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BARRERAS BUROCRATICAS

ELIMINACION DE BARRERAS BUROCRATICAS

ELIMINACION DE BARRERAS BUROCRATICAS

1.           actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones o cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 o limitan la competitividad en el mercado

2.           Para identificar la existencia de una barrera burocrática deben presentarse los siguientes tres requisitos concurrentes:

3.           Que se trate de un acto o disposición de alguna entidad de la Administración Pública.

4.           Que el acto o disposición que impida u obstaculice la realización de una determinada actividad económica, constituya una trasgresión a los principios y normas de simplificación administrativa o limite la libertad de tránsito de las personas, bienes y animales a través del ejercicio de la potestad tributaria de las municipalidades.

5.           Que el perjuicio sea ocasionado a un ciudadano, empresa o agente económico en general.

6.           Las barreras burocráticas pueden ser de dos tipos: a) ilegales y b) carentes de razonabilidad.

7.           Una barrera burocrática es ilegal cuando contraviene alguna de las disposiciones que garantizan el libre funcionamiento del mercado y que la CEB tiene encargado tutelar. Esas disposiciones son: el Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y sus reglamentos; el Decreto Legislativo Nº 668, Libertad de Comercio Exterior e Interior; y, el artículo 61º del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal.

 

b) Una barrera burocrática es carente de razonabilidad cuando su objeto o finalidad, o las exigencias que de ella se deriven, sean contrarias a las prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional, que deben regir en el marco de una Economía Social de Mercado.

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INFORMACION BASICA SOBRE BARRERAS BUROCRATICAS

LEY DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS

 

Tabla de contenido

BARRERA BUROCRÁTICA.. 1

FORMA DE IDENTIFICAR UNA BARRERA BUROCRÁTICA.. 1

BARRERA BUROCRÁTICA ILEGAL E IRRACIONAL. 1

Barrera burocrática ilegal 1

Barrera burocrática irracional 2

LEY DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS. 2

Objeto de la Ley. 2

Facultades del INDECOPI 2

Delegación de funciones. 3

INFORMACIÓN LEGAL BARRERAS BUROCRATICAS. 3

LAS VENTAJAS DE SER FORMAL SON MAYORES A LAS QUE SE PUEDEN OBTENER EN LA INFORMALIDAD   3

EL RESUMEN.. 4

EL USUARIO.. 4

EL ACTO ADMINISTRATIVO.. 4

BARRERA BUROCRATICA ILEGAL. 4

BARRERA BUROCRATICA IRRACIONAL. 5

EL PROCEDIMIENTO.. 5

¿Cómo identificar una barrera burocrática?. 6

¿Qué es la libre iniciativa privada?. 6

¿Qué es una barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad?. 6

¿Cómo actúa la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas cuando identifica la existencia de una barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad?. 6

¿Cómo se puede denunciar aquellas barreras burocráticas que obstaculizan el acceso de las empresas en la actividad económica?. 7

¿Qué plazo tiene la CEB para resolver las denuncias?. 8

Requisitos. 8

Nombre del trámite. 8

Objetivo del trámite. 8

Documentos a presentar. 8

Calificación. 8

Inicio del trámite. 9

Instancia que resuelve el trámite. 9

Instancia que resuelve recurso impugnatorio. 9

Base legal 9

Tasas. 9

Etapas del Procedimiento. 9

 

 

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Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país

 

LEY Nº 30230

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS TRIBUTARIAS, SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PERMISOS PARA LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL PAÍS

 

TÍTULO I

 

MEDIDAS TRIBUTARIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN CAPÍTULO I

ACTUALIZACIÓN EXCEPCIONAL DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Artículo 1. Ámbito de aplicación

Están comprendidas en el presente Capítulo todas las deudas tributarias pendientes de pago a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, cuya recaudación o administración estén a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), incluidas las deudas ante el Seguro Social de Salud (ESSALUD) y la Oficina de Normalización Previsional (ONP), respecto de las cuales se hubiere notificado o no órdenes  de pago o resoluciones de la SUNAT, por la totalidad de la deuda.

 

Artículo 2. Actualización excepcional de deudas tributarias

 

Se  establece  la  actualización excepcional de  las  deudas  tributarias  pendientes  de  pago, cualquiera fuera el estado en que se encuentren: cobranza, reclamación, apelación al Tribunal Fiscal o impugnada ante el Poder Judicial; en aplazamientos y/o fraccionamientos de carácter general o particular perdidos, incluido el supuesto de incumplimiento de pago de cuotas; eliminando la  capitalización aplicable desde el  31  de  diciembre de  1998 hasta el  31  de diciembre de 2005.

 

Artículo 3. Sujetos comprendidos

 

La actualización comprende a los deudores tributarios por las deudas a que se refiere el artículo 1 del presente Capítulo, excepto a las personas naturales con proceso penal en trámite o sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada vigente por delito en agravio del Estado, ni tampoco a las empresas ni las entidades cuyos representantes, por haber actuado en calidad de tales, tengan proceso penal en trámite o sentencia condenatoria vigente por delito en agravio del Estado.

 

Tampoco  estarán  comprendidos  en  la  actualización  excepcional  prevista  en  el  presente capítulo, los deudores tributarios respecto de las deudas que se encuentran impugnadas ante la autoridad administrativa o judicial, según el caso, salvo que se desistan de los medios impugnatorios en la vía administrativa o de la demanda en la vía judicial, cumpliendo los requisitos, forma, plazo y condiciones que se establezca mediante decreto supremo.

 

Artículo 4. Determinación de la deuda materia de la actualización

 

4.1 La actualización regulada en el presente capítulo extingue la capitalización de los intereses al 31 de diciembre de cada año, aplicable desde el 31 de diciembre de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2005.

 

4.2 Durante el período señalado en el párrafo anterior, la deuda tributaria a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley deberá actualizarse al 31 de diciembre de 2005 conforme al siguiente detalle:

 

a) Para deudas cuya fecha de exigibilidad conforme al artículo 3 del Código Tributario, es anterior al 1 de enero de 1998: el monto de la deuda determinada según lo dispuesto por la Ley

27681, Ley de Reactivación a través del Sinceramiento de las Deudas Tributarias (RESIT), se actualizará aplicando los intereses correspondientes sin capitalizar los intereses de cada año hasta el 31 de diciembre de 2005.

 

b) Para deudas cuya exigibilidad conforme al artículo 3 del Código Tributario, se ha originado entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2005: al monto de la deuda se le aplicará los  intereses  correspondientes sin  capitalizar  los  intereses  de  cada  año  hasta  el  31  de diciembre de 2005.

 

En el caso de aplazamientos y/o fraccionamientos se entenderá que la deuda a actualizar es el monto pendiente de pago de los mismos a la fecha de la pérdida o de incumplimiento de la cuota que facultó a la cobranza de la totalidad de las cuotas pendientes de pago.

 

Se deberá considerar los pagos parciales en la fecha en que fueron efectuados imputándose los mismos de conformidad con el Código Tributario.

 

4.3 En los períodos siguientes al previsto en el acápite 4.1 del presente artículo, deberá aplicarse los intereses que correspondan de acuerdo a las leyes que los regulan.

 

4.4 Lo dispuesto en este artículo no da lugar a compensación ni devolución de monto alguno.

 

CAPÍTULO II

 

CONTRATOS DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA EN MINERÍA

 

Artículo 5. Incorporación de los artículos 83-A y 83-B al Texto Único Ordenado de la Ley

General de Minería aprobado por el Decreto Supremo 014-92-EM y normas modificatorias

 

Incorpóranse como artículo 83-A y artículo 83-B al Texto Único Ordenado de la Ley General de

Minería, aprobado por Decreto Supremo 014-92-EM, los textos siguientes:

 

Artículo 83-A.- A fin de promover la inversión y facilitar el financiamiento de los proyectos mineros con capacidad inicial no menor de 15,000 TM/día o de ampliaciones destinadas a llegar a una capacidad no menor de 20,000 TM/día referentes a una concesión minera, los titulares  de  la  actividad  minera  gozarán  de  estabilidad  tributaria  que  se  les  garantizará mediante contrato suscrito con el Estado, por un plazo de quince años, contados a partir del ejercicio en que se acredite la ejecución de la inversión o de la ampliación, según sea el caso.”

 

Artículo 83-B.- Los titulares de la actividad minera que inicien o estén realizando actividades de la industria minera que presenten programas de inversión no menores al equivalente en moneda nacional a US$ 500’000,000.00, tendrán derecho a celebrar los contratos a que se refiere el artículo anterior.

 

Por  excepción, tendrán  derecho  a  acceder  a  estos  contratos,  las  personas  que  realicen

inversiones no menores al equivalente en moneda nacional a US$ 500’000,000.00, en las

 

empresas que conforman la actividad empresarial del Estado sujetas al proceso de privatización, según el Decreto Legislativo 674.

 

El efecto del beneficio contractual recaerá exclusivamente en las actividades de la empresa minera a favor de la cual se efectúe la inversión, sea que aquellas estén expresamente mencionadas en el Programa de Inversiones contenido en el Estudio de Factibilidad que forma parte del Contrato de Estabilidad; o, las actividades adicionales que se realicen posteriormente a la ejecución del Programa de Inversiones, siempre que tales actividades se realicen dentro de la misma concesión donde se desarrolle el Proyecto de inversión materia del contrato suscrito con el Estado; que se encuentren vinculadas al objeto del Proyecto de inversión; que el importe de la inversión adicional sea no menor al equivalente en moneda nacional a US$

250’000,000.00; y sean aprobadas previamente por el Ministerio de Energía y Minas, sin

perjuicio de una posterior fiscalización del citado Sector.

 

Las actividades adicionales a que se refiere el párrafo anterior se deberán ejecutar dentro del plazo  de  la  estabilidad garantizada en  el  Contrato  de  Estabilidad, sin  que  suponga  una extensión o cómputo de un nuevo plazo de estabilidad.

 

El titular de la actividad minera que celebre estos contratos, podrá, a su elección, adelantar el régimen contractual estabilizado a  la  etapa de  inversión, con un  máximo de  8  ejercicios consecutivos, plazo que se deducirá del garantizado por el contrato.”

 

Artículo 6. Modificación del primer párrafo del  artículo 79, el artículo 82, el primer, segundo y tercer párrafos del artículo 83, primer párrafo del artículo 85, el artículo 86 y el inciso  c)  del  artículo  101  del  Texto  Único  Ordenado de  la  Ley  General de  Minería aprobado por Decreto Supremo 014-92-EM y normas modificatorias

 

Modifícanse el primer párrafo del artículo 79, el artículo 82, el primer, segundo y tercer párrafos del artículo 83, primer párrafo del artículo 85, el artículo 86 y el inciso c) del artículo 101 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería aprobado por Decreto Supremo 014-92- EM y normas modificatorias, conforme a los textos siguientes:

 

Artículo 79.- Tendrán derecho a celebrar los contratos a que se refiere el artículo anterior, los titulares de actividad minera que presenten programas de inversión por el equivalente en moneda nacional a US$ 20’000,000.00.

 

(…)”

 

Artículo 82.- A fin de promover la inversión y facilitar el financiamiento de los proyectos mineros con capacidad inicial no menor de 5,000 TM/día o de ampliaciones destinadas a llegar a una capacidad no menor de 5,000 TM/día referentes a la concesión minera, los titulares de la actividad minera gozarán de estabilidad tributaria que se les garantizará mediante contrato suscrito con el Estado, por un plazo de doce años, contados a partir del ejercicio en que se acredite la ejecución de la inversión o de la ampliación, según sea el caso.”

 

Artículo 83.- Tendrán derecho a celebrar los contratos a que se refiere el artículo anterior, los titulares de la actividad minera, que presenten programas de inversión no menores al equivalente en moneda nacional a US$ 100’000,000.00, para el inicio de cualquiera de las actividades de la industria minera.

 

Tratándose de inversiones en empresas mineras existentes, se requerirá un programa de inversiones no menor al equivalente en moneda nacional a US$ 250’000,000.00.

 

Por  excepción, tendrán  derecho  a  acceder  a  estos  contratos,  las  personas  que  realicen inversiones no menores al equivalente en moneda nacional a US$ 250’000,000.00, en las empresas que conforman la actividad empresarial del Estado sujetas al proceso de privatización, según el Decreto Legislativo 674.

 

(…)”.

 

Artículo 85.- Los  titulares  de  la  actividad  minera,  comprendidos en  los  alcances de  los artículos 82, 83, 83-A y 83-B de la presente Ley, para gozar de los beneficios garantizados, presentarán un estudio de factibilidad técnico-económico, que tendrá carácter de declaración jurada y deberá ser aprobado por la Dirección General de Minería en un plazo máximo de noventa días naturales; transcurridos estos y de no haber pronunciamiento por dicha Dirección, se dará automáticamente por aprobado en este último día, que será el que rija para los efectos de fijar la fecha de la estabilidad del régimen tributario y de las garantías que fueron aplicables a partir de la indicada fecha.

 

(…)”

 

Artículo 86.- Los contratos que garanticen los beneficios establecidos en el presente Título, son de adhesión, y sus modelos serán elaborados por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas.

 

Las cláusulas tributarias contenidas en dichos modelos serán revisadas cada vez que se modifique el sistema tributario por el Ministerio de Economía y Finanzas. Dichos contratos deberán incorporar todas las garantías establecidas en este Título.

 

Los modelos de contratos, serán aprobados por resolución ministerial, para el caso contemplado en los artículos 78 y 79, y por decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, para el caso de los artículos 82, 83, 83-A y 83-B de la presente Ley.

 

Los contratos serán suscritos en representación del Estado por el Viceministro de Minas, para el caso contemplado en los artículos 78 y 79, y por el Ministro de Energía y Minas, para el caso previsto en  los  artículos 82,  83,  83-A  y  83-B de  la  presente Ley,  por  una  parte,  previa conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas en lo concerniente a la materia tributaria; y, de la otra, los titulares de la actividad minera. Copia de tales contratos serán remitidas a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT.”

 

Artículo 101.- Son atribuciones de la Dirección General de Minería, las siguientes:

 

(…)

 

c) Aprobar el estudio de factibilidad técnico-económico, que tiene carácter de Declaración

Jurada a que se refieren los artículos 82, 83 y 83 -B de la presente Ley.

 

(…)”

 

CAPÍTULO III

 

CÁLCULO DE INTERESES DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN Y PROGRESIVIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR

 

Artículo 7. Modificación del cuarto y último párrafo del artículo 33, los numerales 2, 3 y 5 del primer párrafo y el segundo párrafo del artículo 159 del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 133-2013-EF y norma modificatoria

 

Modifícanse el cuarto y último párrafo del artículo 33, los numerales 2, 3 y 5 del primer párrafo y el segundo párrafo del artículo 159 del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 133-2013-EF y norma modificatoria, por los siguientes textos:

 

Artículo 33.- INTERESES MORATORIOS

 

(…)

 

La aplicación de los intereses moratorios se suspenderá a partir del vencimiento de los plazos máximos establecidos en los Artículos 142, 150 y 152 hasta la emisión de la resolución que culmine el procedimiento de reclamación ante la Administración Tributaria o de apelación ante el Tribunal Fiscal, siempre y cuando el vencimiento del plazo sin que se haya resuelto la reclamación o apelación fuera por causa imputable a dichos órganos resolutores.

 

(…)

 

La suspensión de intereses no es aplicable durante la tramitación de la demanda contencioso- administrativa.”

 

Artículo 159.- MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESOS JUDICIALES

 

(…)

 

2. Si se ofrece contracautela de naturaleza personal, esta deberá consistir en una carta fianza bancaria o financiera, con una vigencia de doce (12) meses prorrogables, cuyo importe sea el sesenta por ciento (60%) del monto por el cual se concede la medida cautelar actualizado a la fecha de notificación con la solicitud cautelar. La carta fianza deberá ser renovada antes de los diez (10) días hábiles precedentes a su vencimiento, considerándose para tal efecto el monto actualizado hasta la fecha de la renovación.

 

En caso de que no se renueve la carta fianza en el plazo antes indicado el Juez procederá a su ejecución inmediata, bajo responsabilidad.

 

3. Si se ofrece contracautela real, esta deberá ser de primer rango y cubrir el sesenta por ciento (60%) del monto por el cual se concede la medida cautelar actualizado a la fecha de notificación con la solicitud cautelar.

 

(…)

 

5. El Juez deberá correr traslado de la solicitud cautelar a la Administración Tributaria por el plazo de cinco (5) días hábiles, acompañando copia simple de la demanda y de sus recaudos, a efectos de que aquélla señale el monto de la deuda tributaria materia de impugnación actualizada a la fecha de notificación con la solicitud cautelar y se pronuncie sobre la verosimilitud del derecho invocado y el peligro que involucra la demora del proceso.

 

(…)

 

Excepcionalmente, cuando se impugnen judicialmente deudas tributarias cuyo monto total no supere las quince (15) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), al solicitar la concesión de una medida cautelar, el administrado podrá ofrecer como contracautela la caución juratoria.

 

(…)”.

 

Artículo 8. Suspensión de la aplicación de la Norma XVI del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 133-2013-EF y norma modificatoria

 

Suspéndese la facultad de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT para aplicar la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, con excepción de lo dispuesto en su primer y último párrafos, a los actos, hechos y situaciones producidas con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1121.

 

Asimismo, para los actos, hechos y situaciones producidas desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1121, suspéndese(*)NOTA  SPIJla aplicación de la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, con excepción de lo dispuesto en su primer y último párrafos,

 

hasta que el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, establezca los parámetros de fondo y forma que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario.

 

CAPÍTULO IV

 

MODIFICACIONES AL RÉGIMEN DE PERCEPCIONES DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

 

Artículo 9. Incorporación de un último párrafo al numeral 12.1 del artículo 12 y modificación del último párrafo del inciso b) del numeral 12.1 del artículo 12, del numeral

13.1 del artículo 13 y del primer párrafo del artículo 15 de la Ley 29173, que aprueba el

Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas

 

Incorpórase un último párrafo al numeral 12.1 del artículo 12 y modifícanse el último párrafo del inciso b) del numeral 12.1 del artículo 12, el encabezado del numeral 13.1 del artículo 13, y el encabezado del primer párrafo del artículo 15 de la Ley 29173, que aprueba el Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas, conforme al siguiente texto:

 

Artículo 12.- Consumidor final

 

12.1 (…)

 

b) (…)

 

Los importes establecidos en el presente inciso podrán ser modificados mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas con opinión técnica de la SUNAT, pudiendo establecerse importes diferenciados adicionales a los previstos por tipo de bien. Dichos importes podrán ser fijados en el rango comprendido entre el veinte por ciento (20%) de la UIT y cinco (5) UIT.

 

(…)

 

Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas con opinión técnica de la SUNAT, se podrá establecer los casos en que no se requerirá cumplir con la condición señalada en el inciso b) del presente numeral.”

 

Artículo 13.- Designación y exclusión de agentes de percepción

 

13.1 La designación de los agentes de percepción a que se refiere el presente capítulo tomará en consideración, entre otros, la participación de dichos sujetos en el mercado y su ubicación dentro de la cadena de producción y distribución de los bienes sujetos al régimen, garantizando el cumplimiento del objetivo del régimen. Para dichos efectos, la designación de los agentes de percepción, así como la exclusión de alguno de ellos, se efectuará mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, con opinión técnica de la SUNAT, de acuerdo con los siguientes criterios:

 

(…)”.

 

Artículo 15.- Designación y exclusión del agente de percepción

 

La designación de los agentes de percepción tomará en consideración, entre otros, la participación  de  dichos  sujetos  en  el  mercado  y  su  ubicación  dentro  de  la  cadena  de distribución de los bienes sujetos al régimen, garantizando el cumplimiento del objetivo del régimen. Para dichos efectos, la designación de los agentes de percepción, así como la exclusión de alguno de ellos, se efectuará mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, con opinión técnica de la SUNAT, considerando como criterio para:

 

(…)”.

 

CAPÍTULO V

 

DISPOSICIONES APLICABLES A LAS TASAS POR TRÁMITES, DERECHOS Y LICENCIAS MUNICIPALES

 

Artículo 10. Modificación de los artículos 67, 68 y 70 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante el Decreto Supremo 156-2004-EF

 

Modifícanse los artículos 67, 68 y 70 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante el Decreto Supremo 156-2004-EF, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:

 

Artículo 67.- Las municipalidades no pueden cobrar tasas por la fiscalización o control de actividades comerciales, industriales o de servicios, que deben efectuar de acuerdo a sus atribuciones previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades.

 

No surte efecto la norma que establezca un cobro que contravenga dicha disposición. El pago efectuado por dicho concepto será considerado como indebido, pudiendo solicitarse su devolución según lo dispuesto en el Artículo 38 del Código Tributario.

 

Sólo en los casos de actividades que requieran fiscalización o control distinto al ordinario, una

Ley expresa del Congreso deberá autorizar el cobro de una tasa específica por tal concepto.

 

La prohibición establecida en el presente artículo no afecta la potestad de las municipalidades

de establecer sanciones por infracción a sus disposiciones.”

 

Artículo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas:

 

a) Tasas por servicios públicos o arbitrios: son las tasas que se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente.

 

b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el contribuyente   a   la   Municipalidad   por   concepto   de   tramitación   de   procedimientos administrativos, siempre y cuando involucre el desarrollo de un procedimiento o servicio de la Municipalidad para el contribuyente. Asimismo, comprende aquellas tasas que debe pagar el contribuyente a la Municipalidad por el aprovechamiento de bienes públicos de propiedad de la Municipalidad.

 

c) Tasas por las licencias de apertura de establecimiento: son las tasas que debe pagar todo contribuyente por única vez para operar un establecimiento industrial, comercial o de servicios.

 

d) Tasas por estacionamiento de vehículos: son las tasas que debe pagar todo aquel que estacione su vehículo en zonas comerciales de alta circulación, conforme lo determine la Municipalidad del  Distrito correspondiente, con los  límites que  determine la  Municipalidad Provincial respectiva y en el marco de las regulaciones sobre tránsito que dicte la autoridad competente del Gobierno Central.

 

e) Tasa de Transporte Público: son las tasas que debe pagar todo aquél que preste el servicio público de transporte en la circunscripción territorial de la Municipalidad Provincial, para la gestión del sistema de tránsito urbano.

 

f) Otras tasas: son las tasas que debe pagar todo aquél que realice actividades sujetas a fiscalización o control municipal extraordinario, siempre que medie la autorización prevista en el tercer párrafo del Artículo 67.”

 

Artículo 70.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo por la prestación del servicio y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo.

 

El monto de las tasas por servicios administrativos o derechos no podrá ser superior a una (1) UIT. En caso de que el costo por la prestación del servicio supere dicho monto, para que la Municipalidad pueda cobrar una tasa superior a una (1) UIT deberá acogerse al régimen de excepción que será establecido por Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas conforme a lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General.

 

Las tasas que se cobren por la tramitación de procedimientos administrativos, solo serán exigibles al contribuyente cuando se encuentren en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad correspondiente. Toda tasa que se cobre sin cumplir con el requisito señalado será considerada pago indebido.

 

El incumplimiento de lo señalado en el presente artículo constituye una barrera burocrática ilegal, siendo aplicables las sanciones establecidas en el artículo 26 BIS del Decreto Ley

25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

 

La Contraloría General de la República, en el marco de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, verifica el cumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo.”

 

CAPÍTULO VI

 

MODIFICACIÓN A LA LEY GENERAL DE ADUANAS

 

Artículo 11. Sustitución del literal a) del artículo 25 y modificación del artículo 151 de la

Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo 1053

 

Sustitúyese el literal a) del artículo 25 y modifícase el artículo 151 de la Ley General de Aduanas,  aprobada  por  Decreto  Legislativo  1053,  quedando  redactados  de  la  siguiente manera:

 

Artículo 25.- Obligaciones específicas de los agentes de aduana

 

Son obligaciones de los agentes de aduana, como auxiliar de la función pública:

 

a) Conservar durante cinco (5) años, computados a partir del 1 de enero del año siguiente de la fecha de numeración de la declaración, toda la documentación original de los despachos en que haya intervenido.

 

La Administración Aduanera podrá disponer que el archivo de la documentación se realice en medios distintos al documental y que determinados documentos se conserven en copia.

 

Asimismo, la Administración Aduanera podrá requerir al agente de aduana la entrega de todo o parte de la documentación que conserva, antes del plazo señalado, en cuyo caso asume la obligación de conservarla.

 

Transcurrido el plazo antes mencionado, la documentación podrá ser destruida, salvo en los supuestos que se establezcan en el reglamento, en cuyo caso deberá ser entregada a la Administración Aduanera.

 

Si se produce la cancelación o revocación de su autorización, el agente de aduana deberá entregar a la Administración Aduanera toda la documentación que se encuentre dentro del

 

plazo de conservación antes establecido; quedando supeditada la devolución de la garantía a la conformidad de la entrega.

 

La Administración Aduanera podrá dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente literal.

 

(…)”.

 

Artículo 151.- Aplicación de intereses moratorios

 

Los intereses moratorios se aplicarán sobre el monto de los derechos arancelarios y demás tributos exigibles, de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, y se liquidarán por día calendario hasta la fecha de pago inclusive.

 

Los intereses moratorios también serán de aplicación al monto indebidamente restituido que debe ser devuelto por el solicitante del régimen de drawback, y se calcularán desde la fecha de entrega del documento de restitución hasta la fecha en que se produzca la devolución de lo indebidamente restituido.

 

La aplicación de los intereses moratorios se suspenderá a partir del vencimiento de los plazos máximos establecidos en los artículos 142 y 150 del Código Tributario hasta la emisión de la resolución que culmine el procedimiento de reclamación ante la Administración Tributaria o de apelación ante el Tribunal Fiscal, siempre y cuando el vencimiento del plazo sin que se haya resuelto la reclamación fuera por causa imputable a estas.

 

Durante el período de suspensión la deuda será actualizada en función del Índice de Precios al

Consumidor.

 

Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable al deudor no se tendrán en cuenta a efectos de la suspensión de los intereses moratorios.

 

La suspensión de intereses no es aplicable durante la tramitación de la demanda contencioso- administrativa.

 

SUNAT fijará la tasa de interés moratorio (TIM) respecto a los tributos que administra, de

acuerdo al procedimiento señalado en el Código Tributario.”

 

TÍTULO II

 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN CAPÍTULO I

MEDIDAS PARA REGULAR LA PERCEPCIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO DE MULTAS POR PARTE DE LAS ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO

 

Artículo 12. Percepción de ingresos por concepto de multas administrativas

 

Dispónese, a partir de la vigencia de la presente Ley, que los recursos que perciban las entidades públicas del Poder Ejecutivo, cuya función principal sea la de fiscalización, por concepto de multas administrativas impuestas en el marco del desarrollo de sus funciones, constituyen recursos del Tesoro Público.

 

No se encuentran bajo los alcances de la presente disposición, las entidades que por mandato de Ley especial vigente a la fecha de la publicación de la presente ley, destinen el ingreso que perciben por concepto de multas administrativas a un fin específico.

 

Mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas, se establecen los criterios para la determinación de las entidades públicas del Poder Ejecutivo, cuya función principal sea la de fiscalización, que se encuentran bajo los alcances del presente capítulo.

 

Artículo 13. Acciones de cobranza y depósito de las multas administrativas

 

Las acciones referidas a la ejecución de la cobranza de las multas administrativas y el depósito de los recursos generados por las mismas es responsabilidad de las correspondientes entidades del Poder Ejecutivo.

 

El depósito de los recursos a los que se refiere el párrafo anterior se efectúa conforme a las disposiciones y procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería.

 

Artículo 14. Modificación de los presupuestos institucionales

 

14.1 Autorízase a las entidades del Poder Ejecutivo bajo los alcances del presente capítulo, durante el Año Fiscal 2014, a aprobar mediante resolución de su titular la modificación de su presupuesto institucional aprobado a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, por la fuente de  financiamiento Recursos Directamente Recaudados. Dicha  resolución del  titular deberá ser aprobada en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de entrada en vigencia del decreto supremo al que se refiere el artículo 12, bajo responsabilidad del titular de la entidad.

 

14.2 En caso de que por efectos de lo establecido en el presente capítulo, disminuya la proyección de los ingresos de las entidades bajo los alcances del mismo, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá, durante el Año Fiscal 2014, autorizar los recursos necesarios que permitan compensar dicha disminución, en un monto no mayor a la disminución de la referida proyección de ingresos. Para tal efecto, en los casos que corresponda, las entidades bajo el alcance del presente capítulo, se encuentran exoneradas de lo establecido en el artículo 73 de la Ley

28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

 

Artículo 15. Control

 

La Contraloría General de la República, en el marco de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, verifica el cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo.

 

CAPÍTULO II

 

MODIFICACIONES A LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

 

Artículo  16.  Modificación  del  artículo  38  de  la  Ley  27444,  Ley  del  Procedimiento

Administrativo General

 

Incorpóranse  los  numerales  38.7,  38.8  y  38.9  al  artículo  38  de  la  Ley  27444,  Ley  del

Procedimiento Administrativo General, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera: “Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos (…)

38.7 En los casos en que por Ley, Decreto Legislativo y demás normas de alcance general, se establezcan o se modifiquen los requisitos, plazo o silencio administrativo aplicables a los procedimientos administrativos, las entidades de la Administración Pública están obligadas a

 

realizar las modificaciones correspondientes en sus respectivos Textos Únicos de Procedimientos Administrativos en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la norma que establece o modifica los requisitos, plazo o silencio administrativo aplicables a los procedimientos administrativos. En los casos en que las modificaciones involucren cien (100) o más procedimientos, el plazo máximo será de cuarenta y cinco (45) días hábiles. Si vencido dicho plazo, la entidad no ha actualizado el TUPA incorporando el procedimiento establecido o modificado en la normatividad vigente, no puede dejar de prestar el servicio respectivo, bajo responsabilidad.

 

38.8 Incurre en responsabilidad administrativa el funcionario que:

 

a) Solicita o exige el cumplimiento de requisitos que no están en el TUPA o que, estando en el

TUPA, no han sido establecidos por la normatividad vigente o han sido derogados.

 

b) Aplique tasas que no han sido aprobadas conforme a lo dispuesto por los artículos 44 y 45 de esta Ley, y por el Texto Único Ordenado del Código Tributario, cuando corresponda.

 

c) Aplique tasas que no han sido ratificadas por la Municipalidad Provincial correspondiente, conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

 

Asimismo,  incurre  en  responsabilidad administrativa el  Alcalde  y  el  gerente  municipal,  o quienes hagan sus veces, cuando transcurrido el plazo de treinta (30) días hábiles luego de recibida la solicitud de ratificación de la municipalidad distrital, no haya cumplido con atender la solicitud de ratificación de las tasas a las que se refiere el artículo 40 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, salvo las tasas por arbitrios en cuyo caso el plazo será de sesenta (60) días hábiles.

 

Sin perjuicio de lo anterior, las exigencias establecidas en los literales precedentes, también constituyen una barrera burocrática ilegal, siendo aplicables las sanciones establecidas en el artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

 

38.9 La Contraloría General de la República, en el marco de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, verifica el cumplimiento de los plazos señalados en el numeral 38.7 del presente artículo.”

 

Artículo  17.  Modificación  del  artículo  126  de  la  Ley  27444,  Ley  del  Procedimiento

Administrativo General

 

Modifícase el numeral 126.2 e incorpóranse los numerales 126.3 y 126.4 al artículo 126 de la

Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, de acuerdo al siguiente texto:

 

Artículo 126.- Subsanación documental

 

(…)

 

126.2 Las entidades de la Administración Pública se encuentran obligadas a realizar una revisión integral del cumplimiento de todos los requisitos de las solicitudes que presentan los administrados y, en una sola oportunidad, formular todas las observaciones que correspondan.

 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, la entidad mantiene la facultad de requerir única y exclusivamente la subsanación de aquellos requisitos que no hayan sido subsanados por el administrado o cuya subsanación no resulte satisfactoria, de conformidad con lo dispuesto por la norma correspondiente. En ningún caso la entidad podrá realizar nuevas observaciones invocando la facultad señalada en el presente párrafo.

 

126.3 El incumplimiento de esta obligación constituye una falta administrativa sancionable de conformidad con lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

 

126.4 Sin perjuicio de lo anterior, el incumplimiento de esta obligación también constituye una barrera burocrática ilegal, siendo aplicables las sanciones establecidas en el artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. Ello, sin perjuicio de la obligación del administrado de subsanar las observaciones formuladas.”

 

Artículo 18. Modificación de los numerales 2 y 3 e incorporación del numeral 7 al literal d) del artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI

 

Modifícanse los numerales 2 y 3 del literal d) e incorpórase el numeral 7 al mismo literal del artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, de acuerdo al siguiente texto:

 

Artículo 26 BIS.- (…)

 

d) Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es declarada ilegal como consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos:

 

(…)

 

2. Exigir derechos de tramitación incumpliendo lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, o el artículo 70 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo 156-2004-EF.

 

3. Incumplir la obligación establecida en el artículo 38.8 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento

Administrativo General.” (…)

7.  Incumplir  la  obligación  establecida  en  el  artículo  126.2  de  la  Ley  27444,  Ley  del

Procedimiento Administrativo General.”

 

CAPÍTULO III

 

MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN MATERIA AMBIENTAL Artículo 19. Privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras

En el marco de un enfoque preventivo de la política ambiental, establécese un plazo de tres (3) años contados a partir de la vigencia de la presente Ley, durante el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora en materia ambiental.

 

Durante dicho período, el OEFA tramitará procedimientos sancionadores excepcionales. Si la autoridad administrativa declara la existencia de infracción, ordenará la realización de medidas correctivas destinadas a revertir la conducta infractora y suspenderá el procedimiento sancionador excepcional. Verificado el cumplimiento de la medida correctiva ordenada, el procedimiento sancionador excepcional concluirá. De lo contrario, el referido procedimiento se reanudará, quedando habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva.

 

Mientras dure el período de tres (3) años, las sanciones a imponerse por las infracciones no podrán  ser  superiores  al  50%  de  la  multa  que  correspondería aplicar,  de  acuerdo  a  la metodología de  determinación de  sanciones, considerando los  atenuantes y/o  agravantes correspondientes. Lo dispuesto en el presente párrafo no será de aplicación a los siguientes casos:

 

a) Infracciones muy graves, que generen un daño real y muy grave a la vida y la salud de las personas. Dicha afectación deberá ser objetiva, individualizada y debidamente acreditada.

 

b) Actividades que se realicen sin contar con el instrumento de gestión ambiental o la autorización de inicio de operaciones correspondientes, o en zonas prohibidas.

 

c) Reincidencia, entendiéndose por tal la comisión de la misma infracción dentro de un período de seis (6) meses desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.

 

CONCORDANCIAS:       R. N° 026-2014-OEFA-CD  (Apr ueban  “ Nor mas  r egl amentar ias  que  facil i tan  l a  apl icaci ón  de  lo

establecido    en    el    Artículo    19    de    la    Ley    Nº    30230    -    Ley    que    establece    medidas    tributarias,simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversi ón  en  el  país”)

 

Artículo 20.  Modificación del  segundo párrafo  e  incorporación del  tercer  párrafo  al artículo 7 de la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas

 

Modifícase el segundo párrafo e incorpórase el tercer párrafo al artículo 7 de la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

 

Artículo 7.- (…)

 

Por Resolución Ministerial se reconocen las Áreas de Conservación Privada a que se refiere el

Artículo 12 de esta Ley.

 

Por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros se establecen las Zonas

Reservadas a que se refiere el Artículo 13 de esta Ley.”

 

Artículo 21. Solicitud de opiniones para la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental

 

21.1 En caso de que la entidad encargada de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a un determinado proyecto de inversión requiera opiniones vinculantes y no vinculantes de otras entidades del sector público, estas deberán emitirse, bajo responsabilidad, en un plazo máximo de 45 días hábiles.

 

El hecho de que no se emita la opinión vinculante en el plazo antes referido, constituye un incumplimiento de las obligaciones del funcionario responsable de emitirla, quien incurrirá en falta grave aplicable al régimen laboral al que pertenece. En dicho supuesto, se inicia el procedimiento sancionador correspondiente contra el funcionario responsable y el Titular de la entidad debe emitir la opinión vinculante, bajo responsabilidad.

 

En el supuesto que se solicite una opinión no vinculante y esta no fuera emitida dentro del plazo antes referido, el funcionario de la entidad que debe aprobar el Estudio de Impacto Ambiental deberá continuar el procedimiento sin dicha opinión. En caso de no continuar con el procedimiento, dicho funcionario incurrirá en falta grave aplicable al régimen laboral al que pertenece. En dicho supuesto, se inicia el procedimiento sancionador correspondiente contra el funcionario responsable, y el Titular de la entidad debe continuar con el procedimiento de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, bajo responsabilidad.

 

Una vez emitidas las opiniones vinculantes y no vinculantes, la entidad encargada de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental deberá elaborar un informe consolidado de dichas opiniones, que será remitido al solicitante, para las subsanaciones o aclaraciones que correspondan. En dicho informe, la entidad encargada de la aprobación del Estudio de Impacto

 

Ambiental solo considerará las opiniones emitidas por las entidades en  el  marco de sus competencias establecidas en la Ley.

 

21.2 Las entidades están prohibidas de solicitar nuevamente los documentos que el solicitante haya presentado en el transcurso del proceso, bajo responsabilidad de su Titular.

 

21.3 En caso de servidores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios y solo para efectos del presente artículo, será de aplicación el régimen sancionador aplicable según el Decreto Legislativo 276.

 

Artículo 22. Ordenamiento territorial

 

El ordenamiento territorial es un proceso político y técnico administrativo destinado a orientar la ocupación ordenada y  uso  sostenible del  territorio,  sobre  la  base  de  la  identificación de potencialidades y limitaciones, considerando criterios económicos, socioculturales, ambientales e institucionales.

 

La Política Nacional de Ordenamiento Territorial es aprobada mediante Decreto Supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Ni la Zonificación Económica Ecológica, ni el Ordenamiento Territorial asignan usos ni exclusiones de uso.

 

Artículo 23.  Lineamientos de  los  Estándares de  Calidad  Ambiental (ECA)  y  Límites

Máximos Permisibles (LMP)

 

Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites Máximos Permisibles (LMP) a los que se refieren los literales d) y e) del artículo 7 del Decreto Legislativo 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, deben basarse en criterios de protección de la salud, el ambiente, así como en un análisis de impacto regulatorio y económico sobre las industrias y poblaciones involucradas.

 

La aprobación y actualización periódica de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) a que se refiere el literal d) del artículo 7 del Decreto Legislativo 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, se efectuará mediante decreto supremo refrendado por los sectores vinculados y se realizará sobre la base de los criterios y análisis mencionados en el párrafo precedente.

 

Artículo 24. Eliminación de duplicidades

 

Mediante  decreto  supremo  refrendado por  el  Ministro  del  Ambiente  y  por  el  Ministro  de Agricultura y Riego se establecerán las disposiciones orientadas a integrar los procedimientos de evaluación y otorgamiento de autorización de desbosque, autorización de vertimientos y reúso de aguas residuales tratadas con instrumentos del sistema nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

 

CAPÍTULO IV

 

SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

 

Artículo 25. Disposiciones para fortalecer el seguimiento y la promoción de la inversión

 

25.1 Facúltase al  Equipo Especializado de  Seguimiento de  la Inversión del  Ministerio de Economía y Finanzas a realizar, en el marco de sus competencias, requerimientos de información a las entidades públicas, para el cumplimiento de sus funciones y de acuerdo a la priorización que establezca su Director Ejecutivo.

 

25.2 Establécese la obligación de las entidades públicas de atender los requerimientos de información que realice el Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas, en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, contados desde la recepción de dicho requerimiento.

 

25.3 El incumplimiento de esta obligación constituirá una falta administrativa sancionable de conformidad con lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

 

25.4 Cada entidad designará, mediante resolución del Titular, a un funcionario con rango de Director General, equivalente o superior, responsable de la coordinación y atención de los requerimientos de  información que  realice  el  Equipo Especializado de  Seguimiento de  la Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas. La designación deberá realizarse en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la entrada en vigencia de la presente Ley, y deberá ser notificada al Ministerio de Economía y Finanzas dentro del mismo plazo. En cualquier caso, la responsabilidad es compartida con el Titular de la entidad pública.

 

25.5 Los Órganos de Control Institucional, en el marco de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, verifican el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

 

Artículo 26. Suspensión de procedimientos para ejecución de obras de infraestructura

 

Tratándose de procedimientos de ejecución coactiva contemplados en la Ley 30025, Ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras de infraestructura y declara de necesidad pública la adquisición o expropiación de bienes inmuebles afectados para la ejecución de diversas obras de infraestructura, no resulta aplicable la suspensión del trámite del procedimiento de ejecución coactiva a que se refiere el artículo 23 de la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

 

Artículo 27. Modificación de la primera disposición complementaria final de la Ley 30025, Ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras de  infraestructura y declara de  necesidad pública la  adquisición o  expropiación de bienes inmuebles afectados para la ejecución de diversas obras de infraestructura

 

Modifícase la primera disposición complementaria final de la Ley 30025, Ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras de infraestructura y declara de necesidad pública la adquisición o expropiación de bienes inmuebles afectados para la ejecución de diversas obras de infraestructura, la cual quedará redactada de la siguiente manera:

 

PRIMERA.- Lo establecido en la presente Ley es de aplicación inmediata a las expropiaciones en trámite sobre bienes inmuebles que resulten necesarios para la ejecución de obras de infraestructura, y que se adecuarán en la etapa en que se encuentren.

 

Sin perjuicio de ello, tratándose de los procedimientos de adquisición de inmuebles por trato directo iniciados al amparo de la Ley 27628, antes de la vigencia de la presente Ley y que se encuentran comprendidos en  la  quinta  disposición  complementaria final  de  la  misma, se autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a culminar dichos procedimientos de trato directo bajo los alcances de la Ley 27628.

 

Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones puede utilizar el procedimiento de adquisición por trato directo de inmuebles previsto por la Ley 27628, aun cuando dichos inmuebles sean necesarios para la ejecución de las obras de infraestructura vial de interés nacional y de gran envergadura señaladas en la quinta disposición complementaria final, en los casos que se acredite que dicho procedimiento de trato directo resulta más favorable para los fines buscados por la mencionada disposición.”

 

Artículo 28. Procedimiento especial para la ejecución de obras

 

28.1 Facúltase, excepcionalmente, a las entidades comprendidas en el numeral 3.1 del artículo

3 del Decreto Legislativo 1017, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, a contratar la ejecución de obras siguiendo el procedimiento especial de contratación previsto en el Anexo Nº 4 de la Ley 30191, Ley que establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre. Al procedimiento especial de contratación, le son de aplicación la exigencia del Registro Nacional de Proveedores - RNP, el registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE y los procedimientos administrativos sancionadores que se tramitan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado recogidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 184-2008-EF y modificatorias.

 

28.2 El procedimiento especial de contratación se utiliza siempre que se cumplan con las siguientes condiciones:

 

a) Los proyectos hayan sido declarados viables, en el marco del Sistema Nacional de Inversión

Pública, de corresponder.

 

b) Corresponda a una licitación pública conforme a la Ley 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, y su valor referencial no sea mayor a S/. 15 000 000,00 (QUINCE MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES).

 

28.3 El procedimiento especial de contratación se aplica a los procesos de selección convocados hasta el 31 de diciembre de 2014.

 

Artículo 29. Modificaciones presupuestarias del Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento, y el Ministerio de Educación a favor del FONIPREL

 

Autorízase  al  Ministerio  de  Vivienda,  Construcción  y  Saneamiento,  y  al  Ministerio  de Educación,  a  realizar  modificaciones  presupuestarias  en  el  nivel  funcional  programático, durante el año fiscal 2014, hasta por la suma de S/. 400 000 000,00 (CUATROCIENTOS MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES) y hasta por la suma de S/. 250 000 000,00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES), respectivamente, las cuales  serán  destinadas  al  financiamiento  y  cofinanciamiento  por  parte  del  Fondo  de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local - FONIPREL para la ejecución de proyectos de inversión pública de Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, en servicios enmarcados en  las  competencias  funcionales  de  dichos  Ministerios  y  que  sean  de  competencia  del Gobierno Regional y/o Gobierno Local, mediante el mecanismo previsto en la Ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, y sus normas modificatorias y reglamentarias.

 

Para tal efecto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Ministerio de Educación quedan exceptuados de lo establecido en el artículo 80 del Texto Único Ordenado de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo 304-2012-EF.

 

Los recursos a que se refiere el presente artículo son transferidos financieramente al FONIPREL, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por  los  Ministros  de  Vivienda,  Construcción  y  Saneamiento  y  de  Educación,  según corresponda, a propuesta de estos últimos, resultando aplicable además, según corresponda, lo dispuesto en la única disposición complementaria de la Ley 29125, Ley que establece la implementación y el funcionamiento del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local - FONIPREL, y demás disposiciones legales vigentes que regulan el referido Fondo.

 

El Ministerio de Economía y Finanzas, mediante resolución ministerial, podrá establecer las disposiciones que pudieran resultar necesarias para la mejor aplicación del presente artículo.

 

CAPÍTULO V

 

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MIPYME)

 

Artículo 30. Creación del Fondo MIPYME

 

Créase el Fondo MIPYME por un monto de hasta S/. 600 000 000,00 (SEISCIENTOS MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES), de los cuales S/. 500 000 000,00 (QUINIENTOS MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES) tendrán por objeto financiar fondos de garantía o afianzamiento para empresas del sistema financiero o mercado de valores y S/. 100 000

000,00 (CIEN MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES) serán destinados a incrementar la productividad de las MIPYME a través de instrumentos para difusión tecnológica, innovación empresarial y mejora de la gestión y encadenamientos productivos y acceso a mercados.

 

Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público para constituir el depósito en la cuenta correspondiente hasta por el monto señalado en el párrafo anterior, con cargo al monto del gasto devengado no pagado al 28 de febrero de 2014 y que corresponde a ejercicios fiscales de años anteriores.

 

El  Fondo  MIPYME  será  administrado  en  fideicomiso  por  la  Corporación  Financiera  de Desarrollo S.A. - COFIDE, en los términos y condiciones que dispone el reglamento, aprobado por decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de la Producción.

 

Artículo 31. Fideicomiso con COFIDE

 

Para la administración del Fondo MIPYME, se autoriza a la Dirección General de Tesoro Público y Endeudamiento del Ministerio de Economía y Finanzas a suscribir un contrato de fideicomiso con la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE), el mismo que deberá aprobarse mediante resolución ministerial de Economía y Finanzas.

 

Artículo 32. Plazo de vigencia

 

El plazo de vigencia del Fondo MIPYME será de diez (10) años a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. Al término del plazo de vigencia del Fondo MIPYME, dicho Fondo revertirá al Tesoro Público.

 

Artículo 33. Fortalecimiento de los CITE

 

Autorízase, a partir de la vigencia de la presente Ley, al Instituto Tecnológico de la Producción, a otorgar subvenciones para los Centros de Innovación Tecnológica - CITE públicos y privados acreditados con cargo a su presupuesto institucional. La transferencia de recursos se realiza a través de convenios de desempeño suscritos con el Instituto Tecnológico de la Producción, de acuerdo a lo que establezca el Ministerio de la Producción.

 

Artículo 34. Optimización de los recursos para el desarrollo productivo

 

Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a disponer la optimización gradual de los fondos, programas y proyectos destinados al desarrollo productivo y empresarial y al financiamiento destinado a garantizar a la micro, pequeña y mediana empresa, cuyos recursos provengan parcial o totalmente del Tesoro Público.

 

Mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas establecerá la estrategia, lineamientos o condiciones para la mencionada optimización, en  un  plazo  de  90  días  de  publicada esta  Ley.  En  el  caso  de  los  fondos

 

destinados  a  garantías,  por  decreto  supremo  refrendado  por  el  Ministro  de  Economía  y

Finanzas se podrá disponer su reasignación al Tesoro Público.

 

Artículo 35. Créditos a las micro y pequeñas empresas

 

Inclúyese al “Programa Especial de Apoyo Financiero a la Micro y Pequeña Empresa (PROMYPE)” del Banco de la Nación dentro de los alcances de lo dispuesto en los artículos 30 y 31 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE, a fin de canalizar recursos a  través de  entidades que  otorgan créditos a  las  micro  y pequeñas empresas, para ser destinados a la adquisición de bienes de activo fijo.

 

Para el efecto, increméntase el monto del Programa PROMYPE a S/. 1200 000 000,00 (MIL DOSCIENTOS MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES), el cual podrá ser ampliado conforme a lo que establezca el Estatuto del Banco de la Nación.

 

TÍTULO III

 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Y OTRAS DISPOSICIONES PARA PROPICIAR LA EFICIENCIA EN  LA  ADMINISTRACIÓN DE  PREDIOS DEL  ESTADO  Y  FACILITAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

 

CAPÍTULO I

 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

 

SUBCAPÍTULO I PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Artículo 36. Objeto

Créanse procedimientos especiales para el saneamiento físico legal de predios involucrados en el desarrollo de proyectos de inversión pública y privada.

 

Artículo 37. Ámbito de aplicación

 

a) El presente subcapítulo regula acciones extraordinarias de saneamiento físico legal para predios comprendidos dentro del área de influencia directa o indirecta de los proyectos de inversión referidos en el artículo siguiente, independientemente del uso actual o futuro que se les dé a los predios.

 

b) Asimismo, son materia de las acciones de saneamiento, los predios ocupados por obras públicas viales en fase de operación, cuyas áreas se encuentran pendientes de saneamiento físico legal, antes o después de la vigencia de la presente Ley.

 

Artículo 38. Proyectos comprendidos

 

Se encuentran dentro de los alcances del presente subcapítulo los proyectos de inversión pública o privada:

 

a) Declarados por Ley de necesidad pública, interés nacional, seguridad nacional y/o de gran envergadura cuya declaración sea anterior o posterior a la vigencia de la presente Ley.

 

b) Que cuentan con concesiones otorgadas por el Gobierno Nacional o con la participación de PROINVERSION, autorizaciones ministeriales anteriores o  posteriores a  la  vigencia de  la presente Ley.

 

Artículo 39. Solicitantes

 

Las solicitudes de acceso a los procedimientos especiales de saneamiento físico legal de predios pueden ser realizadas por entidades públicas a cargo del proyecto de inversión o titulares de proyectos a los que se refiere el presente subcapítulo.

 

Artículo 40. Competencia del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal

 

Facúltase al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), para que a solicitud de  parte,  ejecute  procedimientos especiales para  el  saneamiento físico  legal  de predios correspondientes a particulares, incluyendo la rectificación de áreas, involucrados en el desarrollo de proyectos comprendidos en el presente subcapítulo.

 

Artículo 41. Competencia de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

 

41.1 Se faculta a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) para ejecutar los procedimientos especiales para el saneamiento físico legal a los predios de propiedad estatal comprendidos en el presente subcapítulo, sobre los cuales celebrará los actos de adquisición, administración  o  disposición  que  correspondan  en  el  marco  de  las  normas  del  Sistema Nacional de Bienes Estatales.

 

41.2  Con el objeto de cumplir las acciones referidas en  el numeral anterior, otórgase la titularidad de dominio respecto de dichos predios o edificaciones de las entidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales a favor del Estado representado por la SBN, con excepción de las entidades del sistema al que hacen referencia los literales e), f) y g) del artículo 8 de la Ley

29151. Los gobiernos regionales y locales podrán delegar a la SBN titularidad para realizar acciones de saneamiento sobre sus predios sin que ello implique transferencia de dominio.

 

41.3 Para asumir dicha titularidad de dominio o efectuar la transferencia interestatal, la SBN no requiere de ningún tipo de autorización del titular de la entidad comprendida en el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ni resulta de aplicación procedimientos o normas especiales que regulen los actos de disposición de predios por entidades públicas o sectores.

 

41.4 La inscripción de la titularidad de dominio en el Registro Público de Propiedad de Predios se hará por el mérito de la resolución expedida para dicho efecto por el área competente de la SBN.

 

41.5 Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de concluido el proceso de saneamiento, la SBN emitirá la resolución que permita transferir la titularidad de dominio del predio a la entidad que corresponda, conforme al reglamento de la presente Ley. La inscripción de dicha titularidad en el Registro Público de Propiedad de Predios se hará por el mérito de la referida resolución.

 

Artículo 42. Anotación preventiva

 

Iniciado el procedimiento especial de saneamiento físico legal a que se refiere el presente subcapítulo, a solicitud de COFOPRI, SBN o del titular del proyecto de inversión, el registrador procederá a extender una anotación preventiva en las partidas involucradas en el proyecto publicitando el inicio de dicho procedimiento.

 

Extendida la anotación preventiva a que se refiere el párrafo anterior, no podrá inscribirse ni anotarse ningún acto solicitado por otras entidades públicas. La anotación preventiva tendrá una vigencia de un (1) año, pudiendo prorrogarse por un año adicional.

 

Cuando en el área involucrada en el proyecto se encuentran predios no inscritos el registrador procederá  a  abrir  una  partida  registral  provisional  en  la  que  se  extenderá  la  anotación preventiva antes indicada.

 

Artículo 43. Costo de servicios

 

Las  actuaciones  a  cargo  de  COFOPRI  o  SBN  en  los  procedimientos  especiales  de saneamiento físico legal de predios a que se refiere el presente subcapítulo son asumidas por el solicitante.

 

SUBCAPÍTULO II

 

REGLAS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA Y PREVALENCIA DE INFORMACIÓN

 

Artículo 44.  Información emitida por  la  Superintendencia Nacional de  los  Registros

Públicos

 

44.1 Para efectos de las acciones de saneamiento físico legal, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) proporcionará información en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles sobre los antecedentes registrales y búsquedas catastrales de los predios materia de saneamiento. Los informes técnicos sustentatorios de los certificados de búsqueda catastral emitidos en dicho marco serán vinculantes para el área de catastro en la posterior emisión de informes catastrales en el procedimiento de calificación del título correspondiente, salvo modificaciones a la base gráfica como consecuencia de la presentación de títulos posteriores.

 

44.2 La información catastral que emita SUNARP debe incorporar los datos de los planos de títulos archivados que sustentaron su incorporación a la base gráfica registral, especificando si dichos planos cuentan con georeferenciación y con coordenadas UTM, o si han sido materia de saneamiento registral; asimismo, informará cuando la data registral haya sido reconstruida pero no existe plano en el título archivado.

 

44.3 El Informe técnico que emita SUNARP también estará acompañado del gráfico digital completo del área consultada señalando toda la información gráfica disponible.

 

Artículo 45. Valor referencial de la información proporcionada por SUNARP

 

La información proporcionada por SUNARP tendrá valor referencial cuando SUNARP señale que la información del catastro registral corresponda a planos sin georeferenciación o coordenadas arbitrarias, o adolece de las especificaciones técnicas del área y/o perímetro y/o linderos u otro dato técnico, o cuyos polígonos han sido reconstruidos sin mediar planos en los títulos archivados para determinar la ubicación física definitiva del predio.

 

Artículo 46. Prevalencia de información

 

Para  las  inscripciones  en  el  Registro  Público  de  Predios,  la  información  de  los  planos levantados en campo prevalece sobre la información gráfica obrante en los Registros, de acuerdo a los supuestos regulados en el artículo siguiente. En dichos casos, no será necesario ejecutar rectificaciones de área en los predios involucrados, ni resulta de aplicación previa las disposiciones del Título VI del Decreto Supremo 005-2006-JUS, ni otra regla diferente a las reguladas en el presente subcapítulo.

 

Artículo 47. Supuestos de prevalencia

 

La prevalencia se aplica en los siguientes supuestos:

 

a) Cuando en el título archivado obra planos imperfectos que no cuenten con georeferenciación y/o área y/o medidas perimétricas y/o no contengan datos técnicos y/o estos tengan coordenadas arbitrarias.

 

b) Cuando no existan planos como parte del título archivado, siempre que se encuentren dentro de los rangos de tolerancia respectivos.

 

c) Cuando existan superposiciones gráficas generadas por desplazamiento de coordenadas o coordenadas en predios inscritos.

 

d) Cuando el predio tenga discrepancias de cualquier dato técnico, dentro de los rangos de tolerancia establecidos en las normas del Sistema Nacional Integrado de Catastro, creado por Ley 28294.

 

e) Cuando la medida del área o medida perimétrica del predio inscrito esté expresada de forma distinta al sistema métrico decimal, siempre que la medida en esta última sea equivalente o esté dentro de los rangos de tolerancia respectivos.

 

Artículo 48. Inaplicación de otras reglas, requisitos o procedimientos

 

No serán aplicables a los supuestos comprendidos en los procedimientos especiales referidos en el presente subcapítulo, otras reglas, requisitos o procedimientos establecidos en otros textos normativos. La  SUNARP no  requerirá mayores requisitos a  los  establecidos en  la presente Ley y su reglamento.

 

SUBCAPÍTULO III

 

MODIFICACIÓN FÍSICA DE PREDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

 

Artículo 49. Independización o desmembración de los predios afectados

 

Para la inscripción de la modificación física de predios inscritos tales como independizaciones, subdivisiones, acumulaciones, parcelaciones y otros, solo será exigible la presentación del oficio solicitando la inscripción, acompañando los siguientes documentos:

 

a) Los planos perimétrico y de ubicación que representa el área afectada a independizar, desmembrar o acumular con su respectivo cuadro de datos técnicos, graficando las áreas remanentes o áreas no afectadas correspondientes debidamente suscrito por el verificador castastral inscrito en el Índice de Verificadores Catastrales a cargo de la SUNARP. En todos los casos el registrador público debe considerar dichos planos para determinar los datos del área remanente del predio.

 

b) Memoria descriptiva del área afectada, a independizar: titular, áreas, medidas y linderos. c) El archivo digital del plano o planos presentados.

En los casos que se advierta que no sea factible determinar el área remanente, los planos a presentar solo se referirán al área afectada materia de independización o desmembración.

 

Artículo 50. Requisitos técnicos para la inscripción

 

Para  la  inscripción de  la  modificación física de  predios  y/o  saneamiento que implique la prevalencia en predios inscritos se adjuntará lo siguiente:

 

a) Formato de Prevalencia de la Información Catastral, suscrito por el verificador catastral inscrito en el Índice de Verificadores Catastrales a cargo de la SUNARP, señalando que el

 

plano presentado no se superpone o afecta derechos de terceros, adjuntando el plano correspondiente.

 

b) Archivo digital de la información técnica correspondiente.

 

Artículo 51. Documentos no exigibles

 

Para la inscripción de actos en el Registro Público de Predios que involucre subdivisiones, independizaciones, parcelaciones o acumulaciones de predios inscritos no  se presentarán certificados de  información catastral, planos  visados, ni  resoluciones expedidas por  otras entidades u otras exigencias que impidan, limiten o afecten la inscripción o la celeridad de la misma.

 

CAPÍTULO II

 

INSCRIPCIÓN DE LA ANOTACIÓN PREVENTIVA Y/O LA CARGA REGISTRAL DE ÁREAS COMPRENDIDAS POR EL DERECHO DE VÍA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

 

Artículo 52. Inscripción de anotación preventiva

 

Corresponde la inscripción de la anotación preventiva y la carga registral de las áreas de terrenos que comprenden el derecho de vía de las carreteras de la Red Vial Nacional, Regional o Local.

 

Artículo 53. Efectos de la inscripción del derecho de vía

 

53.1 Por la anotación preventiva del derecho de vía en el registro de predios se presume que toda persona tiene conocimiento de aquel y que advierte de la existencia de una afectación sobre el predio por la ejecución de una obra vial, la cual va a ser materia de adquisición, a través del trato directo o la expropiación por parte de la entidad ejecutante.

 

53.2 Las áreas que forman parte del derecho de vía, quedan excluidas de las acciones de saneamiento físico legal por parte de cualquier entidad pública y de privados, así como los procesos iniciados al amparo del artículo 21 de la Ley 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común.

 

Artículo 54. Entidad competente

 

Para las  vías  que comprenden la red  vial nacional, departamental o local,  el funcionario competente establecido en las disposiciones legales vigentes, está facultado para solicitar mediante oficio dirigido a registros públicos la inscripción de la anotación preventiva del área que comprende el área del derecho de vía y la inscripción de la carga registral sobre los predios afectados por el proyecto vial.

 

Asimismo, esta inscripción podrá solicitarse a solo mérito de los dispositivos legales que precisan el derecho de vía.

 

Artículo 55. Vigencia y levantamiento de la anotación preventiva y carga registral

 

La anotación preventiva y carga registral del derecho de vía tendrá una vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de la inscripción de la anotación o cuando el funcionario competente que solicitó su inscripción requiera su levantamiento y cancelación.

 

CAPÍTULO III

 

EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO

 

Artículo 56. Plazo para procedimientos administrativos y acceso a información cartográfica

 

56.1 Los procedimientos administrativos que requiera la SBN sobre los predios estatales ante los Gobiernos Locales, serán atendidos en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, bajo responsabilidad.

 

56.2 El plazo indicado en el numeral precedente es aplicable también a las solicitudes que la SBN realice a entidades públicas que en ejercicio de sus funciones generan o almacenan información cartográfica básica y catastral de propiedad y otros derechos, bajo responsabilidad del titular del pliego. Dicha información debe ser entregada en formato digital.

 

Artículo 57. Modificación de la Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes

Estatales

 

Modifícanse el artículo 18, el artículo 25 y la segunda disposición complementaria de la Ley

29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, los cuales quedan redactados conforme a los textos siguientes:

 

Artículo 18.- Aprovechamiento de los bienes estatales y de la asunción de titularidad

 

Las entidades a las cuales se hace referencia en el artículo 8 de la presente Ley, deben otorgar un eficiente uso y aprovechamiento económico y/o social de sus bienes y de los que se encuentran bajo su administración, conforme a los procedimientos establecidos en el reglamento de la presente Ley y atendiendo a los fines y objetivos institucionales.

 

El Estado, representado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), revertirá o asumirá la titularidad, según corresponda, sobre los predios de las entidades del Sistema a que hacen referencia los literales b), c) y d) del artículo 8, cuando como consecuencia de la función de supervisión realizada sobre los bienes de propiedad estatal se comprueba que tienen un destino distinto a la finalidad asignada por Ley, acto administrativo u otro título o, que sin tener finalidad expresa, se encuentran en situación de abandono por parte de las entidades conformantes del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

 

La SBN revertirá la propiedad de los predios del Estado que aquella haya transferido a título gratuito en favor de las entidades del Sistema a que hacen referencia los literales e), f) y g) en el caso que ejercida su función de supervisión se compruebe que no han sido destinados a la finalidad para la que fueron transferidos dentro del plazo consignado en la resolución de la transferencia o han sido abandonados, sin obligación de reembolso alguno.

 

De no haberse establecido plazo para el cumplimiento de la finalidad, este será de dos (2) años.  Excepcionalmente, si  al  término del  plazo  para  cumplir  con  la  finalidad la  entidad afectada acredita un avance de por lo menos un 60% en la ejecución de obras o en la satisfacción de la prestación de un servicio, según sea el caso, el plazo antes referido se prorrogará por un año adicional.

 

Asimismo, la SBN asume la titularidad de dominio respecto de los bienes que las entidades del Sistema, hayan puesto a su disposición, por no resultarle de utilidad para la finalidad asignada en el marco de la aplicación de una política de uso racional de los bienes y gestión inmobiliaria eficiente.”

 

Artículo 25.- Servicios no exclusivos

 

Autorízase a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN a realizar, entre otras actividades, las siguientes: difusión normativa, publicaciones, capacitaciones e investigaciones,

 

así como a efectuar los cobros correspondientes, que permitan sufragar los respectivos gastos, cuyos montos de retribución son aprobados y reajustados periódicamente por su titular.

 

Asimismo, la SBN podrá percibir ingresos por los siguientes servicios no exclusivos que brinde a solicitud de parte: diagnóstico, saneamiento físico-legal de la propiedad e inspección técnica de predios bajo el ámbito de su competencia o comprendidos dentro del área de influencia directa o indirecta de proyectos de inversión pública, ingresos que se incorporan a su presupuesto como recursos propios.

 

Los montos de retribución por las actividades y servicios antes descritos son aprobados y

reajustados periódicamente por su titular”.

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

 

(…)

 

SEGUNDA.- De las acciones de reversión, desafectación o extinción de cesión en uso a favor del Estado

 

La  SBN  está  facultada  para  expedir  resoluciones declarando la  reversión,  desafectación, extinción de la afectación o de la cesión en uso, extinción de la designación o de la reserva sobre las transferencias de dominio, afectaciones, cesiones en uso, u otras formas de designación, asignación, afectación o reserva de predios estatales aprobadas inclusive antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, que no hayan cumplido con la finalidad asignada, independientemente del dispositivo, acto o nivel jerárquico con el cual hayan sido otorgados.

 

Los contratos de arrendamiento, cesión en uso y derecho de superficie, regidos por la Ley

24561, modificada por el Decreto Ley 25799, no tendrán un plazo de vigencia superior a quince

(15) años. Todo contrato que contravenga esta norma es nulo de pleno derecho”.

 

Artículo 58. Incorporación del literal l) al numeral 14.1 del artículo 14, del artículo 19-A y del artículo 26 a la Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales

 

Incorpóranse el literal l) al numeral 14.1 del artículo 14, el artículo 19-A y el artículo 26 a la Ley

29151, en los términos siguientes:

 

Artículo 14.-  Funciones y  atribuciones de  la  Superintendencia Nacional de  Bienes

Estatales

 

(…)

 

“l) Sancionar y aplicar medidas correctivas a los particulares que promuevan o invadan predios de propiedad estatal bajo la titularidad de dominio y administración de la SBN.”

 

Artículo 19-A.- Infracciones y sanciones

 

A partir de la vigencia de la presente Ley, se consideran como conductas infractoras cometidas por particulares, sobre los predios de propiedad estatal bajo titularidad de dominio y administración de las entidades comprendidas en el artículo 8 de la Ley, las siguientes:

 

1. Promover invasiones.

 

2. Invadir predios.

 

3. Construir, sin autorización ni título alguno, edificaciones de material noble o temporal sobre los predios.

 

La SBN, en el ejercicio de su función sancionadora, ante los supuestos descritos en el párrafo anterior, podrá imponer las sanciones de amonestación y multa; así como aplicar las medidas correctivas de incautación y decomiso de bienes, solicitar la demolición y destrucción de bienes que sirvieron como medio para la infracción, sin derecho a reembolso ni indemnización.

 

Por decreto supremo se regulan las conductas infractoras y sus respectivas sanciones, el procedimiento administrativo sancionador y de ejecución coactiva para infracciones de particulares, así como otros aspectos vinculados.

 

La responsabilidad administrativa es independiente de las acciones civiles y penales a que

hubiera lugar, de acuerdo a su fundamento y bien jurídico protegido.”

 

Artículo 26.- Distribución de ingresos obtenidos en la gestión de predios de propiedad estatal

 

Los ingresos obtenidos por los actos de administración o disposición efectuados sobre los predios de  propiedad estatal se  distribuyen, previa deducción de los gastos operativos y administrativos incurridos y se rigen por las reglas siguientes:

 

a)  Del producto de  la  venta  de  los  predios  del  Estado, administrados por  la  SBN:  30%

corresponde a la SBN y 70% corresponde al Tesoro Público.

 

b)  Del producto de  la  venta de  los predios del  Estado, administrados por  los  Gobiernos Regionales con competencias transferidas: 15% corresponde a la SBN; 15% corresponde al Gobierno Regional y 70% corresponde al Tesoro Público.

 

c) Del producto de la venta efectuada por las entidades a favor de terceros, cuando el predio les  fue  transferido  por  el  Estado  a  título  gratuito;  30%  corresponde  a  la  SBN  y  70% corresponde a la entidad.

 

d)  Los ingresos obtenidos como producto de otros actos de disposición o  administración efectuados por la SBN o por las demás entidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales, se distribuyen de acuerdo a los porcentajes establecidos en el reglamento de la presente Ley.

 

e) Los ingresos obtenidos por los servicios no exclusivos efectuados por la SBN, así como, por las entidades del Sistema que cuenten con autorización legal expresa constituyen ingresos propios de cada entidad”.

 

CAPÍTULO IV

 

DISPOSICIONES PARA FACILITAR LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL SECTOR INMOBILIARIO

 

Artículo  59.  Modificación  del  artículo  25  de  la  Ley  29090,  Ley  de  Regulación  de

Habilitaciones Urbanas y Edificaciones

 

Modifícase el artículo 25 de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y

Edificaciones, por el texto siguiente:

 

Artículo 25.- Requisitos

 

Los requisitos para solicitar una licencia de edificación y autorizar su ejecución, que conforman el expediente, son los siguientes:

 

Para la Modalidad A:

 

a. Formulario Único, debidamente suscrito por el solicitante y, de ser el caso, por los profesionales responsables.

 

b. En el caso de que quien solicite la licencia no sea el propietario del predio, debe acreditar la representación del titular.

 

c. En los casos de persona jurídica, se acompaña la vigencia del poder correspondiente.

 

d. Documentación técnica compuesta por plano de ubicación, planos de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas y la declaración jurada de habilitación profesional; o puede optar por la adquisición de un proyecto del banco de proyectos de la municipalidad respectiva. Esta documentación debe ser presentada en original y una (1) copia. Para el caso de edificaciones, ampliaciones, modificaciones así como obras menores no mayores a 30 m2, solo deben presentar: plano de ubicación y arquitectura y la declaración jurada de habilitación profesional; o puede optar por la adquisición de un proyecto del banco de proyectos de la municipalidad. Esta documentación debe ser presentada en original y una (1) copia.

 

En  la  demolición  total  de  edificaciones, siempre  que  no  constituyan  parte  integrante  del patrimonio cultural de la Nación, y la que requiera el uso de explosivos, se debe presentar carta de responsabilidad de obra firmada por un ingeniero civil, acompañando declaración jurada de habilitación profesional.

 

e. Comprobante de pago de la licencia de edificación.

 

En los casos de las obras de las edificaciones de carácter militar de las Fuerzas Armadas y las de carácter policial de la Policía Nacional del Perú, así como los establecimientos de reclusión penal, los que deberán ejecutarse con sujeción a los Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, solo presentarán lo señalado en los literales a y e que anteceden, así como el plano de ubicación y memoria descriptiva.(*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS

 

Para la Modalidad B:

 

a. Formulario Único, debidamente suscrito por el solicitante y los profesionales responsables.

 

b. En el caso de que quien solicite la licencia no sea el propietario del predio, debe acreditar la representación del titular.

 

c. En los casos de persona jurídica, se acompaña la vigencia del poder correspondiente. d. Declaración Jurada de habilitación profesional.

e. Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.

 

f. Documentación técnica compuesta por planos de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y otras, de ser el caso. Se debe presentar como parte de los planos de proyecto de estructuras, según sea el caso, el plano de sostenimiento de excavaciones, de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  33  de  la  Norma  E  050  del Reglamento Nacional de Edificaciones acompañado de la memoria descriptiva que precise las características de la misma, además de las edificaciones colindantes indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos; asimismo, el estudio de mecánica de suelos, de acuerdo a las características de las obras y según los casos que establece el reglamento. Esta documentación debe ser presentada en original y una (1) copia impresa.

 

En los casos de remodelación, ampliación o demoliciones parciales, se exigirá la declaratoria de edificación.

 

g. Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), o el seguro de accidentes contra terceros según las características de la obra a ejecutarse de acuerdo a lo que establece el reglamento, con una cobertura por daños materiales y personales a terceros, como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo según la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. La póliza debe estar vigente durante todo el período de ejecución de la obra, debiendo ser presentada obligatoriamente por el administrado como requisito previo a la ejecución de las obras autorizadas en la licencia, y previa comunicación de la fecha de inicio de obra.

 

h. Comprobante de pago de licencia de edificación.

 

Para las Modalidades C y D:

 

a. Formulario Único, debidamente suscrito por el solicitante y los profesionales responsables.

 

b. En caso de demoliciones totales o parciales, debe acreditar cargas y gravámenes sin limitaciones, caso contrario se acredita la autorización del acreedor.

 

c. En el caso de que quien solicite la licencia no sea el propietario del predio, debe acreditar la representación del titular.

 

d. En los casos de persona jurídica, se acompaña la vigencia del poder correspondiente.

 

e. Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de vivienda.

 

f. Documentación técnica compuesta por planos de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y otras, de ser el caso. Se debe presentar como parte de los planos de proyecto de estructuras, según sea el caso, el plano de sostenimiento de excavaciones, de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  33  de  la  Norma  E  050  del Reglamento Nacional de Edificaciones, acompañado de la memoria descriptiva en la cual se precise las características de la misma, además de las edificaciones colindantes indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos; asimismo, el estudio de mecánica de suelos. Asimismo, se debe presentar como parte del proyecto de arquitectura el plano de seguridad y evacuación cuando se requiera la  intervención de los delegados ad hoc del INDECI. Esta documentación debe ser presentada en original y una (1) copia impresa.

 

g. Declaración Jurada de habilitación profesional.

 

h. Estudio de  Impacto Ambiental, excepto para las  edificaciones de  vivienda, comercio y oficinas en áreas urbanas de conformidad con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

 

Las autoridades locales incorporan en los Planes Urbanos y demás instrumentos de acondicionamiento  territorial  y  desarrollo  urbano,  los  criterios  de  ocupación  racional  y sostenible del territorio.

 

i. Estudio de Impacto Vial, únicamente en los casos que el Reglamento Nacional de Edificaciones lo establezca y con los requisitos y alcances establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

 

El Reglamento Nacional de Edificaciones desarrolla los criterios, condiciones, características, alcances y requisitos que deben reunir los documentos y planos que permitan la evaluación del impacto vial de las edificaciones proyectadas, que serán materia de evaluación y verificación de acuerdo a la modalidad de aprobación que corresponda. La incorporación al proyecto de los criterios, condiciones, características, alcances y requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones reemplazará al Estudio de Impacto Vial que se menciona en el primer párrafo.

 

Ninguna autoridad puede  establecer requisitos adicionales o  exigencias adicionales a  las establecidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones. La inobservancia de lo establecido en la presente disposición constituye barrera burocrática ilegal de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30056.

 

j. Informe técnico favorable de los Revisores Urbanos para la Modalidad C o dictamen de la

Comisión Técnica para las Modalidades C y D, según corresponda.

 

k. Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la obra a ejecutarse, con una cobertura por daños materiales y personales a terceros, como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo según la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. La póliza debe estar vigente durante todo el período de ejecución de la obra, debiendo ser presentada obligatoriamente por el administrado como requisito previo a la ejecución de las obras autorizadas en la licencia, y previa comunicación de la fecha de inicio de obra.

 

l. Comprobante de pago de licencia de edificación.

 

Los documentos a que se refiere este artículo deben ser presentados en original y una (1)

copia, excepto en los casos en los que se ha precisado un número de copias diferente.”

 

Artículo 60. Modificación de los numerales 22.1 y 22.2 del artículo 22 de la Ley 28296, Ley

General del Patrimonio Cultural de la Nación

 

Modifícanse los numerales 22.1 y 22.2 del artículo 22 de la Ley 28296, Ley General del

Patrimonio Cultural de la Nación, por el texto siguiente:

 

Artículo 22.- Protección de bienes inmuebles

 

(…)

 

22.1 Toda obra pública o privada de edificación nueva, remodelación, restauración, ampliación, refacción, acondicionamiento, demolición, puesta en valor o cualquier otra que involucre un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, requiere para su ejecución de la autorización del Ministerio de Cultura.

 

22.2 Para dichos efectos, el Ministerio de Cultura designará los delegados ad hoc que estime necesarios de conformidad con lo establecido en la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.”

 

Artículo 61. Aplicación de la licencia de edificación - Modalidad A en las obras que se realicen con el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos o en los programas de mejoramiento de vivienda a cargo del Fondo MIVIVIENDA S.A.

 

Establécese que los proyectos de ampliación, remodelación, refacción u otro tipo de obra que se realicen con el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos o en el marco de los programas de mejoramiento de vivienda, a cargo del Fondo MIVIVIENDA S.A., pueden acogerse a la licencia de habilitación o de edificación - Modalidad A, de aprobación automática con firma de profesionales contemplada en la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, estando exoneradas de cumplir con la presentación del requisito de la licencia de construcción o declaratoria de fábrica y/o edificación previstas en dicha Ley y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, debiendo los propietarios de dichas viviendas presentar una declaración jurada y compromiso, bajo los alcances que mediante resolución ministerial, establezca el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

 

CAPÍTULO V

 

MODIFICACIONES A LA LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

 

Artículo 62. Modificación de los  artículos 2,  7  y 9  y de  la quinta disposición final, transitoria y complementaria de la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento

 

Modifícanse los artículos 2, 7, 9 y la quinta disposición final, transitoria y complementaria de la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, quedando redactados de la siguiente manera:

 

Artículo 2.- Definiciones

 

Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones:

 

(…)

 

Módulo  o  stand.- Espacio  acondicionado  dentro  de  las  galerías  comerciales  y  centros comerciales en el que se realizan actividades económicas y cuya área no supera los cien metros cuadrados (100 m2).”

 

Artículo 7.- Requisitos para solicitar licencia de funcionamiento

 

Para el otorgamiento de  la licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos:

 

a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que incluya:

 

1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda.

 

2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u otros entes colectivos, o tratándose de personas naturales que actúen mediante representación.

 

b) Copia de la vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada.

 

c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica de

Seguridad en Edificaciones de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda.

 

En los casos en que no existan observaciones en el informe de inspección y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en el plazo de tres (3) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el administrado se encuentra facultado a solicitar la emisión de la licencia de funcionamiento reemplazando el certificado con la presentación del informe. Es obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el trámite de la licencia de funcionamiento, bajo responsabilidad.

 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, las Municipalidades podrán disponer en los TUPA el reemplazo del certificado de Inspección por el informe de inspección sin observaciones para efectos del trámite de Licencia de Funcionamiento.

 

d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

 

d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

 

d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la

Declaración Jurada.

 

d.3) Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

 

d.4) Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley

28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se solicita la licencia.

 

Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de la Tasa a que hace referencia el

artículo 15 de esta Ley.”

 

Artículo 9.- Licencias de funcionamiento para mercados de abastos y galerías comerciales

 

Los mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales deben contar con una sola licencia de funcionamiento en forma corporativa, la cual podrá ser extendida a favor del ente colectivo, razón o denominación social que los representa o la junta de propietarios, de ser el caso. Para tal efecto, deberán obtener un Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones de Detalle.

 

A los módulos, stands o puestos les será exigible únicamente una Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, ex post al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, salvo en aquellos casos en los que se requiera otro tipo de Inspección Técnica de  Seguridad en Edificaciones, de acuerdo a la normatividad vigente.

 

La municipalidad podrá disponer la clausura temporal o definitiva de los puestos o stands en

caso de que incurran en infracciones administrativas.” “QUINTA.- Órgano sancionador

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Riesgo de Desastres -CENEPRED, es el órgano  competente  para  sancionar  con  la  revocatoria  y/o  suspensión  a  los  Inspectores Técnicos de Seguridad de incurrir en las infracciones que para tal efecto se establecerán mediante decreto supremo.”

 

Artículo 63. Incorporación de la décima disposición final, transitoria y complementaria a la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento

 

Incorpórase la décima disposición final, transitoria y complementaria a la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, conforme al texto siguiente:

 

DÉCIMA.- Precísase que toda referencia efectuada a las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil y al Certificado de Seguridad en Defensa Civil, deberá entenderse realizada a las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones y al Certificado de Seguridad en Edificaciones.”

 

CAPÍTULO VI

 

MODIFICACIONES A LA LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

 

Artículo 64. Incorporación de los numerales 14.7, 14.8 y 14.9 al artículo 14 de la Ley

29664,  Ley  que  crea  el  Sistema  Nacional  de  Gestión  del  Riesgo  de  Desastres

(SINAGERD)

 

Incorpóranse los numerales 14.7, 14.8 y 14.9 al artículo 14 de la Ley 29664, Ley que crea el

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), con el texto siguiente:

 

Artículo 14.- Gobiernos regionales y gobiernos locales

 

(…)

 

14.7  Los  gobiernos locales son competentes para  ejecutar las  Inspecciones Técnicas de

Seguridad en Edificaciones de acuerdo a lo siguiente:

 

1. Municipalidades Provinciales:

 

a) En el ámbito del Cercado: Inspecciones básicas e inspecciones para espectáculos de hasta

3000 espectadores.

 

b) En el ámbito de la provincia incluyendo los distritos que la integran: Inspecciones de Detalle, Multidisciplinarias e inspecciones para espectáculos mayores a 3000 espectadores.

 

2. Municipalidades Distritales:

 

a) En el ámbito del distrito: Inspecciones básicas e inspecciones para espectáculos de hasta

3000 espectadores.

 

(…)

 

3. Las Municipalidades Provinciales podrán delegar las competencias de las Inspecciones de detalle e inspecciones para espectáculos mayores a 3000 espectadores en las Municipalidades Distritales, a solicitud de las mismas y siempre que estas últimas acrediten capacidad para realizarlas.

 

14.8 Tratándose de la Municipalidad Metropolitana de Lima, esta es competente para:

 

a) En el ámbito del Cercado: Inspecciones Básicas, Inspecciones de Detalle e inspecciones para espectáculos de hasta 3000 espectadores.

 

b)  En  el  ámbito  de  la  Provincia:  Inspecciones  Multidisciplinarias  e  inspecciones  para espectáculos mayores a 3000 espectadores.

 

14.9 Las Municipalidades distritales de la provincia de Lima son competentes:

 

a) En el ámbito del Distrito: Inspecciones básicas, inspecciones de detalle e inspecciones para espectáculos de hasta 3000 espectadores.

 

(…).”

 

CAPÍTULO VII

 

DISPOSICIONES  PARA  LA  RECUPERACIÓN  EXTRAJUDICIAL  DE  LA  PROPIEDAD ESTATAL

 

Artículo 65. Recuperación extrajudicial de predios de propiedad estatal

 

Las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, a través de sus Procuradurías Públicas o quienes hagan sus veces, deben repeler todo tipo de invasiones u ocupaciones ilegales que se realicen en los predios bajo su competencia, administración o de su propiedad, inscritos o no en el Registro de Predios o en el Sistema de Información Nacional

 

de  Bienes  Estatales  -  SINABIP;  y  recuperar  extrajudicialmente el  predio,  cuando  tengan conocimiento de dichas invasiones u ocupaciones, para lo cual requerirán el auxilio de la Policía Nacional del Perú, bajo responsabilidad.

 

Si los organismos estatales omiten ejercer la recuperación extrajudicial, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, en su condición de ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales - SNBE, requerirá al Titular del organismo para que inicie, bajo responsabilidad, la recuperación dentro del término de cinco (5) días hábiles de notificado el requerimiento. Vencido este plazo y verificada la inacción, la Procuraduría Pública de la SBN iniciará o continuará las acciones de recuperación extrajudicial.

 

No procede la aplicación de los mecanismos de defensa posesoria establecidos en los artículos

920 y 921 del Código Civil en favor de los invasores u ocupantes ilegales de predios bajo competencia, administración o  propiedad del  Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales; toda controversia sobre los supuestos derechos de quienes se consideren afectados por la recuperación extrajudicial, se tramitarán en la vía judicial y con posterioridad a la misma.

 

La recuperación extrajudicial no exonera de responsabilidad civil y/o penal a quienes ocuparon de manera ilegal los predios de propiedad estatal.

 

Artículo 66. Requerimiento del auxilio de la Policía Nacional del Perú

 

El requerimiento del auxilio de la Policía Nacional del Perú a que se refiere el artículo anterior, deberá formularse mediante una solicitud suscrita por el Procurador Público o quien haga sus veces del organismo requirente, acreditando la propiedad, competencia o administración del organismo estatal sobre el predio objeto de recuperación; adjuntando el plano perimétrico - ubicación, la partida registral del  predio o  el Certificado Negativo de  Búsqueda Catastral cuando el predio estatal no se encuentre inscrito y señalando expresamente que los ocupantes carecen de título.

 

En caso de que el predio a recuperar se encuentre inscrito en más de una partida registral del Registro de Predios, para que la solicitud sea atendida por la Policía Nacional del Perú, cuando menos deberá constar inscrito el derecho de propiedad del organismo requirente en una de dichas partidas. Si la duplicidad registral involucra a más de un organismo estatal, el requerimiento de auxilio lo formulará quien primero haya inscrito su derecho de propiedad sobre el predio.

 

La Policía Nacional del  Perú verificará la solicitud y documentación presentada y deberá prestar el auxilio requerido, bajo responsabilidad, dentro del plazo máximo de cinco (5) días calendario.

 

Si  en  los  predios objeto de  recuperación extrajudicial se  hubieren realizado instalaciones temporales informales, el organismo público solicitante, con el auxilio de la Policía Nacional del Perú, se encuentra facultado para removerlas.

 

Artículo 67. Modificación del artículo 920 del Código Civil Modifícase el artículo 920 del Código Civil, conforme al siguiente texto: “Defensa posesoria extrajudicial

Artículo 920.-

 

El poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él o el bien y recobrarlo, si fuere desposeído. La  acción  se  realiza  dentro  de  los  quince  (15)  días  siguientes a  que  tome conocimiento de la desposesión. En cualquier caso, debe abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias.

 

El propietario de un inmueble que no tenga edificación o esta se encuentre en dicho proceso, puede invocar también la defensa señalada en el párrafo anterior en caso de que su inmueble fuera ocupado por un poseedor precario. En ningún caso procede la defensa posesoria si el poseedor precario ha usufructuado el bien como propietario por lo menos diez (10) años.

 

La Policía Nacional del Perú así como las Municipalidades respectivas, en el marco de sus competencias  previstas  en  la  Ley  Orgánica  de  Municipalidades, deben  prestar  el  apoyo necesario a efectos de garantizar el estricto cumplimiento del presente artículo, bajo responsabilidad.

 

En ningún caso procede la defensa posesoria contra el propietario de un inmueble, salvo que haya operado la prescripción, regulada en el artículo 950 de este Código.”

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

 

PRIMERA. Disposiciones para la actualización excepcional de las deudas tributarias

 

La actualización excepcional de las deudas tributarias prevista en el Capítulo I del Título I de la presente Ley será de aplicación inmediata a las deudas a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, con excepción de aquellas que se encuentren impugnadas ante la autoridad administrativa o judicial, en cuyo caso los deudores tributarios deberán presentar la solicitud de acogimiento hasta el 31 de diciembre de 2014, cumpliendo los requisitos, forma y condiciones que se establezca mediante resolución de superintendencia de la SUNAT.

 

A la fecha de presentación de la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, se deberá haber pagado la totalidad de la deuda tributaria cuyo acogimiento se solicita, excluidos los intereses capitalizados que se eliminarían de conformidad con el artículo 2 de la presente Ley, así como desistirse de los medios impugnatorios en la vía administrativa o de la demanda en la vía judicial, según sea el caso.

 

Se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que el desistimiento presentado ante la autoridad administrativa o judicial para efecto de acogerse a la actualización excepcional de las deudas tributarias, es de la pretensión, el cual deberá ser aceptado por dicha autoridad.

 

Mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se dictan las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta aplicación de lo dispuesto en el Capítulo I del Título I de la presente Ley, en el plazo de noventa (90) días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación.

 

SEGUNDA. Vigencia de las modificaciones al artículo 159 del Código Tributario

 

Las modificaciones referidas al artículo 159 del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo 133-2013-EF, realizadas por la presente Ley entrarán en vigencia a partir del 1 de enero del 2015.

 

TERCERA. Criterios y lineamientos del régimen de percepciones del Impuesto General a las Ventas

 

Mediante resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas se establecerán los criterios y lineamientos a que se refieren los artículos 13 y 15 de la Ley 29173, que aprueba el Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas.

 

CUARTA. Vigencia de las modificaciones al Régimen de Percepciones del Impuesto

General a las Ventas

 

Las modificaciones a la Ley 29173, que aprueba el Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas, realizadas por el Capítulo IV de la presente Ley entrarán en vigencia el primer día calendario del mes siguiente al de su publicación en el diario oficial El Peruano.

 

QUINTA. Destrucción de documentación de despachos aduaneros

 

Para la destrucción de la documentación de los despachos aduaneros a que se refiere el literal a) del artículo 25 de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo 1053, no serán de aplicación el Decreto Ley 19414, la Ley 25323, el Decreto Legislativo 681, el Decreto Legislativo 827, la Ley 28186 y todas las demás normas que se le opongan.

 

SEXTA. Reglamentación de las modificaciones a la Ley General de Aduanas

 

Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se aprobará la norma que reglamente lo señalado en el literal a) del artículo 25 de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo 1053, en un plazo que no exceda los treinta (30) días hábiles de publicada la presente Ley en el diario oficial El Peruano.

 

TIMA. Vigencia de la modificación a la Ley General de Aduanas

 

La modificación dispuesta en el Capítulo VI del Título I de la presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de publicada la norma que reglamente lo señalado en el literal a) del artículo 25 de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo 1053.

 

OCTAVA. Adecuación de normas de las entidades del Poder Ejecutivo

 

Las entidades del Poder Ejecutivo que se encuentran bajo los alcances del Capítulo I del Título II de la presente Ley, en caso de ser necesario, deben adecuar sus normas correspondientes, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del decreto supremo al que se refiere el artículo 12 de la presente Ley.

 

NOVENA. Reglamentación del Capítulo I del Título II

 

Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se aprueban, de ser necesario, las normas reglamentarias para la mejor aplicación del Capítulo I del Título II de la presente Ley.

 

DÉCIMA. Exoneración de derechos registrales

 

El reglamento de lo dispuesto en el Capítulo I del Título III de la presente Ley dispondrá las causales y condiciones de exoneración de derechos registrales de la SUNARP respecto de búsquedas, expedición de certificados, inscripciones en registro sobre los predios o edificaciones correspondientes a proyectos de inversión pública.

 

DÉCIMA PRIMERA. Facultad de verificadores catastrales

 

Facúltase a los verificadores catastrales inscritos en el Índice de Verificadores Catastrales de la SUNARP a que se refiere el reglamento de la Ley 28294 a ejecutar las acciones previstas en el subcapítulo II del Capítulo I del Título III de la presente Ley.

 

DÉCIMA SEGUNDA. Calificación registral

 

En el marco de la calificación registral el Registrador y el Tribunal Registral propiciarán y facilitarán las inscripciones de los títulos ingresados al Registro al amparo de lo regulado por el Capítulo I  del  Título III  de  la  presente ley,  no  siendo responsables por  las  inscripciones efectuadas en estricto cumplimiento de lo previsto en los artículos 32 y 33 del Reglamento General de los Registros Públicos.

 

DÉCIMA TERCERA. Ejercicio de facultades de COFOPRI

 

Para el ejercicio de las facultades establecidas en el Subcapítulo I del Capítulo I del Título III de la presente Ley, COFOPRI podrá ejercer supletoriamente todas las facultades reguladas en las normas que establecen sus competencias y atribuciones.

 

DÉCIMA CUARTA. Vigencia de modificaciones a la Ley 28976

 

Las modificaciones a la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, establecidas en el artículo 62 de la presente Ley, entrarán en vigencia a partir del 1 de agosto de 2014.  (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS

 

DÉCIMA QUINTA. Adecuación de los TUPA de Municipalidades

 

Las Municipalidades adaptarán sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos conforme a las disposiciones del Capítulo V del Título III de la presente Ley en un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente Ley.

 

DÉCIMA SEXTA. Revisión periódica de plazos

 

El Ministerio de Economía y Finanzas evaluará cada dos (2) años, los plazos para resolver los recursos de reclamación ante las Administraciones Tributarias y los de apelación ante el Tribunal Fiscal, a fin de reducir tales plazos de corresponder.

 

En caso de que se determine que los referidos plazos deban reducirse, estos se establecerán mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

 

DÉCIMA SÉTIMA. Procesos civiles o constitucionales en trámite sobre predios estatales

 

Facúltase al Titular y a los Procuradores del organismo público para conciliar o transigir en procesos civiles o constitucionales en trámite, conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por el Decreto Legislativo 1068, Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, en los casos que el particular, demandado o demandante, reconozca que el Estado es propietario del predio e inicie el procedimiento para su adquisición de conformidad con las disposiciones previstas en Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y su reglamento.

 

En  los  procesos de  desalojo en  trámite iniciados  por  el  Estado,  procede el  lanzamiento anticipado siempre que el organismo público demandante acredite que el predio se encuentra bajo su competencia, administración o propiedad.

 

DÉCIMA OCTAVA. Declaratoria de interés nacional

 

Declárase de interés nacional el desarrollo de vías navegables en el país, como infraestructura de transporte de uso público de alcance nacional, constituida por los espacios naturales o artificiales aptos para la navegación que se realice en el medio fluvial o lacustre, incluyendo a los canales habilitados para tal fin, con la finalidad de mejorar las condiciones de transporte acuático. En virtud de ello, facúltase al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a fijar y cobrar el peaje correspondiente, con la finalidad de atender las intervenciones realizadas en las vías navegables que se desarrollen al amparo de la presente disposición, siempre que la vía navegable sea administrada directamente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si la vía navegable es administrada por una empresa pública u otorgada a un inversionista privado, en el marco del Decreto Legislativo 1012 y sus modificatorias, la tarifa o el peaje respectivo será establecido de conformidad con la Ley 26917, en concordancia a los mecanismos regulatorios o contractuales aplicables.

 

DÉCIMA NOVENA. Disposiciones complementarias del Poder Ejecutivo

 

El Poder Ejecutivo, de ser necesario, aprueba las disposiciones complementarias para la mejor aplicación de lo establecido en la presente Ley.

 

VIGÉSIMA. Financiamiento

 

La implementación de las acciones previstas en la presente Ley se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, con excepción de lo establecido en el artículo 14 de la presente Ley.

 

VIGÉSIMA PRIMERA. Fortalecimiento del desarrollo productivo de la MIPYME

 

En un plazo de noventa (90) días contados a partir de la vigencia de la presente Ley, mediante decreto supremo refrendado por  el  Ministerio de  Economía y Finanzas, se  aprueban las normas reglamentarias que resulten necesarias para la mejor aplicación de la presente Ley.

 

VIGÉSIMA SEGUNDA. Modificación del artículo 13 de la Ley 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial

 

Modifícase el artículo 13 de la Ley 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, quedando redactado de la siguiente manera:

 

Artículo 13. Fondos para emprendimientos

 

13.1 El Estado promueve mecanismos de apoyo a los emprendedores innovadores en el desarrollo de sus proyectos empresariales, mediante el cofinanciamiento de actividades para la creación, desarrollo y consolidación de emprendimientos, los cuales deben tener un enfoque que los oriente hacia el desarrollo nacional, la internacionalización y la permanente innovación.

 

13.2 Para ello, el Ministerio de la Producción puede crear programas que fomenten el cumplimiento de dicho objetivo, quedando el mencionado Ministerio autorizado para efectos de entregar el cofinanciamiento al que se refiere el presente artículo u otorgar subvenciones a personas naturales y jurídicas privadas dentro de dicho marco.

 

13.3 Los programas creados se financian con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de  la  Producción,  en  el  marco  de  las  leyes  anuales  de  presupuesto  y  conforme  a  la normatividad vigente, pudiendo asimismo ser financiados con recursos provenientes de la cooperación técnica, conforme a la normatividad vigente. Los gastos referidos al cofinanciamiento de actividades para la creación, desarrollo y consolidación de emprendimientos a los que se refiere el presente artículo y que se efectúen en el marco de los programas que se creen con dicho fin, se aprueban mediante resolución ministerial del Ministerio de la Producción, que se publica en el diario oficial El Peruano.”

 

VIGÉSIMA TERCERA.  Fraccionamiento de  multas  para  personas  naturales,  micro  y pequeñas empresas

 

Las multas administrativas de entidades cuya función principal sea la de fiscalización, que se impongan a personas naturales, micro y pequeñas empresas, podrán ser fraccionadas para permitir su pago, conforme a las disposiciones que establezcan las referidas entidades.

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

 

PRIMERA. Ámbito de la Estabilidad en el Marco del Texto Único Ordenado de la Ley

General de Minería

 

El régimen de estabilidad tributaria garantizado conforme a lo dispuesto en los artículos 83-A y

83-B del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo

014-92-EM,  modificado por  la  presente  Ley,  será  solo  de  aplicación a  los  Contratos  de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión Minera que se suscriban a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.

 

Se podrán acoger al régimen de estabilidad tributaria garantizado a que se refiere el párrafo precedente,  los  Contratos  de  Garantías  y  Medidas  de  Promoción  a  la  Inversión  Minera suscritos con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley y que aún no estén vigentes, siempre que cumplan con los requisitos exigidos para dicho régimen. Para este efecto autorízase al Ministerio de Energía y Minas, en representación del Estado Peruano, a suscribir las adendas que correspondan con los sujetos de la actividad minera, de ser el caso.

 

SEGUNDA. Obligación de presentar información

 

Los titulares de la actividad minera que suscriban los Contratos de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión Minera, deberán proporcionar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT la información referida a la inversión total por cada proyecto minero así como de las ampliaciones vinculadas a este que se les requiera, en los medios, forma y plazo que aquella disponga mediante Resolución de Superintendencia.

 

TERCERA. Autorización al Ministerio de Energía y Minas

 

Dispónese que el Ministerio de Energía y Minas, en un plazo de hasta treinta (30) días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente Ley, actualice los modelos de contratos a que se refiere el Capítulo IV del Título Noveno del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo 014-92-EM, modificado por la presente Ley. Dicho modelo de contrato se  aprueba mediante decreto supremo refrendado por  el Ministro de Energía y Minas, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

 

CUARTA. Recursos de apelación interpuestos antes de la vigencia de la presente Ley

 

Para las deudas tributarias que se encuentran en procedimientos de apelación en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, la regla sobre no exigibilidad de intereses moratorios introducida al artículo 33 del Código Tributario y al artículo 151 del Decreto Legislativo 1053, será aplicable si en el plazo de doce (12) meses contados desde la entrada en vigencia de la presente Ley, el Tribunal Fiscal no resuelve las apelaciones interpuestas.

 

Para efectos de acelerar la resolución de procedimientos a cargo del Tribunal Fiscal, este está facultado  excepcionalmente para  organizar  los  expedientes  asignando  y  programando su resolución en función al monto y la antigüedad de la deuda materia de controversia.

 

QUINTA. Declaraciones aduaneras numeradas con anterioridad

 

Lo dispuesto en el Capítulo VI del Título I de la presente Ley también rige para la documentación de los despachos correspondientes a las declaraciones aduaneras numeradas con anterioridad a la vigencia de las disposiciones de dicho capítulo.

 

SEXTA. Reglamentación de procedimientos especiales de saneamiento físico legal

 

En un plazo que no excederá los noventa (90) días calendario contados a partir de la vigencia de la presente Ley, se aprobará el reglamento de las disposiciones de los Capítulos I, II y III del Título III de la presente Ley refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministro de Transportes y Comunicaciones y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. El reglamento incluirá los procedimientos especiales de saneamiento físico legal a cargo de COFOPRI.

 

El reglamento será elaborado con la participación de COFOPRI, SBN, SUNARP y PROVIAS Nacional.

 

TIMA. Modificación de documentos de gestión de la SBN

 

En un plazo que no excederá los noventa (90) días calendario contados a partir de la vigencia de las disposiciones de los Capítulos I, II y III del Título III de la presente Ley, la SBN efectúa la modificación de sus documentos de gestión.

 

OCTAVA. Procedimientos en trámite

 

Las modificaciones al artículo 7 de la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento establecidas en el Capítulo V del Título III de la presente Ley, serán aplicables también para los procedimientos de Licencia de Funcionamiento en trámite.

 

NOVENA. Competencia para procedimientos en trámite

 

Los órganos competentes de los Gobiernos Regionales o Municipalidades Provinciales que se encuentran tramitando a la fecha expedientes de inspecciones técnicas de seguridad y cuya competencia ha sido transferida en mérito a las disposiciones del Capítulo V del Título III de la presente Ley, deberán concluir con los procedimientos administrativos que hayan iniciado.

 

DÉCIMA. Racionalización de sistemas de pago del IGV

 

En un plazo no mayor de 180 días hábiles el Sector Economía y Finanzas establecerá las normas necesarias para racionalizar los Sistemas de Pago del IGV, que comprenden las percepciones, retenciones y detracciones, a fin de racionalizar su aplicación.

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

 

PRIMERA. Deróganse el artículo 2 del Decreto de Urgencia 071-2001 y la primera disposición complementaria de la Ley 27333, Ley Complementaria a la Ley 26662, Ley de Asuntos No Contenciosos de Competencia Notarial, para la Regularización de Edificaciones.

 

SEGUNDA. Derógase el artículo 3 de la Ley 27973, Ley que establece la determinación del valor aduanero a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, modificado por la Ley 28321, respecto de la Tasa de Despacho Aduanero; a partir del 1 de enero de 2015

 

TERCERA. Deróganse o déjanse en suspenso, según sea el caso, las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a lo establecido por la presente Ley o limiten su aplicación.

 

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su promulgación. En Lima, a los once días del mes de julio de dos mil catorce.

FREDY OTÁROLA PEÑARANDA Presidente del Congreso de la República LUIS IBERICO NÚÑEZ

Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

 

POR TANTO:

 

Mando se publique y cumpla.

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de julio del año dos mil catorce.

 

OLLANTA HUMALA TASSO

 

Presidente Constitucional de la República

 

RENÉ CORNEJO DÍAZ

 

Presidente del Consejo de Ministros

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DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1033

 

CONCORDANCIAS:           D.Leg. Nº 1092 (Decreto Legislativo que aprueba medidas en frontera para la protección de los Derechos de Autor o Derechos Conexos y los Derechos de Marcas)

D. Leg. 1063, Art. 4 (Decreto Legislativo que aprueba la Ley de

Adquisiciones Estatales a través de las bolsas de productos, Transparencia de precios) D. Leg. Nº 1075 ( Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones

Complementarias a la Decisión 486

de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el

Régimen Común sobre Propiedad Industrial)

 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: POR CUANTO:

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 104 de la Constitución Política del Perú, mediante Ley Nº 29157, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos de América, y con el apoyo a la competitividad económica para su aprovechamiento, publicada el 20 de diciembre de

2007, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, entre otras materias, sobre fortalecimiento institucional y modernización del Estado;

 

Que, es necesario sustituir el Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, a efectos de consolidar su fortalecimiento institucional, así como su modernización como entidad pública;

 

Que, el fortalecimiento institucional del INDECOPI pasa por proteger y afianzar su autonomía, generar una mayor predictibilidad en su actuación, consolidar líneas de carrera en sus funcionarios y servidores públicos, diseñar procedimientos administrativos más “garantistas” en lo que se refiere a la protección del derecho de defensa y el respeto al principio del debido procedimiento, diseñar órganos que

permitan absorber una mayor carga procesal y extender los servicios administrativos a una mayor población;

 

Que, las acciones antes mencionadas permitirán una mejor protección de los consumidores, de la competencia y los derechos de la propiedad intelectual; una mayor confianza en la observancia y aplicación de las leyes de competencia y propiedad intelectual; que los agentes económicos tengan más incentivos para cumplir con la ley; y, en general, disminuirán los costos asociados a los conflictos vinculados a la defensa de la competencia y la protección de la propiedad intelectual, lo que fomentará la competitividad económica del país y con ello un mejor aprovechamiento de los beneficios propios de la apertura comercial y la expansión de los mercados a través de acuerdos de libre comercio;

 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al

Congreso de la República;

 

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

 

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI

 

TÍTULO I

 

DE LA NATURALEZA, FUNCIONES, POTESTADES Y DOMICILIO DEL INDECOPI

 

Artículo 1.- Naturaleza del INDECOPI.-

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI - es un organismo público especializado con personería jurídica de derecho público interno, que goza de autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y administrativa. Se encuentra adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y rige su funcionamiento de acuerdo con las disposiciones contenidas en la presente Ley y en sus normas complementarias y reglamentarias.

 

Artículo 2.- Funciones del INDECOPI.-

 

2.1 El INDECOPI es el organismo autónomo encargado de:

 

a) Vigilar la libre iniciativa privada y la libertad de empresa mediante el control posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales e irracionales que afectan a los ciudadanos y empresas, así como velar por el cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa;

 

b) Defender la libre y leal competencia, sancionando las conductas anticompetitivas y desleales y procurando que en los mercados exista una competencia efectiva;

 

c) Corregir las distorsiones en el mercado provocadas por el daño derivado de prácticas de dumping y subsidios;

 

d) Proteger los derechos de los consumidores, vigilando que la información en los mercados sea correcta, asegurando la idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada y evitando la discriminación en las relaciones de consumo;

 

e) Vigilar el proceso de facilitación del comercio exterior mediante la eliminación de barreras comerciales no arancelarias conforme a la legislación de la materia;

 

f) Proteger el crédito mediante la conducción de un sistema concursal que reduzca costos de transacción y promueva la asignación eficiente de los recursos;

 

 

g) Establecer las políticas de normalización, acreditación y metrología;

 

h) Administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, en sede administrativa, conforme a lo previsto en la presente Ley; y,

 

i) Garantizar otros derechos y principios rectores cuya vigilancia se le asigne, de conformidad con la legislación vigente.

 

2.2 Para el cumplimiento de sus funciones, el INDECOPI se encuentra facultado para emitir directivas con efectos generales, supervisar y fiscalizar actividades económicas, imponer sanciones, ordenar medidas preventivas y cautelares, dictar mandatos y medidas correctivas, resolver controversias, así como las demás potestades previstas en la presente Ley.

 

CONCORDANCIAS:            D. Leg. 1063, Art. 4 (Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Adquisiciones Estatales a través de las bolsas de productos, Transparencia de precios)

 

Artículo 3.- Domicilio del INDECOPI.-

 

3.1 El INDECOPI tiene su sede institucional en la ciudad de Lima, pudiendo establecer Oficinas Regionales en el territorio de la República.

 

3.2 El establecimiento de Oficinas Regionales no altera la determinación de su domicilio real en la ciudad de Lima para los fines de su emplazamiento en procesos judiciales.

 

TÍTULO II

 

DEL CONSEJO DIRECTIVO

 

Artículo 4.- Los miembros del Consejo Directivo.-

El Consejo Directivo es el órgano máximo del INDECOPI. Está integrado por cinco (5) miembros, dos en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros, uno en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, uno en representación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y uno en representación del Ministerio de la Producción, los que serán designados mediante Resolución Suprema refrendada por la Presidencia del Consejo de Ministros.

 

Artículo 5.- Funciones del Consejo Directivo.- Son funciones del Consejo Directivo:

 

a) Designar a los miembros del Órgano Consultivo y disponer la conformación de Órganos Consultivos Regionales, los que se regirán por las disposiciones del Título III de la presente Ley en cuanto les sea aplicable;

 

b) Establecer el número, materia de competencia y denominación de las Salas del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad

 

Intelectual, pudiendo crear adicionales o desactivarlas, según áreas temáticas y conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal;

 

c) Proponer a la Presidencia del Consejo de Ministros la designación de los Vocales de las Salas del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, tomando en cuenta la opinión del Órgano Consultivo.

 

d) Designar a los miembros de las Comisiones de las áreas de competencia y de propiedad intelectual, a los Directores de la Propiedad Intelectual, a los Secretarios Técnicos y a los Jefes del Servicio Nacional de Metrología y del Servicio Nacional de Acreditación. Para la designación o remoción de los miembros de las Comisiones de las áreas de competencia y de propiedad intelectual tomará en cuenta la opinión del Órgano Consultivo;

 

e) Designar o remover al Secretario General del INDECOPI;

 

f) Planificar y aprobar las políticas institucionales en las materias de competencia del INDECOPI y en los asuntos de administración interna;

 

g) Aprobar la desconcentración de las competencias administrativas y resolutivas de los órganos del INDECOPI, determinando la competencia territorial de los órganos desconcentrados;

 

h) Aprobar la instalación y funcionamiento de Oficinas Regionales y otras sedes a nivel nacional, así como disponer su desactivación;

 

i) Crear Secretarías Técnicas adicionales o desactivarlas según la estructura funcional del INDECOPI y conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal;

 

j) Crear Oficinas o desactivarlas, así como modificar su régimen, según la estructura del INDECOPI;

 

k) Expedir directivas normando el funcionamiento administrativo del INDECOPI, en el marco de las normas contenidas en la presente Ley y su Reglamento; y,

 

l) Otras que se le encomienden.

 

Artículo 6.- Designación, remoción y vacancia de los miembros del Consejo

Directivo.-

 

6.1 La designación de los miembros del Consejo Directivo es por un período de cinco (5) años, pudiendo ser designados por un período adicional, conforme a lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento.

 

6.2 Los miembros del Consejo Directivo sólo podrán ser removidos en caso de falta grave debidamente comprobada y fundamentada, previa investigación en la que se les otorgue un plazo de quince (15) días hábiles para presentar sus descargos, de conformidad con lo que se señale en el Reglamento de la presente Ley. La remoción se

 

realizará mediante Resolución Suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y los Ministros de Economía y Finanzas, de Comercio Exterior y Turismo y de la Producción.

 

6.3 Son causales de vacancia del cargo de miembro del Consejo Directivo:

 

a) Fallecimiento;

 

b) Incapacidad permanente;

 

c) Renuncia aceptada;

 

d) Impedimento legal sobreviniente a la designación;

 

e) Remoción por falta grave;

 

f) Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas o cinco (5) no consecutivas del Consejo Directivo, en el período de un (1) año.

 

En caso de vacancia, el sector al que corresponda designará un reemplazante para completar el período correspondiente.

 

Artículo 7.- Del Presidente del Consejo Directivo.-

 

7.1 El Presidente del Consejo Directivo del INDECOPI será designado por el Presidente de la República, entre uno de los propuestos por la Presidencia del Consejo de Ministros. En ausencia o impedimento temporal será reemplazado por otro Director del Consejo Directivo, conforme lo establezca el Reglamento de la presente Ley.

 

7.2 El Presidente del Consejo Directivo es la autoridad interna de mayor nivel jerárquico del INDECOPI y como tal, el representante institucional.

 

7.3 Son funciones del Presidente del Consejo Directivo:

 

a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo y representar al

INDECOPI en los actos públicos y privados de la institución;

 

b) Convocar y presidir las sesiones del Órgano Consultivo;

 

c) Proponer a las autoridades políticas, legislativas y administrativas la adopción de las medidas legales o reglamentarias que juzgue necesarias para garantizar la protección de los derechos y principios rectores a que se refiere el Artículo 2 de la presente Ley;

 

d) Representar al INDECOPI ante cualquier autoridad nacional e internacional, incluidos los organismos de cooperación técnica, pudiendo delegar dicha representación;

 

e) Suscribir convenios de cooperación interinstitucional con entidades nacionales o extranjeras;

 

 

f) Supervisar la marcha institucional;

 

g) Coordinar acciones administrativas con los Presidentes de las Salas del Tribunal y de las Comisiones y con los Directores de la Propiedad Intelectual, salvaguardándose la autonomía funcional de los órganos resolutivos; y,

 

h) Otras que se le encomiende. TÍTULO III

DEL ÓRGANO CONSULTIVO

 

Artículo 8.- Sobre los integrantes del Órgano Consultivo.-

 

8.1 El Órgano Consultivo es el órgano de consulta del INDECOPI. Está integrado por siete (7) miembros de reconocido prestigio, incluido aquel designado conforme a la Ley Nº 27843.

 

8.2 La designación de los miembros del Órgano Consultivo corresponde al

Consejo Directivo del INDECOPI.

 

8.3 Los miembros de Órgano Consultivo serán designados por un período de tres

(3) años, pudiendo ser ratificados por un (1) período adicional.

 

8.4 En la designación de los miembros del Órgano Consultivo deberá procurarse que sus integrantes representen distintos sectores de la actividad pública y privada que guarden relación con el rol y funciones del INDECOPI y que reflejen pluralidad de perspectivas.

 

Artículo 9.- De las funciones del Órgano Consultivo.- Son funciones del Órgano Consultivo:

 

a) Emitir opinión en los asuntos que el Presidente del Consejo Directivo del

INDECOPI someta a su consideración; y,

 

b) Emitir opinión, a solicitud del Consejo Directivo, en la propuesta de designación de los vocales de las Salas del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y en la designación o remoción de los miembros de las Comisiones.

 

Artículo 10.- Sobre el funcionamiento del Órgano Consultivo.-

El Presidente del Consejo Directivo o el miembro del Consejo que lo reemplace presidirá el Órgano Consultivo. Para que sesione válidamente, el Órgano Consultivo requiere la asistencia de más de la mitad del número legal de integrantes designados.

 

TÍTULO IV

 

DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

 

Artículo 11.- El Órgano de Control Institucional.-

El INDECOPI cuenta con un Órgano de Control Institucional encargado de supervisar la gestión económica y financiera de la Institución, así como la conducta funcional de sus funcionarios y servidores públicos.

 

TÍTULO V

 

DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS CAPÍTULO I

DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 

Artículo 12.- De las Salas del Tribunal.-

 

12.1 El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual es un órgano con autonomía técnica y funcional constituido por Salas especializadas en los asuntos de competencia resolutiva del INDECOPI. El número y materia de las Salas será determinada por el Consejo Directivo, considerando la especialización y la carga procesal, según lo dispuesto en el artículo 5, literal b) de la presente Ley.

 

12.2 Cada Sala estará integrada por cinco (5) vocales, en cuya conformación deberá procurarse un colegiado multidisciplinario. Cada Sala contará con el apoyo de una Secretaría Técnica.

 

Artículo 13.- De los vocales de las Salas del Tribunal.-

 

13.1 Los vocales de las Salas del Tribunal serán designados por Resolución Suprema, refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo Directivo del INDECOPI, previa opinión del Órgano Consultivo.

 

13.2 Son requisitos para ser designado vocal de una Sala del Tribunal contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional y cinco (5) años de experiencia en temas afines a la materia de competencia de la respectiva Sala.

 

13.3 La designación de los vocales de las Salas del Tribunal es por un período de cinco (5) años, pudiendo ser designados por un período adicional. Dicho período no resulta aplicable cuando opere la desactivación de una Sala conforme a lo establecido en el literal b) del Artículo 5 de la presente Ley.

 

13.4 El cargo de vocal de una Sala del Tribunal podrá ser desempeñado a tiempo completo o parcial, según lo establezca el Consejo Directivo.

 

13.5 Los vocales de las Salas del Tribunal podrán ser removidos por falta grave conforme al procedimiento previsto para la remoción de los miembros del Consejo Directivo a que se refiere el numeral 6.2 del Artículo 6 de la presente Ley. Si la remoción se funda en otra causa, deberá contarse previamente con la opinión favorable del Órgano Consultivo del INDECOPI.

 

 

13.6 Son causales de vacancia del cargo de vocal del Tribunal, las siguientes:

 

a) Fallecimiento;

 

b) Incapacidad permanente;

 

c) Renuncia aceptada;

 

d) Impedimento legal sobreviniente a la designación;

 

e) Remoción por falta grave o por causa aprobada por el Órgano Consultivo;

 

f) Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas o cinco (5) no consecutivas, en el período de un (1) año.

 

Artículo 14.- Funciones de las Salas del Tribunal.-

 

14.1 Las Salas del Tribunal tienen las siguientes funciones:

 

a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa las apelaciones interpuestas contra los actos que ponen fin a la instancia, causen indefensión o determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, emitidos por Comisiones, Secretarías Técnicas o Directores de la Propiedad Intelectual, según corresponda. En tal sentido, podrán conocer y resolver sobre la imposición de multas por la realización de infracciones administrativas o multas coercitivas por el incumplimiento de resoluciones finales, de medidas cautelares, preventivas o correctivas, de acuerdos conciliatorios y de pagos de costas y costos; así como sobre el dictado de mandatos o la adopción de medidas cautelares, correctivas o complementarias;

 

b) Conocer y resolver las quejas por defectos de tramitación en los procedimientos que se presenten contra los órganos de primera instancia u otra Sala, conforme a Directiva expedida por Sala Plena;

 

c) Conocer y resolver las recusaciones contra vocales de Salas del Tribunal, miembros de Comisión, Directores o Secretarios Técnicos, conforme a Directiva expedida por Sala Plena; y,

 

d) Expedir precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.

 

14.2 De verificarse algún supuesto de nulidad contemplado en el Artículo 10 de

la Ley del Procedimiento Administrativo General, las Salas del Tribunal podrán declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan emitido, aun cuando hayan quedado firmes, si es que dichos actos agravian el interés público o lesionan derechos fundamentales. La facultad para declarar la nulidad de oficio prescribe al año contado a partir de la fecha en que dichos actos hayan quedado consentidos.

 

Artículo 15.- De la organización de las Salas del Tribunal.-

 

 

15.1 Cada Sala del Tribunal elegirá a un Presidente y Vicepresidente por el período de un año, siendo posible su reelección. Los Vicepresidentes sustituirán a los Presidentes en caso de ausencia, recusación o abstención y, en dicha circunstancia, suscribirán las resoluciones, correspondencia y documentos correspondientes.

 

15.2 Cada Sala requiere la concurrencia de cuatro (4) vocales para sesionar. Aprueba sus resoluciones con tres (3) votos conformes. El Presidente de Sala tiene voto dirimente en caso de empate.

 

15.3 En caso de ausencia o impedimento de algún vocal de una Sala, dicho cargo podrá ser reemplazado por un vocal de otra Sala para completar el quórum necesario, a solicitud de la primera y por acuerdo de la segunda.

 

Artículo 16.- Audiencia de informe oral ante las Salas del Tribunal.-

 

16.1 Las Salas del Tribunal podrán convocar a audiencia de informe oral, de oficio o a pedido de parte. En este segundo caso, podrán denegar la solicitud mediante decisión debidamente fundamentada.

 

16.2 Las audiencias son públicas, salvo que la Sala considere necesario su reserva con el fin de resguardar la confidencialidad que corresponde a un secreto industrial o comercial, o al derecho a la intimidad personal o familiar, de cualquiera de las partes involucradas en el procedimiento administrativo.

 

16.3 Las disposiciones del presente artículo serán aplicables a las solicitudes de informe oral presentadas ante las Comisiones.

 

Artículo 17.- La Sala Plena del Tribunal.-

 

17.1 Los vocales de las Salas se reunirán para conformar la Sala Plena del

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

 

17.2 Los vocales reunidos en Sala Plena elegirán a su Presidente y Vicepresidente por un período de un (1) año, siendo posible su reelección. El Presidente de la Sala Plena, o Presidente del Tribunal, tiene voto dirimente.

 

17.3 La Sala Plena contará con una Secretaría Técnica que será ejercida por el Secretario Técnico de la Sala a la cual pertenezca el Presidente del Tribunal del INDECOPI.

 

17.4 Para que haya quórum de Sala Plena deben reunirse al menos más de la mitad del número total de vocales designados de todas las Salas del Tribunal.

 

17.5 El Presidente del Tribunal del INDECOPI convocará a la Sala Plena con la periodicidad que demanden las necesidades funcionales, o cuando lo solicite el Consejo Directivo o tres (3) o más vocales de una Sala.

 

17.6 La Sala Plena del Tribunal se reunirá para:

 

a) Dictar directivas que orienten la solución de conflictos de competencia entre los distintos órganos resolutivos;

 

b) Resolver las contiendas de competencia que surjan entre los órganos resolutivos;

 

c) Expedir directivas para reglamentar temáticas de orden procesal;

 

d) Elegir al Presidente del Tribunal;

 

e) Adoptar los acuerdos que sean necesarios para su mejor desarrollo y funcionamiento;

 

f) Proponer al Presidente del Consejo Directivo el gestionar ante las autoridades políticas, legislativas o administrativas la implementación de medidas legales o reglamentarias destinadas a garantizar la protección de los derechos y principios rectores a que se refiere la presente Ley.

 

Artículo 18.- Agotamiento de la vía administrativa e impugnación judicial de pronunciamientos del INDECOPI.-

 

18.1 En los asuntos de competencia de cualquiera de los órganos resolutivos del INDECOPI, no podrá recurrirse al Poder Judicial en tanto no se haya agotado previamente la vía administrativa. Para lo dispuesto en la presente Ley, se entiende que queda agotada la vía administrativa solamente cuando se obtiene la resolución final de la respectiva Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

 

18.2 La competencia territorial en los casos en que el INDECOPI, sus funcionarios o servidores públicos o alguno de sus órganos funcionales sea demandado

o denunciado, se determinará en función al domicilio de la sede institucional ubicado en la ciudad de Lima.

 

Artículo 19.- Ejecutividad y ejecutoriedad de las resoluciones del Tribunal.-

 

19.1 La impugnación de las resoluciones de primera instancia suspende la ejecución de éstas, salvo en los casos de imposición de medidas de defensa comercial o cuando el órgano que expidió el acto que se impugna haya determinado lo contrario.

 

19.2 Las resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual se ejecutarán inmediatamente, sin perjuicio de que el interesado presente la demanda judicial correspondiente. La ejecución forzosa se realiza a través de la Ejecutoría Coactiva del INDECOPI con sujeción a las normas vigentes.

 

19.3 Cuando una Sala del Tribunal emita una resolución que imponga, o confirme parcial o totalmente la determinación de una obligación susceptible de ejecución coactiva, la impugnación de dicha resolución ante el Poder Judicial a través del proceso contencioso administrativo suspenderá el correspondiente procedimiento de

 

ejecución coactiva solamente si el cumplimiento de dicha obligación es garantizado mediante carta fianza, conforme a lo establecido en el Reglamento de la presente Ley.

 

CAPÍTULO II

DE LAS COMISIONES DEL ÁREA DE COMPETENCIA Artículo 20.- De las Comisiones del Área de Competencia.-

El Área de Competencia está compuesta por las siguientes Comisiones:

 

a) Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. b) Comisión de Defensa de la Libre Competencia.

c) Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal. d) Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios.

e) Comisión de Protección al Consumidor.

f) Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No

Arancelarias.

g) Comisión de Procedimientos Concursales.

 

Artículo 21.- Régimen de las Comisiones.-

Las Comisiones mencionadas en el artículo anterior tienen las siguientes características:

 

a) Cuentan con autonomía técnica y funcional y son las encargadas de aplicar las normas legales que regulan el ámbito de su competencia;

 

b) Resuelven en primera instancia administrativa los procesos de su competencia, la adopción de medidas cautelares y correctivas, la imposición de las sanciones correspondientes y la determinación de costas y costos;

 

c) Están integradas por cuatro (4) miembros, los que eligen a su Presidente y Vicepresidente. El cargo de Presidente y Vicepresidente es ejercido por el período de un año, pudiendo ser reelegidos;

 

d) El cargo de miembro de Comisión podrá ser desempeñado a tiempo completo o parcial, según lo establezca el Consejo Directivo;

 

 

 

votar;


e) Sesionan válidamente con la presencia de tres de sus miembros hábiles para

 

 

f) En caso de ausencia, recusación o abstención de un miembro de la Comisión y a falta de quórum, ésta solicitará a la Sala correspondiente que designe un reemplazante, el que será miembro de otra Comisión.

 

g) Aprueban sus resoluciones por mayoría de votos, teniendo el Presidente voto dirimente;

 

h) Cuentan con una o más Secretarías Técnicas, a través de las cuales reciben el apoyo de los órganos de administración interna del INDECOPI; y,

 

i) Están facultadas para solicitar al auxilio de la fuerza pública con el fin de ejecutar sus resoluciones de ser necesario.

 

Artículo 22.- Designación de Comisionados.-

Los miembros de las Comisiones a que se refiere el presente capítulo están sujetos a las siguientes disposiciones:

 

a) Son designados por el Consejo Directivo, previa opinión del Órgano Consultivo, por cinco (5) años, pudiendo ser designados por un período adicional, aplicándoseles las causales de vacancia previstas para los vocales de las Salas; y,

 

b) Deben contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional y cinco (5) años de experiencia en temas afines a la materia de competencia de la respectiva Comisión.

 

Artículo 23.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las

leyes que regulan el control posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores.

 

Artículo 24.- De la Comisión de Defensa de la Libre Competencia.- Corresponde a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia velar por el

cumplimiento de la Ley contra las Prácticas Monopólicas, Controlistas y Restrictivas de la Libre Competencia, la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico y de las otras leyes que prohíben y sancionan las conductas anticompetitivas o promueven una competencia efectiva en los mercados, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores.

 

Artículo 25.- De la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal.- Corresponde a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal velar por

el cumplimiento de la Ley de Represión de la Competencia Desleal y de las leyes que, en general, prohíben y sancionan las prácticas contra la buena fe comercial, incluyendo las normas de la publicidad, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores.

 

Artículo 26.- De la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios.- Corresponde a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios velar por

el cumplimiento de las normas que persiguen evitar y corregir el daño en el mercado provocado por prácticas de dumping o subsidios, a través de la imposición de derechos antidumping o compensatorios, así como actuar como autoridad investigadora en procedimientos conducentes a la imposición de medidas de salvaguardia, conforme a lo dispuesto en los acuerdos internacionales suscritos por el Perú, las normas de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio y las normas supranacionales y nacionales vigentes sobre la materia.

 

Artículo 27.- De la Comisión de Protección al Consumidor.- Corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor velar por el

cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor y de las leyes que, en general,

 

protegen a los consumidores de la falta de idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada, de las omisiones de información y de la discriminación en el consumo, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores.

 

Artículo 28.- De la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras

Comerciales No Arancelarias.-

Corresponde a la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias el desarrollo de las actividades de normalización nacional en todos los sectores, en su calidad de Organismo Nacional de Normalización, así como el control posterior y eliminación de barreras comerciales no arancelarias, conforme a los compromisos contraídos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio, las normas supranacionales y nacionales correspondientes. Asimismo, administra la infraestructura oficial de firma electrónica, conforme a la normativa de la materia.

 

Artículo 29.- De la Comisión de Procedimientos Concursales.-

Corresponde a la Comisión de Procedimientos Concursales la aplicación de la Ley General del Sistema Concursal y de las normas que la complementen o la sustituyan.

 

Artículo 30.- Competencia primaria y exclusiva de las Comisiones.-

Las Comisiones tienen competencia primaria y exclusiva en las materias señaladas en los artículos 23 a 29 precedentes, salvo que por ley expresa se haya dispuesto o se disponga lo contrario.

 

Artículo 31.- Apelación de resoluciones y su sustentación ante la segunda instancia.-

 

31.1 Las resoluciones de las Comisiones que pongan fin a la instancia, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o causen indefensión podrán ser apeladas ante la Sala del Tribunal que tenga competencia en la materia.

 

31.2 El Presidente de la Comisión, el Secretario Técnico o la persona designada por el primero, podrá sustentar ante la Sala respectiva las resoluciones que hubiesen sido objeto de apelación.

 

Artículo 32.- Sobre el inicio de los procedimientos administrativos.-

Los procedimientos que se sigan ante las Comisiones a que se refiere el presente capítulo pueden ser iniciados de oficio o a pedido de parte.

 

Artículo 33.- Reglas sobre conflicto de competencia.-

 

33.1 Los casos en que se genere conflicto de competencia entre dos o más Comisiones se resolverá conforme a lo prescrito en la Ley del Procedimiento Administrativo General o norma que la sustituya.

 

33.2 En caso de asuntos cuya materia no sea de competencia de la Comisión ante la cual se presenta una petición sino de otra de las Comisiones a que se refiere el

 

presente capítulo, la Comisión referida declinará competencia sobre el asunto y lo remitirá sin más trámite a la Comisión competente.

 

Artículo 34.- Desconcentración de competencias.-

 

34.1 El Consejo Directivo podrá desconcentrar las competencias de las Comisiones de Eliminación de Barreras Burocráticas, de Defensa de la Libre Competencia, de Fiscalización de la Competencia Desleal, de Protección al Consumidor y de Procedimientos Concursales en las Comisiones de las Oficinas Regionales del INDECOPI que constituya para tal efecto.

 

34.2 A las Comisiones desconcentradas de las Oficinas Regionales se les aplican las mismas disposiciones legales aplicables a las Comisiones de la sede central.

 

Tratándose de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la desconcentración de sus competencias abarcará a los actos, contratos y disposiciones de alcance general emanados de los órganos o entidades de la Administración Pública dependientes del Gobierno Regional o Local que se encuentren dentro de la respectiva circunscripción territorial de competencia de la Comisión desconcentrada de la Oficina Regional correspondiente.

 

34.3 En los procedimientos que se tramiten ante las Comisiones de las Oficinas Regionales, las partes o los terceros interesados deberán señalar, al momento de su apersonamiento, domicilio procesal dentro de la respectiva circunscripción de competencia territorial de la Oficina Regional; competencia ésta que será determinada por el Consejo Directivo mediante directiva.

 

CAPÍTULO III

 

DE LAS DIRECCIONES DEL ÁREA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Artículo 35.- De las Direcciones.-

35.1 El Área de Propiedad Intelectual está conformada por las siguientes

Direcciones:

 

a) La Dirección de Signos Distintivos.

b) La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías. c) La Dirección de Derecho de Autor.

 

35.2 Al interior de cada Dirección habrá una Comisión, órgano colegiado que tendrá autonomía funcional respecto del Director correspondiente.

 

35.3 El Director podrá emitir Lineamientos sobre temas funcionales, caso en el cual la Comisión podrá solicitar a la Sala de Propiedad Intelectual correspondiente que revise y, eventualmente, modifique, dichos lineamientos.

 

35.4 El Consejo Directivo podrá desconcentrar en las Oficinas Regionales del

INDECOPI aquellas funciones de las Direcciones de la Propiedad Intelectual de la sede

 

central mencionadas en el numeral 35.1 que no requieran el ejercicio de competencia a nivel nacional.

 

Artículo 36.- De la Dirección de Signos Distintivos.-

 

36.1 Corresponde a la Dirección de Signos Distintivos proteger los derechos otorgados sobre marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen, así como administrar los registros correspondientes.

 

36.2 En la protección de los derechos referidos en el párrafo anterior, la Dirección de Signos Distintivos otorga, reconoce, declara, anula, cancela o limita tales derechos, luego de un debido procedimiento. Igualmente, registra, controla y protege los derechos otorgados, reconocidos o declarados, mediante procedimientos adecuados que incluyen mecanismos y procedimientos de solución de controversias.

 

Artículo 37.- De la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.-

 

37.1 Corresponde a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías proteger los derechos otorgados sobre patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados y certificados de obtentor de variedades vegetales, así como cualquier otro derecho que la legislación sujete a su protección. Adicionalmente, está encargada de proteger los derechos sobre los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos, de conformidad con las normas de la materia, y de promover y difundir el uso de la información contenida en los documentos de patentes como fuente de información tecnológica.

 

37.2 En la protección de los derechos referidos en el párrafo anterior, luego de un debido procedimiento, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías otorga, declara, anula, limita y declara la caducidad de tales derechos. Igualmente registra, controla y protege los derechos otorgados o declarados, mediante procedimientos adecuados de solución de controversias.

 

Artículo 38.- De la Dirección de Derecho de Autor.-

 

38.1 Corresponde a la Dirección de Derecho de Autor proteger el derecho de autor y los derechos conexos. En la protección de los referidos derechos es responsable de cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y los derechos conexos.

 

38.2 Adicionalmente, resuelve en primera instancia las causas contenciosas y no contenciosas que le sean sometidas a su jurisdicción, por denuncia de parte o por acción de oficio. Administra el registro nacional de derecho de autor y derechos conexos, así como los actos constitutivos o modificatorios correspondientes a las sociedades de gestión colectiva y derechos conexos; mantiene y custodia el depósito legal intangible, entre otras funciones establecidas en la ley de la materia.

 

Artículo 39.- Del Registro de los Contratos de Transferencia de Tecnología

Extranjera.-

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, corresponde a las Direcciones de Signos Distintivos y de Invenciones y Nuevas Tecnologías llevar el registro o listado, según sea el caso, de los contratos de licencia de uso de tecnología, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial de origen extranjero, así como de asistencia básica y de detalle, gerencia y franquicia que estipulen el pago de regalías, conforme a lo dispuesto en el Artículo 21 del Decreto Legislativo Nº 662.

 

Artículo 40.- Atribuciones de las Direcciones de la Propiedad Intelectual.- Cada Dirección tiene las siguientes atribuciones y características:

 

a) Cuenta con autonomía técnica, funcional y administrativa;

 

b) Resuelve en primera instancia administrativa, a través del Director o los órganos a los que éste delegue tales funciones, los procedimientos de otorgamiento, reconocimiento, declaración y registro de los derechos de propiedad intelectual de su competencia, a través de sus diferentes órganos;

 

c) Está a cargo de un Director; y,

 

d) Puede contar con Subdirecciones u otros órganos para las distintas áreas funcionales de su competencia, conforme a lo que establezca el Reglamento de la presente Ley.

 

Artículo 41.- Sobre los Directores de Propiedad Intelectual.-

Los Directores a que se refiere el presente capítulo están sujetos a las siguientes disposiciones:

 

a) Son designados por el Consejo Directivo del INDECOPI;

 

b) Ejercen sus cargos por tiempo indefinido;

 

c) Deben acreditar reconocida solvencia e idoneidad profesional y técnica, así como cinco (5) años de experiencia en temas afines a la materia de competencia de la respectiva Dirección;

 

d) Tienen a su cargo la gestión de la Dirección, estando facultados para informar a los órganos de administración interna, con el debido sustento, de las necesidades de su Dirección que deban ser atendidas para su adecuado funcionamiento;

 

e) Resuelven en primera instancia los procedimientos administrativos que no son de competencia de la Comisión respectiva;

 

f) En caso de presumir la existencia de una infracción en materia de propiedad intelectual, podrá requerir al Secretario Técnico de la Comisión respectiva para que inicie las investigaciones preliminares o las acciones de oficio correspondientes;

 

g) Emiten informes técnicos en los temas de su competencia;

 

h) Administran y conocen los procedimientos no contenciosos relacionados con el otorgamiento, la declaración, el reconocimiento y el registro de los derechos de propiedad intelectual respectivos;

 

i) Recurren al auxilio de la fuerza pública para ejecutar las resoluciones que emita la Dirección, a través de cualquiera de sus órganos internos, tanto en los casos de procedimientos contenciosos como no contenciosos;

 

j) Están facultados para delegar sus funciones en los Subdirectores u otros funcionarios cuando lo consideren pertinente, de acuerdo a la carga procesal y la estructura de cada Dirección;

 

k) Ejercen la representación de la Dirección;

 

l) Coordinan la aplicación de las leyes, tratados o convenciones internacionales, en la materia que es de competencia de la respectiva Dirección, y vigilan su cumplimiento;

 

m) Desarrollan programas de difusión, capacitación y formación en los temas que son de competencia de la respectiva Dirección, pudiendo coordinar al efecto con organismos nacionales o internacionales afines a la materia;

 

n) Conducen, ejecutan y evalúan las acciones requeridas para el funcionamiento de sus respectivos Registros; y,

 

o) Ejercen las demás funciones que se les encomienden. Artículo 42.- De las Comisiones de Propiedad Intelectual.-

42.1 Las Comisiones son:

 

a) Comisión de Signos Distintivos.

b) Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías. c) Comisión de Derecho de Autor.

 

42.2 Las Comisiones mencionadas en el numeral anterior son competentes para pronunciarse respecto de:

 

a) En el caso de la Dirección de Signos Distintivos, sobre oposiciones a solicitudes de registro; nulidades y cancelaciones de registro de oficio o a pedido de parte; y las acciones por infracción a los derechos de propiedad intelectual bajo su competencia;

 

b) En el caso de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, sobre oposiciones a solicitudes de registro; nulidades de oficio o a pedido de parte; y las acciones por infracción a los derechos de propiedad intelectual bajo su competencia; y,

 

c) En el caso de la Dirección de Derecho de Autor, sobre nulidad y cancelación de partidas registrales de oficio o a pedido de parte; y las acciones por infracción a los derechos de propiedad intelectual bajo su competencia.

 

 

42.3. Las Comisiones de Propiedad Intelectual tienen las siguientes características:

 

a) Cuentan con autonomía técnica y funcional;

 

b) Resuelven en primera instancia administrativa los procedimientos trilaterales y sancionadores a que se refiere el numeral anterior, así como las acciones de nulidad y cancelación iniciadas de oficio;

 

c) Están integradas por cuatro (4) miembros, uno de los cuales será el Director, quien la presidirá;

 

d) Eligen a su Vicepresidente;

 

e) Salvo su Presidente, el cargo de miembro de Comisión podrá ser desempeñado a tiempo completo o parcial, según lo establezca el Consejo Directivo en atención a la carga procesal;

 

f) Para sesionar válidamente requieren la presencia de tres de sus miembros hábiles para votar;

 

g) Aprueban sus resoluciones por mayoría de votos, teniendo el Presidente voto dirimente;

 

h) Cuentan con una Secretaría Técnica, la que se regirá por lo establecido en el numeral 44.3 del Artículo 44 de la presente Ley; y,

 

i) Se rigen por lo señalado en los Artículos 31, 32 y 33 de la presente Ley, en lo que corresponda.

 

42.4 Salvo su Presidente, los miembros de las Comisiones están sujetos a las siguientes disposiciones:

 

a) Son designados por el Consejo Directivo, previa opinión del Órgano Consultivo, por cinco (5) años, pudiendo ser designados por un período adicional, aplicándoseles las causales de vacancia previstas para los vocales de las Salas; y,

 

b) Deben contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional y cinco (5) años de experiencia en temas afines a la materia de competencia de la respectiva Dirección.

 

CAPÍTULO IV

 

DE LAS SECRETARÍAS TÉCNICAS

 

Artículo 43.- Régimen de las Secretarías Técnicas.-

 

43.1 Cada una de las Salas y Comisiones a que se refiere la presente Ley, cuenta con una o más Secretarías Técnicas a través de las cuales reciben el apoyo de los

 

órganos de administración interna del INDECOPI, con excepción de las Secretarías

Técnicas del Área de Propiedad Intelectual que se rigen por lo dispuesto en el numeral

44.3 del Artículo 44 de la presente Ley.

 

43.2 Cada una de las Secretarías Técnicas a que se refiere el numeral anterior depende funcionalmente de su correspondiente Sala o Comisión y está a cargo de una persona designada por el Consejo Directivo del INDECOPI.

 

43.3 En caso de ausencia, recusación o abstención de quien se encuentra nombrado para ejercer la Secretaría Técnica, asumirá sus funciones la persona que la Sala o Comisión designe para tal efecto, quien actuará como Secretario Técnico encargado. Dicha encargatura no podrá comprender un período superior a un mes

cuando se trate de ausencia. Luego de dicho plazo, corresponde al Consejo Directivo del INDECOPI designar a la persona que ejerza tal encargo, mientras dure la ausencia de quien se encuentra nombrado.

 

Artículo 44.- Funciones de las Secretarías Técnicas.-

 

44.1 Son funciones de las Secretarías Técnicas del Área de Competencia:

 

a) Prestar a las Comisiones el apoyo que requieran para el normal funcionamiento de sus actividades, realizando para el efecto las coordinaciones necesarias con los demás órganos de línea y de administración interna del INDECOPI;

 

b) Instruir y tramitar los procedimientos administrativos seguidos ante las Comisiones, ejerciendo facultades de investigación y de actuación de medios probatorios, a fin de proporcionar a las Comisiones elementos de juicio para la resolución de los asuntos sometidos a su competencia;

 

c) Realizar acciones de prevención e investigaciones preliminares;

 

d) Por delegación de su Comisión, admitir a trámite los procedimientos, imputar cargos, impulsar la tramitación de los procedimientos, declarar rebelde a una parte del procedimiento, conceder recursos administrativos y declarar firme o consentida la resolución final que expida la Comisión, salvo régimen establecido en ley especial;

 

e) Emitir informes técnicos no vinculantes a la función resolutiva, cuando así lo disponga la ley de la materia, la respectiva Comisión o el Presidente del Consejo Directivo; y,

 

f) Otras que se encuentren previstas en sus respectivas normas legales de creación o que se le encomienden.

 

44.2 Son funciones de las Secretarías Técnicas de las Salas:

 

a) Prestar a las Salas el apoyo que requieran para el normal funcionamiento de sus actividades, realizando para el efecto las coordinaciones necesarias con los demás órganos de línea y de administración interna del INDECOPI;

 

b) Tramitar los procedimientos de segunda instancia, según corresponda;

 

 

c) Actuar de oficio los medios probatorios que estime necesarios para el esclarecimiento de las cuestiones materia de apelación; y,

 

d) Otras que se encuentren previstas en legislación especial o que se le encomienden.

 

44.3 Son funciones de las Secretarías Técnicas del Área de Propiedad

Intelectual:

 

a) Prestar a las Comisiones el apoyo que requieran para el normal funcionamiento de sus actividades, realizando para el efecto las coordinaciones necesarias con el Director respectivo, de quien dependen administrativamente;

 

b) Instruir y tramitar los procedimientos administrativos seguidos ante las Comisiones, ejerciendo facultades de investigación y de actuación de medios probatorios, a fin de proporcionar a las Comisiones elementos de juicio para la resolución de los asuntos sometidos a su competencia;

 

c) Realizar acciones de prevención e investigaciones preliminares;

 

d) Por delegación de su Comisión, admitir a trámite los procedimientos, imputar cargos, impulsar la tramitación de los procedimientos, declarar rebelde a una parte del procedimiento, conceder recursos administrativos y declarar firme o consentida la resolución final que expida la Comisión, salvo régimen establecido en ley especial;

 

e) Emitir los informes técnicos que le requiera el Director, la respectiva

Comisión o el Presidente del Consejo Directivo; y,

 

f) Otras que se encuentren previstas en sus respectivas normas legales de creación o que le encomienden el Director o la respectiva Comisión, según sus atribuciones.

 

TÍTULO VI

 

DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA CAPÍTULO I

DEL SERVICIO NACIONAL DE METROLOGÍA Artículo 45.- Del Servicio Nacional de Metrología.-

45.1 El Servicio Nacional de Metrología es el ente rector de la metrología nacional en el campo científico, industrial y legal conforme a las normas de la materia y, como tal, promueve la implementación y desarrollo del Sistema Legal de Unidades de Medida y la trazabilidad internacional de las mediciones efectuadas en el país conforme a lo dispuesto en las normas de la Organización Mundial del Comercio, los

acuerdos de libre comercio y las normas supranacionales y nacionales correspondientes.

 

45.2 El Servicio Nacional de Metrología tiene las siguientes características:

 

a) Tiene autonomía técnica, funcional y administrativa;

 

b) Custodia los patrones nacionales de medida;

 

c) Difunde el Sistema Legal de Unidades del Perú y absuelve las consultas que formulen los organismos del sector público y privado;

 

d) Establece las normas sobre metrología legal;

 

e) Emite certificaciones metrológicas;

 

f) Está a cargo de un Jefe; y,

 

g) Ejerce representación ante organismos internacionales de Metrología, sin perjuicio de las atribuciones de representación institucional propias del Presidente del Consejo Directivo.

 

Artículo 46.- Sobre el Jefe del Servicio Nacional de Metrología.-

El Jefe del Servicio Nacional de Metrología a que se refiere el presente Capítulo está sujeto a las siguientes disposiciones:

 

a) Es designado por el Consejo Directivo del INDECOPI;

 

b) Ejerce su cargo por tiempo indefinido;

 

c) Debe contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional y cinco (5)

años de experiencia en temas afines a la materia de competencia del Servicio; y,

 

d) Canaliza el apoyo de los órganos de administración interna del INDECOPI. CAPÍTULO II

DEL SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN Artículo 47.- Del Servicio Nacional de Acreditación.-

47.1 Corresponde al Servicio Nacional de Acreditación, en su calidad de Organismo Nacional de Acreditación, el reconocimiento de la competencia técnica de las entidades de evaluación de la conformidad en todos los sectores, conforme a las directrices y guías internacionales, las normas de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio y las normas supranacionales y nacionales correspondientes.

 

47.2 El Servicio Nacional de Acreditación tiene las siguientes características:

 

a) Tiene autonomía técnica, funcional y administrativa;

 

b) Establece sus procedimientos internos y los programas de acreditación atendiendo las necesidades del sector público y privado;

 

c) Suscribe los contratos de acreditación y los resuelve ante el incumplimiento de las condiciones acreditadas;

 

d) Promueve el reconocimiento internacional del Sistema Nacional de

Acreditación y la suscripción de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo;

 

e) Difunde el Sistema Nacional de Acreditación y absuelve las consultas que formulen los organismos del sector público y privado;

 

f) Está a cargo de un Jefe;

 

g) Ejerce representación ante los foros internacionales de acreditación y evaluación de la conformidad, sin perjuicio de las atribuciones de representación institucional propias del Presidente del Consejo Directivo.

 

Artículo 48.- Sobre el Jefe del Servicio Nacional de Acreditación.-

El Jefe del Servicio Nacional de Acreditación a que se refiere el presente

Capítulo está sujeto a las siguientes disposiciones:

 

a) Es designado por el Consejo Directivo del INDECOPI;

 

b) Ejerce su cargo por tiempo indefinido;

 

c) Debe contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional y cinco (5)

años de experiencia en temas afines a la materia de competencia del Servicio; y,

 

d) Canaliza el apoyo de los órganos de administración interna del INDECOPI. TÍTULO VII

DE LA ADMINISTRACIÓN INTERNA

 

Artículo 49.- De la Secretaría General.-

La Secretaría General es el máximo órgano ejecutivo y administrativo de la institución, de cuya gestión responde ante el Consejo Directivo del INDECOPI.

 

Artículo 50.- Funciones de la Secretaría General.-

 

50.1 Son funciones de la Secretaría General del INDECOPI:

 

a) Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las acciones de los diferentes órganos de administración interna;

 

b) Coordinar las acciones de los demás órganos del INDECOPI y prestarles el apoyo que requieran para su funcionamiento;

 

c) Ejercer la representación legal de la institución;

 

 

d) Administrar los recursos del INDECOPI;

 

e) Designar, promover, suspender y remover al personal del INDECOPI, salvo disposición distinta de la presente Ley; y,

 

f) Las demás que se le encargue por acuerdo del Consejo Directivo.

 

50.2 Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Secretaría General cuenta con el apoyo de las Oficinas que establece el Reglamento de la presente Ley.

 

Artículo 51- Sobre la potestad organizatoria de la institución.-

 

51.1 El Consejo Directivo se encuentra facultado para crear nuevas Oficinas además de las referidas en el Reglamento de la presente Ley; así como para

desactivarlas o modificar su régimen, de acuerdo con las necesidades de la institución, y siempre dentro del marco de lo que dispongan las normas presupuestarias.

 

51.2 El Consejo Directivo se encuentra igualmente facultado para aprobar la creación de una Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, cuyas actividades se orienten a la formación y especialización de profesionales en las distintas materias temáticas de competencia del INDECOPI.

 

TÍTULO VIII

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y LABORAL Artículo 52.- De los ingresos del INDECOPI.-

Son recursos directamente recaudados del INDECOPI:

 

a) Las tasas por concepto de derecho de trámite de los procedimientos administrativos de competencia de sus distintas unidades orgánicas;

 

b) Los montos que recaude por concepto de multas;

 

c) Los derechos antidumping y compensatorios que se establezcan, provisional o definitivamente, en los procedimientos sobre la materia;

 

d) Los recursos que perciba por concepto de la prestación de servicios;

 

e) Los recursos provenientes de la cooperación técnica internacional;

 

f) Los legados y donaciones que reciba; y,

 

g) Los recursos que se le transfieran conforme a Ley. Artículo 53.- Sobre remuneraciones y dietas.-

53.1 Todos los cargos que desempeñan las personas que laboran en el

INDECOPI son remunerados.

 

 

53.2 El pago de la remuneración a que se refiere el numeral anterior procede siempre que no se trate de funcionarios o servidores públicos que desempeñan otros empleos o cargos remunerados por el Estado. En este último caso perciben una dieta, conforme a lo que establezca el Reglamento de la presente Ley. Igual regla es aplicable a los vocales de las Salas del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y a los miembros de las Comisiones que desempeñen su función a tiempo parcial; así como a los miembros del Órgano Consultivo.

 

Artículo 54.- El régimen laboral de los trabajadores del INDECOPI.-

Los trabajadores del INDECOPI están sujetos al régimen laboral de la actividad privada. En consecuencia, se rigen por lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 728 y sus normas modificatorias, ampliatorias, complementarias y conexas.

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

 

PRIMERA.- Régimen de Ejecución Presupuestaria del INDECOPI.- Inclúyase de modo permanente al INDECOPI en el régimen de ejecución

presupuestaria al que se encuentran sujetos los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos a los que se refiere la Ley Nº 27332 o a las disposiciones que la complementen o sustituyan, quedando comprendido, por ende, en los alcances de la Décima Disposición Final de la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, Ley Nº 29144.

 

SEGUNDA.- Archivo de expedientes concluidos con resolución firme.-

Después de transcurridos más de cinco años desde el vencimiento del plazo para interponer medios y/o pretensiones impugnatorias ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual o ante el Poder Judicial, los expedientes tramitados ante el INDECOPI serán transferidos al Archivo General de la Nación o a los Archivos Departamentales, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley Nº 19414.

 

TERCERA.- Representación y Defensa Judicial del INDECOPI.-

La representación y defensa judicial del INDECOPI es ejercida por sus propios representantes o por los apoderados a los que el Consejo Directivo de la institución faculte. La intervención del Procurador Público del Sector al que se encuentra adscrito el INDECOPI es de carácter facultativo.

 

CUARTA.- Trámite y calificación de denuncias presentadas ante el Ministerio

Público vinculadas a la actuación de funcionarios del INDECOPI.-

Tratándose de denuncias formuladas contra funcionarios y/o servidores del INDECOPI, relacionadas con su actuación o intervención en los procedimientos de competencia institucional, la Fiscalía competente deberá solicitar un informe técnico al Órgano de Control Institucional del INDECOPI sobre la licitud de los hechos imputados, el cual deberá emitirse en un plazo máximo de diez (10) días. La Fiscalía tendrá en cuenta este Informe para efectos de la calificación o archivo de la denuncia.

 

En los casos en que la denuncia formulada contra los funcionarios o servidores del INDECOPI resulte manifiestamente maliciosa o calumniosa, la Fiscalía deberá formalizar denuncia por este hecho contra la persona natural responsable.

 

 

QUINTA.- Referencias a denominación de Comisiones del INDECOPI.- Toda mención hecha en la legislación vigente a la Comisión de Acceso al

Mercado, la Comisión de Libre Competencia y a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal desde la vigencia de la presente Ley, se entenderá referida a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia y a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, respectivamente. En el caso de la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales, toda mención hecha en la legislación vigente se entenderá referida a:

 

1. El Servicio Nacional de Acreditación, respecto del reconocimiento de la competencia técnica de entidades de evaluación de la conformidad;

 

2. La Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales

No Arancelarias, respecto de la aprobación de normas técnicas peruanas, la fiscalización de restricciones paraarancelarias y la administración de la infraestructura oficial de

firma electrónica; y,

 

3. El Servicio Nacional de Metrología, respecto de la aprobación de normas metrológicas peruanas.

 

SEXTA.- Vigencia del actual Reglamento de Organización y Funciones del

INDECOPI.-

El actual Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobado por Decreto Supremo Nº 077-2005-PCM, seguirá vigente hasta que se apruebe el Reglamento de la presente Ley.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

PRIMERA.- Actividad procesal de las Salas del Tribunal del INDECOPI.-

Las actuales Salas de Defensa de la Competencia y de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual seguirán conociendo las apelaciones presentadas contra las resoluciones de primera instancia hasta que el Consejo Directivo determine la creación de las Salas especializadas del Tribunal del Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual que correspondan, de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 de la presente Ley.

 

SEGUNDA.- Acciones necesarias para facilitar la implementación de Acuerdos de Promoción Comercial.-

A efectos de adecuar su estructura organizativa a las disposiciones de la presente Ley y garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú, tanto en el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con los Estados Unidos de América como en los otros acuerdos de libre comercio que se suscriban, en los ámbitos de la protección de la propiedad intelectual y la defensa de la competencia, facúltese al INDECOPI a ejecutar las acciones de personal y contratación de bienes y servicios que requiera para

el cabal cumplimiento de sus funciones, quedando para ello exceptuado de las normas sobre limitaciones de gasto, austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria contenidas en la Ley Nº 29142, así como de las limitaciones establecidas en la Ley Nº

28411.

 

 

Las acciones que apruebe el Consejo Directivo del INDECOPI al amparo de la presente disposición no generarán, en ningún caso, egresos al Tesoro Público, debiendo financiarse con cargo a recursos directamente recaudados.

 

El INDECOPI queda obligado, bajo responsabilidad de su titular, a informar trimestralmente a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República acerca de las acciones ejecutadas al amparo de la presente Disposición Transitoria.

 

TERCERA.- Período de designación de funcionarios de confianza del

INDECOPI.-

Los períodos de designación de los vocales de las Salas del Tribunal y de los miembros de Comisión que se indican en la presente Ley regirán para los funcionarios mencionados que sean designados o ratificados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, y se computarán a partir de la fecha de designación o ratificación correspondiente.

 

En el plazo de sesenta (60) días calendario contados desde la publicación de la presente Ley, el actual Directorio del INDECOPI ratificará a los miembros de Comisión actuales o designará a su reemplazo, de ser el caso. En el caso de los vocales de las

Salas del Tribunal, dicha ratificación o designación podrá ser realizada, en el mismo período, por el Presidente de la República mediante Resolución Suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo Directivo del INDECOPI.

 

Tratándose de los actuales Jefes de Oficina, en el mismo período, el actual Directorio del INDECOPI evaluará su designación como Directores de la Propiedad Intelectual, o su reasignación funcional.

 

CUARTA.- Designación de miembros del Consejo Directivo representantes de

MINCETUR y PRODUCE.-

Una vez vigente la presente Ley, los Ministerios de Comercio Exterior y Turismo y de la Producción procederán a proponer a los dos integrantes que deberán completar el número legal de miembros del Consejo Directivo, los que serán designados mediante Resolución Suprema refrendada por la Presidencia del Consejo de Ministros conforme lo establece el Artículo 4 de la presente Ley.

 

A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, el vencimiento del plazo de designación de los integrantes del Consejo Directivo del INDECOPI será escalonado. El Reglamento fija los criterios y plazos para lograr la renovación progresiva de los integrantes del Consejo Directivo.

 

Por excepción, los mandatos de los miembros integrantes del primer Consejo

Directivo del INDECOPI se sujetan a los plazos siguientes:

 

a) Los representantes actualmente designados a propuesta de la Presidencia del

Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía y Finanzas, que a la fecha de

entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo venían integrando el Directorio del

 

INDECOPI, concluyen su período al cumplirse cinco (5) años desde la fecha en que fueron designados.

 

b) Los representantes que sean designados a propuesta del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y del Ministerio de la Producción, concluyen su período en un plazo de cinco (5) años, a partir de la fecha en que se haga efectiva su designación.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y

26BIS, los que permanecerán vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley.

 

SEGUNDA.- Reglamentación de la presente Ley.-

El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, expedirá el Reglamento de la presente Ley en el plazo de noventa (90) días calendario contados a partir de su publicación en el diario oficial El Peruano.

 

TERCERA.- Vigencia de la presente Ley.-

La presente Ley entrará en vigencia a los sesenta (60) días de la fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, salvo lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria y en su Segunda y Tercera Disposiciones Transitorias que regirán a partir del día siguiente de su publicación.

 

POR TANTO:

 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil ocho.

 

ALAN GARCÍA PÉREZ

Presidente Constitucional de la República

 

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ Presidente del Consejo de Ministros

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Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada

22/03/2007.- LEY N° 28996.- Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas  y

Restricciones a la Inversión Privada. (04/04/2007)

 

LEY N° 28996

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

 

LEY DE ELIMINACIÓN DE SOBRECOSTOS, TRABAS Y RESTRICCIONES A LA INVERSIÓN PRIVADA

 

Artículo1°.- Ámbito  de aplicación

La presente Ley es de aplicación a todas las entidades de la Administración Pública, entendiendo por éstas a las que se encuentran sujetas al ámbito de la aplicación de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, conforme a lo dispuesto en el artículo I del Título Preliminar de dicha Ley.

Artículo2°.- Definición de barreras burocráticas

Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la competitividad empresarial en el mercado.

Artículo3°.- Modificación del artículo  48° de la Ley N° 27444

Modifícanse el segundo, tercer y cuarto párrafos del artículo 48° de la Ley N°

27444, de conformidad con la siguiente redacción:

“Artículo 48°.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo

(...)

Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera burocrática haya sido establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter general, dicha Comisión se  pronunciará,  mediante  resolución,  disponiendo  su  inaplicación  al  caso concreto. La resolución de la Comisión podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI.

Sin perjuicio de la inaplicación al caso concreto, la resolución será notificada a la entidad estatal que emitió la norma para que pueda disponer su modificación o derogación.

Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de

Acceso al Mercado, el INDECOPI podrá interponer la demanda de acción popular contra barreras burocráticas contenidas en decretos supremos, a fin de lograr su modificación o derogación y, con el mismo propósito, acudir a la Defensoría del Pueblo  para  que  se  interponga  la  demanda  de  inconstitucionalidad  contra barreras burocráticas contenidas en normas municipales y regionales de carácter general, que tengan rango de ley.

(...)”

Artículo4°.- Modificación del artículo  26° BIS del Decreto Ley N° 25868

Suprímese el tercer y cuarto párrafos del artículo 26° BIS del Decreto Ley N°

25868  y  establécese que  lo  dispuesto  en  la  presente  Ley  también  será  de aplicación a la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales en los supuestos en que se pronuncie sobre restricciones paraarancelarias.

 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

 

 

 

 

En Lima, a los veintidós días del mes de marzo de dos mil siete.

MERCEDES  CABANILLAS  BUSTAMANTE,  Presidenta  del  Congreso  de  la

República

JOSÉ VEGA ANTONIO, Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días del mes de abril del año dos mil siete.

ALAN GARCÍA PÉREZ, Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ, Presidente del Consejo de Ministros

 

****************

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LEY QUE CREA EL INDICE DE BARRERAS BUROCRATICAS DE ACCESO AL MERCADO IMPUESTAS A NIVEL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

(norma publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 16 de agosto de

2004)

 

LEY Nº 28335

 

 

 

 

 

 

Artículo1°.- Objeto de la Ley

 

Créase el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a nivel local que afecten indebidamente la competitividad de los agentes económicos, el mismo que contendrá la relación de barreras burocráticas discriminada por municipalidad sea provincial o distrital, y que han sido debidamente identificadas por la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia  y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, de conformidad con el artículo 26° BIS del Decreto Ley N° 25868 y normas afines.

 

Artículo 2°.- Comisión de Acceso al Mercado

 

Encárgase a la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI la elaboración del Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado a nivel local y de su difusión anual a través de la página web del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI y de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION.

 

El Índice se elaborará en base a los procedimientos tramitados ante la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI.

 

Artículo3°.- Vigencia de la Ley

 

La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario

Oficial El Peruano.

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES PRIMERA.- Publicación y difusión del Índice

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer Índice a que hace referencia el artículo 1° de la presente Ley será difundido por la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI, dentro de los primeros quince (15) días del mes de enero de 2005, en la página web del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI y de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION. También se difundirá a través de su publicación en forma gratuita en el Diario Oficial El Peruano mediante separata especial.

 

El índice se elaborará semestralmente en forma progresiva, de conformidad con los recursos del INDECOPI.

 

SEGUNDA.- De los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos

 

El Índice a que hace referencia  el artículo  1° de la presente  Ley incluirá la identificación de municipalidades que cuenten con su respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente debidamente aprobado y publicado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27444.

 

Para tal efecto, a más tardar el 31 de octubre de cada año, las municipalidades deberán acreditar ante la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI haber aprobado y publicado sus respectivos Textos de Únicos de Procedimientos Administrativos.

 

TERCERO.-  Competencia  de  la  Comisión  de  Acceso  al  Mercado  del

INDECOPI

 

La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos de disposiciones de las entidades de la administración pública a que  se  refiere  el  artículo  I  del  Título  Preliminar  de  la  Ley  N°  27444,  que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado  o  que  contravengan  las  disposiciones  generales  contenidas  en  el Capítulo I del Título II de la Ley N° 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26° BIS del Decreto Ley N° 25868 y en normas afines.

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LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

20/01/2007.-  LEY  Nº  28976.-  Ley  marco   de  licencia   de  funcionamiento.

(05/02/2007)

 

LEY Nº 28976

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Congreso de la República;

ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:

LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 1°.- Finalidad  de la Ley

La presente Ley tiene como finalidad establecer el marco jurídico de las disposiciones aplicables al procedimiento para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento expedida por las municipalidades.

Artículo 2°.- Definiciones

Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: Compatibilidad de uso.- Evaluación que realiza la entidad competente con el fin de verificar si el tipo de actividad económica a ser desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la categorización del espacio geográfico establecido en la zonificación vigente.

Establecimiento.-  Inmueble,  parte  del  mismo  o  instalación  determinada con

carácter de permanente, en la que se desarrollan las actividades económicas con o sin fines de lucro.

Galería  Comercial.-   Unidad  inmobiliaria  que  cuenta  con  bienes  y  servicios

comunes y agrupa establecimientos, módulos o stands en la que se desarrollan actividades económicas similares. No se encuentran incluidos los centros comerciales.

Giro.- Actividad económica específica de comercio, industria y/o de servicios.

Informe  de Inspección Técnica  de Seguridad  en Defensa  Civil.-  Documento que sustenta y consigna el resultado de la ejecución de una Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, mediante la cual se verifica y evalúa el cumplimiento de las condiciones de seguridad en defensa civil establecidas en la normativa vigente sobre la materia.

Mercado  de abasto.-  Local cerrado en cuyo interior se encuentran distribuidos

puestos individuales de venta o de prestación de servicios en secciones o giros definidos, dedicados al acopio y expendio de productos alimenticios y otros tradicionales no alimenticios mayoristas y minoristas.

Módulo o stand.- Espacio acondicionado dentro de las galerías comerciales en el

que se realizan actividades económicas y cuya área no supera los ciento veinte metros cuadrados (120 m2).

Puesto.- Espacio acondicionado dentro de los mercados de abastos en el que se

realizan actividades económicas con un área que no excede los treinta y cinco metros  cuadrados  (35  m2)  y  que  no  requieren  obtener  un  certificado  de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de detalle o multidisciplinaria. Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del suelo.

 

TÍTULO II

DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

 

Artículo 3°.- Licencia  de funcionamiento

Autorización que otorgan las municipalidades para el desarrollo de actividades económicas  en  un  establecimiento  determinado,  en  favor  del  titular  de  las

 

mismas.

Podrán otorgarse licencias que incluyan más de un giro, siempre que éstos sean afines o complementarios entre sí. Las municipalidades, mediante ordenanza, deben definir los giros afines o complementarios entre sí, para el ámbito de su circunscripción.

En el caso de que los sujetos obligados a obtener licencia de funcionamiento desarrollen  actividades en  más  de  un  establecimiento, deberán  obtener  una licencia para cada uno de los mismos.

La licencia de funcionamiento para Cesionarios permite la realización de actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta con una licencia previa.

El otorgamiento de una licencia de funcionamiento no obliga a la realización de la actividad económica en un plazo determinado.

Las instituciones, establecimientos o dependencias, incluidas las del sector público, que conforme a esta Ley se encuentren exoneradas de la obtención de una licencia de funcionamiento, se encuentran obligadas a respetar la zonificación vigente y comunicar a la municipalidad el inicio de sus actividades, debiendo

acreditar el cumplimiento de las condiciones de seguridad en defensa civil.

Artículo 4°.- Sujetos obligados

Están obligadas a obtener licencia de funcionamiento las personas naturales, jurídicas  o  entes  colectivos, nacionales  o  extranjeros, de  derecho  privado  o público, incluyendo empresas o entidades del Estado, regionales o municipales, que desarrollen, con o sin finalidad de lucro, actividades de comercio, industriales y/o de servicios de manera previa a la apertura, o instalación de establecimientos en los que se desarrollen tales actividades.

Artículo 5°.- Entidad competente

Las  municipalidades  distritales,  así  como  las  municipalidades  provinciales, cuando les  corresponda conforme a  ley,  son  las  encargadas de  evaluar las solicitudes y otorgar las licencias de funcionamiento, así como de fiscalizar las mismas y aplicar las sanciones correspondientes, de acuerdo con las competencias previstas en la Ley Nº 27972 [T.324,§201], Ley Orgánica de Municipalidades.

Artículo 6°.- Evaluación de la entidad competente

Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes aspectos:

- Zonificación y compatibilidad de uso.

- Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad de la municipalidad.

Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior.

Artículo 7°.- Requisitos para solicitar la licencia  de funcionamiento

Para  el  otorgamiento de  la  licencia de  funcionamiento serán  exigibles  como máximo, los siguientes requisitos:

a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que incluya:

1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda.

2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u otros entes colectivos, o tratándose de personas naturales que actúen mediante representación.

b) Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada.

c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección

Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda.

d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la Declaración Jurada.

 

d.3) Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

d.4) Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, conforme a la Ley Nº 28296 [T.338,§172], Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.

Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de la Tasa a que hace referencia el artículo 15° de esta Ley.

Artículo  8°.-  Procedimientos   para   el   otorgamiento  de   la   licencia    de

funcionamiento

La licencia de funcionamiento se otorgará en el marco de un único procedimiento administrativo, el mismo que será de evaluación previa con silencio administrativo positivo. El plazo máximo para el otorgamiento de la licencia es de quince (15) días hábiles.

Para   obtener   la   licencia   de   funcionamiento  se   requieren   las   siguientes condiciones de seguridad en defensa civil:

1. Establecimientos que requieran Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica, Ex Post al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, realizada por la municipalidad.

Aplicable para establecimientos con una área de hasta cien metros cuadrados (100 m2) y capacidad de almacenamiento no mayor del treinta por ciento (30%) del área total del local.

En estos casos será necesaria la presentación de una Declaración Jurada de

Observancia de Condiciones de Seguridad a que se refiere el literal c) del artículo

7° de la presente Ley, debiendo realizarse la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica por la municipalidad, con posterioridad al otorgamiento de la licencia  de  funcionamiento, de  manera  aleatoria  de  acuerdo  a  los  recursos disponibles y priorizando los establecimientos que representen un mayor riesgo de seguridad.

Se encuentran excluidas de este procedimiento:

a) Las solicitudes de licencia de funcionamiento que incluyan los giros de pub, licorería, discoteca, bar, casinos, juegos de azar, máquinas tragamonedas, ferreterías, o giros afines a los mismos; así como solicitudes que incluyan giros cuyo desarrollo implique el almacenamiento, uso o comercialización de productos tóxicos  o  altamente  inflamables.  Las  licencias  referidas  a  estos  giros  se adecuarán a lo establecido en los numerales 2 o 3 del presente artículo, en lo que corresponda.

b) Las solicitudes de licencia de funcionamiento para el desarrollo de giros o establecimientos que  requieran la  obtención de  un  Certificado de  Inspección Técnica  de  Seguridad  en  Defensa  Civil  de  Detalle  o  Multidisciplinaria.  Las licencias referidas a estos giros se adecuarán a lo establecido en el numeral 3 del presente artículo.

2. Establecimientos que requieran de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica Ex Ante al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, realizada por la municipalidad.

Aplicable para establecimientos con una área mayor a los cien metros cuadrados

(100 m2).

En ambos supuestos la Tasa a que se refiere el artículo 15° de la presente Ley, incluye el pago correspondiente a las inspecciones.

3. Establecimientos que requieren de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria expedida por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

Aplicable para establecimientos con una área mayor a los quinientos metros cuadrados (500 m2).

El titular de la actividad deberá obtener el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria correspondiente, previamente a la solicitud de licencia de funcionamiento.

En  este  supuesto, el  pago  por  el  derecho de  tramitación del  Certificado de

Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil deberá abonarse en favor del

INDECI.

 

Artículo  9°.-  Licencias  de  funcionamiento  para  mercados   de  abastos   y galerías comerciales

Los mercados de abastos y galerías comerciales deben contar con una sola licencia de funcionamiento en forma corporativa, la cual podrá ser extendida a favor del ente colectivo, razón o denominación social que los representa o la junta de propietarios, de ser el caso. Para tal efecto, deberán obtener un Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle.

A los módulos o stands les será exigible una Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, Ex post al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, salvo en aquellos  casos  en  los  que  se  requiera  obtener  el  Certificado de  Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Multidisciplinaria, para aquellos casos de establecimientos con una área mayor a los cien metros cuadrados (100 m2).

La municipalidad podrá disponer la clausura temporal o definitiva de los puestos o stands en caso de que incurran en infracciones administrativas.

Artículo 10°.- Autorización conjunta

La municipalidad podrá autorizar la instalación de toldos y/o anuncios, así como la utilización  de  la  vía  pública  en  lugares  permitidos,  conjuntamente  con  la expedición de la licencia de funcionamiento, para lo cual deberá aprobar las disposiciones correspondientes.

Artículo 11°.- Vigencia de la licencia  de funcionamiento

La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada.

Podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea  requerido expresamente por  el  solicitante. En  este  caso,  transcurrido el término de vigencia, no será necesario presentar la comunicación de cese de actividades a que se refiere el artículo 12° de la presente Ley.

Artículo 12°.- Cese de actividades

El titular de la actividad, mediante comunicación simple, deberá informar a la municipalidad el cese de la actividad económica, dejándose sin efecto la licencia de funcionamiento, así como aquellas autorizaciones a que se refiere el artículo

10° de la presente Ley. Dicho procedimiento es de aprobación automática.

La comunicación de cese de actividades podrá ser solicitada por un tercero con legítimo interés, para lo cual deberá acreditar su actuación ante la municipalidad. Artículo 13°.- Facultad fiscalizadora y sancionadora

Las municipalidades deberán realizar las labores de fiscalización de las actividades económicas con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los titulares de las  licencias de funcionamiento conforme a ley, pudiendo imponer las sanciones a que hubiera lugar en el caso de incumplimiento.

Las municipalidades no pueden exigir tasas u otros cobros por el ejercicio de su actividad fiscalizadora.

Asimismo, las actividades de fiscalización como parte del procedimiento de inspección multidisciplinaria, deberán ser únicas y realizarse en el mismo momento, con el objeto de hacer más eficiente la verificación del cumplimiento de las medidas de seguridad.

Artículo 14°.- Cambio de zonificación

El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia de funcionamiento dentro de los primeros cinco (5) años de producido dicho cambio. Únicamente en aquellos casos en los que exista un alto nivel de riesgo o afectación a la salud, la municipalidad, con opinión de la autoridad competente, podrá notificar la adecuación al cambio de la zonificación en un plazo menor.

Artículo 15°.- Valor de la licencia  de funcionamiento

La tasa por licencia de funcionamiento deberá reflejar el costo real del procedimiento vinculado a su otorgamiento, el cual incluye los siguientes conceptos a cargo de la municipalidad: Evaluación por Zonificación, Compatibilidad de  Uso  e  Inspección Técnica de  Seguridad en  Defensa Civil Básica.

Para fines de lo anterior la municipalidad deberá acreditar la existencia de la respectiva estructura de costos y observar lo dispuesto por la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo Nº 776 [T.211,§231] y la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 [T.299,§106].

Artículo 16°.- Información a disposición de los administrados

 

La siguiente información deberá estar permanentemente a disposición de los administrados en el local de la municipalidad y en su portal electrónico:

- Plano de zonificación.- Las municipalidades deberán exhibir el plano de zonificación vigente en su circunscripción con la finalidad que los interesados orienten adecuadamente sus solicitudes.

Asimismo, deberá consignarse la información sobre los procedimientos de cambio de zonificación que estuvieran en trámite y su contenido.

- Índice de Uso de Suelos.- Con el cual se permitirá identificar los tipos de actividades comerciales correspondientes a cada categoría de zonificación.

- Estructura de costos.- Deberá exhibirse la estructura de costos que sustenta el valor de la licencia de funcionamiento en los términos que establece el artículo

anterior.

- Solicitudes o formularios.- Los que sean exigidos para el procedimiento.

Toda la información señalada en el presente artículo y aquella relacionada con el procedimiento para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, deberá ser proporcionada gratuitamente a los administrados.

Artículo 17°.- Supervisión

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad  Intelectual  -  INDECOPI,  a  través  de  la  Comisión  de  Acceso  al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley, conforme a sus competencias.

Artículo 18°.- Sujetos no obligados

No se encuentran obligadas a solicitar el otorgamiento de licencia de funcionamiento, las siguientes entidades:

1. Instituciones o dependencias del Gobierno Central, gobiernos regionales o locales, incluyendo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, por los establecimientos destinados al desarrollo de las actividades propias de su función pública.

No se incluyen dentro de esta exoneración a las entidades que forman parte de la actividad empresarial del Estado.

2. Embajadas, delegaciones diplomáticas y consulares de otros Estados o de

Organismos Internacionales.

3. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), respecto de establecimientos destinados al cumplimiento de las funciones reconocidas en la Ley del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

4. Instituciones de cualquier credo religioso, respecto de establecimientos destinados exclusivamente a templos, monasterios, conventos o similares.

No se encuentran incluidos en este artículo los establecimientos destinados al desarrollo de actividades de carácter comercial.

 

DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS

 

PRIMERA.- Adecuación y vigencia

La presente norma entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días calendario, contados  a   partir   del   día   siguiente  de   su   publicación.  En   dicho   plazo corresponderá a las municipalidades adecuar su respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos, a efectos de incorporar los procedimientos, requisitos y demás disposiciones previstos en la presente Ley.

Vencido el plazo señalado sin que se hubiera realizado la modificación del TUPA, operará   la   derogación   de   aquellas   disposiciones   que   contravengan   los procedimientos, requisitos y demás disposiciones previstas en la presente Ley. SEGUNDA.- Cambio de zonificación para solicitudes en trámite

El plazo previsto en el artículo 14° de la presente Ley, será igualmente aplicable, respecto de cambios de zonificación que pudiesen afectar solicitudes de licencia de funcionamiento que se encontrasen en trámite a  la  fecha de  entrada en vigencia de la presente Ley.

TERCERA.-  Del  Órgano   del   Sistema   Nacional   de  Defensa   Civil   de  la

Municipalidad

Precísase que el Órgano de la Municipalidad en materia de Defensa Civil que

 

realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica, para el otorgamiento de licencias de funcionamiento y de construcción, dependerá administrativamente del órgano encargado del otorgamiento de ambas licencias, sin perjuicio de la dependencia funcional que mantienen con el INDECI en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Defensa Civil.

CUARTA.- Convenio  de colaboración

Dentro de los noventa (90) días calendario, contados a partir de la publicación de la presente Ley, el INDECI y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú celebrarán el convenio de colaboración interinstitucional que permitirá la participación del CGBVP respecto de los ingresos generados por la actuación de su personal en las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.

QUINTA.- Revocación de autorización

El Instituto Nacional de Defensa Civil se encuentra facultado para sancionar con la revocatoria de la autorización a los Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil, de incurrir en las infracciones que para tal efecto se establecerán mediante decreto supremo.

SEXTA.- Modificación del Reglamento  Nacional de Inspecciones Técnicas

El INDECI en un plazo que no excederá de treinta (30) días calendario, contados desde la vigencia de la presente Ley, deberá presentar la propuesta de modificación del Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM.

SÉTIMA.- Autorizaciones sectoriales

Mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se establecerá la relación de autorizaciones sectoriales que deben ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

OCTAVA.- Modificatoria de la Ley Nº 27067

Modifícase el artículo 15° de la Ley Nº 27067 [T.274,§094], con el siguiente texto: “Artículo 15°.- De los recursos económicos Son recursos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, los siguientes:

a) Los montos asignados por el Tesoro Público.

b) Los ingresos propios generados por consultorías, inspecciones, informes técnicos, certificaciones,           capacitación, asistencia técnica en materias de su competencia y la prestación de servicios en espectáculos públicos realizados con finalidad lucrativa.

c) Las donaciones nacionales e internacionales. d) Las demás establecidas por ley”.

NOVENA.- Disposiciones derogatorias

Deróganse las siguientes disposiciones:

-  Artículos  71°,  72°,  73°,  74°  y 75°  del  Decreto  Legislativo Nº  776,  Ley de

Tributación Municipal.

- Artículos 38°, 39°, 40° y 41° y Quinta Disposición Complementaria de la Ley Nº

28015 [T.326,§025], Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña

Empresa.

- Ley Nº 27926 [T.321,§031] que establece que las municipalidades cuenten con

opinión favorable del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para otorgar licencia municipal.

Igualmente quedan derogadas o sin efecto, todas aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. En Lima, a los veinte días del mes de enero de dos mil siete.

MERCEDES  CABANILLAS  BUSTAMANTE,  Presidenta  del  Congreso  de  la

República

JOSÉ VEGA ANTONIO, Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil siete.

ALAN GARCÍA PÉREZ, Presidente Constitucional de la República

 

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ, Presidente del Consejo de Ministros

 

**************

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PRODUCTIVO Y EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL

 

CONGRESO DE LA REPUBLICA LEY N° 30056

 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: El Congreso de la República Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:

 

 

LEY QUE MODIFICA DIVERSAS LEYES PARA FACILITAR LA INVERSIÓN, IMPULSAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL TÍTULO I MEDIDAS PARA FACILITACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA CAPÍTULO I

ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Artículo 1. Modificación del segundo párrafo del artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI. Modificase el segundo párrafo del artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868, el que queda redactado de la siguiente manera:

'(...)

La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad.

b) Cuando apliquen restricciones tributarias al libre tránsito, contraviniendo lo establecido en el artículo 61 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo 156-2004-EF.

c) Cuando en un procedimiento iniciado de parte se denuncie la aplicación de barreras burocráticas previamente declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad en un procedimiento de oficio, consistentes en:

1. Incumplir disposiciones legales en materia de simplificación administrativa.

2. Incumplir disposiciones legales que regulen el otorgamiento de licencias, autorizaciones y permisos para la ejecución de obras y realización de actividades industriales, comerciales o de servicios, públicos o privados.

3. Incumplir disposiciones legales que regulen el despliegue de infraestructura en servicios

públicos.

 

4. Otras disposiciones administrativas declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad previamente por la Comisión.

 

 

Para el inicio del procedimiento sancionador de los supuestos previstos en el literal c) del presente artículo, es requisito que la resolución de la Comisión que declara la barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad sea publicada previamente en el diario oficial El Peruano y haya quedado firme o fuera confirmada por el Tribunal del INDECOPI.

 

 

El INDECOPI reglamenta la forma de difusión de las resoluciones para conocimiento de los ciudadanos, agentes económicos y entidades interesadas. El costo de la publicación en el diario oficial será asumido por la entidad denunciada.

d) Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es declarada ilegal como consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos:

1. Exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento; y en la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, o en aquellas disposiciones legales que las sustituyan o complementen.

2. Exigir derechos de tramitación que superen la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, o en la norma que lo sustituya.

3. Exigir requisitos no incluidos en el Texto

Único de Procedimientos Administrativos de la entidad, conforme a la Ley 27444.

4. Establecer plazos mayores a los señalados en los dispositivos legales que regulan el otorgamiento de licencias, autorizaciones y permisos, así como al despliegue para la ejecución y/o implementación de infraestructura en servicios públicos a que hacen referencia los numerales 2 y 3 del literal c) del presente artículo.

5. Aplicar regímenes de silencio administrativo sin observar lo dispuesto en la Ley 29060, Ley del Silencio Administrativo, o la que la sustituya.

6. Exigir documentación y/o información prohibidas de solicitar conforme a lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley 27444.

 

 

En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma resolución que declare la ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para dichos efectos, la sanción recaerá sobre la entidad pública, la cual podrá disponer las acciones necesarias para la recuperación del monto de la multa entre aquellos que resulten responsables, conforme al marco legal vigente.'

Artículo 2. Incorporación de los párrafos cuarto, quinto, sexto y sétimo al artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI Incorpórase al artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868 los párrafos cuarto, quinto, sexto y sétimo siguientes:

 

'(...)

Los procedimientos de oficio también pueden originarse en información proporcionada por colegios profesionales, asociaciones de defensa de derecho del consumidor, asociaciones representantes de actividades empresariales, entidades estatales que ejerzan rectoría en asuntos de su competencia y el Consejo Nacional de la Competitividad.

 

 

Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios según el caso particular. La tabla de graduación, infracciones y sanciones será aprobada mediante resolución de Consejo Directivo del INDECOPI.

 

 

La potestad sancionadora de la Comisión se ejerce sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y civil y/o de la formulación de la denuncia penal correspondiente y de la declaración de ilegalidad y/o carente de razonabilidad de la barrera burocrática. El INDECOPI remitirá información sobre los resultados del procedimiento sancionador al órgano de control interno de la entidad a la que pertenece el funcionario infractor, a .

fin de que disponga las acciones correspondientes.

 

 

Asimismo, la facultad de sanción se ejerce sin perjuicio de lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 48 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, lo establecido en el citado párrafo es de aplicación para los procedimientos de oficio o iniciados de parte.'

Artículo 3. Modificación del artículo 7 del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI Modifícase el artículo 7 del Decreto Legislativo

807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, el cual queda redactado de la siguiente manera:

'Artículo 7°.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido

ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. En los procedimientos seguidos de parte ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, se podrá ordenar el pago de costas y costos a la entidad que haya obtenido un pronunciamiento desfavorable.

 

 

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

 

 

Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del INDECOPI, será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mediante resolución debidamente motivada.

 

 

La sanción administrativa se aplica sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.'

CAPÍTULO II

MEDIDAS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN ANTICIPADA DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

Artículo 4. Modificación de los literales f) y g) del numeral 1.1 del artículo 1, del numeral

3.3 del artículo 3, y de los numerales 7.1 y 7.3 del artículo 7 del Decreto Legislativo 973, que establece el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas Modifícanse los literales f) y g) del numeral 1.1 del artículo 1, el numeral 3.3 del artículo 3 y los numerales 7.1 y 7.3 del artículo 7 del Decreto Legislativo 973, los que quedan redactados de la siguiente manera:

'Artículo 1°.- Norma General 1.1 A los fines del presente Régimen Especial de

Recuperación Anticipada se entiende por:

(...) f) Beneficiario: A las personas naturales o jurídicas que se encuentren en la etapa preproductiva del proyecto, suscriban un Contrato de Inversión para la realización de dicho proyecto y cuenten con la Resolución Ministerial a que se refiere el numeral 3.3 del artículo

3 del presente Decreto Legislativo, que los califique para el goce del Régimen.

g) Compromiso de Inversión: Al monto de inversión a ser ejecutado a partir de la fecha de la solicitud de suscripción del Contrato de Inversión, en el caso de que a dicha fecha la

etapa preproductiva del proyecto ya se hubiere iniciado; o a partir de la fecha de inicio de la etapa preproductiva contenida en el cronograma de inversión del proyecto, en el caso de

que este se inicie con posterioridad a la fecha de solicitud. (...)

Artículo 3°.- Del acogimiento al Régimen (...)

3.3 Mediante Resolución Ministerial del sector competente se aprobará a las personas naturales o jurídicas que califiquen para el goce del Régimen, así como los bienes, servicios y contratos de construcción que otorgarán la Recuperación Anticipada del IGV, para cada Contrato.

 

 

Artículo 7°.- Bienes, servicios y contratos de construcción comprendidos en el Régimen 7.1

Los bienes, servicios y contratos de construcción cuya adquisición dará lugar a la

Recuperación Anticipada del IGV serán aprobados para cada Contrato de Inversión en la

 

Resolución Ministerial a que se refiere el numeral 3.3 del artículo 3°. (...)

7.3 Los bienes, servicios y contratos de construcción cuya adquisición dará lugar al Régimen son aquellos adquiridos a partir de la fecha de la solicitud de suscripción del Contrato de Inversión, en el caso de que a dicha fecha la etapa preproductiva del proyecto ya se hubiere iniciado; o a partir de la fecha de inicio de la etapa preproductiva contenida en el cronograma de inversión del proyecto, en el caso de que este se inicie con posterioridad a la fecha de solicitud.'

CAPÍTULO III

SIMPLIFICACIÓN DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES PARA PROPICIAR LA INVERSIÓN EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA

Artículo 5. Modificación del artículo 5 y del numeral 6.4 del artículo 6; e incorporación de los numerales 6.5,

6.6 y 6.7 del artículo 6 en el Decreto Legislativo 1014, que establece medidas para propiciar la inversión en materia de servicios públicos y obras públicas de infraestructura Modifícanse el artículo 5 y el numeral 6.4 del artículo 6; e incorpóranse los numerales 6.5,

6.6, y 6.7 del artículo 6 en el Decreto Legislativo 1014, que establece medidas para propiciar la inversión en materia de servicios públicos y obras públicas de infraestructura, en los siguientes términos:

'Artículo 5°. Silencio administrativo positivo Las autorizaciones municipales que se

requieren para abrir pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas, ocupar las vías o lugares públicos o instalar en propiedad pública la infraestructura necesaria para conexiones domiciliarias, instalación, ampliación o mantenimiento de redes de infraestructura de servicios públicos señalados en el artículo 2° del presente Decreto Legislativo, se sujetan a silencio administrativo positivo, cumplido el plazo de cinco (5) días hábiles, contado desde la presentación de la solicitud respectiva.

 

 

Artículo 6°. Requisitos exigibles para la realización de obras de infraestructura (...)

6.4 En los casos en que se requieran implementar desvíos del tránsito vehicular con ocasión de las obras mencionadas en el párrafo precedente, bastará una comunicación por parte de las empresas públicas o privadas o entidades del sector público que prestan los servicios públicos detallados en el artículo 2° del presente Decreto Legislativo, señalando la fecha de la ejecución de la misma y el plan de desvío con la finalidad de que la municipalidad

adopte las medidas referidas al tránsito y al transporte en el ámbito de su competencia, sin que sea necesaria la emisión de autorización o resolución alguna.

6.5 Cuando el plan de desvío involucre una vía bajo jurisdicción provincial, la

comunicación será presentada ante la municipalidad provincial competente. En el caso en que el plan involucre una vía local, la comunicación será remitida únicamente a la municipalidad distrital. De ser necesario, las municipalidades intercambiarán información

 

en el marco del Subcapítulo III del Título II de la Ley 27444, Ley del Procedimiento

Administrativo General.

6.6 La comunicación de aviso de ejecución de obras públicas debe ser presentada con siete (7) días hábiles de anticipación. La municipalidad está facultada para requerir una nueva programación a la empresa pública o privada o a las entidades del sector que prestan los servicios públicos detallados en el artículo 2° del presente Decreto Legislativo y que realizan las prestación de los servicios públicos, si ello se justifica por la realización de actividades u obras en la vía pública previamente comunicadas por terceros o establecidas por la municipalidad. Dicho requerimiento debe ser comunicado al solicitante con una anticipación de cinco (5) días hábiles.

6.7 Las autoridades regionales deben respetar los criterios establecidos en esta norma bajo responsabilidad.'

CAPÍTULO IV

MEDIDAS PARA FACILITAR LA CALIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA

Y DE EDIFICACIÓN

Artículo 6. Modificación del literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones Modifícase el literal b) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, por el texto siguiente:

'Artículo 4°.- Actores y responsabilidades (...)

7. Delegados ad hoc (...) b. Instituto Nacional de Defensa Civil -INDECI, para proyectos de edificación de más de cinco (5) pisos de uso residencial;

para las edificaciones establecidas en las modalidades C y D, de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de público; y para aquellas habilitaciones urbanas que se ubican en zonas de riesgo, únicamente si han sido identificadas previamente como tales a través

del plan urbano municipal. El INDECI cuenta con la colaboración del Cuerpo General de

Bomberos Voluntarios del Perú-CGBVP, en la forma que establezca el reglamento.

 

 

No requerirán pronunciamiento del delegado ad hoc del INDECI las edificaciones para uso residencial de más de cinco (5) pisos en las cuales la circulación común llegue solo hasta el quinto piso y el(los) piso(s) superior(es) forme(n) una unidad inmobiliaria.'

Artículo 7. Incorporación de un tercer párrafo al numeral 1 del artículo 3 y el literal h) al numeral 1 del artículo 10 de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones Incorpóranse un tercer párrafo al numeral 1 del artículo 3 y el literal h) al numeral 1 del artículo 10 de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, en los siguientes términos:

'Artículo 3°.- Definiciones Para los fines de la presente Ley, entiéndese por:

1. Habilitación urbana: (...)

Están exonerados de realizar aportes reglamentarios los proyectos de inversión pública, de

 

asociación público-privada o de concesión que se realicen para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública.

(...)

Artículo 10°.- Modalidades de aprobación Para la obtención de las licencias de habilitación o de edificación, existen cuatro (4) modalidades:

1. Modalidad A: Aprobación automática con firma de profesionales Para obtener las licencias reguladas por la presente Ley mediante esta modalidad, se requiere la presentación ante la municipalidad competente de los requisitos establecidos en la presente Ley y los demás que establezca el Reglamento. El cargo de ingreso constituye la licencia, previo pago de la liquidación respectiva, y a partir de este momento se pueden iniciar las obras.

 

 

Pueden acogerse a esta modalidad:

(...) h) Las habilitaciones urbanas y las edificaciones necesarias para el desarrollo de proyectos de inversión pública, de asociación público-privada o de concesión privada que se realicen, para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública.'

CAPÍTULO V

MEDIDAS PARA LA AGILIZACIÓN

DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS

Artículo 8. Modificación del artículo 2 y del cuarto párrafo del artículo 5, incorporación del quinto párrafo en el artículo 5 y modificación de los artículos 6,

8 y 9 de la Ley 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado Modifícanse el artículo 2 y el cuarto párrafo del artículo 5, incorpórase un quinto párrafo en el artículo 5 y modifícanse los artículos 6, 8 y 9 de la Ley

29230,

Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector

Privado, de la siguiente manera:

'Artículo 2°.- Proyectos de inversión En el marco de lo establecido en la presente Ley, las empresas privadas que firmen convenios, conforme a lo establecido en el artículo 4° de la presente Ley, podrán financiar y/o ejecutar proyectos de inversión pública, que deberán estar en armonía con las políticas y los planes de desarrollo nacional, regional y/o local, y contar con la declaración de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP.

 

 

Artículo 5°.- Selección de la empresa privada (...)

Los procesos de selección a que se refiere el presente artículo se regirán por lo establecido en el reglamento de la presente norma. Son de aplicación los principios de moralidad, libre concurrencia y competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, vigencia tecnológica y trato justo e igualitario. De no existir dos o más interesados en el financiamiento de los proyectos, se procederá a la adjudicación directa.

 

 

En caso de existir dos o más interesados, se efectuará el proceso de selección conforme a los procedimientos que se establecerán en el reglamento de la presente Ley.

 

 

Artículo 6°.- Certificado 'Inversión Pública Regional y Local-Tesoro Público'

El Certificado 'Inversión Pública Regional y Local-Tesoro Público' (CIPRL) es un documento emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Endeudamiento y T esoro Público, que tiene por finalidad la cancelación del monto que invierta la empresa privada en la ejecución de los proyectos de inversión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la presente Ley. Los CIPRL tendrán una vigencia de diez (10) años, contados a partir de su emisión y también tendrán carácter de negociable, salvo cuando la empresa privada sea la ejecutora del proyecto.

 

 

Artículo 8°.- Financiamiento Los CIPRL emitidos al amparo de la presente Ley serán financiados con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Determinados provenientes del canon y/o sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones que perciba el gobierno regional y/o gobierno local respectivo.

 

 

Asimismo, los CIPRL emitidos al amparo de la presente Ley podrán ser financiados con cargo a recursos de la fuente de financiamiento Recursos Determinados, provenientes de fondos señalados por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante decreto supremo.

 

 

Artículo 9°.- Supervisión de la obra El avance y la calidad de las obras del proyecto serán supervisados por una entidad privada supervisora, contratada por el gobierno regional y/o gobierno local respectivo.

 

 

La contratación será efectuada conforme a lo establecido en el reglamento para la selección de la empresa privada, en lo que le fuera aplicable.

 

 

El procedimiento para la contratación de la entidad privada supervisora se llevará a cabo de manera paralela al proceso de selección de la empresa privada que suscribirá el convenio, y podrá ser encargada a Proinversión, conforme lo establezca el reglamento.'

Artículo 9. Incorporación de los artículos 13 y 13A, modificación de la segunda disposición complementaria y final de la Ley 29230 e incorporación de la novena disposición complementaria y final en la Ley 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado Incorpóranse los artículos 13 y 13A, modifícase la segunda disposición complementaria y final e incorpórase la novena disposición complementaria y final en la Ley 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, con los siguientes textos:

'Artículo 13°.- Mantenimiento de PIP en el marco de la Ley 29230

En los casos de los proyectos de inversión pública (PIP) ejecutados en el marco de la Ley

 

29230, los gobiernos regionales y/o gobiernos locales podrán incluir el mantenimiento del PIP a ser realizado en el marco de la mencionada Ley, dentro del límite establecido en la décima tercera disposición complementaria y final de la Ley 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, y en la normatividad vigente que regule los usos

del canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, conforme a lo que se establezca en el reglamento.

 

 

Artículo 13A.- Aplicación del mecanismo de asociación público-privada a los PIP

realizados en el marco de la Ley 29230

La operación y mantenimiento de los PIP se podrá implementar bajo la modalidad de asociaciones público-privadas, conforme a lo que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas a través de las disposiciones reglamentarias y complementarias que resulten necesarias para la aplicación de la presente disposición, en concordancia con el Decreto Legislativo 1012. Cuando sea de aplicación lo establecido en la presente disposición, no se aplicará lo establecido en el artículo precedente.

 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

(...)

SEGUNDA.- Límite para los Certificados 'Inversión Pública Regional y Local-Tesoro

Público'

El monto máximo de los CIPRL emitidos al amparo de la presente Ley no superará la suma de los flujos transferidos a los gobiernos regionales y/o gobiernos locales correspondientes, por concepto de Recursos Determinados provenientes del canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones durante los dos (2) últimos años previos al año en el que se esté realizando el cálculo más el tope presupuestal por el mismo concepto incluido en el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente a la fecha del cálculo.

 

 

Asimismo, si en los dos (2) años previos considerados para la determinación del monto límite para la emisión del CIPRL los gobiernos regionales y/o gobiemos locales que han recibido recursos de la fuente de financiamiento Recursos Determinados provenientes de fondos que señale el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° de la presente Ley, estos también deben ser considerados para la determinación de los montos máximos para la emisión de los CIPRL.

 

 

En el caso de gobiernos regionales y gobiernos locales que hayan suscrito convenios, para la determinación del monto máximo para la emisión de nuevos CIPRL se tomará en consideración los montos de los convenios suscritos y los montos que hayan sido descontados de la fuente Recursos Determinados por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público a los gobiernos regionales y gobiernos locales para el repago de los CIPRL utilizados, según se establezca en el reglamento.

 

 

NOVENA.- Universidades públicas Se encuentran comprendidas en los alcances de la presente Ley, las universidades públicas que reciban recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalías mineras, en lo que les sea aplicable. El Ministerio de Economía y Finanzas podrá emitir las disposiciones reglamentarias que considere necesarias para la implementación de la presente disposición.'

TÍTULO II

MEDIDAS PARA EL IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL CAPÍTULO I

MEDIDAS PARA EL IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL

Artículo 10. Modificación de la denominación del Texto Único Ordenado de la Ley de

Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, aprobado por Decreto Supremo 007-2008-TR Modifícase la denominación 'T exto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE', aprobado mediante Decreto Supremo 007-2008-TR, por la siguiente: 'Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial'.

 

 

Artículo 11. Modificación de los artículos 1, 5, 14 y 42 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial Modifícanse los artículos 1, 5, 14 y 42 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, en los siguientes términos:

'Artículo 1.- Objeto de Ley La presente ley tiene por objeto establecer el marco legal para la promoción de la competitividad, formalización y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), estableciendo políticas de alcance general y la creación de instrumentos de apoyo y promoción; incentivando la inversión privada, la producción, el acceso a los mercados internos y externos y otras políticas que impulsen el emprendimiento y permitan la mejora de la organización empresarial junto con el crecimiento sostenido de estas unidades económicas.

 

 

Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales:

• Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas

Tributarias (UIT).

• Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700

Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

• Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto máximo de

2300 UIT.

 

 

El incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado para la micro, pequeña y mediana empresa podrá ser determinado por decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de la Producción cada dos (2) años.

 

 

Las entidades públicas y privadas promoverán la uniformidad de los criterios de medición a fin de construir una base de datos homogénea que permita dar coherencia al diseño y aplicación de las políticas públicas de promoción y formalización del sector.

 

 

Artículo 14.- Promoción de la iniciativa privada El Estado apoya e incentiva la iniciativa privada que ejecuta acciones de capacitación y asistencia técnica de las micro, pequeñas y medianas empresas.

 

 

El reglamento de la presente Ley establece las medidas promocionales en beneficio de las instituciones privadas que brinden capacitación, asistencia técnica, servicios de investigación, asesoría y consultoría, entre otros, a las micro, pequeñas y medianas empresas.

 

 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con el Ministerio de la Producción y el sector privado, identifica las necesidades de capacitación laboral de la micro, pequeña y mediana empresa, las que son cubiertas mediante programas de capacitación a licitarse a las instituciones de formación pública o privada. Los programas de capacitación deben estar basados en la normalización de las ocupaciones laborales

desarrolladas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con el

Ministerio de la Producción.

 

 

Mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministro de la Producción, se establecen los criterios de selección de las instituciones de formación y los procedimientos de normalización de ocupaciones laborales y de certificación de los trabajadores.

 

 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo coordina con el Ministerio de Educación para el reconocimiento de las entidades especializadas en formación y capacitación laboral como entidades educativas.

 

 

Artículo 42.- Naturaleza y permanencia en el Régimen Laboral Especial El presente Régimen Laboral Especial es de naturaleza permanente y únicamente aplicable a la micro y pequeña empresa. La microempresa que durante dos (2) años calendario consecutivos supere el nivel de ventas establecido en la presente Ley, podrá conservar por un (1) año calendario adicional el mismo régimen laboral. En el caso de las pequeñas empresas, de superar durante dos (2) años consecutivos el nivel de ventas establecido en la presente Ley,

 

podrán conservar durante tres (3) años adicionales el mismo régimen laboral.

 

 

Luego de este período, la empresa pasará definitivamente al régimen laboral que le corresponda.'

TÍTULO III

MEDIDAS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL CAPÍTULO I

APOYO A LA GESTIÓN

Y AL DESARROLLO EMPRESARIAL

Artículo 12. Sistemas de procesos de calidad para las micro, pequeñas y medianas empresas El Estado promueve el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de programas para la adopción de sistemas de calidad, implementación y certificación en normas asociadas a la gestión de calidad de un producto o servicio, para el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales.

 

 

Artículo 13. Fondos para emprendimientos dinámicos y de alto impacto 13.1 El Estado promueve mecanismos de apoyo a los emprendedores innovadores en el desarrollo de sus proyectos empresariales, mediante el cofinanciamiento de actividades para la creación, desarrollo y consolidación de emprendimientos dinámicos y de alto impacto, los cuales deben tener un enfoque que los oriente hacia el desarrollo nacional, la internacionalización y la permanente innovación.

13.2 Para ello, el Ministerio de la Producción puede crear programas que fomenten el cumplimiento de dicho objetivo, quedando el mencionado Ministerio autorizado para efectos de entregar el cofinanciamiento al que se refiere el presente artículo u otorgar subvenciones a personas naturales y jurídicas privadas dentro de dicho marco.

13.3 Los programas creados se financian con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de la Producción, en el marco de las leyes anuales de presupuesto y conforme a la normatividad vigente, pudiendo asimismo ser financiados con recursos provenientes de la Cooperación Técnica, conforme a la normatividad vigente. Los gastos referidos al cofinanciamiento de actividades para la creación, desarrollo y consolidación de

emprendimientos dinámicos y de alto impacto a los que se refiere el presente artículo y que se efectúen en el marco de los programas que se creen con dicho fin, se aprueban mediante resolución ministerial del Ministerio de la Producción, que se publica en el diario oficial El Peruano.

 

 

CAPÍTULO II

APOYO A LA LIQUIDEZ EMPRESARIAL

Artículo 14. Uso de la factura negociable En toda operación de compraventa u otras modalidades contractuales de transferencia de propiedad de bienes o en la prestación de servicios en las que las micro, pequeña y mediana empresa emitan electrónicamente o no

 

facturas comerciales, deben emitir la copia adicional correspondiente al título valor Factura Negociable para efectos de su transferencia a terceros o cobro ejecutivo, de acuerdo con las normas aplicables, sin que dicha copia tenga efectos tributarios.

 

 

Lo señalado en el párrafo anterior es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Ley

29623, Ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial, en lo que esta no se oponga a la presente Ley.

 

 

Artículo 15. Pronto pago del Estado 15.1 Las entidades deben pagar las contraprestaciones pactadas a favor de las micro y pequeñas empresas en los plazos dispuestos por el artículo

181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo 184-2008-EF, y modificatorias, bajo responsabilidad. De no procederse con el pago en la oportunidad establecida, los funcionarios y servidores de la entidad son pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 46 del Decreto Legislativo 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. Para tal efecto, la Contraloría General de la República, a través de las Oficinas de Control Institucional, y en el marco del Sistema Nacional de Control, verifica la correcta aplicación de lo dispuesto en el presente numeral.

15.2 El Ministerio de Economía y Finanzas, en un plazo de sesenta (60) días hábiles, establece un plan de medidas, en los sistemas administrativos bajo su rectoría, que incentiven el pronto pago a los proveedores de bienes y servicios.

15.3 El Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con los demás sectores,

publica de manera gradual las listas de entidades que a nivel de gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local realicen el pago en el menor plazo, así como otras políticas que incentiven las buenas prácticas en la contratación pública.

 

 

CAPÍTULO III ACOMPAÑAMIENTO LABORAL

Y MODALIDADES DE CONTRATACIÓN

Artículo 16. Acompañamiento laboral 16.1 Las empresas acogidas al régimen de la micro empresa establecido en el Decreto Legislativo 1086, que aprueba la Ley de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente, gozan de un tratamiento especial en la inspección del trabajo, en materia

de sanciones y de la fiscalización laboral, por el que ante la verificación de infracciones laborales leves detectadas deben contar con un plazo de subsanación dentro del procedimiento inspectivo y una actividad asesora que promueva la formalidad laboral. Este tratamiento no resulta aplicable en caso de reiterancia ni a las obligaciones laborales sustantivas ni a aquellas relativas a la protección de derechos fundamentales laborales. Este tratamiento especial rige por tres (3) años, desde el acogimiento al régimen especial. Mediante decreto supremo se reglamenta lo dispuesto en el presente artículo.

16.2 El Estado brinda información sobre las diferentes modalidades contractuales existentes y asesoría a las microempresas en el tema.

 

 

Artículo 17. Difusión de las diferentes modalidades contractuales que pueden aplicar las microempresas El Estado promueve el acceso a la información de las diferentes modalidades contractuales existentes que pueden ser utilizadas por las microempresas, acorde a la demanda laboral de este tipo de empresas.

 

 

TÍTULO IV

MEDIDAS TRIBUTARIAS

PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL CAPÍTULO I

MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Artículo 18. Acompañamiento tributario 18.1 El Estado acompaña a las microempresas inscritas en el REMYPE.

18.2 Durante tres (3) ejercicios contados desde su inscripción en el REMYPE administrado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), esta no aplica las sanciones correspondientes a las infracciones previstas en los numerales

1, 3, 5 y 7 del artículo 176 y el numeral 9 del artículo 174 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo 135-99-EF, cometidas a partir de su inscripción, siempre que la microempresa cumpla con subsanar la infracción, de corresponder, dentro del plazo que fije la SUNAT en la comunicación que notifique para tal efecto, sin perjuicio de la aplicación del régimen de gradualidad que corresponde a dichas infracciones.

18.3 Lo señalado en el presente artículo no exime del pago de las obligaciones tributarias.

 

 

Artículo 19. Acogimiento a la factura electrónica 19.1 El Estado fomenta el acogimiento a la factura electrónica.

19.2 Desde su inscripción en el régimen especial establecido por el Decreto Legislativo

1086 las micro y pequeñas empresas que se acojan en la forma y condiciones que establezca la SUNAT a la factura electrónica pueden realizar el pago mensual de sus obligaciones tributarias recaudadas por dicha institución hasta la fecha de vencimiento especial que esta establezca.

 

 

Para el caso de la mediana empresa se aplica el mismo mecanismo en tanto se acoja a la factura electrónica.

 

 

Artículo 20. Modificación del primer y segundo párrafos del artículo 65 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 179-2004- EF, y normas modificatorias Modifícanse el primer y segundo párrafos del artículo 65 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 179-2004-

EF, y normas modificatorias, los mismos que quedan redactados de la siguiente manera:

 

'Artículo 65°.- Los perceptores de rentas de tercera categoría cuyos ingresos brutos anuales no superen las 150 UIT deberán llevar como mínimo un Registro de Ventas, un Registro de Compras y Libro Diario de Formato Simplificado, de acuerdo con las normas sobre la materia.

 

 

Los perceptores de rentas de tercera categoría que generen ingresos brutos anuales desde

150 UIT hasta 1700 UIT deberán llevar los libros y registros contables de conformidad con lo que disponga la SUNAT. Los demás perceptores de rentas de tercera categoría están obligados a llevar la contabilidad completa de conformidad con lo que disponga la SUNAT.'

Artículo 21. Incorporación del literal c) al numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo 937, Texto del Nuevo Régimen Único Simplificado, y normas modificatorias Incorpórase el literal c) al numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo 937, Texto del Nuevo Régimen Único Simplificado, y normas modificatorias, con el siguiente texto:

'Artículo 2.- Creación 2.1 Créase el Nuevo Régimen Único Simplificado -Nuevo RUS, que comprende a:

(...) c) La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.

 

 

CAPÍTULO II

INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA LA PRODUCTIVIDAD

Artículo 22. Modificación del inciso a.3) del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la

Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 179-2004-EF y normas modificatorias Modifícase el inciso a.3) del artículo 37 del Texto

Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 179-

2004-EF y normas modificatorias:

'Artículo 37°.- (...) a.3) Los gastos en proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación tecnológica, vinculados o no al giro de negocio de la empresa, siempre que los proyectos sean calificados como tales por las entidades públicas o privadas que, atendiendo a la naturaleza de la investigación, establezca el reglamento.

 

 

Los gastos en proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación tecnológica vinculados al giro del negocio de la empresa se deducirán a partir del ejercicio en que se efectúe dicha calificación.

 

 

Tratándose de los gastos en proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación tecnológica no vinculados al giro del negocio de la empresa; si el contribuyente no obtiene la aludida calificación antes de la fecha de vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada Anual del ejercicio en el que inició el proyecto de investigación científica, tecnológica e innovación tecnológica, solo podrá deducir el sesenta y cinco por

ciento (65%) del total de los gastos devengados a partir del ejercicio en que se efectúe dicha

 

calificación, siempre que la calificación le sea otorgada dentro de los seis (6) meses posteriores a la fecha de vencimiento de la referida Declaración Jurada Anual.

 

 

La referida calificación deberá efectuarse en un plazo de cuarenta y cinco (45) días, y deberá tomar en cuenta lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley Marco de Ciencia, T ecnología e Innovación Tecnológica, su reglamento o normas que los sustituyan.

 

 

La investigación científica, tecnológica o de innovación tecnológica debe ser realizada por el contribuyente en forma directa o a través de centros de investigación cientí?ca, tecnológica o de innovación tecnológica:

(i) En caso la investigación sea realizada directamente, el contribuyente debe contar con recursos humanos y materiales dedicados a la investigación que cumplan los requisitos mínimos que establezca el reglamento.

 

 

Asimismo, deberá estar autorizado por alguna de las entidades que establezca el reglamento, el que además señalará el plazo de vigencia de dicha autorización.

(ii) Los centros de investigación científica, tecnológica o de innovación tecnológica deben estar autorizados por alguna de las entidades que establezca el reglamento, el que señalará los requisitos mínimos para recibir la autorización, así como su plazo de vigencia.'

Artículo 23. Crédito por gastos de capacitación 23.1 Las micro, pequeñas y medianas empresas generadoras de renta de tercera categoría que se encuentren en el régimen general y efectúen gastos de capacitación tienen derecho a un crédito tributario contra el Impuesto a la Renta equivalente al monto de dichos gastos, siempre que no exceda del 1% de su

planilla anual de trabajadores del ejercicio en el que devenguen dichos gastos.

23.2 Los programas de capacitación deben responder a una necesidad concreta del empleador de invertir en la capacitación de su personal, que repercuta en la generación de renta gravada y el mantenimiento de la fuente productora. Asimismo, deben estar comprendidas dentro de la relación de capacitaciones que para tal efecto determinen los Ministerios de la Producción y de Economía y Finanzas en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante decreto supremo. Dichos programas están sujetos a la certificación por parte de la entidad del Estado que establezca el Reglamento.

 

 

Además, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Las empresas deben desarrollar las actividades económicas comprendidas en la Sección D de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas - Revisión 3.0, que se establezcan mediante decreto supremo.

b) La capacitación debe ser prestada por personas jurídicas y estar dirigida a los trabajadores que se encuentren en planilla, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo 018-2007-TR, que establece disposiciones relativas al uso del documento denominado 'Planilla Electrónica', y las Normas reglamentarias relativas a la obligación de los empleadores de llevar planillas de pago, aprobada por el Decreto Supremo 001-98-TR,

 

o normas que las sustituyan.

c) La capacitación no debe otorgar grado académico.

d) La capacitación debe realizarse en el país y su duración es establecida mediante decreto supremo.

e) Los gastos de capacitación deben ser pagados en el ejercicio en el que devenguen.

f) Las empresas deben comunicar a la SUNAT la información que requiera en la forma, plazo y condiciones que establezca mediante resolución de superintendencia, del ejercicio en que se aplica el beneficio tributario.

23.3 Dicho crédito es aplicado en el ejercicio en el que devenguen y paguen los gastos de capacitación, y no genera saldo a favor del contribuyente ni puede arrastrarse a los ejercicios siguientes, tampoco otorga derecho a devolución ni puede transferirse a terceros.

23.4 Para la determinación del crédito tributario no se consideran los gastos de transporte y viáticos que se otorguen a los trabajadores.

23.5 El monto del gasto de capacitación que se deduzca como crédito de acuerdo a lo señalado en este artículo, no puede deducirse como gasto.

23.6 El beneficio tiene una vigencia de tres ejercicios a partir del ejercicio 2014.

 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Proceso contencioso administrativo Las entidades del Poder Ejecutivo únicamente pueden interponer demanda contencioso administrativa contra la resolución emitida por el Tribunal del INDECOPI en materia de eliminación de barreras burocráticas, previa autorización del titular de la entidad para cada caso concreto.

 

 

SEGUNDA. Contratación de personal para INDECOPI

En el marco del fortalecimiento de las facultades sancionatorias de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, derivado de la aplicación de la presente Ley, exonérase al INDECOPI de lo establecido en el numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, a fin de contratar personal para la implementación de dichas facultades, con cargo a su presupuesto institucional.

 

 

TERCERA. Adecuación del Reglamento a lo establecido en el Capítulo II del Título I de la presente Ley Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y

Finanzas se establecen las normas reglamentarias para la aplicación de lo dispuesto en el

Capítulo II del Título I, referido a la recuperación anticipada del IGV.

 

 

CUARTA. Vigencia y alcance de lo establecido en el Capítulo II del Título I de la presente Ley Lo dispuesto en el Capítulo II del Título I de la presente Ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, siendo de aplicación a las solicitudes de acogimiento al Régimen Especial de Recuperación Anticipada que se encuentren en trámite.

 

 

QUINTA. Servicios públicos de telecomunicaciones y electricidad Los trámites de autorizaciones municipales para los servicios públicos de telecomunicaciones y electricidad se rigen por lo establecido en la Ley 29022, Ley para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones, y su reglamento, y el Decreto Ley 25844, Ley de concesiones eléctricas, y su reglamento, excepto en los casos en que los plazos o los requisitos para los trámites establecidos en el artículo 5 del Decreto Legislativo 1014, Decreto Legislativo que establece medidas para propiciar la inversión en materia de servicios públicos y obras públicas de infraestructura, sean menores, en cuyo caso será de aplicación el citado decreto legislativo.

 

 

SEXTA. Modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos En el plazo de treinta (30) días hábiles las municipalidades modifican su Texto Único de Procedimientos Administrativos adaptando los procedimientos que correspondan a lo dispuesto en el Capítulo III del Título I de la presente Ley, sin perjuicio del cumplimiento de la misma a partir de su vigencia.

 

 

SÉTIMA. Adecuación y administración del REMYPE

La administración del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), creado mediante Decreto Supremo 008-2008-TR, es asumida por la SUNAT a los ciento ochenta (180) días calendario posteriores a la publicación del reglamento de la presente Ley.

 

 

La SUNAT establece la forma, plazo y condiciones para la transferencia, implementación, inscripción y administración del citado Registro.

 

 

Las empresas inscritas en el REMYPE son trasladadas al REMYPE administrado por SUNAT, considerándose inscritas en dicho Registro, siempre que cumplan con los requisitos señalados en los artículos 4 y 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

 

 

La SUNAT, en el plazo de ciento ochenta (180) días posteriores a la publicación de la presente Ley, publica el listado de empresas inscritas en el REMYPE que no cumplan con los requisitos para trasladarse a este registro.

 

 

Dichas empresas cuentan con un plazo de sesenta (60) días, contados a partir del día siguiente de la publicación del listado de empresas, para adecuarse a los requisitos del nuevo registro. Vencido el plazo anterior sin que las empresas se hayan adecuado, la SUNAT las da por no inscritas en el REMYPE.

 

 

OCTAVA. Gastos de investigación científica, tecnológica e innovación tecnológica Para

 

efectos de lo establecido en el inciso a.3) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, se tiene en cuenta lo siguiente:

a. Son centros de investigación, entre otros, los centros de investigación de las universidades públicas y privadas.

b. Las entidades públicas y privadas a que se refiere dicho inciso pueden verificar la

ejecución de los proyectos a que se refiere el mismo, conforme a lo que establezca el

Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta.

 

 

NOVENA. Adecuación del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial Facúltase al Poder Ejecutivo a que, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de la Producción, publique el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, y sus modificatorias.

 

 

DÉCIMA. Financiamiento La aplicación de lo establecido en la presente Ley, en lo que corresponda, se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades respectivas, en el marco de las leyes anuales de presupuesto, de acuerdo con las competencias de cada entidad pública involucrada y conforme a las disposiciones legales vigentes.

 

 

DÉCIMA PRIMERA. Reembolso de los gastos de estudios de preinversión en iniciativas privadas cofinanciadas priorizadas Las empresas privadas proponentes de las iniciativas privadas cofinanciadas priorizadas mediante la nonagésima sexta disposición complementaria final de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, tienen derecho a recibir un reembolso por los gastos incurridos correspondientes a los estudios de preinversión realizados para el proyecto por parte de la entidad pública competente, siempre que el estudio haya sido declarado viable y este sea utilizado por la entidad pública para su ejecución. La entidad pública debe reconocer y otorgar el reembolso al proponente antes de iniciar el proceso de selección correspondiente al Estudio Detallado o Expediente Técnico de la obra. El Ministerio de Economía y Finanzas puede emitir las disposiciones complementarias o reglamentarias para la aplicación de la presente disposición. En lo no regulado en la presente disposición es de aplicación lo establecido por el Decreto Legislativo 1012, Decreto Legislativo que aprueba la Ley marco de asociaciones público-privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada, y su Reglamento, y demás normatividad vigente.

 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA. Gastos en investigación científica, tecnológica e innovación tecnológica Los proyectos de investigación iniciados antes del 2014 y que no hayan culminado antes de la entrada en vigencia del inciso a.3) del artículo 37 del Texto

 

Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, modificado por la presente norma, se sujetan a las siguientes reglas:

(i) Si cumplieron con lo dispuesto en la cuarta disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo 258-2012-EF, pueden deducir los gastos a que hace referencia dicha disposición, en el ejercicio 2014, cuyo devengo ocurra a partir de la calificación del proyecto de investigación.

 

 

Si no cumplieron con lo señalado en el párrafo anterior, los gastos devengados hasta el 31 de diciembre de 2013, no son deducibles. Los gastos devengados a partir del 2014 pueden ser deducidos a partir de dicho ejercicio, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el inciso a.3) del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, modificado por la presente norma.

(ii) Si cumplieron con obtener la calificación del proyecto de investigación y la autorización a que se refiere el inciso a.3) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta vigente, antes del inicio de la investigación, pueden deducir los gastos devengados hasta el

31 de diciembre de 2013 en el ejercicio 2014.

 

 

Si no cumplieron con obtener lo señalado en el párrafo anterior, los gastos devengados en el ejercicio 2013 no son deducibles. Los gastos devengados a partir del 2014 pueden ser deducidos a partir de dicho ejercicio siempre que cumplan con los requisitos establecidos

en el inciso a.3) del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la

Renta, modificado por la presente norma.

 

 

SEGUNDA. Prórroga para la adecuación de los contratos laborales comprendidos en la Ley

28015,

Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa Prorrógase por tres (3) años el régimen laboral especial de la microempresa creado mediante la Ley 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa; sin perjuicio de que las microempresas, trabajadores y conductores puedan acordar por escrito, durante dicha prórroga, su acogimiento al régimen laboral regulado en el Decreto Legislativo 1086, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente. Dicho acuerdo debe presentarse ante la autoridad administrativa de trabajo dentro del plazo de 30 días de suscrito.

 

 

TERCERA. Régimen de las micro y pequeñas empresas constituidas antes de la vigencia de la presente Ley Las empresas constituidas antes de la entrada en vigencia de la presente

Ley se rigen por los requisitos de acogimiento al régimen de las micro y pequeñas empresas

regulados en el Decreto Legislativo 1086. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

 

MODIFICATORIA

PRIMERA. Modificación de los artículos 2 y 9 de la Ley 29051, Ley que regula la participación y la elección de los representantes de las MYPE en las diversas entidades públicas.

 

 

Modifícanse los artículos 2 y 9 de la Ley 29051, Ley que regula la participación y la elección de los representantes de las MYPE en las diversas entidades públicas, en los términos siguientes:

'Artículo 2.- Ámbito de aplicación de la Ley Se encuentran sujetas a la presente Ley las asociaciones de las MYPE, los comités de MYPE constituidos al interior de otras organizaciones gremiales y aquellas entidades públicas que actualmente cuentan con espacios de representación para las MYPE.

 

 

Asimismo, se encuentran dentro del alcance de esta Ley aquellas entidades que por su naturaleza, finalidad, ámbito y competencia se encuentran vinculadas directamente con las temáticas de las MYPE y que, a la entrada en vigencia de esta Ley, no cuentan con el espacio de representación respectivo.

 

 

Artículo 9.- Oportunidad del proceso electoral Los procesos electorales regulados por la presente Ley se realizan en un solo acto, a solicitud de las entidades públicas comprendidas bajo su ámbito y en la oportunidad y modalidad que se establezca en el Reglamento' SEGUNDA. Modificación de la trigésima segunda disposición complementaria final de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013

Modifícase la trigésima segunda disposición complementaria y final de la Ley 29951 en los siguientes términos:

'TRIGÉSIMA SEGUNDA. Amplíase la vigencia del capítulo I del Decreto de Urgencia

058-2011, que dicta medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía nacional, hasta el 31 de diciembre de 2016, a efecto de continuar con la contratación y distribución de bienes a través de la modalidad de núcleos ejecutores. Inclúyase en el ámbito de aplicación del capítulo I del Decreto de Urgencia N° 058-2011, las adquisiciones a través de núcleos ejecutores de los siguientes bienes: Kits para Cuna Más, Kits de cocina popular, Kits de cocinas a gas, cocinas mejoradas, ropa hospitalaria, vestuario de salud, carpetas para instituciones educativas y sombreros escolares, sábanas, colchas y frazadas, siendo los ministerios que correspondan y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) los responsables de definir el contenido de los kits, la estimación de la demanda, la distribución y la recepción de dichos bienes, conforme a las disposiciones contenidas en el referido capítulo.

(...)'

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

PRIMERA. Derógase la Ley 28304, Ley de Promoción del Desarrollo Económico y

 

Productivo.

 

 

SEGUNDA. Derógase el inciso a) del tercer párrafo del artículo 65 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo 179-2004-EF y normas modificatorias.

 

 

TERCERA. Derógase el literal d) del numeral 7 del artículo 4 de la Ley 29090, Ley de

Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.

 

 

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su promulgación. En Lima, al primer día del mes de julio de dos mil trece.

VÍCTOR ISLA ROJAS Presidente del Congreso de la República

MARCO TULIO FALCONÍ PICARDO Primer Vicepresidente del Congreso de la

República

 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO: Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, al primer día del mes de julio del año dos mil trece.

 

 

OLLANTA HUMALA TASSO Presidente Constitucional de la República

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR Presidente del Consejo de Ministros

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Ley del Procedimiento Administrativo General

 

LEY Nº 27444

 

CONCORDANCIAS:         LEY Nº 27584

 

LEY N° 27719, Art. 2

 

D.S. N° 069-2003-EF LEY N° 28024

LEY N° 28165

 

LEY N° 28338, 1ra. Disp.Comp.Trans. y Final

 

D.S. N° 009-2005-MTC, Art. 43

 

R. N° 100-2005-CONAFU, 1ra. Disp. Comp. y Final

 

R.SBS N° 816-2005 (Reglamento de sanciones aplicables a personas naturales y jurídicas supervisadas)

 

R.M.  N°  026-2006-JUS  (Constituyen  Comisiones  Técnicas  para  la revisión de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo

 

General, Ley Nº 27584 - Ley del Proceso Contencioso Administrativo y para elaborar Bases para el Proyecto de Ley de la Administración

 

Pública)

 

R.N° 015-2006-CSJDHD-IPD, Art. 35 (Aplicación supletoria de la Ley N°

27444 en el Reglamento del Consejo

 

Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte)

 

R. N° 156-2006-SUNAT-A (Aprueban Procedimiento Específico-IFGRA- PE.14 Buenos Contribuyentes (Versión 3))

 

R.S.     N°     026-CND-ST-2006     (Aprueban     Directiva     "Normas     y

Procedimientos para la inscripción en el Registro Nacional de Entidades Prestadoras

 

 

 

Descentralizada")


de   Servicios   de   Capacitación   en   materia   de   Gestión   Pública

 

 

R.    N°    168-2006-SUNAT-A    (Aprueban    Procedimiento    Específico

Denominado "Regularización de Infracción-Ley N° 28691" IFGRA-PE.35) D.S. N° 015-2006-MTC, Art. 4 (REGLAMENTO)

 

COMUNICADO PCM

 

R. N° 005-2007-CONSUCODE-PRE (Aprueban Directiva “Lineamientos estandarizados para la elaboración de Factores de Evaluación referidos

 

al  Objeto  de  la  Convocatoria  a  ser  incluidos  en  las  Bases  de  los

Procesos de Selección para la Contratación de Servicios de Consultoría de

 

Obras” )

 

R.D.N. N° 291-INC (Aprueban Directiva “Normas de procedimiento para la expedición del Certificado de Bienes no Pertenecientes al Patrimonio

 

Cultural de la Nación”)

 

R. N° 134-2007-CONSUCODE-PRE (Aprueban Directiva “Procedimiento especial de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores para

 

proveedores extranjeros de bienes y/o de servicios no domiciliados, que no cuentan con representante legal o apoderado en el Perú”)

 

D.S. N° 027-2007-PCM (Define y establece las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional )

 

R.M.   Nº   0191-2007-   ED   (Aprueban   Matriz   de   Indicadores   de

Desempeño y Metas de las Políticas Nacionales 2007 - 2011, correspondientes al

 

Sector Educación)

 

 

 

a la inversión privada)


Ley N° 28996 (Ley de eliminación de sobrecostos, trabas y restricciones

 

 

R. N° 222-2007-CONSUCODE-PRE (Aprueban Directiva “Procedimiento y Plazos para la renovación de la inscripción de los proveedores de

 

bienes y/o servicios en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)”

 

D.S. Nº 007-2007-MINCETUR (Aprueban Reglamento de la “Ley que faculta al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a tipificar infracciones

 

por vía reglamentaria en materia de prestación de servicios turísticos y la calificación de establecimientos de hospedaje y establece las

 

sanciones aplicables” - Ley Nº 28868)

 

D.S. Nº 017-2007-ED (Reglamento de la Ley Nº 28988) Ley  Nº 29060 (Ley del Silencio Administrativo)

R. N° 273-2007-CG (Aprueban Directiva sobre el Funcionamiento de las

Brigadas Ciudadanas de la Contraloría General de la República “Brigada

 

CGR”

 

R.J.   Nº   162-2007-JEFATURA-ONP   (Aprueban   “Procedimiento   de

Absolución de Consultas sobre la correcta aplicación del Decreto Ley Nº 20530, sus normas complementarias y conexas”)

D.S.  Nº  079-2007-PCM  (Aprueban  lineamientos  para  elaboración  y

aprobación de TUPA y establecen disposiciones para el cumplimiento de la

 

Ley del Silencio Administrativo)

 

R. N° 453-2007-CONSUCODE-PRE (Aprueban Directiva “Procedimiento para la tramitación de denuncias sobre Trasgresiones a la Normativa

 

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado”)

 

 

 

edificaciones)


Ley Nº 29090, Art. 2 (Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de

 

 

R.D. N° 12489-2007-MTC-15, Num. 9

 

D.S.  N°  010-2007-MINCETUR,  Art.5  (Aprueban  Reglamento  para  la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE)

 

R.   Nº   640-2007-OS-CD   Art.   42   (Reglamento   del   Procedimiento

Administrativo Sancionador de OSINERGMIN)

 

Ley Nº 29125, Art.5 num. 5.1 (Ley que establece la implementación y el funcionamiento del fondo de Promoción a la Inversión Pública

 

Regional y Local - FONIPREL)

 

D.S. N° 027-2007-ED, Art. 5, inc. i), Art. 6, inc. i)

 

R. N° 671-2007-OS-CD ( Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios de los Servicios Públicos de Electricidad y Gas

 

Natural”)

 

Ley  Nº  29135  (Ley  que  establece  el  porcentaje  que  deben  pagar

ESSALUD y la Oficina de Normalización Previsional - ONP a la

 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, por la recaudación de sus aportaciones, y medidas para mejorar la

 

administración de tales aportes)

 

R. Nº 0041-2008-ED (Aprueban Directiva “Normas para la Formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las Direcciones

 

Regionales   de   Educación,   Unidades   de   Gestión   Educativa   Local, Instituciones Educativas, Sede Central del Ministerio de Educación y Escuelas

 

de Educación Superior No Universitaria para el Año 2008”

 

Acuerdo    N°    2-2-ESSALUD-2008    (Aprueban    el    “Reglamento    de

Promoción de Inversiones en Obras de Infraestructura y Servicios de Salud)

 

 

 

complementaria)


D.Leg. Nº 1075, Quinta Disp. Complem. Final (Normas de aplicación

 

 

 

 

 

de la Ley Nº 27444)


D.S. Nº 020-2008-VIVIENDA, Segunda Disp. Complem. Final (Aplicación

 

 

D.S. Nº 039-2008-EM, Segunda Disp. Complem. (Normas supletorias)

 

D.S. Nº 025-2008-MTC (Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas

Vehiculares), Arts. 65, 67 y 73

 

D.S. N° 025-2008-VIVIENDA, Art. 20, num. 20.7

 

D.S. N° 022-2008-DE-SG, Art. 7

 

 

 

normativa)


R. N° 459-2008-CG (Anexo), Séptima Disp. Complem. Final (Aplicación

 

 

D.S. N° 040-2008-MTC, Reglamento Nacional de Licencias de Conducir, Sétima Disp. Comp. y Final

 

R. SBS Nº 11718-2008, Num. 6 (Aprueban el Reglamento Operativo que dispone el procedimiento administrativo de desafiliación del SPP por la causal de la

 

falta de información, dispuesta por el Tribunal Constitucional, según sentencias recaídas en los expedientes Nº 1776-2004-AA/TC y Nº 07281-2006-PA/TC)

 

 

 

Art. 22, num. 22.7


D.S. N° 020-2008-PRODUCE, Reglamento del D.Leg. N° 1032, Art. 21,

 

 

D.S. Nº 159-2008-EF, Art. 6 (Reglamento de la Ley de Adquisiciones

Estatales a través de las Bolsas de Productos)

 

D.S. Nº 010-2008-MINCETUR, Primera Disp. Complem. Final (Crean el

“Registro de entidades autorizadas para elaborar estudios de impacto ambiental

 

y otros instrumentos de gestión ambiental aplicables a las actividades del Sector Turismo” y aprueban su Reglamento)

 

DIRECTIVA  N°  001-2009-TRI-INDECOPI  (Drocedimiento  de  queja  por defectos de tramitación)

 

 

 

recusación)


DIRECTIVA N° 002-2009-TRI-INDECOPI (Procedimiento de abstención y

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

La Comisión Permanente del Congreso de la República

 

 

 

 

Ha dado la Ley siguiente:

 

 

 

 

LA COMISIÓN PERMANENTE  DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL TÍTULO PRELIMINAR

TÍTULO I

 

 

 

 

Del régimen jurídico de los actos administrativos

 

 

 

 

Capítulo I

 

De los actos administrativos

 

 

 

 

Capítulo II

 

Nulidad de los actos administrativos

 

 

 

Capítulo III

 

Eficacia de los actos administrativos

 

 

 

 

TÍTULO II

 

 

 

 

Del procedimiento administrativo

 

 

 

 

Capítulo I

 

Disposiciones generales

 

 

 

 

Capítulo II

 

De los sujetos del procedimiento

 

 

 

 

Subcapítulo I

 

De los administrados

 

 

 

 

Subcapítulo II

 

De la autoridad administrativa: Principios generales y competencia

 

 

 

 

Subcapítulo III

 

Criterio de colaboración entre entidades

 

 

 

 

Subcapítulo IV

 

Conflictos de competencia y abstención

 

 

 

 

Subcapítulo V

 

Órganos colegiados

 

 

 

 

Capítulo III

 

Iniciación del procedimiento

 

 

 

 

Capítulo IV

 

Plazos y términos

 

 

 

 

Capítulo V

 

Ordenación del procedimiento

 

 

 

 

Capítulo VI

 

Instrucción del procedimiento

 

 

 

 

Capítulo VII

 

Participación de los administrados

 

 

 

 

Capítulo VIII

 

Fin del procedimiento

 

 

 

 

Capítulo IX

 

Ejecución de resoluciones

 

 

 

 

TÍTULO III

 

 

 

 

De la revisión de los actos en vía administrativa

 

Capítulo I

 

Revisión de oficio

 

 

 

 

Capítulo II

 

Recursos administrativos

 

 

 

 

TÍTULO IV

 

 

 

 

De los Procedimientos especiales

 

 

 

 

Capítulo I

 

Procedimiento trilateral

 

 

 

 

Capítulo II

 

Procedimiento sancionador

 

 

 

 

Subcapítulo I

 

De la potestad sancionadora

 

 

 

 

Subcapítulo II

 

Ordenamiento del procedimiento sancionador

 

 

 

 

TÍTULO V

 

 

 

 

De la responsabilidad de la administración pública y del personal a su servicio

 

 

 

 

Capítulo I

 

Responsabilidad de la administración pública

 

 

 

 

Capítulo II

 

Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración pública

 

 

 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

 

 

TÍTULO PRELIMINAR

 

 

 

 

Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley

 

 

 

Pública.


La  presente  Ley  será  de  aplicación  para  todas  las  entidades  de  la  Administración

 

 

Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la

Administración Pública:

 

 

 

 

1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados;

 

 

 

 

2. El Poder Legislativo;

 

 

 

 

3. El Poder Judicial;

 

 

 

 

4. Los Gobiernos Regionales;

 

 

 

 

5. Los Gobiernos Locales;

 

6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía.

 

 

 

 

7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y

 

 

 

 

8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         Ley N° 27815, Art. 1

 

D.S. N° 032-2006-PCM, Art.1

 

D.S.    N°    089-2006-PCM    (Reglamento    para    el    funcionamiento, actualización y consulta de la información en el Registro Nacional de Sanciones de

 

Destitución y Despido - RNSDD) D.S. N° 002-2007-MIMDES, Art. 1

Ley Nº 29060, Sétima Disposición Transitoria, Complementaria y Final. Ley N° 29091, Art.2

D.S.  Nº  096-2007-PCM,  Arts.  2,  6  y  Segunda  Disp.Comp.  y  Trans.

(Decreto Supremo que regula la fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos administrativos por parte del Estado)

 

 

 

Artículo II.- Contenido

 

 

 

 

1. La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades.

 

 

 

 

2. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de la materia, se rigen supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados expresamente de modo distinto.

 

 

 

3. Las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley.

 

 

 

 

Artículo III.- Finalidad

 

La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general.

 

 

 

 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

 

 

 

 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

 

 

 

 

1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

 

 

 

 

1.2.  Principio  del  debido  procedimiento.-  Los  administrados  gozan  de  todos  los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

 

 

 

 

1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.

 

 

 

 

1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los  administrados,  deben  adaptarse  dentro  de  los  límites  de  la  facultad  atribuida  y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba

 

tutelar,  a  fin  de  que  respondan  a  lo  estrictamente  necesario  para  la  satisfacción  de  su cometido.

 

 

 

 

CONCORDANCIA:           D.S. Nº 008-2007-SA, Art. 27

 

 

 

 

1.5. Principio de imparcialidad.- Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general.

 

 

 

 

1.6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público.

 

 

 

 

1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         R.M. N° 192-2008-MEM-DM, Art. 3

 

 

 

 

1.8 Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal.

 

 

 

 

1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento.

 

CONCORDANCIAS:         R. N° 664-2007-OS-CD, Art. Único

 

 

 

 

1.10. Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final,   no   disminuyan   las   garantías   del   procedimiento,   ni   causen   indefensión   a   los administrados.

 

 

 

 

En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio.

 

 

 

 

1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

 

 

 

 

En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.

 

 

 

 

1.12.  Principio   de   participación.-   Las   entidades  deben   brindar   las   condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que expresamente sean excluidas por ley; y extender las posibilidades de participación de los administrados y de sus representantes, en aquellas decisiones públicas que les puedan afectar, mediante cualquier sistema que permita la difusión, el servicio de acceso a la información y la presentación de opinión.

 

 

 

 

 

 

1.13.   Principio   de   simplicidad.-   Los   trámites   establecidos   por   la   autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es

 

decir,  los  requisitos  exigidos  deberán  ser  racionales  y  proporcionales  a  los  fines  que  se persigue cumplir.

 

 

 

 

1.14. Principio de uniformidad.- La autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no serán convertidos en la regla general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados.

 

 

 

 

CONCORDANCIA:           D.S. Nº 008-2007-SA, Art. 27

 

 

 

 

1.15. Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados  o  sus  representantes  información  veraz,  completa  y  confiable  sobre  cada trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá.

 

 

 

 

CONCORDANCIA:           D.S. Nº 008-2007-SA, Art. 27

 

 

 

 

1.16. Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         D.S. Nº 096-2007-PCM (Decreto Supremo que regula la fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos administrativos por parte del

 

Estado)

 

D.S. Nº 017-2008-ED, Art. 20 (Infracción al Deber de Veracidad) LEY N° 29289, Art. 15, num. 15.2

 

 

 

2. Los principios señalados servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento, como parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general, y para suplir los vacíos en el ordenamiento administrativo.

 

 

 

La relación de principios anteriormente enunciados no tiene carácter taxativo. Artículo V.- Fuentes del procedimiento administrativo

1.  El  ordenamiento  jurídico  administrativo  integra  un  sistema  orgánico  que  tiene

autonomía respecto de otras ramas del Derecho.

 

 

 

 

2. Son fuentes del procedimiento administrativo:

 

 

 

 

2.1. Las disposiciones constitucionales.

 

 

 

 

2.2. Los tratados y convenios internacionales incorporados al Ordenamiento Jurídico

Nacional.

 

 

 

 

2.3. Las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente.

 

 

 

 

 

 

Estado.


2.4. Los Decretos Supremos y demás normas reglamentarias de otros poderes del

 

 

 

 

 

2.5. Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y reglamentos de las entidades, así como los de alcance institucional o provenientes de los sistemas administrativos.

 

 

 

 

2.6. Las demás normas subordinadas a los reglamentos anteriores.

 

 

 

 

2.7. La jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales que interpreten disposiciones administrativas.

 

 

 

 

2.8.  Las  resoluciones  emitidas  por  la  Administración  a  través  de  sus  tribunales  o consejos  regidos  por  leyes  especiales,  estableciendo  criterios  interpretativos  de  alcance

 

general  y  debidamente  publicadas.  Estas  decisiones  generan  precedente  administrativo, agotan la vía administrativa y no pueden ser anuladas en esa sede.

 

 

 

 

2.9. Los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para absolver consultas sobre la interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor, debidamente difundidas.

 

 

 

 

2.10. Los principios generales del derecho administrativo.

 

 

 

 

3. Las fuentes señaladas en los numerales 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 sirven para interpretar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento positivo al cual se refieren.

 

 

 

 

Artículo VI.- Precedentes administrativos

 

 

 

 

1. Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad, mientras dicha interpretación no sea modificada.  Dichos actos serán publicados conforme a las reglas establecidas en la presente norma.

 

 

 

 

2. Los criterios interpretativos establecidos por las entidades, podrán ser modificados si se considera que no es correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general. La nueva  interpretación  no  podrá  aplicarse  a  situaciones  anteriores,  salvo  que  fuere  más favorable a los administrados.

 

 

 

 

3. En todo caso, la sola modificación de los criterios no faculta a la revisión de oficio en sede administrativa de los actos firmes.

 

 

 

 

Artículo VII.- Función de las disposiciones generales

 

 

 

 

1. Las autoridades superiores pueden dirigir u orientar con carácter general la actividad de los subordinados a ellas mediante circulares, instrucciones y otros análogos, los que sin embargo, no pueden crear obligaciones nuevas a los administrados.

 

 

 

2.  Dichas  disposiciones  deben  ser  suficientemente  difundidas,  colocadas  en  lugar visible de la entidad si su alcance fuera meramente institucional, o publicarse si fuera de índole externa.

 

 

 

 

3. Los administrados pueden invocar a su favor estas disposiciones, en cuanto establezcan obligaciones a los órganos administrativos en su relación con los administrados.

 

 

 

 

Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes

 

 

 

 

1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.

 

 

 

 

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución del caso, la autoridad elaborará y propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general esta situación, en el mismo sentido de la resolución dada al asunto sometido a su conocimiento.

 

 

 

 

TÍTULO I

 

 

 

 

Del régimen jurídico de los actos administrativos

 

 

 

 

CAPÍTULO I

 

 

 

 

De los actos administrativos

 

 

 

 

Artículo 1. - Concepto de acto administrativo

 

1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta.

 

 

 

 

1.2 No son actos administrativos:

 

 

 

 

1.2.1 Los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer  funcionar  sus  propias  actividades  o  servicios.    Estos  actos  son  regulados  por  cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan.

 

 

 

 

1.2.2 Los comportamientos y actividades materiales de las entidades. Artículo 2.- Modalidades del acto administrativo

2.1  Cuando  una  ley  lo  autorice,  la  autoridad,  mediante  decisión  expresa,  puede

someter el acto administrativo a condición, término o modo, siempre que dichos elementos incorporables  al acto, sean  compatibles con el ordenamiento legal, o cuando  se  trate de asegurar con ellos el cumplimiento del fin público que persigue el acto.

 

 

 

 

2.2 Una modalidad accesoria no puede ser aplicada contra el fin perseguido por el acto administrativo.

 

 

 

 

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos

 

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

 

 

 

 

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado  y  en  caso  de  órganos  colegiados, cumpliendo  los  requisitos  de  sesión,  quórum y deliberación indispensables para su emisión.

 

 

 

 

2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se

 

ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.

 

 

 

 

3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.

 

 

 

 

4.   Motivación.-   El   acto   administrativo   debe   estar   debidamente   motivado   en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

 

 

 

 

5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.

 

 

 

 

Artículo 4.- Forma de los actos administrativos

 

 

 

 

4.1 Los actos administrativos deberán expresarse por escrito, salvo que por la naturaleza  y  circunstancias  del  caso,  el  ordenamiento  jurídico  haya  previsto  otra  forma, siempre que permita tener constancia de su existencia.

 

 

 

 

4.2 El acto escrito indica la fecha y lugar en que es emitido, denominación del órgano del cual emana, nombre y firma de la autoridad interviniente.

 

 

 

 

4.3 Cuando el acto administrativo es producido por medio de sistemas automatizados, debe garantizarse al administrado conocer el nombre y cargo de la autoridad que lo expide.

 

 

 

 

4.4 Cuando deban emitirse varios actos administrativos de la misma naturaleza, podrá ser empleada firma mecánica o integrarse en un solo documento bajo una misma motivación, siempre que se individualice a los administrados sobre los que recae los efectos del acto.  Para todos los efectos subsiguientes, los actos administrativos serán considerados como actos diferentes.

 

Artículo 5.- Objeto o contenido del acto administrativo

 

 

 

 

5.1 El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad.

 

 

 

 

5.2  En  ningún  caso  será admisible  un  objeto  o  contenido  prohibido  por  el orden normativo, ni incompatible con la situación de hecho prevista en las normas; ni impreciso, obscuro o imposible de realizar.

 

 

 

 

5.3 No podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes; ni podrá infringir normas administrativas de carácter general provenientes de autoridad de igual, inferior o superior jerarquía, e incluso de la misma autoridad que dicte el acto.

 

 

 

 

5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las pruebas a su favor.

 

 

 

 

Artículo 6.- Motivación del acto administrativo

 

 

 

 

6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.

 

 

 

 

6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto.

 

 

 

 

6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto.

 

 

 

6.4 No precisan motivación los siguientes actos:

 

 

 

 

6.4.1 Las decisiones de mero trámite que impulsan el procedimiento.

 

 

 

 

6.4.2 Cuando la autoridad estima procedente lo pedido por el administrado y el acto administrativo no perjudica derechos de terceros.

 

 

 

 

6.4.3 Cuando la autoridad produce gran cantidad de actos administrativos sustancialmente  iguales, bastando la motivación única.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         R. Nº 640-2007-OS-CD, Art. 27 num. 27.4

 

 

 

 

Artículo 7.- Régimen de los actos de administración interna

 

 

 

 

7.1 Los actos de administración interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de las entidades. Son emitidos por el órgano competente, su objeto debe ser física y jurídicamente posible, su motivación será facultativa cuando los superiores jerárquicos impartan las órdenes a sus subalternos en la forma legalmente prevista.

 

 

 

 

7.2 Las decisiones internas de mero trámite, pueden impartirse verbalmente por el órgano competente, en cuyo caso el órgano inferior que las reciba las documentará por escrito y comunicará de inmediato, indicando la autoridad de quien procede mediante la fórmula, “Por orden de ...”.

 

 

 

 

CAPÍTULO II

 

 

 

 

Nulidad de los actos administrativos

 

 

 

 

Artículo 8.- Validez del acto administrativo

 

Es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico.

 

 

 

Artículo 9.- Presunción de validez

 

Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda.

 

 

 

 

Artículo 10.- Causales de nulidad

 

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

 

 

 

 

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

 

 

 

 

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         D.S. Nº 016-2009-MTC, Art. 326, num 2

 

 

 

 

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición.

 

 

 

 

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

 

 

 

 

Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad

 

 

 

 

11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.

 

11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto.  Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.

 

 

 

 

 

11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.

 

 

 

 

Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad

 

 

 

 

12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro.

 

 

 

 

12.2 Respecto del acto declarado nulo, los administrados no están obligados a su cumplimiento y los servidores públicos deberán oponerse a la ejecución del acto, fundando y motivando su negativa.

 

 

 

 

12.3 En caso  de  que el acto viciado se hubiera consumado, o bien sea imposible retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto y en su caso, a la indemnización para el afectado.

 

 

 

 

Artículo 13.- Alcances de la nulidad

 

 

 

 

13.1 La nulidad de un acto sólo implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén vinculados a él.

 

 

 

 

13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales no obstante el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.

 

 

 

 

13.3 Quien declara la nulidad, dispone la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiere permanecido igual de no haberse incurrido en el vicio.

 

 

 

Artículo 14.- Conservación del acto

 

 

 

 

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.

 

 

 

 

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:

 

 

 

 

14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación.

 

 

 

 

14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial.

 

 

 

 

14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado.

 

 

 

 

14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio.

 

 

 

 

14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial

 

 

 

 

14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución.

 

 

 

 

Artículo 15.- Independencia de los vicios del acto administrativo

 

Los vicios incurridos en la ejecución de un acto administrativo, o en su notificación a los administrados, son independientes de su validez.

 

 

 

CAPÍTULO III

 

 

 

 

Eficacia de los actos administrativos

 

 

 

 

Artículo 16.- Eficacia del acto administrativo

 

 

 

 

16.1 El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo.

 

 

 

 

16.2 El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente del mismo acto.

 

 

 

 

Artículo 17.- Eficacia anticipada del acto administrativo

 

 

 

 

17.1 La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción.

 

 

 

 

17.2 También tienen eficacia anticipada la declaratoria de nulidad y los actos que se dicten en enmienda.

 

 

 

 

Artículo 18.- Obligación de notificar

 

 

 

 

18.1 La notificación del acto será practicada de oficio y su debido diligenciamiento será competencia de la entidad que lo dictó.

 

18.2 La notificación personal podrá ser efectuada a través de la propia entidad, por servicios de mensajería especialmente contratados para el efecto y en caso de zonas alejadas, podrá disponerse se practique por intermedio de los Prefectos, Subprefectos y subalternos. (*)

 

 

 

 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008, cuyo texto es el siguiente:

 

 

 

 

"18.2 La notificación personal podrá ser efectuada a través de la propia entidad, por servicios de mensajería especialmente contratados para el efecto y en caso de zonas alejadas, podrá disponerse se practique por intermedio de las autoridades políticas del ámbito local del administrado"

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         R. N° 513-2005-CONSUCODE-PRE (Aprueban Directiva “Disposiciones que regulan la simplificación en la emisión y notificación de decretos o

 

providencias    realizadas    por    el    Tribunal    de    Contrataciones    y

Adquisiciones del Estado”)

 

 

 

 

Artículo 19.- Dispensa de notificación

 

 

 

 

19.1 La autoridad queda dispensada de notificar formalmente a los administrados cualquier  acto  que  haya  sido  emitido  en  su  presencia,  siempre  que  exista  acta  de  esta actuación procedimental donde conste la asistencia del administrado.

 

 

 

 

19.2 También queda dispensada de notificar si el administrado tomara conocimiento del acto respectivo mediante su acceso directo y espontáneo al expediente, recabando su copia, dejando constancia de esta situación en el expediente.

 

 

 

 

Artículo 20.- Modalidades de notificación

 

 

 

 

20.1 Las notificaciones serán efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden de prelación:

 

20.1.1 Notificación personal al administrado interesado o afectado por el  acto, en su domicilio.

 

 

 

 

20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax, correo electrónico; o cualquier otro medio que permita comprobar   fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de  cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado. (*)

 

 

 

 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008, cuyo texto es el siguiente:

 

 

 

 

"20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado."

 

 

 

 

20.1.3 Por publicación en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley.

 

 

 

 

20.2 La autoridad no podrá suplir alguna modalidad con otra, bajo sanción de nulidad de la notificación. Podrá acudir complementariamente a aquellas u otras, si así lo estimare conveniente para mejorar las posibilidades de participación de los administrados.

 

 

 

 

20.3 Tratamiento igual al previsto en este capítulo corresponde a los citatorios, los emplazamientos,   los   requerimientos  de  documentos  o   de  otros  actos  administrativos análogos.

 

 

 

 

"20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente podrá ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1”.(*)

 

 

 

 

(*) Numeral incluido por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008.

 

 

 

CONCORDANCIAS:         D.S. N° 016-2007-PRODUCE, Art. 17

 

 

 

Electrónico Personal)


D.S. Nº 018-2008-EM (Aprueban Régimen de Notificaciones a Domicilio

 

 

 

 

 

Artículo 21.- Régimen de la notificación personal

 

 

 

 

21.1 La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año.

 

 

 

 

21.2 En caso que el administrado no haya señalado domicilio, la autoridad debe agotar su búsqueda mediante los medios que se encuentren a su alcance, recurriendo a fuentes de información de las entidades de la localidad. (*)

 

 

 

 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008, cuyo texto es el siguiente:

 

 

 

 

"21.2 En caso que el administrado no haya indicado domicilio, o que éste sea inexistente, la autoridad deberá emplear el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad del administrado. De verificar que la notificación no puede realizarse en el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad por presentarse alguna de las circunstancias descritas en el numeral 23.1.2 del artículo 23, se deberá proceder a la notificación mediante publicación."

 

 

 

 

21.3 En el acto de notificación debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar así en el acta. (*)

 

 

 

 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008, cuyo texto es el siguiente:

 

"21.3 En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el acta, teniéndose por bien notificado. En este caso la notificación dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado."

 

 

 

 

21.4 La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado.

 

 

 

 

"21.5 En el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio señalado en el procedimiento, el notificador deberá dejar constancia de ello en el acta y colocar  un  aviso  en  dicho  domicilio  indicando  la nueva  fecha  en  que  se  hará  efectiva  la siguiente notificación. Si tampoco pudiera entregar directamente la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un acta conjuntamente con la notificación, copia de los cuales serán incorporados en el expediente.” (*)

 

 

 

 

(*) Numeral incluido por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         D.S. N° 069-2003-EF, Art. 12

 

D.S. N° 016-2007-PRODUCE, Art. 17, Art. 20

 

D.S. Nº 018-2008-EM, 1ra. D.T Artículo 22.- Notificación a pluralidad de interesados

22.1 Cuando sean varios sus destinatarios, el acto será notificado personalmente a

todos, salvo sí actúan unidos bajo una misma representación o si han designado un domicilio común para notificaciones, en cuyo caso éstas se harán en dicha dirección única.

 

 

 

 

22.2 Si debiera notificarse a más de diez personas que han planteado una sola solicitud con derecho común, la notificación se hará con quien encabeza el escrito inicial, indicándole que trasmita la decisión a sus cointeresados.

 

 

 

CONCORDANCIAS:         D.S. N° 016-2007-PRODUCE, Art. 17

 

 

 

 

Artículo 23.- Régimen de publicación de actos administrativos

 

 

 

 

23.1 La publicación procederá conforme al siguiente orden:

 

 

 

 

23.1.1 En vía principal, tratándose de disposiciones de alcance general o aquellos actos administrativos que interesan a un número indeterminado de administrados no apersonados al procedimiento y sin domicilio conocido.

 

 

 

 

23.1.2 En vía subsidiaria a otras modalidades, tratándose de actos administrativos de carácter particular cuando la ley así lo exija, o la autoridad se encuentre frente a alguna de las siguientes circunstancias evidenciables e imputables al administrado:

 

 

 

 

 

- Cuando resulte impracticable otra modalidad de notificación preferente por ignorarse el domicilio del administrado, pese a la indagación realizada.

 

 

 

 

-  Cuando  se  hubiese  practicado  infructuosamente  cualquier  otra  modalidad,  sea porque la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, sea equivocado el domicilio aportado por el administrado o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal, pese al requerimiento efectuado a través del Consulado respectivo.

 

 

 

 

23.2 La publicación de un acto debe contener los mismos elementos previstos para la notificación señalados en este capítulo; pero en el caso de publicar varios actos con elementos comunes, se podrá proceder en forma conjunta con los aspectos coincidentes, especificándose solamente lo individual de cada acto.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         D.S. N° 016-2007-PRODUCE, Art. 17

 

 

 

 

Artículo 24.- Plazo y contenido para efectuar la notificación

 

 

 

24.1 Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (5)

días, a partir de la expedición del acto que se notifique, y deberá contener:

 

 

 

 

24.1.1 El texto íntegro del acto administrativo, incluyendo su motivación.

 

 

 

 

24.1.2 La identificación del procedimiento dentro del cual haya sido dictado.

 

 

 

 

24.1.3 La autoridad e institución de la cual procede el acto y su dirección.

 

 

 

 

24.1.4 La fecha de vigencia del acto notificado, y con la mención de si agotare la vía administrativa.

 

 

 

 

24.1.5 Cuando se trate de una publicación dirigida a terceros, se agregará además cualquier otra información que pueda ser importante para proteger sus intereses y derechos.

 

 

 

 

24.1.6 La expresión de los recursos que proceden, el órgano ante el cual deben presentarse los recursos y el plazo para interponerlos.

 

 

 

 

24.2 Si en base a información errónea, contenida en la notificación, el administrado practica algún acto procedimental que sea rechazado por la entidad, el tiempo transcurrido no será tomado en cuenta para determinar el vencimiento de los plazos que correspondan. (*)

 

 

 

 

(*) De conformidad con la Quinta Disposición Final del Decreto Legislativo N° 953, publicado el

05-02-2004, el plazo a que se refiere el presente artículo no es de aplicación para el caso del inciso c) y el numeral 1) del inciso e) del Artículo 104 del Código Tributario.

 

 

 

 

Artículo 25.- Vigencia de las notificaciones

 

Las notificaciones surtirán efectos conforme a las siguientes reglas:

 

 

 

 

1. Las notificaciones personales: el día que hubieren sido realizadas.

 

 

 

2. Las cursadas mediante correo certificado, oficio, correo electrónico y análogos: el día que conste haber sido recibidas.

 

 

 

 

3. Las notificaciones por publicaciones: a partir del día de la última publicación en el

Diario Oficial.

 

 

 

 

4. Cuando  por disposición legal expresa, un acto administrativo deba ser a la vez notificado personalmente al administrado y publicado para resguardar derechos o intereses legítimos de terceros no apersonados o indeterminados, el acto producirá efectos a partir de la última notificación.

 

 

 

 

Para efectos de computar el inicio de los plazos se deberán seguir las normas establecidas en el artículo 133 de la presente Ley. (*)

 

 

 

 

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008, cuyo texto es el siguiente:

 

 

 

 

"Para efectos de computar el inicio de los plazos se deberán seguir las normas establecidas en el artículo 133 de la presente Ley, con excepción de la notificación de medidas cautelares o precautorias, en cuyo caso deberá aplicarse lo dispuesto en los numerales del párrafo precedente.”

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         D.S.  Nº  018-2008-EM,  Art.  3  (Efectos  de  la  notificación  mediante domicilio electrónico personal), vigente a partir del 01-04-2009, 2da. D.T

 

 

 

 

Artículo 26.- Notificaciones defectuosas

 

 

 

 

26.1 En caso que se demuestre que la notificación se ha realizado sin las formalidades y requisitos legales, la autoridad ordenará se rehaga, subsanando las omisiones en que se hubiesen incurrido, sin perjuicio para el administrado.

 

26.2 La desestimación del cuestionamiento a la validez de una notificación, causa que dicha notificación opere desde la fecha en que fue realizada.

 

 

 

 

Artículo 27.- Saneamiento de notificaciones defectuosas

 

 

 

 

27.1 La notificación defectuosa por omisión de alguno de sus requisitos de contenido, surtirá efectos legales a partir de la fecha en que el interesado manifiesta expresamente haberla recibido, si no hay prueba en contrario.

 

 

 

 

27.2 También se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la realización de actuaciones procedimentales del interesado que permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento  oportuno  del  contenido  o  alcance  de  la  resolución,  o  interponga  cualquier recurso que proceda.   No se considera tal, la solicitud de notificación realizada por el administrado, a fin que le sea comunicada alguna decisión de la autoridad.

 

 

 

 

Artículo 28.- Comunicaciones al interior de la administración

 

 

 

 

28.1 Las comunicaciones entre los órganos administrativos al interior de una entidad serán efectuadas directamente, evitando la intervención de otros órganos.

 

 

 

 

28.2 Las comunicaciones de resoluciones a otras autoridades nacionales o el requerimiento  para  el  cumplimiento  de  diligencias  en  el  procedimiento  serán  cursadas siempre directamente bajo el régimen de la notificación sin actuaciones de mero traslado en razón de jerarquías internas ni transcripción por órganos intermedios.

 

 

 

 

28.3 Cuando alguna otra autoridad u órgano administrativo interno deba tener conocimiento de la comunicación se le enviará copia informativa.

 

 

 

 

28.4 La constancia documental de la transmisión a distancia por medios electrónicos entre entidades y autoridades, constituye de por sí documentación auténtica y dará plena fe a todos sus efectos dentro del expediente para ambas partes, en cuanto a la existencia del original transmitido y su recepción.

 

TÍTULO II

 

 

 

 

Del procedimiento administrativo

 

 

 

 

CAPÍTULO I Disposiciones Generales

CONCORDANCIAS:         D.LEG. N° 1059, Sexta Disp. Comp. Final

 

 

 

 

Artículo 29.- Definición de procedimiento administrativo

 

Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados.

 

 

 

 

Artículo 30.- Calificación de procedimientos administrativos

 

Los procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados  ante  las  entidades  para  satisfacer  o  ejercer  sus  intereses  o  derechos,  se clasifican   conforme   a   las   disposiciones   del   presente   capítulo,   en:   procedimientos   de aprobación automática o de evaluación previa por la entidad, y este último a su vez sujeto, en caso  de  falta  de  pronunciamiento  oportuno,  a  silencio  positivo  o  silencio  negativo.  Cada entidad señala estos procedimientos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, siguiendo los criterios establecidos en el presente ordenamiento.

 

 

 

 

Artículo 31.- Régimen del procedimiento de aprobación automática

 

 

 

 

31.1 En el procedimiento de aprobación automática, la solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre que cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

 

31.2 En este procedimiento, las entidades no emiten ningún pronunciamiento expreso confirmatorio de la aprobación automática, debiendo sólo realizar la fiscalización posterior. Sin embargo, cuando en los procedimientos de aprobación automática se requiera necesariamente de la expedición de un documento sin el cual el usuario no puede hacer efectivo su derecho, el plazo máximo para su expedición es de cinco días hábiles, sin perjuicio de aquellos plazos mayores fijados por leyes especiales anteriores a la vigencia de la presente Ley.

 

 

 

 

CONCORDANCIA:           Ley Nº 29060, Art. 3, Sétima Disposición Transitoria, Complementaria y

Final.

 

 

 

 

31.3 Como constancia de la aprobación automática de la solicitud del administrado, basta la copia del escrito o del formato presentado conteniendo el sello oficial de recepción, sin observaciones e indicando el número de registro de la solicitud, fecha, hora y firma del agente receptor.

 

 

 

 

31.4 Son procedimientos de aprobación automática, sujetos a la presunción de veracidad, aquellos conducentes a la obtención de licencias, autorizaciones, constancias y copias certificadas o similares que habiliten para el ejercicio continuado de actividades profesionales, sociales, económicas o laborales en el ámbito privado, siempre que no afecten derechos de terceros y sin perjuicio de la fiscalización posterior que realice la administración.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         R.M. N° 076-2006-TR, numeral 5.2.3 y 5.3.2

 

D.S. Nº 096-2007-PCM, Primera Disp.Comp. y Trans. (Decreto Supremo que regula la fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos

 

administrativos por parte del Estado) Artículo 32.- Fiscalización posterior

32.1 Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento

de aprobación automática o evaluación previa, queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por el administrado.

 

32.2 La fiscalización comprende no menos del diez por ciento de todos los expedientes sujetos a la modalidad de aprobación automática, con un máximo de 50 expedientes por semestre, pudiendo incrementarse teniendo en cuenta el impacto que en el interés general, en la economía, en la seguridad o en la salud ciudadana pueda conllevar la ocurrencia de fraude o falsedad en la información, documentación o declaración presentadas.   Dicha fiscalización deberá efectuarse semestralmente de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto dictará la Presidencia del Consejo de Ministros.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         D.S.  Nº  096-2007-PCM,  Art.  5  (Decreto  Supremo  que  regula  la fiscalización posterior aleatoria de los

 

procedimientos administrativos por parte del Estado)

 

 

 

 

32.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se declare la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; imponga a quien haya empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad entre dos y cinco Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         R.M. N° 0918-2003-IN-0301

 

D.S. N° 005-2005-MTC, Art. 30

 

R.N° 169-2005-CONSUCODE-PRE, Art. 10 y Art. 59

 

D.S. Nº 166-2005-EF, Art. 4

 

R.    N°    184-2006-CONSUCODE-PRE,    Num.VI    (Aprueban    Directiva

"Procedimiento y Plazos para la Inscripción de los Proveedores de Bienes y/o Servicios en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) R. N° 063-2007-CG, Art. 13

R. N° 134-2007-CONSUCODE-PRE , Num.VI R. N° 222-2007-CONSUCODE-PRE , Num. VII Ley Nº 29060, Art. 2, Art. 7

 

R.D.   Nº   13290-2007-MTC-15   (Aprueban   Directiva   que   establece procedimiento para la autorización y funcionamiento de Centros de

 

Reforzamiento    y    Convenio    de    Cooperación    Cívica    para    la

Implementación de las Jornadas de Reforzamiento en Valores Ciudadanos

 

y Seguridad Vial y Jornadas de Trabajo Comunitario)

 

D.S.  Nº  096-2007-PCM,  Arts.  3,  8  (Decreto  Supremo  que  regula  la fiscalización posterior aleatoria de los

 

procedimientos administrativos por parte del Estado)

 

Ley Nº 29167, Art. 8 (Ley que establece el Procedimiento Especial y

Transitorio para las Licencias de Edificación, Ampliación o Remodelación de Establecimientos Hospedaje)

D.S. Nº 017-2008-ED, Art. 20 (Infracción al Deber de Veracidad) D.S. N° 026-2008-VIVIENDA, Art. 4, num. 4.2

D.S. Nº 008-2008-TR, Art. 71

 

 

 

información)


R. SBS Nº 10440-2008, Art. 57 (Precisiones a los requerimientos de

 

 

 

 

 

Artículo 33.- Procedimiento de evaluación previa con silencio positivo

 

Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando se trate de algunos de los siguientes supuestos:

 

 

 

 

1. Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes, salvo que mediante ella se transfiera facultades de la administración pública o que habilite para realizar actividades que se agoten instantáneamente en su ejercicio.

 

 

 

 

2. Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo.

 

 

 

 

3.  Procedimientos  en  los  cuales  la  trascendencia  de  la  decisión  final  no  pueda repercutir directamente en administrados distintos del peticionario, mediante la limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o derechos legítimos.

 

4. Todos los otros procedimientos a instancia de parte no sujetos al silencio negativo taxativo contemplado en el artículo siguiente, salvo los procedimientos de petición graciable y de consulta que se rigen por su regulación específica. (*)

 

 

 

 

(*) Artículo derogado por la Novena Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 29060, publicada el 07 julio 2007, la misma que de conformidad con su Décima Disposición Transitoria, Complementaria y Final entrará en vigencia a los  ciento ochenta días (180) días calendario, contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

 

 

 

 

Artículo 34.- Procedimientos de evaluación previa con silencio negativo

 

 

 

 

34.1 Los procedimientos de evaluación previa están sujetos al silencio negativo cuando se trate de alguno de los siguientes supuestos:

 

 

 

 

34.1.1 Cuando la solicitud verse sobre asuntos de interés público, incidiendo en la salud, medio ambiente, recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema  financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación.

 

 

 

 

34.1.2 Cuando cuestionen otros actos administrativos anteriores, salvo los recursos en el caso del numeral 2 del artículo anterior.

 

 

 

 

34.1.3 Cuando sean procedimientos trilaterales y los que generen obligación de dar o hacer a cargo del Estado.

 

 

 

 

34.1.4 Los procedimientos de inscripción registral.

 

 

 

 

34.1.5 Aquellos a los que, en virtud de la ley expresa, sea aplicable esta modalidad de silencio administrativo.

 

 

 

 

34.2 Las autoridades quedan facultadas para calificar de modo distinto en su TUPA, los procedimientos comprendidos en los numerales 34.1.1. y 34.1.4, cuando aprecien que sus

 

efectos reconozcan el interés del solicitante, sin exponer significativamente el interés general. (*)

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         DIRECTIVA N° 005-2005-EF-76.01, Art. 35, num. 35.1

 

Directiva Nº 001-2006-EF-76.01, Art. 33

 

Directiva N° 002-2006-EF-76.01, Art.34

 

Directiva Nº 003-2006-EF-76.01, Art. 31

 

Directiva N° 004-2006-EF-76.01, Art. 40

 

D.S. N° 036-2006-EM D.S. N° 043-2006-EM

Directiva N° 003-2007-EF-76.01, Art. 23

 

 

 

 

(*) Artículo derogado por la Novena Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 29060, publicada el 07 julio 2007, la misma que de conformidad con su Décima Disposición Transitoria, Complementaria y Final entrará en vigencia a los  ciento ochenta días (180) días calendario, contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

 

 

 

 

Artículo 35.- Plazo máximo del procedimiento administrativo de evaluación previa

 

El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada la resolución respectiva, no puede exceder de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.

 

 

 

 

Artículo 36.- Legalidad del procedimiento

 

 

 

 

36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad.

 

36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         Ley Nº 29060, Art. 9

 

 

 

 

36.3 Las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o a  la  simplificación  de  los  mismos,  podrán  aprobarse  por  Resolución  Ministerial,  Norma Regional   de   rango   equivalente   o   Decreto   de   Alcaldía,   según   se   trate   de   entidades dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales, respectivamente.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         COMUNICADO PCM

 

D.S. Nº 079-2007-PCM, Prim.Disp.Compl.Trans.num.7

 

 

 

 

Artículo 37.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos

 

Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único de Procedimientos Administrativos, el cual comprende:

 

 

 

 

1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente en el TUPA con indicación de la fecha de publicación en el Diario Oficial.

 

 

 

 

2. La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada procedimiento.

 

 

 

 

3. La calificación de cada procedimiento según corresponda entre procedimientos de evaluación previa o de aprobación automática.

 

 

 

 

4.  En  el  caso  de  procedimientos  de evaluación  previa  si  el  silencio administrativo aplicable es negativo o positivo.

 

 

 

5. Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación, con indicación de su monto y forma de pago.   El monto de los derechos se expresará con relación a la UIT, publicándose en las entidades en moneda de curso legal.

 

 

 

 

6. Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedimientos contenidos en los TUPA, de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 116 y siguientes de la presente Ley.

 

 

 

 

7. La autoridad competente para resolver en cada instancia del procedimiento y los recursos a interponerse para acceder a ellas.

 

 

 

 

8. Los formularios que sean empleados durante la tramitación del respectivo procedimiento administrativo.

 

 

 

 

El TUPA también incluirá la relación de aquellos servicios prestados en exclusividad por las entidades, cuando el administrado no tiene posibilidad de obtenerlos acudiendo a otro lugar o dependencia.  Se precisará con respecto a ellos lo previsto en los incisos 2, 5, 6, 7 y 8, anteriores, en lo que fuera aplicable.

 

 

 

 

Los requisitos y condiciones para la prestación de los servicios por las entidades serán fijados por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

 

 

 

 

Para aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades a través de Resolución del Titular del Pliego establecerán los requisitos y costos correspondientes a los mismos, los cuales deberán ser debidamente difundidos para que sean de público conocimiento.

 

 

 

 

Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos

 

 

 

 

38.1  El  Texto  Único  de  Procedimientos  Administrativos  (TUPA)  es  aprobado  por Decreto Supremo del sector, por la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del Titular de organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo.

 

 

 

38.2 Cada 2 (dos) años, las entidades están obligadas a publicar el íntegro del TUPA, bajo responsabilidad de su titular; sin embargo, podrán hacerlo antes, cuando consideren que las modificaciones producidas en el mismo lo ameriten.  El plazo se computará a partir de la fecha de la última publicación del mismo.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         D.S. Nº 079-2007-PCM, Prim.Disp.Compl.Trans.num.6

 

 

 

 

38.3 El TUPA es publicado en el Diario Oficial El Peruano cuando se trata de entidades con alcance nacional, o en el diario encargado de los avisos judiciales en la capital de la región o provincia, tratándose de entidades con alcance menor.(*)

 

 

 

 

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 29091, publicada el 26 septiembre 2007, la misma que de conformidad con su Segunda Disposición Final, entra en vigencia al día siguiente de la publicación del decreto supremo que aprueba su reglamento, cuyo texto es el siguiente:

 

 

 

 

"38.3 El TUPA es publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE, y en el Portal Institucional.”

 

 

 

 

38.4 Sin perjuicio de la indicada publicación, cada entidad realiza la difusión de su

TUPA mediante su ubicación en lugar visible de la entidad.

 

 

 

 

38.5 Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del Sector, Norma Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, o por Resolución del Titular del Organismo Autónomo conforme a la Constitución, según el nivel de gobierno respectivo.  En caso contrario, su aprobación se realiza conforme al mecanismo establecido en el numeral 38.1. En ambos casos se publicará la modificación según lo dispuesto por el numeral 38.3.

 

 

 

 

CONCORDANCIA:           D.S. Nº 079-2007-PCM, Prim.Disp.Compl.Trans.num.7

 

 

 

 

38.6 Para la elaboración del TUPA se procurará evitar la duplicidad de procedimientos administrativos en las distintas entidades de la administración pública.

 

 

 

Artículo 39.- Consideraciones para estructurar el procedimiento

 

 

 

 

39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios.

 

 

 

 

 

39.2 Para tal efecto, cada entidad considera como criterios:

 

 

 

 

39.2.1 La documentación que conforme a esta ley pueda ser solicitada, la impedida de requerir y aquellos sucedáneos establecidos en reemplazo de  documentación original.

 

 

 

 

39.2.2   Su   necesidad   y   relevancia   en   relación   al   objeto   del   procedimiento administrativo y para obtener el pronunciamiento requerido.

 

 

 

 

39.2.3 La capacidad real de la entidad para procesar la información exigida, en vía de evaluación previa o fiscalización posterior.

 

 

 

 

Artículo 40.- Documentación prohibida de solicitar

 

 

 

 

40.1  Para  el  inicio,  prosecución  o  conclusión  de  un  procedimiento,  las  entidades quedan prohibidas de solicitar a los administrados la presentación de la siguiente información o la documentación que la contenga:

 

 

 

 

40.1.1  Aquella que  la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado por ellas, durante cinco (5) años anteriores inmediatos, siempre que los datos no hubieren sufrido variación ni haya vencido la vigencia del documento entregado. Para acreditarlo, basta que el administrado exhiba la copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual hubiese sido suministrada.

 

40.1.2 Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del sector, en cuyo caso corresponde recabarlas a la propia entidad a solicitud del administrado.

 

 

 

 

40.1.3  Presentación  de  más  de  dos  ejemplares  de  un  mismo  documento  ante  la entidad, salvo que sea necesario notificar a otros tantos interesados.

 

 

 

 

40.1.4 Fotografías, salvo para obtener documentos de identidad, pasaporte o licencias o autorizaciones de índole personal o por razones de seguridad nacional.  Los administrados tendrán libertad de escoger la empresa en la cual sean obtenidas las fotografías, con excepción de los casos de digitalización de imágenes.

 

 

 

 

40.1.5 Documentos de identidad personal distintos a la Libreta Electoral o Documento Nacional de Identidad.   Asimismo, sólo se exigirá para los ciudadanos extranjeros carnet de extranjería o pasaporte según corresponda.

 

 

 

 

40.1.6 Recabar sellos de la propia entidad, que deben ser acopiados por la autoridad a cargo del expediente.

 

 

 

 

40.1.7  Documentos  o  copias  nuevas,  cuando  sean presentadas  otras,  no  obstante haber sido producidos para otra finalidad, salvo que sean ilegibles.

 

 

 

 

40.1.8 Constancia de pago realizado ante la propia entidad por algún trámite, en cuyo caso el administrado sólo queda obligado a informar en su escrito el día de pago y el número de constancia de pago, correspondiendo a la administración la verificación inmediata.

 

 

 

 

40.2 Las disposiciones contenidas en este artículo no limitan la facultad del administrado  para  presentar  espontáneamente  la  documentación  mencionada,  de considerarlo conveniente.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         R. DEFENSORIAL N° 0046-2006-DP, Art. Duodécimo, 12.6 (Aprueban

Informe Defensorial Nº 107-2006/DP “El Derecho a la Identidad y el ciclo de la Documentación, Segunda Supervisión 2005-2006”)

 

D.S. N° 020-2008-AG, Art. 8, num. 8.2, inc. a) Artículo 41.- Documentos

41.1. Para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a los procedimientos

administrativos, las entidades están obligadas a recibir los siguientes documentos e informaciones en vez de la documentación oficial, a la cual reemplazan con el mismo mérito probatorio:

 

 

 

 

41.1.1 Copias simples o autenticadas por los fedatarios institucionales, en reemplazo de documentos originales o copias legalizadas  notarialmente de tales documentos. Las copias simples  serán  aceptadas,  estén  o  no  certificadas  por  notarios,  funcionarios  o  servidores públicos  en  el ejercicio  de  sus  funciones  y  tendrán    el  mismo  valor  que  los  documentos originales para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a la tramitación de procedimientos administrativos seguidos ante cualquier entidad. Sólo se exigirán copias autenticadas por fedatarios institucionales en los casos en que sea razonablemente indispensable.

 

 

 

 

41.1.2 Traducciones simples con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, en lugar de traducciones oficiales.

 

 

 

 

41.1.3 Las expresiones escritas del administrado contenidas en declaraciones con carácter jurado mediante las cuales afirman su situación o estado favorable en relación con los requisitos  que  solicita  la  entidad,  en  reemplazo  de  certificaciones  oficiales  sobre  las condiciones   especiales   del   propio   administrado,   tales   como   antecedentes   policiales, certificados de buena conducta, de domicilio, de supervivencia, de orfandad, de viudez, de pérdida de documentos, entre otros.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         Ley N° 28882, Art.1

 

R. DEFENSORIAL N° 0046-2006-DP, Art. Duodécimo, 12.6 (Aprueban

Informe Defensorial Nº 107-2006/DP “El Derecho a la Identidad y el ciclo de la Documentación, Segunda Supervisión 2005-2006”)

 

41.1.4  Instrumentos privados, boletas notariales o copias simples de las escrituras públicas, en vez de instrumentos públicos de cualquier naturaleza, o testimonios notariales, respectivamente.

 

 

 

 

41.1.5 Constancias originales suscritas por profesionales independientes debidamente identificados en reemplazo de certificaciones oficiales acerca de las condiciones especiales del administrado o  de  sus intereses cuya apreciación requiera especiales actitudes técnicas o profesionales para reconocerlas, tales como certificados de salud o planos arquitectónicos, entre otros.   Se tratará de profesionales colegiados sólo cuando la norma que regula los requisitos del procedimiento así lo exija.

 

 

 

 

41.1.6 Copias fotostáticas de formatos oficiales o una reproducción particular de ellos elaborada por el administrador respetando integralmente la estructura de los definidos por la autoridad, en sustitución de los formularios oficiales aprobados por la propia entidad para el suministro de datos.

 

 

 

 

41.2 La presentación y admisión de los sucedáneos documentales, se hace al amparo del principio de presunción de veracidad y conlleva la realización obligatoria de acciones de fiscalización posterior a cargo de dichas entidades.

 

 

 

 

41.3 Lo dispuesto en el presente artículo es aplicable aun cuando una norma expresa disponga la presentación de documentos originales.

 

 

 

 

41.4 Las disposiciones contenidas en este artículo no limitan el derecho del administrado a presentar la documentación prohibida de exigir, en caso de ser considerado conveniente a su derecho.

 

 

 

 

Artículo 42.- Presunción de veracidad

 

 

 

 

42.1 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario.

 

42.2 En caso de las traducciones de parte, así como los informes o constancias profesionales o técnicas presentadas como sucedáneos de documentación oficial, dicha responsabilidad alcanza solidariamente a quien los presenta y a los que los hayan expedido.

 

 

 

 

CONCORDANCIA:           R.D. N° 38-2007-MINCETUR-VMT-DGJCMT, Quinta Disp.Final

 

 

 

 

Artículo 43.- Valor de documentos públicos y privados

 

 

 

 

43.1 Son considerados documentos públicos aquellos emitidos válidamente por los órganos de las entidades.

 

 

 

 

43.2 La copia de cualquier documento público goza de la misma validez y eficacia que éstos, siempre que exista constancia de que es auténtico.

 

 

 

 

43.3 La  copia  del  documento  privado cuya  autenticidad  ha  sido  certificada por  el fedatario, tiene validez y eficacia plena, exclusivamente en el ámbito de actividad de la entidad que la autentica.

 

 

 

 

CONCORDANCIA:           D.S. N° 086-2003-EF, Art. 5

 

 

 

 

Artículo 44.- Derecho de tramitación

 

 

 

 

44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada procedimiento.

 

 

 

 

44.2 Son condiciones para la procedencia de este cobro: que la entidad esté facultada para exigirlo por una norma con rango de ley y que esté consignado en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos.

 

44.3 No procede establecer cobros por derecho de tramitación para procedimientos iniciados de oficio, ni en aquellos en los que son ejercidos el derecho de petición graciable o el de denuncia ante la entidad por infracciones funcionales de sus propios funcionarios o que deban ser conocidas por las Oficinas de Auditoría Interna.

 

 

 

 

44.4 No pueden dividirse los procedimientos ni establecerse cobro por etapas.

 

 

 

 

44.5 La entidad está obligada a reducir los derechos de tramitación en los procedimientos administrativos si, como producto de su tramitación, se hubieren generado excedentes económicos en el ejercido anterior.

 

 

 

 

44.6 Mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas se precisará los criterios y procedimientos para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos que brinda la administración y para la fijación de los derechos de tramitación.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         Ley N° 29022, Art. 7

 

R. Nº 022-2008-DP

 

 

 

 

Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación

 

 

 

 

45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de producción de documentos que expida la entidad.  Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la oficina de administración de cada entidad.

 

 

 

 

Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen de excepción, el cual será establecido mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas.

 

 

 

 

45.2 Las entidades no pueden establecer pagos diferenciados para dar preferencia o tratamiento especial a una solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo tipo, ni discriminar en función al tipo de administrado que siga el procedimiento.

 

 

 

CONCORDANCIAS:         Ley N° 29022, Art. 7

 

R. Nº 022-2008-DP

 

D.S. N° 026-2008-VIVIENDA, Art. 14

 

 

 

 

Artículo 46.- Cancelación de los derechos de tramitación

 

La forma de cancelación de los derechos de tramitación es establecida en el TUPA institucional,  debiendo  tender  a  que  el  pago  a  favor  de  la  entidad  pueda  ser  realizado mediante  cualquier  forma  dineraria  que  permita  su  constatación,  incluyendo  abonos  en cuentas bancarias o transferencias electrónicas de fondos.

 

 

 

 

Artículo 47.- Reembolso de gastos administrativos

 

 

 

 

47.1   Sólo   procede   el   reembolso   de   gastos   administrativos   cuando   una   ley expresamente lo autoriza.

 

 

 

 

Son   gastos   administrativos   aquellos   ocasionados   por   actuaciones   específicas solicitados por el administrado dentro del procedimiento.   Se solicita una vez iniciado el procedimiento administrativo y es de cargo del administrado que haya solicitado la actuación o de todos los administrados, si el asunto fuera de interés común; teniendo derecho a constatar y, en su caso, a observar, el sustento de los gastos a reembolsar.

 

47.2 No existe condena de costas en ningún procedimiento administrativo. Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo

La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin perjuicio de las facultades atribuidas a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de la Competencia y Defensa de la Propiedad Intelectual, en el Artículo 26

BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen sobre el tema.

 

Sin embargo, cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o resolución  ministerial,  el  INDECOPI  elevará  un  informe  a  la  Presidencia  del  Consejo  de Ministros para su elevación al Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Igual caso se aplicará cuando la presunta barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza Municipal, debiendo elevar, en este caso, el informe al Concejo Municipal, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. (*)(**)

 

 

 

 

(*) Párrafo derogado por la Sétima Disposición Complementaria de la Ley N° 28015, publicada el 03-07-2003.

 

 

 

 

(**) Párrafo posteriormente modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 28032, publicada el 19-

07-2003, que  asimismo  incorpora  como tercer y cuarto párrafo del  presente Artículo,  los textos siguientes:

 

 

 

 

"Sin embargo, cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado la barrera burocrático ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del Informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de carácter general la Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según corresponda, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la autoridad municipal o regional correspondiente.(*)

 

 

 

 

(*) Párrafo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 28996, publicada el 04 abril 2007, cuyo texto es el siguiente:

 

 

 

 

"Cuando  en  un  asunto  de  competencia  de  la  Comisión  de  Acceso  al  Mercado,  la barrera burocrática haya sido establecida por un decreto supremo, una  resolución ministerial o  una  norma  municipal  o  regional  de  carácter  general,  dicha  Comisión  se  pronunciará, mediante  resolución,  disponiendo  su  inaplicación  al  caso  concreto.  La  resolución  de  la Comisión podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI."

 

Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente.(*)

 

 

 

 

(*) Párrafo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 28996, publicada el 04 abril 2007, cuyo texto es el siguiente:

 

 

 

 

"Sin perjuicio de la inaplicación al caso concreto, la resolución será notificada a la entidad estatal que emitió la norma para que pueda disponer su modificación o derogación. "

 

 

 

 

Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven expresamente mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. En caso de tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas regionales de carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus funciones previstas en el inciso 2) del artículo 9 de la Ley Nº 26520."(*)

 

 

 

 

(*) Párrafo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 28996, publicada el 04 abril 2007, cuyo texto es el siguiente:

 

 

 

 

"Asimismo,  tratándose  de  procedimientos  iniciados  de  oficio  por  la  Comisión  de Acceso al Mercado, el INDECOPI podrá interponer la demanda de acción popular contra barreras burocráticas contenidas en decretos supremos, a fin de lograr su modificación o derogación  y,  con  el  mismo  propósito,  acudir  a  la  Defensoría  del  Pueblo  para  que  se interponga la demanda de inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en normas municipales y regionales de carácter general, que tengan rango de ley."

 

 

 

 

La Presidencia del Consejo de Ministros está facultada para:

 

 

 

 

1. Asesorar a las entidades en materia de simplificación administrativa y evaluar de manera permanente los procesos de simplificación administrativa al interior de las entidades, para lo cual podrá solicitar toda la información que requiera de éstas.

 

 

 

 

2. Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de la presente Ley.

 

 

 

3. Detectar los incumplimientos a las normas de la presente Ley y recomendar las modificaciones que considere pertinentes, otorgando a las entidades un plazo perentorio para la subsanación.

 

 

 

 

4. En caso de no producirse la subsanación, la Presidencia del Consejo de Ministros formulará las propuestas normativas requeridas para realizar las modificaciones que considere pertinentes y realizará las gestiones conducentes a hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios involucrados.

 

 

 

 

5. Detectar los casos de duplicidad de los procedimientos administrativos en las distintas entidades y proponer las medidas necesarias para su corrección.

 

 

 

 

6.   Dictar   Directivas   de   cumplimiento   obligatorio   tendientes   a   garantizar   el cumplimiento de las normas de la presente Ley.

 

 

 

 

7. Realizar las gestiones del caso conducentes a hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios por el incumplimiento de las normas del presente Capítulo, para lo cual cuenta con legitimidad para accionar ante las diversas entidades de la administración pública.

 

 

 

 

8. Establecer los mecanismos para la recepción de denuncias y otros mecanismos de participación de la ciudadanía. Cuando dichas denuncias se refieran a asuntos de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, se inhibirá de conocerlas y las remitirá directamente a ésta.

 

 

 

 

9. Aprobar el acogimiento de las entidades al régimen de excepción para el establecimiento de derechos de tramitación superiores a una (1) UIT.

 

 

 

 

10. Otras que señalen los dispositivos correspondientes.

 

 

 

 

Mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros se dictarán  las  medidas  reglamentarias  y  complementarias  para  la  implementación  de  lo dispuesto en el presente artículo.

 

 

 

CONCORDANCIAS:         D.S.  Nº  079-2007-PCM  (Aprueban  lineamientos  para  elaboración  y aprobación de TUPA y establecen disposiciones para el cumplimiento de la

 

Ley del Silencio Administrativo)

 

 

 

 

 

 

vigente


Artículo 49.- Régimen de entidades sin Texto Único de Procedimientos Administrativos

 

 

Cuando la entidad no cumpla con publicar su Texto Único de Procedimientos Administrativos, o lo publique omitiendo procedimientos, los administrados, sin perjuicio de hacer efectiva la responsabilidad de la autoridad infractora, quedan sujetos al siguiente régimen:

 

 

 

 

1. Respecto de los procedimientos administrativos que corresponde ser aprobados automáticamente, los administrados quedan liberados de la exigencia de iniciar ese procedimiento  para  obtener  la  autorización  previa,  para  realizar  su  actividad  profesional, social, económica o  laboral,  sin  ser  pasibles  de  sanciones  por  el  libre  desarrollo  de tales actividades. La suspensión de esta prerrogativa de la autoridad concluye a partir de la publicación del TUPA, sin efecto retroactivo.

 

 

 

 

2. Respecto de las demás materias sujetas a procedimiento de evaluación previa, se sigue el régimen previsto en cada caso por este Capítulo.

 

 

 

 

CAPÍTULO II

 

 

 

 

De los sujetos del procedimiento

 

 

 

 

Artículo 50.- Sujetos del procedimiento

 

Para los efectos del cumplimiento de las disposiciones del Derecho Administrativo, se entiende por sujetos del procedimiento a:

 

 

 

 

1. Administrados: la persona natural o jurídica que, cualquiera sea su calificación o situación procedimental, participa en el procedimiento administrativo. Cuando una entidad

 

interviene en un procedimiento como administrado, se somete a las normas que lo disciplinan en igualdad de facultades y deberes que los demás administrados

 

 

 

 

2. Autoridad administrativa: el agente de las entidades que bajo cualquier régimen jurídico, y ejerciendo potestades públicas conducen el inicio, la instrucción, la sustanciación, la resolución, la ejecución, o que de otro modo participan en la gestión de los procedimientos administrativos.

 

 

 

 

Subcapítulo I

 

 

 

 

De los administrados

 

 

 

 

Artículo 51.- Contenido del concepto administrado

 

Se   consideran   administrados   respecto   de   algún   procedimiento   administrativo concreto:

 

 

 

 

1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

 

 

 

 

2. Aquellos que, sin haber iniciado el procedimiento, posean derechos o intereses legítimos que pueden resultar afectados por la decisión a adoptarse.

 

 

 

 

Artículo 52.- Capacidad procesal

 

Tienen capacidad procesal ante las entidades las personas que gozan de capacidad jurídica conforme a las leyes.

 

 

 

 

Artículo 53.- Representación de personas jurídicas

 

Las personas jurídicas pueden intervenir en el procedimiento a través de sus representantes legales, quienes actúan premunidos de los respectivos poderes.

 

 

 

 

Artículo 54.- Libertad de actuación procesal

 

 

 

54.1 El administrado está facultado, en sus relaciones con las entidades, para realizar toda actuación que no le sea expresamente prohibida por algún dispositivo jurídico.

 

 

 

 

54.2 Para los efectos del numeral anterior, se entiende prohibido todo aquello que impida o perturbe los derechos de otros administrados, o el cumplimiento de sus deberes respecto al procedimiento administrativo.

 

 

 

 

Artículo 55.- Derechos de los administrados

 

Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento administrativo, los siguientes:

 

 

 

 

1. La precedencia en la atención del servicio público requerido, guardando riguroso orden de ingreso.

 

 

 

 

2. Ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades, en condiciones de igualdad con los demás administrados.

 

 

 

 

3. Acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin limitación alguna a la información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos en que sean partes y a obtener copias de los documentos contenidos en el mismo sufragando el costo que suponga su pedido, salvo las excepciones expresamente previstas por ley.

 

 

 

 

4. Acceder a la información gratuita que deben brindar las entidades del Estado sobre sus actividades orientadas a la colectividad, incluyendo sus fines, competencias, funciones, organigramas, ubicación de dependencias, horarios de atención, procedimientos y características.

 

 

 

 

5. A ser informados en los procedimientos de oficio sobre su naturaleza, alcance y, de ser previsible, del plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación.

 

6. Participar responsable y progresivamente en la prestación y control de los servicios públicos, asegurando su eficiencia y oportunidad.

 

 

 

 

7. Al cumplimiento de los plazos determinados para cada servicio o actuación y exigirlo así a las autoridades.

 

 

 

 

8. Ser asistidos por las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones.

 

 

 

 

9. Conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la entidad bajo cuya responsabilidad son tramitados los procedimientos de su interés.

 

 

 

 

10. A que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a cabo en la forma menos gravosa posible.

 

 

 

 

11. Al ejercicio responsable del derecho de formular análisis, críticas o a cuestionar las decisiones y actuaciones de las entidades.

 

 

 

 

12. A exigir la responsabilidad de las entidades y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente, y

 

 

 

 

13. Los demás derechos reconocidos por la Constitución o las leyes. CONCORDANCIAS:         D.S. N° 052-2008-PCM, Reglamento, Art. 42, num. 42.1

Artículo 56.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento

 

Los  administrados  respecto  del  procedimiento  administrativo,  así  como  quienes participen en él, tienen los siguientes deberes generales:

 

 

 

 

1. Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones

 

meramente   dilatorias,   o   de   cualquier   otro   modo   afectar   el   principio   de   conducta procedimental

 

 

 

 

2. Prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos.

 

 

 

 

3. Proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a identificar a otros administrados no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento.

 

 

 

 

4. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad.

 

 

 

 

Artículo 57.- Suministro de información a las entidades

 

 

 

 

57.1 Los administrados están facultados para proporcionar a las entidades la información y documentos vinculados a sus peticiones o reclamos que estimen necesarios para obtener el pronunciamiento.

 

 

 

 

57.2 En los procedimientos investigatorios, los administrados están obligados a facilitar la información y documentos que conocieron y fueren razonablemente adecuados a los objetivos de la actuación para alcanzar la verdad material, conforme a lo dispuesto en el capítulo sobre la instrucción.

 

 

 

 

Artículo 58.- Comparecencia personal

 

 

 

 

58.1 Las entidades pueden convocar la comparecencia personal a su sede de los administrados sólo cuando así le haya sido facultado expresamente por ley.

 

 

 

 

58.2  Los  administrados  pueden  comparecer  asistidos  por  asesores  cuando  sea necesario para la mejor exposición de la verdad de los hechos.

 

58.3 A solicitud verbal del administrado, la entidad entrega al final del acto, constancia de su comparecencia y copia del acta elaborada.

 

 

 

 

Artículo 59.- Formalidades de la comparecencia

 

 

 

 

59.1 El citatorio se rige por el régimen común de la notificación, haciendo constar en ella lo siguiente:

 

 

 

 

59.1.1 El nombre y la dirección del órgano que cita, con identificación de la autoridad requirente;

 

 

 

 

59.1.2 El objeto y asunto de la comparecencia;

 

 

 

 

59.1.3 Los nombres y apellidos del citado;

 

 

 

 

59.1.4 El día y hora en que debe comparecer el citado, que no puede  ser antes del tercer día de recibida la citación, y, en caso de ser previsible, la duración máxima que demande su presencia. Convencionalmente puede fijarse el día y hora de comparecencia;

 

 

 

 

59.1.5 La  disposición legal que faculta al órgano a realizar esta citación; y,

 

 

 

 

59.1.6 El apercibimiento, en caso de inasistencia al requerimiento.

 

 

 

 

59.2 La comparecencia debe ser realizada, en lo posible, de modo compatible con las obligaciones laborales o profesionales de los convocados.

 

 

 

 

59.3 El citatorio que infringe alguno de los requisitos indicados no surte efecto, ni obliga a su asistencia a los administrados.

 

 

 

 

Artículo 60.- Terceros administrados

 

 

 

60.1 Si durante la tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de terceros  determinados  no  comparecientes  cuyos  derechos  o  intereses  legítimos  puedan resultar afectados con la resolución que sea emitida, dicha tramitación y lo actuado les deben ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte conocido, sin interrumpir el procedimiento.

 

 

 

 

60.2 Respecto de terceros administrados no determinados, la citación es realizada mediante publicación o, cuando corresponda, mediante la realización del trámite de información pública o audiencia pública, conforme a esta Ley.

 

 

 

 

60.3  Los  terceros  pueden  apersonarse  en  cualquier  estado  del  procedimiento, teniendo los mismos derechos y obligaciones de los participantes en él.

 

 

 

 

Subcapítulo II

 

 

 

 

De la autoridad administrativa: Principios generales y competencia

 

 

 

 

 

 

Artículo 61.- Fuente de competencia administrativa

 

 

 

 

61.1 La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las normas administrativas que de aquéllas se derivan.

 

 

 

 

61.2  Toda  entidad  es  competente  para  realizar  las  tareas  materiales  internas necesarias  para  el  eficiente  cumplimiento  de  su  misión  y  objetivos,  así  como  para  la distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia.

 

 

 

 

Artículo 62.- Presunción de competencia desconcentrada

 

 

 

 

62.1 Cuando una norma atribuya a una entidad alguna competencia o facultad sin especificar  qué  órgano  a su  interior  debe ejercerla,  debe  entenderse  que  corresponde  al

 

órgano de inferior jerarquía de función más similar vinculada a ella en razón de la materia y de territorio, y, en caso de existir varios órganos posibles, al superior jerárquico común.

 

 

 

 

62.2 Particularmente compete a estos órganos resolver los asuntos que consistan en la simple confrontación de hechos con normas expresas o asuntos tales como: certificaciones, inscripciones, remisiones al archivo, notificaciones, expedición de copias certificadas de documentos, comunicaciones o la devolución de documentos.

 

 

 

 

62.3 Cada entidad es competente para realizar tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos.

 

 

 

 

Artículo 63.- Carácter inalienable de la competencia administrativa

 

 

 

 

63.1  Es  nulo  todo  acto  administrativo o  contrato que  contemple  la  renuncia  a  la titularidad, o la abstención del ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano administrativo.

 

 

 

 

63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa.

 

 

 

 

63.3 La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no ejercicio cuando ello corresponda, constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad respectiva.

 

 

 

 

Artículo 64.- Conflicto con la función jurisdiccional

 

 

 

 

64.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas.

 

64.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio.

 

 

 

 

La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superior jerárquico, si lo hubiere, aun cuando no medie apelación. Si es confirmada la resolución inhibitoria es comunicada al Procurador Público correspondiente para que, de ser el caso y convenir a los intereses del Estado, se apersone al proceso.

 

 

 

 

Artículo 65.- Ejercicio de la competencia

 

 

 

 

65.1 El ejercicio de la competencia es una obligación directa del órgano administrativo que  la  tenga  atribuida  como  propia,  salvo  el  cambio  de  competencia  por  motivos  de delegación o evocación, según lo previsto en esta Ley.

 

 

 

 

65.2 El encargo de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia.

 

 

 

 

65.3 No puede ser cambiada, alterada o modificada la competencia de las entidades consagradas en la Constitución.

 

 

 

 

Artículo 66.- Cambios de competencia por motivos organizacionales

 

Si durante la tramitación de un procedimiento administrativo, la competencia para conocerlo es transferida a otro órgano o entidad administrativa por motivos organizacionales, en éste continuará el procedimiento sin retrotraer etapas ni suspender plazos.

 

 

 

 

 

CONCORDANCIA:           R. Nº 640-2007-OS-CD Segunda Disp.Trans.Final y Compl. (Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de OSINERGMIN)

 

 

 

 

Artículo 67.- Delegación de competencia

 

67.1 Las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a sus órganos en otras entidades cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial que lo hagan conveniente.

 

 

 

 

67.2  Son  indelegables  las  atribuciones  esenciales  del  órgano  que  justifican  su existencia,  las  atribuciones para emitir normas generales,  para resolver recursos administrativos  en  los  órganos  que  hayan  dictado  los  actos  objeto  de  recurso,  y  las atribuciones a su vez recibidas en delegación.

 

 

 

 

67.3 Mientras dure la delegación, no podrá el delegante ejercer la competencia que hubiese delegado, salvo los supuestos en que la ley permite la avocación.

 

 

 

 

67.4 Los actos  administrativos  emitidos  por  delegación  indican expresamente  esta circunstancia y son considerados emitidos por la entidad delegante.

 

 

 

 

67.5 La delegación se extingue:

 

 

 

 

a) Por revocación o avocación.

b) Por el cumplimiento del plazo o la condición previstos en el acto de delegación. Artículo 68.- Deber de vigilancia del delegante

 

El delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la gestión del delegado, y podrá ser responsable con éste por culpa en la vigilancia.

 

 

 

 

Artículo 69.- Avocación de competencia

 

 

 

 

69.1 Con carácter general, la ley puede considerar casos excepcionales de avocación de  conocimiento,  por  parte  de  los  superiores,  en razón  de  la  materia, o  de  la  particular estructura de cada entidad.

 

69.2 La entidad delegante podrá avocarse al conocimiento y decisión de cualquier asunto concreto que corresponda decidir a otra, en virtud de delegación.

 

 

 

 

Artículo 70.- Disposición común a la delegación y avocación de competencia

 

Todo cambio de competencia debe ser temporal, motivado, y estar su contenido referido a una serie de actos o procedimientos señalados en el acto que lo origina.  La decisión que se disponga deberá ser notificada a los administrados comprendidos en el procedimiento en curso con anterioridad a la resolución que se dicte.

 

 

 

 

Artículo 71.- Encargo de gestión

 

 

 

 

71.1 La realización de actividades con carácter material, técnico o de servicios de competencia de un órgano puede ser encargada a otros órganos o entidades por razones de eficacia, o cuando la encargada posea los medios idóneos para su desempeño por sí misma.

 

 

 

 

71.2 El encargo es formalizado mediante convenio, donde conste la expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten el plazo de vigencia, la naturaleza y su alcance.

 

 

 

 

71.3 El órgano encargante permanece con la titularidad de la competencia y con la responsabilidad por ella, debiendo supervisar la actividad.

 

 

 

 

71.4 Mediante norma con rango de ley, puede facultarse a las entidades a realizar encargos de gestión a personas jurídicas no estatales, cuando razones de índole técnico y presupuestado lo haga aconsejable bajo los mismos términos previstos en este artículo, dicho encargo deberá realizarse con sujeción al Derecho Administrativo.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         D.S. Nº 132-2005-EF, Art. 5

 

 

 

 

Artículo 72.- Delegación de firma

 

 

 

 

72.1 Los titulares de los órganos administrativos pueden delegar mediante comunicación escrita la firma de actos y decisiones de su competencia en sus inmediatos subalternos, o a los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan,

 

salvo en caso de resoluciones de procedimientos sancionadores, o aquellas que agoten la vía administrativa.

 

 

 

 

72.2 En caso de delegación de firma, el delegante es el único responsable y el delegado se limita a firmar lo resuelto por aquél.

 

 

 

 

72.3 El delegado suscribe los actos con la anotación “por”, seguido del nombre y cargo del delegante.

 

 

 

 

Artículo 73.- Suplencia

 

 

 

 

73.1 El desempeño de los cargos de los titulares de los órganos administrativos puede ser suplido temporalmente en caso de vacancia o ausencia justificada, por quien designe la autoridad competente para efectuar el nombramiento de aquéllos.

 

 

 

 

73.2 El suplente sustituye al titular para todo efecto legal, ejerciendo las funciones del órgano con la plenitud de los poderes y deberes que las mismas contienen.

 

 

 

 

73.3 Si no es designado titular o suplente, el cargo es asumido transitoriamente por quien le sigue en jerarquía en dicha unidad; y ante la existencia de más de uno con igual nivel, por quien desempeñe el cargo con mayor vinculación a la gestión del área que suple; y, de persistir la equivalencia, el de mayor antigüedad; en todos los casos con carácter de interino.

 

 

 

 

Artículo 74.- Desconcentración

 

 

 

 

74.1 La titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los órganos administrativos se desconcentra en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos, siguiendo los criterios establecidos en la presente Ley.

 

 

 

 

74.2 Los órganos de dirección de las entidades se encuentran liberados de cualquier rutina de ejecución, de emitir comunicaciones ordinarias y de las tareas de formalización de actos   administrativos,   con   el   objeto   de   que   puedan   concentrarse   en   actividades  de

 

planeamiento, supervisión, coordinación, control interno de su nivel y en la evaluación de resultados.

 

 

 

 

74.3 A los órganos jerárquicamente dependientes se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con el objeto de aproximar a los administrados las facultades administrativas que conciernan a sus intereses.

 

 

 

 

74.4  Cuando  proceda  la  impugnación  contra  actos  administrativos  emitidos  en ejercicio de competencia desconcentrada, corresponderá resolver a quien las haya transferido, salvo disposición legal distinta.

 

 

 

 

Artículo 75.- Deberes de las autoridades en los procedimientos

 

Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes:

 

 

 

 

1. Actuar dentro del ámbito de su competencia y conforme a los fines para los que les fueron conferidas sus atribuciones.

 

 

 

 

2. Desempeñar sus funciones siguiendo los principios del procedimiento administrativo previstos en el Título Preliminar de esta Ley.

 

 

 

 

3. Encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos.

 

 

 

 

4. Abstenerse de exigir a los administrados el cumplimiento de requisitos, la realización de trámites, el suministro de información o la realización de pagos, no previstos legalmente.

 

 

 

 

5. Realizar las actuaciones a su cargo en tiempo hábil, para facilitar a los administrados el ejercicio oportuno de los actos procedimentales de su cargo.

 

 

 

 

6. Resolver explícitamente todas las solicitudes presentadas, salvo en aquellos procedimientos de aprobación automática.

 

 

 

7.   Velar   por   la   eficacia   de   las   actuaciones   procedimentales,   procurando   la simplificación en sus trámites, sin más formalidades que las esenciales para garantizar el respeto a los derechos de los administrados o para propiciar certeza en las actuaciones.

 

 

 

 

 

8. Interpretar las normas administrativas de forma que mejor atienda el fin público al cual se dirigen, preservando razonablemente los derechos de los administrados.

 

 

 

 

9. Los demás previstos en la presente Ley o derivados del deber de proteger, conservar y brindar asistencia a los derechos de los administrados, con la finalidad de preservar su eficacia.

 

 

 

 

Subcapítulo III

 

 

 

 

Colaboración entre entidades

 

 

 

 

Artículo 76.- Colaboración entre entidades

 

 

 

 

76.1 Las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a la competencia propia señalada por ley.

 

 

 

 

76.2 En atención al criterio de colaboración las entidades deben:

 

 

 

 

76.2.1 Respetar el ejercicio de competencia de otras entidades, sin cuestionamientos fuera de  los niveles institucionales.

 

 

 

 

76.2.2 Proporcionar directamente los datos e información que posean, sea cual fuere su  naturaleza jurídica o posición institucional, a través de cualquier medio, sin más limitación que la establecida por la Constitución o la ley, para lo cual se propenderá a la interconexión de equipos de procesamiento electrónico de información, u otros medios similares.

 

CONCORDANCIAS:         R.M. N° 381-2008-PCM (Aprueban lineamientos y mecanismos para implementar la interconexión de equipos de procesamiento electrónico de información entre las entidades del Estado)

 

 

 

 

76.2.3 Prestar en el ámbito propio la cooperación y asistencia activa que otras entidades puedan necesitar para el cumplimiento de  sus propias funciones, salvo que les ocasione gastos elevados o ponga en peligro el cumplimiento de sus propias funciones.

 

 

 

 

76.2.4 Facilitar a las entidades los medios de prueba que se encuentren en su poder, cuando les sean solicitados para el mejor cumplimiento de sus deberes, salvo disposición legal en contrario.

 

 

 

 

"76.3 En los procedimientos sujetos a silencio administrativo positivo el plazo para resolver quedará suspendido cuando una entidad requiera la colaboración de otra para que le proporcione la información prevista en los numerales 76.2.3 y 76.2.4, siempre que ésta sea indispensable para la resolución del procedimiento administrativo. El plazo de suspensión no podrá exceder el plazo dispuesto en el numeral 3 del artículo 132 de la presente Ley." (*)

 

 

 

 

(*) Numeral incluido por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008.

 

 

 

 

"76.4 Cuando una entidad solicite la colaboración de otra entidad deberá notificar al administrado dentro de los 3 días siguientes de requerida la información”. (*)

 

 

 

 

(*) Numeral incluido por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008.

 

 

 

 

CONCORDANCIA:           R.J. N° 199-2003-INEI, Num. 7.2

 

 

 

 

Artículo 77.- Medios de colaboración interinstitucional

 

77.1 Las entidades están facultadas para dar estabilidad a la colaboración interinstitucional  mediante  conferencias  entre  entidades  vinculadas,  convenios  de colaboración u otros medios legalmente admisibles.

 

 

 

 

77.2 Las conferencias entre entidades vinculadas permiten a aquellas entidades que correspondan a una misma problemática administrativa, reunirse para intercambiar mecanismos de solución, propiciar la colaboración institucional en aspectos comunes específicos y constituir instancias de cooperación bilateral.

 

 

 

 

Los acuerdos serán formalizados cuando ello lo amerite, mediante acuerdos suscritos por los representantes autorizados.

 

 

 

 

77.3. Por los convenios de colaboración, las entidades a través de sus representantes autorizados, celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con cláusula expresa de libre adhesión y separación.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         R.J. N° 199-2003-INEI, Num. 7.2

 

R. N° 569-2006-MP-FN, Art. Tercero

 

 

 

 

Artículo 78.- Ejecución de la colaboración entre autoridades

 

 

 

 

78.1 La procedencia de la colaboración solicitada es regulada conforme a las normas propias de la autoridad solicitante, pero su cumplimiento es regido por las normas propias de la autoridad solicitada.

 

 

 

 

78.2 La autoridad solicitante de la colaboración responde exclusivamente por la legalidad de lo solicitado y por el empleo de sus resultados.  La autoridad solicitada responde de la ejecución de la colaboración efectuada.

 

 

 

 

CONCORDANCIA:           R.J. N° 199-2003-INEI, Num. 7.2

 

 

 

 

Artículo 79.- Costas de la colaboración

 

 

 

 

 

(*)


79.1 La solicitud de colaboración no determina el pago de tasa administrativa alguna.

 

 

 

 

 

(*) Numeral modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 28160, publicada el 08-01-2004, cuyo texto es el siguiente:

 

 

 

 

"79.1 La solicitud de colaboración no determina el pago de tasa por dicho concepto, sin perjuicio del pago de las tasas regulares.” (*)

 

 

 

 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008.

 

 

 

 

"79.1 La solicitud de colaboración no genera el pago de tasas, derechos administrativos o de cualquier otro concepto que implique pago alguno, entre entidades de la administración pública"

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         D.S. N° 020-2008-PRODUCE, Reglamento del D.Leg. N° 1032, Art. 20, num. 20.1

 

 

 

 

79.2 A petición de la autoridad solicitada, la autoridad solicitante de otra entidad tendrá que pagar a ésta los gastos efectivos realizados cuando las acciones se encuentren fuera del ámbito de actividad ordinaria de la entidad.

 

 

 

 

CONCORDANCIA:           R. N° 569-2006-MP-FN, Art. Tercero

 

 

 

 

Subcapítulo IV

 

 

 

 

Conflictos de competencia y abstención

 

 

 

 

Artículo 80.- Control de competencia

 

Recibida la solicitud o la disposición de autoridad superior, según el caso, para iniciar un procedimiento, las autoridades de oficio deben asegurarse de su propia competencia para proseguir con el normal desarrollo del procedimiento, siguiendo los criterios aplicables al caso de la materia, el territorio, el tiempo, el grado o la cuantía.

 

 

 

 

Artículo 81.- Conflictos de competencia

 

 

 

 

81.1 La incompetencia puede ser declarada de oficio, una vez apreciada conforme al artículo anterior o a instancia de los administrados, por el órgano que conoce del asunto o por el superior jerárquico.

 

 

 

 

81.2 En ningún caso, los niveles inferiores pueden sostener competencia con un superior debiéndole, en todo caso, exponer las razones para su discrepancia.

 

 

 

 

Artículo 82.- Declinación de competencia

 

 

 

 

82.1 El órgano administrativo que se estime incompetente para la tramitación o resolución de un asunto remite directamente las actuaciones al órgano que considere competente, con conocimiento del administrado.

 

 

 

 

82.2 El órgano que declina su competencia, a solicitud de parte y hasta antes que otro asuma, puede adoptar las medidas cautelares necesarias para evitar daños graves o irreparables a la entidad o a los administrados, comunicándolo al órgano competente.

 

 

 

 

Artículo 83.- Conflicto negativo de competencia

 

En caso de suscitarse conflicto negativo de competencia, el expediente es elevado al órgano inmediato superior para que resuelva el conflicto.

 

 

 

 

Artículo 84.- Conflicto positivo de competencia

 

 

 

 

84.1 El órgano que se considere competente requiere de inhibición al que está conociendo del asunto, el cual si está de acuerdo, envía lo actuado a la autoridad requiriente para que continúe el trámite.

 

 

 

84.2 En caso de sostener su competencia la autoridad requerida, remite lo actuado al superior inmediato para que dirima el conflicto.

 

 

 

 

Artículo 85.- Resolución de conflicto de competencia

 

En todo conflicto de competencia, el órgano a quien se remite el expediente dicta resolución irrecurrible dentro del plazo de cuatro días.

 

 

 

 

Artículo 86.- Competencia para resolver conflictos

 

 

 

 

86.1 Compete resolver los conflictos positivos o negativos de competencia de una misma entidad, al superior jerárquico común, y, si no lo hubiere, al titular de la entidad.

 

 

 

 

86.2  Los  conflictos  de  competencia  entre  autoridades  de  un  mismo  Sector  son resueltos  por  el  responsable  de  éste,  y  los  conflictos  entre  otras  autoridades  del  Poder Ejecutivo son resueltos por la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante decisión inmotivada; sin ser llevada por las autoridades en ningún caso a los tribunales.

 

 

 

 

86.3 Los conflictos de competencia entre otras entidades se resuelven conforme a lo que disponen la Constitución y las leyes.

 

 

 

 

Artículo 87.- Continuación del procedimiento

 

Luego de resuelto el conflicto de competencia, el órgano que resulte competente para conocer el asunto continúa el procedimiento según su estado y conserva todo lo actuado, salvo aquello que no sea jurídicamente posible.

 

 

 

 

Artículo 88.- Causales de abstención

 

La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, en los siguientes casos:

 

1. Si es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con cualquiera   de   los   administrados   o   con   sus   representantes,   mandatarios,   con   los administradores de sus empresas, o con quienes les presten servicios.

 

 

 

 

2. Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo procedimiento, o si como autoridad hubiere manifestado previamente su parecer sobre el mismo, de modo que  pudiera  entenderse que  se  ha pronunciado  sobre  el  asunto, salvo  la rectificación  de errores o la decisión del recurso de reconsideración.

 

 

 

 

3. Si personalmente, o bien su cónyuge o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere interés en el asunto de que se trate o en otra semejante, cuya resolución pueda influir en la situación de aquél.

 

 

 

 

4. Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con cualquiera de los administrados intervinientes en el procedimiento, que se hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el procedimiento.

 

 

 

 

5. Cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos dos años, relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los administrados o terceros directamente interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una concertación de negocios con alguna de las partes, aun cuando no se concrete posteriormente.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         D. S. N° 004-2008-MINCETUR, Art. 38

 

 

 

 

Artículo 89.- Promoción de la abstención

 

 

 

 

89.1 La autoridad que se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo anterior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en que comenzó a conocer el asunto, o en que conoció la causal sobreviniente, plantea su abstención en escrito razonado, y remite lo actuado al superior jerárquico inmediato, al presidente del órgano colegiado o al pleno, según el caso, para que sin más trámite, se pronuncie sobre la abstención dentro del tercer día.

 

89.2 Cuando la autoridad no se abstuviera a pesar de existir alguna de las causales expresadas, el administrado puede hacer conocer dicha situación al titular de la entidad, o al pleno, si fuere órgano colegiado, en cualquier momento.

 

 

 

 

CONCORDANCIA:           R. Nº 218-2007-SUNARP-SN, Primera Disp.Comp. y Final

 

 

 

 

Artículo 90.- Disposición superior de abstención

 

 

 

 

90.1   El   superior   jerárquico   inmediato   ordena,   de   oficio,   o   a   pedido   de   los administrados, la abstención del agente incurso en alguna de las causales a que se refiere el Artículo 89 de la presente Ley.

 

 

 

 

90.2 En este mismo acto designa a quien continuará conociendo del asunto, preferentemente entre autoridades de igual jerarquía, y le remitirá el expediente.

 

 

 

 

90.3 Cuando no hubiere otra autoridad pública apta para conocer del asunto, el superior optará por habilitar a una autoridad ad hoc, o disponer que el incurso en causal de abstención tramite y resuelva el asunto, bajo su directa supervisión.

 

 

 

 

Artículo 91.- Consecuencias de la no abstención

 

 

 

 

91.1 La participación de la autoridad en el que concurra cualquiera de las causales de abstención, no implica necesariamente la invalidez de los actos administrativos en que haya intervenido,  salvo  en  el  caso  en  que  resulte  evidente  la  imparcialidad  o  arbitrariedad manifiesta o que hubiera ocasionado indefensión al administrado.

 

 

 

 

91.2 Sin perjuicio de ello, el superior jerárquico dispone el inicio de las acciones de responsabilidad administrativa, civil o penal contra la autoridad que no se hubiese abstenido de intervenir, conociendo la existencia de la causal.

 

 

 

 

Artículo 92.- Trámite de abstención

 

La tramitación de una abstención se realizará en vía incidental, sin suspender los plazos para resolver o para que opere el silencio administrativo.

 

 

 

Artículo 93.- Impugnación de la decisión

 

La resolución de esta materia no es impugnable en sede administrativa, salvo la posibilidad de alegar la no abstención, como fundamento del recurso administrativo contra la resolución final.

 

 

 

 

Artículo 94.- Apartamiento de la autoridad abstenida

 

La autoridad que por efecto de la abstención sea apartada del procedimiento, coopera para contribuir a la celeridad de la atención del procedimiento, sin participar en reuniones posteriores ni en la deliberación de la decisión.

 

 

 

 

Subcapítulo V Órganos colegiados

 

 

 

 

 

CONCORDANCIA:           Ley Nº 29152, Art. 5 num. 5.2

 

 

 

 

Artículo 95.- Régimen de los órganos colegiados

 

Se sujetan a las disposiciones del presente apartado, el funcionamiento interno de los órganos colegiados, permanentes o temporales de las entidades, incluidos aquellos en los que participen representantes de organizaciones gremiales, sociales o económicas no estatales.

 

 

 

 

Artículo 96.- Autoridades de los órganos colegiados

 

 

 

 

96.1 Cada órgano colegiado de las entidades es representado por un Presidente, a cargo de asegurar la regularidad de las deliberaciones y ejecutar sus acuerdos, y cuenta con un Secretario,  a  cargo  de  preparar  la  agenda,  llevar,  actualizar  y  conservar  las  actas  de  las sesiones, comunicar los acuerdos, otorgar copias y demás actos propios de la naturaleza del cargo.

 

96.2 A falta de nominación expresa en la forma prescrita por el ordenamiento, los cargos  indicados  son  elegidos  por  el  propio  órgano  colegiado  entre  sus  integrantes,  por mayoría absoluta de votos.

 

 

 

 

96.3 En caso de ausencia justificada, pueden ser sustituidos con carácter provisional por los suplentes o, en su defecto, por quien el colegiado elija entre sus miembros.

 

 

 

 

Artículo 97.- Atribuciones de los miembros

 

Corresponde a los miembros de los órganos colegiados:

 

 

 

 

1. Recibir con la antelación prudencial, la convocatoria a las sesiones, con la agenda conteniendo el orden del día y la información suficiente sobre cada tema, de manera que puedan conocer las cuestiones que deban ser debatidas.

 

 

 

 

2. Participar en los debates de las sesiones.

 

 

 

 

3.  Ejercer  su  derecho  al  voto  y  formular  cuando  lo  considere  necesario  su  voto singular, así como expresar los motivos que lo justifiquen. La fundamentación de un voto singular puede  ser realizada en el mismo momento o entregarse por escrito hasta el día siguiente.

 

 

 

 

4. Formular peticiones de cualquier clase, en particular para incluir temas en la agenda, y formular preguntas durante los debates.

 

 

 

 

5. Recibir y obtener copia de cualquier documento o acta de las sesiones del órgano colegiado.

 

 

 

 

Artículo 98.- Régimen de las sesiones

 

 

 

 

98.1 Todo colegiado se reúne ordinariamente con la frecuencia y en el día que indique su ordenamiento; y, a falta de ambos, cuando él lo acuerde.

 

98.2 La convocatoria de los órganos colegiados corresponde al Presidente y debe ser notificada conjuntamente con la agenda del orden del día con una antelación prudencial, salvo las sesiones de urgencia o periódicas en fecha fija, en que podrá obviarse la convocatoria.

 

 

 

 

98.3 No obstante, queda válidamente constituido sin cumplir los requisitos de convocatoria  u  orden  del  día,  cuando  se  reúnan  todos  sus  miembros  y  acuerden  por unanimidad iniciar la sesión.

 

 

 

 

98.4 Iniciada la sesión, no puede ser objeto de acuerdo ningún asunto fuera del orden del día, salvo que estén presentes todos los integrantes del órgano colegiado y aprueben mediante su voto unánime la inclusión, en razón a la urgencia de adoptar acuerdo sobre ello.

 

 

 

 

Artículo 99.- Quórum para sesiones

 

 

 

 

99.1 El quórum para la instalación y sesión válida del órgano colegiado es la mayoría absoluta de sus componentes.

 

 

 

 

99.2 Si no existiera quórum para la primera sesión, el órgano se constituye en segunda convocatoria el día siguiente de la señalada para la primera, con un quórum de la tercera parte del número legal de sus miembros, y en todo caso, en número no inferior a tres.

 

 

 

 

99.3 Instalada una sesión, puede ser suspendida sólo por fuerza mayor, con cargo a continuarla en la fecha y lugar que se indique al momento de suspenderla. De no ser posible indicarlo en la misma sesión, la Presidencia convoca la fecha de reinicio notificando a todos los miembros con antelación prudencial.

 

 

 

 

CONCORDANCIA:           D.S. N° 050-2007-EF, Novena Disp.Comp.Final

 

 

 

 

Artículo 100.- Quórum para votaciones

 

 

 

 

100.1 Los acuerdos son adoptados por los votos de la mayoría de asistentes al tiempo de la votación en la sesión respectiva, salvo que la ley expresamente establezca una regla distinta; correspondiendo a la Presidencia voto dirimente en caso de empate.

 

 

 

100.2 Los miembros del órgano colegiado que expresen votación distinta a la mayoría deben hacer constar en acta su posición y los motivos que la justifiquen.  El Secretario hará constar este voto en el acta junto con la decisión adoptada.

 

 

 

 

100.3 En caso de órganos colegiados consultivos o informantes, al acuerdo mayoritario se acompaña el voto singular que hubiere.

 

 

 

 

Artículo 101.- Obligatoriedad del voto

 

 

 

 

101.1 Salvo disposición legal en contrario, los integrantes de órganos colegiados asistentes a la sesión y no impedidos legalmente de intervenir, deben afirmar su posición sobre la propuesta en debate, estando prohibido inhibirse de votar.

 

 

 

 

101.2 Cuando la abstención de voto sea facultada por ley, tal posición deberá ser fundamentada por escrito.

 

 

 

 

Artículo 102.- Acta de sesión

 

 

 

 

102.1 De cada sesión es levantada un acta, que contiene la indicación de los asistentes, así  como  del  lugar y  tiempo en  que  ha  sido  efectuada,  los  puntos  de  deliberación, cada acuerdo por separado, con indicación de la forma y sentido de los votos de todos los participantes. El acuerdo expresa claramente el sentido de la decisión adoptada y su fundamento.

 

 

 

 

102.2 El acta es leída y sometida a la aprobación de los miembros del órgano colegiado al final de la misma sesión o al inicio de la siguiente, pudiendo no obstante el Secretario certificar  los  acuerdos  específicos ya  aprobados,  así  como  el  pleno  autorizar  la  ejecución inmediata de lo acordado.

 

 

 

 

102.3 Cada acta, luego de aprobada, es firmada por el Secretario, el Presidente, por quienes hayan votado singularmente y por quienes así lo soliciten.

 

CONCORDANCIA:           Ley Nº 29152, Art. 5 num. 5.2

 

 

 

 

CAPÍTULO III

 

 

 

 

Iniciación del procedimiento

 

 

 

 

Artículo 103.- Formas de iniciación del procedimiento

 

El procedimiento administrativo es promovido de oficio por el órgano competente o instancia del administrado, salvo que por disposición legal o por su finalidad corresponda ser iniciado exclusivamente de oficio o a instancia del interesado.

 

 

 

 

Artículo 104.- Inicio de oficio

 

 

 

 

104.1 Para el inicio de oficio de un procedimiento debe existir disposición de autoridad superior que la fundamente en ese sentido, una motivación basada en el cumplimiento de un deber legal o el mérito de una denuncia.

 

 

 

 

104.2 El inicio de oficio del procedimiento es notificado a los administrados determinados cuyos intereses o derechos protegidos puedan ser afectados por los actos a ejecutar, salvo en caso de fiscalización posterior a solicitudes o a su documentación, acogidos a la presunción de veracidad.  La notificación incluye la información sobre la naturaleza, alcance y de ser previsible, el plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación.

 

 

 

 

104.3 La notificación es realizada inmediatamente luego de emitida la decisión, salvo que la normativa autorice que sea diferida por su naturaleza confidencial basada en el interés público.

 

 

 

 

Artículo 105.- Derecho a formular denuncias

 

 

 

 

105.1 Todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que conociera contratos (*) NOTA SPIJ al ordenamiento, sin necesidad de

 

sustentar  la  afectación  inmediata  de  algún  derecho  o  interés  legítimo,  ni  que  por  esta actuación sea considerado sujeto del procedimiento.

 

 

 

 

105.2 La comunicación debe exponer claramente la relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la indicación de sus presuntos autores, partícipes y damnificados, el aporte de la evidencia o su descripción para que la administración proceda a su ubicación, así como cualquier otro elemento que permita su comprobación.

 

 

 

 

105.3 Su presentación obliga a practicar las diligencias preliminares necesarias y, una vez comprobada su verosimilitud, a iniciar de oficio la respectiva fiscalización. El rechazo de una denuncia debe ser motivado y comunicado al denunciante, si estuviese individualizado.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         R. N° 019-2007-SUNAT, Art. 2

 

R. N° 453-2007-CONSUCODE-PRE Artículo 106.- Derecho de petición administrativa

106.1  Cualquier  administrado,  individual  o  colectivamente,  puede  promover  por

escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado.

 

 

 

 

106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia.

 

 

 

 

106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal.

 

 

 

 

Artículo 107.- Solicitud en interés particular del administrado

 

Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente  o  hacerse  representar  ante  la  autoridad  administrativa,  para  solicitar  por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición.

 

 

 

 

Artículo 108.- Solicitud en interés general de la colectividad

 

 

 

 

108.1 Las personas naturales o jurídicas pueden presentar petición o contradecir actos ante la autoridad administrativa competente, aduciendo el interés difuso de la sociedad.

 

 

 

 

108.2 Comprende esta facultad la posibilidad de comunicar y obtener respuesta sobre la existencia de problemas, trabas u obstáculos normativos o provenientes de prácticas administrativas que afecten el acceso a las entidades, la relación con administrados o el cumplimiento de los principios procedimentales, así como a presentar alguna sugerencia o iniciativa dirigida a mejorar la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o cualquier otra medida que suponga un mejor nivel de satisfacción de la sociedad respecto a los servicios públicos.

 

 

 

 

Artículo 109.- Facultad de contradicción administrativa

 

 

 

 

109.1 Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos.

 

 

 

 

109.2 Para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y probado. El interés puede ser material o moral.

 

 

 

 

109.3 La recepción o atención de una contradicción no puede ser condicionada al previo cumplimiento del acto respectivo.

 

 

 

 

Artículo 110.- Facultad de solicitar información

 

110.1 El derecho de petición incluye el de solicitar la información que obra en poder de las entidades, siguiendo el régimen previsto en la Constitución y la Ley.

 

 

 

 

110.2 Las entidades establecen mecanismos de atención a los pedidos sobre información específica y prevén el suministro de oficio a los interesados, incluso vía telefónica, de la información general sobre los temas de interés recurrente para la ciudadanía.

 

 

 

 

Artículo 111.- Facultad de formular consultas

 

 

 

 

111.1 El derecho de petición incluye las consultas por escrito a las autoridades administrativas, sobre las materias a su cargo y el sentido de la normativa vigente que comprende su accionar, particularmente aquella emitida por la propia entidad.

 

 

 

 

111.2 Cada entidad atribuye a una o más de sus unidades competencia para absolver las consultas sobre la base de los precedentes de interpretación seguidos en ella.

 

 

 

 

Artículo 112.- Facultad de formular peticiones de gracia

 

 

 

 

112.1 Por la facultad de formular peticiones de gracia, el administrado puede solicitar al titular de la entidad competente la emisión de un acto sujeto a su discrecionalidad o a su libre apreciación, o prestación de un servicio cuando no cuenta con otro título legal específico que permita exigirlo como una petición en interés particular.

 

 

 

 

112.2 Frente a esta petición, la autoridad comunica al administrado la calidad graciable de lo solicitado y es atendido directamente mediante la prestación efectiva de lo pedido, salvo disposición expresa de la ley que prevea una decisión formal para su aceptación.

 

 

 

 

112.3 Este derecho se agota con su ejercicio en la vía administrativa, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos reconocidos por la Constitución.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         Ley Nº 29164, Art. 5 (Ley de promoción del desarrollo sostenible de servicios turísticos en los bienes inmuebles, integrantes del Patrimonio

 

Cultural de la Nación)

 

Acuerdo N° 2-2-ESSALUD-2008, Art. 26

 

D. Leg. N° 1012, Art. 14

 

 

 

 

 

 

Artículo 113.- Requisitos de los escritos

 

Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente:

 

 

 

 

1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente.

 

 

 

 

2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho.

 

 

 

 

3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.

 

 

 

 

4.  La  indicación  del  órgano,  la  entidad  o  la  autoridad  a  la  cual  es  dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.

 

 

 

 

5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio.

 

 

 

 

6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA.

 

 

 

 

7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         R.PRESIDENCIAL N° 016-CND-P-2005, Art. 5

 

D.S. N° 018-2005-AG, Art. 4

 

Directiva Nacional N° 001-2006-MTPE-2-11.1, Art. 4, numeral 4.1

 

Directiva N° 01-2006-MINCETUR-VMT-DNDT, Art. 5

 

D.S. N° 016-2007-PRODUCE, Art.23

 

R. Nº 640-2007-OS-CD, Art. 30 num.30.2

 

D.S. N° 001-2008-MINCETUR, Art. 6

 

 

 

solicitantes)


D.S.   Nº   009-2008-JUS,   Art.   8   (Patrocinio   legal   de   los  cónyuges

 

 

 

 

 

Artículo 114.- Copias de escritos

 

 

 

 

114.1 El escrito es presentado en papel simple acompañado de una copia conforme y legible, salvo que fuere necesario un número mayor para notificar a terceros. La copia es devuelta al administrado con la firma de la autoridad y el sello de recepción que indique fecha, hora y lugar de presentación.

 

 

 

 

114.2 El cargo así expedido tiene el mismo valor legal que el original. Artículo 115.- Representación del administrado

115.1 Para la tramitación ordinaria de los procedimientos, es requerido poder general

formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado.

 

 

 

 

115.2  Para  el  desistimiento  de  la  pretensión  o  del  procedimiento,  acogerse  a  las formas  de  terminación  convencional  del  procedimiento  o,  para  el  cobro  de  dinero,  es requerido poder especial indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido. El poder especial es formalizado a elección del administrado, mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario o funcionario público autorizado para el efecto, así como mediante declaración en comparecencia personal del administrado y representante ante la autoridad.

 

115.3   El   empleo   de   la   representación   no   impide   la   intervención   del   propio administrado cuando lo considere pertinente, ni el cumplimiento por éste de las obligaciones que exijan su comparecencia personal según las normas de la presente Ley.

 

 

 

 

Artículo 116.- Acumulación de solicitudes

 

 

 

 

116.1 En caso de ser varios los administrados interesados en obtener un mismo acto administrativo sin intereses incompatibles, pueden comparecer conjuntamente por medio de un solo escrito, conformando un único expediente.

 

 

 

 

116.2 Pueden acumularse en un solo escrito más de una petición siempre que se trate de asuntos conexos que permitan tramitarse y resolverse conjuntamente, pero no planteamientos subsidiarios o alternativos.

 

 

 

 

116.3 Si a criterio  de la autoridad administrativa no existiera conexión o existiera incompatibilidad entre las peticiones planteadas en un escrito, se les emplazará para que presente peticiones por separado, bajo apercibimiento de proceder de oficio a sustanciarlas individualmente   si   fueren   separables,   o   en   su   defecto   disponer   el   abandono   del procedimiento.

 

 

 

 

Artículo 117.- Recepción documental

 

 

 

 

117.1 Cada entidad tiene su unidad general de recepción documental, trámite documentado o mesa de partes, salvo cuando la entidad brinde servicios en varios inmuebles ubicados en zonas distintas, en cuyo caso corresponde abrir en cada local registros auxiliares al principal, al cual reportan todo registro que realicen.

 

 

 

 

117.2 Tales unidades están a cargo de llevar un registro del ingreso de los escritos que sean presentados y la salida de aquellos documentos emitidos por la entidad dirigidos a otros órganos o administrados.  Para el efecto, expiden el cargo, practican los asientos respectivos respetando su orden de ingreso o salida, indicando su número de ingreso, naturaleza, fecha, remitente y destinatario. Concluido el registro, los escritos o resoluciones deben ser cursados el mismo día a sus destinatarios.

 

117.3 Dichas unidades tenderán a administrar su información en soporte informático, cautelando su integración a un sistema único de trámite documentado.

 

 

 

 

117.4 También a través de dichas unidades los administrados realizan todas las gestiones pertinentes a sus procedimientos y obtienen la información que requieran con dicha finalidad.

 

 

 

 

Artículo 118.- Reglas para celeridad en la recepción

 

Las entidades adoptan las siguientes acciones para facilitar la recepción personal de los escritos de los administrados y evitar su aglomeración:

 

 

 

 

1. La puesta en vigencia de programas de racionalización del tiempo de atención por usuario y la mayor provisión simultánea de servidores dedicados exclusivamente a la atención de los usuarios.

 

 

 

 

2. El servicio de asesoramiento a los usuarios para completar formularios o modelo de documentos.

 

 

 

 

3. Adecuar su régimen de horas hábiles para la atención al público, a fin de adaptarlo a las formas previstas en el Artículo 137.

 

 

 

 

4. Estudiar la estacionalidad de la demanda de sus servicios y dictar las medidas preventivas para evitarla.

 

 

 

 

5. Instalar mecanismos de autoservicio que permita a los usuarios suministrar directamente su información, tendiendo al empleo de niveles avanzados de digitalización.

 

 

 

 

Artículo 119.- Reglas generales para la recepción documental

 

Los escritos que los administrados dirigen a las entidades pueden ser presentados de modo personal o a través de terceros, ante las unidades de recepción de:

 

 

 

 

1. Los órganos administrativos a los cuales van dirigidos.

 

 

 

2. Los órganos desconcentrados de la entidad.

 

 

 

 

3. Las autoridades políticas del Ministerio del Interior en la circunscripción correspondiente.

 

 

 

 

4. En las oficinas de correo, en la manera expresamente prevista en esta Ley.

 

 

 

 

5. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares en el extranjero, tratándose de administrados residentes en el exterior, quienes derivan los escritos a la entidad competente, con indicación de la fecha de su presentación.

 

 

 

 

Artículo 120.- Presentación mediante correo certificado

 

 

 

 

120.1  Los  administrados  pueden  remitir  sus  escritos,  con  recaudos  completos, mediante correo certificado con acuse de recibo a la entidad competente, la que consigna en su registro el número del certificado y la fecha de recepción.

 

 

 

 

120.2 El administrado exhibe al momento de su despacho el escrito en sobre abierto y cautela que el agente postal imprima su sello fechador tanto en su escrito como en el sobre.

 

 

 

 

120.3 En caso de duda, debe estarse a la fecha del sello estampado en el escrito, y, en su defecto, a la fecha de recepción por la entidad.

 

 

 

 

120.4 Esta modalidad no cabe para la presentación de recursos administrativos ni en procedimientos trilaterales.

 

 

 

 

Artículo 121.- Recepción por medios alternativos

 

 

 

 

121.1 Los administrados que residan fuera de la provincia donde se ubica la unidad de recepción  de   la   entidad  competente  pueden  presentar  los  escritos  dirigidos  a  otras

 

dependencias de la entidad por intermedio del órgano desconcentrado ubicado en su lugar de domicilio.

 

 

 

 

121.2 Cuando las entidades no dispongan de servicios desconcentrados en el área de residencia del administrado, los escritos pueden ser presentados en las oficinas de las autoridades políticas del Ministerio del Interior del lugar de su domicilio.

 

 

 

 

121.3 Dentro de las veinticuatro horas inmediatas siguientes, dichas unidades remiten lo  recibido a la autoridad destinataria mediante cualquier medio expeditivo a su alcance, indicando la fecha de su presentación.

 

 

 

 

Artículo 122.- Presunción común a los medios de recepción alternativa

 

Para los efectos de vencimiento de plazos, se presume que los escritos y comunicaciones presentados a través del correo certificado, de los órganos desconcentrados y de las autoridades del Ministerio del Interior, han ingresado en la entidad destinataria en la fecha y hora en que fueron entregados a cualquiera de las dependencias señaladas. (*)

 

 

 

 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008, cuyo texto es el siguiente:

 

 

 

 

“Artículo 122.- Presunción común a los medios de recepción alternativa

 

Para los efectos de vencimiento de plazos, se presume que los escritos y comunicaciones presentados a través del correo certificado, de los órganos desconcentrados y de las autoridades del Ministerio del Interior, han ingresado en la entidad destinataria en la fecha y hora en que fueron entregados a cualquiera de las dependencias señaladas. Cuando se trate de solicitudes sujetas a silencio administrativo positivo, el plazo que dispone la entidad destinataria para resolver se computará desde la fecha de recepción por ésta.

 

 

 

 

En el caso que la entidad que reciba no sea la competente para resolver, remitirá los escritos  y  comunicaciones  a  la  entidad  de  destino  en  el  término  de  la  distancia,  la  que informará al administrado de la fecha en que los recibe”.

 

 

 

 

Artículo 123.- Recepción por transmisión de datos a distancia

 

123.1   Los   administrados   pueden   solicitar   que   el   envío   de   información   o documentación  que  le  corresponda  recibir  dentro de  un  procedimiento sea realizado  por medios de transmisión a distancia, tales como correo electrónico o facsímil.

 

 

 

 

123.2 Siempre  que  cuenten con sistemas de transmisión de datos a distancia, las entidades facilitan su empleo para la recepción de documentos o solicitudes y remisión de sus decisiones a los administrados.

 

 

 

 

123.3  Cuando  se  emplean  medios  de  transmisión  de  datos  a  distancia,  debe presentarse físicamente dentro del tercer día el escrito o la resolución respectiva, con cuyo cumplimiento se le entenderá recibido en la fecha de envío del correo electrónico o facsímil.

 

 

 

 

Artículo 124.- Obligaciones de unidades de recepción

 

 

 

 

124.1 Las unidades de recepción documental orientan al administrado en la presentación de sus solicitudes y formularios, quedando obligadas a recibirlos y darles ingreso para iniciar o impulsar los procedimientos, sin que en ningún caso pueda calificar, negar o diferir su admisión.

 

 

 

 

124.2 Quien recibe las solicitudes o formularios debe anotar bajo su firma en el propio escrito, la hora, fecha y lugar en que lo recibe, el número de fojas que contenga, la mención de los documentos acompañados y de la copia presentada. Como constancia de recepción, es entregada la copia presentada diligenciada con las anotaciones respectivas y registrada, sin perjuicio  de  otras  modalidades  adicionales,  que  por  razón  del  trámite  sea  conveniente extender.

 

 

 

 

Artículo 125.- Observaciones a documentación presentada

 

 

 

 

125.1 Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los requisitos establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos  correspondientes  o  se  encuentren  afectados  por otro  defecto  u omisión  formal prevista en el TUPA, que amerite corrección.   En un solo acto y por única vez, la unidad de recepción al momento de su presentación realiza las observaciones por incumplimiento de requisitos  que  no  puedan  ser  salvadas  de  oficio,  invitando  al  administrado  a  subsanarlas dentro de un plazo máximo de dos días hábiles.

 

 

 

125.2 La observación debe anotarse bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que conservará el administrado, con las alegaciones respectivas si las hubiere, indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá por no presentada su petición.

 

 

 

 

125.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas:

 

 

 

 

125.3.1 No procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo, ni para la presentación de la solicitud o el recurso.

 

 

 

 

 

 

el caso.


125.3.2 No procede la aprobación automática del procedimiento administrativo, de ser

 

 

 

 

 

125.3.3 La unidad no cursa la solicitud o el formulario a la dependencia competente para sus actuaciones en el procedimiento.

 

 

 

 

125.4 Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud o formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersone a reclamarles, reembolsándole el monto de los derechos de tramitación que hubiese abonado.

 

 

 

 

"125.5  Si  la  documentación  presentada  no  se  ajusta  a  lo  requerido impidiendo  la continuación del procedimiento, lo cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su presentación, así como si resultara necesaria una actuación del administrado para continuar con el procedimiento, la Administración, por única vez, deberá emplazar  inmediatamente  al  administrado,  a  fin  de  que  realice  la  subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas establecidas en los numerales 125.3.1 y 125.3.2. De no subsanar oportunamente lo requerido resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 191.

 

 

 

 

En este caso no resulta aplicable la queja a que se refiere el numeral 126.2 del artículo

126, salvo que la Administración emplace nuevamente al administrado a fin de que efectúe subsanaciones adicionales.” (*)

 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio 2008.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         DIRECTIVA Nº 001-2007-INC-DN, num. VI inc. b (Procedimiento para la expedición del Certificado de Bienes no Pertenecientes al Patrimonio

 

Cultural de la Nación

 

D. S. N° 021-2008-EF, Art. 5, Art. 10, Art. 14, inc.c) Artículo 126.- Subsanación documental

126.1  Ingresado  el  escrito  o  formulada  la  subsanación  debidamente,  se  considera

recibido a partir del documento inicial, salvo que el procedimiento confiera prioridad registral o se trate de un procedimiento trilateral, en cuyo caso la presentación opera a partir de la subsanación.

 

 

 

 

126.2 Si el administrado subsanara oportunamente las omisiones o defectos indicados por  la  entidad,  y  el  escrito  o  formulario  fuera  objetado  nuevamente  debido  a  presuntos nuevos defectos, o a omisiones existentes desde el escrito inicial, el solicitante puede, alternativa o complementariamente, presentar queja ante el superior, o corregir sus documentos conforme a las nuevas indicaciones del funcionario.

 

 

 

 

Artículo 127.- Régimen de fedatarios

 

Cuando se establezcan requisitos de autenticación de documentos el administrado podrá acudir al régimen de fedatarios que se describe a continuación:

 

 

 

 

1.  Cada  entidad  designa  fedatarios  institucionales  adscritos  a  sus  unidades  de recepción documental, en número proporcional a sus necesidades de atención, quienes, sin exclusión de sus labores ordinarias, brindan gratuitamente sus servicios a los administrados.

 

 

 

 

2. El fedatario tiene como labor personalísima, comprobar y autenticar, previo cotejo entre el original que exhibe el administrado y la copia presentada, la fidelidad del contenido de esta última para su empleo en los procedimientos de  la entidad, cuando en la actuación administrativa sea exigida la agregación de los documentos o el administrado desee agregados como  prueba.    También  pueden,  a  pedido  de  los  administrados,  certificar  firmas  previa

 

verificación de la identidad del suscriptor, para las actuaciones administrativas concretas en que sea necesario.

 

 

 

 

3. En caso de complejidad derivada del cúmulo o de la naturaleza de los documentos a autenticar,  la  oficina  de  trámite  documentario  consulta  al  administrado  la  posibilidad  de retener los originales, para lo cual se expedirá una constancia de retención de los documentos al   administrado,   por   el   término   máximo   de   dos   días   hábiles,   para   certificar   las correspondientes reproducciones.   Cumplido éste, devuelve al administrado los originales mencionados.

 

 

 

 

4. La entidad puede requerir en cualquier estado del procedimiento la exhibición del original presentado para la autenticación por el fedatario.

 

 

 

 

CONCORDANCIA:           D.S. Nº 004-2007-PCM, Cuarta Disposición Final

 

 

 

 

Artículo 128.- Potestad administrativa para autenticar actos propios

 

La  facultad  para  realizar  autenticaciones  atribuidas  a  los  fedatarios  no  afecta  la potestad administrativa de las autoridades para dar fe de la autenticidad de los documentos que ellos mismos hayan emitido.

 

 

 

 

Artículo 129.- Ratificación de firma y del contenido de escrito

 

 

 

 

129.1 En caso de duda sobre la autenticidad de la firma del administrado o falta de claridad sobre los extremos de su petición, como primera actuación, la autoridad puede notificarlo para que dentro de un plazo prudencial ratifique la firma o aclare el contenido del escrito, sin perjuicio de la continuación del procedimiento.

 

 

 

 

129.2 La ratificación puede hacerla el administrado por escrito o apersonándose a la entidad, en cuyo caso se levantará el acta respectiva, que es agregada al expediente.

 

 

 

 

129.3 Procede la mejora de la solicitud por parte del administrado, en los casos  a que se refiere este artículo.

 

Artículo 130.- Presentación de escritos ante organismos incompetentes

 

 

 

 

130.1 Cuando sea ingresada una solicitud que se estima competencia de otra entidad, la receptora debe remitirla a aquella que considere competente, comunicando dicha decisión al administrado. (*)

 

 

 

 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008, cuyo texto es el siguiente:

 

 

 

 

"130.1 Cuando sea ingresada una solicitud que se estima competencia de otra entidad, la entidad receptora debe remitirla, en el término de la distancia, a aquélla que considere competente, comunicando dicha decisión al administrado. En este caso, el cómputo del plazo para resolver se iniciará en la fecha que la entidad competente recibe la solicitud."

 

 

 

 

130.2  Si  la  entidad  aprecia  su  incompetencia  pero  no  reúne  certeza  acerca  de  la entidad competente, notificará dicha situación al administrado para que adopte la decisión más conveniente a su derecho.

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV Plazos y Términos

Artículo 131.- Obligatoriedad de plazos y términos

 

 

 

 

131.1 Los plazos y términos son entendidos como máximos, se computan independientemente de cualquier formalidad, y obligan por igual a la administración y a los administrados, sin necesidad de apremio, en aquello que respectivamente les concierna.

 

 

 

 

131.2 Toda autoridad debe cumplir con los términos y plazos a su cargo, así como supervisar que los subalternos cumplan con los propios de su nivel.

 

131.3 Es derecho de los administrados exigir el cumplimiento de los plazos y términos establecidos para cada actuación o servicio.

 

 

 

 

Artículo 132.- Plazos máximos para realizar actos procedimentales

 

A falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones deben producirse dentro de los siguientes:

 

 

 

 

1. Para recepción y derivación de un escrito a la unidad competente: dentro del mismo día de su presentación.

 

 

 

 

2. Para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter: en tres días.

 

 

 

 

3. Para emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares: dentro de siete días después de solicitados; pudiendo ser prorrogado a tres días más si la diligencia requiere el traslado fuera de su sede o la asistencia de terceros.

 

 

 

 

4. Para actos de cargo del administrado requeridos por la autoridad, como entrega de información, respuesta a las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse: dentro de los diez días de solicitados.

 

 

 

 

Artículo 133.- Inicio de cómputo

 

 

 

 

133.1 El plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la notificación o la publicación del acto, salvo que éste señale una fecha posterior, o que sea necesario efectuar publicaciones sucesivas, en cuyo caso el cómputo es iniciado a partir de la última.

 

 

 

 

133.2 El plazo expresado en meses o años es contado a partir de la notificación o de la publicación del respectivo acto, salvo que éste disponga fecha posterior.

 

 

 

 

Artículo 134.- Transcurso del plazo

 

134.1 Cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio, y los feriados no laborables de orden nacional o regional.

 

 

 

 

134.2 Cuando el último día del plazo o la fecha determinada es inhábil o por cualquier otra circunstancia la atención al público ese día no funcione durante el horario normal, son entendidos prorrogados al primer día hábil siguiente.

 

 

 

 

134.3 Cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha, concluyendo el día igual al del mes o año que inició, completando el número de meses o años fijados para el lapso. Si en el mes de vencimiento no hubiere día igual a aquel en que comenzó el cómputo, es entendido que el plazo expira el primer día hábil del siguiente mes calendario.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         D.S. N° 039-2002-JUS

 

Directiva N° 006-2007-EF-93.01, Num. 8,inc.b) Artículo 135.- Término de la distancia

135.1 Al cómputo de los plazos establecidos en el procedimiento administrativo, se

agrega el término de la distancia previsto entre el lugar de domicilio del administrado dentro del territorio nacional y el lugar de la unidad de recepción más cercana a aquél facultado para llevar a cabo la respectiva actuación.

 

 

 

 

135.2 El cuadro de términos de la distancia es aprobado por la autoridad competente. Artículo 136.- Plazos improrrogables

136.1 Los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario.

 

 

 

 

136.2 La autoridad competente puede otorgar prórroga a los plazos establecidos para la actuación de pruebas o para la emisión de informes o dictámenes, cuando así lo soliciten

 

antes de su vencimiento los administrados o los funcionarios, respectivamente.

 

 

 

 

 

136.3 La prórroga es concedida por única vez mediante decisión expresa, siempre que el plazo no haya sido perjudicado por causa imputable a quien la solicita y siempre que aquella no afecte derechos de terceros.

 

 

 

 

Artículo 137.- Régimen para días inhábiles

 

 

 

 

137.1 El Poder Ejecutivo fija por decreto supremo, dentro del ámbito geográfico nacional u alguno particular, los días inhábiles, a efecto del cómputo de plazos administrativos.

 

 

 

 

137.2 Esta norma debe publicarse previamente y difundirse permanentemente en los ambientes de las entidades, a fin de permitir su conocimiento a los administrados.

 

 

 

 

137.3 Las entidades no pueden unilateralmente inhabilitar días, y, aun en caso de fuerza mayor que impida el normal funcionamiento de sus servicios, debe garantizar el mantenimiento del servicio de su unidad de recepción documental.

 

CONCORDANCIAS:         D.S. N° 039-2002-JUS Artículo 138.- Régimen de las horas hábiles

El horario de atención de las entidades para la realización de cualquier actuación se rige por las siguientes reglas:

 

 

 

 

1. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de la entidad, sin que en ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a ocho horas diarias consecutivas.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         ACUERDO  N°  006-2005  (Cumplimiento  obligatorio  del  horario  de atención de las entidades establecido por la Ley del Procedimiento

 

Administrativo General)

 

 

 

2. El horario de atención diario es establecido por cada entidad cumpliendo un período no coincidente con la jornada laboral ordinaria, para favorecer el cumplimiento de las obligaciones y actuaciones de la ciudadanía.  Para el efecto, distribuye su personal en turnos, cumpliendo jornadas no mayores de ocho horas diarias.

 

 

 

 

3. El horario de atención es continuado para brindar sus servicios a todos los asuntos de su competencia, sin fraccionarlo para atender algunos en determinados días u horas, ni afectar su desarrollo por razones personales.

 

 

 

 

4. El horario de atención concluye con la prestación del servicio a la última persona compareciente dentro del horario hábil.

 

 

 

 

5. Los actos de naturaleza continua iniciados en hora hábil son concluidos sin afectar su validez después del horario de atención, salvo que el administrado consienta en diferirlos.

 

 

 

 

6. En cada servicio rige la hora seguida por la entidad; en caso de duda o a falta de aquella, debe verificarse en el acto, si fuere posible, la hora oficial, que prevalecerá.

 

 

 

 

Artículo 139.- Cómputo de días calendario

 

 

 

 

139.1 Tratándose del plazo para el cumplimiento de actos procedimentales internos a cargo  de  las  entidades,  la  norma  legal  puede  establecer  que  su  cómputo  sea  en  días calendario, o que el término expire con la conclusión del último día aun cuando fuera inhábil.

 

 

 

 

139.2 Cuando una ley señale que el cómputo del plazo para un acto procedimental a cargo del administrado sea en días calendario, esta circunstancia le es advertida expresamente en la notificación.

 

 

 

 

Artículo 140.- Efectos del vencimiento del plazo

 

 

 

 

140.1 El plazo vence el último momento del día hábil fijado, o anticipadamente, si antes de esa fecha son cumplidas las actuaciones para las que fuera establecido.

 

 

 

140.2 Al vencimiento de un plazo improrrogable para realizar una actuación o ejercer una facultad procesal, previo apercibimiento, la entidad declara decaído el derecho al correspondiente acto, notificando la decisión.

 

 

 

 

140.3 El vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público.    La actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo.

 

 

 

 

140.4 La preclusión por el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales, concurrenciales, y en aquellos que por existir dos o más administrados con intereses divergentes, deba asegurárselas tratamiento paritario.

 

 

 

 

Artículo 141.- Adelantamiento de plazos

 

La   autoridad   a   cargo   de   la   instrucción   del   procedimiento   mediante   decisión irrecurrible, puede reducir los plazos o anticipar los términos, dirigidos a la administración, atendiendo razones de oportunidad o conveniencia del caso.

 

 

 

 

Artículo 142.- Plazo máximo del procedimiento administrativo

 

No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento  administrativo  de  evaluación  previa  hasta  aquel  en  que  sea  dictada  la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.

 

 

 

 

Artículo 143.- Responsabilidad por incumplimiento de plazos

 

 

 

 

143.1 El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado.

 

 

 

 

143.2 También alcanza solidariamente la responsabilidad al superior jerárquico, por omisión en la supervisión, si el incumplimiento fuera reiterativo o sistemático.

 

 

 

CAPÍTULO V

 

 

 

 

Ordenación del Procedimiento

 

 

 

 

Artículo 144.- Unidad de vista

 

Los procedimientos administrativos se desarrollan de oficio, de modo sencillo y eficaz sin reconocer formas determinadas, fases procesales, momentos procedimentales rígidos para realizar determinadas actuaciones o responder a precedencia entre ellas, salvo disposición expresa en contrario de la ley en procedimientos especiales.

 

 

 

 

Artículo 145.- Impulso del procedimiento

 

La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias  innecesarias  o  meramente  formales,  adoptando  las  medidas  oportunas  para eliminar cualquier irregularidad producida.

 

 

 

 

Artículo 146.- Medidas cautelares

 

 

 

 

146.1 Iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes puede adoptar, provisoriamente bajo su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en esta Ley u otras disposiciones jurídicas aplicables, mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesga la eficacia de la resolución a emitir.

 

 

 

 

146.2 Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el momento de su adopción.

 

 

 

 

146.3 Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento, cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución, o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento.

 

 

 

146.4  No  se  podrán  dictar  medidas  que  puedan  causar  perjuicio  de  imposible reparación a los administrados.

 

 

 

 

Artículo 147.- Cuestiones distintas al asunto principal

 

 

 

 

147.1 Las cuestiones que planteen los administrados durante la tramitación del procedimiento  sobre  extremos  distintos  al  asunto  principal,  no  suspenden  su  avance, debiendo ser resueltas en la resolución final de la instancia, salvo disposición expresa en contrario de la ley.

 

 

 

 

147.2 Tales cuestiones, para que se sustancien conjuntamente con el principal, pueden plantearse y argumentarse antes del alegato. Transcurrido este momento, se pueden hacer valer exclusivamente en el recurso.

 

 

 

 

147.3 Cuando la ley dispone una decisión anticipada sobre las cuestiones, para efectos de su impugnación, la resolución dictada en estas condiciones se considera provisional en relación con el acto final.

 

 

 

 

147.4 Serán rechazados de plano los planteamientos distintos al asunto de fondo que a criterio del instructor no se vinculen a la validez de actos procedimentales, al debido proceso o que no sean conexos a la pretensión, sin perjuicio de que el administrado pueda plantear la cuestión al recurrir contra la resolución que concluya la instancia.

 

 

 

 

Artículo 148.- Reglas para la celeridad

 

Para asegurar el cumplimiento del principio de celeridad de los procedimientos, se observan las siguientes reglas:

 

 

 

 

1. En el impulso y tramitación de casos de una misma naturaleza, se sigue rigurosamente el orden de ingreso, y se resuelven conforme lo vaya permitiendo su estado, dando cuenta al superior de los motivos de demora en el cumplimiento de los plazos de ley, que no puedan ser removidos de oficio.

 

2. En una sola decisión se dispondrá el cumplimiento de todos los trámites necesarios que   por   su   naturaleza   corresponda,   siempre   y   cuando   no   se   encuentren   entre   sí sucesivamente subordinados en su cumplimiento, y se concentrarán en un mismo acto todas las diligencias y actuaciones de pruebas posibles, procurando que el desarrollo del procedimiento se realice en el menor número de actos procesales.

 

 

 

 

3. Al solicitar trámites a ser efectuados por otras autoridades o los administrados, debe consignarse con fecha cierta el término final para su cumplimiento, así como el apercibimiento, de estar previsto en la normativa.

 

 

 

 

4. En ningún caso podrá afectarse la tramitación de los expedientes o la atención del servicio por la ausencia, ocasional o no, de cualquier autoridad.   Las autoridades que por razones de licencia, vacaciones u otros motivos temporales o permanentes se alejen de su centro de trabajo, entregarán a quien lo sustituya o al superior jerárquico, los documentos y expedientes a su cargo, con conocimiento de los administrados.

 

 

 

 

5. Cuando sea idéntica la motivación de varias resoluciones, se podrán usar medios de producción en serie, siempre que no lesione las garantías jurídicas de los administrados; sin embargo, se considerará cada uno como acto independiente.

 

 

 

 

6. La autoridad competente, para impulsar el procedimiento, puede encomendar a algún subordinado inmediato la realización de diligencias específicas de impulso, o solicitar la colaboración de otra autoridad para su realización.   En los órganos colegiados, dicha acción debe recaer en uno de sus miembros.

 

 

 

 

7. En ningún caso la autoridad podrá alegar deficiencias del administrado no advertidas a la presentación de la solicitud, como fundamento para denegar su pretensión.

 

 

 

 

Artículo 149.- Acumulación de procedimientos

 

La autoridad responsable de la instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los administrados, dispone mediante resolución irrecurrible la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión.

 

 

 

 

Artículo 150.- Regla de expediente único

 

150.1 Sólo puede organizarse un expediente para la solución de un mismo caso, para mantener reunidas todas las actuaciones para resolver.

 

 

 

 

150.2 Cuando se trate de solicitud referida a una sola pretensión, se tramitará un único expediente e intervendrá y resolverá una autoridad, que recabará de los órganos o demás autoridades los informes, autorizaciones y acuerdos que sean necesarios, sin prejuicio del derecho de los administrados a instar por sí mismos los trámites pertinentes y a aportar los documentos pertinentes.

 

 

 

 

Artículo 151.- Información documental

 

Los documentos, actas, formularios y expedientes administrativos, se uniforman en su presentación para que cada especie o tipo de los mismos reúnan características iguales.

 

 

 

 

Artículo 152.- Presentación externa de expedientes

 

 

 

 

152.1   Los   expedientes   son   compaginados   siguiendo   el   orden   regular   de   los documentos que lo integran, formando cuerpos correlativos que no excedan de doscientos folios, salvo cuando tal límite obligara a dividir escritos o documentos que constituyan un solo texto, en cuyo caso se mantendrá su unidad.

 

 

 

 

152.2 Todas las actuaciones deben foliarse, manteniéndose así durante su tramitación. Los expedientes que se incorporan a otros no continúan su foliatura, dejándose constancia de su agregación y su cantidad de fojas.

 

 

 

 

Artículo 153.- Intangibilidad del expediente

 

 

 

 

153.1 El contenido del expediente es intangible, no pudiendo introducirse enmendaduras,  alteraciones,  entrelineados  ni  agregados  en  los  documentos, una  vez  que hayan  sido  firmados  por  la  autoridad  competente.  De  ser  necesarias,  deberá  dejarse constancia expresa y detallada de las modificaciones introducidas.

 

 

 

 

153.2 Los desgloses pueden solicitarse verbalmente y son otorgados bajo constancia del instructor y del solicitante, indicando fecha y folios, dejando una copia autenticada en el lugar correspondiente, con la foliatura respectiva.

 

 

 

153.3 Las entidades podrán emplear tecnología de microformas y medios informáticos para  el  archivo  y  tramitación  de expedientes, previendo  las seguridades, inalterabilidad e integridad de su contenido, de conformidad con la normatividad de la materia.

 

 

 

 

153.4 Si un expediente se extraviara, la administración tiene la obligación, bajo responsabilidad  de reconstruir el mismo, independientemente de la solicitud del interesado, para tal efecto se  aplicarán, en lo que le fuera aplicable, las reglas contenidas en el Artículo

140 del Código Procesal Civil.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         R.     N°     154-2008-SUNAT     (Aprueban     procedimiento     para     la reconstrucción de expedientes administrativos que se tramiten ante la SUNAT)

 

 

 

 

Artículo 154.- Empleo de formularios

 

 

 

 

154.1 Las entidades disponen el empleo de formularios de libre reproducción y distribución gratuita, mediante los cuales los administrados, o algún servidor a su pedido, completando datos o marcando alternativas planteadas proporcionan la información usual que se estima suficiente, sin necesidad de otro documento de presentación. Particularmente se emplea cuando los administrados deban suministrar información para cumplir exigencias legales y en los procedimientos de aprobación automática.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         R.M. N° 0195-2005-ED

 

 

 

 

154.2 También son utilizados cuando las autoridades deben resolver una serie numerosa de expedientes homogéneos, así como para las actuaciones y resoluciones recurrentes, que sean autorizadas previamente.

 

 

 

 

Artículo 155.- Modelos de escritos recurrentes

 

 

 

 

155.1 A título informativo, las entidades ponen a disposición de los administrados modelos de los escritos de empleo más recurrente en sus servicios.

 

155.2  En  ningún  caso  se  considera  obligatoria  la  sujeción  a  estos  modelos,  ni  su empleo puede ocasionar consecuencias adversas para quien los utilice.

 

 

 

 

Artículo 156.- Elaboración de actas

 

Las declaraciones de los administrados, testigos, peritos y las inspecciones serán documentadas en un acta, cuya elaboración seguirá las siguientes reglas:

 

 

 

 

1. El acta indica el lugar, fecha, nombres de los partícipes, objeto de la actuación y otras circunstancias relevantes, debiendo ser formulada, leída y firmada inmediatamente después de la actuación, por los declarantes, la autoridad administrativa y por los partícipes que quisieran hacer constar su manifestación.

 

 

 

 

2. Cuando las declaraciones o actuaciones fueren grabadas, por consenso entre la autoridad y los administrados, el acta puede ser concluida dentro del quinto día del acto, o de ser el caso, antes de la decisión final.

 

 

 

 

Artículo 157.- Medidas de seguridad documental

 

Las entidades aplicarán las siguientes medidas de seguridad documental:

 

 

 

 

1. Establecer un sistema único de identificación de todos los escritos y documentos ingresados a ella, que comprenda la numeración progresiva y la fecha, así como guardará una numeración invariable para cada expediente, que será conservada a través de todas las actuaciones sucesivas, cualquiera fueran los órganos o autoridades del organismo que interviene.

 

 

 

 

2. Guardar las constancias de notificación, publicación o entrega de información sobre los actos, acuse de recibo y todos los documentos necesarios para acreditar la realización de las diligencias, con la certificación del instructor sobre su debido cumplimiento.

 

 

 

 

3. En la carátula debe consignarse el órgano y el nombre de la autoridad, con la responsabilidad encargada del trámite y la fecha del término final para la atención del expediente.

 

4. En ningún caso se hará un doble o falso expediente. Artículo 158.- Queja por defectos de tramitación

158.1  En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los

defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva.

 

 

 

 

158.2 La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, previo traslado al quejado, a fin de que pueda presentar el informe que estime conveniente al día siguiente de solicitado.

 

 

 

 

158.3 En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya presentado queja, y la resolución será irrecurrible.

 

 

 

 

158.4 La autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que otro funcionario de similar jerarquía al quejado, asuma el conocimiento del asunto.

 

 

 

 

158.5 En caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto del procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias para sancionar al responsable.

 

 

 

 

CONCORDANCIA:           Ley Nº 29060, Art. 5

 

 

 

 

CAPÍTULO VI

 

 

 

 

Instrucción del Procedimiento

 

 

 

 

Artículo 159.- Actos de instrucción

 

 

 

159.1 Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, serán realizados de oficio por la autoridad a cuyo cargo se tramita el procedimiento de evaluación previa, sin perjuicio del derecho de los administrados a proponer actuaciones probatorias.

 

 

 

 

159.2 Queda prohibido realizar como actos de  instrucción la solicitud rutinaria de informes previos, requerimientos de visaciones o cualquier otro acto que no aporte valor objetivo a lo actuado en el caso concreto, según su naturaleza.

 

 

 

 

Artículo 160.- Acceso a la información del expediente

 

 

 

 

160.1 Los administrados, sus representantes o su abogado, tienen derecho de acceso al expediente en cualquier momento de su trámite, así como a sus documentos, antecedentes, estudios, informes y dictámenes, obtener certificaciones de su estado y recabar copias de las piezas que contiene, previo pago del costo de las mismas. Sólo se exceptúan aquellas actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que contienen información cuyo conocimiento pueda  afectar  su  derecho  a  la  intimidad  personal  o  familiar  y  las  que  expresamente  se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional de acuerdo a lo establecido en el inciso 5) del  Artículo  20  de  la  Constitución  Política.  Adicionalmente  se  exceptúan  las  materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial, así como todos aquellos documentos que impliquen un pronunciamiento previo por parte de la autoridad competente.

 

 

 

 

160.2 El pedido de acceso podrá hacerse verbalmente y se concede de inmediato, sin necesidad de resolución expresa, en la oficina en que se encuentre el expediente, aunque no sea la unidad de recepción documental.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         D.Leg.   Nº   1014,   inc.   c)   del   Art.   9   (Medidas   en   materia   de procedimientos de ejecución coactiva)

 

 

 

 

Artículo 161.- Alegaciones

 

 

 

 

161.1 Los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento, formular alegaciones, aportar los documentos u otros elementos de juicio, los que serán analizados por la autoridad, al resolver.

 

 

 

161.2 En los procedimientos administrativos sancionadores, o en caso de actos de gravamen para el administrado, se dicta resolución sólo habiéndole otorgado un plazo perentorio no menor de cinco días para presentar sus alegatos o las correspondientes pruebas de descargo.

 

 

 

 

CONCORDANCIA:           R.J. N° 100-2006-JEFATURA-ONP Artículo 162.- Carga de la prueba

162.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en

la presente Ley.

 

 

 

 

162.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

 

 

 

 

Artículo 163.- Actuación probatoria

 

 

 

 

163.1 Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los administrados o la naturaleza del procedimiento lo exija, la entidad dispone la actuación de prueba, siguiendo el criterio de concentración procesal, fijando un período que para el efecto no será menor de tres días ni mayor de quince, contados a partir de su planteamiento.  Sólo podrá rechazar motivadamente los medios de prueba propuestos por el administrado, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, sean improcedentes o innecesarios.

 

 

 

 

163.2 La autoridad administrativa notifica a los administrados, con anticipación no menor de tres días, la actuación de prueba, indicando el lugar, fecha y hora.

 

 

 

 

163.3 Las pruebas sobrevinientes pueden presentarse siempre que no se haya emitido resolución definitiva.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         D.LEG. N° 1053, Art. 207

 

 

 

Artículo 164.- Omisión de actuación probatoria

 

Las entidades podrán prescindir de actuación de pruebas cuando decidan exclusivamente en base a los hechos planteados por las partes, si los tienen por ciertos y congruentes para su resolución.

 

 

 

 

Artículo 165.- Hechos no sujetos a actuación probatoria

 

No será actuada prueba respecto a hechos públicos o notorios, respecto a hechos alegados por las partes cuya prueba consta en los archivos de la entidad, sobre los que se haya comprobado con ocasión del ejercicio de sus funciones, o sujetos a la presunción de veracidad, sin perjuicio de su fiscalización posterior.

 

 

 

 

Artículo 166.- Medios de prueba

 

Los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por disposición expresa. En particular, en el procedimiento administrativo procede:

 

 

 

 

1. Recabar antecedentes y documentos.

 

 

 

 

2. Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo.

 

 

 

 

3. Conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos, o recabar de los mismos declaraciones por escrito.

 

 

 

 

4. Consultar documentos y actas.

 

 

 

 

5. Practicar inspecciones oculares.

 

 

 

 

Artículo 167.- Solicitud de documentos a otras autoridades

 

167.1 La autoridad administrativa a la que corresponde la tramitación del asunto recabará de las autoridades directamente competentes los documentos preexistentes o antecedentes que estime conveniente para la resolución del asunto, sin suspender la tramitación del expediente.

 

 

 

 

167.2 Cuando  la solicitud sea formulada  por el  administrado  al  instructor, deberá indicar la entidad donde obre la documentación y, si fuera de un expediente administrativo obrante en otra entidad, deberá acreditar indubitablemente su existencia.

 

 

 

 

Artículo 168.- Presentación de documentos entre autoridades

 

 

 

 

168.1 Los documentos y antecedentes a que se refiere el artículo anterior deben ser remitidos directamente por quien es requerido dentro del plazo máximo de tres días, si se solicitaren dentro de la misma entidad, y de cinco, en los demás casos.

 

 

 

 

168.2 Si la autoridad requerida considerase necesario un plazo mayor, lo manifestará inmediatamente al requirente, con indicación del plazo que estime necesario, el cual no podrá exceder de diez días.

 

 

 

 

Artículo 169.- Solicitud de pruebas a los administrados

 

 

 

 

169.1 La autoridad puede exigir a los administrados la comunicación de informaciones, la presentación de documentos o bienes, el sometimiento a inspecciones de sus bienes, así como su colaboración para la práctica de otros medios de prueba.  Para el efecto se cursa el requerimiento mencionando la fecha, plazo, forma y condiciones para su cumplimiento.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         R. N° 664-2007-OS-CD, Art. Único

 

 

 

 

169.2 Será legítimo el rechazo a la exigencia prevista en el párrafo anterior, cuando la sujeción implique:  la violación al secreto profesional, una revelación prohibida por la ley, suponga  directamente la revelación de hechos perseguibles practicados por el administrado, o afecte los derechos constitucionales. En ningún caso esta excepción ampara el falseamiento de los hechos o de la realidad.

 

169.3 El acogimiento a esta excepción será libremente apreciada por la autoridad conforme a las circunstancias del caso, sin que ello dispense al órgano administrativo de la búsqueda de los hechos ni de dictar la correspondiente resolución.

 

 

 

 

Artículo 170.- Normativa supletoria

 

En lo no previsto en este apartado la prueba documental se regirá por los artículos 40 y

41 de la presente Ley.

 

 

 

 

Artículo 171.- Presunción de la calidad de los informes

 

 

 

 

171.1 Los informes administrativos pueden ser obligatorios o facultativos y vinculantes o no vinculantes.

 

 

 

 

171.2 Los dictámenes e informes se presumirán facultativos y no vinculantes, con las excepciones de ley.

 

 

 

 

Artículo 172.- Petición de informes

 

 

 

 

172.1 Las entidades sólo solicitan informes que sean preceptivos en la legislación o aquellos que juzguen absolutamente indispensables para el esclarecimiento de la cuestión a resolver. La solicitud debe indicar con precisión y claridad las cuestiones sobre las que se estime necesario su pronunciamiento.

 

 

 

 

172.2 La solicitud de informes o dictámenes legales es reservada exclusivamente para asuntos en que el fundamento jurídico de la pretensión sea razonablemente discutible, o los hechos sean controvertidos jurídicamente, y que tal situación no pueda ser dilucidada por el propio instructor.

 

 

 

 

172.3 El informante, dentro de los dos días de recibida, podrá devolver sin informe todo expediente en el que el pedido incumpla los párrafos anteriores, o cuando se aprecie que sólo se requiere confirmación de otros informes o de decisiones ya adoptadas.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         D.S. N° 020-2008-AG, Art. 8, num. 8.2, inc. b)

 

 

 

Artículo 173.- Presentación de informes

 

 

 

 

173.1 Toda autoridad, cuando formule informes o proyectos de resoluciones fundamenta su opinión en forma sucinta y establece conclusiones expresas y claras sobre todas las cuestiones planteadas en la solicitud, y recomienda concretamente los cursos de acción   a   seguir,   cuando   estos   correspondan,   suscribiéndolos   con   su   firma   habitual, consignando su nombre, apellido y cargo.

 

 

 

 

173.2 El informe o dictamen no incorpora a su texto el extracto de las actuaciones anteriores  ni  reitera  datos  que  obren  en  expediente,  pero  referirá  por  su  folio  todo antecedente que permita ilustrar para su mejor resolución.

 

 

 

 

Artículo 174.- Omisión de informe

 

 

 

 

174.1 De no recibirse el informe en el término señalado, la autoridad podrá alternativamente,   según   las   circunstancias   del   caso   y   relación   administrativa   con   el informante: prescindir del informe o citar al informante para que en fecha única y en una sesión, a la cual puede asistir el administrado, presente su parecer verbalmente, de la cual se elaborará acta que se adjuntará al expediente, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el funcionario culpable de la demora.

 

 

 

 

174.2 La Ley puede establecer expresamente en procedimientos iniciados por los administrados que de no recibirse informes vinculantes en el plazo legal, se entienda que no existe objeción técnica o legal al planteamiento sometido a su parecer.

 

 

 

 

174.3 El informe presentado extemporáneamente puede ser considerado en la correspondiente resolución.

 

 

 

 

Artículo 175.- Testigos

 

 

 

 

175.1 El proponente de la prueba de testigos tiene la carga de la comparecencia de los mismos  en  el  lugar,  fecha  y  hora  fijados.  Si  el  testigo  no  concurriera  sin justa  causa,  se prescindirá de su testimonio.

 

 

 

175.2 La administración puede interrogar libremente a los testigos y, en caso de declaraciones contradictorias, podrá disponer careos, aun con los administrados.

 

 

 

 

Artículo 176.- Peritaje

 

 

 

 

176.1 Los administrados pueden proponer la designación de peritos a su costa, debiendo en el mismo momento indicar los aspectos técnicos sobre los que éstos deben pronunciarse.

 

 

 

 

176.2 La administración se abstendrá de contratar peritos por su parte, debiendo solicitar informes técnicos de cualquier tipo a su personal o a las entidades técnicas aptas para dicho fin, preferentemente entre las facultades de las universidades públicas.

 

 

 

 

Artículo 177.- Actuación probatoria de autoridades públicas

 

Las autoridades de entidades no prestan confesión, salvo en procedimientos internos de la administración; sin perjuicio de ser susceptibles de aportar elementos probatorios en calidad de testigos, informantes o peritos, si fuere el caso.

 

 

 

 

Artículo 178.- Gastos de actuaciones probatorias

 

En el caso de que la actuación de pruebas propuestas por el administrado importe la realización de gastos que no deba soportar racionalmente la entidad, ésta podrá exigir el depósito anticipado de tales costos, con cargo a la liquidación final que el instructor practicará documentadamente al administrado, una vez realizada la probanza.

 

 

 

 

Artículo 179.- Actuaciones probatorias que afecten a terceros

 

Los terceros tienen el deber de colaborar para la prueba de los hechos con respeto de sus derechos constitucionales.

 

 

 

 

Artículo 180.- Proyecto de resolución

 

Cuando fueren distintos la autoridad instructora de la competente para resolver, la instructora prepara un informe final en el cual recogerá los aspectos más relevantes del acto

 

que lo promovió, así como un resumen del contenido de la instrucción, análisis de la prueba instruida, y formulará en su concordancia un proyecto de resolución.

 

 

 

 

CAPÍTULO VII

 

 

 

 

Participación de los administrados

 

 

 

 

Artículo 181.- Administración abierta

 

Además de los medios de acceso a la participación en los asuntos públicos establecidos por otras normas, en la instrucción de los procedimientos administrativos las entidades se rigen por las disposiciones de este Capítulo sobre la audiencia a los administrados y el período de información pública.

 

 

 

 

Artículo 182.- Audiencia pública

 

 

 

 

182.1  Las  normas  administrativas  prevén  la  convocatoria  a  una  audiencia  pública, como formalidad esencial para la participación efectiva de terceros, cuando el acto al que conduzca el procedimiento administrativo sea susceptible de afectar derechos o intereses cuya titularidad corresponda a personas indeterminadas, tales como en materia medio ambiental, ahorro público, valores culturales, históricos, derechos del consumidor, planeamiento urbano y zonificación; o cuando el pronunciamiento sobre autorizaciones, licencias o permisos que el acto habilite incida directamente sobre servicios públicos.

 

 

 

 

182.2 En la audiencia pública cualquier tercero, sin necesidad de acreditar legitimación especial está habilitado para presentar información verificada, para requerir el análisis de nuevas pruebas, así como expresar su opinión sobre las cuestiones que constituyan el objeto del procedimiento o sobre la evidencia actuada. No procede formular interpelaciones a la autoridad en la audiencia.

 

 

 

 

182.3 La omisión de realización de la audiencia pública acarrea la nulidad del acto administrativo final que se dicte.

 

182.4 El vencimiento del plazo previsto en el artículo 142 de esta Ley, sin que se haya llevado a cabo la audiencia pública, determina la operatividad del silencio administrativo negativo, sin perjuicio de la responsabilidad de las autoridades obligadas a su convocatoria.

 

 

 

 

Artículo 183.- Convocatoria a audiencia pública

 

La convocatoria a audiencia pública debe publicarse en el Diario Oficial o en uno de los medios de comunicación de mayor difusión local, según la naturaleza del asunto, con una anticipación no menor de tres (3) días a su realización, debiendo indicar: la autoridad convocante, su objeto, el día, lugar y hora de realización, los plazos para inscripción de participantes, el domicilio y teléfono de la entidad convocante, dónde se puede realizar la inscripción, se puede acceder a mayor información del asunto, o presentar alegatos, impugnaciones y opiniones.

 

 

 

 

Artículo 184.- Desarrollo y efectos de la audiencia pública

 

 

 

 

184.1 La comparecencia a la audiencia no otorga, por sí misma, la condición de participante en el procedimiento.

 

 

 

 

184.2 La no asistencia a la audiencia no impide a los legitimados en el procedimiento como interesados, a presentar alegatos, o recursos contra la resolución.

 

 

 

 

184.3 Las informaciones y opiniones manifestadas durante la audiencia pública, son registradas sin generar debate, y poseen carácter consultivo y no vinculante para la entidad.

 

 

 

 

184.4 La autoridad instructora debe explicitar, en los fundamentos de su decisión, de qué manera ha tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las razones para su desestimación.

 

 

 

 

Artículo 185.- Período de información pública

 

 

 

 

185.1 Cuando sea materia de decisión de la autoridad, cualquier aspecto de interés general distinto a los previstos en el artículo anterior donde se aprecie objetivamente que la participación de terceros no determinados pueda coadyuvar a la comprobación de cualquier estado,  información  o  de  alguna  exigencia  legal  no  evidenciada  en  el  expediente  por  la

 

autoridad, el instructor abre un período no menor de tres ni mayor de cinco días hábiles para recibir -por los medios más amplios posibles- sus manifestaciones sobre el asunto, antes de resolver el procedimiento.

 

 

 

 

185.2 El período de información pública corresponde ser convocado particularmente antes de aprobar normas administrativas que afecten derechos e intereses ciudadanos, o para resolver acerca del otorgamiento de licencias o autorizaciones para ejercer actividades de interés general, y para designar funcionarios en cargos principales de las entidades, o incluso tratándose de cualquier cargo cuando se exija como condición expresa poseer conducta intachable o cualquier circunstancia análoga.

 

 

 

 

185.3 La convocatoria, desarrollo y consecuencias del período de información pública se sigue en lo no previsto en este Capítulo, en lo aplicable, por las normas de audiencia pública.

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII

 

 

 

 

Fin del Procedimiento

 

 

 

 

Artículo 186.- Fin del procedimiento

 

 

 

 

186.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el inciso 4) del artículo 188, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable.

 

 

 

 

186.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo.

 

 

 

 

Artículo 187.- Contenido de la resolución

 

187.1 La resolución que pone fin al procedimiento cumplirá los requisitos del acto administrativo señalados en el Capítulo Primero del Título Primero de la presente Ley.

 

 

 

 

187.2 En los procedimientos iniciados a petición del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la administración de iniciar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.

 

 

 

 

Artículo 188.- Efectos del silencio administrativo

 

 

 

 

188.1 Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán   automáticamente   aprobados   en   los   términos   en   que   fueron   solicitados   si transcurrido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera comunicado al administrado el pronunciamiento. (*)

 

 

 

 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008, cuyo texto es el siguiente:

 

 

 

 

"188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán   automáticamente   aprobados   en   los   términos   en   que   fueron   solicitados   si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24 de la presente Ley, la entidad no hubiere notificado el pronunciamiento respectivo. La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3 de la Ley del Silencio Administrativo, Ley Nº 29060 no resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad."

 

 

 

 

188.2 El silencio administrativo tiene para todos los efectos el carácter de resolución que pone fin al procedimiento, sin perjuicio de la potestad de nulidad de oficio prevista en el artículo 202 de la presente Ley.

 

 

 

 

188.3 El silencio administrativo negativo tiene por efecto habilitar al administrado la interposición de los recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes.

 

 

 

 

188.4  Aun  cuando  opere  el  silencio  administrativo  negativo,  la  administración mantiene la obligación de resolver, bajo responsabilidad, hasta que se le notifique que el

 

asunto ha sido sometido a conocimiento de una autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los recursos administrativos respectivos.

 

 

 

 

188.5 El silencio administrativo negativo no inicia el cómputo de plazos ni términos para su impugnación.

 

 

 

 

"188.6. En los procedimientos sancionadores, los recursos administrativos destinados a impugnar la imposición de una sanción estarán sujetos al silencio administrativo negativo. Cuando el administrado haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo, será de aplicación el silencio administrativo positivo en las siguientes instancias resolutivas”. (*)

 

 

 

 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio 2008.

 

 

 

 

Artículo 189.- Desistimiento del procedimiento o de la pretensión.

 

 

 

 

189.1 El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá que posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento.

 

 

 

 

189.2 El desistimiento de la pretensión impedirá promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa.

 

 

 

 

189.3 El desistimiento sólo afectará a quienes lo hubieren formulado.

 

 

 

 

189.4 El desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia y señalando   su   contenido   y   alcance.   Debe   señalarse   expresamente   si   se   trata   de   un desistimiento de la pretensión o del procedimiento.  Si no se precisa, se considera que se trata de un desistimiento del procedimiento.

 

 

 

 

189.5 El desistimiento se podrá realizar en cualquier momento antes de que se notifique la resolución final en la instancia.

 

189.6 La autoridad aceptará de plano el desistimiento y declarará concluido el procedimiento, salvo que, habiéndose apersonado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento.

 

 

 

 

189.7 La autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos considera que podría estarse afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase interés general. En ese caso, la autoridad podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y continuará el procedimiento.

 

 

 

 

Artículo 190.- Desistimiento de actos y recursos administrativos

 

 

 

 

190.1 El desistimiento de algún acto realizado en el procedimiento puede realizarse antes de que haya producido efectos.

 

 

 

 

190.2 Puede desistirse de un recurso administrativo antes de que se notifique la resolución final en la instancia, determinando que la resolución impugnada quede firme, salvo que otros administrados se hayan adherido al recurso, en cuyo caso sólo tendrá efecto para quien lo formuló.

 

 

 

 

Artículo 191.- Abandono en los procedimientos iniciados a solicitud del administrado

 

En los procedimientos iniciados a solicitud de parte, cuando el administrado incumpla algún trámite que le hubiera sido requerido que produzca su paralización por treinta días, la autoridad de oficio o a solicitud del administrado declarará el abandono del procedimiento. Dicha resolución deberá ser notificada y contra ella procederán los recursos administrativos pertinentes.

 

 

 

 

CAPÍTULO IX

 

 

 

 

Ejecución de resoluciones

 

 

 

 

Artículo 192.- Ejecutoriedad del acto administrativo

 

Los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley.

 

 

 

Artículo 193.- Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo

 

 

 

 

193.1 Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos pierden efectividad y ejecutoriedad en los siguientes casos:

 

 

 

 

193.1.1 Por suspensión provisional conforme a ley.

 

 

 

 

193.1.2 Cuando transcurridos cinco años de adquirido firmeza, la administración no ha iniciado los actos que le competen para ejecutarlos.

 

 

 

 

 

 

ley.


193.1.3 Cuando se cumpla la condición resolutiva a que estaban sujetos de acuerdo a

 

 

 

 

 

193.2 Cuando el administrado oponga al inicio de la ejecución del acto administrativo la pérdida de su ejecutoriedad, la cuestión es resuelta de modo irrecurrible en sede administrativa por la autoridad inmediata superior, de existir, previo informe legal sobre la materia.

 

 

 

 

Artículo 194.- Ejecución forzosa

 

Para proceder a la ejecución forzosa de actos   administrativos   a   través   de   sus propios órganos competentes, o de la Policía Nacional del Perú, la autoridad cumple las siguientes exigencias:

 

 

 

 

1. Que se trate de una obligación de dar, hacer o no hacer, establecida a favor de la entidad.

 

 

 

 

2. Que la prestación sea determinada por escrito de modo claro e íntegro.

 

 

 

 

3. Que tal obligación derive del ejercicio de una atribución de imperio de la entidad o provenga de una relación de derecho público sostenida con la entidad.

 

 

 

4.  Que  se  haya  requerido  al  administrado  el  cumplimiento  espontáneo  de  la prestación, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable.

 

 

 

 

5. Que no se trate de acto administrativo que la Constitución o la ley exijan la intervención del Poder Judicial para su ejecución.

 

 

 

 

"6. En el caso de procedimientos trilaterales, las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas constituyen títulos de ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo

7130 inciso 4) del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 28494, una vez que el acto

quede firme o se haya agotado la vía administrativa.

 

 

 

 

En caso de resoluciones finales que ordenen medidas correctivas, la legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a las partes involucradas.” (*)

 

 

 

 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio 2008.

 

 

 

 

Artículo 195.- Notificación de acto de inicio de ejecución

 

 

 

 

195.1 La decisión que autorice la ejecución administrativa será notificada a   su destinatario antes de iniciarse la misma.

 

 

 

 

195.2 La autoridad puede notificar el inicio de la ejecución sucesivamente a la notificación del acto ejecutado, siempre que se facilite al administrado cumplir espontáneamente la prestación a su cargo.

 

 

 

 

Artículo 196.- Medios de ejecución forzosa

 

 

 

 

196.1 La ejecución forzosa por la entidad se efectuará respetando siempre el principio de razonabilidad, por los siguientes medios:

 

a) Ejecución coactiva

 

b) Ejecución subsidiaria c) Multa coercitiva

d) Compulsión sobre las personas

 

 

 

 

196.2  Si  fueran  varios  los  medios  de  ejecución  aplicables,  se  elegirá  el  menos restrictivo de la libertad individual.

 

 

 

 

196.3 Si fuese necesario ingresar al domicilio o a la propiedad del afectado, deberá seguirse lo previsto por el inciso 9) del Artículo 20 de la Constitución Política del Perú.

 

 

 

 

Artículo 197.- Ejecución coactiva

 

Si la entidad hubiera de procurarse la ejecución de una obligación de dar, hacer o no hacer, se seguirá el procedimiento previsto en las leyes de la materia.

 

 

 

 

Artículo 198.- Ejecución subsidiaria

 

Habrá  lugar  a  la  ejecución  subsidiaria  cuando  se  trate  de  actos  que  por  no  ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado:

 

 

 

 

1. En este caso, la entidad realizará el acto, por sí o a través de las personas que determine, a costa del obligado.

 

 

 

 

2. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

 

 

 

 

3.  Dicho  importe  podrá  liquidarse  de  forma  provisional  y  realizarse  antes  de  la ejecución, o reservarse a la liquidación definitiva.

 

 

 

 

Artículo 199.- Multa coercitiva

 

199.1 Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, la entidad puede, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por períodos suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos:

 

 

 

 

a)  Actos  personalísimos  en  que  no  proceda  la  compulsión  sobre  la  persona  del obligado.

 

 

 

 

b) Actos en que, procediendo la compulsión, la administración no la estimara conveniente.

 

 

 

 

c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.

 

 

 

 

199.2 La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas.

 

 

 

 

Artículo 200.- Compulsión sobre las personas

 

Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar, podrán ser ejecutados por compulsión sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y siempre dentro del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución Política.

 

 

 

 

Si los actos fueran de cumplimiento personal, y no fueran ejecutados, darán lugar al pago de los daños y perjuicios que se produjeran, los que se deberán regular judicialmente.

 

 

 

 

TÍTULO III

 

 

 

 

De la Revisión de los Actos en Vía Administrativa

 

 

 

 

CAPÍTULO I Revisión de Oficio

 

 

 

Artículo 201.- Rectificación de errores

 

 

 

 

201.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.

 

 

 

 

201.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original.

 

 

 

 

Artículo 202.- Nulidad de oficio

 

 

 

 

202.1 En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público.

 

 

 

 

202.2 La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida.   Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada también por resolución del mismo funcionario. (*)

 

 

 

 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008, cuyo texto es el siguiente:

 

 

 

 

"202.2 La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada por resolución del mismo funcionario.

 

 

 

 

Además de declarar la nulidad, la autoridad podrá resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los elementos suficientes para ello. En este caso, este extremo sólo podrá ser objeto de reconsideración. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo."

 

 

 

202.3 La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al año, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos.

 

 

 

 

202.4 En caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo procede demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los dos (2) años siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede administrativa.

 

 

 

 

202.5 Los actos administrativos emitidos por consejos o tribunales regidos por leyes especiales  competentes  para  resolver  controversias en  última  instancia  administrativa,  no pueden ser objeto de declaración de nulidad de oficio. Sólo procede demandar su nulidad ante el Poder Judicial, vía el proceso contencioso-administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los tres años siguientes a contar desde la fecha en que el acto quedó firme. (*)

 

 

 

 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008, cuyo texto es el siguiente:

 

 

 

 

"202.5 Los actos administrativos emitidos por consejos o tribunales regidos por leyes especiales, competentes para resolver controversias en última instancia administrativa, sólo pueden ser objeto de declaración de nulidad de oficio en sede administrativa por el propio consejo o tribunal con el acuerdo unánime de sus miembros. Esta atribución sólo podrá ejercerse dentro del plazo de un año contado desde la fecha en que el acto es notificado al interesado. También procede que el titular de la Entidad demande su nulidad en la vía de proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los tres años siguientes de notificada la resolución emitida por el consejo o tribunal.”

 

 

 

 

CONCORDANCIA:           R. Nº 640-2007-OS-CD, Art. 32

 

 

 

 

Artículo 203.- Revocación

 

 

 

 

203.1 Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de oportunidad, mérito o conveniencia.

 

 

 

203.2 Excepcionalmente, cabe la revocación de actos administrativos, con efectos a futuro, en cualquiera de los siguientes casos:

 

 

 

 

203.2.1 Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una norma con rango legal y siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicha norma.

 

 

 

 

203.2.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la relación jurídica creada.

 

 

 

 

203.2.3   Cuando   apreciando   elementos   de   juicio   sobrevinientes   se   favorezca legalmente a los destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros.

 

 

 

 

203.3 La revocación prevista en este numeral sólo podrá ser declarada por la más alta autoridad  de  la  entidad  competente,  previa  oportunidad  a  los  posibles  afectados  para presentar sus alegatos y evidencia en su favor.

 

 

 

 

Artículo 204.- lrrevisabilidad de actos judicialmente confirmados

 

No serán en ningún caso revisables en sede administrativa los actos que hayan sido objeto de confirmación por sentencia judicial firme.

 

 

 

 

Artículo 205.- Indemnización por revocación

 

 

 

 

205.1 Cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la resolución que la decida deberá contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización correspondiente en sede administrativa.

 

 

 

 

205.2 Los actos incursos en causal para su revocación o nulidad de oficio, pero cuyos efectos hayan caducado o agotado, serán materia de indemnización en sede judicial, dispuesta cuando quede firme administrativamente su revocación o anulación.

 

CAPÍTULO II

 

 

 

 

Recursos Administrativos

 

 

 

 

 

 

CONCORDANCIA:           D.S. N° 009-2005-ED, Art. 31 (Recursos impugnativos contra resolución expedida por Director de Institución Educativa)

 

 

 

 

Artículo 206.- Facultad de contradicción

 

 

 

 

206.1 Conforme a lo señalado en el Artículo 108, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en  la  vía  administrativa  mediante  los  recursos  administrativos  señalados  en  el  artículo siguiente.

 

 

 

 

206.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo.

 

 

 

 

206.3 No cabe la impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan quedado firmes, ni la de los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.

 

 

 

 

Artículo 207.- Recursos administrativos

 

 

 

 

207.1 Los recursos administrativos son:

 

 

 

 

a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación

 

c) Recurso de revisión

 

 

 

 

207.2  El  término  para  la  interposición  de  los  recursos  es  de  quince  (15)  días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.

 

 

 

 

CONCORDANCIA:           D.S. Nº 008-2008-MTC, Art. 23

 

 

 

 

Artículo 208.- Recurso de reconsideración

 

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         LEY N° 28040, Art. 1

 

 

 

 

 

 

Artículo 209.- Recurso de apelación

 

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

 

 

 

 

Artículo 210.- Recurso de revisión

 

Excepcionalmente hay lugar a recurso de revisión, ante una tercera instancia de competencia nacional, si las dos instancias anteriores fueron resueltas por autoridades que no son de competencia nacional, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

 

 

 

 

Artículo 211.- Requisitos del recurso

 

El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el Artículo 113 de la presente Ley. Debe ser autorizado por letrado.

 

 

 

CONCORDANCIAS:         R.PRESIDENCIAL N° 016-CND-P-2005, Art. 5

 

R. Nº 640-2007-OS-CD, Art. 30 num.30.2

 

 

 

 

Artículo 212.- Acto firme

 

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

 

 

 

 

Artículo 213.- Error en la calificación

 

El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter.

 

 

 

 

Artículo 214.- Alcance de los recursos

 

Los recursos administrativos se ejercitarán por una sola vez en cada procedimiento administrativo y nunca simultáneamente.

 

 

 

 

 

 

Artículo 215.- Silencio administrativo en materia de recursos

 

El silencio administrativo en materia de recursos se regirá por lo dispuesto por el numeral 34.1.2 del Artículo 34 e inciso 2) del Artículo 33 de la presente Ley.

 

 

 

 

Artículo 216.- Suspensión de la ejecución

 

 

 

 

216.1 La interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma legal establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

 

 

 

 

216.2 No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, la autoridad a quien competa resolver el recurso podrá suspender de oficio o a petición de parte la ejecución del acto recurrido cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

 

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

 

 

 

 

b) Que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente.

 

 

 

 

216.3 La decisión de la suspensión se adoptará previa ponderación suficientemente razonada entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que causa al recurrente la eficacia inmediata del acto recurrido.

 

 

 

 

216.4 Al disponerse la suspensión podrán adoptarse las medidas que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o los derechos de terceros y la eficacia de la resolución impugnada.

 

 

 

 

216.5 La suspensión se mantendrá durante el trámite del recurso administrativo o el correspondiente proceso contencioso-administrativo, salvo que la autoridad administrativa o judicial disponga lo contrario si se modifican las condiciones bajo las cuales se decidió.

 

 

 

 

Artículo 217.- Resolución

 

 

 

 

217.1 La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.

 

 

 

 

217.2 Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello.   Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo.

 

 

 

 

Artículo 218- Agotamiento de la vía administrativa

 

 

 

 

218.1   Los   actos   administrativos   que   agotan   la   vía   administrativa   podrán   ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso-administrativo a que se refiere el Artículo 148 de la Constitución Política del Estado.

 

218.2 Son actos que agotan la vía administrativa:

 

 

 

 

a) El acto respecto del cual no proceda legalmente impugnación ante una autoridad u órgano jerárquicamente superior en la vía administrativa o cuando se produzca silencio administrativo negativo, salvo que el interesado opte por interponer recurso de reconsideración,  en  cuyo  caso  la  resolución  que  se  expida  o  el  silencio  administrativo producido con motivo de dicho recurso impugnativo agota la vía administrativa; o

 

 

 

 

b)  El  acto  expedido  o  el  silencio  administrativo  producido  con  motivo  de  la interposición de un recurso de apelación en aquellos casos en que se impugne el acto de una autoridad u órgano sometido a subordinación jerárquica; o

 

 

 

 

c)  El  acto  expedido  o  el  silencio  administrativo  producido  con  motivo  de  la interposición de un recurso de revisión, únicamente en los casos a que se refiere el Artículo

210 de la presente Ley; o

 

 

 

 

d) El acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos administrativos en los casos a que se refieren los Artículos 202 y 203 de esta Ley; o

 

 

 

 

e) Los actos administrativos de los Tribunales o Consejos Administrativos regidos por leyes especiales.

 

 

 

 

TÍTULO IV

 

 

 

 

De los procedimientos especiales

 

 

 

 

CAPÍTULO I Procedimiento trilateral

Artículo 219.- Procedimiento trilateral

 

 

 

219.1 El procedimiento trilateral es el procedimiento administrativo contencioso seguido entre dos o más administrados ante las entidades de la administración y para los descritos en el inciso 8) del Artículo I del Título Preliminar de la presente Ley.

 

 

 

 

219.2 La parte que inicia el procedimiento con la presentación de una reclamación será designada como “reclamante” y cualquiera de los emplazados será designado como “reclamado”.

 

 

 

 

Artículo 220.- Marco legal

 

El procedimiento trilateral se rige por lo dispuesto en el presente Capítulo y en lo demás por lo previsto en esta Ley. Respecto de los procedimientos administrativos trilaterales regidos por leyes especiales, este capítulo tendrá únicamente carácter supletorio.

 

 

 

 

Artículo 221.- Inicio del procedimiento

 

 

 

 

221.1 El procedimiento trilateral se inicia mediante la presentación de una reclamación o de oficio.

 

 

 

 

221.2 Durante el desarrollo del procedimiento trilateral la administración debe favorecer y facilitar la solución conciliada de la controversia.

 

 

 

 

221.3 Una vez admitida a trámite la reclamación se pondrá en conocimiento del reclamado a fin de que éste presente su descargo.

 

 

 

 

Artículo 222.- Contenido de la reclamación

 

 

 

 

222.1 La reclamación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el Artículo 113 de la presente Ley, así como el nombre y la dirección de cada reclamado, los motivos de la reclamación y la petición de sanciones u otro tipo de acción afirmativa.

 

222.2 La reclamación deberá ofrecer las pruebas y acompañará como anexos las pruebas de las que disponga.

 

 

 

 

222.3 La autoridad podrá solicitar aclaración de la reclamación de admitirla, cuando existan dudas en la exposición de los hechos o fundamentos de derecho respectivos.

 

 

 

 

Artículo 223.- Contestación de la reclamación

 

 

 

 

223.1 El reclamado deberá presentar la contestación de la reclamación dentro de los quince (15) días posteriores a la notificación de ésta; vencido este plazo, la Administración declarará en rebeldía al reclamado que no la hubiera presentado. La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el Artículo 113 de la presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos controvertidos de hecho y de derecho, Las alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, salvo que hayan sido específicamente negadas en la contestación, se tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas.

 

 

 

 

223.2 Las cuestiones se proponen conjunta y únicamente al contestar la reclamación o la réplica y son resueltas con la resolución final.

 

 

 

 

223.3 En el caso de que el reclamado no cumpla con presentar la contestación dentro del plazo establecido, la administración podrá permitir, si lo considera apropiado y razonable, la entrega de la contestación luego del vencimiento del plazo.

 

 

 

 

223.4 Adicionalmente a la contestación, el reclamado podrá presentar una replica alegando violaciones a la legislación respectiva, dentro de la competencia del organismo correspondiente de la entidad. La presentación de réplicas y respuestas a aquellas réplicas se rige por las reglas para la presentación y contestación de reclamaciones, excluyendo lo referente a los derechos administrativos de trámite.

 

 

 

 

Artículo 224.- Prohibición de responder a las contestaciones

 

La réplica a las contestaciones de las reclamaciones, no está permitida.   Los nuevos problemas incluidos en la contestación del denunciado serán considerados como materia controvertida.

 

Artículo 225.- Pruebas

 

Sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 162 a 180 de la presente Ley, la administración sólo puede prescindir de la actuación de las pruebas ofrecidas por cualquiera de las partes por acuerdo unánime de éstas.

 

 

 

 

Artículo 226.- Medidas cautelares

 

 

 

 

226.1 En cualquier etapa del procedimiento trilateral, de oficio o a pedido de parte, podrán dictarse medidas cautelares conforme al Artículo 146.

 

 

 

 

226.2 Si el obligado a cumplir con una medida cautelar ordenado por la administración no lo hiciere, se aplicarán las normas sobre ejecución forzosa prevista en los Artículos 192 al

200 de esta Ley.

 

 

 

 

226.3 Cabe la apelación contra la resolución que dicta una medida cautelar solicitada por alguna de las partes dentro del plazo de tres (3) días contados a partir de la notificación de la resolución que dicta la medida.   Salvo disposición legal o decisión de la autoridad en contrario, la apelación no suspende la ejecución de la medida cautelar.

 

 

 

 

La apelación deberá elevarse al superior jerárquico en un plazo máximo de (1) día, contado desde la fecha de la concesión del recurso respectivo y será resuelta en un plazo de cinco (5) días.

 

 

 

 

Artículo 227.- Impugnación

 

 

 

 

227.1 Contra la resolución final recaída en un procedimiento trilateral expedida por una autoridad u órgano sometido a subordinación jerárquica, sólo procede la interposición del recurso de apelación.   De no existir superior jerárquico, sólo cabe plantear recurso de reconsideración.

 

 

 

 

227.2 La apelación deberá ser interpuesta ante el órgano que dictó la resolución apelada dentro de los quince (15) días de producida la notificación respectiva. El expediente respectivo deberá elevarse al superior jerárquico en un plazo máximo de dos (2) días contados desde la fecha de la concesión del recurso respectivo.

 

 

 

227.3  Dentro  de  los  quince  (15)  días  de  recibido  el  expediente  por  el  superior jerárquico se correrá traslado a la otra parte y se le concederá plazo de quince (15) días para la absolución de la apelación.

 

 

 

 

227.4 Con la absolución de la otra parte o vencido el plazo a que se refiere el artículo precedente, la autoridad que conoce de la apelación podrá señalar día y hora para la vista de la causa que no podrá realizarse en un plazo mayor de diez (10) días contados desde la fecha en que se notifique la absolución de la apelación a quien la interponga.

 

 

 

 

227.5 La administración deberá emitir resolución dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de realización de la audiencia.

 

 

 

 

Artículo 228.- Conciliación o transacción extrajudicial

 

 

 

 

228.1 En los casos en los que la Ley lo permita y antes de que se notifique la resolución final, la autoridad podrá aprobar acuerdos, pactos, convenios o contratos de los administrados que importen una transacción extrajudicial o conciliación, con el alcance, requisitos, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos poner fin al procedimiento administrativo y dejar sin efecto las resoluciones que se hubieren  dictado  en  el  procedimiento.    El acuerdo podrá  ser recogido en  una  resolución administrativa.

 

 

 

 

228.2 Los citados instrumentos deberán constar por escrito y establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes y el plazo de vigencia.

 

 

 

 

228.3 Al  aprobar  los  acuerdos  a que  se  refiere  el  numeral  228.1,  la autoridad podrá continuar el procedimiento de oficio si del análisis de los hechos considera que podría estarse   afectando   intereses   de   terceros   o   la   acción   suscitada   por   la   iniciación   del procedimiento extrañase interés general.

 

 

 

 

CAPÍTULO II

 

 

 

 

Procedimiento Sancionador

 

 

 

Artículo 229.- Ámbito de aplicación de este Capítulo

 

 

 

 

229.1 Las disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera de las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados.

 

 

 

 

229.2 En las entidades cuya potestad sancionadora está regulada por leyes especiales, este Capítulo se aplicará con carácter supletorio. La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige por la normativa sobre la materia. (*)

 

 

 

 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008, cuyo texto es el siguiente:

 

 

 

 

"229.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter supletorio a los procedimientos establecidos en leyes especiales, las que deberán observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el articulo 230, así como la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador.

 

 

 

 

Los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados, que las previstas en este Capítulo."

 

 

 

 

"229.3 La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige por la normativa sobre la materia.” (*)

 

 

 

 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio 2008.

 

 

 

 

Subcapítulo I

 

De la Potestad Sancionadora

 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

 

 

 

 

1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción  son  posibles  de  aplicar  a  un  administrado,  las  que  en  ningún  caso  habilitarán  a disponer la privación de libertad.

 

 

 

 

2. Debido procedimiento.- Las entidades aplicarán sanciones sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso.

 

 

 

 

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de infracción. (*)

 

 

 

 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008, cuyo texto es el siguiente:

 

 

 

 

"3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su graduación:

 

 

 

 

a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;

 

b) EI perjuicio económico causado;

 

c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción;

 

d) Las circunstancias de la comisión de la infracción;

 

e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y

 

f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor."

 

 

 

4. Tipicidad.- Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía reglamentaria.

 

 

 

 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.

 

 

 

 

6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.

 

 

 

 

7. Continuación de Infracciones.- Para imponer sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días desde la fecha de la imposición de la última sanción y se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. (*)

 

 

 

 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008, cuyo texto es el siguiente:

 

 

 

 

"7. Continuación de infracciones.- Para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma contínua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo.

 

 

 

 

Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán atribuir el supuesto de continuidad y/o la imposición de la sanción respectiva, en los siguientes casos:

 

a) Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo   contra   el   acto   administrativo   mediante   el   cual   se   impuso   la   última   sanción administrativa.

 

 

 

 

b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme.

 

 

 

 

c)  Cuando  la  conducta  que  determinó  la  imposición  de  la  sanción  administrativa original haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación en el ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de principio de irretroactividad a que se refiere el inciso 5."

 

 

 

 

8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable.

 

 

 

 

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

 

 

 

 

10. Non bis in idem.- No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. (*)

 

 

 

 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008, cuyo texto es el siguiente:

 

 

 

 

"10. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

 

 

 

 

Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7.”

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         D.S. N° 019-2006-TR, Art. 50

 

Ley N° 28966, Art. 5 (Ley que complementa el marco legal vigente referido al ejercicio profesional del arquitecto)

 

Ley N° 29080, Art. 12, Art. 13

 

D.S. Nº 008-2007-SA, Art. 27

 

R. Nº 640-2007-OS-CD, Art. 2

 

D.S. N° 017-2009-MTC, Art. 92

 

 

 

 

Artículo 231.- Estabilidad de la competencia para la potestad sancionadora

 

El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes le hayan sido expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria, sin que pueda asumirla o delegarse en órgano distinto.

 

 

 

 

“Artículo 231-A.- Reglas sobre el ejercicio de la potestad sancionadora.

 

En virtud del principio de razonabilidad en el ámbito de los procedimientos administrativos sancionadores deberán observarse las siguientes reglas:

 

 

 

 

a) En el caso de infracciones administrativas pasibles de multas que tengan como fundamento el incumplimiento de la realización de trámites, obtención de licencias, permisos y autorizaciones u otros procedimientos similares ante autoridades competentes por concepto de instalación de infraestructuras en red para servicios públicos u obras públicas de infraestructura, exclusivamente en los casos en que ello sea exigido por el ordenamiento vigente, la cuantía de la sanción a ser impuesta no podrá exceder:

 

 

 

 

- El uno (1%) de valor de la obra o proyecto, según sea el caso.

 

 

 

 

- El cien por ciento (100%) del monto por concepto de la tasa aplicable por derecho de trámite, de acuerdo a Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente en el momento de ocurrencia de los hechos, en los casos en que no sea aplicable la valoración indicada con anterioridad.

 

 

 

 

Los casos de imposición de multas administrativas por montos que excedan los límites señalados  con  anterioridad,  serán  conocidos  por  la  Comisión  de  Acceso  al  Mercado  del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual,

 

para efectos de determinar si en tales supuestos se han constituido barreras burocráticas ilegales de acceso al mercado, conforme al procedimiento administrativo contemplado en el Decreto Ley Nº 25868  y el Decreto Legislativo Nº 807, y en sus normas modificatorias y complementarias.

 

 

 

 

b) Cuando el procedimiento sancionador recaiga sobre la carencia de autorización o licencia para la realización de varias conductas individuales que, atendiendo a la naturaleza de los hechos, importen la comisión de una actividad y/o proyecto que las comprendan en forma general,  cuya  existencia  haya  sido  previamente  comunicada  a  la  entidad  competente,  la sanción no podrá ser impuesta en forma individualizada, sino aplicada en un concepto global atendiendo a los criterios previstos en el inciso 3 del Artículo 230°”. (*)

 

 

 

 

(*) Artículo incorporado por el Artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1014, publicado el 16 mayo 2008.

 

 

 

 

Artículo 232.- Determinación de la responsabilidad

 

 

 

 

232.1 Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con la exigencia de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado anterior, así como con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, los que serán determinados en el proceso judicial correspondiente.

 

 

 

 

CONCORDANCIA:           D.S. Nº 007-2007-MINCETUR-A8

 

D.S. Nº 008-2008-MTC, Art. 18 (Aprueban Reglamento del Régimen

General de Infracciones y Sanciones para la Actividad Portuaria)

 

 

 

 

232.2 Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente, responderán en forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan, y de las sanciones que se impongan.

 

 

 

 

Artículo 233.- Prescripción

 

 

 

 

233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes  especiales, sin perjuicio de los

 

plazos para la prescripción de las demás responsabilidades que la infracción pudiera ameritar. En caso de no estar determinado, prescribirá en cinco años computados a partir de la fecha en que se cometió la infracción o desde que cesó, si fuera una acción continuada. (*)

 

 

 

 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008, cuyo texto es el siguiente:

 

 

 

 

"233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años."

 

 

 

 

233.2 El plazo de prescripción sólo se interrumpe con la iniciación del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo si el expediente se mantuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al administrado. (*)

 

 

 

 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008, cuyo texto es el siguiente:

 

 

 

 

"233.2  EI  cómputo  del  plazo  de  prescripción  de  la  facultad  para  determinar  la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una acción continuada.

 

 

 

 

EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos  de  infracción  que  les  sean  imputados  a  título  de  cargo,  de  acuerdo  a  lo establecido en el artículo 235, inciso 3 de esta Ley. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado."

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         D.S. Nº 016-2009-MTC, Art. 338

 

 

 

 

233.3 Los administrados plantean la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe  resolverla  sin  más  trámite  que  la  constatación  de  los  plazos,  debiendo  en  caso  de

 

estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar las causas de la inacción administrativa.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         R. Nº 218-2007-SUNARP-SN, Art. 16

 

D.S. N° 017-2009-MTC, Art. 130

 

 

 

 

Subcapítulo II

 

Ordenamiento del Procedimiento Sancionador

 

 

 

 

Artículo 234.- Caracteres del procedimiento sancionador

 

Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por:

 

 

 

 

1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la aplicación de la sanción, cuando la organización de la entidad lo permita.

 

 

 

 

2. Considerar que los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a las entidades en sus procedimientos sancionadores.

 

 

 

 

3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo la calificación  de  las  infracciones  que  tales  hechos  pueden  construir  y  la  expresión  de  las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia.

 

 

 

 

4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al numeral

162.2 del Artículo 162, sin que la abstención del ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento de juicio en contrario a su situación.

 

 

 

 

Artículo 235.- Procedimiento sancionador

 

Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones:

 

 

 

1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia.

 

 

 

 

2. Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación.

 

 

 

 

 

3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación.

 

 

 

 

4. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción.

 

 

 

 

5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento resuelve la imposición de una sanción o la no existencia de infracción. En caso de que la estructura del procedimiento contemple la existencia diferenciada de órganos de instrucción  y  órganos  de  resolución  concluida  la  recolección  de  pruebas,  la  autoridad instructora formulará propuesta de resolución en la que se determinará, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción para dicha conducta y la sanción que se propone que se imponga; o bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción.   Recibida la propuesta de resolución, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción podrá disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que sean indispensables para resolver el procedimiento.

 

 

 

 

6. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso.

 

CONCORDANCIAS:         R. CONASEV Nº 089-2005-EF-94.10 (Dictan disposiciones relativas a la tramitación de procedimientos administrativos ante

 

los órganos de CONASEV)

 

R.  N°  054-2006-CSJDH-IPD  (Declaran  concluido  proceso  relativo  a denuncia interpuesta contra ex Presidente de la Federación Deportiva

 

Peruana de Judo, por supuestas faltas en materia deportiva) R. Nº 218-2007-SUNARP-SN, Art. 11, 12

 

 

 

Artículo 236.- Medidas de carácter provisional

 

 

 

 

236.1 La autoridad que instruye el procedimiento podrá disponer la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, con sujeción a lo previsto por el Artículo 146 de esta Ley.

 

 

 

 

236.2 Las medidas que se adopten deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretende garantizar en cada supuesto concreto.

 

 

 

 

236.3 El cumplimiento o ejecución de las medidas de carácter provisional que en su caso se adopten, se compensarán, en cuanto sea posible, con la sanción impuesta.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         D.S. Nº 008-2008-MTC, Art. 21 (Aprueban Reglamento del Régimen

General de Infracciones y Sanciones para la Actividad Portuaria)

 

D.S. N° 014-2008-JUS, Reglamento, Art. 146

 

 

 

 

“Artículo 236-A.- Atenuantes de Responsabilidad por Infracciones

 

Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por la comisión de la infracción administrativa, las siguientes:

 

 

 

 

1.- La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 235.

 

 

 

2.- Error inducido por la administración por un acto o disposición administrativa, confusa o ilegal.” (*)

 

 

 

 

(*) Artículo incorporado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008.

 

 

 

 

Artículo 237.- Resolución

 

 

 

 

237.1 En la resolución que ponga fin al procedimiento no se podrán aceptar hechos distintos  de  los  determinados  en  el  curso  del  procedimiento,  con  independencia  de  su diferente valoración jurídica.

 

 

 

 

237.2 La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa.   La administración podrá adoptar las medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia, en tanto no sea ejecutiva.

 

 

 

 

237.3 Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado.

 

 

 

 

TÍTULO V

 

 

 

 

De la responsabilidad de la administración pública y del personal a su servicio

 

 

 

CAPÍTULO I

 

 

 

 

Responsabilidad de la administración pública

 

 

 

 

Artículo 238.- Disposiciones Generales

 

 

 

238.1 Los administrados tendrán derecho a ser indemnizados por las entidades de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en casos de fuerza mayor, siempre que el perjuicio sea consecuencia del funcionamiento de la administración. (*)

 

 

 

 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008, cuyo texto es el siguiente:

 

 

 

 

"238.1 Sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el derecho común y en las leyes especiales, las entidades son patrimonialmente responsables frente a los administrados por los daños directos e inmediatos causados por los actos de la administración o los servicios públicos directamente prestados por aquéllas."

 

 

 

 

238.2 La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede administrativa o por resolución judicial no presupone necesariamente derecho a la indemnización. (*)

 

 

 

 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008, cuyo texto es el siguiente:

 

 

 

 

"238.2 En los casos del numeral anterior, no hay lugar a la reparación por parte de la Administración, cuando el daño fuera consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante del administrado damnificado o de tercero.

 

 

 

 

Tampoco hay lugar a reparación cuando la entidad hubiere actuado razonable y proporcionalmente en defensa de la vida, integridad o los bienes de las personas o en salvaguarda de los bienes públicos o cuando se trate de daños que el administrado tiene el deber jurídico de soportar de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las circunstancias."

 

 

 

 

238.3 El daño alegado debe ser efectivo, valuable económicamente e individualizado con relación a un administrado o grupo de ellos. (*)

 

 

 

 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008, cuyo texto es el siguiente:

 

 

 

"238.3 La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede administrativa o por resolución judicial no presupone necesariamente derecho a la indemnización."

 

 

 

 

238.4 Sólo será indemnizable el perjuicio producido al administrado proveniente de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo  con la ley. (*)

 

 

 

 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008, cuyo texto es el siguiente:

 

 

 

 

"238.4 EI daño alegado debe ser efectivo, valuable económicamente e individualizado con relación a un administrado o grupo de ellos."

 

 

 

 

238.5 La cuantía de la indemnización incluirá los intereses legales y se calculará con referencia al día en que el perjuicio se produjo. (*)

 

 

 

 

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio

2008, cuyo texto es el siguiente:

 

 

 

 

"238.5 La indemnización comprende el daño directo e inmediato y las demás consecuencias que se deriven de la acción u comisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral."

 

 

 

 

238.6 Cuando la entidad indemnice a los administrados, podrá repetir judicialmente de autoridades y  demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido, tomando en cuenta la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal involucrado y su relación con la producción del perjuicio. Sin embargo, la entidad podrá acordar con el responsable el reembolso de lo indemnizado, aprobando dicho acuerdo mediante resolución.

 

 

 

 

CAPÍTULO II

 

 

 

 

Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración pública

 

 

 

Artículo 239.- Faltas administrativas

 

Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente con amonestación, suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de:

 

 

 

 

1. Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, informaciones o expedir constancia sobre ellas.

 

 

 

 

2. No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos.

 

 

 

 

3.   Demorar   injustificadamente   la   remisión   de   datos,   actuados   o   expedientes solicitados para resolver un procedimiento o la producción de un acto procesal sujeto a plazo determinado dentro del procedimiento administrativo.

 

 

 

 

4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia.

 

 

 

 

5. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello.

 

 

 

 

6. No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encuentra incurso.

 

 

 

 

7. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus decisiones.

 

 

 

 

8. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administrativa o contradecir sus decisiones.

 

9. Incurrir en ilegalidad manifiesta.

 

 

 

 

10. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial a que se refiere el numeral 160.1 de esta Ley.

 

 

 

 

Las correspondientes sanciones deberán ser impuestas previo proceso administrativo disciplinario que, en el caso del personal sujeto al régimen de la carrera administrativa, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo aplicarse para los demás casos el procedimiento establecido en el Artículo 235 de la presente Ley, en lo que fuere pertinente.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         Ley Nº 29060, Art. 4

 

R.M. N° 348-2007-PRODUCE, Art. 4

 

 

 

 

Artículo 240.- Criterios para la aplicación de sanciones.

 

Las demás faltas incurridas por las autoridades y personal a su servicio con respecto de los administrados no previstas en el artículo anterior serán sancionadas considerando el perjuicio ocasionado a los administrados, la afectación al debido procedimiento causado, así como  la  naturaleza  y  jerarquía  de  las  funciones  desempeñadas,  entendiendo  que  cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializada sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente.

 

 

 

 

Artículo 241.- Restricciones a ex autoridades de las entidades

 

 

 

 

241.1 Ninguna ex autoridad de las entidades podrá realizar durante el año siguiente a su cese alguna de las siguientes acciones con respecto a la entidad a la cual perteneció:

 

 

 

 

241.1.1 Representar o asistir a un administrado en algún procedimiento respecto del cual tuvo algún grado de participación durante su actividad  en la entidad.

 

 

 

 

241.1.2 Asesorar a cualquier administrado en algún asunto que estaba pendiente de decisión durante su relación con la entidad.

 

241.1.3 Realizar cualquier contrato, de modo directo o indirecto, con algún administrado apersonado a un procedimiento resuelto con su participación.

 

 

 

 

241.2 La transgresión a estas restricciones será objeto de procedimiento investigatorio y, de comprobarse, el responsable será sancionado con la prohibición de ingresar a cualquier entidad por cinco años, e inscrita en el Registro respectivo.

 

 

 

 

Artículo 242.- Registro de sanciones

 

La Presidencia del Consejo de Ministros o quien ésta designe organiza y conduce en forma permanente un Registro Nacional de Sanciones de destitución y despido que se hayan aplicado a cualquier autoridad o personal al servicio de la entidad, independientemente de su régimen  laboral o  contractual,  con  el objeto  de  impedir  su  reingreso  a cualquiera  de  las entidades por un plazo de cinco años.

 

 

 

 

CONCORDANCIAS:         LEY N° 27815, Art. 13

 

R.M. N° 135-2004-PCM

 

D.S.    N°    089-2006-PCM    (Reglamento    para    el    funcionamiento, actualización y consulta de la información en el Registro Nacional de Sanciones de

 

Destitución y Despido - RNSDD)

 

D.S. N° 063-2007-PCM, Única Disp.Final

 

 

 

 

 

 

Artículo 243 .- Autonomía de responsabilidades

 

 

 

 

243.1 Las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación.

 

 

 

 

243.2 Los   procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrario.

 

“Artículo 244.- Denuncia por delito de omisión o retardo de función

 

 

 

 

El Ministerio Público, a efectos de decidir el ejercicio de la acción penal en los casos referidos a delitos de omisión o retardo de función, deberá determinar la presencia de las siguientes situaciones:

 

 

 

 

a) Si el plazo previsto por ley para que el funcionario actúe o se pronuncie de manera expresa no ha sido excedido.

 

 

 

 

b)  Si  el  administrado  ha  consentido  de  manera  expresa  en  lo  resuelto  por  el funcionario público.”

 

 

 

 

(*) Artículo 244, incorporado por el Artículo Único de la Ley N° 28187, publicada el 09-03-2004. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

PRIMERA.- Referencias a esta Ley

 

Las referencias a las normas de la presente Ley se efectuarán indicando el número del artículo seguido de la mención “de la Ley del Procedimiento Administrativo General”.

 

 

 

 

SEGUNDA.- Prohibición de reiterar contenidos normativos

 

Las disposiciones legales posteriores no pueden reiterar el contenido de las normas de la presente Ley, debiendo sólo referirse al artículo respectivo o concretarse a regular aquello no previsto.

 

 

 

 

TERCERA.- Integración de procedimientos especiales

 

La presente Ley es supletoria a las leyes, reglamentos y otras normas de procedimiento existentes  en  cuanto  no  la  contradigan  o  se  opongan,  en  cuyo  caso  prevalecen  las disposiciones especiales.

 

CONCORDANCIA:           R.J.   N°   061-2005-AG-SENASA   (Procedimiento   de   tramitación   de registro de plaguicidas químicos)

 

 

 

 

CUARTA.- Vigencia de la presente Ley

 

 

 

 

1. Esta Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial "El

Peruano".

 

 

 

 

2. La falta de reglamentación de alguna de las disposiciones de esta Ley no será impedimento para su vigencia y exigibilidad.

 

 

 

 

QUINTA.- Derogación genérica

 

Esta Ley es de orden público y deroga todas las disposiciones legales o administrativas, de igual o inferior rango, que se le opongan o contradigan, regulando procedimientos administrativos de índole general, aquellos cuya especialidad no resulte justificada por la materia que rijan, así como por absorción aquellas disposiciones que presentan idéntico contenido que algún precepto de esta Ley.

 

 

 

 

SEXTA.- Derogación expresa

 

Particularmente quedan derogadas expresamente a partir de la vigencia de la presente

Ley, las siguientes normas:

 

 

 

 

1. El Decreto Supremo Nº 006-67-SC, la Ley Nº 26111, el Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-94-JUS y sus normas modificatorias, complementarias, sustitutorias y reglamentarias;

 

 

 

 

2. Ley Nº 25035, denominada Ley de Simplificación Administrativa, y sus normas modificatorias, complementarias, sustitutorias y reglamentarias;

 

 

 

 

3. Título IV del Decreto Legislativo Nº 757, denominado Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, y sus normas modificatorias, complementarias, sustitutorias y reglamentarias;

 

4. Sexta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 26979, denominada Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

 

 

 

 

SÉTIMA.- Referencias a dispositivos derogados

 

Las referencias contenidas en el artículo 26 BIS del Decreto Ley N° 25868, a la Ley de Simplificación Administrativa y a la parte pertinente del Decreto Legislativo N° 757 que quedan derogadas en virtud de la presente norma, se entienden sustituidas por ésta para todos los efectos legales, sin perjuicio de las otras atribuciones de competencia contenidas en dicho artículo.

 

 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

 

 

 

PRIMERA.- Regulación transitoria

 

 

 

 

1. Los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán por la normativa anterior hasta su conclusión.

 

 

 

 

2. No obstante, son aplicables a los procedimientos en trámite, las disposiciones de la presente Ley que reconozcan derechos o facultades a los administrados frente a la administración, así como su Título Preliminar.

 

 

 

 

3.   Los   procedimientos   especiales   iniciados   durante   el   plazo   de   adecuación contemplado en la tercera disposición transitoria se regirán por lo dispuesto en la normativa anterior que les sea de aplicación, hasta la aprobación de la modificación correspondiente, en cuyo caso los procedimientos iniciados con posterioridad a su entrada en vigor, se regulan por la citada normativa de adecuación.

 

 

 

 

SEGUNDA.- Plazo para la adecuación de procedimientos especiales

 

Reglamentariamente, en el plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley, se llevará a efecto la adecuación de las normas de los entes reguladores de los distintos procedimientos administrativos, cualquiera que sea su rango, con el fin de lograr una integración de las normas generales supletoriamente aplicables.

 

TERCERA.- Plazo para la aprobación del TUPA

 

Las entidades deberán aprobar su TUPA conforme a las normas de la presente Ley, en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la vigencia de la misma.

 

 

 

 

CUARTA.- Régimen de fedatarios

 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 127 de la presente Ley, cada entidad podrá elaborar un reglamento interno en el cual se establecerá los requisitos, atribuciones y demás normas relacionadas con el desempeño de las funciones de fedatario.

 

 

 

 

QUINTA.- Difusión de la presente Ley

 

Las entidades, bajo responsabilidad de su titular, deberán realizar acciones de difusión, información y capacitación del contenido y alcances de la presente Ley a favor de su personal y del público usuario. Dichas acciones podrán ejecutarse a través de Internet, impresos, charlas, afiches u otros medios que aseguren la adecuada difusión de la misma. El costo de las acciones de información, difusión y capacitación no deberá ser trasladado al público usuario.

 

 

 

 

Las entidades en un plazo no mayor a los 6 (seis) meses de publicada la presente Ley, deberán informar a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior.

 

 

 

 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. En Lima, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil uno

CARLOS FERRERO

 

Presidente a.i. del Congreso de la República

 

 

 

 

HENRY PEASE GARCÍA

 

Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

 

 

 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

 

 

 

POR TANTO:

 

 

 

 

Mando se publique y cumpla.

 

 

 

 

 

 

uno.


Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días del mes de abril del año dos mil

 

 

 

 

 

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO Presidente Constitucional de la República

 

 

 

JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR Presidente del Consejo de Ministros

 

 

 

DIEGO GARCIA-SAYAN LARRABURE Ministro de Justicia

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Precedente de observancia obligatoria. Establece la metodología a utilizar para el análisis de legalidad y de racionalidad de barreras burocráticas, distintas a los tributos, que afecten el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el merc

RESOLUCION N° 182-97-TDC EXPEDIENTE N° 036-96-CAM

 

 

(Publicada el 20 de agosto de 1997)

 

 

 

 

Denunciante:                                         Inversiones La Merced S.A. (La

Merced)

 

Denunciados:                                        Alcalde  Provincial de Trujillo (El Alcalde)  y Municipalidad Provincial de Trujillo (La Municipalidad)

 

Materia:                                                      Acceso  al mercado

Imposición de barreras  burocráticas que impiden la permanencia en el mercado

 

Actividad:                                              Transporte público

 

 

 

 

SUMILLA: Se confirma en parte la Resolución N°03-96-CAM-INDECOPI/EXP-036 de la Comisión de Acceso  al

Mercado, por la cual se declaró inaplicable a la denunciante la exigencia  impuesta por la Municipalidad Provincial

de Trujillo que - en aplicación del Decreto de Alcaldía  N°023-96-MPT- obligaba a los taxistas  a pintar  la carrocería de sus autos de color  amarillo cromo,  así como sus techos de color  negro, debido a que la Municipalidad no justificó

la racionalidad de esta exigencia.

 

Asimismo, se establece  como precedente de observancia obligatoria los criterios que deberá tenerse en cuenta para determinar la existencia de una barrera burocrática ilegal o irracional que impide  el acceso o la permanencia en el mercado,  así como las cargas en materia probatoria que recaen sobre las partes en los procedimientos seguidos ante la Comisión.

 

 

 

 

Lima, 16 de julio de 1997.

 

 

 

 

I. ANTECEDENTES

 

La denunciante es una empresa constituida el 16 de diciembre de 1994 que se dedica desde hace más de dos años a prestar el servicio de transporte de pasajeros en automóviles de alquiler - taxi - en la ciudad de Trujillo, utilizando para ello la denominación "Fono Taxi". Los veinte automóviles con los que presta dicho servicio tienen carrocería de color blanco y/o plomo y llevan una farola en el techo de color blanco con letras de color plomo y/o turquesa, así como la denominación "Fono Taxi" y el número telefónico de la empresa.

 

El 2 de julio de 1996, el Alcalde emitió el Decreto de Alcaldía N° 23-96-MPT por el cual se uniformizaba las características físicas que debían tener los taxis. Entre las disposiciones contenidas en dicho decreto, se establecía la obligación de pintar la carrocería de los taxis de color amarillo cromo y sus techos de color negro  (1)

 

El 21 de noviembre de 1996, La Merced denunció al Alcalde y a la Municipalidad por imponer trabas burocráticas que dificultaban su permanencia en el mercado, derivadas de la expedición del Decreto de Alcaldía N° 023-96-MPT, en base a los siguientes argumentos:

 

El artículo 13° del Decreto Legislativo N° 668, señala que los reglamentos de cualquier índole no constituirán obstáculo al libre flujo y uso de bienes y servicios en el comercio interior; en este caso, se estaba impidiendo que Fono Taxi utilizara la presentación que distinguía a sus vehículos dentro del mercado;

 

I.        Cuando los vehículos fueron autorizados a prestar el servicio no se les exigió que reunieran determinadas características físicas, ya que la obligación de pintar los taxis no se encontraba prevista en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad; en tal sentido, acatar lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía N° 023-96-MPT significaría aplicar retroactivamente dicha disposición municipal;

II.        El artículo 69 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que el transporte urbano se regula de conformidad con los reglamentos de la materia; al respecto, el Decreto Legislativo N° 420, Código de Tránsito, contiene aquellas condiciones técnicas y de seguridad necesarias para la prestación del servicio de transporte, pero en ningún momento se refiere al color, marcas, ni apariencia externa de los vehículos.

 

La Merced indicó también que la referida disposición municipal le generaría sobrecostos que harían peligrar su estabilidad económica, tales como el repintar sus vehículos y no poder acceder al centro de la ciudad mientras tanto, por lo que solicitó a la Comisión que ordenara, como medida cautelar, la suspensión de la aplicación del Decreto de Alcaldía N° 023-96-MPT.

 

El 26 de noviembre de 1996, la Comisión admitió a trámite la denuncia y concedió la medida cautelar solicitada; en tal sentido, dispuso que el Alcalde y la Municipalidad se abstuvieran de efectuar requerimientos o ejercer medidas de presión contra La Merced en virtud del Decreto de Alcaldía Nº023-96-MPT, en la medida que éste incorporaba requisitos adicionales a los contenidos en el TUPA mediante un instrumento legal que no era el exigido por el artículo 22, tercer párrafo, del Decreto Legislativo N° 757.

 

El día 5 de diciembre de 1996, el señor José Murgia Zannier, en su condición de Alcalde y representante legal de la Municipalidad, presentó sus descargos y señaló que el Decreto de Alcaldía N° 023-96-MPT tenía como base legal las facultades para regular el transporte y el tránsito conferidas a las Municipalidades por los artículos 10°, incisos 5 y 6, y 69°

de la Ley Orgánica de Municipalidades; a lo que agregó que dicha norma tenía "como único propósito uniformizar el color de los vehículos que presten el servicio de taxi en el transporte de pasajeros y hacer posible la identificación del vehículo automotor como una medida de seguridad en beneficio de los usuarios frente a las continuas denuncias por asaltos y violaciones que se han presentado contra conductores de vehículos que simulaban prestar el servicio de taxis".

 

Asimismo, indicó que la Licencia de Funcionamiento que había otorgado a La Merced era un acto de imperio o de gobierno municipal - con la finalidad de regular el transporte y el tránsito - y no un acto de gestión - como lo sería un contrato -, de modo tal que la Municipalidad no se encontraba obligada a respetar los términos en que la concedió. Por otro lado, tampoco consideraba haber contravenido el principio de irretroactividad de las normas, puesto que el decreto cuestionado no pretendía retrotraer sus efectos a situaciones preexistentes, ni sancionar actos realizados con anterioridad. En este orden

de ideas, y en la medida que no se encontraba obligada a incluir los actos de gobierno municipal en el TUPA, el Alcalde planteó un recurso de apelación contra la medida cautelar impuesta por la Comisión.

 

El 3 de enero de 1997 se realizó una audiencia de conciliación con la asistencia de las partes, quienes ratificaron sus posiciones, por lo que no se llegó a acuerdo alguno.

 

El 11 de febrero de 1997, los denunciados señalaron que la regulación del transporte urbano era competencia exclusiva del municipio quien debía establecer un equilibrio justo entre el interés del usuario y la razonable rentabilidad del empresario, para mejorar el servicio dentro de una economía social de mercado. En tal sentido, el concepto de "regular el transporte colectivo" debía entenderse como "ordenar mediante reglas dicho servicio público", labor que no se agotaba en establecer rutas, horarios y condiciones materiales de transporte, sino que también comprendía velar por la calidad del transporte.

 

Por Resolución N°03-CAM-96-INDECOPI/EXP-036, del 20 de febrero de 1997, la Comisión declaró fundada la denuncia y ordenó la inaplicación del Decreto de Alcaldía N° 023-96-MPT, así como su derogatoria, en la medida que constituía una barrera burocrática ilegal que obstaculizaba el acceso o la permanencia de los agentes económicos que intervienen en el mercado. Asimismo, precisó que aun cuando se utilizara el mecanismo legal apropiado (es decir, una ordenanza), la medida dispuesta constituiría una barrera burocrática irracional que dificulta el acceso o la permanencia en el mercado.

 

La Comisión estableció como precedente de observancia obligatoria, en vía de interpretación de la Ley Orgánica de Municipalidades y del Decreto Legislativo N° 757, que corresponde a los Concejos Municipales a través de Ordenanzas, regular el transporte colectivo, la circulación y el tránsito, debiendo respetar el derecho que tienen los agentes económicos de distinguirse de sus competidores; dispuso publicar la resolución y oficiar a la Policía Nacional del Perú, a fin de que prestara las garantías suficientes para el cumplimiento de la resolución.

 

La resolución se sustentó en los siguientes argumentos:

 

I.        De acuerdo con los artículos 109 y 110 de la Ley Orgánica de Municipalidades, los decretos de alcaldía se expiden únicamente en tres supuestos, en ninguno de los cuales encuadraba regular el tránsito y el transporte, ya que el ejercicio de dicha función correspondía al Concejo Municipal a través de ordenanzas. Asimismo, el decreto cuestionado incorporaba requisitos adicionales para obtener la respectiva licencia municipal, los cuales deberían aprobarse mediante una ordenanza. Por estos motivos, atendiendo a que el Decreto de Alcaldía N° 023-96-MPT no fue aprobado mediante el instrumento normativo previsto por la ley, devenía en una barrera burocrática ilegal en razón de su forma.

 

II.        La Merced, como cualquier agente económico, tenía derecho a diferenciarse del resto de sus competidores a través de combinaciones de colores y signos distintivos, con la finalidad de concurrir en el mercado de manera competitiva.

III.        Finalmente, la Comisión indicó que la Municipalidad sí podría uniformizar el color de los vehículos de los taxistas individuales, debido a que la posibilidad de que los usuarios pudieran ejercer preferencia por el servicio que prestan estos agentes económicos era muy remota.

 

El 6 de marzo de 1997, la Municipalidad apeló de la Resolución N°03-96-CAM-INDECOPI/EXP-036 argumentando lo siguiente:

 

I.        El Decreto de Alcaldía N° 023-96-MPT, cuya inaplicación y derogatoria dispuso la Resolución N° 03-96-CAM- INDECOPI/EXP-036, constituye un acto de gobierno municipal que fue dictado en uso de las atribuciones concedidas en favor de los gobiernos locales por la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades. Dichas prerrogativas y competencias tienen rango constitucional, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 192 de la Constitución Política del Perú.

II.        El servicio público de transporte urbano se encuentra regulado por las Municipalidades, de forma tal que no puede hablarse en estricto de "libre competencia"; sobre el particular, la Constitución establece que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado, de modo tal que el Estado estimula la creación

de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y empresa en armonía con el interés social.

III.        Con la resolución apelada, se ha privado a la Municipalidad de las facultades, atributos y prerrogativas que emanan de la Ley Orgánica de Municipalidades y de la Constitución Política del Perú, en asuntos que son de su exclusiva competencia, como es el caso de la regulación del transporte urbano bajo la modalidad de taxis.

 

Por Resolución Nº04-96-CAM-INDECOPI/EXP-036, de fecha 20 de marzo de 1997, la Comisión concedió el recurso de apelación y dispuso elevar los actuados al Tribunal.

 

El 15 de abril de 1997, la Oficina Descentralizada del INDECOPI en La Libertad, remitió copias de la Ordenanza Municipal

N°07-97-MPT, que regulaba el servicio público de transporte en la modalidad de taxi  (2). Asimismo, con fecha 23 de abril de

1997, el Alcalde presentó copia del Decreto de Alcaldía Nº016-97-MPT por el cual se derogó el Decreto de Alcaldía Nº023-

96-MPT y, asimismo, solicitó que se archivara el expediente en forma definitiva por haberse producido los efectos de una sustracción de materia.

 

Atendiendo al informe oral solicitado por La Merced, éste se realizó el día 16 de julio de 1997 con la presencia de ambas partes, con lo que el expediente quedó expedito para ser resuelto.

 

 

 

 

II.        CUESTIONES EN DISCUSION

 

De los antecedentes expuestos y del análisis efectuado, a criterio de esta Sala, las cuestiones en discusión en el presente caso son las siguientes:

 

I.        Definir los alcances del pronunciamiento del Indecopi en el presente caso y, en tal sentido, establecer si corresponde o no ordenar que se archive el expediente, por cuanto el Decreto de Alcaldía N° 023-96-MPT ha sido derogado y sustituido por una ordenanza municipal.

II.        Determinar si la disposición municipal que ordenó uniformizar las características físicas de los taxis constituye una barrera burocrática que impide u obstaculiza, ilegal o irracionalmente, el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado.

 

 

 

 

III. ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSION

 

III.1. Sobre las atribuciones conferidas a la Comisión por la ley.

 

El artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 - según el texto introducido por el artículo 50° del Decreto Legislativo N° 807  (3)

-, establece que corresponde a la Comisión de Acceso al Mercado conocer sobre los actos o disposiciones de la Administración Pública, incluidas las entidades del ámbito municipal, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, pudiendo eliminar dichas barreras. Asimismo, corresponde a la Comisión velar por el cumplimiento de lo establecido en los Decretos Legislativos N°283, N°668  (4), N°757  (5), el artículo 61° del Decreto Legislativo N°776 y la Ley N°25035.

 

Las normas previamente citadas obligan a la Comisión a evaluar, en aquellos casos concretos sometidos a su conocimiento, que las disposiciones y medidas emanadas de las diferentes entidades que conforman la Administración Pública - incluidos los gobiernos locales - no establezcan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen el libre acceso y la permanencia de los agentes económicos en el mercado, analizando para tal efecto:

 

I.        La legalidad de la medida cuestionada, con la finalidad de determinar si ésta ha respetado las formalidades y procedimientos establecidos por las normas aplicables al caso concreto y, asimismo, si encuadra dentro de las atribuciones y competencias conferidas a la autoridad correspondiente.

II.        La racionalidad de dicha medida, lo que incluye evaluar si ésta se justifica en una función de interés público a cargo de la autoridad administrativa, así como determinar aquellos casos en que estas medidas sean desproporcionadas en relación a sus fines o establezcan discriminaciones injustificadas entre los agentes económicos que concurren en el mercado.

 

 

 

 

III.2. Facultades de la Comisión frente a barreras burocráticas provenientes de la aplicación de normas emitidas por autoridades de la Administración Pública.

 

Según se ha indicado, el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 - modificado por el Decreto Legislativo N° 807- confiere expresamente a la Comisión la potestad de suprimir la barrera burocrática ilegal o irracional impugnada por el administrado, con la finalidad de permitir que este agente económico pueda acceder o continuar concurriendo en el mercado hacia el cual decidió orientar sus capitales y fuerza de trabajo.

 

De ello se desprende que las resoluciones de la Comisión recaen únicamente sobre las exigencias concretas - presuntamente ilegales o irracionales - impuestas a los agentes económicos denunciantes y que, por tanto, cuando la Comisión acuerda suprimir una determinada barrera burocrática, dicho pronunciamiento no tiene efectos generales (6).

 

Sin embargo, a efectos del análisis de legalidad, cuando la exigencia cuestionada proviene de la aplicación de una norma jurídica expedida por alguna entidad integrante de la Administración Pública  (7), la Comisión tiene el deber de valorar la legalidad de dicha norma a efectos de emitir un pronunciamiento para el caso concreto, siendo este análisis necesario para determinar si la barrera burocrática impugnada es válida o no.

 

Por otro lado, si bien las Municipalidades poseen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, como manifestación de los principios de descentralización y desconcentración del gobierno, ello no quiere decir que se encuentren aparte del ordenamiento jurídico que rige en todo el territorio nacional, en forma unitaria.

 

Es así que todas las autoridades integrantes de la Administración Pública deben dar cumplimiento a las disposiciones que, en materia de eliminación de barreras burocráticas para el desarrollo de una economía de mercado, han establecido los Decretos Legislativos N° 668 y N°757, entre otras normas. El artículo 26BIS del Decreto Ley N°25868 es claro en este sentido, de modo que no establece excepción alguna con relación a los gobiernos locales y regionales.

 

En consecuencia, la Comisión - y la Sala, en su caso - tienen la obligación de pronunciarse respecto de aquellas barreras concretas al acceso o la permanencia en el mercado que hubiesen impuesto las Municipalidades y que hubiesen sido cuestionadas por su presunta ilegalidad o irracionalidad, aun cuando provinieran de la aplicación de Decretos, Edictos u Ordenanzas.

III.3. Sobre la tutela efectiva del administrado en los casos de imposición de barreras burocráticas ilícitas o irracionales. Carecería de sentido dotar a la Comisión de las atribuciones que le confiere el artículo 26BIS del Decreto Ley N°25868, si la

autoridad denunciada pudiera eludir el cumplimiento de sus obligaciones frente a la ley emitiendo, por ejemplo, medidas idénticas o similares a la impugnada, a través de nuevas resoluciones o actos administrativos de fecha posterior al inicio del procedimiento, que deroguen aquéllos que han sido cuestionados.

 

Siguiendo este razonamiento, la Comisión se encuentra facultada a otorgar eficacia a sus pronunciamientos en el tiempo, atendiendo al principio de tutela efectiva de los derechos del administrado, precisando que la exigencia concreta impuesta sobre el denunciante es inválida, aun cuando la autoridad denunciada sustituyera el acto administrativo cuestionado por uno igual de similar contenido - en los casos de barreras burocráticas ilícitas y a la vez irracionales - o aun cuando utilizara el mecanismo legal idóneo - en los casos de barreras burocráticas ilegales por vicios de forma - (8).

 

Es por tales motivos que resulta improcedente el pedido de archivamiento por sustracción de la materia planteado por la Municipalidad, ya que, en aplicación del principio de tutela efectiva de los derechos del administrado, la Sala se encuentra obligada a emitir un pronunciamiento sobre la barrera específica objeto de análisis en este caso - esto es, la exigencia

 

concreta impuesta a la denunciante de pintar sus taxis de amarillo y negro -, no obstante que el Decreto de Alcaldía N°023-

96-MPT ha sido derogado y sustituido por la Ordenanza Municipal N° 07-97-MPT.

III.4. Acerca de los criterios a emplear para determinar la existencia de una barrera burocrática ilegal o irracional. Tradicionalmente se considera que los actos administrativos y de gobierno gozan de una condición privilegiada dentro del

ordenamiento jurídico, de forma tal que se presume su validez y se les otorga eficacia inmediata, en la medida que tienen

por finalidad directa o indirecta el proveer servicios públicos. Sin embargo, ello no exime a la Administración Pública de responsabilidad ante la ley y los administrados por tales actos.

 

Si bien la doctrina reconoce en forma unánime el principio de eficacia de los actos administrativos - en tanto los sustenta un interés público, como por ejemplo prevenir la propagación de enfermedades o catástrofes, resguardar las normas de seguridad y sanidad en los establecimientos comerciales, construir y reparar pistas y veredas, etc.-, ello no quiere decir que los administrados carezcan de protección cuando el ejercicio de dicho poder excede los marcos legales establecidos.

 

Todas las personas tienen deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella pueden desarrollarse libre y plenamente. Sin embargo, en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, las personas solamente se encuentran sujetas a aquellas limitaciones establecidas por la ley con la finalidad de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como para satisfacer las justas exigencias de la moral, el orden público y el bienestar general de la población.

 

Siguiendo este razonamiento, cuando las autoridades administrativas establecen exigencias sobre los particulares que realizan actividades económicas, elevan los costos de producir bienes y servicios en el mercado y encarecen la adquisición de tales productos por parte de los consumidores. Para las empresas, ello se traduce en mayores costos para el acceso y la permanencia en el mercado. Estos sobrecostos, por tanto, deben ser justificados adecuadamente por las autoridades administrativas, de modo tal que su exigibilidad resulte ser natural en razón del interés público que la ley les encomienda tutelar  (9).

 

Hoy en día, se considera como valores superiores del ordenamiento jurídico aquellos derechos, libertades y garantías que el Estado reconoce a los ciudadanos y entidades que conforman la sociedad civil. Los administrados, por tanto, tienen el derecho de cuestionar ante el organismo competente los actos administrativos que pudieran generar tratamientos arbitrarios, discriminatorios o desproporcionados en relación a sus fines, motivo por el cual la Administración Pública debe encontrarse en capacidad de sustentar y acreditar frente a ellos la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de dichos actos  (10).

 

De lo expuesto se deduce que, cuando la Administración Pública absuelve el traslado de aquellas impugnaciones que la ley reconoce contra sus actos, tiene la carga de probar la finalidad de la medida cuestionada, esto es, si ella tenía por objeto satisfacer en forma proporcionada y razonable las justas exigencias de la moral, el orden público y del bienestar general de la población, de forma tal que el juzgador no tenga que suponer o imaginar las razones de interés público que la sostienen (11).

 

Dicha obligación por parte de la autoridad denunciada - que consiste en sustentar durante el procedimiento la legalidad y razonabilidad de sus actos - surge del hecho que ella debió haber realizado los análisis de legalidad y razonabilidad antes de adoptar la medida objeto de cuestionamiento.

 

El razonamiento expuesto resulta aplicable a los casos en los que esta Sala debe determinar si aquellas exigencias impuestas por las entidades integrantes de la Administración Pública, que no establecen tributos, constituyen barreras que limitan ilegal o irracionalmente el libre acceso al mercado. Estos criterios de interpretación se encuentran descritos en el esquema que se muestra a continuación y que está resumido en el gráfico que se acompaña como Anexo de esta resolución::

 

- En primer lugar, la Comisión - o la Sala en su caso - evaluará la legalidad de la medida administrativa cuestionada, con la finalidad de determinar si ésta ha respetado las formalidades y procedimientos establecidos por las normas aplicables al caso concreto y, asimismo, si encuadra dentro de las atribuciones y competencias conferidas a la autoridad correspondiente.

 

- En segundo término, se analizará la racionalidad de la exigencia impuesta, teniéndose en cuenta los siguientes aspectos:

 

a.     El denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos

(medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas). De

 

existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática irracional, la Comisión requerirá a la autoridad administrativa para que acredite la racionalidad de la exigencia cuestionada.

b.     En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El interés público que justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperaban obtener con ella. Por

ejemplo, indicando en qué forma y en qué medida se había previsto que la exigencia impuesta contribuiría con el fin propuesto  (12). (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o

razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado la magnitud y proporcionalidad de los costos que los agentes económicos deberían soportar, así como los efectos que tales

cargas tendrían sobre las actividades productivas  (13). (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a

la conclusión, en términos generales, que la exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los interesados, en relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. Ello implica demostrar que se analizó otras alternativas que permitieran alcanzar el mismo objetivo a un menor costo y exponer las razones por las que fueron descartadas  (14).

c.     Sobre la base de los elementos de juicio aportados por la entidad denunciada, corresponde a la Comisión efectuar un balance de los costes privados que se derivan de la exigencia cuestionada, frente a los posibles beneficios públicos previstos, a fin de determinar la racionalidad de la medida (esto es, si se encontraba justificada, si era proporcional a los fines previstos y si no generaba tratos discriminatorios). Debe recordarse que, dado que las exigencias impuestas sobre los agentes económicos generan sobrecostos para el funcionamiento

del mercado, corresponde a la entidad denunciada probar la racionalidad de las cargas o restricciones establecidas.

 

Siguiendo este esquema, la Sala procederá al análisis de la materia controvertida en el presente procedimiento. III.5. La legalidad de la medida que dispuso pintar los taxis de color amarillo y negro.

Como se ha expresado en el apartado anterior, la primera etapa del análisis consiste en determinar si la exigencia cuestionada resiste el análisis de legalidad. Sobre el particular, la Comisión indicó que la función de regular el tránsito y el transporte correspondía al Concejo Municipal a través de ordenanzas, motivo por el cual la Municipalidad no había utilizado el mecanismo legal apropiado para aprobar la medida cuestionada por la denunciante.

 

En efecto, el artículo 36° de la Ley Orgánica de Municipalidades  (15) dispone claramente que los Concejos Municipales tienen las atribuciones previstas en el artículo 10 de la ley - entre las que se encuentra la función de regular el transporte colectivo, la circulación y el tránsito, como también la de dictar, modificar y derogar las ordenanzas y edictos municipales de su competencia -.

 

Así, era el Concejo Municipal y no el Alcalde quien se encontraba facultado por la Ley Orgánica de Municipalidades para regular el transporte y la circulación, de modo tal que la exigencia cuestionada - que consistía en pintar los taxis de amarillo y negro - provenía de una norma cuya validez era cuestionable - el Decreto de Alcaldía N° 23-96-MPT- por provenir de un órgano que carecía de competencia para expedirlo  (16). En tal sentido, tal como señaló la Comisión, esta medida constituía una barrera burocrática ilegal en razón de su forma, por lo que no resistía el análisis de legalidad.

 

Sin embargo, actualmente, el Decreto de Alcaldía N°023-96-MPT ha sido derogado y sustituido por la Ordenanza Municipal N°07-97-MPT que mantiene la exigencia de pintar de color amarillo y negro los automóviles dedicados al servicio regular de taxis.

 

III.6. La racionalidad de la exigencia de pintar los taxis de color amarillo y negro.

 

En consecuencia, dado que el requerimiento de pintar los taxis de amarillo y negro continúa siendo exigido por otros medios, corresponde a la Sala evaluar también si la exigencia cuestionada resiste el análisis de racionalidad. Para tal efecto, es necesario analizar los siguientes elementos:

 

a.     Posición del denunciante: En su denuncia, la Merced cuestionó que se le obligara a pintar sus taxis de color amarillo y negro debido a que ello le impediría continuar usando la presentación que distinguía a sus vehículos dentro del mercado. Asimismo, señaló que dicha medida le generaría sobrecostos, debido a que tendría que repintar vehículos cuya apariencia exterior se encontraba aún en buen estado.

b.     Justificación de interés público invocada  por la entidad denunciada: La Municipalidad, por su parte, planteó como fundamento de la medida el tema de la seguridad pública e indicó que ésta tenía "como único propósito uniformizar el color de los vehículos que presten el servicio de taxi en el transporte de pasajeros y hacer posible la identificación del vehículo automotor como una medida de seguridad en beneficio de los usuarios frente a las

continuas denuncias por asaltos y violaciones que se han presentado contra conductores de vehículos que

simulaban prestar el servicio de taxis".

c.     Adecuación de la medida adoptada  al fin propuesto: Como se ha señalado en el punto III.4 de la resolución, las exigencias que imponen las autoridades administrativas sobre los particulares que realizan actividades económicas elevan los costos de producir y de adquirir bienes y servicios dentro del mercado. Para los

 

consumidores, ello se traduce en precios más altos y, para las empresas, ello genera mayores dificultades para el acceso y la permanencia dentro del mercado.

 

En este caso, la exigencia impuesta por la Municipalidad genera una serie de sobrecostos que deben ser tomados en cuenta. Con relación a la denunciante, significa tener que volver a pintar sus vehículos y, además, dejar de emplear el color que usualmente lucían los mismos. Así también, para los competidores que buscan diferenciarse dentro de este mercado, produce como efecto que tengan incurrir en mayores costos para poder distinguirse, lo cual ahora será muy difícil, en la medida que todos los taxis deberían tener el mismo color.

 

Por otro lado, en relación con la justificación de la medida planteada por la Municipalidad, esta Sala considera que no se ha cumplido con justificar por qué y en qué medida el pintado uniforme de los taxis contribuye a reducir las posibilidades de que ocurran asaltos o violaciones. Más aun, cabría la posibilidad de que el pintado uniforme de estos vehículos ocasione mayores dificultades para identificar aquellos vehículos donde se hubiesen producido ese tipo de actos delictivos.

 

Debe tenerse en cuenta que, en caso de sufrir accidentes, asaltos o violaciones, lo más probable es que los usuarios de los taxis recuerden el color y otras características exteriores del vehículo, lo que se dificultaría si todos los taxis tienen el mismo color.

 

Por otro lado, la denunciante presta sus servicios a través de un sistema mediante el cual es posible recoger pasajeros con motivo de una llamada telefónica. Es conocido que algunos usuarios tienden a preferir este tipo de servicios, justamente por razones de seguridad.

 

Por tanto, la finalidad de brindar mayor seguridad a los usuarios de los taxis no justifica el uniformizar el color de los vehículos que prestan dicho servicio. La medida cuestionada, en consecuencia, irroga costos para los dueños de los taxis, sin que se haya justificado qué beneficios se obtendrían de dicha medida en relación con el interés público que la Municipalidad busca proteger, es decir, la seguridad.

 

d.     Existencia de opciones menos gravosas: La Sala reconoce que las autoridades municipales se encuentran obligadas a emitir disposiciones que brinden seguridad a los usuarios de los medios de transporte. Sin embargo, la finalidad perseguida por la Municipalidad en este caso podría obtenerse, a un menor costo, a través de medidas tales como, por ejemplo, obligar a los taxistas a iluminar sus placas - que son el elemento que identifica a sus vehículos - o a pintar el número de éstas en determinadas partes del automóvil, a la vista del usuario.

e.     Efectos  adversos de la medida: La medida cuestionada perjudica a aquellos agentes económicos que - como la

denunciante - buscan distinguirse de sus competidores, incorporando ciertos rasgos distintivos o combinaciones de colores en sus vehículos.

 

El artículo 9° del Decreto Legislativo N° 757 establece que toda persona tiene el derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que considere conveniente. La libre iniciativa privada en materia de prestación de servicios de transporte bajo la modalidad de taxi, involucra también la utilización de determinados colores o combinaciones de colores en la presentación de las unidades de transporte.

 

Todo ello constituye no sólo un medio de identificación de la empresa que brinda el servicio, sino que además forma parte de una estrategia comercial que puede incluir otras prestaciones adicionales con la finalidad de otorgar mayor presencia al proveedor del servicio dentro del mercado.

 

En Conclusión, si para brindar más seguridad a los usuarios del servicio de taxis lo que se requiere es, precisamente, poder identificar a los vehículos, ello no se logra con el pintado uniforme de las unidades, ya que por este medio se dificulta el poder distinguir a los taxis entre sí. Además, la exigencia establecida genera una serie de sobrecostos que no cuentan con una justificación razonable. Por tanto, no se ha acreditado cómo es que la medida impugnada lograría contribuir a mejorar la seguridad de los pasajeros, que fue el beneficio planteado por la Municipalidad como razón para dicha medida.

 

En mérito a lo expuesto, la Sala considera que la medida cuestionada, por la cual se obliga a la denunciante a pintar las carrocerías de sus vehículos de color amarillo cromo y sus techos de color negro, no resiste el análisis de racionalidad efectuado y, por tanto, constituye una barrera burocrática ilícita en los términos del artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868. Ello no impediría, sin embargo, que la Municipalidad desarrolle programas voluntarios en este sentido, de forma tal que los propios taxistas decidan si aceptan o no pintar sus vehículos con los colores sugeridos por la autoridad.

 

En este punto, cabe recordar que la resolución de primera instancia estableció que la Municipalidad podría obligar a los taxistas individuales a uniformizar el color de sus vehículos, debido a la escasa posibilidad que tenían los usuarios de

ejercer preferencia por tales servicios. La Sala no concuerda con dicho criterio, ya que haría posible establecer tratamientos discriminatorios entre unos agentes económicos y otros sin justificación alguna, lo que se encuentra prohibido en aplicación

de lo dispuesto por el artículo 13° del Decreto Legislativo N° 668 y por el artículo 12° del Decreto Legislativo N° 757.

 

Por lo expuesto, esta Sala ha decidido confirmar en parte la Resolución N°03-96-CAM-INDECOPI/EXP-036, expedida por la Comisión, en tanto concluye que la obligación de pintar los taxis de color amarillo y negro constituye una barrera burocrática irracional, que obstaculiza la permanencia de los agentes en el mercado de servicios de transporte.

 

III.7. Precedente de observancia obligatoria y difusión de la resolución.

 

Por último, en aplicación del artículo 43° del Decreto Legislativo N° 807 y atendiendo a que la presente Resolución interpreta de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, corresponde sustituir el precedente de observancia obligatoria aprobado en la resolución de primera instancia y declarar que la presente resolución constituye un precedente de observancia obligatoria en la aplicación de los principios que se enuncian en la parte resolutiva.

 

Adicionalmente, corresponde oficiar al Directorio del Indecopi para que éste ordene la publicación de la misma en el diario oficial El Peruano.

 

IV. RESOLUCION DE LA SALA

 

Por los argumentos expuestos, esta Sala ha resuelto:

 

PRIMERO: Confirmar en parte la Resolución N°03-96-CAM-INDECOPI/EXP-036 de la Comisión de Acceso al Mercado, que declaró fundada la denuncia interpuesta por Inversiones La Merced S.A. contra el Alcalde y la Municipalidad Provincial de Trujillo, en el extremo en que ordena la inaplicación a la denunciante de la exigencia de pintar sus taxis de color amarillo cromo y negro - contenida en el Decreto de Alcaldía N°023-96-MPT, que fue sustituido por la Ordenanza Municipal N°07-97- MPT -, así como en el extremo en que establece que la medida impugnada constituye una barrera irracional que impide u obstaculiza la permanencia de los agentes económicos en el mercado, aun cuando la Municipalidad denunciada emplee el instrumento normativo adecuado para imponerla, oficiándose a la policía para que brinde las garantías necesarias a la denunciante.

 

SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 43° del Decreto Legislativo N° 807, considerar que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria en la aplicación del siguiente principio:

 

Para evaluar si aquellas exigencias impuestas por las entidades integrantes de la Administración Pública - incluso aquéllas del ámbito municipal o regional -, que no establecen tributos, constituyen barreras burocráticas que limitan ilegal o irracionalmente el libre acceso al mercado, se seguirán los criterios interpretativos descritos a continuación:

 

- En primer lugar, la Comisión - o la Sala en su caso - evaluará la legalidad de la medida administrativa cuestionada, con la finalidad de determinar si ésta ha respetado las formalidades y procedimientos establecidos por las normas aplicables al caso concreto y, asimismo, si encuadra dentro de las atribuciones y competencias conferidas a la autoridad correspondiente.

 

Para efectos del análisis de legalidad, cuando la exigencia cuestionada proviene de la aplicación de una norma jurídica expedida por alguna entidad integrante de la Administración Pública, la Comisión tiene el deber de valorar la legalidad de dicha norma a efectos de emitir un pronunciamiento para el caso concreto.

 

- En segundo término, se analizará la racionalidad de la exigencia impuesta, teniéndose en cuenta los siguientes aspectos:

 

a.     El denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos

(medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas).

 

De existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática irracional, la Comisión requerirá a la autoridad administrativa para que acredite la racionalidad de la exigencia cuestionada.

 

b.     En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El interés público que justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperaban obtener con ella. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar. (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, en términos generales, que la exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los interesados, en relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto.

c.     Sobre la base de los elementos de juicio aportados por la entidad denunciada, corresponde a la Comisión efectuar un balance de los costes privados que se derivan de la exigencia cuestionada, frente a los posibles beneficios públicos previstos, a fin de determinar la racionalidad de la medida (esto es, si se encontraba

 

justificada, si era proporcional a los fines previstos y si no generaba tratos discriminatorios). Debe recordarse que, dado que las exigencias impuestas sobre los agentes económicos generan sobrecostos para el funcionamiento

del mercado, corresponde a la entidad denunciada probar la racionalidad de las cargas o restricciones establecidas.

 

TERCERO: Disponer que la Secretaría Técnica pase copias de la presente resolución, así como de la resolución de primera instancia, al Directorio de Indecopi para su publicación en el diario oficial El Peruano de acuerdo a los términos establecidos en el segundo párrafo del artículo 43° del Decreto Legislativo N° 807.

 

CUARTO: Incluir el Anexo que se acompaña como parte integrante de la presente resolución.

 

Con la intervención de los señores  vocales:  Alfredo  Bullard  González, Hugo Eyzaguirre del Sante, Gabriel Ortiz de

Zevallos  Madueño y Jorge Vega Castro.

 

 

 

 

ANEXO

 

 

 

(1) Decreto de Alcaldía N° 23-96-MPT. Artículo 1°.

 

"Modificar las características físicas de identificación de los vehículos del "Servicio Regular" de transporte de pasajeros en automóviles de alquiler - Taxis, los mismos que en adelante deben poseer las siguientes características físicas:

 

1.- Sticker. Un distintivo con la palabra "taxi" proporcionado por la Municipalidad de Trujillo.

 

2.- Farola. a) Farola de material sintético, de color blanco, debiendo llevar inscrita la palabra taxi en color rojo o negro, de manera simétrica. b) Dimensiones: Longitud: igual o mayor de 30 cm. Ancho: igual o mayor a 10 cm. Altura: igual o mayor a

10 cm. c) Ubicación: Parte exterior delantera del techo del vehículo, equidistante de las partes laterales del mismo. Deberá estar debidamente iluminada.

 

3.- Color. El vehículo del "Servicio Regular" deberá estar pintado de color amarillo cromo con techo de color negro.

 

4.- Placa de rodaje. Obligatoriamente deberán estar adheridas a la parte delantera y posterior del vehículo, debidamente iluminada.

 

5.- N° de placa. Inscripción de la placa en el interior y exterior del vehículo en las siguientes ubicaciones: a: Tablero de control (lado derecho). b: Espaldar del asiento delantero. c: Partes exteriores, laterales, posteriores del vehículo. d: Dimensiones de letras y números: Altura: igual o menor a 12 cm. Ancho: igual o mayor a 1.5 cm. e: Color: negro o rojo."

 

 

 

 

(2) El punto A.3. del artículo 13 de la Ordenanza MunicipalN°07-97-MPT, establece lo siguiente:

 

Artículo 13.- "Las características físicas y de identificación de los vehículos destinados al servicio de Transporte de

Pasajeros en Automóviles (TAXIS), son las siguientes: A.    TAXI REGULAR:

3.- COLOR: El vehículo deberá estar pintado de color amarillo cromo con techo de color negro. Se podrá colocar distintivos en la farola, las puertas laterales y la parte posterior de la maletera que permitan diferenciar el vehículo."

 

 

 

 

(3) Decreto Legislativo 807. Ley Sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. Artículo 50.

 

"Agréguese un párrafo adicional al artículo 26 e incorpórese el artículo 26 BIS al Decreto Ley N° 25868, en los términos siguientes:

 

Artículo 26 BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en

los Decretos Legislativos Nos. 283, 668, 757, el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 y la Ley N° 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa contenidos en su artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo.

 

La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que impongan la barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y la formulación de la denuncia penal correspondiente, de ser el caso. La escala de sanciones es la siguiente: falta grave con multa de hasta dos (2) UIT y falta muy grave con multa de hasta cinco (5) UIT.

 

En caso que la presunta barrera burocrática haya sido establecida en un Decreto Supremo o Resolución Ministerial, la Comisión no podrá ordenar su derogatoria o inaplicación ni imponer sanciones. En tal supuesto el pronunciamiento de la Comisión se realizará a través de un informe que será elevado a la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento de Consejo de ministros a fin de que éste adopte las medidas que correspondan.

 

Lo dispuesto en el párrafo que antecede también será de aplicación a la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales a que se refiere el artículo anterior".

 

 

 

(4) Decreto Legislativo N° 668. Artículo 13.

 

"El Estado garantiza que la adopción de normas técnicas y reglamentos de cualquier índole no constituirá obstáculo al libre flujo y uso de bienes, tanto finales como insumos y materias primas, y servicios en el comercio exterior e interior; así como un tratamiento equitativo a los productos similares, sean de origen nacional u originarios de cualquier otro país."

 

 

 

 

(5) Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada.

 

Artículo 9°.- "De conformidad con lo prescrito en los artículos 130 y 131 de la Constitución Política, toda empresa tiene derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente .

 

Queda derogada toda disposición legal que fije modalidades de producción o índices de productividad, que prohiba u

obligue a la utilización de insumos o procesos tecnológicos y, en general, que intervenga en los procesos productivos de las empresas en función al tipo de actividad económica que desarrollen, su capacidad instalada, o cualquier otro factor económico similar, salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservación del medio ambiente y la salud".

 

 

 

 

(6) El artículo 26 bis del Decreto Ley N°25868, modificado por el Decreto Legislativo N°807, señala que cuando la presunta barrera burocrática haya sido establecida en un Decreto Supremo o Resolución Ministerial, la Comisión no podrá ordenar su derogatoria o inaplicación. Ello, sin embargo, no quiere decir que la Comisión cuenta con la facultad de derogar normas jurídicas, ya que sus facultades se restringen a suprimir la barrera burocrática cuestionada por el denunciante.

 

 

 

 

(7) Como sucede en el presente caso, ya que el Decreto de Alcaldía que ordena pintar los taxis de amarillo y negro es una medida impuesta por una autoridad de la Administración Pública - la Municipalidad - que es exigible desde el momento en que entró en vigencia dicho decreto.

 

 

 

 

(8) Ello no significa otorgar carácter inmutable a las resoluciones de la Comisión, ya que las decisiones administrativas están siempre supeditadas a las circunstancias de hecho que las motivan, por eso se afirma que no tienen autoridad de "cosa juzgada" - como ocurre en el caso de las resoluciones judiciales -, sino de "cosa decidida".

 

 

 

 

(9) A tal efecto, debe tenerse en cuenta, por ejemplo, la disposición contenida en el artículo 9° del Decreto Legislativo N°

757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. Ver nota 5.

 

 

 

 

(10) Este deber de las autoridades administrativas, que consiste en adecuar sus actos al fin público que los fundamenta, es una derivación del principio de legalidad. Los tratadistas españoles Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández señalan al respecto lo siguiente: "El principio de legalidad de la Administración, ..., se expresa en un mecanismo técnico preciso: la legalidad atribuye potestades a la Administración, precisamente. La legalidad otorga facultades de actuación, definiendo cuidadosamente sus límites, apodera, habilita a la Administración para su acción confiriéndole al efecto poderes jurídicos". "Concretamente, las potestades administrativas deben ejercitarse en función del interés público, que no es el interés propio del aparato administrativo, sino el interés de la comunidad de la cual la Administración es, como hemos repetido, una mera organización servicial". García de Enterría, Eduardo. Fernández, Tomás Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Madrid, Civitas. p. 418, 423.

 

 

 

 

(11) Cabe destacar que este criterio sobre la carga probatoria ha ido convirtiéndose en un estándar a nivel internacional, por ejemplo, en las cortes de justicia europeas, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo de los

 

EE.UU., etc. Ver Alonso García, Enrique. La Interpretación de la Constitución. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,

1984, especialmente, p. 203 y ss.. Resulta de particular interés para este caso la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Supremo de los EE. UU. al conocer las violaciones a la cláusula de libre comercio interestatal. Por ejemplo, en Pike v. Bruce Church, Inc., 397 US 137 (Barrera al comercio interestatal impuesta por una orden del gobierno de Arizona que prohibía a la demandante embarcar sus melones desde dicho Estado, en la medida que éstos no se encontraran en contenedores aprobados conforme a la ley de estandarización de frutas y verduras de Arizona. La demandante se veía compelida a dejar de utilizar sus empacadoras ubicadas en el Estado de California.) estableció que: "cuando la ley regula algo equitativamente para alcanzar un legítimo interés público local, y sus efectos en el comercio interestatal sólo son incidentales, ésta puede

ser defendida a menos que la barrera impuesta sobre el comercio sea claramente excesiva en relación con los supuestos beneficios locales. Huron Cement Co. v. Detroit, 362 U.S. 440, 443. Si se encuentra un propósito local legítimo, entonces la cuestión se convierte en una de grado. Y la extensión de la barrera que será tolerada dependerá por supuesto de la naturaleza del interés estatal involucrado, y de si éste puede ser promovido igualmente bien con un menor impacto en las actividades interestatales...". Dicha regla fue ampliada en el caso Hunt v. Washington State Apple Advertising Commission,

432, U.S. 333 (1977) (Barrera al comercio interestatal impuesta por una ley de Carolina del Norte que exigía que los contenedores de las manzanas vendidas o embarcadas hacia dicho Estado no estuvieran identificados por otra calificación que no fuera la calificación federal aplicable o una indicación en el sentido que las manzanas no habían sido calificadas. En este caso, el sistema de calificación utilizado por la demandante en el Estado de Washington era incluso superior al federal.): "Cuando queda demostrada una discriminación contra el comercio del tipo que hemos encontrado, recae sobre el Estado la carga de justificarla tanto en términos de los beneficios locales que fluyen de la ley como en la inexistencia de alternativas no discriminatorias adecuadas para alcanzar el interés local en juego."

 

 

 

 

(12) Así, si se diera el caso que una Municipalidad cancelara la concesión de ruta de una empresa de transporte urbano, por no cumplir con las condiciones técnicas requeridas para cumplir con el servicio, para otorgársela a otra empresa que cuenta con el mismo número de unidades, de similar antigüedad y condiciones técnicas, no existiría interés público alguno que justifique dicha medida.

 

 

 

 

(13) Por ejemplo, sería desproporcionado exigir al solicitante de una licencia de construcción para su vivienda que presente, además de los planos del predio a edificar, una descripción del tipo de materiales que pretende utilizar en la construcción y una maqueta del proyecto, por razones de seguridad. Ello elevaría innecesariamente el costo de obtener esta autorización, además de generar demoras en la ejecución de la respectiva edificación.

 

 

 

 

(14) Así, si una Municipalidad buscara actualizar el catastro urbano y, para dicho efecto, exigiera a las personas que solicitan licencias de construcción, no sólo los planos del predio, sino los de toda la manzana; dicha entidad debería tener

en cuenta que existen otras alternativas que permitirían obtener el mismo objetivo, a un menor costo para los administrados.

Por ejemplo, creando un formulario para que los propietarios de los predios especifiquen, bajo declaración jurada, las modificaciones que han efectuado en sus edificaciones.

 

 

 

 

(15) Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°23853.

 

Artículo 36.- "Los Concejos Municipales ejercen las siguientes atribuciones:

 

1. Las previstas en el artículo 10 de esta ley.

 

3. Dictar, modificar y derogar las ordenanzas y edictos municipales de su competencia." Artículo 10.- "Las Municipalidades son competentes para:

5.     Regular el transporte colectivo, la circulación y el tránsito."

 

Artículo 110°.- "Las Ordenanzas son normas generales que regulan la organización, administración o prestación de los servicios públicos locales, en cumplimiento de las funciones generales o específicas de las Municipalidades o establecen las limitaciones y modalidades impuestas a la propiedad privada."

 

(16) Por otro lado, durante el procedimiento se invocó el artículo 22°, tercer párrafo, del Decreto Legislativo N° 757, según el cual las modificaciones de los procedimientos administrativos municipales que incorporen nuevos trámites o aumenten los requisitos exigidos, deberán referirse al correspondiente TUPA y requerirán ser aprobadas por Ordenanza Municipal.

 

Sin embargo, debe precisarse que el mencionado artículo del Decreto Legislativo N° 757 se encuentra referido a los requisitos exigidos en los trámites que los administrados deben gestionar ante la autoridad - como sería, por ejemplo, el trámite orientado a conseguir la licencia municipal para prestar el servicio de transporte mediante taxis - y no a las disposiciones que tienen por objeto regular ex post una determinada actividad, de modo tal que no resulta aplicable al presente caso.

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Precedente de observancia obligatoria. Establece la metodología a utilizar para el análisis de legalidad y de racionalidad de barreras burocráticas consistentes en los cobros por concepto de licencias municipales especiales que afecten el acceso

RESOLUCION N° 188-97-TDC EXPEDIENTE N° 018-96-CAM

 

 

 

 

(Publicada el 17 de octubre de 1997)

 

 

 

 

Denunciante:                                                   Consorcio Panamericano de Inversiones

S.A. (Copainsa)

 

Denunciados:                                                 Municipalidad Distrital de Miraflores (La

Municipalidad)

 

Materia:                                                                Acceso  al mercado

Imposición de barreras  burocráticas que impiden la permanencia en el mercado Tasas municipales

Licencia  especial  y a la venta de bebidas alcohólicas

Nulidad  de Resoluciones

 

Actividad:                                                        Restaurantes, bares y cantinas

 

 

 

 

SUMILLA: Se declara nula la resolución emitida por la Comisión de Acceso  al Mercado que declaró  fundada  la denuncia planteada  por Consorcio Panamericano de Inversiones S.A. (Copainsa)  contra  la Municipalidad Distrital de Miraflores debido  a los cobros que realizaba esta última por concepto de la tasa denominada "Licencia Especial y a la Venta de Bebidas  Alcohólicas".

 

La Sala consideró que las Municipalidades tienen la potestad  legal y el deber de controlar los establecimientos donde se vende bebidas  alcohólicas y, en tal sentido,  devolvió el expediente  a la Comisión para que concediera a la Municipalidad la oportunidad de acreditar si los cobros realizados responden a la prestación racional y efectiva de un servicio público de fiscalización o control individualizado en el contribuyente y, así también, si los montos cobrados para financiarlo son racionales.

 

Adicionalmente, estableció como precedente de observancia obligatoria los criterios que deberán tenerse en cuenta al momento de evaluar si el cobro  de una licencia  constituye una barrera burocrática que limita  el libre acceso al mercado,  así como las cargas en materia probatoria que recaen sobre las partes en estos casos.

 

 

 

 

Lima, 23 de julio de 1997.

 

 

 

 

I. ANTECEDENTES

 

El día 23 de agosto de 1996, la Municipalidad emitió la Orden de Pago N°7500, mediante la cual se cobraba a Copainsa - propietaria de una pastelería y restaurante con autorización para la venta de bebidas alcohólicas - la suma de S/.784.84 soles, producto de cuotas impagas e intereses del tributo denominado "Licencia Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas"(1).

 

El 10 de setiembre de 1996, Copainsa presentó ante la Comisión una denuncia contra la Municipalidad, para que se ordenara a esta última abstenerse de efectuar cobros indebidos por concepto de la licencia especial y a la venta de bebidas alcohólicas y para que se suspendiera en forma preventiva la Orden de Pago N°7500. La denunciante sustentó su pedido

en que los cobros por la licencia de licores no tenían como contraprestación servicio alguno, motivo por el cual no podían ser considerados como tasas, sino como un impuesto directo a la venta de dichos productos. Sostuvo también que la potestad tributaria otorgada a las Municipalidades para establecer licencias por la venta de bebidas alcohólicas había sido derogada y, finalmente, que este tributo elevaba los costos de dicha actividad y restringía el libre acceso de las empresas al mercado.

 

Mediante Resolución N° 01-96-CAM-INDECOPI/EXP-018 del 24 de setiembre de 1996, la Comisión admitió a trámite la denuncia y postergó su pronunciamiento respecto de la medida cautelar solicitada, debido a que no se había acreditado una amenaza inminente a los derechos de Copainsa.

 

El 4 de octubre de 1996, la Municipalidad presentó sus descargos, en los cuales señaló que de acuerdo con el literal e) del artículo 68 del Decreto Legislativo N° 776, los gobiernos locales se encontraban facultados a imponer "otras licencias", que son las tasas que debe pagar todo aquél que realice actividades sujetas a fiscalización o control municipal. Una de ellas es la Licencia Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas regulada por el Edicto N° 178-93-MLM.

 

Expresó que la referida Licencia Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas importaba el cobro de una tasa por la fiscalización, vigilancia o control de actividades que la Ley Orgánica de Municipalidades le autorizaba a realizar. En tal sentido, precisó que el artículo 68°, incisos 2° y 7°, de dicho cuerpo legal establecía que son funciones de las Municipalidades, en materia de abastecimiento y comercialización de productos, "Vigilar el cumplimiento de las normas legales referentes a calidad y precios de los alimentos y bebidas así como las condiciones de higiene de quienes los distribuyen y comercian" y "Otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales e industriales ... y controlar su funcionamiento de acuerdo a ellas ...".

 

Asimismo, indicó que la prestación efectiva del servicio público individualizado en el contribuyente estaba en el hecho que el

Municipio fiscalizaba y comprobaba el desarrollo adecuado y conforme a ley de las actividades especificadas en el Edicto N° 178-93-MLM (ejecutadas por establecimientos en los que se expenden bebidas alcohólicas, salas de juego y esparcimiento, entre otros), luego de lo cual otorgaba la autorización específica para la realización de la actividad de

provecho particular sujeta a control o fiscalización. De este modo, si por ejemplo funcionara un establecimiento con

servicios higiénicos incompletos, deteriorados o inutilizados, la sanción correspondiente sería la clausura temporal.

 

La Municipalidad manifestó también que la derogación de los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica de Municipalidades no significaba la derogación de los tributos específicos aprobados con anterioridad a la promulgación del Decreto Legislativo N°

776 y, finalmente, indicó que los actos denunciados no afectaban el libre acceso al mercado, toda vez que la licencia bajo análisis se aplicaba por igual a todos los establecimientos del distrito y que, por otro lado, si bien la licencia afectaba el patrimonio de las personas, ésta tenía como sustento la vigilancia y control en la venta de bebidas alcohólicas y el debido funcionamiento de ciertos locales que merecían fiscalización municipal.

 

Mediante Resolución N° 02-96-CAM-INDECOPI/EXP-018, del 15 de octubre de 1996, la Comisión declaró fundada la denuncia y estableció que el Edicto N° 178-93-MLM era una barrera burocrática que impedía el libre acceso de los agentes económicos al mercado de comercialización de bebidas alcohólicas, razón por la que había devenido en inaplicable. En tal sentido, ordenó a la Municipalidad que se abstuviera de efectuar el cobro a Copainsa de la Licencia Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas. Los fundamentos de la resolución de primera instancia fueron los siguientes:

 

I.        La potestad tributaria de las Municipalidades referida al cobro de licencias para la venta de bebidas alcohólicas fue expresamente derogada por la Primera Disposición Final, literal v), del Decreto Legislativo N° 776, con lo que también devino inaplicable el Edicto N° 178-93-MLM.

II.        De acuerdo con los artículos 67 y 68 del Decreto Legislativo N° 776, las Municipalidades están facultadas para establecer cobros por licencias respecto de actividades sujetas a fiscalización o control municipal, siempre que tal fiscalización o control hayan sido expresamente autorizados en la Ley Orgánica de Municipalidades o en normas con rango de ley.

III.        En el presente caso, la Ley Orgánica de Municipalidades no contiene norma alguna que faculte expresamente a

la Municipalidad a fiscalizar o controlar la venta de bebidas alcohólicas, motivo por el cual no proceden los cobros realizados por la Municipalidad.

IV.        La función municipal de "control de calidad y precios de alimentos y bebidas" prevista en la Ley Orgánica de

Municipalidades no se ajusta a los principios de libre mercado que rigen la economía nacional, contenidos en el

Decreto Legislativo N° 757 y en la Ley de Protección al Consumidor.

V.        La función municipal orientada a controlar el estado y las condiciones de funcionamiento de los locales comerciales de su jurisdicción sustenta ya el cobro de una Licencia de Funcionamiento de carácter general, por lo que ese mismo concepto no podría dar lugar a la cobranza de una licencia adicional. En consecuencia, la licencia

por el expendio de bebidas alcohólicas grava de manera adicional e innecesaria la comercialización de dichos

productos.

 

El 23 de octubre de 1996, la Municipalidad planteó un recurso de apelación contra la Resolución N° 02-96-CAM- INDECOPI/EXP-018, en el cual, además de reiterar los argumentos expuestos ante la Primera Instancia, señaló lo siguiente:

 

I.        La Licencia Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas no establecía doble imposición alguna, ya que la licencia general de funcionamiento tenía como propósito aprobar el funcionamiento de un local, en forma inicial, sobre la base de la zonificación urbana; mientras que la Licencia Especial buscaba controlar en el tiempo la venta de bebidas alcohólicas, sobre la base del poder de policía reconocido a los órganos del gobierno municipal.

 

II.        Lo que debía interesar en este caso, para efectos de entender la plena vigencia de la Licencia Especial, es que se iba a controlar la calidad de las bebidas alcohólicas vendidas en estos establecimientos, así como las condiciones de higiene de los expendedores minoristas.

III.        Además, "la tasa en discusión simplemente cubre los costos operativos de efectuar el control mensual de los establecimientos que venden bebidas alcohólicas, los cuales deben tener una "Autorización Especial de Funcionamiento" después de las 23:00 horas y una "Licencia Especial para la Venta de Bebidas Alcohólicas",

después de las 23:00 horas, tal como se indica en la Ordenanza N° 24-96-MM".

 

Por Resolución N° 03-96-CAM-INDECOPI/EXP-018, del 29 de octubre de 1996, la Comisión concedió el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad.

 

Habiéndose realizado con fecha 5 de marzo de 1997 el informe oral solicitado por la Municipalidad, con la presencia de ambas partes, el expediente se encuentra en estado de ser resuelto.

 

 

 

 

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

 

De los antecedentes expuestos y del análisis del expediente, a criterio de esta Sala, las cuestiones en discusión son las siguientes:

 

a.     Determinar si los cobros que efectúa la Municipalidad a Copainsa por concepto de "Licencia Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas", respetan el marco legal vigente para las licencias a las que se refiere el artículo 68, inciso e), del Decreto Legislativo N° 776.

b.     Establecer si son racionales o no los cobros que efectúa la Municipalidad a Copainsa por concepto de "Licencia

Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas".

c.     Determinar si la Municipalidad ha tenido la posibilidad de sustentar la racionalidad de los cobros que han sido cuestionados por la denunciante.

 

De esta forma, la Sala podrá establecer si la licencia cuyo cobro ha sido impugnado constituye una barrera burocrática que limita ilegal o irracionalmente el libre acceso al mercado, en contravención a lo dispuesto por el artículo 61° del Decreto Legislativo N° 776.

 

 

 

 

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

 

III.1. Sobre las atribuciones de la Comisión en materia de contribuciones y tasas municipales.

 

De conformidad con el primer párrafo del artículo 60 del Decreto Legislativo N° 776, las Municipalidades cuentan con atribuciones para crear, modificar y suprimir contribuciones o tasas, así como para otorgar exoneraciones, dentro de los límites que fija la ley. Ello guarda coherencia con el hecho que los gobiernos locales tienen a su cargo la organización, reglamentación y administración de los servicios públicos locales, de modo tal que la potestad tributaria que concede la Ley a las Municipalidades tiene como función permitir el financiamiento de dichos servicios públicos, los cuales rinden beneficios en favor de la comunidad entera.

 

Así, de acuerdo con las definiciones contenidas en la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, las contribuciones son aquellos tributos cuya obligación tiene como hecho generador los beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Las tasas, por otro lado, son los tributos cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente.

 

Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que cuando las Municipalidades imponen cargas tributarias sobre los particulares que realizan actividades económicas, elevan los costos de producir bienes y servicios en el mercado y encarecen la adquisición de tales productos por parte de los consumidores. Para las empresas, ello se traduce en mayores costos para el acceso y la permanencia en el mercado. Dichos costos, por tanto, deben ser justificados en forma adecuada por los gobiernos locales, de modo tal que su exigibilidad resulte ser natural en razón de las obras y servicios públicos que la ley les encomienda realizar y proveer.

 

Este deber por parte de las Municipalidades denunciadas - que consiste en probar la legalidad y la racionalidad de las cargas tributarias con las que gravan a los particulares, durante el trámite de los procedimientos administrativos orientados a cuestionar dichos cobros - surge del hecho que, como se verá más adelante, la ley les obliga a realizar los análisis de legalidad y racionalidad antes de establecer los tributos objeto de cuestionamiento.

 

En este orden de ideas, según el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, introducido por el Decreto Legislativo N° 807, corresponde a la Comisión de Acceso al Mercado conocer sobre aquellos actos o disposiciones de la Administración Pública, incluidas las entidades del ámbito municipal, que establezcan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, pudiendo eliminar dichas barreras. Específicamente, corresponde a la Comisión velar por el cumplimiento de lo establecido en el artículo 61° del Decreto Legislativo Nº 776 (2).

 

El articulo 61° del Decreto Legislativo N° 776 señala que las Municipalidades no podrán establecer tasas o contribuciones que graven la entrada, salida o el tránsito de personas, bienes, mercaderías, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado  (3). En consecuencia, la Comisión tiene la obligación de evaluar si las contribuciones y tasas establecidas por los gobiernos locales constituyen o no barreras burocráticas que impiden u obstaculizan el libre acceso y la permanencia de los agentes económicos en el mercado, analizando para tal efecto:

 

a.     La legalidad de la tasa o contribución cuestionadas, con la finalidad de determinar si ellas han sido creadas respetando las formalidades y los procedimientos establecidos por las normas aplicables al caso concreto y, asimismo, si encuadran dentro de las atribuciones y competencias conferidas por la ley a las Municipalidades.

b.     La racionalidad de dichos tributos, lo que significa, en el caso específico de las licencias municipales, evaluar si

los cobros realizados responden a la prestación efectiva de un servicio público de fiscalización o de control, individualizado en el contribuyente, así como apreciar la racionalidad de los servicios que presta la Municipalidad y de los montos que cobra para el financiamiento de dichos servicios.

 

III.2 Criterios aplicables para determinar si los cobros efectuados por concepto de licencias constituyen barreras de acceso al mercado.

 

De esta forma, en aquellos casos seguidos ante la Comisión que se encuentren referidos al cobro de las licencias municipales contempladas en el artículo 68, inciso e), del Decreto Legislativo N°776  (4), se deberá seguir los criterios de interpretación descritos en el esquema que se muestra a continuación y que están resumidos en el gráfico que se acompaña como  Anexo de esta resolución:

 

- El denunciante deberá aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de un cobro ilegal o irracional, por concepto de licencia municipal, que pudiera gravar la entrada, salida o el tránsito de personas, bienes, mercaderías y animales en el territorio nacional o que pudiera restringir el acceso de los agentes económicos al mercado.

 

- La Comisión - o la Sala, en su caso - deberá evaluar la legalidad de la licencia cuyo cobro ha sido impugnado por el denunciante, lo que significa establecer:

 

a.     Si la licencia creada encuadra o no dentro de las atribuciones y competencias conferidas a las Municipalidades por su Ley Orgánica y otras normas con rango de ley  (5). Esto quiere decir que la Comisión deberá identificar aquella potestad legal expresa que confiere facultades a las Municipalidades (i) para fiscalizar o controlar el ejercicio de determinadas actividades y (ii) para cobrar licencias por dichos servicios de fiscalización o control.

b.     Si la licencia fue creada respetando las formalidades y requisitos contenidos en el Código Tributario, en el

Decreto Legislativo N°776 y en la Ley Orgánica de Municipalidades (6). En particular, debe tenerse en cuenta que

(i) las licencias requieren ser aprobadas mediante una ordenanza (a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 816, ya que anteriormente debían ser aprobadas a través de Edictos (7)), (ii) deben ser prepublicadas por un plazo no menor de 30 días antes de su entrada en vigencia, en medios de prensa escrita de difusión masiva dentro de su respectiva jurisdicción, y (iii), en caso de provenir de una Municipalidad Distrital, la vigencia de la norma depende de su ratificación por el Concejo Provincial.

 

- La Municipalidad, por su parte, tiene la carga de probar que los cobros realizados responden a la prestación racional y efectiva de un servicio público de fiscalización o control individualizado en el contribuyente y, asimismo, que los montos que cobra para financiarlo son racionales. Así, de existir indicios razonables en el sentido que los cobros cuestionados constituyen una barrera burocrática irracional, la Comisión requerirá a la Municipalidad denunciada para que acredite lo siguiente:

 

a.     Si la licencia corresponde a la prestación efectiva de un servicio público administrativo de fiscalización o control (8). La Municipalidad, en tal sentido, debe aportar pruebas que acrediten, en términos generales, que el servicio viene prestándose o que se va a prestar regularmente (9).

b.     Si la materia objeto de fiscalización o control guarda coherencia con el interés público definido por la ley e interpretado a través de la licencia. Ello significa que las Municipalidades no deberían incurrir en desviaciones de poder, lo que podría ocurrir de darse el caso que dichas entidades administrativas adoptaran, como fundamento para los cobros exigidos, la realización de actividades de control o fiscalización que no guardaran coherencia con aquellas funciones para cuyo financiamiento se creó el tributo (10).

c.     Si la Municipalidad ha individualizado adecuadamente a los administrados que se encuentran sujetos al servicio público de fiscalización o control, conforme al mandato de la ley (11). En este punto, debe tenerse en cuenta que

 

el conjunto de administrados sujetos a las funciones de fiscalización o control que realiza la Municipalidad debe coincidir razonablemente con el grupo de agentes económicos cuyas actividades motivan la prestación de dichos servicios públicos  (12).

d.     Si existe una razonable equivalencia entre el costo de los servicios de fiscalización o control que la Municipalidad presta y los cobros efectuados para financiar tales servicios (13). Dichos gravámenes, asimismo, deben observar un criterio de proporcionalidad, de modo tal que la Municipalidad debería encontrarse en condiciones de demostrar que evaluó los efectos que las cargas tributarias tendrían sobre las actividades productivas, antes de establecerlas (14).

 

- Finalmente, deberá evaluarse si, en base a la información presentada, existen indicios de que los costos de los servicios de fiscalización o control a los que se refiere la licencia son financiados por otro u otros tributos ya existentes. Ello quiere decir que debe evitarse que los contribuyentes paguen dos veces por los mismos servicios (15).

 

Debe recordarse que las cargas tributarias establecidas por las Municipalidades generan costos para el funcionamiento del mercado, motivo por el cual dichas entidades tienen la carga de probar frente a los administrados la legalidad y la racionalidad de las licencias que establecen. Dicha justificación es necesaria para que la Comisión pueda establecer si los cobros efectuados tienen algún fundamento o no. Esto no quiere decir que las Municipalidades no puedan imponer tales costos, sino que ellos deben encontrarse debidamente sustentados.

 

III.3. La legalidad de los cobros realizados por la Municipalidad a Copainsa por concepto de Licencia Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas.

 

a) Si el Edicto N° 178-93-MLM encuadra dentro de las atribuciones y competencias conferidas por ley a las

Municipalidades.

 

En cuanto a la legalidad de la Licencia Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas que se pretende cobrar a la denunciante, el artículo 74 de la Constitución Política de 1993 señala que los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. Similar disposición contenía el artículo 139 de la Constitución Política de 1979, vigente en la fecha de aprobación del Edicto N° 178-

93-MLM.

 

Son tasas los tributos cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente, conforme dispone el literal c) de la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, aprobado por el Decreto Legislativo N° 816, y tal como también lo establecieron anteriormente los Códigos Tributarios aprobados por el Decreto Legislativo 773 y por el Decreto Ley N° 25859.

 

Según el artículo 66 del Decreto Legislativo N° 776, las tasas municipales son los tributos creados por los Concejos Municipales, cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por la Municipalidad de un servicio público o administrativo, reservado a las Municipalidades, de conformidad con su Ley Orgánica y normas con rango de ley.

 

En concordancia con lo dispuesto por el artículo 66 del Decreto Legislativo N° 776, el artículo 67 del mismo señala que en ningún caso las Municipalidades podrán cobrar tasas por la fiscalización o control de actividades sin autorización legal expresa para ejercer dicha función, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades y en normas con rango de ley.

 

El inciso e) del artículo 68 del Decreto Legislativo N° 776 señala que las Municipalidades podrán imponer como tasas "Otras licencias" - distintas de las licencias de funcionamiento previstas en el inciso c) de dicho artículo -, que son las tasas que debe pagar todo aquél que realice actividades sujetas a fiscalización o control municipal, con el límite establecido en el artículo 67  (16).

 

De las normas descritas en los párrafos precedentes se desprende que el análisis del caso concreto, supone determinar si la fiscalización o control de la venta de bebidas alcohólicas se encuentra dentro de las funciones encomendadas a las Municipalidades por su Ley Orgánica o por otras normas con rango de ley, de modo que al entrar en vigencia el Decreto Legislativo N° 776, éste no derogó tácitamente la Licencia Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas contemplada en el Edicto N° 178-93-MLM.

 

La Licencia Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas grava a determinados establecimientos que, por su naturaleza, desarrollan actividades que requieren ser fiscalizadas o controladas por las Municipalidades, habiendo sido designados sujetos pasivos, en calidad de contribuyentes, los conductores de los establecimientos señalados en el artículo 1° del Edicto N° 178-93-MLM, entre los cuales se encuentran incluidos los locales donde se vende bebidas alcohólicas.

 

Los artículos 7° y 8° del Edicto N° 178-93-MLM (17) establecen una serie de supuestos materia de fiscalización o control por parte de las autoridades municipales - tipificados como infracciones -, tales como no "expender bebidas alcohólicas a

 

menores de 18 años o dar facilidades para su consumo en la vía pública", evitar "que en el establecimiento se altere el orden público, se atente contra la moral y las buenas costumbres o se afecte la tranquilidad del vecindario", impedir "que en el establecimiento se ejerza clandestinamente la prostitución" o el "funcionamiento de establecimientos con servicios higiénicos incompletos, deteriorados o inutilizados", entre otros.

 

En opinión de la Sala, dichas funciones de control o fiscalización se derivan de lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 65 y en el numeral 3 del artículo 66 de la Ley Orgánica de Municipalidades  (18), los cuales encomiendan a las Municipalidades las funciones de supervisar el mantenimiento y el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en los recintos abiertos al público, incluidos los establecimientos de carácter comercial; así como también normar y controlar el aseo, la higiene y la salubridad de los establecimientos comerciales y otros lugares públicos.

 

Cabe agregar que las restricciones impuestas por el Decreto Legislativo N° 720, que consistían en que las Municipalidades no podían cobrar suma alguna a los usuarios por la supervisión y fiscalización de las normas de higiene y salubridad, desaparecieron - en cuanto al cobro a que se contrae este expediente - al entrar en vigencia el Decreto Legislativo N° 776. Este último permite expresamente el cobro de otras licencias por cualquier actividad que, según la Ley Orgánica de Municipalidades u otra ley, deba ser objeto de fiscalización o control por las Municipalidades. En tal virtud, dichas restricciones - en lo que se refiere a lo que es materia de este expediente - quedaron derogadas en aplicación de la norma contenida en el literal y) de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 776. El mencionado literal y) expresamente deroga todas las disposiciones que se opongan al Decreto Legislativo N° 776. En este orden de ideas, el Edicto N° 178-93-MLM resulta de plena aplicación, en cuanto a la supervisión de normas de higiene y salubridad se refiere, desde que entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 776.

 

Lo expuesto en el párrafo anterior es sin perjuicio de que esta Sala reconoce que los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica de Municipalidades fueron expresamente derogados por el literal v) de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 776. El artículo 92 antes referido establecía que las Municipalidades podían cobrar licencias por, entre otros conceptos, la Venta de Bebidas Alcohólicas.

 

Ahora bien, la razón de tal derogación obedece precisamente a que el Decreto Legislativo N° 776 regula de manera integral los ingresos tributarios que perciben las Municipalidades - entre ellos las tasas municipales -. Por razones de orden, sistemática y técnica legislativa, y para evitar una duplicidad de normas, era preciso derogar los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica de Municipalidades. De no haber mediado derogación expresa, igualmente habrían quedado derogados, tácitamente, por la imposibilidad de coexistir con las normas del artículo 67 y del inciso e) del artículo 68 del Decreto Legislativo N° 776. Pero de ello no puede deducirse que la derogación respondía al propósito de eliminar el cobro de la Licencia, en cuanto a bebidas alcohólicas se refiere, pues ya quedó demostrado que en virtud del Decreto Legislativo N°

776 tal cobro es legalmente posible.

 

Así pues, la Sala estima que las Municipalidades, en virtud de su Ley Orgánica, tienen la potestad y el deber de fiscalizar y controlar a los establecimientos donde se vende bebidas alcohólicas y que, en principio, se encuentran facultadas a cobrar las licencias a que se refiere el inciso e) del artículo 68 del Decreto Legislativo N° 776, concretamente, la Licencia Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas creada por el Edicto N° 178-93-MLM.

 

b) Cumplimiento de las formalidades necesarias para la creación de la licencia.

 

El Edicto N° 178-93-MLM fue aprobado por el Concejo Provincial de Lima el 22 de julio de 1993, con anterioridad a la entrada en vigencia de los Decretos Legislativos N° 776 y N° 816, por lo que no requería cumplir los requisitos formales establecidos por dichas disposiciones, tales como la prepublicación 30 días antes de la entrada en vigencia de la norma, ni la aprobación del tributo mediante Ordenanza Municipal.

 

III.4. La racionalidad de los cobros realizados por la Municipalidad a Copainsa por concepto de Licencia Especial y a la

Venta de Bebidas Alcohólicas.

 

Sobre el particular, la Sala considera importante recordar que las Municipalidades están sujetas a limitaciones en el ejercicio de su poder tributario y que, en lo referido al caso de las licencias, tales limitaciones incluyen el control de la racionalidad

del servicio de fiscalización o control que presta el gobierno local y que da origen al tributo, así como el control de la racionalidad del costo que se traslada al contribuyente por concepto de tal servicio.

a) Si la licencia corresponde a la prestación efectiva de un servicio público administrativo de fiscalización o control. Siguiendo los criterios establecidos en la sección III.2. de la presente resolución, la Municipalidad tiene la carga de probar

que presta efectivamente aquellos servicios públicos que constituyen el hecho generador de la licencia municipal

cuestionada. En tal sentido, debe estar en capacidad de acreditar, en términos generales, que efectúa regularmente las labores de fiscalización o control que la ley le encomienda llevar a cabo en beneficio de la comunidad. Estas pruebas, sin embargo, no han sido actuadas durante el trámite del procedimiento.

 

b) Si la materia objeto de fiscalización o control guarda coherencia con el interés público definido por la ley e interpretado a través de la licencia.

 

La Municipalidad denunciada ha amparado el cobro materia de impugnación en el Edicto N° 178-93-MLM, por el cual el Concejo Provincial de Lima aprobó la Licencia Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas. La referida tasa fue creada con el propósito de financiar acciones de fiscalización y control orientadas a supervisar el mantenimiento y el cumplimiento de

las normas de seguridad, higiene y salubridad en los establecimientos donde se vende bebidas alcohólicas  (19).

 

Con dicho propósito, la Licencia cuestionada ha conferido a los gobiernos locales una serie de prerrogativas, entre las que se encuentran velar porque las actividades desarrolladas en los establecimientos sujetos a supervisión se efectúen sin afectar la tranquilidad y el orden del vecindario, ni a los menores de edad, así como respetando las normas en materia de higiene y salubridad. Dichas atribuciones forman parte del conjunto de funciones de control que la ley ha encargado realizar a las Municipalidades con relación a los recintos abiertos al público - tales como salas de espectáculos, estadios, establecimientos comerciales, clubes sociales e incluso iglesias - cuya finalidad común consiste en reducir las molestias que dichas actividades pudieran generar a los vecinos.

 

Así, los cobros que la Municipalidad pudiera efectuar para financiar controles de salubridad estarán justificados siempre y cuando estas actividades se realicen efectivamente y se ajusten a los fines para los cuales se creó la mencionada licencia especial. Por ejemplo, el Edicto N°178-93-MLM, que creó la Licencia Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas, contiene normas orientadas a supervisar el estado de los servicios higiénicos de los establecimientos afectos a dicha tasa, función que a su vez se sustenta en la Ley Orgánica de Municipalidades.

 

Sin embargo, si la Municipalidad sustentara los cobros por la Licencia Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas en la realización de actividades genéricamente amparadas en algunas disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, pero no previstas dentro de las actividades de fiscalización para cuyo financiamiento se creó el Edicto N°

178-93-MLM, dichos cobros constituirían, total o parcialmente, una desviación de poder respecto de las atribuciones que le confiere el mencionado Edicto.

 

c) Si se ha individualizado adecuadamente a los administrados sujetos al servicio público de fiscalización o control, conforme al mandato de la ley.

 

La denominada Licencia Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas representa un tratamiento tributario diferenciado a los locales dedicados a la venta de licores, en comparación al establecido por la ley para todos los establecimientos

comerciales que participan en el mercado, quienes se encuentran afectos a la tasa denominada Licencia de

Funcionamiento.

 

La Municipalidad debe justificar dicho trato diferenciado, en aquellos casos en que este aspecto se encuentre en discusión, demostrando que ha individualizado adecuadamente a los establecimientos comerciales sujetos a las actividades de fiscalización y control que le encomienda la ley. En el supuesto de la Licencia Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas, dicha individualización deberá efectuarse en concordancia con los fines contemplados en el Edicto N° 178-93-MLM.

 

d) Si existe una razonable equivalencia entre el costo de los servicios que se presta y los cobros realizados para financiar tales servicios.

 

La Municipalidad tiene la carga de probar que los importes a los que ascienden los cobros por concepto de la Licencia Especial cuestionada sirven sólo para efectos de cubrir en forma razonable el costo efectivo del servicio público prestado. Ello significa, adicionalmente, que los pagos deben haber sido establecidos con un criterio de proporcionalidad.

 

Por ejemplo, no habría un criterio de proporcionalidad si la Municipalidad sustentara el cobro de la Licencia Especial sobre

la base de inspecciones diarias realizadas en los establecimientos dedicados a la venta de licores para determinar el estado de sus servicio higiénicos, más allá de las 23:00 horas, y por razón de la periodicidad y del horario escogido para dicho control se incurriera en un costo mayor, cuando, alternativamente, un control de este tipo podría efectuarse adecuadamente en forma semanal, o incluso quincenalmente y en horas regulares de trabajo, sin incurrir en ese costo mayor.

 

e) Si el costo de los servicio de fiscalización o control a los que se refiere la licencia no es financiado por otro tributo ya existente.

 

En el presente caso, resulta especialmente importante el hecho que todos los establecimientos comerciales están sujetos al pago del tributo denominado Licencia de Funcionamiento, de carácter general. De modo tal que debe analizarse, en base a las pruebas presentadas, si es que las actividades de supervisión que realiza la Municipalidad no se encuentran financiadas ya por otros tributos, como es el caso de la Licencia antes mencionada.

 

III.5. Si se ha brindado a la Municipalidad la posibilidad de sustentar la racionalidad de los cobros materia de denuncia.

 

La Sala considera que los procedimientos en materia de eliminación de barreras burocráticas al acceso y la permanencia en el mercado cuentan con una naturaleza especial, ya que los efectos de las resoluciones que emite la Comisión al resolver casos concretos no sólo tienen efectos entre las partes, sino que también tienen como función contribuir a una mejor

gestión de los servicios públicos por parte de las entidades integrantes de la Administración Pública, para beneficio de la comunidad entera.

 

En este orden de ideas, cuando se declara fundada una denuncia en esta materia, significa que la Comisión - o la Sala en su caso - han agotado las posibilidades de encontrar un sustento legal y racional para la exigencia administrativa cuestionada.

 

Por tal motivo, la Sala estima que en este caso se justifica que la Municipalidad haya tenido la posibilidad de sustentar en forma adecuada la racionalidad de los cobros por concepto de Licencia Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas que ha cuestionado la denunciante. Para ello, la presente resolución ha establecido una serie de criterios que deben ser tomados

en cuenta para tal efecto, dada la importancia de las funciones que la ley encarga desarrollar a las Municipalidades y la necesidad de que dichas funciones se ejecuten en forma adecuada.

 

Por las razones expuestas, debe declararse nula la Resolución N° 02-96-CAM-INDECOPI/EXP018, en aplicación del inciso c) del artículo 43 del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, toda vez que es necesario devolver el expediente a la primera instancia para que la Municipalidad presente las pruebas necesarias a fin de analizar la racionalidad de los cobros materia de denuncia, conforme a los criterios establecidos en la presente resolución.

 

III.6. Precedente de observancia obligatoria y difusión de la resolución.

 

Por último, en aplicación del artículo 43° del Decreto Legislativo N° 807 y atendiendo a que la presente resolución interpreta de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, corresponde declarar que la presente resolución constituye un precedente de observancia obligatoria en la aplicación de los principios que se enuncian en la parte resolutiva y oficiar al Directorio del Indecopi para que ordene la publicación de la misma en el Diario Oficial El Peruano.

 

 

 

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

PRIMERO.- Por los argumentos expuestos, esta Sala ha resuelto declarar nula la Resolución N° 02-96-CAM- INDECOPI/EXP-018 de la Comisión de Acceso al Mercado, que declaró fundada la denuncia planteada por Consorcio Panamericano de Inversiones S.A. (Copainsa) contra la Municipalidad Distrital de Miraflores. En consecuencia, la Sala ha dispuesto devolver el expediente a primera instancia para que la Comisión conceda a la Municipalidad la oportunidad de sustentar la racionalidad del cobros que efectúa a la denunciante por concepto de Licencia Especial y a la venta de Bebidas Alcohólicas, en aplicación de los criterios establecidos en la presente resolución.

 

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el articulo 43° del Decreto Legislativo N° 807, declarar que la presente resolución constituye un precedente de observancia obligatoria en la aplicación de los siguientes principios:

 

"En los casos seguidos ante la Comisión de Acceso al Mercado que se encuentren referidos al cobro de las licencias municipales contempladas en el artículo 68, inciso e), del Decreto Legislativo N°776, se deberá tener en cuenta los criterios de interpretación descritos en el esquema que se muestra a continuación:

 

- El denunciante deberá aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de un cobro ilegal o irracional, por concepto de licencia municipal, que pudiera gravar la entrada, salida o el tránsito de personas, bienes, mercaderías y animales en el territorio nacional o que pudiera restringir el acceso de los agentes económicos al mercado.

 

- La Comisión deberá evaluar la legalidad de la licencia cuyo cobro ha sido impugnado por el denunciante, lo que significa establecer:

 

a.     Si la licencia creada encuadra o no dentro de las atribuciones y competencias conferidas a las Municipalidades por su Ley Orgánica y otras normas con rango de ley.

b.     Si la licencia fue creada respetando las formalidades y requisitos contenidos en el Código Tributario, en el

Decreto Legislativo N° 776 y en la Ley Orgánica de Municipalidades.

 

- La Municipalidad, por su parte, tiene la carga de probar que los cobros realizados responden a la prestación racional y efectiva de un servicio público de fiscalización o control individualizado en el contribuyente y, asimismo, que los montos que cobra para financiarlo son racionales. Así, de existir

 

indicios razonables en el sentido que los cobros cuestionados constituyen una barrera burocrática irracional, la Comisión requerirá a la Municipalidad denunciada para que acredite lo siguiente:

 

a.     Si la licencia corresponde a la prestación efectiva de un servicio público administrativo de fiscalización o control.

b.     Si la materia objeto de fiscalización o control guarda coherencia con el interés público definido por la ley e interpretado a través de la licencia.

c.     Si la Municipalidad ha individualizado adecuadamente a los administrados que se encuentran sujetos al servicio público de fiscalización o control, conforme al mandato de la ley.

d.     Si existe una razonable equivalencia entre el costo de los servicios de fiscalización o control que presta la

Municipalidad y los cobros efectuados para financiar tales servicios.

 

- Finalmente, deberá evaluarse si, en base a la información presentada, existen indicios de que los costos de los servicios de fiscalización o control a los que se refiere la licencia son financiados por otro u otros tributos ya existentes.

 

Debe recordarse que las cargas tributarias establecidas por las Municipalidades generan costos para el funcionamiento del mercado, motivo por el cual dichas entidades tienen la carga de probar frente a los administrados la legalidad y la racionalidad de las licencias que establecen. Dicha justificación es necesaria para que la Comisión pueda establecer si los cobros efectuados tienen algún fundamento o no Esto no quiere decir que las Municipalidades no puedan imponer tales costos, sino que ellos deben encontrarse debidamente sustentados".

 

TERCERO.- Disponer que la Secretaria Técnica pase copias de la presente Resolución, así como de la resolución de Primera Instancia, al Directorio del INDECOPI, para su publicación en el Diario Oficial El Peruano, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807.

 

CUARTO: Incluir el  Anexo que se acompaña como parte integrante de la presente resolución.

 

Con la intervención de los señores  vocales:  Alfredo  Bullard  González, Hugo Eyzaguirre del Sante, Jorge Vega

Castro, Luis Hernández Berenguel,  Gabriel Ortiz de Zevallos  y José Antonio Payet Puccio.

 

 

 

 

 

 

(1) La Licencia Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas se encuentra regulada por el Edicto N° 178-93-MLM del Concejo Provincial de Lima, publicado el 1° de agosto de 1993. La Orden de Pago cuestionada aludía a recibos emitidos entre octubre y diciembre de 1994, así como entre abril y julio de 1996. La Municipalidad cobraba mensualmente a Copainsa por este concepto la suma de S/.100.-.

 

 

 

 

(2) Decreto Ley N°25868. Articulo 26BIS. (Introducido por el artículo 50 del Decreto Legislativo N°807).

 

"Artículo 26BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en

los Decretos Legislativos Nos. 283, 668, 757, el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 y la Ley N° 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa...".

 

 

 

 

(3) Decreto Legislativo N° 776. Artículo 61.

 

"Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado.

 

En virtud de lo establecido por el párrafo precedente, no está permitido el cobro por pesaje; fumigación; o el cargo al usuario por el uso de vías, puentes y obras de infraestructura; ni ninguna otra carga que impida el libre acceso a los mercados y la libre comercialización en el territorio nacional.

 

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo genera responsabilidad administrativa y penal en el Director de

Rentas o quien haga sus veces.

 

Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el presente artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público."

 

 

 

 

(4) Decreto Legislativo N° 776. Ley de Tributación Municipal.

 

Artículo 68.- "Las Municipalidades podrán imponer la siguientes tasas:

 

e.     Otras licencias: son las tasas que debe pagar todo aquel que realice actividades sujetas a fiscalización o control municipal, con el límite establecido en el artículo 67"

 

 

 

 

(5) Decreto Legislativo N°776. Ley de Tributación Municipal. Artículo 67.

 

"En ningún caso las Municipalidades podrán cobrar tasas por la fiscalización o control de actividades sin autorización legal expresa para ejercer dicha función, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades y en normas con rango de ley."

 

 

 

 

(6) Decreto Legislativo N°816. Código Tributario. Norma IV del Título Preliminar ,antepenúltimo párrafo, vigente a partir del

22 de abril de 1996.

 

"Los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley."

 

Ley N°23853, Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 94 (Según el texto existente antes de la aprobación del Decreto

Legislativo N°816, que se refería a "Edictos" en lugar de "Ordenanzas").

 

"Las contribuciones, arbitrios, derechos y licencias se aprueban por la Municipalidad mediante Edictos que deben adoptarse con el voto conforme de no menos de la mitad del número legal de miembros del Concejo.

 

Los Edictos de las Municipalidades Distritales requieren de la ratificación del Concejo Provincial para su vigencia.

 

...".

 

Decreto Legislativo N°776. Ley de Tributación Municipal. Artículo 60, inciso c), vigente a partir del 1° de enero de 1994. (Texto anterior a la aprobación del Decreto Legislativo N°816).

 

"Los Edictos municipales que crean tasas deberán ser prepublicados en medios de prensa escrita de difusión masiva de la circunscripción por un plazo no menor a 30 días desde su entrada en vigencia".

 

 

 

 

(7) Antepenúltimo párrafo de la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario (según el texto aprobado por el Decreto Ley N°25859 y por el Decreto Legislativo N° 773) sustituido a partir del 22 de abril de 1996 por el texto contenido en el Decreto Legislativo N°816.

 

"Los Gobiernos Locales, mediante Edicto, pueden crear, modificar y suprimir contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley."

 

(8) Decreto Legislativo N°816. Código Tributario. Norma II del Título Preliminar, inciso c). Ver también nota 4.

 

"c) Tasa: es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente."

 

 

 

 

(9) Por ejemplo, presentando documentos que acrediten cómo la Municipalidad ha presupuestado la ejecución de servicio - cuando éste va a ser realizado - o cómo se ha venido ejecutando dicho presupuesto. Así, de darse el caso que la Municipalidad denunciada no pudiera acreditar que presta efectivamente o que ha presupuestado la prestación de aquellos servicios para cuyo financiamiento recauda la licencia, los cobros exigidos por dicho concepto carecerían de sustento.

 

 

 

 

(10) Ello ocurriría, por ejemplo, si una Municipalidad, en base a las facultades que le confiere la ley para supervisar la seguridad en los espectáculos públicos, cobrara una licencia para financiar campañas contra las drogas en los estadios y coliseos. En este caso, habría una desviación de poder respecto de los actividades de fiscalización o control previstas en la ley, que son interpretadas a través de la licencia.

 

 

 

 

(11) Ver nota 8.

 

 

 

 

(12) Este criterio busca evitar que se establezca distinciones entre los agentes económicos sin que medie como justificación la finalidad prevista en la Ley. En este sentido, podrían darse casos en que la Municipalidad denunciada gravara en forma irracional a los agentes económicos afectos al pago de la licencia, por ejemplo, si dicho tributo comprendiera a empresas o personas que no tienen nada que ver con las molestias para los vecinos o con el problema público que justifica las actividades de fiscalización o control encomendadas por ley a los gobiernos locales - hecho, este último, que genera el

cobro de la tasa -.

 

Por ejemplo, podría darse el caso que una Municipalidad considerase como contribuyente, para efectos de la Licencia Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas, a una empresa dedicada a recolectar y lavar las botellas que se utilizan para el expendio de este tipo de bebidas. Dicha actividad no tendría relación alguna con las actividades de fiscalización y control desarrolladas por la Municipalidad.

 

Asimismo, podría darse el caso que se gravara sólo a un grupo reducido de agentes económicos, cuando en la práctica existiera un número mayor de personas o empresas que realizan las actividades generadoras de molestias para los vecinos o que tienen algo que ver con el problema público que las actividades municipales de fiscalización o control buscan

resolver. Ello sucedería si una Municipalidad cobrara la Licencia Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas únicamente a los locales donde se vende cerveza y no gravara con dicha licencia a los locales donde se expende otros tipos de licores;

en este supuesto, la licencia afectaría sólo a un grupo de establecimientos y dejaría de lado a otros cuyas actividades tienen relación directa con las actividades municipales de control y fiscalización.

 

 

 

 

(13) Decreto Legislativo N°816. Código Tributario. Norma II del Título Preliminar, penúltimo párrafo.

 

"El rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no debe tener un destino ajeno al de cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen los supuestos de la obligación".

 

 

 

 

(14) Así, podría darse el caso que una Municipalidad utilizara como criterio para los cobros por concepto de licencia de construcción el metraje cuadrado de la edificación correspondiente, cuando la prestación efectiva de dicho servicio se concreta en la revisión de los planos y memorias descriptivas correspondientes por los técnicos del gobierno local, Estas últimas actividades no tienen relación alguna con el metraje de la construcción a realizar.

 

(15) Ello ocurriría, por ejemplo, en el caso que se llegara a comprobar que las actividades de fiscalización o control para las cuales se efectúa el cobro de la Licencia Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas, se encontraran financiadas por el tributo denominado Licencia de Funcionamiento, que tiene carácter general.

 

 

 

 

(16) Ver notas 4 y 5.

 

 

 

 

(17) Edicto N° 178-93-MLM.

 

"Artículo 7.- Son infracciones a la Licencia Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas, sancionadas con multas, las siguientes:

 

a) Carecer de autorización y no estar inscrito en el Registro de esta Licencia. b) Permitir que en el establecimiento se altere el orden público, se atente contra la moral y las buenas costumbres o se afecte la tranquilidad del vecindario. c) Permitir el trabajo en salones de billar, cabarets, centros nocturnos, boites, discotecas, casinos, prostíbulos, casas de cita, a menores de 18 años. d) Permitir el ingreso de menores de edad, con uniforme escolar en establecimientos donde funcionan aparatos mecánicos y/o eléctricos de esparcimiento. e) Expender bebidas alcohólicas a menores de 18 años o dar facilidades para su consumo en la vía pública. f) Permitir que en el establecimiento se ejerza clandestinamente la prostitución. g) Permitir la práctica de actividades que constituyan o encubran la práctica del juego de azar en establecimientos no autorizados para ello. h) Permitir que las personas que laboran en cabarets, centros nocturnos, boites, discotecas, casinos, prostíbulos o casas de cita, lo hagan sin el respectivo carné sanitario y certificado de control periódico correspondiente. i) Permitir que las acompañantes de baile de cabarets se retiren del establecimiento antes del horario establecido. j) Alquilar habitaciones en establecimientos de hospedaje sin registrar la identificación y procedencia de los huéspedes en los libros respectivos."

 

"Artículo 8.- Son infracciones a la Licencia Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas, sancionadas con la clausura, las siguientes:

 

a.     Funcionamiento de estos establecimientos con servicios higiénicos incompletos, deteriorados o inutilizados.

Clausura Temporal hasta que se compruebe la refacción de los mismos."

 

 

 

 

(18) Ley N° 23853, Ley Orgánica de Municipalidades.

 

Artículo 65°.- "Son funciones de las Municipalidades en materia de acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad colectiva: ... 16. Supervisar y controlar la construcción, mantenimiento y el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene de las salas de espectáculos, estadios, coliseos y otros recintos abiertos al público incluyendo los establecimientos hoteleros y otros de carácter comercial, social, cultural y religioso".

 

Artículo 66°.- "Son funciones de las Municipalidades en materia de población salud y saneamiento ambiental: ... 3. Normar y controlar el aseo, higiene y salubridad en establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos."

 

 

 

 

(19) Ver nota 16.

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Precedente de observancia obligatoria. Modifica la Resolución Nº 213-1997/TDC sobre la aplicación de normas que regulan las potestades tributarias de los gobiernos locales y los requisitos necesarios para la aprobación de contribuciones y tasas munic

 

PROCEDENCIA     :         COMISIÓN DE ACCESO AL MERCADO (LA COMISIÓN)

DENUNCIANTE     :         MIX & MASTER S.A. (MIX & MASTER)

DENUNCIADO       :         MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES (LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL)

MATERIA               :         ACCESO AL MERCADO TRIBUTACIÓN MUNICIPAL ARBITRIOS MUNICIPALES PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA

ACTIVIDAD            :         ALQUILER DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.

 

SUMILLA: en el procedimiento seguido  por Mix & Master S.A. contra  la

Municipalidad Distrital de Miraflores, la Sala ha resuelto  lo siguiente:

 

(i)         Confirmar la Resolución Nº 0070-2005/TDC-INDECOPI, emitida por la Comisión de Acceso  al Mercado  el 12 de mayo de 2005, en el extremo  apelado en que declaró  fundada la denuncia  y, en consecuencia,  que  la  exigencia   de  cobros   por  concepto  de arbitrios municipales correspondientes al período  2000, sustentados en la Ordenanza N° 70-2000-MM, respecto  del inmueble  ubicado  en Calle Alcanfores Nº 1286, Distrito de Miraflores, constituye la imposición de una barrera  burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la   empresa    denunciante.   Ello,   toda   vez   que   la   referida ordenanza  fue declarada  inconstitucional por la STC Nº 00053-

2004-PI/TC, teniendo  en cuenta que el informe  técnico  que sustentaba  la  ordenanza   no  fue  publicado  conjuntamente  a dicha    norma    municipal   y   dado    que   no   justificaba   los incrementos en el costo de los arbitrios.

 

(ii)        Confirmar  la   referida  resolución en cuanto  aprobó  el Informe

Nº 029-2005/INDECOPI-CAM.

 

(iii)       Modificar dicha  resolución en cuanto  dispuso elevar el Informe al Concejo  Municipal para que resuelva  conforme al artículo  48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General;  y, reformándola, disponer  que  los  funcionarios  municipales se abstengan  de exigir  el pago de los arbitrios declarados barrera burocrática ilegal.

 

(iv)       De  conformidad  con   el  artículo   43°  del Decreto  Legislativo N°   807,   declarar    que   la   presente    resolución   modifica  el precedente     de    observancia   obligatoria    aprobado     en    la

 

M-SDC-02/1C

 

 

Resolución  N°  213-97-TDC  en  lo   referido   a  los   requisitos formales   para  la  exigibilidad  de  las  tasas  y  contribuciones creadas por las municipalidades distritales. Asimismo, dejar sin efecto  el precedente  de observancia obligatoria aprobado  en la Resolución N° 0070-1998/TDC-INDECOPI.

 

Lima, 23 de noviembre de 2005

 

I           ANTECEDENTES

 

El  24  de  noviembre de  2004, la  empresa Mix &  Master denunció a  la Municipalidad  Distrital por la supuesta imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales consistentes en el exigencia de cobros por conceptos de arbitrios municipales correspondientes al período 2000, sustentados en la Ordenanza N° 70-2000-MM, con respecto al inmueble ubicado en Calle Alcanfores Nº  1286,  Distrito  de  Miraflores. La  denunciante manifestó lo siguiente:

 

-             En el año 2000, la Municipalidad Distrital le exigió el pago de un monto de S/. 3 074,39 por concepto de arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo correspondientes a dicho ejercicio1. El monto cobrado por arbitrio era excesivo.

 

-             Debía tenerse en cuenta que la deuda fue determinada incumpliendo con los artículos 69A y 69B de la Ley de Tributación Municipal. Conforme a tales normas, los arbitrios municipales correspondientes al periodo 2000, deberían haber sido variados en función al Índice de Precios al Consumidor y sufrir un incremento de solo 3.73%.

 

 

 

 

 

 

1  La denunciante precisó lo siguiente con relación a los antecedentes del cobro efectuado por la Municipalidad

Distrital:

 

-        El 19 de diciembre de 2000 presentó a la Sub-Dirección de Control y Recaudación de la Dirección de Rentas de la Municipalidad Distrital de Miraflores una solicitud de fraccionamiento de deuda tributaria por concepto de arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, ascendente a S/. 3

074,39.

 

-        Mediante   Resolución   Sub-Directoral   N°   2000-0004563,   la   Municipalidad   Distrital   le   otorgó   el fraccionamiento anteriormente señalado, en el cual aceptó un cronograma en el que se detallan 6 cuotas mensuales por el saldo pendiente de pago.

 

-        En tal sentido, indica que procedió a pagar la cuota inicial más los derechos de fraccionamiento y de emisión, con lo cual el monto tributario adeudado se redujo a la cantidad de S/. 2 325,54.

 

-        Sin embargo, y debido a la coyuntura económica por la que atraviesa el país, no pudo cumplir con la obligación contraída, por lo que mediante Resolución Sub-Directoral N° 2001-952-070682-T-DAT-MM de fecha 20 de abril de 2001, se declaró la pérdida del beneficio de fraccionamiento otorgado y se ordenó a proceder a la ejecución por la vía coactiva por el monto de S/. 2 364,75.

 

 

-             La Municipalidad Distrital debía cobrarle la suma de S/. 529,64 por concepto   de   arbitrios   municipales   del   ejercicio   2000  y  no S/. 3 074,39, monto que resultaba exorbitante.

 

El 3 de enero de 2005, la municipalidad denunciada formuló sus descargos, manifestando lo siguiente:

 

-             La Ordenanza N° 70-2000-MM fue publicada en el diario oficial El Peruano y ratificada por el Concejo Metropolitano de Lima mediante Acuerdo de Concejo N° 031. Dicha Ordenanza tuvo en cuenta la base imponible a efectos de determinar la alícuota trimestral. Para la estructura de costos de tales servicios fueron tomados en cuenta 36

072 predios registrados.

 

-             Las tasas no fueron variadas dentro del ejercicio 2000, por lo que no correspondía aplicar el Índice de Precios al Consumidor.

 

-             La exigencia de pago de arbitrios municipales no constituye una barrera burocrática ilegal ni irracional, por cuanto la prestación de dichos servicios públicos no tiene incidencia en el desarrollo de la actividad económica de la denunciante, más aun si los montos de las tasas por arbitrios han sido aprobados y calculados conforme a ley.

 

El 11 de mayo de 2005, la Secretaría Técnica de la Comisión emitió el Informe Nº 029-2005/INDECOPI-CAM con relación a las barreras burocráticas materia de denuncia.

 

Mediante Resolución Nº  0070-2005/TDC-INDECOPI del 12  de  mayo de

2005, la Comisión resolvió lo siguiente:

 

(i)         Declaró fundada la denuncia contra la Municipalidad Distrital y, en consecuencia, que la exigencia de cobros por concepto de arbitrios municipales correspondientes al período 2000, sustentados en la Ordenanza N° 70-2000-MM, respecto del inmueble ubicado en Calle Alcanfores Nº 1286, Distrito de Miraflores, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante.

 

La Comisión señaló que la Municipalidad Distrital no cumplió con consignar en la referida Ordenanza, la    justificación de los incrementos en los costos de los arbitrios que se produjeron con relación a los periodos anteriores, infringiendo lo dispuesto en el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal.

 

 

(ii)        Aprobó el Informe Nº 029-2005/INDECOPI-CAM y dispuso elevarlo al Concejo Municipal para que resuelva, conforme al artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

 

El 25 de mayo de 2005, la Municipalidad Distrital apeló la referida resolución, manifestando que el Anexo de la Ordenanza Nº 070-2000-MM, publicado el

25 de abril de 2000, constituye el Informe Técnico que explica los criterios técnicos que sustentan los costos y las tasas por arbitrios para el ejercicio

2000, y por ende, justifican el monto de las tasas cobradas. Agregó que en el referido Anexo se incluyen nuevos gastos que tenía que realizar la Municipalidad Distrital para prestar los servicios de limpieza pública, parques y  jardines  y  serenazgo,  por  lo  que  debía  entenderse  que  cumplió  con justificar los incrementos en los costos de los arbitrios.

 

El  17 de agosto de 2005, se publicó en el diario oficial El  Peruano la

Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional Nº 00053-

2004-PI/TC, mediante la cual se declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad presentada  por  la  Defensoría  del  Pueblo  contra  las Ordenanzas Nº 33-97-MM, 48-98-MM, 57-99-MM, 70-2000-MM, 100, 116,

142 y 143.

 

II          CUESTIONES EN DISCUSIÓN

 

Determinar lo siguiente:

 

(i)         si los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en la STC N° 0041-2004-AI/TC y la STC Nº 00053-2004-PI/TC, difieren de la interpretación realizada por la Sala en los precedentes de observancia obligatoria aprobados en las Resoluciones N° 213-97- TDC y N° 0070-1998/TDC-INDECOPI;

 

(ii)       si la exigencia de cobros por concepto de arbitrios municipales correspondientes  al  período 2000,  sustentados en la Ordenanza N° 70-2000-MM, respecto del inmueble ubicado en Calle Alcanfores Nº  1286,  Distrito  de  Miraflores, constituye  la  imposición de  una barrera burocrática ilegal;

 

(iii)      si, teniendo en cuenta que la Ordenanza N° 70-2000-MM, que sustentaba los cobros por arbitrios materia de denuncia, ha sido declarada inconstitucional, corresponde modificar la resolución apelada en cuanto dispuso remitir un informe al Concejo Municipal para que resuelva con respecto a las barreras burocráticas, y, reformándola,   disponer   que   los   funcionarios   de   la   entidad denunciada se abstengan de exigir su pago.

 

 

III         ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

 

III.1      Requisitos de entrada en vigencia y exigibilidad de las normas tributarias municipales

 

En  el  Informe  Nº  029-2005/INDECOPI-CAM, que  sustenta  la  resolución apelada y fue incorporada como parte de la misma por la Comisión, se señala que no correspondía aplicar los precedentes de observancia obligatoria aprobados mediante Resolución N° 213-97-TDC y N° 0070-1998- TDC-INDECOPI, toda vez que la interpretación realizada en tales resoluciones no guardaría correspondencia con los criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional en la STC N° 0041-2004-AI/TC2.

 

 

 

2  Sentencia del 11 de noviembre de 2004, emitida en el Expediente N° 0041-2004/AI/TC, mediante la cual el Tribunal Constitucional declaró fundada la acción de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo contra diversas Ordenanzas expedidas por la Municipalidad de Santiago de Surco. En dicho pronunciamiento se indicó lo siguiente:

 

“5. Como quiera que se cuestionan Ordenanzas cuya vigencia ha sido por los periodos 1996 al 2004, analizaremos el caso en función a los artículos vigentes y aplicables a dichas normas. Tanto el artículo

94° de la hoy derogada Ley N° 23853, Orgánica de Municipalidades (publicada el 9 de junio de 1984), como el artículo 40° de la actual Ley N.° 27972, Orgánica de Municipalidades (publicada el 27 de mayo

de 2003), han contemplado el requisito de ratificación por parte del Concejo Provincial para la vigencia

de las Ordenanzas Distritales.

 

6. Por su parte, el Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal (LTM), establecía que:

- El hecho generador de la obligación tributaria es la prestación efectiva por la municipalidad de un servicio público individualizado en el contribuyente (LTM, arts. 66° y 68°).

- La prestación del servicio público debe encontrarse reservado a los municipios, de acuerdo con la Ley

Orgánica de Municipalidades (LTM, art. 68°).

- Su cálculo debe hacerse durante el primer trimestre del ejercicio fiscal, en función del costo efectivo del servicio a prestar, y sólo puede incrementarse en ese ejercicio hasta el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (LTM, art. 69.°).

- Las ordenanzas que aprueban los arbitrios deben ser publicadas al concluir el ejercicio fiscal o, a más

tardar, al 30 de abril del año siguiente, explicándose los costos efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad beneficiada, así como los criterios que justifiquen incrementos, de ser el caso (LTM, art. 69°).

(…)

Puede afirmarse que la Ordenanza Distrital ya existe antes de la ratificación, pero, no obstante, aún no es válida ni eficaz, por no estar conforme con todas las reglas para su producción jurídica.

16.  De  este  modo,  para  evaluar  si  en  la  producción  de  normas  de  carácter  tributario,  las municipalidades han respetado el principio de legalidad, importará verificar si en el marco del referido

parámetro de constitucionalidad se ha respetado el instrumento idóneo para la creación de tributos

municipales (Ordenanza); así como el procedimiento para la producción del mismo, esto es, que se hayan cumplido todos los requisitos exigidos para su validez y eficacia.

 

17. Es claro entonces que, si una Municipalidad Distrital al emitir sus ordenanzas por arbitrios no ha cumplido con el requisito de la ratificación, no se encuentra habilitada para exigir dicho cobro a los usuarios en base a tal norma. Sin embargo, queda pendiente concordar el momento de la ratificación (validez) con la publicidad de la norma (eficacia).

 

18.  En la sentencia recaída en el Exp. N.° 0021-2003-AI/TC, este Colegiado señaló que, tal como se desprende de una interpretación sistemática del artículo 51°, in fine, y del artículo 109° de la Constitución, la publicación determina la eficacia, vigencia y obligatoriedad de la norma, pero no determina su constitución, pues ésta tiene lugar con la sanción del órgano que ejerce potestades legislativas, criterio que es aplicado mutatis mutandi también a las ordenanzas municipales.

Por lo tanto, los cuestionamientos que puedan surgir en torno a la publicación de una norma no deben resolverse en clave “validez o invalidez”, sino de “eficacia o ineficacia”. Una ley que no ha sido publicada, sencillamente es ineficaz, pues no ha cobrado vigencia. Y sobre aquello que no ha cobrado

 

 

Por tanto, esta Sala considera que debe determinarse si los criterios fijados en los precedentes de observancia obligatoria contenidos en la Resolución N° 213-97-TDC y N° 0070-1998/TDC-INDECOPI, guardan correspondencia con  aquellos  establecidos  por  el  Tribunal  Constitucional  en  la  STC N° 0041-2004-AI/TC y la STC Nº 00053-2004-PI/TC. Lo anterior, conforme a la primera disposición final de la Ley N° 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que establece que los jueces y tribunales aplican las leyes o normas con rango de ley, los reglamentos y los principios constitucionales, de acuerdo con la interpretación contenida en las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos3.

 

Mediante la Resolución N° 213-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 1997, la Sala estableció el siguiente precedente de observancia obligatoria:

 

Para la aplicación del control de legalidad previsto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 en los casos de contribuciones y tasas, deberá tenerse en cuenta que las Municipalidades deben emplear el mecanismo legal de la Ordenanza Municipal para la creación de tributos y que, asimismo,   se   mantienen   vigentes   los   requisitos   formales   para   su aprobación contenidos en la Ley Orgánica de Municipalidades y en el Decreto Legislativo Nº 776. En tal sentido, son requisitos para la entrada en vigencia de las contribuciones y tasas municipales, los siguientes:

 

•  Aprobación del tributo mediante el voto conforme de no menos de la mitad del número legal de miembros del Concejo.

•  Las contribuciones y tasas creadas mediante normas emitidas por las

Municipalidades Distritales resultan exigibles a partir del día siguiente de la publicación del Acuerdo del Concejo Provincial que las ratifica.

 

El referido precedente fue complementado mediante Resolución N° 0070-

1998/TDC-INDECOPI, publicada el 21 de mayo de 1998, en la  que se estableció la siguiente jurisprudencia obligatoria:

 

 

 

 

 

vigencia, no es posible ejercer un juicio de validez en un proceso de inconstitucionalidad, pues no será posible expulsar del ordenamiento jurídico aquello que nunca perteneció a él.

Consecuentemente, las Ordenanzas Municipales quedan constituidas tras su aprobación y sanción por parte del Concejo Municipal, pero carecen de eficacia y obligatoriedad mientras no sean publicadas.

Lo expuesto se sustenta en el artículo 51º de la Constitución, que establece que la publicidad es esencial  para  la  vigencia de toda  norma  del  Estado.  En  consecuencia,  el  procedimiento  para la

producción de Ordenanzas Distritales en materia tributaria, requiere  de la ratificación por parte del

Concejo  Provincial y que dicho  Acuerdo  sea publicado. Sólo así podrán cobrarse arbitrios válidos, pues se habrá respetado el principio de legalidad para la creación de normas”. (…)

 

3  LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL, DISPOSICIONES FINALES, PRIMERA.- Los jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y los reglamentos respectivos según los preceptos  y  principios  constitucionales,  conforme  a  la  interpretación  de  los  mismos  que  resulte  de  las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos, bajo responsabilidad.

 

 

Para la aplicación del control de legalidad previsto en el Artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 en los casos de contribuciones y tasas municipales, deberá tenerse en cuenta que el requisito de pre-publicación establecido en el Artículo 60, inciso c), de la Ley de Tributación Municipal reglamenta la forma de entrada en vigencia de las normas de carácter tributario que emiten los municipios. En tal sentido, para que dichas normas tengan una adecuada difusión entre el público antes de ser efectivamente aplicadas, se ha establecido un sistema de vigencia diferida, de modo tal que la norma que establece el tributo no podrá entrar en vigencia sino hasta 30 días después de su respectiva publicación. Asimismo, para la aplicación de este requisito a las normas tributarias emitidas por las municipalidades distritales,  debe  entenderse  que  éstas  entrarán  en  vigencia  30  días después de publicada la respectiva ratificación por el concejo provincial.

 

No  obstante, en  la  STC  Nº  0041-2004-AI/TC, el  Tribunal Constitucional señaló lo siguiente con relación a la creación de tasas municipales, específicamente en la especie de arbitrios municipales:

 

“26. En consecuencia, se infiere de lo desarrollado en los fundamentos precedentes y de las disposiciones bajo comentario, lo siguiente: a) las ordenanzas aprobadas, ratificadas y publicadas hasta al 30 de abril de cada ejercicio fiscal, tendrán efectos jurídicos para todo el año; b) serán exigibles ante los contribuyentes al día siguiente de la publicación de la ordenanza ratificada, cuando esto haya ocurrido hasta el 30 de abril; c) no es posible otorgarles efectos retroactivos y, por ende, los costos por servicios en el periodo anterior a la vigencia de la nueva ordenanza válida, serán exigibles, en base al monto de arbitrios cobrados al 01 de enero del año fiscal anterior creado mediante ordenanza válida o las que precedan, de ser el caso, reajustadas con la variación del IPC; d) en caso que no se haya cumplido con ratificar y publicar las ordenanzas en el plazo previsto, corresponde la aplicación del artículo 69-B de la Ley de Tributación Municipal.

 

27. Respecto al requisito de la pre publicación de las ordenanzas según lo dispone el inciso c) del artículo 60° del Decreto Legislativo N.° 776 [3], a juicio, de este Tribunal, constituye un elemento no esencial de validez; siendo básicamente de difusión de la norma, por lo que no debe incidir en la vigencia de la ordenanza misma; tan es así que su exigencia ha sido suprimida por el Decreto Legislativo           N° 952”. (Subrayado añadido)

 

Adicionalmente, debe tenerse en consideración que en la STC Nº 00053-

2004-PI/TC, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de seis ordenanzas emitidas por la Municipalidad Distrital, debido a que presentaban vicios de forma al haber sido ratificadas fuera de plazo, como se aprecia en la siguiente cita:

 

“(...) de las nueve ordenanzas cuestionadas, en seis de ellas no se cumplió con  el  requisito  de  la  ratificación  en  el  plazo  del  30  de  abril;  en

 

 

consecuencia, dichas ordenanzas devienen en inconstitucionales por vicios de forma. Estas son las siguientes: Nº 33-1997, Nº 48-98-MM, Nº 100-

2002, Nº 116-2003, Nº 142-2004 y Nº 143-2004.

 

Siendo así, la sola existencia del vicio formal de inconstitucionalidad en el que han incurrido las referidas Ordenanzas, permite e este Colegiado declarar su inconstitucionalidad in toto”.

 

Conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional, para que una ordenanza distrital que aprueba tributos municipales sea exigible, es necesario que sea ratificada por el concejo provincial respectivo. Ello, toda vez que el requisito de ratificación por parte del concejo provincial para la vigencia de las ordenanzas distritales, se encuentra contemplado tanto en el artículo   94°   de  la  derogada  Ley  Orgánica  de  Municipalidades4,  Ley N° 23853, como en el artículo 40° de la vigente Ley Orgánica de Municipalidades5, Ley N° 27972. Por tanto, si bien el precedente de observancia obligatoria aprobado en la Resolución N° 213-97-TDC se emitió sobre la base de anterior Ley Orgánica de Municipalidades, los requisitos formales para la creación de tributos municipales se mantienen en la nueva norma.

 

No obstante, el referido precedente señala que las tasas y contribuciones distritales serán exigibles a partir del día siguiente de la publicación del acuerdo del concejo provincial que ratifica la norma distrital de creación de los tributos. Sin embargo, conforme a lo resuelto por el Tribunal Constitucional,  cuando  la  ley  fije  un  plazo  para  la  publicación  de  la ratificación de la ordenanza distrital de contenido tributario, para que esta norma sea válida deberá cumplirse con tal requisito de forma dentro del plazo legal. Por tanto, en tales casos, para que la ratificación surta efectos y la ordenanza distrital de contenido tributario entre en vigencia, la publicación del acuerdo provincial de ratificación deberá efectuarse dentro del plazo legal.

 

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 43° del Decreto Legislativo N° 807, debe precisarse el precedente de observancia obligatoria aprobado en la Resolución N° 213-97-TDC, en el sentido que, en

 

 

4  LEY N° 23853, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, Artículo 94º.- Las contribuciones, arbitrios, derechos y licencias se aprueban por la Municipalidad mediante Edictos que deben adoptarse con el voto conforme de no menos de la mitad del número legal de miembros del Concejo.

Los Edictos de las Municipalidades Distritales requieren de la ratificación del Concejo Provincial para su vigencia. (...)

 

5  LEY N° 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES,  Artículo 40º.- (...) Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.

Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. (...)

 

 

caso que la ley establezca un plazo para la publicación del acuerdo del concejo provincial que ratifica la ordenanza distrital de contenido tributario, tal requisito deberá ser cumplido dentro del plazo legal, para que el tributo distrital sea exigible6.

 

De otro lado, puede observarse que, conforme a lo resuelto por el Tribunal Constitucional, el requisito de prepublicación de las ordenanzas municipales que aprueban tasas, vigente durante el periodo en el que se generaron los cobros materia de denuncia7, no constituye un elemento esencial de validez de la  norma. Adicionalmente, debe tenerse en consideración que en el vigente texto del artículo 60º de la Ley de Tributación Municipal, con las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo Nº 952, se ha eliminado el requisito de prepublicación de las ordenanzas municipales con contenido tributario8.

 

Por tanto, corresponde dejar sin efecto el precedente de observancia obligatoria aprobado en la Resolución N° 0070-1998-TDC-INDECOPI, en cuanto establece que para que la norma tributaria sea exigible debe transcurrir un plazo de 30 días desde su publicación.

 

 

 

6 LEY DE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI, Artículo 43º.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán  precedente  de  observancia  obligatoria,  mientras  dicha  interpretación  no  sea  modificada  por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

El  Directorio  de  Indecopi,  a solicitud  de  los  órganos  funcionales  pertinentes,  podrá  ordenar la  publicación obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial El Peruano cuando lo considere

necesario por tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o por considerar

que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores.

 

7 LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, Artículo 60º.- Conforme a lo establecido por el inciso 3) del artículo 192º y por el artículo 74º de la Constitución Política del Perú, las Municipalidades crean, modifican y suprimen contribuciones o tasas, y otorgan exoneraciones, dentro de los límites que fije la ley.

 

En aplicación de lo dispuesto por la Constitución, se establece las siguientes normas generales:

 

a) La creación y modificación de tasas y contribuciones se aprueban por Edicto, con los límites dispuestos por el presente título.

b) Para la supresión de tasas y contribuciones las Municipalidades no tienen ninguna limitación legal.

c) Los Edictos municipales que crean tasas deberán ser prepublicados en medios de prensa escrita de difusión masiva de la circunscripción por un plazo no menor de 30 días antes de su entrada en vigencia.

 

8 LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, Artículo 60º.- Conforme a lo establecido por el numeral 4 del Artículo 195 y por el Artículo 74 de la Constitución Política del Perú, las Municipalidades crean, modifican y suprimen contribuciones o tasas, y otorgan exoneraciones, dentro de los límites que fije la ley.

 

En aplicación de lo dispuesto por la Constitución, se establece las siguientes normas generales:

 

a) La creación y modificación de tasas y contribuciones se aprueban por Ordenanza, con los límites dispuestos por el presente Título; así como por lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades.

b) Para la supresión de tasas y contribuciones las Municipalidades no tienen ninguna limitación legal.

(Artículo sustituido por el Artículo 22 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de febrero  de 2004)

 

 

Considerando que mediante la presente resolución se modifica y dejan sin efecto    precedentes de  observancia obligatoria,  corresponde solicitar  al Directorio del Indecopi que disponga la publicación de la resolución en el diario oficial El Peruano.

 

III.2      Los cobros por arbitrios materia de denuncia

 

Conforme al artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal, vigente en el periodo en el que se generaron los cobros materia de denuncia9, en el caso de las ordenanzas que aprueben arbitrios, las municipalidades están obligadas a explicar los costos efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes en la localidad beneficiada, así como los criterios que justifiquen incrementos. La ordenanza, incluyendo la estructura de costos, deberá ser debidamente publicada.

 

En la resolución apelada, la Comisión declaró fundada la denuncia contra la Municipalidad Distrital y, en consecuencia, que la exigencia de cobros por concepto de arbitrios municipales correspondientes al período 2000, sustentados en la Ordenanza N° 70-2000-MM, constituye una barrera burocrática  ilegal,  toda  vez  que  la  entidad  denunciada no  cumplió  con consignar en la referida ordenanza, la  justificación de los incrementos en los costos  de  los  arbitrios  que  se  produjeron  con  relación  a  los  periodos

 

9  LEY DE TRIBUTACION MUNICIPAL, Artículo 69º.- Las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calcularán dentro del primer trimestre de cada ejercicio fiscal, en función del costo efectivo del servicio a prestar. Los reajustes que incrementan las tasas por servicios públicos o arbitrios, durante el ejercicio fiscal, debido a variaciones  de costo, en ningún caso pueden exceder el porcentaje de variación del Indice de Precios al Consumidor que al efecto precise el Instituto Nacional de Estadística e Informática, aplicándose de la siguiente manera:

 

a) El Indice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se aplica a las tasas por servicios públicos o arbitrios, para el Departamento de Lima, Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.

El Indice de Precios al Consumidor de las ciudades capitales de departamento dela país, se aplica a las tasas por servicios públicos o arbitrios, para cada Departamento, según corresponda.

 

b) Los pagos en exceso de las tasas por servicios públicos o arbitrios reajustadas en contravención a lo establecido en el presente artículo, se consideran como pagos a cuenta, o a solicitud del contribuyente, deben ser devueltos conforme al procedimiento establecido en el Código Tributario. (Modificado por la Ley N° 26725)

 

Artículo 69-A.- Concluido el ejercicio fiscal, y a más tardar el 30 de abril del año siguiente, todas las Municipalidades publicarán sus Ordenanzas aprobando el monto de las tasas por arbitrios, explicando los costos  efectivos que demanda  el servicio según  el número  de contribuyentes de la localidad beneficiada, así como los criterios que justifiquen incrementos, de ser el caso. La difusión de la Ordenanza antes mencionada, se realiza en el Diario Oficial El Peruano, en el caso de la provincia de Lima; en el Diario encargado de las publicaciones oficiales del lugar, si se trata de una Municipalidad de la Capital de un Distrito Judicial; y mediante bandos públicos y carteles impresos fijados en lugares visibles y en locales municipales de todas las demás circunscripciones que no sean capital de distrito judicial, de lo que dará fe la autoridad judicial respectiva. (Incorporado por la Ley N° 26725) (Resaltado  y subrayado añadidos)

 

Artículo 69-B.- En caso que las Municipalidades no cumplan con lo dispuesto en el Artículo 69-A, en el plazo establecido por dicha norma, sólo podrán determinar el importe de las tasas por servicios públicos o arbitrios, tomando como base el monto de las tasas cobradas por servicios públicos o arbitrios al 1 de enero del año fiscal anterior reajustado con la aplicación de la variación acumulada del Indice de Precios al Consumidor, vigente en la Capital del Departamento o en la Provincia Constitucional del Callao, correspondiente a dicho ejercicio fiscal. (Incorporado por la Ley N° 26725)

 

 

anteriores,  infringiendo  lo  dispuesto  en  el  artículo  69-A  de  la  Ley  de

Tributación Municipal.

 

En su apelación, la Municipalidad Distrital alega que en el Anexo de la Ordenanza  Nº 070-2000-MM, se justifica el monto de las tasas cobradas. Agrega que, de la revisión de dicho Anexo, se aprecia que dentro de los costos por arbitrios, se incluyen nuevos gastos que tenía que realizar la Municipalidad Distrital para prestar los servicios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, razón por la que debía entenderse que cumplió con justificar los incrementos en los costos por arbitrios.

 

Mediante la STC Nº 00053-2004-PI/TC se declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo contra distintas ordenanzas de la Municipalidad Distrital, dentro de ellas la Ordenanza Nº 70-

2000-MM, norma en la cual se sustentan los cobros por arbitrios materia de denuncia en el presente procedimiento. En dicha sentencia se indica lo siguiente:

 

“El informe técnico  como elemento  cualitativo del arbitrio

En efecto, es evidente la importancia de la publicación del informe técnico financiero  anexo  a  la  ordenanza  sobre  arbitrios,  pues  no  sólo  es  una

garantía   de   transparencia   frente   al   contribuyente,   sino   que   su inobservancia  afecta  los  principios  de  reserva  de  ley  y  de  seguridad

jurídica, que buscan evitar la arbitrariedad de las municipalidades al momento de determinar los montos por arbitrios.

En reiterada jurisprudencia este Colegiado ha señalado que la reserva de

ley  se  encuentra  garantizada  cuando,  vía  ley  o  norma  habilitada,  se regulan los elementos esenciales y determinantes para reconocer dicho tributo como tal, de modo que todo aquello adicional pueda ser delegado para su regulación a la norma reglamentaria en términos de complementariedad, mas nunca de manera independiente.

En el caso de las ordenanzas municipales sobre arbitrios, la determinación del costo global constituye el aspecto mensurable de este tributo, su base imponible, y como elemento esencial del mismo, determina que no puedan cobrarse arbitrios en base a ordenanzas que carezcan de informe técnico. De la revisión de la Ordenanza N.° 70-2000-MM, publicada el 28 de enero de 2000, que establece el importe para los arbitrios de limpieza publica, parques  y jardines  y  serenazgo para el año 2000,  se  advierte  que  la estructura de costos –que debe constituir necesariamente parte integrante de la ordenanza que crea el arbitrio- fue publicada 3 meses después, esto es, con fecha 25 de abril de 2000, pese a lo cual, se exigió el pago de la primera cuota desde el mes de febrero, conforme consta del artículo 9 del propio texto de la ordenanza.

Los principios constitucionales de publicidad de las normas y seguridad jurídica no se constatan “por partes” sino de manera integral, pues estos, a su vez, se manifiestan como principios esenciales del propio ordenamiento jurídico.

 

 

Evidentemente,  esta fórmula de cobro no se encuentra  acorde  con  el ordenamiento constitucional, de modo que es ilegítima y, por consiguiente, confiscatoria cualitativamente, ya que afecta los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, motivo por el cual es, también inconstitucional”.

 

En la medida que la Ordenanza Nº 70-2000-MM, sobre la base de la cual se exigía el pago de los arbitrios correspondientes al periodo 2000, fue declarada inconstitucional mediante STC Nº 0053-2004-AI/TC debido a que no se cumplió con el requisito de publicación conjunta del informe técnico correspondiente, la exigencia de los cobros materia de denuncia carece de sustento legal. En tal sentido, los cobros por arbitrios por el referido periodo, en   tanto   se   realicen   sobre   la   base   de   la   ordenanza   declarada inconstitucional, constituyen barreras burocráticas ilegales.

 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que el artículo 69º de la Ley de Tributación Municipal impone sobre los gobiernos locales el deber de justificar los incrementos producidos en los costos y tasas por arbitrios, el informe técnico que debe formar parte de la ordenanza que aprueba los tributos,   tiene   que   explicar   debidamente  los   costos   y   los   posibles incrementos a los contribuyentes, toda vez que los mayores serán finalmente asumidos por ellos. En consecuencia, el solo listado de nuevos rubros dentro del listado de gastos asumidos por la municipalidad para brindar los servicios correspondiente a los arbitrios, no constituye una justificación suficiente de los incrementos que se hayan producido en los costos totales. Por ello, aun cuando el anexo con el informe técnico hubiese sido publicado conjuntamente a la Ordenanza N° 70-2000-MM, no contiene una justificación válida de los incrementos en los costos totales por arbitrios.

 

En consecuencia, debe confirmarse la resolución apelada en cuanto declaró fundada la denuncia y que la exigencia del pago de arbitrios municipales correspondientes al período 2000, sustentados en la Ordenanza N° 70-2000- MM, constituye una barrera burocrática ilegal

 

III.3      La remisión del Informe al Concejo Municipal

 

Conforme  al  artículo  48º  de  la  Ley  del  Procedimiento  Administrativo

General10, en caso que las barreras burocráticas se encuentren sustentadas

 

10 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 48.- Cumplimiento de las normas  del presente  capítulo

La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas establecidas

en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin perjuicio de las facultades atribuidas a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de la Competencia y Defensa de la Propiedad Intelectual, en el artículo 26° BIS del Decreto Ley N° 25868 y en el artículo 61° del Decreto Legislativo N° 776 para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen sobre el tema. Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la presunta barrera burocrática  ha  sido  establecida  por  un  decreto  supremo  o  una  resolución  ministerial,  dicha  Comisión  se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en

 

 

en ordenanzas municipales, la Comisión deberá emitir un informe, el mismo que será puesto en conocimiento del Concejo Municipal respectivo para que en  un  plazo  no  mayor de  30  días  hábiles resuelva lo  planteado. Si  al vencimiento de dicho plazo el Concejo Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia y, en caso que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá interponer la garantía de acción de cumplimiento. Finalmente, en el supuesto que el Concejo Municipal resuelva mantener la barrera burocrática, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del Pueblo, a efectos de que presente la demanda de  inconstitucionalidad  contra  la  ordenanza  municipal  que  sustenta  la barrera.

 

En el presente caso, la Comisión dispuso, con relación a los cobros por arbitrios  correspondientes al ejercicio 2000, sustentados en la Ordenanza N° 70-2000-MM, remitir un informe al Concejo Municipal para que resuelva conforme a ley. No obstante, la ordenanza que sustenta los referidos cobros ha sido declarada inconstitucional mediante STC Nº 0053-2004-AI/TC. En consecuencia, el Tribunal Constitucional resolvió “Declarar que los términos de esta Sentencia no habilitan en ningún caso la continuación de procedimientos de cobranza coactiva en trámite, ni el inicio de estos o de cualquier otro tipo de cobranza relacionada con las Ordenanzas formalmente declaradas inconstitucionales o que presenten vicios de constitucionalidad”.

 

Por tanto, en la medida que la Ordenanza N° 70-2000-MM, que sustentaba la exigencia del pago de arbitrios por el ejercicio 2000, ha sido declarada inconstitucional y dejada sin efecto, la referida barrera burocrática carece de sustento en una ordenanza que forme parte del ordenamiento jurídico. En consecuencia, carece de objeto remitir un informe al Concejo Municipal para que se pronuncie con relación a la legalidad de una norma que ha sido declarada inconstitucional. Por tanto, debe modificarse la resolución apelada en este extremo y disponer que los funcionarios municipales se abstengan de  exigir  el  pago  de  arbitrios municipales por el  ejercicio 2000 que  se

 

 

conocimiento del Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de carácter general, la Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según corresponda, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la autoridad municipal o regional correspondiente.

Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente.

Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven expresamente mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. En caso de tratarse de barreras sustentadas  en  Ordenanzas  Municipales  o  normas  regionales  de  carácter general,  la  Comisión  remitirá lo

actuado a la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad

correspondiente, de acuerdo con sus funciones previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...) (Artículo modificado por  la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras  Burocráticas en favor  de la Competitividad de los Agentes  Económicos)

 

 

encontraban sustentados en la Ordenanza N° 70-2000-MM, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 2586811.

 

IV         RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

PRIMERO: confirmar la Resolución Nº 0070-2005/TDC-INDECOPI, emitida por la Comisión de Acceso al Mercado el 12 de mayo de 2005, en el extremo apelado en que declaró fundada la denuncia presentada por Mix & Master S.A. contra la Municipalidad Distrital de Miraflores y, en consecuencia, que la exigencia de cobros por concepto de arbitrios municipales correspondientes al período 2000, sustentados en la Ordenanza N° 70-2000-MM, respecto del inmueble ubicado en Calle Alcanfores Nº 1286, Distrito de Miraflores, constituye la  imposición de  una  barrera burocrática ilegal que  afecta el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante; así como en el extremo en que aprobó el Informe Nº 029-2005/INDECOPI-CAM.

 

SEGUNDO:  modificar  la  Resolución  Nº  0070-2005/TDC-INDECOPI  en cuanto  dispuso elevar el Informe Nº 029-2005/INDECOPI-CAM al Concejo Municipal para que resuelva conforme al artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General; y reformándola, disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores ordene a los funcionarios de dicha entidad que se abstengan de exigir el pago de los arbitrios correspondientes al ejercicio 2000, respecto del inmueble ubicado en Calle Alcanfores Nº 1286, Distrito de Miraflores, que se encontraban sustentados en la Ordenanza N° 70-2000-MM, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868.

 

TERCERO: de conformidad con lo establecido en el artículo 43° del Decreto Legislativo  N°  807,  declarar  que  la  presente  resolución  modifica  el precedente de observancia obligatoria aprobado en la Resolución N° 213-

97-TDC, el mismo que queda redactado en los siguientes términos:

 

 

 

 

11  LEY  DE ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONES DEL  INDECOPI, Artículo 26 BIS.-  La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nºs. 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo.

La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que impongan la barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y la formulación de la denuncia penal correspondiente, de ser el caso. La escala de sanciones es la siguiente: falta leve con sanción de amonestación; falta grave con multa de hasta dos (2) UIT y falta muy grave con multa de hasta cinco (5) UIT.

 

 

Para la aplicación del control de legalidad previsto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 en los casos de contribuciones y tasas, deberá tenerse en cuenta que las Municipalidades deben emplear el mecanismo legal de la Ordenanza Municipal para la creación de tributos y que, asimismo,   se   mantienen   vigentes   los   requisitos   formales   para   su aprobación contenidos en la Ley Orgánica de Municipalidades y en el Decreto Legislativo Nº 776. En tal sentido, son requisitos para la entrada en vigencia de las contribuciones y tasas municipales, los siguientes:

 

•  Aprobación del tributo mediante el voto conforme de no menos de la mitad del número legal de miembros del Concejo.

•  Las contribuciones y tasas creadas mediante normas emitidas por las Municipalidades Distritales resultan exigibles a partir del día siguiente de la publicación del Acuerdo del Concejo Provincial que las ratifica, la misma que deberá realizarse dentro del plazo establecido en la ley cuando así lo disponga.

 

CUARTO:   dejar  sin  efecto  el  precedente  de  observancia  obligatoria aprobado en la Resolución N° 0070-1998/TDC-INDECOPI.

 

QUINTO:  solicitar al Directorio del Indecopi que ordene la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El Peruano.

 

Con la intervención de los señores  vocales:  Juan Francisco Rojas Leo, Julio  Baltazar  Durand  Carrión,  Sergio  Alejandro León  Martínez,  José Alberto  Oscátegui  Arteta,  Luis  Bruno  Seminario  De Marzi  y  Lorenzo Antonio Zolezzi Ibárcena.

 

 

 

 

 

 

 

JUAN FRANCISCO ROJAS LEO Presidente

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