(*) Texto agregado como Artículo 21 por el Artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 807, publicado el 18-04-96.

 

Artículo 22.- Quien en forma maliciosa o sin motivo atendible solicite a la Secretaría investigaciones, será responsable de las costas personales sin perjuicio de la responsabilidad civil a que haya lugar. Asimismo, será sancionado por delito de calumnia.

 

La Secretaría debe rechazar de plano solicitudes de investigación que sean manifiestamente infundadas.

 

TITULO VI

DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS

 

Artículo 23.- La Comisión Nacional de Libre Competencia podrá imponer a las personas naturales o jurídicas que infringen lo dispuesto en los artículos 5 y 6 multas por un valor que no exceda de 50 Unidades Impositivas Tributarias.

 

La cuantía de las multas se determinará atendiendo a la gravedad de la infracción, para lo cual se tendrá en cuenta:

 

a) Modalidad y el alcance de la restricción de la competencia;

 

b) La dimensión del mercado afectado;

 

c) La cuota del mercado de la empresa correspondiente;

 

d) El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos o potenciales, sobre otras partes en el proceso económico y sobre los consumidores y usuarios;

 

e) La duración de la restricción de la competencia;

 

f) La reiteración en la realización de las conductas prohibidas.

 

En caso de reincidencia o reiterancia la Comisión podrá duplicar las multas impuestas incrementándolas sucesivamente.

 

Por decreto supremo se aprobará la escala de multas de acuerdo a lo dispuesto en el presente artículo.

 

"Por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros se establecerá las demás sanciones y medidas que podrá dictar la Comisión con la finalidad de garantizar la libre competencia." (*) (**)

 

(*) Párrafo agregado por el Artículo 1 de la Ley Nº 26004, publicada el 27-12-92.

 

(**) Artículo modificado por el Artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 807, publicado el 18-04-96, cuyo texto es el siguiente:

 

"Artículo 23.- La Comisión de Libre Competencia podrá imponer a los infractores de los

Artículos 3, 5 y 6 las siguientes multas:

 

a) Si la infracción fuese calificada como leve o grave, una multa de hasta mil (1,000) UITs siempre que no supere el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la resolución de la Comisión.

 

b) Si la infracción fuera calificada como muy grave, podrá imponer una multa superior a las mil (1,000) UITs siempre que la misma no supere el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la resolución de la Comisión.

 

En caso que la entidad o persona sancionada no realice actividad económica, industrial o comercial, o recién la hubiera iniciado después del 1 de enero del ejercicio anterior, la multa no podrá superar, en ningún caso, las mil (1,000) UITs.

 

Además de la sanción que a criterio de la Comisión corresponde imponer a los infractores, cuando se trate de una empresa o entidad, se podrá imponer una multa de hasta cien (100) UIT a cada uno de sus representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos según se determine su responsabilidad en las infracciones cometidas.

 

Los criterios que la Comisión tendrá en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la aplicación de las multas correspondientes son los siguientes:

 

a) La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia.

 

b) La dimensión del mercado afectado.

 

c) La cuota de mercado de la empresa correspondiente.

 

d) El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos o potenciales, sobre otras partes en el proceso económico y sobre los consumidores y usuarios.

 

e) La duración de la restricción de la competencia.

 

f) La reiteración en la realización de las conductas prohibidas.

 

En caso de reincidencia, la Comisión podrá duplicar las multas impuestas incrementándolas sucesiva e ilimitadamente. Para calcular el monto de las multas a aplicarse de acuerdo al presente Decreto Legislativo, se utiliza la UIT vigente a la fecha de pago efectivo o ejecución coactiva de la sanción."

 

Artículo 24.- Las infracciones a la presente Ley prescribirán a los cinco (5) años de cometida la infracción.

 

La prescripción se interrumpe por cualquier acto de la Comisión o de la Secretaría relacionado con la investigación de la infracción que sea puesto en conocimiento del presunto responsable.

 

Artículo 25.- Cualquier perjudicado por los acuerdos, contratos o prácticas prohibidos por la presente Ley podrá ejercitar acción civil de indemnización por daños y perjuicios.

 

Quienes hayan sido denunciados falsamente también podrán ejercitar dicha acción.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

Artículo 26.- La legislación que regule la reforma de la Administración Pública normara la estructura administrativa, organización y funciones de la Comisión Multisectorial de la Libre Competencia, en armonía con lo dispuesto en la presente Ley.

 

Artículo 27.- Quedan derogados todos los dispositivos legales que se opongan a la presente Ley incluyendo el Decreto Supremo Nº 467-85-EF y el Decreto Supremo Nº 296-90- EF.

 

Artículo 28.- La presente Ley entrará en vigencia a los treinta días del establecimiento de la Comisión Nacional de la Libre Competencia.

 

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. Dado en la Casa de Gobierno, a los cinco días del mes de Noviembre de mil

novecientos noventiuno.

 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, Presidente Constitucional de la República.

 

CARLOS TORRES Y TORRES LARA,

Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores.

 

CARLOS BOLOÑA BEHR, Ministro de Economía y Finanzas.

 

VICTOR JOY WAY ROJAS,

Ministro de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración.

Read more...

Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico.

LEY N° 26876

Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico

 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR CUANTO:

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: EL CONGRESO DE LA REPUBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

 

LEY ANTIMONOPOLIO Y ANTIOLIGOPOLIO DEL SECTOR ELECTRICO Artículo 1.- Las concentraciones de tipo vertical u horizontal que se produzcan en las

actividades de generación y/o de transmisión y/o de distribución de energía eléctrica se sujetarán a un procedimiento de autorización previa de acuerdo a los términos establecidos en la presente Ley, con el objeto de evitar los actos de concentración que tengan por efecto disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia en los mercados de las actividades mencionadas o en los mercados relacionados.

 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por concentración la realización de los siguientes actos: la fusión; la constitución de una empresa en común; la adquisición directa o indirecta del control sobre otras empresas a través de la adquisición de acciones, participaciones, o a través de cualquier otro contrato o figura jurídica que confiera el control directo o indirecto de una empresa incluyendo la celebración de contratos de asociación "joint venture", asociación en participación, uso o usufructo de acciones y/o participaciones, contratos de gerencia, de gestión, y de sindicación de acciones o cualquier otro contrato de colaboración empresarial similar, análogo y/o parecido y de consecuencias similares.

Asimismo, la adquisición de activos productivos de cualquier empresa que desarrolle actividades en el sector; o cualquier otro acto, contrato o figura jurídica incluyendo legados, por virtud del cual se concentren sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en general, que se realice entre competidores, proveedores, clientes, accionistas o cualesquiera otros agentes económicos.

 

No se considera que existe concentración cuando el control lo adquiera una persona en virtud de un mandato temporal conferido por la legislación relativa a la caducidad o denuncia de la concesión, reestructuración patrimonial u otro procedimiento análogo.

 

Artículo 3.- Antes de realizar actos de concentración en las actividades de generación y/o de transmisión y/o de distribución de energía, con las condiciones y características establecidas en el párrafo siguiente, deberá solicitarse la autorización previa de la Comisión de Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, sin cuya aprobación no podrán realizarse, ni tendrán efecto legal alguno.

 

Deberá solicitarse la autorización previa respecto de los actos de concentración que involucren, directa o indirectamente, a empresas que desarrollan actividades de generación y/o transmisión y/o distribución de energía eléctrica que posean previa o posteriormente al acto

que originó la solicitud de autorización, de manera conjunta o separada, un porcentaje igual o mayor al 15% del mercado en los actos de concentración horizontal. En el caso de actos de concentración vertical, aquellos que involucren, directa o indirectamente, a empresas que desarrollan actividades de generación y/o transmisión y/o distribución de energía eléctrica que posean previa o posteriormente al acto que originó la solicitud de autorización, un porcentaje

igual o mayor al 5% de cualquiera de los mercados involucrados.

 

No será necesaria la autorización previa de la Comisión de Libre Competencia del

INDECOPI, en los siguientes casos:

 

a). Si la concentración importa, en un acto o sucesión de actos, la adquisición directa o indirecta de activos productivos de un valor inferior al 5% del valor total de los activos productivos de la empresa adquirente, calculados de acuerdo a los criterios que se establezcan en el Reglamento de la presente Ley, tomando en consideración la influencia y las condiciones de competencia en el mercado.

 

b). Si la concentración implica, en un acto o sucesión de actos, la acumulación directa o indirecta por parte del adquirente de menos del 10% del total de las acciones o participaciones con derechos a voto de otra empresa. No obstante lo expuesto, se requerirá necesariamente

de autorización, si el acto de concentración permite adquirir el control directo o indirecto de la empresa que desarrolla alguna de las actividades eléctricas mencionadas.

 

Artículo 4.- La autorización de los actos de concentración deberá ser solicitada conjuntamente por las empresas que participan en la fusión, o por la persona o empresa que adquiera, directa o indirectamente, la totalidad o parte de una o más empresas que desarrollan alguna de las actividades eléctricas mencionadas, según corresponda.

 

Artículo 5.- Si de la investigación o del procedimiento respectivo resultará que los actos de concentración pudiesen tener como efecto el disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia, la Comisión de Libre Competencia o el Tribunal de Defensa de la Competencia, en su caso, podrán adoptar las siguientes medidas:

 

a). Sujetar la realización de dicho acto al cumplimiento de las condiciones que determine;

 

b). Ordenar la desconcentración parcial o total de lo que se hubiere concentrado indebidamente, la terminación del control o la supresión de los actos, según corresponda. El ejercicio directo o indirecto del control a través del ejercicio del derecho de voto de las acciones o de cualquier otro acto jurídico que confiera el control sobre la empresa objeto de concentración, quedará en suspenso hasta el cumplimiento definitivo del mandato de desconcentración.

 

Artículo 6.- La Comisión de Libre Competencia del INDECOPI podrá imponer a las personas o empresas a que se refiere el Artículo 4 de la presente Ley, multas por un importe no mayor a 500 UIT cuando: omitan la presentación de la solicitud de autorización de un acto de concentración antes de ser efectuado, suministren datos inexactos en la solicitud presentada o en respuesta a los requerimientos de la Comisión, o no proporcionen la información dentro de los plazos establecidos.

 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión podrá importar multas de hasta el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos por las empresas que desarrollan alguna actividad eléctrica en el territorio nacional, involucradas directa o indirectamente en la concentración -en los términos establecidos en el Artículo 3 de la presente Ley-, correspondientes al año inmediato anterior a la decisión de la Comisión, a las personas o empresas a que se refiere el Artículo 4 de la misma, que: realicen el acto de concentración omitiendo solicitar su autorización previa o lo lleven a cabo luego de presentada la solicitud

pero antes de la decisión de la Comisión o del Tribunal, realicen un acto de concentración declarado incompatible por tener como efecto el disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia mediante decisión de la Comisión o no cumplan con las medidas ordenadas mediante decisión adoptada por la Comisión.

 

Artículo 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, el incumplimiento de la resolución que dispone la desconcentración, facultará a INDECOPI a disponer e iniciar las acciones que resulten necesarias incluyendo las de naturaleza judicial, con el objeto de dejar

sin efecto el acto de concentración realizado, tales como: la venta de los activos productivos o

las acciones, la declaración de nulidad del acto de concentración por vulnerar normas de orden público, entre otras, de acuerdo a lo que se disponga en el reglamento de la presente Ley.

 

 

Artículo 8.- Corresponderá a la Comisión de Libre Competencia y al Tribunal de Defensa de la Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI conocer y resolver en primera y segunda instancia respectivamente, los procedimientos que se inicien con sujeción a la presente Ley.

 

Corresponderá al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG la determinación semestral de los porcentajes de participación en el mercado de las empresas que desarrollan actividades de generación y/o de transmisión y/o de distribución de energía eléctrica, en base a las declaraciones juradas que semestralmente deberán presentarle dichas empresas.

 

Artículo 9.- Quedan comprendidos dentro del ámbito de la presente Ley, aquellos actos de concentración que no obstante realizarse en el extranjero, involucren directa o indirectamente a empresas que, desarrollan actividades de generación y/o de transmisión y/o de distribución de energía eléctrica en el territorio nacional.

 

El o los accionistas de la empresa domiciliada en el país, vinculados a las empresas que participan directamente en el acto de concentración, estarán obligados al cumplimiento de la presente Ley, encontrándose sujetos a las sanciones contempladas en la misma.

 

Artículo 10.- Compréndase dentro de los alcances de la Ley N° 26844, a las Empresas de Energía Eléctrica, dedicadas a la generación y/o transmisión y/o distribución de energía.

 

Artículo 11.- Serán aplicables a los procedimientos que se inicien con sujeción a la presente Ley, en lo que resulte pertinente, las definiciones, facultades, apremios y responsabilidades, contenidas en los Decretos Legislativos N° 701 y N° 807.

 

Artículo 12.- Los procedimientos que se inicien con sujeción a la presente Ley, se encontrarán sujetos al pago de una tasa administrativa equivalente al 0.1% del valor total de la operación hasta un límite de 50 UIT.

 

Artículo 13.- Modifícase el Artículo 122 del Decreto Ley N° 25844, en los términos siguientes:

 

"Artículo 122.- Las actividades de generación y/o de transmisión pertenecientes al Sistema principal y/o de distribución de energía eléctrica, no podrán efectuarse por un mismo titular o por quien ejerza directa o indirectamente el control de éste, salvo lo dispuesto en la presente Ley.

 

Quedan excluidos de dicha prohibición, los actos de concentración de tipo vertical u horizontal que se produzcan en las actividades de generación y/o de transmisión y/ o de distribución, que no impliquen una disminución daño o restricción a la competencia y la libre concurrencia en los mercados de las actividades mencionadas o en los mercados relacionados."

 

Artículo 14.- El Reglamento de la presente Ley será expedido por el Poder Ejecutivo, en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia.

 

Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los cinco días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete. CARLOS TORRES Y TORRES LARA

Presidente del Congreso de la República

 

EDITH MELLADO CESPEDES

Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI Presidente Constitucional de la República

 

ALBERTO PANDOLFI ARBULU

Presidente del Consejo de Ministros y Ministerio de Energía y Minas

Read more...
Info for bonus Review bet365 here.

INICIO

CONSTITUCIONAL

CIVIL

PENAL

EMPRESARIAL

ADMINISTRATIVO