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MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

EL AMBIENTE

     El ambiente implica el compendio de elementos naturales -sean vivientes o inanimados-, sociales y culturales existentes en un lugar y tiempo determinado que influyen en la vida material y psicológica del hombre; por ende es objeto de protección jurídica.

     Se le concibe como el medio en el cual se encuentran todos los factores que hacen posible la existencia humana y la de los demás seres vivos. En suma, alude al mundo exterior que rodea a los seres vivientes; y que condiciona -de una manera directa o indirecta-, su existencia y coexistencia.

     Todos los componentes del ambiente están necesariamente interrelacionados.

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EL AMBIENTE

 

     El ambiente implica el compendio de elementos naturales -sean vivientes o inanimados-, sociales y culturales existentes en un lugar y tiempo determinado que influyen en la vida material y psicológica del hombre; por ende es objeto de protección jurídica.

     Se le concibe como el medio en el cual se encuentran todos los factores que hacen posible la existencia humana y la de los demás seres vivos. En suma, alude al mundo exterior que rodea a los seres vivientes; y que condiciona -de una manera directa o indirecta-, su existencia y coexistencia.

     Todos los componentes del ambiente están necesariamente interrelacionados.

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

     Dentro de ese medio ambiente tienen particular  importancia los recursos naturales.

     Los recursos naturales pueden ser definidos como el conjunto de elementos que brinda la naturaleza, para satisfacer las necesidades humanas en particular; y las biológicas en general.

     La Organización de Naciones Unidas (O.N.U.) ha declarado que son todos aquellos que el hombre encuentra en su ambiente y que puede utilizar en su beneficio.

     Dichos recursos naturales se clasifican en:

     a)     Recursos renovables

     Son aquellas que a pesar de ser utilizados pueden regenerarse; y por ende no perecen para su posterior aprovechamiento; tal el caso del suelo, agua, plantas y animales.

     b)     Recursos no renovables

     Son aquellos que al ser utilizados se agotan irremisiblemente.  Tal el caso de los minerales, petróleo, carbón, gas natural, etc.

     El art. 66º de la Constitución vigente señala que los recursos naturales in totum, son patrimonio de la nación.

     Ello implica que su explotación no puede ser separada del interés nacional. Ello por ser una universilidad patrimonial reconocida para los peruanos de todas las generaciones. Los beneficios derivados de su utilización alcanzan a la nación en su conjunto; por ende, se proscribe su exclusivo y particular goce.

     En ese sentido, los recursos naturales -como expresión de la heredad nacional, reposan jurídicamente en el dominio del Estado.

     El Estado como la expresión jurídico-política de la nación es soberano en su aprovechamiento. Es bajo su imperio que se establece su uso y goce.

     El dominio estatal sobre dichos recursos es eminente; es decir, que el cuerpo político tiene la capacidad jurisdiccional para legislar, administrar y resolver las controversias que se susciten en torno a su mejor aprovechamiento.

     La Constitución establece que mediante una Ley Orgánica se fijarán reglas sobre las dos (2) siguientes materias:

     a)     Condiciones para su racional utilización.

     b)     Condiciones de otorgamiento de utilización a particulares, con resguardo del interés nacional.

     Este otorgamiento se viabiliza mediante las denominadas concesiones. Estas se definen en este particular caso, como el consentimiento estatal en favor de un particular, para la explotación de un recurso natural.

     Se les concibe como actos reglados contractualmente. Por su naturaleza bilateral, no pueden ser revocados discrecionalmente, sino en caso de incumplimiento de las cláusulas compromisorias de explotación o de la contraprestación pactada.

     El referido art. 66º de la Constitución señala que las concesiones otorgan a sus titulares denominados concesionarios, un derecho real con sujeción a la antes referida Ley Orgánica. Por ende, las concesiones de explotación del recurso natural -no está en sí mismo-, se integran al patrimonio de su titular y configura un activo.

     Sobre la materia, el jurista Enrique Lastres Berninzón señala con acierto que el art. 66º establece la existencia de una serie de imprecisiones en su redacción, ya que diera la impresión que sólo bajo el título de concesión se pueden aprovechar los recursos naturales.

     El citado refiere que la legislación ordinaria vigente establece otras denominaciones, a saber:

     -     La Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Agrario -Decreto Legislativo No. 653-, establece que las  tierras eriazas pueden otorgarse mediante adjudicación por denuncio, arrrendamiento o renta.

     -     La Ley General de Pesca -D.Ley No. 25977- establece adicionalmente el aprovechamiento por la vía de las autorizaciones, permisos y licencias.

     -     La Ley General de Hidrocarburos -Decreto Ley No. 26221- establece contratos de licencias, contratos de servicios, etc.

     -     La Ley de Concesiones Eléctricas -Decreto Ley No. 25844- establece adicionalmente las licencias y autorizaciones.

     VI.     ANTECEDENTES HISTÓRICOS

     La Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente (Suecia, 1972) marca el inicio específico para el reconocimiento y conceptualización a nivel internacional de su protección. Allí se señala que "el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal, que le permite llevar una vida digna y gozar del bienestar. Por ello tiene la obligación solemne de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras".

     A nivel constitucional aparecen cláusulas específicas de protección en la constitución española de 1978, la constitución portuguesa de 1976 y la constitución brasilera de 1988.

     En el Perú, el art. 37º de la Constitución de 1933 residualmente señalaba que "Las minas, tierras, bosques, aguas, y, en general, todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, salvo los derechos legalmente adquiridos. La Ley fijará las condiciones de su utilización por el Estado, o de su concesión, en propiedad o en usufructo, a los particulares".

     Empero, correspondió a los Constituyentes de 1979, el establecer un capítulo especial (arts. 118º-123º) para promover orgánica y sistemáticamente la defensa de nuestros recursos naturales. En ese sentido, fue la primera en América Latina  en ocuparse integralmente sobre tan importante tema.

LA POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE

     El art. 67º de la Constitución establece la obligación perentoria del Estado de establecer la política nacional del ambiente.

     Ello implica un conjunto de acciones que el Estado se compromete a desarrollar o promover, cuyo fin consiste en preservar y conservar el ambiente, de todas las actividades humanas que pudieran afectarla.

     Esta política nacional -entendida como el conjunto de directivas para la acción orgánica del Estado en pro de la defensa y conservación del ambiente, permitirá el desarrollo integral de todas las generaciones de peruanos, que tienen el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el bienestar de su existencia. En ese aspecto, esta responsabilidad estadual guarda relación con lo dispuesto en el inc. 22) del art. 2º de la Constitución.

     Dicha política debe promover un uso sostenible de los recursos naturales; ergo debe promover un goce de sus beneficios con resguardo de un equilibrio dinámico entre el desarrollo socio-económico de la nación y la protección y conservación de su disfrute permanente.

     El uso sostenible obliga a la tarea de rehabilitar aquellas zonas que hubieren resultado afectadas por actividades humanas destructoras del ambiente y específicamente de sus recursos naturales.

     Por ende, el Estado se encuentra obligado a promover o aceptar únicamente la utilización de tecnología que garanticen la continuidad y calidad de dichos recursos; evitándose que su uso no sostenido los extinga o deprede.

     Dentro de ese contexto, el Estado se encuentra obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales objeto de protección.

     La conservación implica el aprovechamiento de los recursos renovables sin destruirlos. Ella se opone al uso exclusivamente económico de los enseres, cuya única finalidad sea el lucro o la ganancia.

     La conservación de la diversidad biológica se entiende como el conjunto de seres vivos de distinta relación con el ambiente (aves, peces, plantas, etc.)

     La conservación de las áreas naturales se entiende como aquellas áreas geográficas ubicadas dentro del territorio nacional, que alberga una diversidad de recursos naturales; y que por ley, se encuentran especialmente protegidos por la acción del Estado.

     Es  dable  señalar  que  el  art.  69º  de la Constitución vigente, deja expresa constancia que en el caso de la Amazonía -región del territorio nacional por donde discurre el río Amazonas, rico en diversidad biológica y existencia de recursos de flora y fauna-, se encuentra sujeta a un tipo de protección y conservación supra; vía la dación de leyes que garanticen su desarrollo sostenible.

     Este desarrollo sostenible de la Amazonía se cumpliría a base del respeto de los siguientes cinco (5) criterios:

     a)     Equilibrio cuidadoso entre la satisfacción de las necesidades presentes y las futuras.

     b)     Armoniosa relación entre la iniciativa privada y la acción estatal en el campo de la conservación y promoción del ambiente.

     c)     Reestructuración del gasto público en favor de dicha parte del territorio.

     d)     Aplicación tecnológica ecológicamente seguros.

     e)     Modelos de consumo compatibles con la identidad cultural de las comunidades nativas de esa parte del territorio.

     En puridad, el desarrollo sostenible implica aumentar las opciones de calidad de vida de todas las generaciones de peruanos, con respeto del ambiente amazónico.

     Es oportuno consignar que mediante la Ley No. 26410 de fecha 22 de diciembre de 1994, se ha creado el Consejo Nacional del Ambiente como organismo descentralizado con personería jurídica de derecho público  interno, con autonomía funcional,  económica, financiera, administrativa y técnica. Dicho ente depende de los lineamientos de política que formule la Presidencia del Consejo de Ministros.

     En puridad se trata de un organismo rector de la política nacional del ambiente. Entre sus fines aparece la planificación, promoción, coordinación y control del ambiente y del patrimonio natural de la Nación.

     Dicho Consejo se encuentra estructurado de la siguiente manera:

     -     Órgano Directivo (Consejo Directivo)

     -     Órgano Ejecutivo (Secretaría Ejecutiva)

     -     Órgano Consultivo (Comisión Consultiva)

     El Consejo Directivo como máxima autoridad, se encuentra integrado de la siguiente manera:

     -     Tres (3) representantes del Gobierno Central. Uno de ellos ocupará la Presidencia de dicho órgano.

     -     La designación de dichos representantes es potestad del Presidente de la República.

     -     Un (1) representante de los Gobiernos Regionales.

     -     Un (1) representante de los Gobiernos Locales, elegidos por los Alcaldes Provinciales de las provincias de Capital de Departamento.

     -     Un (1) representante de los Sectores Económicos Secundarios.

     Finalmente, nuestro Código Penal consigna un rubro denominado "Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente", en donde se establecen penas contra sus violentadores; a saber:

     -     Contaminación del Medio Ambiente (Art. 304º).

     -     Contaminación agravada del Medio Ambiente (Art. 305º)

     -     Otorgamiento Ilícito de Licencias para Actividad Industrial (Art. 306º)

     -     Violación de Normas Secretariales y de Protección del Medio Ambiente (Art. 707º)

     -     Depredación de Flora o Fauna (Art. 308º)

     -     Extracción de Flora y Fauna Acuática (Art. 309º)

     -     Depredación de Bosques o Recursos Naturales (Art. 310º)

     -     Utilización de Tierras Cultivables con  fines urbanísticos (Art. 311º)

     -     Autorizaciones Ilícitas de Habilitación Urbana (Art. 312º)

     -     Alteración del Medio Ambiente (Art. 313º).

     ¿Qué debe entenderse por recursos naturales?

     Los recursos naturales pueden definirse como el conjunto de elementos que brinda la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas, en particular, y las biológicas, en general. Representan aquella parte de la naturaleza que tiene alguna utilidad actual o potencial para el hombre. En otras palabras, son los elementos naturales que el ser humano aprovecha para satisfacer sus necesidades materiales o espirituales; vale decir, que gozan de aptitud para generar algún tipo de provecho y bienestar. (Exp. Nº 0048-2004-AI, 01/04/05, P, FJ. 28).

     ¿Cuándo se considera a un recurso como renovable?

     [Los recursos renovables s]on aquellos que, a pesar de ser utilizados, pueden regenerarse y, por ende, no perecen para su posterior aprovechamiento. Es el caso del suelo, el agua, las plantas y los animales. En tal sentido, devienen en duraderos y obtienen permanencia de utilidad. Los procesos de autoregeneración y autodepuración se denominan resilencia, y solo tienen lugar cuando el ser humano no excede la capacidad de carga en su aprovechamiento. Por tal motivo, un recurso será renovable en la medida  que su utilización o aprovechamiento no se realice de manera desmesurada e irracional. Solo así se podrá alcanzar el aprovechamiento sostenible del bien ambiental. (Exp. Nº 0048-2004-AI, 01/04/05, P, FJ. 28.a).

     ¿Qué define a algunos recursos como no renovables?

     [Los recursos no renovables s]on aquellos que, al ser utilizados, se agotan irremediablemente. Es el caso de los minerales, el petróleo, el carbón, el gas natural, etc. su utilización o provecho comporta inexorablemente la extinción de su fuente productiva, habida cuenta de su incapacidad de alcanzar autoregeneración o autodepuración. (Exp. Nº 0048-2004-AI, 01/04/05, P, FJ. 28.b).

     ¿Cuál es el rol que juega el Estado en el aprovechamiento de los recursos naturales?

     [L]os recursos naturales –como expresión de la heredad nacional– reposan jurídicamente en el dominio del Estado. El Estado, como la expresión jurídico-política de la Nación, es soberano en su aprovechamiento. Es bajo su imperio que se establece su uso y goce.

     El dominio estatal sobre dichos recursos es eminente, es decir, el cuerpo político tiene la capacidad jurisdiccional para legislar, administrar y resolver las controversias que se suscriben en torno a su mejor aprovechamiento. (Exp. Nº 0048-2004-AI, 01/04/05, P, FJ. 29).

     ¿Cuáles son las obligaciones del Estado sobre los recursos naturales?

     [E]l papel del Estado implica la defensa del bien común y del interés público, la explotación y el uso racional y sostenible de los recursos naturales que como tales pertenecen a la Nación, y el desarrollo de acciones orientadas a propiciar la equidad social. Por ende, tiene la obligación de acentuar la búsqueda del equilibrio entre la libertad económica, la eficiencia económica, la equidad social y las condiciones dignas de vida material y espiritual para las actuales y venideras generaciones. (Exp. Nº 0048-2004-AI, 01/04/05, P, FJ. 13).

     ¿Cuáles son las condiciones para la explotación de los recursos naturales?

     a)     [T]odo aprovechamiento particular de recursos naturales debe retribuirse económicamente.

     b)     [L]a retribución que establezca el Estado debe fundamentarse en criterios económicos, sociales y ambientales.

     c)     [L]a categoría retribución económica puede incluir todo concepto que deba aportarse al Estado por el recurso natural.

     d)     [D]entro de los conceptos entendidos como retribución económica, pueden considerarse, por un lado, a las contraprestaciones y, por otro, al derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que contiene el derecho.

     e)     [D]ichas retribuciones económicas son establecidas por leyes especiales.

     (Exp. Nº 0048-2004-AI, 01/04/05, P, FJ. 46).

     ¿Cuál es la justificación del pago de una retribución económica como consecuencia de la explotación de los recursos naturales?

     [T]al como lo dispone el artículo 66 de la Constitución, la condición para exigir a los particulares el pago de una retribución económica por la concesión de los recursos naturales, se encuentra fijada en una ley orgánica (en este caso, la Ley Nº 26821). No obstante, la regulación específica de cada una de las modalidades como pueda materializarse dicha retribución, corresponde ser desarrollada por leyes especiales. Y no podría ser de otro modo, pues, si como quedó dicho, las leyes orgánicas tienen naturaleza excepcional y su contenido es eminentemente restringido, sería constitucionalmente inaceptable extender la materia reservada a la regulación y reglamentación de los muy diversos modos como tal retribución económica pueda hacerse efectiva. Justamente, es por ley especial como se regula la regalía minera. (Exp. Nº 0048-2004-AI, 01/04/05, P, FJ. 47).

     ¿Pueden realizarse concesiones sobre los recursos naturales?

     La concesión (…) no es un contrato sino un acto administrativo, que determina una relación jurídica pública a través de la cual el Estado otorga, por un tiempo, la explotación de los recursos naturales, condicionada al respeto de los términos de la concesión y conservando la capacidad de intervención si la justifica el interés público. (Exp. Nº 0048-2004-AI, 01/04/05, P, FJ. 108).

     ¿Es posible la modificación de los términos pactados en la concesión?

     a)     [L]a concesión (…) no determina, prima facie, la estabilidad o inmutabilidad de lo pactado, para lo cual existen los contratos ley.

     b)     [E]l Estado podrá intervenir razonablemente modificando sus cláusulas, no en cualquier circunstancia, sino cuando el interés público lo amerite.

     c)     [L]a protección, control y conservación de los recursos naturales son de interés general de la Nación, y el Estado debe preservar su aprovechamiento en su beneficio. (Exp. Nº 0048-2004-AI, 01/04/05, P, FJ. 112).

 

 

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 1. La relevancia del componente normativo e institucional ambiental, se encuentra plenamente acreditada y legitimada en las principales propuestas y estrategias relativas al Desarrollo Sostenible (Informe BRUNTLAND; Cuidar la Tierra: Estrategia para los 90; Agenda 21; Desarrollo y Medio Ambiente-BM; Nuestra Propia Agenda; entre otros).

     2. Una perspectiva o enfoque sistémico tanto sincrónico como diacrónico de los principales problemas y soluciones ambientales del país, constituye condición previa para la formulación de las correspondientes decisiones y postulados político ambientales nacionales, de las cuales "debe" desprenderse el marco jurídico e institucional más adecuado, al servicio de la sostenibilidad del país.

     3. La normatividad ambiental (vg. derechos, deberes), debe obedecer a criterios integrales (holísticos), inter sectorial e inter disciplinarios, preventivos, participativos (durante todo su proceso de construcción y aplicación), internacionalista o global (cuando corresponda), entre otras exigencias medulares.

     4. La institucionalidad ambiental, en tanto expresión orgánica de la referida normatividad, "debiera" configurar un sistema o modelo de organización del ambiente, debidamente descentralizado, al servicio de la pluralidad de problemas y actores de la sociedad civil, en sus diversas dimensiones (vg. local, sub-nacional, nacional, internacional y global).

     5. Por último, los aspectos normativos (derechos y deberes ambientales) y orgánico institucionales de contenido ambiental, constituyen sólo una de las dimensiones de los mecanismos o controles al servicio del ambiente (conjuntamente con la educación, tecnología, costumbres, creencias, economía, entre otros). Por tanto, su viabilidad y eficacia dependerá directamente del modo en que se articulen a toda esta pluralidad de sistemas de control social ambiental.

     II. Necesidad de un marco

     Político Nacional del Ambiente para la formulación de un adecuado del Sistema Jurídico Ambiental.

     Una perspectiva crítica acerca de la disfuncionalidad del control jurídico ambiental nacional (trátese por ejemplo de la legislación, organización administrativa o el sistema judicial), nos remite a una visión integradora de los problemas ambientales, en un marco más general de políticas para el desarrollo sostenible del país:

     1. El diseño de una política ambiental que guíe la correspondiente normativa e institucionalidad ambiental, debiera responder a un proceso concertado entre sector público y diversas expresiones de la sociedad civil (v.g. productores, consumidores, ciudadanía en general).

     De conformidad con la Constitución Política de 1993 (Art. 66), el Estado determina la Política Nacional del Ambiente, al igual que los postulados del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (en adelante CMARN), y otras normas (vg. Ley del Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, Ley 26410).

     De otra parte, los componentes para una Política Nacional del Ambiente, además de los propiamente normativos e institucionales (vg. autoridades suprasectoriales efectivas, integración de decisiones unitarias, eficacia de los mecanismos administrativos, entre otros), suponen igualmente aspectos como: la construcción de un sistema de decisiones políticas y concertación ambiental, es decir una participación orgánica; un reordenamiento institucional - administrativo; la capacidad técnica de gestión, educación y difusión de la conciencia ambiental; estrategias integrales de desarrollo local, espacios o áreas subnacionales, debidamente articulados; preparación técnica y voluntad en las instancias jurisdiccionales relativas al control ambiental, transformación productiva sostenible, revaloraciones culturales, entre muchos otros lineamientos político ambientales y de sus respectivos instrumentos que permitan vehiculizarlos.

     En definitiva, podríamos señalar que aún nos encontramos ante una Política Nacional del Ambiente embrionaria o de tránsito, pese a los críticos problemas ambientales del país y a la vigencia de ciertos marcos normativos generales para su diseño.

     2. Una incoherente política descentralista, el descuido del agro o la ineficiencia institucional de instancias fundamentales de la República (v.g. Poder Judicial, Sectores del Poder Ejecutivo o Municipios), representan serias limitaciones para el diseño de cualquier propuesta de desarrollo sostenible para el país. Ante ello se requiere una especie de reinstitucionalización que integre y permita interaccionar las decisiones político-ambientales en sus diferentes niveles (Central, Regional o Local) y que sirva de base o vértebra para la sostenibilidad del desarrollo nacional.

     3. En el marco de tales consideraciones, cabe establecer decisiones ambientales más específicas, respecto unidades o ecosistemas adecuados para la sostenibilidad (vg. continum urbano-rurales, espacios productivos, áreas naturales protegidas, áreas transfronterizas, etc.).

     4. Por tanto, la viabilidad de los postulados jurídicos e institucionales, -muchos regulados por la ley- dependerá a su vez de la prevalencia que alcancen todas estas consideraciones político-ambientales (generales o particulares).

     5. La intervención institucional sobre situaciones ambientales, conlleva indispensablemente a la integración de diversos sectores y componentes, con el objeto de alcanzar soluciones concertadas, basadas en enfoques sistémicos. Esto requiere simultáneamente, que desde cada sector en particular, se vayan consolidando los desarrollos competenciales que les han sido conferidos. Lo cual implica un quehacer conjunto, ya sea por ejemplo desde el campo de la salud, tributación, defensa del trabajo o incentivo a la producción; pero también del consumo y defensa de la calidad de vida, de las obligaciones ediles (vg. zonificación, descarga de desperdicios, etc.), de la justicia penal, civil y administrativa en general.

     SEGUNDA PARTE:

     NORMATIVIDAD AMBIENTAL

     I. Perspectiva crítica

     El desarrollo del pensamiento normativo ambiental en nuestro país, asi como sus expresiones propiamente legislativas -en sentido lato- obedece a un proceso inicialmente regulador de aspectos puntuales o de componentes ambientales sectoriales, para posteriormente en tiempos recientes pretender expresar formulaciones más integrales; es el caso del CMARN y algunas experiencias aplicativas, por ejemplo en Gobiernos Locales.

     Sin embargo, el "estado de la cuestión" nos advierte acerca de la necesidad de reestructurar (sobre todo simplificando) la dispersa normatividad ambiental, con el objeto de conferirle no sólo unidad formal, sino también racionalidad aplicativa, garantizando con ello la seguridad, eficiencia y eficacia jurídica de la norma ambiental.

     Ello nos conduce a tomar en cuenta el problema de los operadores de la norma, ya sea desde su origen hasta su aplicación y fiscalización (vg. legisladores, funcionarios, jueces, en última instancia, ciudadanos en general, en tanto agentes de derechos y deberes ambientales). Todo lo cual guarda estrecha relación con la dimensión institucional, asi como con la legitimación de la norma, en tanto pretendida expresión plural de los intereses ambientales de los heterogéneos sectores de la población.

     II. Opción metodológica

     Para una evaluación sistemática y general sobre el estado de la cuestión normativa ambiental en el país, cabrían diversos tratamientos y clasificaciones metodológicas, por ejemplo según: los grados de integración de fenómenos; la dimensión o extensión ecosistémica de los problemas ambientales; las características o impactos de estos; los criterios clásicos de orden cronológico, sectorial o jerárquico, por citar algunos. Actualmente, existen diversos "modelos" de sistematización normativo-ambiental de parte de instituciones o especialistas (v.g. PNUMA; Convenio Andrés Bello; G. Cano, etc.); sin embargo aunque parezca de perogrullo afirmarla, ninguna clasificación constituye la fórmula verdadera o falsa, simplemente útil o no, de acuerdo con los objetivos que se procuran alcanzar.

     En ese sentido, de modo pragmático creemos conveniente "pasar lista" a la normatividad ambiental, a partir de la propia sistemática contenida en el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (CMARN), no obstante notables ausencias advertibles (vg. recursos pesqueros, forestales, cuestión marítima o los aspectos internacionales). Sin embargo, al margen de ciertas variantes y cuestionamientos, el CMARN a su modo expresa una tendencia o consenso acerca de las actuales sistematizaciones legislativo-ambientales en América Latina, en tanto marco general. Lo cual no nos exhime de que -y sin desconocer los importantes aportes de sus gestores, ni las interferencias políticas que se presentaran en su proceso de gestación- hallamos calificado al CMARN en una suerte de "quasimodo" jurídico -por alusión al célebre personaje de Víctor Hugo. En efecto, a nuestro modo de ver se trata de un instrumento normativo que "desde su origen cuenta con un alma bella en un cuerpo feo y deforme".

     III. Síntesis sistematizadora de la normatividad ambiental nacional.

     1. Principios y Política Ambiental.

     En la Primera Parte del presente estudio, Pto. II (Necesidad de un marco Político Nacional del Ambiente para la formulación de un adecuado del Sistema Jurídico Ambiental), se ha sustentado la importancia de una Política Ambiental. Sin embargo, importa resaltar determinados ejes expresados a través de diversas normas ambientales, empezando por el propio reconocimiento constitucional (art. 2º inc. 24; 66-69): la participación, información, educación y difusión ambiental; el interés social por el ambiente, así como el carácter público de tales normas; el derecho para accionar que le asiste a todo ciudadano; la responsabilidad y obligación sobre la biodiversidad y conservación del ambiente; la función ambiental de la propiedad o la defensa del patrimonio ambiental. Asimismo criterios como la prevención y control; reparación y resarcimiento del daño; la cuestión transfronteriza y finalmente la "juridización" del desarrollo sostenible. Para esto, se han dictado dispositivos importantes, como la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (DL 757) y conexas, que reestructuran al COMARN.

     2. Planificación Ambiental.

     El actual marco constitucional no le confiere alcances explícitos a este componente; no obstante ello, la propia Ley del CONAM (Art.4 inc. m), alude al establecimiento de un Plan Nacional de Acción Ambiental; existiendo disposiciones dispersas e inorgánicas sobre ordenación ambiental (v.g. DS. 007-85 VC). Una adecuada interpretación constitucional de la sostenibilidad permitiría derivar las bases jurídico-políticas para esta planificación.

     3. Protección del Ambiente y Medidas de Seguridad.

     Sin lugar a dudas que en este rubro se institucionaliza el principio preventivo, a través de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMAS) y otros mecanismos, que se encuentran en proceso de implementación en diversos sectores. Es el caso de Industria, Turismo e Integración (RD. 080-92-ICTI-DGI); Energía y Minas (RM. 0143-92-EM/VMM); Pesquería (RM 168-95-PE); Transportes y Comunicaciones (RM 170-94-TCC/15.03) o Agricultura (RM. 036994-AG). En buena cuenta, nos encontramos ante un aspecto muy sensible y estratégico para el desarrollo de la economía y calidad de vida de la población nacional, frente a lo cual, equívocamente se generan tensiones, muchas veces radicalizadas (economía vs. ambiente), cuando lo sensato aconseja la búsqueda de un equilibrio o concertación de estas dimensiones para alcanzar la excelencia ambiental.

     En cuanto a las Medidas de Seguridad Ambiental (vg. descargas de contaminantes, vertimiento de residuos, entre otras), desde una perspectiva sectorial nuestro sistema jurídico pretende implementarlas de modo progresivo; sin embargo, ello se encuentra directamente vinculado a la capacidad institucional, la conciencia ciudadana, asi como a la realidad tecnoeconómica del país que permita asumirse adecuadamente tales mecanismos.

     4. Evaluación, Vigilancia y Control.

     A semejanza del rubro anterior, límites como la institucionalidad, financiamiento, capacitación o conciencia, confieren la pauta para intervenir oportuna y eficientemente ante situaciones de riesgo y daño al medio ambiente, así como para una valorización y optimización racional del patrimonio ambiental.

     5. Ciencia y Tecnología.

     La orientación y promoción de la Investigación Científica y Tecnológica, supone una priorización en la formación profesional, en las tecnologías apropiadas a la diversidad ecosistémica, así como en el reconocimiento del saber tradicional (vg. Comunidades Campesinas y Nativas, debidamente reconocidas por la Constitución). La normatividad general ofrece lineamientos para su promoción, sin embargo, en tanto instrumentos, debieran "afinarse" aún más, con el objeto de incorporar normativamente las prácticas y propuestas tecnológicas que sobre el tema, puedan formular los diversos sectores de la ciudadanía.

     6. Acción educativa, Medios de Comunicación y participación ciudadana.

     Más conocidos como las "palancas o puntos de apoyo de la sostenibilidad", contienen un discurso normativo aceptable, que sin embargo debiera explicitarse en su aplicación más concreta (v.g. a través de programas, etc). Particular atención merece la formación cívica referida a los derechos y deberes ambientales, a fin de garantizar una actitud ambiental consciente en cada uno de los roles que le corresponda desempeñar a los ciudadanos. Desde el punto de vista de la formación jurídica, la responsabilidad profesional, así como de la ética ambiental de los abogados, resulta importante destacar el Artículo 31, 2º párrafo que prescribe: "Las facultades de Derecho de la Universidades del país implementarán curso regulares de Derecho Ambiental".

     7. Patrimonio Natural; Diversidad Genética y Ecosistemas; Areas Naturales Protegidas; Patrimonio Natural Cultural.

     La normatividad sobre biodiversidad tiende a expandirse, no sólo desde una perspectiva nacional (vg. normas forestales, pesqueras), sino también internacional (vg. Convenio sobre Diversidad Biológica; Decisión 345 del Acuerdo de Cartagena). Ello en buena cuenta no sólo obedece a las exigencias externas y apoyo financiero de la cooperación internacional sobre estas materias estratégicas. Asimismo, factor importante en la implementación de toda esta normatividad recae en la capacidad de equilibrar producción, desarrollo y protección ambiental. Una reforma jurídica del marco ambiental, debiera expresar enfáticamente los mecanismos que garanticen dicho equilibrio, en actividades como el ecoturismo, industria, comercio, cuidando optimizar las diversas ventajas comparativas (historia, misticismo moderno, pluralidad cultural y natural, derecho constitucional al ocio, etc).

     En particular, cabe destacar la frondosa legislación sobre patrimonio cultural, vg. Ley 24047, Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación; RL 23349, Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural; Código Penal, Delitos contra el Patrimonio Cultural; o aquellas normas referidas al patrimonio de las ciudades; entre otras.

     8. Areas Naturales Protegidas.

     Especial atención y mejoramiento, requiere el tratamiento normativo de este patrimonio natural de la Nación; para ello cabe estimar la perspectiva dinámica y estratégica que supone el manejo de un Sistema Nacional de Areas Naturales (SINANPE), máxime si estamos ante espacios conexos a una pluralidad de poblaciones, cuya participación debiera darse a todo nivel. A su vez se trata de escenarios conflictuados debido a la disputa por recursos, razón más que suficiente para reafirmar la necesidad de una Estrategia y un Plan realista y concertado del SINANPE.

     9. Recursos Mineros y Energéticos.

     Además del referido DL 757, el DL 708 (Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero), el DL 655 (Normas sobre Inversión Privada en el Sector Hidrocarburos) DL 653 (Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario) y normas complementarias, establecieron un nuevo ordenamiento ambiental, alternativo al propuesto por el CMARN. Su implementación, ha recaído en un conjunto de medidas reglamentarias y decisiones económico-financieras, que han dinamizado al Sector. No obstante ello, se han venido suscitando desencuentros en el proceso de adaptación progresiva a la exigencias ambientales en dicho sector.

     10. Población y Ambiente; Infraestructura Económica y Servicios.

     En nuestro sistema jurídico, se detectan muchas variables y ramificaciones legales referidos a dichos componentes; siendo las principales, aquellos relacionados con los asentamientos poblacionales, planificación, niveles básicos de habitabilidad, ordenamiento territorial de actividades como la industria o localización de asentamientos, perspectiva de cuenca, procesos de conurbación, redes urbanas, entre otros. Los Gobiernos Locales y sectores organizados de productores y consumidores, debieran cumplir un rol relevante en todo el proceso de ocupación e implementación y optimización en el uso de los espacios y territorios.

     11. Prevención de Desastres Naturales.

     Pese a tratarse de un problema consustancial a las características de nuestro país, ello no cancela del todo el factor o alcance antropogénico que conlleva. Al respecto, el Sistema Nacional de Defensa Civil (DL 19338, DL 735 y otros), debería desplegar su acción regulatoria a partir de una perspectiva más horizontal y participativa, de suerte que el ciudadano asuma que él también está tomando decisiones y previniendo de manera activa y responsable, en relación con su medio cultural y natural.

     12. Salubridad Pública.

     El eje ambiental de este componente queda evidenciado a través de una variedad de normas específicas y generales, que desde el Sector se suelen retroalimentar. En efecto la variable salud se articula con diversos elementos jurídicos e institucionales. A modo referencial cabría revisar el Compendio de Legislación Ambiental Peruana del INAPMAS (1995).

     13. Limpieza Pública; Agua y Alcantarillado.

     Componente estrechamente ligado al anterior, desde la perspectiva del saneamiento ambiental. Normas como la Ley de Promoción a la Inversión en el Campo del Saneamiento (DL 697), Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Ley 26284) o la Ley General de Servicios de Saneamiento (Ley 26338), y conexas, ofrecen un amplio marco para la participación y demanda organizada de la población en dichos servicios.

     14. Sanciones Administrativas y Delitos Ambientales.

     Las perspectivas de eficacia de las normas e instituciones, ante las infracciones ambientales, ya sean de carácter administrativo o penal, suponen niveles de adecuación y mejoramiento de diverso orden: capacitación técnica de los operadores; seguridad operativa respecto la corrupción; gerencialidad institucional; participación ciudadana para denunciar y hacer prevalecer la ejecución de las sanciones. Sin embargo uno de los aspectos centrales radica en la prevención y la premialidad, -antes que la penalidad- puesto que para muchas situaciones, es mejor anticiparse, debido a que los hechos consumados pueden tornarse en dificilmente reversibles, ya sea por razones técnicas, materiales o económicas. Sin lugar a dudas, se hace indispensable regular de modo más explícito aspectos como el de la responsabilidad ambiental en general.

     15. Tierras agrícolas peri urbanas.

     Este elemento se encuentra directamente vinculado a los ecosistemas urbano-rurales, a partir de la defensa de las tierras agrícolas peri urbanas que circundan las ciudades, debido al múltiple valor ecológico y social que conllevan. En ese sentido, se trata componentes de estrategia para la defensa de las ciudades, en integración con los demás items normativos. Con la expedición de la Ley de Inversión en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas (Ley 26505 del 18 de Julio de 1995).

     16. Mecanismos para la Tutela Jurídica del Ambiente.

     Al respecto se cuenta con dispositivos que legitiman la intervención ciudadana y pública en la defensa ambiental; es el caso del Art. III del Título Preliminar del CMARN las Acciones Constitucionales (vg. Acción de Amparo) o Civiles (vg. Art. 82 del Código Procsal Civil). -y a su manera las Penales- así como en el campo administrativo referida a los derechos de participación ciudadana frente a los poderes públicos (por ejemplo el derecho a peticionar o interponer reclamos por interés social, artículo 7º del DL Nº 26111).

     17. Otros.

     Sin lugar a dudas, resta una vasta variedad de elementos normativos ambientales al interior de nuestro sistema jurídico, que de alguna manera están contenidos en los anteriores. Es el caso de la Amazonía, los espacios marítimos, la Fauna y Flora, (Sector Agricultura en general), recursos hídricos, entre otros y que por la opción clasificatoria normativa asumida, en mayor o menor medida, ya se encuentran subsumidos en los diversos componentes que se han revisado y que nos remiten -al igual que en los rubros señalados- a una frondosa legislación que no puede ser abordada en el presente trabajo.

     18. Normativa Internacional Ambiental.

     Si bien esto requiere un tratamiento más particular, resulta fundamental acotar la trascendencia de la perspectiva internacional, puesto a que los problemas ambientales también son abordados por el Derecho, a ese nivel. Así por ejemplo, la profusión de Convenios Internacionales en todo orden de aspectos ambientales, obedece a un set de relaciones, problemas y necesidades recíprocas entre los países; todo lo cual condiciona el enfoque convencional nacional, que debiera adecuarse a las condiciones de la realidad internacional. El estudio de dicha legislación y sus tendencias corresponde ser abordado de manera particular en próximo trabajo (Ver ANEXO).

     TERCERA PARTE:

     INSTITUCIONALIDAD MBIENTAL

     I. Perspectiva crítica: problema para responder a la realidad

     Las características propias de los problemas ambientales, la diversidad ecosistémica, el pluralismo socio-cultural o la variedad de procesos productivos, exigen un mecanismo institucional ordenador del ambiente, en sus diversas dimensiones, al servicio del desarrollo sostenible nacional, articulado convenientemente con la perspectiva internacional.

     Dicha preocupación -de una u otra forma- siempre ha estado presente en nuestros países ante la búsqueda de modelos institucionales en procura de ordenar política y administrativamente el ambiente; ya se trate de Secretarías Generales, Consejos Nacionales, Comisiones, Ministerios o Sistemas de Coordinación inter institucional, el gran problema ha radicado en cómo responder a los intereses de los diversos sectores ciudadanos, con autoridad y eficacia, frente a la integralidad de los problemas y soluciones ambientales.

     En tal sentido, criterios como la inter-sectorialidad y la descentralización de decisiones, con base en unidades ecosistémicas (vg. cuencas, continuum urbano rurales, redes urbanas, localidades), debieran traducirse en opciones institucionales que expresen adecuadamente la interrelación entre sistemas naturales con los sistemas socio culturales.

     En definitiva, el problema no radica exclusivamente en el diseño técnico normativo de un esquema institucional ordenador del ambiente, sino en la concepción representativa y utilitaria que contenga dicho modelo. Es decir, en la capacidad que ofrezca para insertar en las diversas dimensiones, aquellas decisiones y requerimientos ambientales para las poblaciones e individuos en específico.

     II. Actual estructura orgánico nstitucional del ambiente

     1. La primera experiencia normativa de integración institucional ambiental en nuestro país, de singular relevancia, fue la creación del Sistema Nacional del Ambiente mediante el CMARN, el cual no tuvo mayor vigencia real, siendo derogado expresamente por la Primera Disposición Final del DL. 757 (Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada).

     2. Actualmente se cuenta con la Ley del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), en tanto organismo descentralizado, "rector de la política nacional ambiental", cuya finalidad es planificar, promover, coordinar, controlar y velar por el ambiente y patrimonio natural de la nación". Se encuentra en pleno proceso de implementación. Sin embargo, su eficacia sin lugar a dudas dependerá de la capacidad para traducir los objetivos previstos en su Ley de creación, conforme a los criterios político-ambientales anteriormente referidos.

     3. Al respecto es de advertir que no queda explícito un marco institucional suficiente y coherente que permita derivar las respectivas políticas ambientales, ya sea a nivel sub nacional o local. De alguna manera habrá que esperar al proceso de implementación del CONAM, toda vez que dentro de sus funciones se contempla la supervisión del cumplimiento de la política nacional del ambiente (que aún no se ha configurado) por parte de las entidades del Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Locales. En todo caso, ello no es óbice para insistir en el requerimiento de un marco institucional más explícito, en cuanto a las dimensiones regional (con mayor propiedad, subnacionales) y local.

     4. Una sistematización normativa de la estructura orgánica de ordenamiento ambiental, puede obedecer a diversos criterios (vg. oficiales, como el caso de los sectores; conforme a las dimensiones espaciales; para abordar temáticas específicas; según cronología o jerarquía de competencias; entre otros. Sin embargo, todo parece indicar que parte de dicha estructura puede variar en el mediano plazo, dependiendo de la acción que logre dinamizar el CONAM.

     5. En ese sentido, antes que reseñar una síntesis de los aspectos orgánicos competenciales de carácter ambiental, conviene señalar lo siguiente:

     a. La sectorialización convencional de competencias ambientales, debiera servir como punto de partida para su propia reestructuración administrativo-ambiental, a partir de determinados esquemas de carácter descentralista, guardando las debidas reservas de jurisdicción estratégicas, y ciertamente haciendo caso omiso a consabidos extremismos "regionalistas". En cierto modo, el desarrollo de estas competencias ambientales desde el interior de algunos sectores, se ha ido gestando de modo progresivo en la perspectiva de articularse a una dinámica de sistema nacional considerando estos ejes de descentralización, así como de intersectorialización. En esa dimensión específica, recién resultaría factible desarrollar en la práctica, criterios más realistas de integralidad, en términos de cuencas, redes urbanas, continum urbanos rurales, entre otros.

     b. Para el desarrollo de lo anterior, correspondería potenciar una institucionalidad local, que concuerde con las características propias del ecosistema y población a su interior. La reformulación de la normativa institucional del ambiente a nivel local, debiera expresar dicha orientación.

     c. La institucionalidad del ambiente progresivamente se va extendiendo a la dimensión internacional, como en el caso de la Comunidad Económica Europea. En relación con el país, en la sub región andina o en la amazónica, empiezan a establecerse lentamente sistemas institucionales de implicancias ambientales (es el caso del Tratado de Cooperación Amazónica).

     CONCLUSIONES:

     Propuestas de acción

     Un proceso de evaluación crítico respecto la normatividad e institucionalidad ambiental, teniendo en cuenta la formulación de las respectivas políticas ambientales que guían el quehacer jurídico, presupone considerar determinados ejes de acción relativos a:

     1º Previa sistematización de la Normativa Ambiental Nacional (existen diversas experiencias que se están dando en el país, con diferentes acentos o énfasis), se requiere una revisión y depuración de la misma, a partir de lo cual modernizar y reestructurar (sobre todo simplificar) esta normativa dispersa, confiriéndole unidad formal, racionalidad, practicidad. De este modo se podrá contar con un instrumento normativo coherente, realista, que exprese la pluralidad de requerimientos ambientales, así como un enfoque sistémico e interdisciplinario en las propuestas normativas.

     2º Para ello, resulta imprescindible elaborar una metodología participativa, que permita relevar información y criterios tanto especializados, como de la ciudadanía en general- acerca de la eficacia y eficiencia de la normativa e institucionalidad ambiental, así como las aspiraciones o pretensiones sobre ello.

     3º Formación y Capacitación contínua de carácter técnico jurídica y extrajurídica- para los diversos agentes del Sistema Normativo Ambiental; Jueces Fiscales, Policía, Funcionarios, sectores ciudadanos, líderes juveniles, entre otros.

     4º Medios de Comunicación y Opinión Pública como espacios de discusión de propuestas, seguimiento, fiscalización, transparencia en la actuación de los poderes públicos (y ciertamente de los privados, que a su vez en muchos casos cumplen funciones públicas: v.g. empresas que ralizan Auditorías Ambientales o de EIA), sobre los deberes y derechos ambientales, expresados en la normativa ambiental.

     5º Estructuración de Sistemas Descentralizados de participación ciudadana, para asistir a todo el desarrollo de la normativa ambiental: propuesta, discusión pública, promulgación, aplicación, seguimiento, fiscalización, revisión o fenecimiento de la misma.

     6. Estudios e investigaciones empíricas sobre las experiencias de la normatividad e institucionalidad ambiental, en el escenario plural del país.

     7. Ensayos pilotos sobre la funcionalidad de propuestas de institucionalidad ambiental en ciudades, municipios, localidades, cuencas, entre otros.

     8. Extender estas líneas de acción a experiencia comparadas, con el objeto de fortalecerse recíprocamente. Intercambios técnicos y profesionales.

     9. En cuanto a la institucionalidad ambiental, teniendo en cuenta el marco de la estructura prevista para el CoNAM, se debe derivar hacia un sistema o modelo de organización del ambiente, descentralizado, que se configure desde las unidades poblacionales y sus ecosistemas de base; es decir cuencas, redes urbanas, localidades, cuidando considerar su articulación con la perspectiva organizativo internacional.

     10. En tanto que la normativa, así como la institucionalidad ambiental, representan parte del conjunto de mecanismos o controles al servicio del ambiente, es indispensable operativizar la interdisciplinariedad y su articulación con aquellos, mediante la creación de permanentes espacios de encuentro e intercambio entre operadores del derecho con todas las disciplinas: arquitectos, ingenieros, médicos, militares y policiales, geógrafos, economistas, periodistas, ecólogos, antropólogos, entre otros).

 

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BIENES PÚBLICOS RECURSOS NATURALES Y POLITICA AMBIENTAL

BIENES PÚBLICOS RECURSOS NATURALES Y POLITICA AMBIENTAL

BIENES PÚBLICOS

Bienes del Estado.

Clasificación

Bienes de dominio público.

Naturaleza pública del bien

Determinación del judicial carácter público del bien

Inalienabilidad e imprescriptibilidad

Límites a la reserva de bienes de dominio público

Propiedad “especial” sobre los recursos naturales

Bienes de dominio privado del Estado.

Embargabilidad

Embargabilidad de depósitos bancarios del Estado

Concesión de bienes de uso público.

Definición de Concesión administrativa

Intervención estatal

Principios en la concesión de recursos naturales

Cobro de regalías mineras

Derecho de vigencia

Recursos naturales.

Definición

Definición de recursos renovables

Recursos no renovables

Como patrimonio de la Nación

Aprovechamiento razonable y sostenible y en beneficio de la colectividad del patrimonio de la Nación

Patrimonio natural material

Soberanía del Estado en aprovechamiento

Obligaciones del Estado

Condiciones para explotación

Retribución económica por explotación

Definición de concesión

Concesión como acto administrativo

Concesión de recursos naturales no renovables

Concesión minera

Modificación de los contratos de concesión minera

Regalía minera

Constitucionalidad de la regalía minera

Diferencia entre regalía minera y derecho de vigencia de concesión

Política nacional del ambiente.

Responsabilidad del Estado

Responsabilidad de la sociedad

Uso sostenible de recursos

Perspectiva social del uso sostenible de los recursos naturales

Uso sostenible de recursos ictiológicos

Uso sostenible de recursos hidrobiológicos

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  PLENO JURISDICCIONAL  0048-2004-PI/TC

El contenido de lo “social” en la actividad del Estado y de los particulares

Responsabilidad social de la empresa

La Constitución, el medio ambiente y la política nacional del ambiente

Medio ambiente y recursos naturales

Política Nacional del Ambiente

Los conceptos de sostenibilidad, solidaridad y la responsabilidad social de la empresa minera.

Medio ambiente y empresa

Naturaleza de la regalía minera

Diferencia frente al canon minero

Diferencia con el derecho de vigencia

El principio de igualdad y el pago por regalías mineras

La regalía minera y el derecho de propiedad

La función social de la propiedad

El cálculo sobre el valor del concentrado

Estado y concesión

CONCESIÓN

Concesión minera

§10. Entrada en vigencia de la Ley de Regalía Minera

§11. La supervisión del destino de lo recaudado por regalía minera

§12. La regalía minera y la defensa nacional: la correcta distribución de lo recaudado

 

BIENES PÚBLICOS

Bienes del Estado.

Clasificación

 

Los bienes del Estado se dividen en bienes de dominio privado y bienes de dominio público; sobre los primeros el Estado ejerce su propiedad como cualquier persona de derecho privado; sobre los segundos ejerce administración de carácter tuitivo y público.

 

El artículo 73 de la Constitución Política del Estado establece, que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles, deduciéndose de ello, que no gozan de aquellas inmunidades los bienes que conforman el patrimonio privado del Estado.

 

Bienes de dominio público.

Naturaleza pública del bien

 

Una interpretación en el sentido, de que sea solamente la incorporación en una ley la que otorgue el carácter de público o no a los bienes del Estado es decir, que no repare en la naturaleza jurídica del bien del Estado, podría llevar a autorizar al legislador a excluir de entre esos bienes embargables a determinados bienes distintos de los denominados de dominio público, lo que sería evidentemente inconstitucional.

 

 

No debe entenderse que es la sola exclusión de un determinado bien estatal de la ley futura lo que lo hace inembargable, sino, antes bien, su condición de bien de dominio público, lo que la ley se encargará de precisar.

 

Determinación del judicial carácter público del bien

 

La procedencia del embargo sobre bienes del Estado, sean estos muebles o inmuebles, no debe tener más límite que el hecho de tratarse, o tener la condición, de bienes de dominio público, por lo que corresponde al juez, bajo responsabilidad, determinar, en cada caso concreto, qué bienes cumplen o no las condiciones de un bien de dominio privado y, por ende, son embargables.

 

Inalienabilidad e imprescriptibilidad

 

El artículo 73 de la Constitución, en modo alguno, señala que los bienes de dominio público sean intangibles, esto es, que no puedan tocarse. Tampoco garantiza, tratándose de bienes públicos como los parques metropolitanos, la extensión que estos puedan tener. En puridad, dicha norma se limita a señalar que tienen la condición de “inalienables”, es decir, que no pueden ser enajenados, y que, además, son imprescriptibles, i.e., que no es posible derivar de la posesión prolongada en el tiempo derecho de propiedad alguno.

 

Límites a la reserva de bienes de dominio público

 

 

 

La reserva de determinados bienes al dominio público atendiendo a su carácter esencial –normalmente escasos y no renovables, como son los minerales–, cumple la función de ordenar y racionalizar su explotación y utilización; mas ello no justifica una reserva en términos absolutos, y que tenga tal entidad y naturaleza que pueda desvirtuar la libertad de empresa y demás libertades económicas consagradas en el artículo 59 de la Constitución.

 

Propiedad “especial” sobre los recursos naturales

 

Los recursos naturales renovables y no renovables, al ser bienes que integran el dominio público cuyo titular es la Nación –no son objeto de un derecho real de propiedad en el sentido civilista del mismo– configuran lo que se denomina una “propiedad especial”. Esta se caracteriza por estar sometida a una normativa específica de Derecho Público, que consagra su indisponibilidad, dada su naturaleza de inalienable e imprescriptible, a tenor del artículo 73 de la Constitución Política– del Perú, quedando, en consecuencia, excluida del régimen jurídico sobre la propiedad civil.

 

 

El Estado no ostenta una situación subjetiva de propietario de los recursos naturales que le otorgue una serie de potestades exclusivas sobre dichos bienes en concepto de dueño, pues tales facultades se inspiran en una concepción patrimonialista del dominio privado. Al respecto, el Tribunal Constitucional Español, en la STC 227/1988, de fecha 29 de noviembre, (Fundamento 14) con criterio esclarecedor formula lo siguiente: “(...) en efecto, la incorporación de un bien al dominio público supone no tanto una forma específica de apropiación por parte de los poderes públicos, sino una técnica dirigida primordialmente a excluir el bien afectado del tráfico jurídico privado, protegiéndolo de esta exclusión mediante una serie de reglas exorbitantes de las que son comunes en dicho tráfico iure privato”.

 

 

El estatuto subjetivo constitucional del Estado –como personificación jurídica de la Administración frente a los bienes dominiales será el de un deber de garantía, protección y aprovechamiento del patrimonio dela Nación–, consistente en asegurar la afectación íntegra de dichos bienes para promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación–, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución.

 

Bienes de dominio privado del Estado.

Embargabilidad

 

Los bienes que no están afectos al servicio público, al uso público o al interés nacional, incluyendo los depósitos de dinero, constituyen, prima facie, bienes de domino privado y, como tal, son embargables.

 

Embargabilidad de depósitos bancarios del Estado

 

 

Determinar, en abstracto, qué depósitos de dinero del Estado existentes en el Sistema Financiero Nacional constituyen bienes de dominio público no es un asunto que, con generalidad, pueda precisar este Tribunal Constitucional en un proceso como el de inconstitucionalidad de las leyes. En cambio, lo que puede afirmarse es que no todos esos depósitos se encuentran afectos al servicio público.

 

En efecto y como se mencionará luego, existen determinadas cuentas en el Sistema Financiero Nacional que no solo no tienen la calidad de bien de dominio público, sino que se encuentran específicamente destinadas al cumplimiento de pago de las obligaciones estatales que surjan a consecuencia de la expedición de sentencias judiciales.

 

Solo tienen la condición de bienes inembargables, los que son de dominio público, es decir, los depósitos de dinero que resultan indispensables para el cumplimiento de los fines esenciales de los órganos del Estado o porque contribuyen con su funcionamiento.

 

Concesión de bienes de uso público.

Definición de Concesión administrativa

 

En una economía social de mercado, la concesión es una técnica reconocida en el Derecho Administrativo, mediante la cual se atribuyen derechos a privados para el ejercicio de una actividad económica, por ejemplo sobre los recursos naturales renovables y no renovables, como potestad soberana del Estado para regular su aprovechamiento (...) es decir, se trata de un acto administrativo de carácter favorable o ampliatorio para la esfera jurídica del destinatario, e implica la entrega, solo en aprovechamiento temporal, de los bienes de dominio público, estableciéndose una relación jurídica pública subordinada al interés público, y no de carácter sinalagmático. Por ello, es la declaración o autonomía de la voluntad estatal la que establece la concesión para un particular.

 

 

La concesión administrativa tiene su origen en una facultad discrecional de la Administración, que se exterioriza mediante un acto de autoridad, por el cual se decide transferir unilateralmente a los particulares que cumplan las condiciones legales y reglamentarias de la concesión determinadas por el Estado, el desarrollo de determinada actividad económica que tiene un carácter predominantemente público.

 

Intervención estatal

 

Si la Administración decide dar en concesión la explotación de recursos naturales no renovables a un número limitado de administrados para que la indicada actividad se cumpla a través del título de concesión, no supone que queda anulada su injerencia ni que renuncie a sus competencias propias y exclusivas de carácter indelegable.

 

Por el contrario, deberá obrar por vía de limitación o de imposición de deberes o cargas para que dicha actividad pueda desenvolverse en el sentido que al interés público convenga, como es la protección del medio ambiente.

 

Es decir, la acción estatal no se agota en el acto mismo de concesión, sino que se desenvuelve con especiales formas a lo largo de todo el periodo fijado para el desarrollo de la actividad. El Estado no cede su ius imperium, sino que a través de la Administración realizará una intervención legítima sobre los derechos de quienes se muestran dispuestos y aptos para la explotación efectiva del recurso, con la finalidad precisamente de asegurarla.

 

Principios en la concesión de recursos naturales

 

El bien común y el interés general son principios componentes de la función social de la propiedad. Cuando se lleva a cabo la concesión de recursos naturales, tales principios deben adquirir su concreta manifestación en el aprovechamiento sostenible del patrimonio nacional, en la protección del medio ambiente, de la vida y de la salud de la población, y, desde luego, en la búsqueda de equidad en la distribución de la riqueza.

 

Cobro de regalías mineras

 

Debe entenderse que la regalía minera se exige por el uso o aprovechamiento de un bien que, siendo propiedad de la nación, es concedido al titular de la actividad minera para que pueda obtener el dominio sobre los productos de este bien; por ello, mal podría alegarse una afectación a la propiedad cuando se exige el pago por algo que no es de propiedad innata de los particulares, sino que es más bien concedido, y cuando justamente dicho pago se sustenta en tal concesión.

 

Derecho de vigencia

 

La contraprestación por este acto administrativo de otorgamiento de la concesión es el denominado pago del derecho de vigencia del título que contiene el derecho otorgado en virtud de la concesión.

 

 

Recursos naturales.

Definición

Los recursos naturales pueden definirse como el conjunto de elementos que brinda la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas, en particular, y las biológicas, en general. Representan aquella parte de la naturaleza que tiene alguna utilidad actual o potencial para el hombre. En otras palabras, son los elementos naturales que el ser humano aprovecha para satisfacer sus necesidades materiales o espirituales; vale decir, que gozan de aptitud para generar algún tipo de provecho y bienestar.

 

Definición de recursos renovables

Los recursos renovables son aquellos que, a pesar de ser utilizados, pueden regenerarse y, por ende, no perecen para su posterior aprovechamiento. Es el caso del suelo, el agua, las plantas y los animales. En tal sentido, devienen en duraderos y obtienen permanencia de utilidad. Los procesos de autoregeneración y autodepuración se denominan resilencia, y solo tienen lugar cuando el ser humano no excede la capacidad de carga en su aprovechamiento. Por tal motivo, un recurso será renovable en la medida que su utilización o aprovechamiento no se realice de manera desmesurada e irracional. Solo así se podrá alcanzar el aprovechamiento sostenible del bien ambiental.

 

Recursos no renovables

Los recursos no renovables  son aquellos que, al ser utilizados, se agotan irremediablemente. Es el caso de los minerales, el petróleo, el carbón, el gas natural, etc. Su utilización o provecho comporta inexorablemente la extinción de su fuente productiva, habida cuenta de su incapacidad de alcanzar autoregeneración o autodepuración.

 

Como patrimonio de la Nación

El artículo 66 de la Constitución señala que los recursos naturales, in totum, son patrimonio de la Nación. Ello implica que su explotación no puede ser separada del interés nacional, por ser una universalidad patrimonial reconocida para los peruanos de todas las generaciones. Los beneficios derivados de su utilización deben alcanzar a la Nación en su conjunto; por ende, se proscribe su exclusivo y particular goce.

 

Aprovechamiento razonable y sostenible y en beneficio de la colectividad del patrimonio de la Nación

De una interpretación sistemática del artículo 2, inciso 22) y de los artículos 66 y 67 de la Constitución, se concluye que una manifestación concreta del derecho de toda persona a disfrutar de un entorno ambiental idóneo para el desarrollo de su existencia, es el reconocimiento de que los recursos naturales –especialmente los no renovables– en tanto patrimonio de la Nación–, deben ser objeto de un aprovechamiento razonable y sostenible, y los beneficios resultantes de tal aprovechamiento deben ser a favor de la colectividad en general, correspondiendo al Estado el deber de promover las políticas adecuadas a tal efecto.

 

Patrimonio natural material

El patrimonio natural material, comprende formaciones físicas, biológicas y geológicas excepcionales, hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, y zonas que tengan valor científico, de conservación o estético (...), así, entre estos bienes se encuentran fenómenos naturales extraordinarios o áreas de una belleza natural y una importancia estética excepcionales, aquellos que contienen el hábitat natural más representativo para la conservación in situ de la diversidad biológica, incluyendo los que alberguen especies amenazadas que posean un valor universal excepcional.

 

Soberanía del Estado en aprovechamiento

Los recursos naturales –como expresión de la heredad nacional– reposan jurídicamente en el dominio del Estado. El Estado, como la expresión jurídico-política de la nación, es soberano en su aprovechamiento. Es bajo su imperio que se establece su uso y goce.

El dominio estatal sobre dichos recursos es eminente, es decir, el cuerpo político tiene la capacidad jurisdiccional para legislar, administrar y resolver las controversias que se susciten en torno a su mejor aprovechamiento.

 

Obligaciones del Estado

El papel del Estado implica la defensa del bien común y del interés público, la explotación y el uso racional y sostenible de los recursos naturales que como tales pertenecen a la Nación, y el desarrollo de acciones orientadas a propiciar la equidad social. Por ende, tiene la obligación de acentuar la búsqueda del equilibrio entre la libertad económica, la eficiencia económica, la equidad social y las condiciones dignas de vida material y espiritual para las actuales y venideras generaciones.

 

Condiciones para explotación

 

a)     Todo aprovechamiento particular de recursos naturales debe retribuirse económicamente.

b)     La retribución que establezca el Estado debe fundamentarse en criterios económicos, sociales y ambientales.

c)     La categoría retribución económica puede incluir todo concepto que deba aportarse al Estado por el recurso natural.

d)     Dentro de los conceptos entendidos como retribución económica, pueden considerarse, por un lado, a las contraprestaciones y, por otro, al derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que contiene el derecho.

e)     Dichas retribuciones económicas son establecidas por leyes especiales.

 

Retribución económica por explotación

Tal como lo dispone el artículo 66 de la Constitución, la condición para exigir a los particulares el pago de una retribución económica por la concesión de los recursos naturales, se encuentra fijada en una ley orgánica (en este caso la Ley Nº 26821). No obstante, la regulación específica de cada una de las modalidades como pueda materializarse dicha retribución, corresponde ser desarrollada por leyes especiales. Y no podría ser de otro modo, pues, si como quedó dicho, las leyes orgánicas tienen naturaleza excepcional y su contenido es eminentemente restringido, sería constitucionalmente inaceptable extender la materia reservada a la regulación y reglamentación de los muy diversos modos como tal retribución económica pueda hacerse efectiva. Justamente, es por ley especial como se regula la regalía minera.

 

Definición de concesión

El otorgamiento de una concesión (...) implica la cesión a particulares del bien natural extraído para su provecho económico, pero bajo los parámetros del interés general de la Nación.

 

Concesión como acto administrativo

La concesión (...) no es un contrato sino un acto administrativo, que determina una relación jurídica pública a través de la cual el Estado otorga, por un tiempo, la explotación de los recursos naturales, condicionada al respeto de los términos de la concesión y conservando la capacidad de intervención si la justifica el interés público.

 

La concesión (...) debe entenderse como un acto jurídico de Derecho Público en virtud del cual la Administración Pública, sustentándose en el principio de legalidad, establece el régimen jurídico de derechos y obligaciones en la explotación de los recursos minerales no renovables.

 

Concesión de recursos naturales no renovables

Los recursos naturales no renovables nunca pasan a ser propiedad absoluta de quien los recibe en concesión. En el ejercicio del dominio que el Estado otorga a los particulares, se debe tomar en cuenta que el artículo 23 de la Ley Nº 26821, establece como regla imperativa el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en las condiciones y con las limitaciones que establezca el título respectivo.

El aprovechamiento sostenible de los recursos no renovables según nuestra legislación (...) consiste en su explotación eficiente, bajo el principio de sustitución de valores y beneficios reales, evitando o mitigando el impacto sobre otros recursos del entorno y del ambiente.

 

Concesión minera

 

La concesión minera (...) supone un reconocimiento a la iniciativa privada de la explotación minera, que otorga beneficios económicos a la empresa concesionaria bajo la forma de renta y utilidades– por las cargas que la concesión le impone. Ambos intereses son, en sí mismos, bienes jurídicos protegidos constitucionalmente en el marco de la Economía Social– de Mercado consagrada en el artículo 58 de la Constitución, pero que en el caso no muestran una relación conflictiva, de acuerdo a lo expresado en esta sentencia.

 

Modificación de los contratos de concesión minera

 

a)     La concesión minera no determina, prima facie, la estabilidad o inmutabilidad de lo pactado, para lo cual existen los contratos ley.

b)     El Estado podrá intervenir razonablemente modificando sus cláusulas, no en cualquier circunstancia, sino cuando el interés público lo amerite.

c)     La protección, control y conservación de los recursos naturales son de interés general de la nación, y el Estado debe preservar su aprovechamiento en su beneficio.

 

Regalía minera

La regalía minera se exige por el uso o aprovechamiento de un bien que, siendo propiedad de la nación, es concedido al titular de la actividad minera para que pueda obtener el dominio sobre los productos de este bien; por ello, mal podría alegarse una afectación a la propiedad cuando se exige el pago por algo que no es de propiedad innata de los particulares, sino que es más bien concedido, y cuando justamente dicho pago se sustenta en tal concesión.

 

Constitucionalidad de la regalía minera

Con el establecimiento de la regalía minera el Estado no ha incumplido el compromiso de respetar los atributos que la Ley confiere a los inversionistas titulares de la concesión, pues la naturaleza de estos actos –adscritos al derecho público– no otorgan al concesionario la inmutabilidad del régimen jurídico, para cuyo caso operan los contratos ley; ni imposibilitan la intervención del Estado mediante el ejercicio de su ius imperium y cuando así lo justifique el interés público.

 

Diferencia entre regalía minera y derecho de vigencia de concesión

La regalía minera (...) es una retribución económica contraprestativa o compensatoria por el usufructo de lo que se extrae. En tanto que el derecho de vigencia es una retribución económica por el mantenimiento de la concesión, y cuyo incumplimiento priva de efecto a la concesión misma, constituyéndose en causal de caducidad de la concesión. Esta diferencia, además, puede constatarse en la forma de cálculo de cada una; así, el derecho de vigencia, de periodicidad anual, tomará en cuenta el número de hectáreas otorgadas o solicitadas en concesión, y no la producción obtenida, como en el caso de la regalía.

 

La diferencia entre la regalía minera y el derecho de vigencia de la concesión es contemplada por la propia Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales; su artículo 29, al establecer las condiciones del aprovechamiento sostenible, estipula de manera independiente, por un lado, que se cumpla con la retribución económica correspondiente de acuerdo a las leyes especiales (literal d); y, por otro, que se mantenga al día el derecho de vigencia (literal e). El artículo 20 de esta ley orgánica es el que establece las diferentes retribuciones económicas a que tiene derecho el Estado por la explotación de sus recursos naturales no renovables, diferenciando el derecho de vigencia de otras contraprestaciones.

 

Política nacional del ambiente.

Responsabilidad del Estado

El artículo 67 de la Constitución establece la obligación perentoria del Estado de instituir la política nacional del ambiente. Ello implica un conjunto de acciones que el Estado se compromete a desarrollar o promover, con el fin de preservar y conservar el ambiente frente a las actividades humanas que pudieran afectarlo.

Esta política nacional –entendida como el conjunto de directivas para la acción orgánica del Estado a favor de la defensa y conservación del ambiente– debe permitir el desarrollo integral de todas las generaciones de peruanos que tienen el derecho de gozar de un ambiente adecuado para el bienestar de su existencia. Esta responsabilidad estatal guarda relación con lo dispuesto en el artículo 2, inciso 22) de la Constitución, que reconoce el derecho fundamental de toda persona “a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida”.

 

Responsabilidad de la sociedad

La particular naturaleza del compromiso que implica la preservación de un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, supone, necesariamente, la participación de diversos sectores del poder público, además de la canalización de la participación de la propia ciudadanía. Tal es el sentido que subyace en el lineamiento de la política ambiental previsto en el artículo 1 del Código del Medio Ambiente (Decreto Legislativo Nº 613), según el cual es imperativo: “(...) tomar en cuenta que el ambiente no solo constituye un sector de la realidad nacional, sino un todo integral de los sectores y actividades humanas. En tal sentido, las cuestiones y problemas ambientales deben ser considerados y asumidos globalmente y al más alto nivel como cuestiones y problemas de política general, no pudiendo ninguna autoridad eximirse de tomar en consideración o de prestar su concurso a la conservación del medio ambiente y los recursos naturales”.

 

Uso sostenible de recursos

La política [nacional del medio ambiente] debe promover el uso sostenible de los recursos naturales; ergo, debe auspiciar el goce de sus beneficios resguardando el equilibrio dinámico entre el desarrollo socioeconómico de la Nación y la protección y conservación de un disfrute permanente.

 

El uso sostenible obliga a la tarea de rehabilitar aquellas zonas que hubieren resultado afectadas por actividades humanas destructoras del ambiente y, específicamente, de sus recursos naturales. Por ende, el Estado se encuentra obligado a promover y aceptar únicamente la utilización de tecnologías que garanticen la continuidad y calidad de dichos recursos, evitando que su uso no sostenido los extinga o deprede.

Es dentro de ese contexto que el Estado se encuentra obligado a auspiciar la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales objeto de protección.

 

Perspectiva social del uso sostenible de los recursos naturales

Lo “social” (...) [opera] como una fórmula de promoción del uso sostenible de los recursos naturales para garantizar un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.

 

Uso sostenible de recursos ictiológicos

El Estado se encuentra facultado para establecer políticas tendientes a fomentar el uso sostenible de nuestros recursos ictiológicos –dentro del régimen general y especial de pesca– a fin de promover su explotación de manera racional, sin afectar la diversidad biológica existente en nuestro litoral, implementando mecanismos de control y vigilancia de las actividades extractivas dentro de las zonas restringidas para la pesca industrial.

 

Uso sostenible de recursos hidrobiológicos

Del propio Texto Constitucional [artículos 67 y 68] se desprende la facultad del Estado –a través de sus órganos competentes– de formular mecanismos o políticas destinadas a promover la libertad de empresa y la iniciativa privada en el sector pesquero, en cuanto a la explotación de recursos hidrobiológicos se refiere, pero de manera sostenible, a fin de velar por la conservación de los recursos marinos.

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  PLENO JURISDICCIONAL  0048-2004-PI/TC

 

El contenido de lo “social” en la actividad del Estado y de los particulares

La Economía Social de Mercado parte de la premisa que el mejor sistema para la asignación y distribución de los recursos, es aquel que propicia la concertación libre entre oferta y demanda, puesto que de este modo se promueve el despliegue de las iniciativas de los seres humanos, se incentiva la competencia creadora y se impulsan las innovaciones tecnológicas. Al Estado en este esquema le corresponde crear las condiciones para que las actividades económicas privadas se desarrollen de manera libre y competitiva, procurándoles un marco para su desarrollo eficiente, que redunde en mejores productos y a precios competitivos para los consumidores y usuarios. De otro lado, el mandato constitucional cuyo enunciado es que el Estado debe velar por el bien común, implica que debe intervenir para corregir las inequidades sociales, a fin de que todos, y no unos pocos, sean partícipes de los beneficios del progreso y del desarrollo económico.

Responsabilidad social de la empresa

Lo “social”, se define aquí desde tres dimensiones: como mecanismo para establecer legítimamente algunas restricciones a la actividad de los privados; como una cláusula que permite optimizar al máximo el principio de solidaridad, corrigiendo las posibles deformaciones que pueda producir el mercado de modo casi “natural”, permitiendo, de este modo, un conjunto de mecanismos que permitan al Estado cumplir con las políticas sociales que procuren el bienestar de todos los ciudadanos; y, finalmente, como una fórmula de promoción del uso sostenible de los recursos naturales para garantizar un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.

Prima facie, la actividad de la empresa está sujeta a regulaciones constitucionales y legales a fin de que la organización política pueda lograr los objetivos establecidos en la propia Constitución. Por ello es que, cuando entran en conflicto determinados derechos o libertades individuales con las prerrogativas del Estado, resulta determinante establecer el marco jurídico y político en que se sustentan dichos derechos.

Ni la propiedad ni la autonomía privada son irrestrictas per se en el constitucionalismo contemporáneo. Lo importante es que dichos derechos se interpreten a la luz de las cláusulas del Estado Social y Democrático de Derecho; de lo contrario, otros bienes constitucionales igualmente valiosos tendrían el riesgo de diferirse. Sólo de este modo puede considerarse superado el viejo y equívoco postulado del mercado per se virtuoso y el Estado per semínimo, para ser reemplazado por un nuevo paradigma cuyo enunciado es: “tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.

 

La Constitución, el medio ambiente y la política nacional del ambiente

El derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida

 

El contenido del derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la persona está determinado por los siguientes elementos, a saber: 1) el derecho a gozar de ese medio ambiente y 2) el derecho a que ese medio ambiente se preserve[6].

En su primera manifestación, esto es, el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, dicho derecho comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso en que el hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1° de la Constitución). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente  de contenido.

 

Pero también el derecho en análisis se concretiza en el derecho a que el medio ambiente se preserve. El derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. A juicio de este Tribunal, tal obligación alcanza también a los particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente.

18.  En cuanto al vínculo existente entre la producción económica y el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, se materializa en función a los principios siguientes: a) el principio de desarrollo sostenible o sustentable (que merecerá luego un análisis); b) el principio de conservación, en cuyo mérito se busca mantener en estado óptimo los bienes ambientales; c) el principio de prevención, que supone resguardar los bienes ambientales de cualquier peligro que pueda afectar su existencia; d) el principio de restauración, referido al saneamiento y recuperación de los bienes ambientales deteriorados; e) el principio de mejora, en cuya virtud se busca maximizar los beneficios de los bienes ambientales en pro del disfrute humano; f) el principio precautorio, que comporta adoptar medidas de cautela y reserva cuando exista incertidumbre científica e indicios de amenaza sobre la real dimensión de los efectos de las actividades humanas sobre el ambiente; y, g) el principio de compensación, que implica la creación de mecanismos de reparación por la explotación de los recursos no renovables.

 

19.  En lo que respecta al principio de desarrollo sostenible o sustentable, constituye una pauta basilar para que la gestión humana sea capaz de generar una mayor calidad y condiciones de vida en beneficio de la población actual, pero manteniendo la potencialidad del ambiente para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de vida de las generaciones futuras. Por ende, propugna que la utilización de los bienes ambientales para el consumo no se “financien” incurriendo en “deudas” sociales para el porvenir.

 

Medio ambiente y recursos naturales

El medio ambiente se compone de los denominados elementos naturales, los cuales pueden generar, según sea el caso, algún tipo de utilidad, beneficio o aprovechamiento para la existencia o coexistencia humana.

Los recursos naturales pueden definirse como el conjunto de elementos que brinda  la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas, en particular, y las biológicas, en general. Representan aquella parte de la naturaleza que tiene alguna utilidad actual o potencial para el hombre. En otras palabras, son los elementos naturales que el ser humano aprovecha para satisfacer sus necesidades materiales o espirituales; vale decir, que gozan de aptitud para generar algún tipo de provecho y bienestar.

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado que los recursos naturales son todos aquellos recursos que el hombre encuentra en su ambiente y que puede utilizar en su beneficio. Estos se clasifican en:

 

a)      Recursos renovables: Son aquellos que, a pesar de ser utilizados, pueden regenerarse y, por ende, no perecen para su posterior aprovechamiento. Es el caso del suelo, el agua, las plantas y los animales. En tal sentido, devienen en duraderos y obtienen permanencia de utilidad. Los procesos de autoregeneración y autodepuración se denominan resilencia, y sólo tienen lugar  cuando el ser humano no excede la capacidad de carga en su aprovechamiento. Por tal motivo, un recurso será renovable en la medida que su utilización o aprovechamiento no se realice de manera desmesurada e irracional. Sólo así se podrá alcanzar el aprovechamiento sostenible del bien ambiental.

 

b)      Recursos no renovables: Son aquellos que, al ser utilizados, se agotan irremediablemente. Es el caso de los minerales, el petróleo, el carbón, el gas natural, etc. Su  utilización o provecho comporta inexorablemente la extinción de su fuente productiva, habida cuenta de su incapacidad de alcanzar autoregeneración o autodepuración.

 

El dominio estatal sobre dichos recursos es eminente, es decir, el cuerpo político tiene la capacidad jurisdiccional para legislar, administrar y resolver las controversias que se susciten en torno a su mejor aprovechamiento.

 

Política Nacional del Ambiente

 

31.  El artículo 67º de la Constitución establece la obligación perentoria del Estado de instituir la política nacional del ambiente. Ello implica un conjunto de acciones que el Estado se compromete a desarrollar o promover, con el fin de preservar y conservar el ambiente frente a las actividades humanas que pudieran afectarlo.

 

Dicha política debe promover el uso sostenible de los recursos naturales; ergo, debe auspiciar el goce de sus beneficios resguardando el equilibrio dinámico entre el desarrollo socioeconómico de la Nación y la protección y conservación de un disfrute permanente.

 

32.  El uso sostenible obliga a la tarea de rehabilitar aquellas zonas que hubieren resultado afectadas por actividades humanas destructoras del ambiente y, específicamente, de sus recursos naturales. Por ende, el Estado se encuentra obligado a promover y aceptar únicamente la utilización de tecnologías que garanticen la continuidad y calidad de dichos recursos, evitando que su uso no sostenido los extinga o deprede.

Los conceptos de sostenibilidad, solidaridad y la responsabilidad social de la empresa minera.

 

34.  Las cláusulas de protección del medio ambiente y los recursos naturales, prescritas básicamente en los artículos 66º, 67º, 68º y 69º de la Constitución, establecen el marco de actuación del Tribunal y la responsabilidad de los actores económicos en la preservación de los recursos y medios indispensables para nuestra propia subsistencia como especie. En efecto, la actividad de las empresas mineras, por el mismo hecho de estar vinculada a la explotación de recursos naturales, comparte una responsabilidad de primer orden en la implementación de políticas públicas orientadas a la preservación del medio ambiente, debido a los riesgos que supone su actuación en el ámbito de la exploración y la explotación  minera misma.

36.  Por “sostenibilidad” debe entenderse “(...) a la relación que existe entre los sistemas dinámicos de la economía humana, y los sistemas ecológicos, asimismo dinámicos pero que normalmente cambian a un ritmo más lento, y donde a) la vida humana puede continuar indefinidamente; b) los individuos humanos pueden prosperar; c) las culturas humanas pueden desarrollarse; pero en la que d) los efectos de la actividad humana se mantienen de unos límites, de forma que no se destruya la diversidad, la complejidad y el funcionamiento del sistema ecológico que sirve de sostenimiento a la vida

 

37.  El principio de solidaridad, directamente relacionado con la naturaleza misma del Estado Social y Democrático de Derecho, está en la base misma de nuestro sistema jurídico, que ha puesto al hombre y no a la empresa ni a la economía, en el punto central de su ethos organizativo. Así, el Constituyente, al establecer en el artículo 1° de la Constitución Política, que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, ha dejado un mensaje claro para las generaciones futuras; por ello, tanto el Estado como la sociedad se organizan y toman sus decisiones teniendo como centro al ser humano. Cuando entran en conflicto la generación lucrativa o la mayor rentabilidad de ciertos grupos económicos, con el bienestar colectivo o la defensa de los bienes que resultan indispensables para que la vida humana siga desarrollándose, la interpretación que de la Constitución se haga debe preferir el bienestar de todos y la preservación de la especie, así como también de las demás especies, como ya se ha dicho.

Medio ambiente y empresa

 

Ello exige que el Estado -a través de la Administración como gestora pública- asuma el deber que le impone la Constitución en su artículo 44°, consistente en “promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”; para la consecución de dicho fin debe emplear todos los medios legítimos y razonables que se encuentren a su alcance, limitando, condicionando, regulando, fiscalizando y sancionando las actividades de los particulares hasta donde tenga competencias para ello, sea que éstas se realicen de forma independiente o asociada.

No obstante, un límite constitucional a esta política nacional del ambiente es el reconocimiento de la libertad de empresa consagrada en el artículo 59° de la Constitución, derecho fundamental que no se encuentra en conflicto con la regulación estatal de la materia, sino que se realiza a través de ella.

Se consideran recursos naturales a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el mercado tales como:

 

a.       Las aguas: superficiales y subterráneas;

b.      El suelo, el subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas, pecuarias, forestales y de protección;

c.       La diversidad biológica: como la diversidad de flora, de la fauna y de los microorganismos o protistos; los recursos genéticos, y los ecosistemas que dan soporte a la vida;

d.      Los recursos hidrocarboníferos, hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y similares;

e.       La atmósfera y el espectro radioeléctrico;

f.        Los minerales;

g.       Los demás considerados como tales.

El paisaje natural, en tanto sea objeto de aprovechamiento económico, es considerado recurso natural para efectos de la presente ley”.

Naturaleza de la regalía minera

46.  Los derechos para el aprovechamiento de los recursos naturales se otorgan a los particulares mediante las modalidades que establecen las leyes especiales para cada recurso natural, según lo determina el artículo 19º de la Ley N.° 26281, que –como se ha indicado-, es ley orgánica. En cuanto a las condiciones de su otorgamiento a particulares, el artículo 20º de la Ley N.º 26821 precisa, como una de sus condiciones, el pago de una retribución económica. En concreto, dicho precepto establece que:

“Todo aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares da lugar a una retribución económica que se determina por criterios económicos, sociales y ambientales.

La retribución económica a que se refiere el párrafo precedente, incluye todo concepto que deba aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que contiene el derecho, establecidos por las leyes especiales”.

Consecuentemente, de conformidad con dicho dispositivo: a) todo aprovechamiento particular de recursos naturales debe retribuirse económicamente; b) la retribución que establezca el Estado debe fundamentarse encriterios económicos, sociales y ambientales; c) la categoría retribución económica puede incluir todo concepto que deba aportarse al Estado por el recurso natural; d) dentro de los conceptos entendidos como retribución económica, pueden considerarse, por un lado, a las contraprestaciones y, por otro, al derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del titulo que contiene el derecho; y e) dichas retribuciones económicas son establecidas por leyes especiales.

Cuando el Estado interviene en materia económica a través de la creación de tributos, su actuación se encuentra sujeta al respeto de los principios constitucionales establecidos en el artículo 74º de nuestra Constitución (principios de legalidad, igualdad, capacidad contributiva, no confiscatoriedad y respeto a los derechos fundamentales). Ello no quiere decir, claro está, que si una exigencia económica -como la regalía minera- no reviste cariz tributario, el legislador quede habilitado para establecerla sin ningún parámetro de objetividad y razonabilidad.

La intervención del Estado se considera como legítima y acorde con la Constitución, cuando es producto de una medida razonable y adecuada a los fines de las políticas que se persiguen. Es necesario, en consecuencia, que dicha medida no transgreda los derechos fundamentales de las personas o, en todo caso, que dicha afectación se lleve a cabo bajo cánones de razonabilidad y proporcionalidad.

De otro lado, es importante tener en cuenta que la regalía minera no es una creación novedosa del legislador peruano, pues también está regulada por otros ordenamientos jurídicos de alta rentabilidad en el sector minero, en los cuales adopta la denominación de regalía minera o royalty, siendo normalmente incorporada en los costos de producción de las empresas. Por tal motivo, mal podría desconocerse su existencia o argumentarse que ella resta competitividad minera al país.

 

Diferencia frente al canon minero

 

51.  En nuestro ordenamiento jurídico, el canon ha sido previsto constitucionalmente en el artículo 77º, como el reconocimiento del derecho que le asiste a los gobiernos locales y regionales para recibir una porción de lo recaudado en beneficio de su comunidad; debiendo calcularse, sobre la base de la totalidad de ingresos y rentas provenientes de la explotación de recursos naturales de sus circunscripciones.

 

52.  Por consiguiente, no se trata de un pago, sino de una compensación del Estado a los Gobiernos Regionales y Locales respecto a la distribución de ingresos ya recaudados. En nuestro país coexisten 6 tipos de canon, a saber: minero, petrolero, pesquero, forestal, gasífero y de hidrocarburos. En el caso del canon minero, la compensación será la distribución de los ingresos recaudados a las zonas donde se explotan los recursos minerales, garantizándose la participación directa de la población local en el beneficio del reparto. Medida que se justifica porque dicha población será la que recibirá el mayor impacto cuando estos recursos se agoten.

 

53.  Como se advierte, la regalía es la contraprestación del titular de la concesión minera a los gobiernos regionales y locales por la explotación de recursos naturales no renovables, justificada en la necesidad de la Nación de recibir beneficios de sus propios recursos antes de que se agoten. En tanto que, el canon, es la participación de la  renta económica ya recaudada dispuesta por el Estado a favor de los gobiernos regionales y locales de las zonas de explotación de recursos.

 

Diferencia con el derecho de vigencia

 

55.  Conforme ya lo hemos señalado precedentemente, estamos frente a dos tipos diferentes de retribución económica. La regalía minera –como ya se señaló- es una retribución económica contraprestativa o compensatoria por el usufructo de lo que se extrae. En tanto que el derecho de vigencia es una retribución económica por el mantenimiento de la concesión, y cuyo incumplimiento priva de efecto a la concesión misma, constituyéndose en causal de caducidad de la concesión. Esta diferencia, además, puede constatarse en la forma de cálculo de cada una; así, el derecho de vigencia, de periodicidad anual, tomará en cuenta el número de hectáreas otorgadas o solicitadas en concesión, y no la producción obtenida, como en el caso de la regalía.

 

56.  La diferencia es contemplada por la propia Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales; su artículo 29º, al establecer las condiciones del aprovechamiento sostenible, estipula de manera independiente, por un lado, que se cumpla con la retribución económica correspondiente de acuerdo a las leyes especiales (literal d); y, por otro, que se mantenga al día el derecho de vigencia (literal e). Tal como quedó dicho al analizar el supuesto alegado de inconstitucionalidad formal, el artículo 20º de esta ley orgánica es el que establece las diferentes retribuciones económicas a que tiene derecho el Estado por la explotación de sus recursos naturales no renovables, diferenciando el derecho de vigencia de otras contraprestaciones.

 

El principio de igualdad y el pago por regalías mineras

 

59.  La igualdad como derecho fundamental está consagrada por el artículo 2º de la Constitución de 1993, de acuerdo al cual: «(...) toda persona tiene derecho (…) a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole». Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, estamos frente a un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en una idéntica situación.

 

60.  Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable[12].     

 

61.  Sin embargo, la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable[13]. La aplicación, pues, del principio de igualdad, no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables.

 

64.  Ahora bien, a efectos de determinar si en un caso concreto se está frente a una quiebra del derecho-principio a la igualdad, la doctrina constitucional ha desarrollado mecanismos para determinar cuándo estamos frente a un trato desigual con base en justificaciones objetivas y razonables; o cuándo frente a un trato arbitrario, caprichoso e injustificado y, por tanto, discriminatorio. Precisamente, uno de esos instrumentos a los que habrá de recurrir nuevamente este Tribunal es al test de razonabilidad.

 

65.  El test de razonabilidad o proporcionalidad, como ha señalado la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia N.° C-022/96), es una guía metodológica para determinar si un trato desigual es o no discriminatorio y, por tanto, violatorio del derecho-principio a la igualdad. Dicho test se realiza a través tres subprincipios: 1. subprincipio de idoneidad o de adecuación; 2° subprincipio de necesidad; y 3. subprincipio de proporcionalidad strictu sensu[14]. Criterios que en su momento fueran utilizados por este Colegiado en las sentencias 0016-2002-AI y 0008-2003-AI, entre otras.

 

1. Subprincipio de idoneidad o de adecuación. De acuerdo con este, toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser idónea o capaz para fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo. En otros términos, este subprincipio supone dos cosas: primero, la legitimidad constitucional del objetivo; y, segundo, la idoneidad de la medida utilizada.  

 

2. Subprincipio de necesidad. Significa que para que una injerencia en los derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir  ningún otro medio alternativo que revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado. Se trata de una comparación de la medida adoptada con los medios alternativos disponibles, y en la cual se analiza, por un lado, la idoneidad equivalente o mayor del medio alternativo; y, por otro, su menor grado de intervención en el derecho fundamental. 

 

3. Subprincipio de proporcionalidad strictu sensu. Según el cual, para que una injerencia en los derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo de intervención debe ser por lo menos equivalente o proporcional al grado de afectación del derecho fundamental. Se trata, por tanto, de la comparación de dos intensidades o grados:  la realización del fin de la medida examinada y la afectación del derecho fundamental.

 

66.  Expuestas estas precisiones, se procederá a aplicar el test mencionado al caso que hoy nos convoca.

68.  En primer lugar, debe analizarse, a la luz del subprincipio de idoneidad o de adecuación, si con el establecimiento del pago de las regalías mineras se persigue un fin constitucionalmente legítimo y si, para ello, dicho pago es idóneo. Con respecto al primero, esto es, el objetivo constitucionalmente legítimo, debe tenerse en cuenta que la Constitución declara que «(...) el Estado promueve condiciones para el progreso social y económico (…)» (artículo 23”); asimismo, que «(...) son deberes primordiales del Estado (…) promover el desarrollo general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación» (artículo 44”); también, que «(...) el Estado orienta el desarrollo del país»; y, finalmente, que la descentralización «tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país(...)» (artículo 188”).

 

70.  Por otro lado, debe esclarecerse si el pago de las regalías es un medio idóneo para alcanzar el desarrollo integral del país. La Constitución atribuye al Estado la soberanía en el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables (artículo 58”); además, la Ley de Regalía Minera (artículo 8”), establece una distribución equitativa de la regalía entre las comunidades, municipalidades distritales y provinciales, gobiernos regionales y universidades nacionales. En consecuencia, a juicio de este Tribunal, el pago de la regalía minera constituye un medio idóneo para el logro de los fines de desarrollo equitativo e integral que subyacen a los postulados propios de un Estado Social y Democrático de Derecho. Por tanto, el primer principio constitutivo del test de razonabilidad o proporcionalidad se cumple en los términos que el propio subprincipio exige.

 

71.  En cuanto al subprincipio de necesidad, debe tenerse presente, como ya ha sido precedentemente expuesto, que existe la obligación de retribuir, mediante el pago de las regalías mineras, por la obtención de un beneficio patrimonial producto de la explotación de los recursos minerales no renovables, de los cuales es soberano el Estado. Siendo este medio idóneo para tal fin, el legislador ha previsto el pago de la regalía como una contraprestación económica directa e inmediata que los titulares de las concesiones mineras deben pagar al Estado por la explotación de los recursos minerales que se detraen y no son recuperables. Por tal motivo, y a criterio de este Colegiado, el pago de la regalía no es gravoso ni tampoco vulnera el derecho-principio a la igualdad.   

 

72.  Finalmente, y en cuanto al subprincipio de proporcionalidad strictu sensu, debe esclarecerse si la realización del fin perseguido es proporcional a la exigencia del pago de la regalía minera. Una de las características de los recursos minerales es que son limitados y no renovables. Siendo así, el Estado, en nombre de la Nación, asume la obligación de adoptar las medidas correspondientes ante un eventual agotamiento del recurso, por lo que dichas acciones deben ser oportunas y preventivas. En este sentido, el pago de la regalía minera es razonable y proporcional no sólo para afrontar el agotamiento de nuestros recursos minerales y los daños que sobre el medio ambiente ineludiblemente provoca su explotación, sino también por los beneficios económicos que dicha actividad extractiva proporciona a las empresas mineras, a efectos de generar paralelamente el desarrollo alternativo. A criterio de este Tribunal, por tanto, es plenamente exigible el pago de la regalía minera. 

 

73.  Ahora bien, la aplicación del test de razonabilidad o proporcionalidad a este caso concreto, en cuanto se refiere a la supuesta vulneración del principio de igualdad, permite concluir en que la Ley de Regalía Minera no es discriminatoria y, por tanto, no vulnera el mencionado principio.

La regalía minera y el derecho de propiedad

 

76.  Nuestra Constitución reconoce a la propiedad no sólo como un derecho subjetivo, conforme a los incisos 8) y 16) del artículo 2° de la Constitución, sino como una garantía institucional, a tenor del artículo 70º, según el cual el Estado garantiza la inviolabilidad de la propiedad, la cual debe ser ejercida en armonía con el bien común y dentro de los límites que establece la ley.

 

77.  Dicho artículo es acorde con las finalidades del Estado Social y Democrático de Derecho, que reconoce la función social que el ordenamiento reserva a la propiedad, la cual es inherente al derecho mismo.

 

La función social de la propiedad

 

78.  Cuando nuestra Constitución garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada y señala que debe ser ejercida en armonía con el bien común y dentro de los limites legales, no hace más que referirse a la función social que el propio derecho de propiedad contiene en su contenido esencial.

 

79.  Esta función social explica la doble dimensión del derecho de propiedad y determina que, además del compromiso del Estado de proteger la propiedad privada y las actuaciones legítimas que de ella se deriven, pueda exigir también un conjunto de deberes y obligaciones concernientes a su ejercicio, en atención a los intereses colectivos de la Nación.

81.  En una economía social de mercado, tanto la iniciativa privada como la inversión cumplen también una función social, a fin de coadyuvar a logro del bienestar general. En consecuencia, atendiendo a la utilidad y beneficio que los recursos naturales -en este caso, los minerales no renovables- pueden generar a la Nación, es justificable la exigencia de deberes y obligaciones que las empresas que los reciben en concesión tienen frente a la colectividad.

 

82.  Por consiguiente, conforme se ha sostenido, el otorgamiento de una concesión minera implica la cesión a particulares del bien natural extraído para su provecho económico, pero bajo los parámetros del interés general de la Nación.

 

83.  Los recursos naturales no renovables nunca pasan a ser propiedad absoluta de quien los recibe en concesión. En el ejercicio del dominio que el Estado otorga a los particulares, se debe tomar en cuenta que el artículo 23º de la Ley N.º 26821, establece como regla imperativa el aprovechamiento sostenible[16] de los recursos naturales, en las condiciones y con las limitaciones que establezca el título respectivo.

 

El aprovechamiento sostenible de los recursos no renovables según nuestra legislación y conforme ha quedado dicho, consiste en su explotación eficiente, bajo el principio de sustitución de valores y beneficios reales, evitando o mitigando el impacto sobre otros recursos del entorno y del ambiente.

 

84.  Ahora bien, como ya se ha señalado, cuando el artículo 70º de la Constitución establece que el derecho de propiedad se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites que establece la ley, presupone, de un lado, que el ejercicio del derecho de propiedad de los particulares se desenvuelva de manera acorde con la función social que es parte del contenido esencial del derecho; y, por otro, que las actuaciones e intervenciones del Estado se sustenten en el interés general para el logro del bien común.

 

85.  El bien común y el interés general son principios componentes de la función social de la propiedad. Cuando se lleva a cabo la concesión de recursos naturales, tales principios deben adquirir su concreta manifestación en el aprovechamiento sostenible del patrimonio nacional, en la protección del medio ambiente, de la vida y de la salud de la población, y, desde luego, en la búsqueda de equidad en la distribución de la riqueza.

 

Por lo demás, así lo establece el artículo 8º de la propia Ley N.º 26821, al disponer que: “El Estado vela para que el otorgamiento del derecho de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se realice en armonía con el interés de la Nación [y] el bien común (...)”.

 

El Estado, así como tiene el deber de garantizar la propiedad privada, tiene también la obligación de proteger y garantizar la propiedad pública. Al respecto, y a efectos de la protección de la propiedad, nuestra Constitución no distingue entre propiedad pública y privada. En efecto, el artículo 70° de nuestra Ley Fundamental, cuando establece que el derecho de propiedad es inviolable y que el Estado lo garantiza, no sólo se limita a la protección de la propiedad de los particulares, sino también de la propiedad pública.

En ese sentido, debe entenderse que la regalía minera se exige por el uso o aprovechamiento de un bien que, siendo propiedad de la nación, es concedido al titular de la actividad minera para que pueda obtener el dominio sobre los productos de este bien; por ello, mal podría alegarse una afectación a la propiedad cuando se exige el pago por algo que no es de propiedad innata de los particulares, sino que es más bien concedido, y cuando justamente dicho pago se sustenta en tal concesión.

 

 

El cálculo sobre el valor del concentrado

Conforme se describe en la propia Ley Orgánica de Recursos Naturales, los minerales deben tener un valor actual o potencial en el mercado, por lo que el legislador necesariamente deberá remitirse a alguna valoración para el cálculo de la regalía, sea a boca de mina o a valor concentrado.

 

92.  El cálculo de la regalía sobre el valor del concentrado permite al Estado ejercer una adecuada fiscalización respecto a los montos declarados por los titulares de la actividad minera; toda vez que, a este nivel, existen valores referenciales en el mercado internacional que hacen posible comparar los montos declarados; lo que no sucede en el caso del mineral inmediatamente extraído a boca de mina.

 

93.  Para este Tribunal, esta opción legislativa, compatible con la Constitución, es razonable tomando en cuenta que, para establecer la base de referencia de la regalía, el artículo 4º del Reglamento de la Ley de Regalía Minera ha previsto una serie de deducciones y ajustes que permiten descontar algunos gastos efectuados por la empresa para llegar a obtener el concentrado.

 

Estado y concesión

 

96.  La naturaleza de la concesión mantiene una relación unívoca con la naturaleza misma de los recursos sujetos a explotación minera, puesto que se trata de recursos naturales renovables y no renovables cuya titularidad la ejerce la Nación, en tanto que el Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ello, su apropiación y utilización no están sometidas a la libre empresa, “(...) que parte de la iniciativa de sus respectivos propietarios en la correspondiente explotación y se ordena sobre fórmulas de transmisión total o parcial de derechos o de los productos respectivos según el Derecho Privado”[18].

 

Ningún privado puede utilizar dichos recursos sin una previa concesión administrativa, “(...) la cual se otorgará con fines distributivos de recursos de alta significación económica y social, desde la perspectiva de su mejor utilización social”[19].

 

98.  Los recursos naturales renovables y no renovables, al ser bienes que integran el dominio público cuyo titular es la Nación -no son objeto de un derecho real de propiedad en el sentido civilista del mismo- configuran lo que se denomina una “propiedad especial”[20]. Esta se caracteriza por estar sometida a una normativa específica de Derecho Público, que consagra su indisponibilidad, dada su naturaleza de inalienable e imprescriptible, a tenor del artículo 73° de la Constitución Política del Perú, quedando, en consecuencia, excluida del régimen jurídico sobre la propiedad civil. 

El crecimiento económico y el fomento de la inversión son bienes que merecen protección constitucional siempre que mantengan un equilibrio dinámico con la conservación de los recursos naturales, el medio ambiente y el desarrollo integral de la persona humana.

 

101.          El estatuto subjetivo constitucional del Estado –como personificación jurídica de la Administración- frente a los bienes dominiales será el de un deber de garantía, protección y aprovechamiento del patrimonio de la Nación, consistente en asegurar la afectación íntegra de dichos bienes para promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación, de conformidad con el artículo 44° de la Constitución.

 

Voluntad constituyente que encuentra su soporte legislativo en la primera parte del artículo 4° de la Ley N.º 26821, que señala que: “Los recursos naturales mantenidos en su fuente, sean estos renovables o no renovables, son Patrimonio de la Nación”. Son los frutos o los productos -como en este caso el producto minero- los que sí pueden ser objeto de dominio privado por parte de los titulares de los derechos concedidos sobre ellos. Por ello es que el artículo 66°, in fine, de la Constitución, reconoce que “La concesión otorga a su titular un derecho real”, que, sin embargo, dada la especial naturaleza del objeto sobre el cual recae, no puede ejercitarse afectando los fines públicos concomitantes de dichos bienes.

 

En igual sentido, el artículo 10° del D.S. N.º 014-92-EM, Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, establece que: “La concesión minera otorga a su titular un derecho real, consistente en la suma de los atributos que esta Ley reconoce al concesionario. Las concesiones son irrevocables, en tanto el titular cumpla las obligaciones que esta ley exige para mantener su vigencia.”

 

CONCESIÓN

La definición precedente es la que ahora nos permite abordar la naturaleza de la concesión, que es un supuesto de cesión unilateral a terceros, dispuesta por la Administración Pública, de los bienes comprendidos bajo la esfera del dominio público.

 

102.          En una economía social de mercado, la concesión es una técnica reconocida en el Derecho Administrativo, mediante la cual se atribuyen derechos a privados para el ejercicio de una actividad económica, por ejemplo sobre los recursos naturales renovables y no renovables, como potestad soberana del Estado para regular su aprovechamiento. Es, en sí misma, un título que “(...) hace nacer en la esfera jurídica de su destinatario privado derechos, facultades, poderes nuevos hasta entonces inexistentes (...)”[21]; es decir, se trata de un acto administrativo de carácter favorable o ampliatorio para la esfera jurídica del destinatario, e implica la entrega, sólo en aprovechamiento temporal, de los bienes de dominio público, estableciéndose una relación jurídica pública subordinada al interés público, y no de carácter sinalagmático. Por ello, es la declaración o autonomía de la voluntad estatal la que establece la concesión para un particular.

 

Por lo expuesto, “(...) la concesión es siempre un acto constitutivo de derechos, por el que se da al sujeto un poder jurídico sobre una manifestación de la Administración”[22].  Es decir, el particular, antes de que se celebre el acto de concesión, carecía absolutamente de dicha capacidad o derecho, que surge ex novo.

 

103.          La concesión administrativa tiene su origen en una facultad discrecional de la Administración, que se exterioriza mediante un acto de autoridad, por el cual se decide transferir unilateralmente a los particulares que cumplan las condiciones legales y reglamentarias de la concesión determinadas por el Estado, el desarrollo de determinada actividad económica que tiene un carácter predominantemente público. La contraprestación por este acto administrativo es el denominado pago del derecho de vigencia del título que contiene el derecho otorgado en virtud de la concesión, previsto en el artículo 20° de la Ley N.º 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.

 

Empero, si la Administración decide dar en concesión la explotación de recursos naturales no renovables a un número limitado de administrados para que la indicada actividad se cumpla a través del título de concesión, no supone que queda anulada su injerencia ni que renuncie a sus competencias propias y exclusivas de carácter indelegable.

 

Es decir, la acción estatal no se agota en el acto mismo de concesión, sino que se desenvuelve con especiales formas a lo largo de todo el período fijado para el desarrollo de la actividad. El Estado no cede su ius imperium, sino que a través de la Administración  realizará una intervención legítima sobre los derechos de quienes se muestran dispuestos y aptos para la explotación efectiva del recurso, con la finalidad precisamente de asegurarla. 

 

Concesión minera

 

104.          De acuerdo a lo expuesto en los fundamentos precedentes, el Estado no sólo conserva los poderes de vigilancia y control, que implican no sólo velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas por los titulares de las concesiones mineras, enunciadas en el Capítulo I, Título VI del D.S. N.° 014-92-EM, Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, sino también establecer las condiciones de la utilización de los recursos naturales. Por ello, el particular se encuentra subordinado al desarrollo legislativo y reglamentario que realice la Administración a la luz de la Constitución y atendiendo a razones superiores de interés general. En este sentido es que el artículo 64° del D.S. N.° 014-92-EM. ha previsto la cancelación como un supuesto de extinción de la concesión, en los siguientes términos: “Se cancelarán los petitorios o concesiones, cuando se superpongan a derechos prioritarios, o cuando el derecho resulte inubicable”.

 

105.          El ejercicio de las potestades que forman parte de la naturaleza esencial de la Administración no será, desde luego, abusivo ni supondrá la imposición de medidas irrazonables y desproporcionadas, ni la aplicación de gravámenes o cargas administrativas que lesionen los derechos fundamentales de contenido patrimonial -las libertades de empresa y de contratar-, de los cuales son titulares las empresas mineras concesionarias. 

 

Si bien es cierto que la libertad contractual deriva de la ley, no puede discutirse la facultad administrativa de regularla por razones del orden público; ello, empero, no es óbice para discutir la legitimidad de la Ley cuestionada respecto a la posible vulneración de otros bienes jurídicos constitucionales. 

 

En tales términos, la concesión minera también supone un reconocimiento a la iniciativa privada de la explotación minera, que otorga beneficios económicos a la empresa concesionaria -bajo la forma de renta y utilidades- por las cargas que la concesión le impone. Ambos intereses son, en sí mismos, bienes jurídicos protegidos constitucionalmente en el marco de la Economía Social de Mercado consagrada en el artículo 58° de la Constitución, pero que en el caso no muestran una relación conflictiva, de acuerdo a lo expresado en esta sentencia.

 

 

108. La concesión minera no es un contrato sino un acto administrativo, que determina una relación jurídica pública a través de la cual el Estado otorga, por un tiempo, la explotación de los recursos naturales, condicionada al respeto de los términos de la concesión y conservando la capacidad de intervención si la justifica el interés público.

 

La concesión minera debe entenderse como un acto jurídico de Derecho Público en virtud del cual la Administración Pública, sustentándose en el principio de legalidad, establece el régimen jurídico de derechos y obligaciones en la explotación de los recursos minerales no renovables.  

 

§10. Entrada en vigencia de la Ley de Regalía Minera

 

112.Por los fundamentos antes expuestos, se concluyen tres premisas: a) la concesión minera no determina, prima facie, la estabilidad o inmutabilidad de lo pactado, para lo cual existen los contratos ley; b) el Estado podrá intervenir razonablemente modificando sus cláusulas, no en cualquier circunstancia, sino cuando el interés público lo amerite; c) la protección, control y conservación de los recursos naturales son de interés general de la nación, y el Estado debe preservar su aprovechamiento en su beneficio.

 

§11. La supervisión del destino de lo recaudado por regalía minera

 

114.Si bien la distribución de lo recaudado no es un asunto planteado en la demanda, este Tribunal considera importante pronunciarse sobre ese aspecto, por cuanto la justificación constitucional del cobro de regalías es precisamente beneficiar a la Nación por la explotación de sus recursos naturales. Al respecto, para los gobiernos locales y regionales, se ha establecido que las regalías se utilizarán, “(...) exclusivamente para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión productiva que articule la minería al desarrollo económico de cada región para asegurar el desarrollo sostenible de las áreas urbanas y rurales (...)”; y para el caso de las universidades nacionales, se ha determinado que las regalías mineras “(...) sean destinadas exclusivamente a la inversión en investigación científica y tecnológica.” Evidentemente, si estos objetivos no se cumplen, conforme se establece en los artículos 8° y 9° de la Ley de Regalía Minera, mal podría justificarse la propia exigencia de la norma.

 

115.Si, en general, la vinculación entre los ingresos públicos y su aplicación a los fines estatales, comporta implícitamente un deber especial del Estado y de cada uno de sus órganos, dentro del ámbito competencial respectivo, de adoptar las medidas necesarias para que dichos fines se cumplan; en el caso de las regalías, este deber adquiere mayor magnitud, pues se trata de compensaciones por la explotación de recursos naturales no renovables y cuyo fin no es otro que el de amortiguar el daño que se causa a futuro y hacer viable el desarrollo sostenible de los pueblos una vez que dichos recursos se agoten. En este contexto adquiere relevante importancia la función de control que desde distintos ámbitos debe ejercerse sobre la utilización de estos recursos, no sólo para asegurar la legalidad de su aplicación, sino también para determinar las responsabilidades funcionales si se hubiera hecho mal uso de lo recaudado.

 

116.De igual modo, se recomienda a la Contraloría General de la República para que, en las acciones de control que programe a los gobiernos locales y regionales, fiscalice el adecuado uso de estos recursos, bajo responsabilidad de quienes lo administren.

 

§12. La regalía minera y la defensa nacional: la correcta distribución de lo recaudado

 

117.A fin de que los objetivos reseñados se cumplan adecuadamente y tengan consonancia con los dispositivos constitucionales, es necesario pronunciarse sobre la relación entre la regalía minera y la defensa nacional. Al respecto, la Ley de Regalía Minera -N.° 28258- señala, en su artículo 8°, cómo debe efectuarse tal distribución: del 100%, “a) El veinte por ciento (20%) del total recaudado para los gobiernos locales del distrito o distritos donde se explota el recurso natural, de los cuales el cincuenta por ciento (50%) será invertido en las comunidades donde se explota el recurso natural. b) El veinte por ciento (20%) del total recaudado para los gobiernos locales de la provincia o provincias donde se encuentra en explotación el recurso natural. c) El 40% (cuarenta por ciento) del total recaudado para las municipalidades distritales y provinciales del departamento o departamentos de las regiones donde se encuentra en explotación el recurso natural. d) El 15% (quince por ciento) del total recaudado para el o los gobiernos regionales donde se encuentra en explotación el recurso natural. e) El 5% (cinco por ciento) del total recaudado para las universidades nacionales de la región donde se explota el recurso natural”. Estas disposiciones guardan coherente relación con los fines constitucionales del Estado Democrático y Social de Derecho establecidos en la Constitución, tanto respecto al proceso descentralizador del país –que establece que el Estado “tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país” (artículo 188°)-, como en lo referido a la educación universitaria -cuando se señala también como objetivo “la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica” (artículo 18°).

 

118. Sin embargo, existe un cometido que la ley en cuestión no recoge al momento de distribuir lo recaudado, y que igualmente fluye del propio cuerpo preceptivo de la Norma Fundamental. Nos referimos al artículo 44° de la Constitución, en virtud del cual, el Estado debe “defender la soberanía nacional; (...) proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional son instituciones que coadyuvan al desarrollo sostenible del país, lo cual motiva la necesidad de un estímulo y un beneficio para tales instituciones, y hacia ese punto debe estar orientada la Ley de la Regalía Minera para ser plenamente constitucional. Por tanto, asumiendo que, como bien lo señala el artículo 171° de la Constitución, “las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social del país, y en la defensa civil de acuerdo a ley”, es correcto concluir, a la luz del artículo 2° de la Ley N.° 28258, que las contraprestaciones económicas que paguen los concesionarios por la explotación de los recursos minerales metálicos y no metálicos, se destinen también a la Defensa Nacional, tal como se desprende del artículo 163° de la Constitución.

 

 

 

 

 

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Conservación ambiental. Obligaciones del Estado

£1139 Conservación ambiental. Obligaciones del Estado

EXP. N.º 0021-2003-AI/TC
LIMA
COLEGIO DE BIÓLOGOS Y
COLEGIO DE ARQUITECTOS
DEL PERÚ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 24 días del mes de junio de 2004, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Biólogos y el Colegio de Arquitectos del Perú contra la Ordenanza Municipal N.° 006-2002-MPP, de fecha 24 de septiembre de 2002, que aprueba el cambio de uso (de zona de densidad media a zona I4) del terreno ubicado entre los kilómetros 13.4 y 15 de la carretera Pisco-Paracas, del distrito de Paracas, provincia de Pisco, región Ica; asimismo, solicitan la declaratoria de inconstitucionalidad de determinados actos realizados a su amparo.

ANTECEDENTES

Los demandantes, con fecha 21 de noviembre de 2003, interponen demanda de inconstitucionalidad contra la Ordenanza Municipal N.° 006-2002-MPP, de fecha 4 de setiembre de 2002, por considerar que contraviene los artículos 2°, inciso 22), 31°, 43°, 51°, 66°, 67°, 68°, 192° y 199° de la Constitución Política.

Aducen que la Ordenanza objeto del presente proceso, ha sido expedida sin la aprobación del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y del Gobierno Regional de Ica, entidades que comparten competencias con los gobiernos locales en materia de planificación y control ambiental en las áreas naturales protegidas. Asimismo, alegan que la emplazada ha omitido convocar a audiencia pública para la participación de la sociedad civil en la aprobación de la Ordenanza cuestionada, vulnerando el inciso 2) del artículo 195° de la Constitución Política y el inciso 1) del artículo 182°, entre otros, de la Ley N.° 27444, del Procedimiento Administrativo General. Sostienen que la emplazada, desconociendo el “impacto regional” de la Ordenanza cuestionada, publicó ésta mediante “carteles” colocados en el local de su sede, al amparo del inciso 3) del artículo 112° de la Ley N.° 23853, Orgánica de Municipalidades; disposición que, publicada con fecha anterior a la vigente Constitución, contraviene el principio de publicidad contenido en el artículo 51° de la Norma Suprema. Alegan que el cambio de uso del terreno, de calificación de DM (Densidad Media) a I4 (Industrial Pesado Contaminante), ubicado entre los kilómetros 13.4 y 15 de la carretera Pisco-Paracas, en el Distrito de Paracas, Provincia de Pisco, región Ica, aprobado mediante la Ordenanza cuestionada, desprotege la Reserva Nacional de Paracas (area natural protegida) y su zona de amortiguamiento. Finalmente, los demandantes afirman que tras el cambio de uso de terreno, se permite a la empresa Pluspetrol Perú Corporation S.A. la construcción de su planta de fraccionamiento, actividad que es contraria a lo prescrito por la legislación ambiental sobre protección de áreas naturales protegidas.

Admitida la demanda, el representante de la Municipalidad Provincial de Pisco la contesta manifestando que, conforme al inciso 5) del artículo 192° de la Constitución, se encuentra facultada para aprobar el cambio de uso de un terreno, no encontrándose vinculada al INRENA o al Gobierno Regional de Ica. Refiere que la publicación de la ordenanza se ha realizado conforme lo permite el inciso 3) del artículo 112° de la Ley N.° 23853, Orgánica  de Municipalidades. Alega que la ordenanza cuestionada no contraviene la legislación ambiental, ya que ésta permite el funcionamiento de industrias que no pongan en riesgo el área natural protegida y su zona de amortiguamiento.

La empresa Pluspetrol Perú Corporation S.A., con fecha 9 de marzo de 2004, solicita su apersonamiento al presente proceso, el cual es admitido mediante auto de fecha 12 de marzo de 2003. Solicita se declare infundada la demanda, por considerar que los artículos 194° y 195° de la Constitución Política y los artículos 2°, 14°, inciso 1), 42° y 43° de la Ley N.° 27783, establecen que los Gobiernos Locales tienen competencia exclusiva en la regulación del uso de suelos o zonificación, excluyéndose a los gobiernos regionales. Manifiesta que la publicación de la ordenanza se ha realizado conforme al procedimiento establecido en la Ley N.° 23853 —Orgánica  de Municipalidades—, vigente al momento de los hechos. Refiere que el terreno en el que va a ejecutar sus actividades, y que fue objeto de cambio de uso, se encuentra fuera de la Reserva Nacional de Paracas, y que el tipo de operaciones a realizar sobre la zona de amortiguamiento no se encuentra prohibida, pues, el INRENA y el Ministerio de Energía y Minas, aprobaron el estudio de impacto ambiental.

FUNDAMENTOS

§1. Delimitación del petitorio.
1.      Los demandantes aducen la inconstitucionalidad (formal y material) de la Ordenanza Municipal N.° 006-2002-MPP (en adelante, la Ordenanza) que aprueba el cambio de uso de zona de densidad media a zona I4 del terreno ubicado entre los kilómetros 13.4 y 15 de la carretera Pisco-Paracas, del distrito de Paracas, provincia de Pisco, región Ica. Aducen también la inconstitucionalidad de la construcción de la planta de fraccionamiento de la empresa Pluspetrol Perú Corporation S.A. (en adelante, Pluspetrol), y, concretamente, del poliducto que conduce 3 líneas de gas mar adentro, alegando que vulnera el inciso 22) del artículo 2° y los artículos 66°, 67° y 68° de la Constitución.

§2. El control de constitucionalidad de las normas.
2.      Es conveniente determinar, de modo previo, si en un proceso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional puede analizar la constitucionalidad no sólo de normas, sino también de actos, como el de la construcción de una planta y de un poliducto, o, en todo caso, de los permisos o licencias que permitan la ejecución de tales obras o proyectos, como se pretende en la demanda.

En opinión del Tribunal, es posible que, excepcionalmente, el juicio de constitucionalidad de una norma conlleve un legítimo y necesario pronunciamiento respecto de algún acto concreto realizado a su amparo. Y es que en los procesos de inconstitucionalidad el Tribunal Constitucional no sólo ejerce una función de valoración, es decir, de análisis de compatibilidad entre dos normas de distinta jerarquía (Constitución y norma de rango legal), sino también una función ordenadora y pacificadora, esto es, orientada a crear certidumbre, estabilidad y seguridad respecto de los hechos que, directa o indirectamente, sean sometidos a su conocimiento o que puedan tener lugar como consecuencia de la expedición de sus sentencias.

Un pronunciamiento que se ocupe, única y exclusivamente, de la Ordenanza, situaría a los poderes públicos, agentes económicos interesados, potenciales consumidores y ciudadanía en general, en una profunda incertidumbre en torno a la legitimidad o ilegitimidad de la construcción de la planta de fraccionamiento y del poliducto por parte de la empresa Pluspetrol, con la consecuente inestabilidad política, económica y social que ello generaría.

§3. La publicación de las normas como conditio iuris de eficacia.
3.      En la sentencia recaída en el Exp. N.° 014-2003-AI/TC, este Colegiado estableció que aún cuando la publicación forma parte de la eficacia integradora del procedimiento legislativo, la ley tiene la condición de tal (es decir, queda constituida) una vez que ha sido aprobada y sancionada por el Congreso de la República.

En efecto, tal como se desprende de una interpretación sistemática del artículo 51°, in fine, y del artículo 109° de la Constitución, la publicación determina la eficacia, vigencia y obligatoriedad de la norma, pero no determina su constitución, pues ésta tiene lugar con la sanción del órgano que ejerce potestades legislativas.

4.      Por lo tanto, los cuestionamientos que puedan surgir en torno a la publicación de una norma, no deben resolverse en clave validez o invalidez, sino de eficacia o ineficacia. Una ley que no haya sido publicada, sencillamente es ineficaz, pues no ha cobrado vigencia. Y sobre aquéllo que no ha cobrado vigencia, no es posible ejercer un juicio de validez en un proceso de inconstitucionalidad, pues no será posible expulsar del ordenamiento jurídico aquello que nunca perteneció a él. Ello, sin perjuicio del “control previo de constitucionalidad” susceptible de realizarse en algunos ordenamientos jurídicos  comparados, como el francés por ejemplo, pero que no tiene cabida en nuestro medio.

5.      Este razonamiento referido a la ley es, mutatis mutandis, aplicable también a las ordenanzas municipales, las cuales, conforme al inciso 3) del artículo 36° de la Ley N.° 23853 —Orgánica de Municipalidades— (vigente en el momento en que se expidió la Ordenanza), son dictadas, es decir, aprobadas y sancionadas, por el Concejo Municipal. A su vez, el artículo 112° de la misma ley establecía el deber de publicación de las ordenanzas municipales, precisando en su inciso 3) que en el caso de las ordenanzas expedidas por municipalidades ubicadas en circunscripciones que no sean capital de distrito judicial —tal como sucede con la Municipalidad Provincial de Pisco— la publicación se debía realizar “mediante bandos públicos y carteles impresos fijados en lugares visibles y en locales municipales, (...) de lo que dará fe la Autoridad Judicial respectiva”.

Consecuentemente, las ordenanzas municipales quedan constituidas tras su aprobación y sanción por parte del Concejo Municipal, pero carecen de eficacia y obligatoriedad mientras no sean publicadas. Por lo demás, el propio artículo 112° así lo disponía al establecer que “sin el requisito de publicidad las normas a que este artículo se refiere no son obligatorias.”

§4. La publicación de la Ordenanza Municipal N.° 006-2002-MPP.
6.      Los demandantes, la Municipalidad demandada, y la empresa Pluspetrol, convienen en el hecho de que si bien la Ordenanza fue publicada mediante bandos públicos y carteles impresos fijados en lugares visibles, la autoridad judicial respectiva no dio fe de ello, tal como lo exigía el inciso 3) del artículo 112° de la Ley N.° 23853. Ello acarrea la responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Pisco, por no cumplir cabalmente con lo previsto por la referida disposición de la Ley N.° 23853. Sin embargo, es necesario determinar si tal omisión permite concluir que la Ordenanza no se encuentra vigente y, por ende, que carece de eficacia.

A juicio de este Colegiado, la garantía de la publicidad formal de las ordenanzas municipales expedidas por las municipalidades situadas en circunscripciones que no son capital de distrito judicial, se perfecciona con la existencia de bandos públicos y carteles públicos fijados en lugares visibles y en locales municipales, sin que sea requisito esencial la certificación judicial para considerarlas publicadas. Lo que ocurre es que, dado que esta modalidad de publicidad carece de un método de probanza eficaz (a diferencia de lo que sucede con las normas publicadas en diarios de circulación nacional o local), el inciso 3) del 112° de la Ley N.° 23857, ha adicionado una garantía de “certificación de existencia”, otorgada por la autoridad judicial, garantía que no resulta indispensable si existe prueba contundente de su publicación o, más aún, si las partes del proceso coinciden en que la ordenanza fue, en efecto, publicada.

Adicionalmente, debe tenerse presente que, al no existir diarios de avisos judiciales en Pisco, se dio publicidad a la Ordenanza a través de otros medios de comunicación locales, según lo aceptaron las partes en la inspección realizada por este Colegiado el 7 de mayo del año en curso. Además, el Tribunal ha conocido que es costumbre de la Municipalidad Provincial de Pisco obviar la constatación judicial de los bandos y carteles, lo cual si bien no excluye la responsabilidad administrativa que genera dicha omisión, sí descarta la ausencia de dolo.

7.      La existencia de los bandos públicos y carteles impresos fijados en lugares visibles y en locales municipales, no es materia de controversia en el presente caso, pues, tal como se ha referido, tanto demandantes como demandados convienen en que los bandos y carteles sí se colocaron oportunamente en el lugar debido, con lo cual se dio cumplimiento al propósito último que se persigue con la publicación de las normas, es decir, la protección de los principios democrático-constitucionales de transparencia y seguridad jurídicas. En este caso, a juicio del Tribunal Constitucional, la falta de certificación judicial de la publicación, ha quedado, en los hechos, subsanada.

§5. Competencia de los gobiernos locales en materia de zonificación.
8.      De otra parte, los recurrentes alegan que la Municipalidad Provincial de Pisco se encontraba impedida de aprobar el cambio de uso del terreno a una calificación I4 (industria pesada contaminante), sin la previa aprobación del INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales).

9.      El artículo 194° de la Constitución establece que las municipalidades provinciales y distritales, “tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”. Por su parte, el inciso 6) del artículo 195° estipula que los gobiernos locales son competentes para “planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones,incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial” (subrayado agregado). Finalmente, dichas disposiciones han merecido un desarrollo legislativo en materia ambiental. En efecto, el artículo 88° del Decreto Legislativo N.° 613 —Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales—establece: “La propiedad debe usarse de acuerdo con la zonificación establecida. Todo cambio de uso debe ser autorizado por el gobierno local correspondiente” (subrayado agregado).

10.  Consecuentemente, queda meridianamente claro que los cambios de zonificación son competencia exclusiva de los gobiernos locales.

§6. Labor conjunta y organizada de los órganos competentes del Estado en la preservación de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la vida.
11.  El artículo 68° de la Constitución establece que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Tal obligación implica que los actos que puedan representar un nivel de riesgo para las áreas naturales protegidas, requieran, para efectos de su aprobación, una participación conjunta de los distintos organismos estatales que tienen por función la conservación y protección de dichas áreas, de modo tal que, mediante labores preventivas, dicho riesgo quede reducido al mínimo.

12.  Sin embargo, la participación de aquellos organismos estatales no tiene, necesariamente, que presentarse en cada una de las etapas del procedimiento previo a tal aprobación, sino en el momento en que así lo dispongan las atribuciones y obligaciones particulares de cada uno de estos entes públicos encargados de la preservación del medio ambiente.

13.  Tal como se desprende de las recomendaciones adoptadas en la Quinta Conferencia RAMSAR (conferencias realizadas al amparo de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, ratificada por el Perú mediante Resolución Legislativa N.° 25353, y en cuya lista se encuentra la Reserva Nacional de Paracas), las zonas de amortiguamiento no son intangibles, puesto que es permitido que en ellas se realicen actividades, en la medida de que cuenten con el permiso previo otorgado por la autoridad competente, una vez realizada la evaluación del impacto ambiental que haya determinado que el proyecto propuesto, dentro de márgenes razonables, sea compatible con el mantenimiento de las características ecológicas de los humedales en cuestión.

14.  Así pues, dado que la actividad a ser realizada por la empresa Pluspetrol, ocupa un área terrestre y otra marítima dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas, corresponde determinar si los organismos estatales competentes, han otorgado su aprobación para la construcción tanto de la planta de fraccionamiento como del poliducto bajo el mar.

15.  El Decreto Supremo N.° 046-93-EM, que aprueba el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, establece que el inicio de cualquier actividad de hidrocarburos, está condicionado a que el responsable del proyecto presente ante el Ministerio de Energía y Minas, un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado por una empresa registrada y calificada por la Dirección General de Asuntos Ambientales del referido Ministerio. Adicionalmente, el Decreto Supremo N.° 038-2001-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas, establece que el EIA de aquellas actividades a desarrollarse en las zonas de amortiguamiento de un área natural protegida, debe contar con la opinión técnica favorable del INRENA. Finalmente, debe tenerse presente que de conformidad con lo establecido por el artículo 1° del Decreto Ley N.° 17824  —Ley de Creación del Cuerpo de Capitanías y Guardacostas—; el artículo 16° del Decreto Legislativo N.° 438 —Ley Orgánica de la Marina de Guerra del Perú—; y los artículos 2° y 6°.d de la Ley N.° 26620 —Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres—; corresponde a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, en su calidad de Autoridad Marítima, controlar y proteger el medio ambiente acuático.

16.  Pluspetrol ha acreditado que presentó el EIA, elaborado por la empresa Environmetal Resources Managemente (ERM) Perú S.A., a las respectivas autoridades competentes. Es así que con fecha 9 de julio de 2003, el INRENA emite la Opinión Técnica N.° 108-03-INRENA-OGATEIRN-UGAT, mediante la cual establece que el componente de “Terminal de Carga y Alternativa Cañería Submarina (Off-Shore) del EIA del Proyecto Planta de Fraccionamiento de LGN e Instalaciones de Carga y Alternativa Cañería y Alternativa Cañería Submarina” en Playa Lobería, Pisco, Ica, Perú, resultaría ambientalmente viable, en tanto se tomen en cuenta las medidas preventivas previstas en los numerales A a O del punto V de la Opinión Técnica, entre las que destaca: cumplir los compromisos asumidos en el EIA y su documentación complementaria; la implementación de un Plan de Vigilancia, Seguimiento y Alerta Temprana, conducido por el INRENA, con la participación de la sociedad civil y financiado íntegramente por Pluspetrol, con el objeto de monitorear la construcción y las operaciones realizadas en área terrestre y marítima de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas; entre otros. En tal sentido, queda acreditado que el INRENA autorizó que la planta de fraccionamiento se sitúe entre los kilómetros 13.4 y 15 de la carretera Pisco-Paracas, zona eriaza y desértica, en la que prácticamente no existen construcciones.

17.  De otro lado, con fecha 11 de julio de 2003, la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, expide la Resolución Directoral N.° 284-2003-EM/DGAA, mediante la cual se aprueba el EIA del Proyecto Planta de Fraccionamiento de LGN e Instalaciones de Carga y Alternativa Cañería Submarina en Playa Lobería, estableciéndose, además, la importancia de ejecutar un programa de monitoreo que permita controlar los impactos ambientales y tomar las medidas de prevención en forma oportuna, con la participación del OSINERG, INRENA y las autoridades locales.  

18.  Asimismo, con fecha 5 de enero de 2004, el Ministerio de Defensa, emite la Resolución Suprema N.° 003-2004-DE-MGP, mediante la cual resuelve “otorgar a la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., el derecho de uso de área acuática de DIEZ MIL OCHENTA Y UNO CON 73/100 METROS CUADRADOS (10,081.73 m2) para la instalación de UNA (1) Plataforma de Carga, para permitir el embarco de gas proveniente de la zona de Camisea; infraestructura a situarse a la altura del Kilómetro 14 de la carretera Pisco-Paracas, distrito de Paracas, provincia de Pisco”, estableciéndose en el artículo 6° de la resolución que “la empresa PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A., está obligada al estricto cumplimiento de las normas referentes a la protección del medio ambiente, la seguridad y salud de la vida humana, preservación de los recursos naturales, mantenimiento, ornato y presentación de la instalación acuática, aceptar las inspecciones ambientales que permitan verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos en su programa de manejo ambiental, y de otras disposiciones que establezca la Autoridad Marítima, conforme al artículo B-010112 del Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres.”

19.  Así pues, las entidades estatales especializadas, han concluido que la construcción de la planta de fraccionamiento y el poliducto que trasladará el gas, no amenazan el medio ambiente, ni constituyen un riesgo para la Reserva Nacional de Paracas, en la medida en que su funcionamiento se encuentre sometido a un estricto plan de monitoreo permanente, financiado por la empresa Pluspetrol, y en el que participen el INRENA, OSINERG, las autoridades locales, y la autoridad marítima respectiva del Ministerio de Defensa. 

20.  Las conclusiones a las que arribaron las entidades especializadas, en modo alguno han sido desvirtuadas por los demandantes, y en virtud a ellas la empresa Pluspetrol inició trabajos y realizó importantes inversiones en el territorio nacional, los cuales —según es de público conocimiento— están próximos a finalizar, llegando el gas desde la selva hasta la costa peruanas, tanto para consumo interno como  para exportación.

21.  En conclusión, este Colegiado considera que sería atentatorio de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, otorgar preeminencia a una supuesta amenaza al medio ambiente, a todas luces incierta (pues la descarta la autoridad especializada) frente a los beneficios ciertos, tanto a nivel social como económico, que depara para toda la ciudadanía, la ejecución de las obras del proyecto de Camisea.

22.  No obstante lo expuesto, este Colegiado comparte el interés de los demandantes en que la Reserva Natural de Paracas se encuentre debidamente protegida frente a la construcción y el inicio de operaciones de la planta de fraccionamiento de la empresa Pluspetrol.

Por tal motivo, resulta de vital importancia la labor que deberán realizar los representantes del Plan de Vigilancia, Seguimiento y Alerta Temprana (al que se ha hecho alusión en el fundamento 16, supra), encargados de supervisar que la empresa Pluspetrol, cumpla de forma estricta y en un tiempo razonable, con todas las medidas previstas en la Opinión Técnica N.° 108-03-INRENA-OGATEIRN-UGAT, de fecha 9 de julio de 2003, debiendo adoptarse las medidas administrativas y punitivas que fuere menester, en caso de que se acreditare una amenaza cierta e inminente, o un caso concreto de afectación al medio ambiente, por vía de la ejecución de obras o de la explotación empresarial, realizadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas.

FALLO

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución Política le confiere,

Ha resuelto

Declarar INFUNDADA la acción de inconstitucionalidad de autos.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI
BARDELLI LARTIRIGOYEN
REVOREDO MARSANO
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA

                                                                                                                                                                                                                      

 

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MINERIA Y MEDIO AMBIENTE

EXPS. ACUMULADOS N.OS 769-2002-AA/TC Y OTRO

CAJAMARCA

SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CHAUPILOMA DOS DE CAJAMARCA Y OTRA

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los 30 días del mes de enero de 2003, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Rey Terry, Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recursos extraordinarios interpuestos por Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Chaupiloma Dos de Cajamarca y Minera Yanacocha S.R.L., contra las sentencias de la Sala Mixta Descentralizada de Santa Cruz de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, de fojas 441 y 446, su fecha 31 de enero de 2002, (en ambos casos), respectivamente, que declararon improcedentes las acciones de amparo de autos.

 

ANTECEDENTES

 

Con fecha 30 de mayo de 2001, las recurrentes interponen acción de amparo contra la Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca, solicitando la inaplicabilidad de la Ordenanza Municipal N.° 001-2001-MPH-Bca., del 27 de febrero de 2001, así como el cese inmediato de los actos con los que se pretende aplicar y hacer efectiva la citada Ordenanza.

 

Sostienen que son empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos minerales, siendo titulares de concesiones mineras en la provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. Su actividad, ejercida de acuerdo con los derechos y obligaciones previstas en el artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N.° 014-92-EM, las faculta a explorar y explotar recursos minerales provenientes de yacimientos ubicados en la microcuenca del río Llaucano y sus áreas circundantes; y que, la Municipalidad demandada, excediendo sus competencias, ha expedido recientemente la Ordenanza cuestionada, publicada en el diario Panorama Cajamarquino con fecha 5 de marzo de 2001, mediante la cual ha declarado como “Zona Reservada y Protegida por la Municipalidad Provincial” la microcuenca del río Llaucano en el ámbito territorial de la provincia de Hualgayoc, así como sus áreas circundantes (artículo 4°); igualmente que la violación de dicho dispositivo se sancionará de acuerdo a las normas del Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Decreto Legislativo N.° 613 y demás disposiciones legales, y ha encargado a la Alcaldía y a la Dirección Municipal el cumplimiento de dicha norma (artículo 6°). Aducen que tal disposición resulta inconstitucional, entre otras razones porque desnaturaliza el régimen jurídico de las áreas naturales protegidas, reconocido por el artículo 68° de la Constitución, las que, por otra parte y conforme al artículo 3° de la Ley N.° 26834 (Ley de Áreas Naturales), sólo pueden ser “De Administración Nacional”, “De Administración Regional o también denominadas Áreas de Conservación Regional” y “De Conservación Privada”, existiendo adicionalmente y conforme al artículo 13° de la misma norma, las llamadas “Zonas Reservadas”; y que, a tenor del artículo 7° de la ley en mención, las autoridades competentes para la creación de las citadas áreas o zonas, son el Poder Ejecutivo, específicamente el Presidente de la República en los dos primeros casos, y el Ministro de Agricultura en los dos últimos, lo que supone, por consiguiente, que la Municipalidad carece de dicha facultad, por más nombre que le quiera otorgar. Agregan que la norma que cuestionan tiene naturaleza autoaplicativa y que vulnera sus derechos como beneficiarias de concesiones mineras, su derecho de propiedad en relación con los minerales que explotan, y su derecho a la libertad de trabajo. Minera Yanacocha añade que se trata de una norma expedida en función de las personas y no de la naturaleza de las cosas, conforme se aprecia de sus propios fundamentos.

 

El Alcalde del Concejo Provincial de Hualgayoc-Bambamarca, contesta las demandas negándolas y contradiciéndolas, sosteniendo que si bien las recurrentes tienen derechos de exploración y explotación de recursos minerales provenientes de yacimientos ubicados en la microcuenca del río Llaucano y sus áreas circundantes, dichos derechos, de conformidad con los artículos 70° de la Constitución y 923° del Código Civil, deben ejercerse en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. La demandada, alega, ha expedido la ordenanza cuestionada en aplicación de los artículos 2° y 3° de Ley Orgánica de Municipalidades –N.° 23853–,específicamente de su artículo 65°, inciso 3), que le otorga la facultad de velar por la conservación de la flora y fauna locales, y de promover, ante las entidades respectivas, las acciones necesarias para el desarrollo, aprovechamiento racional y recuperación de los recursos naturales ubicados en el territorio de su jurisdicción. Por lo tanto, no ha vulnerado derechos constitucionales, pues la Ordenanza cuestionada no pretende evitar la exploración y explotación minera, sino impedir que con dicha actividad se contaminen las aguas del río Llaucano y el espacio vital de su microcuenca, situación que se produciría en caso las recurrentes contravengan la legislación minera, el Código Penal, el Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley General de Salud y demás disposiciones legales. Agrega que si no se contamina la microcuenca del río en mención, la Ordenanza no tendría aplicación, por lo que en lo esencial se trata de una norma preventiva orientada a evitar el desastre ecológico y hasta el genocidio, del que nadie estaría libre si se produce un derrame de sustancias tóxicas, como cianuro, mercurio y otros que utilizan las mineras, teniendo en cuenta como antecedente directo lo ocurrido con la población de Choropampa.

 

A solicitud de las demandantes, se apersonan a cada uno de los procesos, el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Agricultura y el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Energía y Minas. El primero de ellos señala que conforme al artículo 68° de la Constitución Política, el Estado se encuentra obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas, mandato concordante con el artículo 37° del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, debiéndose definir la presente controversia tomando en cuenta las normas de competencia del recurrente. El segundo afirma que su sector no tiene nada que lo involucre con el petitorio de la demanda, aunque precisa que es el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales, la entidad competente para la revisión y aprobación de la evaluación ambiental que faculta al titular minero realizar labores de exploración, por lo que la Municipalidad demandada se encuentra impedida de realizar cualquier acto que afecte o limite el derecho que detentan las recurrentes.

 

El Juzgado Mixto de Hualgayoc-Bambamarca declara improcedentes las demandas interpuestas, con fechas 31 de octubre y 12 de noviembre de 2001, respectivamente. En ambos casos las resoluciones se sustentan, fundamentalmente, en que las municipalidades tienen por mandato constitucional la obligación de conservar la diversidad biológica y las áreas naturales, a fin de garantizar un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, por lo que no se debe interpretar la Ley N.° 26834 con carácter de exclusividad. Asimismo, en que el derecho de propiedad no es ilimitado, sino que debe ejercitarse en armonía con el bien común, encontrándose por encima del mismo el derecho a la vida y las relaciones del hombre con el medio en el que se desarrolla y que condicionan su existencia. Y en que la libertad de trabajo debe ejercerse en armonía con el bien común, sin afectar la moral, la salud ni la seguridad pública.

 

Las recurridas confirman las apeladas, fundamentalmente por estimar que la Ordenanza cuestionada no tiene naturaleza autoaplicativa, por lo que no viola derechos constitucionales de manera inmediata, ni existe amenaza contra los mismos, encontrándose su aplicación supeditada a actos administrativos que demuestren que las recurrentes, en el ejercicio de sus derechos, han vulnerado sus disposiciones, situación en la cual recién podrá ser eficaz la acción de garantía.

 

FUNDAMENTOS

 

1.      El objeto de los procesos constitucionales interpuestos es que se inaplique, a cada una de las empresas recurrentes, la Ordenanza Municipal N.° 001-2001-MPH-Bca., expedida con fecha 27 de febrero de 2001 por la Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca, así como se disponga el cese inmediato de los actos con los que se pretende aplicar y hacer efectiva la citada Ordenanza.

 

2.      De manera previa a la dilucidación de la controversia y tomando en consideración el sentido argumental de las resoluciones recurridas, este Colegiado considera necesario precisar que, en el caso de autos, resulta evidente el cuestionamiento a los alcances de una norma de naturaleza autoaplicativa, motivo por el que, por principio, no cabe invocar una presunta causal de improcedencia sustentada en el inciso 2), párrafo segundo, del artículo 200° de la Constitución Política del Perú. Esta consideración, por lo demás,  se sustenta en que la Ordenanza cuestionada, particularmente en sus artículos cuarto y sexto, establece un régimen de obligaciones y prerrogativas que no necesita por si mismo de ningún acto concreto de aplicación, sino que inobjetablemente opera, de forma automática, desde el instante mismo en que se acepta el establecimiento de una zona reservada y protegida a cuyos condiciones se sujetan las recurrentes. Por consiguiente y al ser ésta la situación jurídica de la demandada frente a las demandantes, no opera la prohibición de procedencia del amparo contra normas, sino su  habilitación, a fin de determinar si, en efecto, existe o no vulneración de los derechos invocados, criterio que por lo demás resulta compatible con jurisprudencia precedente emitida por este Colegiado.

 

3.      Las recurrentes sostienen que la Ordenanza Municipal N.° 001-2001-MPH-Bca, expedida por la Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca, declara Zona Reservada y Protegida por la Municipalidad Provincial la microcuenca del río Llaucano y sus áreas circundantes, amenazando con ello sus derechos de propiedad y de libertad de trabajo. Objetan, sobre todo, la legalidad de dicha norma, por una presunta incompetencia de la demandada para emitirla, y refutan, también, su carácter inconstitucional.

 

4.      Las  áreas naturales protegidas son los espacios continentales y/o marinos del territorio nacional que se encuentran reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado. Dicha condición surge por su importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados con el interés cultural, paisajístico y científico, amén de su contribución al desarrollo sostenible del país. La declaración de área natural protegida implica su constitución como patrimonio de la nación y que sea objeto de dominio público, lo que genera que la propiedad no puede ser transferida a particulares. En ese orden de ideas, la declaración de área natural tiene por propósitos:

 

a)            Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos dentro de áreas suficientemente extensas y representativas de cada una de las unidades ecológicas del país; mantener muestras de los distintos tipos de comunidad natural, paisajes y formas fisiográficas, en especial de aquellos que representen la diversidad única y distintiva del país;  evitar la extinción de especies de flora y fauna, en especial aquellas de distribución restringida o amenazadas, así como impedir la pérdida de la diversidad genética; mantener y manejar los recursos de la flora silvestre, de modo que aseguren una producción estable sostenible; manejar los recursos de la fauna, incluidos los recursos hidrobiológicos, para la producción de alimentos y como base de actividades económicas, incluyendo las recreativas y deportivas.

 

b)      Mantener  la  base  de  recursos,  incluyendo  los genéticos,  que permita  desarrollar opciones para mejorar los sistemas productivos, encontrar adaptaciones frente a eventuales cambios climáticos perniciosos y servir de sustento para investigaciones científicas, tecnológicas e industriales; e igualmente en lo relativo a las condiciones funcionales de las cuencas hidrográficas, de modo que se asegure la captación, flujo y calidad de las aguas, y se controle la erosión y sedimentación; proporcionar medios y oportunidades para actividades educativas, así como para el desarrollo de la investigación científicas; proporcionar oportunidades para el monitoreo del estado del ambiente, oportunidades para la recreación y el esparcimiento al aire libre, así como para un desarrollo turístico basado en las características naturales y culturales del país; mantener el entorno natural de los recursos culturales, arqueológicos e históricos ubicados en su interior; restaurar ecosistemas deteriorados.

 

c)      Proteger, cuidar o mejorar  sitios  de  reproducción o de refugio, rutas de migración, fuentes de  agua o de alimento en épocas críticas, sitios frágiles, monumentos y sitios históricos en coordinación con las autoridades competentes; conservar formaciones geológicas y geomorfológicas, y asegurar la continuidad de los servicios ambientales que prestan.   

 

Las áreas naturales protegidas y que pudieran eventualmente ser afectadas por las labores de explotación minera, a las cuales se refiere el artículo 22° de la Ley N.°  26834, constituyen en conjunto el denominado Sistema Nacional de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), a cuya gestión se encuentran integrados el Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos  Locales, entre otros.

Dicho Sistema se complementa con las Áreas de Conservación Regional, las Áreas de Conservación Privadas y las Áreas de Conservación Municipal.

 

En ese contexto, es pertinente admitir que el artículo 78° del Decreto Supremo N.° 038-2001-AG expresamente establece que los Gobiernos Locales pueden determinar, sobre la base de sus planes de ordenamiento territorial y en el exclusivo ámbito de su competencia y jurisdicción, las áreas destinadas a complementar las acciones de conservación de la diversidad biológica, de recreación y educación a la población de su jurisdicción, siempre que no estén comprendidas en los ámbitos de las Áreas Naturales Protegidas, pudiendo iniciar un procedimiento que debe culminar con la inscripción del Área de Conservación Municipal en el registro de la materia, a cargo del Instituto de Recursos Naturales (INRENA). Cabe precisar que dicha  inscripción sólo puede ser denegada en caso de que exista reserva del Estado o no se cuente con el consentimiento de los titulares de derechos exclusivos o excluyentes. 

  

5.      A mayor abundamiento, el artículo 191° de la Constitución establece que las municipalidades provinciales  y  distritales son órganos de gobierno local, y como tales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Por su parte, el inciso 3) del artículo 65° de la Ley N.° 23853, Orgánica de Municipalidades (vigente en el momento de planteados los hechos), contempla, como una de las funciones de dichas entidades, velar por la conservación de la flora y fauna locales y promover ante las autoridades respectivas las acciones necesarias para el desarrollo, aprovechamiento racional y recuperación de los recursos naturales ubicados en el territorio de su jurisdicción.

 

6.      El  Tribunal  Constitucional   considera   que  si   bien  es cierto que  las municipalidades carecen de facultades para crear una Zona Reservada Protegida  Provincial, también lo es que sí pueden establecer la creación de Áreas de Conservación Municipal, a tenor del artículo 78° y siguientes del Decreto Supremo N.° 038-2001-AG, siempre que tal decisión sea complementada con las acciones administrativas respectivas ante el Instituto de Recursos Naturales (INRENA).

 

7.      El artículo 66° de  la Constitución establece  que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación, y que el Estado es soberano en su aprovechamiento. Además, dispone que por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y otorgamiento a particulares, y que la concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.

 

8.      El   artículo  1° de  la  Ley  Orgánica   para  el   Aprovechamiento   Sostenible   de   los Recursos Naturales, N.° 26821,establece las condiciones y las modalidades de otorgamiento a particulares, en cumplimiento del mandato contenido en los artículos 66° y 67° de la Constitución. Asimismo, el artículo 19° dispone que los derechos para el aprovechamiento de los recursos naturales se otorgan a los particulares mediante las modalidades que se establecen en las leyes especiales para cada recurso natural.

 

9.      El   artículo  9°  de   Ley  General  de  Minería,   cuyo  Texto  Único  Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo N.° 014-92 EM, señala que la concesión minera otorga a su titular el derecho a la exploración y explotación de los recursos minerales concedidos, y que dicha titularidad no le confiere la calidad de propietario del suelo en el cual se encuentran ubicados los yacimientos. La propiedad, según definición del artículo 923° del Código Civil, es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien, y debe ejercerse en armonía con el interés social.

 

10.  En  consecuencia,  no  se advierte que en la Ordenanza Municipal N.° 001-2001-MPH-Bca. exista algún tipo de suspensión o limitación de los derechos de las recurrentes como concesionarias de los yacimientos mineros en los que vienen realizando sus actividades exploratorias, lo cual, además, no podría ocurrir, en virtud no sólo de lo dispuesto en el artículo 103° de la Constitución, que consagra que ninguna ley tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece al reo, sino también de acuerdo con lo estipulado en el artículo 54°, segundo párrafo, del Decreto Legislativo N.° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, y en el artículo  47° del Decreto Legislativo N.° 708, Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero, que señalan que el establecimiento de áreas naturales protegidas no tiene efectos retroactivos ni afecta los derechos adquiridos con anterioridad a la creación de las mismas.

 

11.  Tampoco se aprecia vulneración del derecho a la libertad de trabajo, por cuanto, como se ha expuesto en el fundamento precedente, la demandada en ningún momento ha realizado algún acto que pudiera suponer la suspensión de las licencias o autorizaciones con que cuentan las demandantes en su calidad de concesionarias de los derechos mineros de los que son titulares, o que se esté amenazando la continuidad de sus actividades mineras. En consecuencia, este Tribunal declara que las empresas recurrentes tienen expedito su derecho a realizar las labores de prospección y exploración sobre las concesiones otorgadas en su favor, aunque teniendo en cuenta que el derecho a la libertad de trabajo se ejerce con sujeción a la ley. Y, ante la eventualidad de que, posteriormente, la actividad minera de explotación pudiera provocar daños  intolerables en el ambiente y, lo más importante,  afectar la vida y salud física de las poblaciones aledañas a la cuenca del río Llaucano, se debe realizar, previamente a la explotación, un completo estudio de impacto ambiental, cuya ejecución esté a cargo de empresas o instituciones debidamente certificadas, que ofrezcan absoluta imparcialidad y cuenten con las autorizaciones gubernamentales que la ley exige.

 

La autoridad estatal encargada de solicitar y aprobar los estudios de impacto ambiental vinculados a las labores de explotación, deberá exigir no sólo el cumplimiento de las pautas generales previstas en el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, sino que, además, consignará otras a seguir que sean necesarias para la defensa de los derechos fundamentales y demás bienes que la Constitución reconoce y defiende, para lo cual solicitará la opinión de las municipalidades correspondientes.

       

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

 

FALLA

REVOCANDO las recurridas que, confirmando las apeladas, declararon improcedentes las demandas; y, reformándolas, las declara INFUNDADAS, integrándose al presente fallo el Fundamento N.° 11 supra. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.

 

SS.

 

REY TERRY

REVOREDO MARSANO

GARCÍA TOMA

 

 

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MEDIO AMBIENTE MARCO LEGISLATIVO NACIONAL PERU 2015

 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1013

Aprueban Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente

DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-MINAM

 

 

Organismos Públicos Adscritos

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI

Ley del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI

LEY Nº 24031

Aprueban Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

DECRETO SUPREMO Nº 005-85-AE

Adscríbase el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, como organismo público ejecutor, al Ministerio del Ambiente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1013

Instituto Geofísico del Perú - IGP

Ley del Instituto Geofísico del Perú

DECRETO LEGISLATIVO Nº 136

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Instituto Geofísico del Perú

DECRETO SUPREMO Nº 001-2015-MINAM

Adscríbase el Instituto Geofísico del Perú - IGP, como organismos público ejecutor, al Ministerio del Ambiente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1013

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

 

Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1013

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas- SERNANP

Créase el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE)

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1013

Aprueban Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado - SERNANP

DECRETO SUPREMO N° 006-2008-MINAM

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP

Ley del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana

LEY Nº 23374

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP, adscrito al Ministerio del Ambiente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1013

Fusiones

Consejo Nacional del Ambiente - CONAM

Ley del Consejo Nacional del Ambiente

LEY Nº 26410

Apruébase la fusión del Consejo Nacional del Ambiente - CONAM - en el Ministerio del Ambiente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1013

Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del INRENA

Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Recursos Naturales

DECRETO SUPREMO Nº 002-2003-AG

Fusionan en el INRENA diversas Direcciones y Unidades del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos - CONACS

DECRETO SUPREMO N° 012-2007-AG

Apruébase la fusión de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del INRENA con el Servicio Nacional de Areas Protegidas del Ministerio del Ambiente, siendo este último el ente incorporante.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1013

Aprueban fusión del INRENA e INADE en el Ministerio de Agricultura, siendo éste último el ente absorbente

DECRETO SUPREMO Nº 030-2008-AG

 

 

 

NORMAS DE CARACTER GENERAL

Ley General del Ambiente

LEY N° 28611

Ley de creación del Fondo Nacional del Ambiente

LEY N° 26793

Aprueban Marco Estructural de Gestión Ambiental (MEGA)

DECRETO DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 001-97-CD-CONAM

Ley marco del sistema nacional de gestión ambiental

LEY Nº 28245

Aprueban Reglamento de la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental

DECRETO SUPREMO Nº 008-2005-PCM

Aprueban la Guía de Auditoría Ambiental Gubernamental y sus primeros tres apéndices

RESOLUCION DE CONTRALORIA Nº 470-2008-CG

Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental

LEY Nº 27446

Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental

LEY Nº 29325

Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del artículo 149 de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente

DECRETO SUPREMO N° 009-2013-MINAM

Aprueba la Política Nacional del Ambiente

DECRETO SUPREMO Nº 012-2009-MINAM

Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

DECRETO SUPREMO N° 019-2009-MINAM

Aprueban Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

DECRETO SUPREMO Nº 022-2009-MINAM

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales

DECRETO SUPREMO Nº 002-2009-MINAM

Crean el “Premio a la Investigación Ambiental”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 245-2010-MINAM

Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

DECRETO SUPREMO Nº 009-2013-MINAGRI

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la prioritaria ejecución de la Modernización de la Refinería de Talara para asegurar la preservación de la calidad del aire y la salud pública y adopta medidas para fortalecer el gobierno corporativo de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

LEY N° 30130

Establecen Régimen de Incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental a fin de promover las prácticas empresariales para prevenir y reducir en mayor medida los impactos negativos en el ambiente

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 167-2014-MINAM

 

 

 

NORMATIVIDAD SECTORIAL

General

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada

DECRETO LEGISLATIVO Nº 757 (T.VI De la Seguridad Jurídica en la Conservacion del Medio Ambiente)

Ambiente

 

Aprueban Directiva para fortalecer el desempeño de la gestión ambiental sectorial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 018-2012-MINAM

Aprueban Cuadro de Tipificación de Infracciones Ambientales y Escala de Multas y Sanciones aplicables a la Gran y Mediana Minería respecto de Labores de Explotación, Beneficio, Transporte y Almacenamiento de Concentrados de Minerales

DECRETO SUPREMO N° 007-2012-MINAM

Agricultura

Ley Forestal y de Fauna Silvestre

LEY Nº 29763

Ley Forestal y de Fauna Silvestre

LEY N° 27308

Aprueban el Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE)

DECRETO SUPREMO Nº 087-2004-PCM

Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Sanidad Agraria

DECRETO LEGISLATIVO N° 1059

Ley de Recursos Hídricos

LEY Nº 29338

Aprueban Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario

DECRETO SUPREMO Nº 019-2012-AG

Biocombustible

Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles

LEY N° 28054

Reglamento de la Ley de Promoción de Mercado de Biocombustibles

DECRETO SUPREMO N° 013-2005-EM (Título II, Capítulo II Promoción de Cultivos para Biocombustibles)

Aprueban Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles

DECRETO SUPREMO N° 021-2007-EM (Art. 14)

Educación

Ley General de Educación

LEY Nº 28044 (Art. 8, incs. a) y g) y Art. 9, inc. b)

Aprueban Política Nacional de Educación Ambiental

DECRETO SUPREMO N° 017-2012-ED

Defensa

Decreto Legislativo que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1147

Aprueban Directiva General “Participación de las Fuerzas Armadas en la Conservación del Ambiente, la Biodiversidad y el Uso Sostenible de los Recursos Naturales”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 411-2012-DE-SG

Electricidad

Ley de Concesiones Eléctricas

DECRETO LEY Nº 25844

Aprueban el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas

DECRETO SUPREMO Nº 29-94-EM

Decreto Legislativo que promueve la inversión en la actividad de generación eléctrica con recursos hídricos y con otros recursos

DECRETO LEGISLATIVO N° 1058

Aprueban el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

DECRETO SUPREMO N° 001-2012-MINAM

Gas Natural

Aprueban Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado mediante D.S. Nº 042-99-EM

DECRETO SUPREMO Nº 040-2008-EM (Título VI Protección Ambiental)

 

Hidrocarburos

Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos

DECRETO SUPREMO Nº 042-2005-EM

Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos

DECRETO SUPREMO N° 052-93-EM

Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos

DECRETO SUPREMO N° 26-94-EM

Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos

DECRETO SUPREMO N° 032-2004-EM (Título II, Capítulo IV Ambiente)

Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos

DECRETO SUPREMO Nº 081-2007-EM (T. IX Protección Ambiental)

Aprueban el Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y modifican diversas disposiciones

DECRETO SUPREMO Nº 043-2007-EM

Aprueban Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos

DECRETO SUPREMO Nº 012-2008-EM

Establecen Límites Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos

DECRETO SUPREMO Nº 037-2008-PCM

Aprueban Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos

DECRETO SUPREMO N° 039-2014-EM

Industria

Aprueban el Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera

DECRETO SUPREMO N° 019-97-ITINCI

Aprueban el Régimen de Sanciones e Incentivos del Reglamento de Protección Ambiental para el desarrollo de Actividades en la Industria Manufacturera

DECRETO SUPREMO Nº 025-2001-ITINCI

Ley que Promueve el Desarrollo de Parques Industriales Tecno-Ecológicos

LEY Nº 30078

Producción

Ley General de Pesca

DECRETO LEY Nº 25977

Aprueban el Reglamento de la Ley General de Pesca

DECRETO SUPREMO Nº 012-2001-PE (T. VII De la Protección del Medio Ambiente)

Ley sobre límites máximos de captura por embarcación

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1084

Aprueban Protocolo para el Monitoreo de Emisiones Atmosféricas y de Calidad de Aire de la Industria de la Harina de Aceite de Pescado y Harina de Residuos Hidrobiológicos

RESOLUCION MINISTERIAL N° 194-2010-PRODUCE

Decreto Supremo que establece medidas para la conservación del Recurso Hidrobiológico

DECRETO SUPREMO N° 008-2012-PRODUCE

 

 

 

Minería

Aprueban el Texto Unico Ordenado de la Ley General de Minería

DECRETO SUPREMO N° 014-92-EM (Título Décimo Quinto Medio Ambiente)

Ley que regula el cierre de minas

LEY N° 28090

Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera

LEY Nº 28271

Aprueban Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera

DECRETO SUPREMO Nº 059-2005-EM

Aprueban el Reglamento para el Cierre de Minas

DECRETO SUPREMO Nº 033-2005-EM

Aprueban Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera

DECRETO SUPREMO Nº 020-2008-EM

Decreto Legislativo que precisa la regulación minera ambiental de los depósitos de almacenamiento de concentrados de minerales

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1048

Aprueban el Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero

DECRETO SUPREMO N° 028-2008-EM

Aprueban Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector Minero

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 304-2008-MEM-DM

Aprueban el Sistema de Evaluación Ambiental en Línea - SEAL para la presentación, evaluación y otorgamiento de Certificación Ambiental para la mediana y gran minería

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 270-2011-MEM-DM

Decreto Legislativo que establece medidas para el fortalecimiento de la fiscalización ambiental como mecanismo de lucha contra la minería ilegal

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1101

Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero

DECRETO SUPREMO N° 040-2014-EM

 

 

Salud

Ley General de Salud

LEY Nº 26842

Telecomunicaciones

Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones

DECRETO SUPREMO Nº 013-93-TCC (Título II, Capítulo II  Espectro de Frecuencias  Radioeléctricas o Espectro Radioléctrico)

Aprueban Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones

DECRETO SUPREMO Nº 020-2007-MTC (Título VIII Del Espectro Radioeléctrico)

Turismo

Ley General de Turismo

LEY Nº 29408

Aprueban Política Ambiental del Sector Turismo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 195-2006-MINCETUR-DM

Transporte

Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos

LEY Nº 28256

Ley del Sistema Portuario Nacional

LEY N° 27943 (Art. 34 Protección del medio ambiente)

Aprueban el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos

DECRETO SUPREMO N° 021-2008-MTC

Aprueban Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional

DECRETO SUPREMO N° 003-2004-MTC (Capítulo VI, Subcapítulo III Protección del Medio Ambiente)

VIVIENDA

Incorporan dentro de la estructura y funciones del Ministerio de Vivienda el Programa Protección Ambiental y Ecología Urbana

DECRETO SUPREMO Nº 062-83-VI

 

 

 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS

Ley de Areas Naturales Protegidas

LEY N° 26834

Aprueban el Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas

DECRETO SUPREMO Nº 038-2001-AG

Crean el Fondo Nacional para Areas Naturales Protegidas por el Estado - FONANPE

DECRETO LEY Nº 26154

Aprueban el Reglamento del D.L. Nº 26154 mediante el cual se crea el Fondo Nacional para Areas Naturales protegidas por el Estado FONANPE

DECRETO SUPREMO Nº 024-93-AG

Aprueban montos que corresponden al derecho de ingreso a las Areas Naturales Protegidas por el Estado -ANPES

RESOLUCION JEFATURAL Nº 098-98-INRENA-J

Aprueban el Plan Director de las Areas Naturales Protegidas

DECRETO SUPREMO Nº 010-99-AG

Decreto Legislativo que establece medidas que garanticen el patrimonio de las áreas naturales protegidas

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1079

Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1079 que Establece Medidas que Garanticen el Patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas

DECRETO SUPREMO N° 008-2008-MINAM

Aprueban Directiva para la aplicación del D. Leg. Nº 1079 y su Reglamento sobre medidas para garantizar el patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas

RESOLUCION Nº 177-2009-SERNANP

Establecen disposiciones para la elaboración de los Planes Maestros de las Áreas Naturales Protegidas

DECRETO SUPREMO N° 008-2009-MINAM

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador por afectación a las Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional

DECRETO SUPREMO Nº 019-2010-MINAM

Aprueban las "Disposiciones Complementarias al Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas en materia de Contratos de Administración"

RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 097-2011-SERNANP

Aprueban procedimiento para la determinación de las medidas cautelares a imponer en el marco del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador por Afectación a las Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional

RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 115-2011-SERNANP

 

 

 

 

REGIMEN DE LA FLORA Y FAUNA

Ver Acápite VIII del Compendio Agrario

 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE

Ley General del Ambiente

LEY N° 28611, Título III, Cap. I (Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales)

Ley de Areas Naturales Protegidas

LEY Nº 26834

Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales

LEY Nº 26821

Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica

LEY Nº 26839

Ley de Aprovechamiento sostenible de las Plantas Medicinales

LEY Nº 27300

Ley Forestal y de Fauna Silvestre

LEY Nº 29763

Ley Forestal y de Fauna Silvestre

LEY N° 27308

Aprueban el Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre

DECRETO SUPREMO Nº 014-2001-AG

Aprueban Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biósfera del Noroeste 2001-2010

RESOLUCION JEFATURAL Nº 134-2001-INRENA

Aprueban el Reglamento de la Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica

DECRETO SUPREMO Nº 068-2001-PCM

Aprueban el Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas

DECRETO SUPREMO Nº 038-2001-AG

Decreto Legislativo que establece medidas que garanticen el patrimonio de las áreas naturales protegidas

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1079

Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1079 que Establece Medidas que Garanticen el Patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas

DECRETO SUPREMO N° 008-2008-MINAM

Ley de Recursos Hídricos

LEY Nº 29338

Declaran de interés nacional la protección de la calidad del agua en las fuentes naturales y sus bienes asociados

DECRETO SUPREMO Nº 007-2010-AG

 

 

 

CONSERVACION

Crean en el Sector Público Agrario el "Programa Nacional de Manejo de Cuencas y Conservación de Suelos"

DECRETO SUPREMO Nº 002-88-AG

Reconocen a la Sociedad Zoológica del Perú, como entidad no lucrativa, con fines de conservación de la fauna silvestre nacional

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0176-86-MIPRE

Declaran de preferente interés de la Nación Peruana la elaboración de una Estrategia Nacional para la Conservación

DECRETO SUPREMO Nº 036-89-PCM

Aprueban el Reglamento de Conservación de Orquídeas

DECRETO SUPREMO Nº 0052-91-AG

Declaran de interés nacional la promoción, conservación, desarrollo, mejoramiento y aprovechamiento de los camélidos  sudamericanos  y crean el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos

DECRETO SUPREMO N° 026-92-AG

Reclaran a delfines y otros mamíferos marinos como especies legalmente protegidas

LEY Nº 26585

Reglamento para la Protección y Conservación de los Cetáceos Menores

DECRETO SUPREMO N° 002-96-PE

Establecen condiciones ambientales y de cuidado para el adecuado mantenimiento y bienestar de los cetáceos menores en cautiverio

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 588-96-PE

Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica

LEY Nº 26839

Determinan que el CONAM es la instancia de coordinación intersectorial sobre conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica

DECRETO SUPREMO Nº 038-98-PCM

Establecen el "Premio Anual INRENA a la Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales"

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0602-98-AG

Aprueban lineamientos generales para la elaboración de los Programas Anuales de Fiscalización de las Normas de Seguridad e Higiene Minera y de Protección y Conservación del Ambiente

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 128-2001-EM-DGM

Dictan medidas para la conservación y preservación de aguas subterráneas a nivel nacional

DECRETO SUPREMO N° 025-2007-AG

Crean el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático

DECRETO SUPREMO Nº 008-2010-MINAM

Aprueban el “Manual de Procedimientos: Para la Implementación del Esquema de Transferencias Directas Condicionadas del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático” del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático - “Conservación de Bosques”

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 147-2011-MINAM

Aprueban Directiva que establece los “Lineamientos para la Aplicación del Procedimiento Administrativo Sancionador para las Áreas de Conservación Privadas”

RESOLUCION Nº 123-2011-SERNANP

Aprueban Disposiciones Complementarias para el Reconocimiento de las Áreas de Conservación Privada

RESOLUCION Nº 199-2013-SERNANP

 

 

 

ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA) Y LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (LMP)

Normas de Carácter General

Aprueban el Procedimiento para la aprobación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) de Contaminación Ambiental

DECRETO SUPREMO N° 033-2007-PCM

Aprueban Plan de Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximo Permisibles para el Año Fiscal 2009

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 121-2009-MINAM

Aprueban Plan de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) para el período 2012-2013

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 225-2012-MINAM

 

 

Aire

Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Aire

DECRETO SUPREMO N° 003-2008-MINAM

 

 

Agua

Aprueban los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua

DECRETO SUPREMO N° 002-2008-MINAM

Aprueban Disposiciones para la implementación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua

DECRETO SUPREMO Nº 023-2009-MINAM

 

 

Efluentes

Aprueban los niveles máximos permisibles para efluentes líquidos minero-metalúrgicos

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 011-96-EM-VMM

Establecen Límites Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos

DECRETO SUPREMO Nº 037-2008-PCM

Aprueba Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales

DECRETO SUPREMO Nº 003-2010-MINAM

Aprueban Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes líquidos de Actividades Minero - Metalúrgicas

DECRETO SUPREMO Nº 010-2010-MINAM

 

 

Emisiones Gaseosas y Partículas

Arueban niveles máximos permisibles de elementos y compuestos presentes en emisiones gaseosas provenientes de las unidades minero-metalúrgicas

RESOLUCION MINISTERIAL N° 315-96-EM-VMM

Aprueban propuesta de Límites Máximos Permisibles (LMP) de Emisiones Gaseosas y Partículas del Subsector Electricidad

DECRETO DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 004-2007-CONAM-CD

Aprueban la Propuesta de Límites Máximos Permisibles de emisiones gaseosas y partículas para el Sub-sector Hidrocarburos

RESOLUCION Nº 200-2007-CONAM-PCD

 

 

Industria

Aprueban Límites Máximos Permisibles y Valores Referenciales para las actividades industriales de cemento, cerveza, curtiembre y papel

DECRETO SUPREMO Nº 003-2002-PRODUCE

Aprueban la Propuesta de Límites Máximos Permisibles de emisiones para las actividades industriales de papel y cemento y para calderas de vapor de uso industrial

RESOLUCION Nº 201-2007-CONAM-PCD

Límites Máximos Permisibles (LMP) para la Industria de Harina y Aceite de Pescado y Normas Complementarias

DECRETO SUPREMO Nº 010-2008-PRODUCE

Aprueban el documento “Guía para la actualización del Plan de Manejo Ambiental para que los titulares de los establecimientos industriales pesqueros alcancen el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles aprobados por Decreto Supremo Nº 010-2008-PRODUCE”

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 181-2009-PRODUCE

Aprueba Límites Máximos Permisibles para las emisiones de la Industria de Harina y Aceite de Pescado y Harina de Residuos Hidrobiológicos

DECRETO SUPREMO Nº 011-2009-MINAM

 

 

Plomo

Establecen valor anual de concentración de plomo

DECRETO SUPREMO Nº 069-2003-PCM

 

 

Radiaciones No Ionizantes

Establecen Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones

DECRETO SUPREMO N° 038-2003-MTC

Aprueban Directiva sobre Procedimiento de Supervisión y Control de Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 610-2004-MTC-03

Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) para Radiaciones No lonizantes

DECRETO SUPREMO Nº 010-2005-PCM

 

 

Suelo

Aprueban propuesta de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo

RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 199-2007-CONAM-PCD

Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo

DECRETO SUPREMO Nº 002-2013-MINAM

 

 

Vehículos

Establecen Límites Máximos Permisibles de emisiones contaminantes para vehículos automotores que circulen en la red vial

DECRETO SUPREMO Nº 047-2001-MTC

Establecen procedimiento para homologación y autorizacion de equipos a utilizarse en el control oficial de Límites Máximos Permisibles de emisión de contaminantes para vehículos automotores

DECRETO SUPREMO Nº 007-2002-MTC

Aprueban homologación de equipos para el control de límites máximos permisibles de emisiones contaminantes de vehículos

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 008-2002-MTC-15.23

Aprueban homologación de equipos para el control de los Límites Máximos Permisibles de emisiones contaminantes de vehículos

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 009-2002-MTC-15.23

Homologan equipo analizador de gases de escape a utilizarse en el Control Oficial de Límites Máximos Permisibles de Emisión de Contaminantes para Vehículos Automotores

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 019-2003-MTC-16

 

 

 

CONTAMINACIÓN

Se toman previsiones con el fin de que se cuente en el país, con los materiales necesarios para combatir la contaminación en el mar

RESOLUCION SUPREMA Nº 490-84-MA-MM

Reglamento Nacional del Anexo I (Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos)

DECRETO SUPREMO Nº 008-86-MA

Fijan como niveles máximos permitidos de contaminación radioactiva referida a cesio 134 más cesio 137 en varios alimentos importados

DECRETO SUPREMO N° 021-87-SA

Fijan monto mínimos de responsabilidad civil por contaminación para las naves peruanas y extranjeras que se dediquen al transporte de hidrocarburos

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 0051-96-DCG

Aprueban Informe Especial sobre contaminación ambiental producida por los humos expelidos por vehículos de transporte público urbano en la ciudad de Arequipa

RESOLUCION DEFENSORIAL N° 019-DP

Aprueban Normas para la Prevención y Control de la Contaminación por Aguas Sucias procedentes de Buques

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 0069-98-DCG

Disponen el cumplimiento obligatorio del Código Internacional de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y la Prevención de la Contaminación

RESOLUCION DIRECTORAL N° 001-98-DCG

Aprueban "Normas para Prevenir y Controlar la Contaminación por Basuras procedentes de Buques"

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 0510-99-DCG

Aprueban el Reglamento de los Niveles de Estados de Alerta Nacionales para Contaminantes de Aire

DECRETO SUPREMO N° 009-2003-SA

Aprueban Directiva para la aplicación del Reglamento de los Niveles de Estados de Alerta Nacionales para Contaminación del Aire

DECRETO DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 015-2005-CONAM-CD

Aprueban el “Plan Nacional de Participación Social y Compromiso Multisectorial para Fortalecer la Gestión Ambiental y reducir la Morbi-Mortalidad relacionada a la Contaminación por Plomo y Otros Metales Pesados”

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 535-2005-MINSA

Aprueban la "Guía de Prevención de la contaminación para la Industria Manufacturera"

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 198-2006-PRODUCE

Disposiciones relativas a productos químicos que se utilizan como dispersantes, absorbentes o aglutinantes para controlar contaminación por hidrocarburos en el ámbito acuático

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 757-2004-DCG

Ley que Establece Plazos para la Elaboración y Aprobación de Estándares de Calidad Ambiental y de Límites Máximos Permisibles de Contaminación Ambiental

LEY N° 28817

Aprueban el Procedimiento para la aprobación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) de Contaminación Ambiental

DECRETO SUPREMO N° 033-2007-PCM

Establecen la Estrategia Sanitaria Nacional de Atención a Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 425-2008-MINSA

Aprueban normas para la prevención de la contaminación atmosférica ocasionada por buques, el Documento de Cumplimiento y el Cuadernillo de Construcción y Equipo

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 0024-2010-DCG

Aprueban procedimientos para elaboración, aprobación y actualización de los Planes de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos y/o sustancias nocivas líquidas

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 1072-2011-DCG-MGP

Aprueban el “Código de Gestión de Seguridad y Protección Ambiental para Plataformas Marinas de operaciones con Hidrocarburos”

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 1417-2011-DCG

 

 

 

CAMBIO CLIMATICO

Crean la Comisión Nacional sobre los Cambios Climáticos

RESOLUCION SUPREMA Nº 359-93-RE

Aprueban el Código de Buenas Prácticas en Refrigeración, que deberá ser aplicado por quienes brinden servicios de reparación y mantenimiento en el área de refrigeración y aire acondicionado

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 241-2001-ITINCI-DM

Eliminan exigencia de certificación sobre la no operación o uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono para equipos de aire acondicionado que forman parte de vehículos que ingresen al país

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 050-2002-ITINCI-DM

Constituyen “Grupo Nacional de Trabajo para la evaluación de la Información científica, técnica y socioeconómica sobre el Cambio Climático” (GNTICC)

RESOLUCION SUPREMA Nº 042-2003-RE

Aprueban la Estrategia Nacional sobre Cambio Climático

DECRETO SUPREMO Nº 086-2003-PCM

Constituyen Grupo de Trabajo Técnico de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático

RESOLUCION MINISTERIAL N° 0647-2008-AG

Precisan denominación de la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático y adecúan su funcionamiento a las disposiciones del D. Leg. Nº 1013 y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

DECRETO SUPREMO Nº 006-2009-MINAM

Ratifican Acuerdo con la Confederación Suiza relativo al “Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC)” Fase del 1 de febrero de 2009 al 31 de enero de 2012

DECRETO SUPREMO Nº 031-2010-RE

Crean el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático

DECRETO SUPREMO Nº 008-2010-MINAM

Plan de acción de adaptación y mitigación frente al cambio climático

R.M. N° 238-2010-MINAM

 

 

 

 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES

Sujetando a las disposiciones de control a las fábricas o talleres que por su naturaleza en sus operaciones contaminen la atmósfera, playas, ríos, etc., a fin de evitar los efectos nocivos del caso.

LEY Nº 14084

Aprueban el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas

DECRETO SUPREMO Nº 29-94-EM

Aprueban el Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera

DECRETO SUPREMO N° 019-97-ITINCI

Disponen que las empresas industriales manufactureras se adecuen a las normas de protección ambiental a ser aprobadas por el MITINCI

DECRETO SUPREMO Nº 001-97-ITINCI

Aprueban el Reglamento para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola

DECRETO SUPREMO Nº 016-2000-AG

Aprueban la Guía de Matriz de Riesgo Ambiental a que se refiere el "Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera"

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 133-2001-ITINCI-DM

Aprueban el Régimen de Sanciones e Incentivos del Reglamento de Protección Ambiental para el desarrollo de Actividades en la Industria Manufacturera

DECRETO SUPREMO Nº 025-2001-ITINCI

Aprueban Guía de Participación Ciudadana para la Protección Ambiental en la Industria Manufacturera

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 027-2001-MITINCI-DM

Aprueban Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos

DECRETO SUPREMO N° 039-2014-EM

 

 

 

MATERIALES Y RESIDUOS

Ley General de Residuos Sólidos

LEY Nº 27314

Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos

DECRETO SUPREMO N° 057-2004-PCM

Prohiben el ingreso al territorio nacional de toda clase de Residuos, Desperdicios o cualquier otro material de desecho, así como de naturaleza radioactiva

DECRETO SUPREMO Nº 036-88-SA

Dictan normas técnicas a fin de prevenir y controlar la descarga de residuos, mezclas oleosas y otros en el área marítima por parte de las plataformas fijas o flotantes

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0238-95-DCG

Lineamientos para el desarrollo de estudios de impacto ambiental, relacionados con los efectos que pudiera causar la evacuación de residuos por tuberías a los cuerpos de agua

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 0052-96-DCG

Aprueban publicar Guías Ambientales para el Manejo de Problemas de Ruido y Estabilidad de Taludes de Depósitos de Residuos Sólidos Provenientes de Actividades Mineras

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 034-98-EM-DGAA

Aprueban diversas disposiciones relativas a la recepción y disposición de residuos de mezclas oleosas, aguas sucias y basuras

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 0766-2003-DCG

Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos

LEY Nº 28256

Aprueban Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos

DECRETO DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº 004-2005-CONAM-CD

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del procesamiento de descartes y/o residuos de recursos hidrobiológicos

DECRETO SUPREMO Nº 005-2011-PRODUCE

Aprueban Informe Defensorial Nº 125 “Pongamos la basura en su lugar. Propuestas para la gestión de residuos sólidos municipales”

RESOLUCIÓN DEFENSORIAL Nº 056-2007-DP

Aprueban el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos

DECRETO SUPREMO N° 021-2008-MTC

Aprueban “Norma Técnica de Salud que guía el manejo selectivo de residuos sólidos por segregadores”

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 702-2008-MINSA

Aprueban el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

DECRETO SUPREMO N° 001-2012-MINAM

Aprueban Norma Técnica de Salud “Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo”

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 554-2012-MINSA

Aprueban Reglamento de Manejo de los Residuos Sólidos del Sector Agrario

DECRETO SUPREMO Nº 016-2012-AG

Aprueban el Anexo CME 22 de la R.D. Nº 008-2012-EF-63.01 e Instrumentos Metodológicos del Sistema Nacional de Inversión Pública

RESOLUCION DIRECTORAL N° 007-2013-EF-63.01

 

 

 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Declaran de interés nacional la promoción, conservación, desarrollo, mejoramiento y aprovechamiento de los camélidos sudamericanos y crean el Consejo Nacional de Camelidos Sudamericanos

DECRETO SUPREMO Nº 026-92-AG

Constituye una Comisión Nacional sobre la Diversidad Biológica

RESOLUCION SUPREMA Nº 227-93-RE

Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica

LEY Nº 26839

Determinan que el CONAM es la instancia de coordinación intersectorial sobre conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica

DECRETO SUPREMO Nº 038-98-PCM

Crean Grupo Técnico de Intercambio, Acceso y Difusión de Información sobre Diversidad Biológica

RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 013-99-CONAM-PCD

Ley Forestal y de Fauna Silvestre

LEY Nº 29763

Ley Forestal y de Fauna Silvestre

LEY N° 27308

Aprueban el Reglamento de la Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica

DECRETO SUPREMO Nº 068-2001-PCM

Establecen  que se mantiene la prohibición de cazar diversas especies de ballenas y capturar todas las especies de tortugas marinas

DECRETO SUPREMO Nº 026-2001-PE

Reglamento para las formas de Caza Marítima en las Aguas del Pacífico Sur

Aprueban la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014 - 2018

DECRETO SUPREMO N° 009-2014-MINAM

Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos

LEY N° 27811

Decreto Supremo que aprueba la actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas

DECRETO SUPREMO N° 004-2014-MINAGRI

Disponen abrir el Registro de Especímenes Preconvención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres

DECRETO SUPREMO Nº 044-2004-AG

Aprueban Programa Nacional de Agrobiodiversidad

DECRETO DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº 022-2004-CONAM-CD

Aprueban "Reglamento para la Implementación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de fauna y Flora Silvestre (CITES) en el Perú"

DECRETO SUPREMO N° 030-2005-AG

Aprueban Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre

DECRETO SUPREMO N° 043-2006-AG

 

 

 

DESASTRES NATURALES

Declara el 31 de mayo como Día Nacional de la Reflexión sobre Desastres Naturales

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0348-93-ED

Aprueban Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres

DECRETO SUPREMO Nº 001-A-2004-DE-SG

Lineamientos para la ejecución de simulacros y simulaciones para afrontar situaciones de desastre

RESOLUCION JEFATURAL  Nº 516-2006-INDECI

Plan Nacional de Comunicación Social para la prevención y atención de desastres 2006-2011

RESOLUCION JEFATURAL N° 568-2006-INDECI

Ley que establece disposiciones para el despacho de mercancías en casos de estado de emergencia por desastre natural; y modifica la Ley General de Aduanas

LEY Nº 29077

Ley que inafecta de tributos a la importación de bienes arribados para ayuda humanitaria como consecuencia de la declaración de Estado de Emergencia por desastre natural

LEY N° 29081

Reglamento de la Ley Nº 29081 - Ley que inafecta de tributos a la importación de bienes arribados para ayuda humanitaria como consecuencia de la declaración de un estado de emergencia

DECRETO SUPREMO N° 155-2007-EF

Ley que establece disposiciones para las donaciones efectuadas en casos de estado de emergencia por desastres producidos por fenómenos naturales

LEY Nº 29200

Aprueban normas reglamentarias de la Ley Nº 29200

DECRETO SUPREMO Nº 064-2009-EF

Establecen criterios de clasificación y jerarquización de los Almacenes de Defensa Civil para brindar ayuda humanitaria en casos de desastres

DECRETO SUPREMO Nº 031-2008-PCM

Aprueban Directiva del Procedimiento Simplificado para determinar la Elegibilidad de los Proyectos de Inversión Pública de Emergencia ante la presencia de desastres de gran magnitud

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 795-2008-EF-15

Aprueban Directiva “Procedimiento para la Administración de Bienes de Ayuda Humanitaria en casos de emergencia y/o desastres en el ámbito del Sistema Regional de Defensa Civil”

RESOLUCION JEFATURAL Nº 148-2009-INDECI

Aprueban Directiva del Procedimiento Simplificado para determinar la Elegibilidad de los Proyectos de Inversión Pública de Emergencia ante la presencia de Desastres de Gran Magnitud

RESOLUCION MINISTERIAL N° 010-2010-EF-15

Autorizan a concesionarios de transporte y distribución la instalación de redes e infraestructura en zonas en las cuales haya ocurrido situaciones de emergencia o desastres naturales

DECRETO SUPREMO Nº 006-2010-EM

Dictan medidas para la realización de actividades urgentes y oportunas en las zonas afectadas por desastres de gran magnitud

DECRETO DE URGENCIA Nº 015-2010

Dictan medidas económicas y financieras para la creación del Programa Presupuestal Estratégico de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres en el Marco del Presupuesto por Resultados

DECRETO DE URGENCIA Nº 024-2010

Aprueban Guía Metodológica para Proyectos de Protección y/o Control de Inundaciones en Áreas Agrícolas o Urbanas

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 010-2006-EF-68.01

 

 

 

 

 

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES

Sobre la Atmósfera

Aprobando el Tratado sobre prohibición de Ensayos de Armas Nucleares en la atmósfera, espacio exterior y superficie de las aguas

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 15012

Aprueban Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en Latinoamérica

DECRETO LEY Nº 17105

Aprueban tratado sobre la no Proliferación de Armas Nucleares entre Perú y EE.UU

DECRETO LEY Nº 18133

Aprueban Protocolo suscrito en Ginebra

DECRETO LEY Nº 22298

Aprueban Convención suscrita por el Gobierno del Perú (“Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (biológicas) y Toxinicas y sobre su Destrucción”)

DECRETO LEY Nº 22299

Autorizan Acuerdo entre Perú y Organismo de Energía Atómica

DECRETO LEY Nº 22583

Aprueban las Enmiendas 1, 2 y 3 al Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 26466

Aprueban la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 26465

Ratifican Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, sus Anexos y Protocolo

DECRETO SUPREMO Nº 032-97-RE

Aprueban Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares

RESOLUCION LEGISLATIVA N° 26863

Resolución Legislativa que aprueba el “Protocolo Adicional al acuerdo entre la República del Perú y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias en relación con el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares”

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 27463

Resolución Legislativa que aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno del Perú y la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, sobre la Realización de Actividades Relacionadas con Instalaciones del Sistema Internacional de Vigilancia del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, comprendidas las Actividades Posteriores a la Homologación”

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 27733

 

 

Sobre Diversidad Biológica

Aprueban Convención que regula Caza de Ballena

DECRETO LEY Nº 22375

Protocolo de Convención Internacional sobre Caza de la Ballena es aprobado

DECRETO LEY Nº 22737

Aprueban el Convenio relativo a Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Habitat de las Aves Acuáticas, suscrito por Perú, así como su Protocolo Modificatorio, adoptado en París

RESOLUCION LEGISLATIVA  Nº 25353

Convención sobre el Comervio Internacional de Especies amenazadas de fauna y flora silvestre

Aprueban convención para el comercio de especies amenazadas de la fauna y flora silvestres

DECRETO LEY Nº 21080

Aprueban Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña

DECRETO LEY Nº 22984

Aprueban adhesión del Perú a la “Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural”

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 23349

Introducen reformas a la Convención sobre Comercio Internacional de Especies amenazadas de fauna y flora silvestre

RESOLUCION SUPREMA Nº 535-82-RE

Aprueban Convención sobre Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 25019

Aprueban el Convenio sobre Diversidad Biológica adoptado en Río de Janeiro

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 26181

Aprueban el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales 1994, adoptado en Ginebra y suscrito por el Perú

RESOLUCION LEGISLATIVA 26515

Disponen que el Estado peruano se adhiera a la "Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres"

DECRETO SUPREMO Nº 002-97-RE

Resolución Legislativa que aprueba la enmienda de Gaborone a la Convención sobre el Comercio Internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 27077

Ratifican Enmienda de Gaborone a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

DECRETO SUPREMO Nº 015-99-RE

Ratifican la "Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas"

DECRETO SUPREMO Nº 050-99-RE

Resolución Legislativa que aprueba la "Convención  Interamericana para la Protección y Conservación de las tortugas marinas"

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 27174

Resolución Legislativa que aprueba el “Protocolo Adicional que modifica el Artículo 3 del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña”

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 27176

Aprueban adhesión del Perú al “Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines”

DECRETO SUPREMO Nº 003-2000-RE

Aprueban “Convenio de Conversión de Deuda en Inversión en Naturaleza” y el “Acuerdo para la Conservación de Bosques Tropicales”

DECRETO SUPREMO Nº 092-2002-EF

Resolución Legislativa que aprueba el “Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos en la Alta Mar del Pacífico Sudeste - Acuerdo de Galápagos”

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 27996

Resolución Legislativa que aprueba el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la diversidad Biológica

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 28170

Resolución Legislativa que aprueba el “Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles”

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 28281

 

 

 

Sobre el Clima

Aprueba "Convenio de Viena para la protección de la Capa de Ozono"

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 24931

Aprueban el "Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que agotan la capa de Ozono"

RESOLUCION LEGISLATIVA  Nº 26178

Aprueban la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 26185

Aprueban la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación de los países afectados por Sequía Grave o Desertificación, en particular en Africa

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 26536

Resolución Legislativa que aprueba la enmienda de Copenhague al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la Capa de Ozono

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 27092

Aprueban adhesión del Perú a la Enmienda de Copenhague (de 1992) al Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono

DECRETO SUPREMO Nº 022-99-RE

Establecen disposiciones para la aplicación del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono

DECRETO SUPREMO Nº 033-2000-ITINCI

Aprueban Acuerdo para la Creación del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 26377

Aprueban el Protocolo sobre el Programa para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño en el Pacífico Sudeste- ERFEN

RESOLUCION LEGISLATIVA N° 26858

Resolución Legislativa que aprueba el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 27824

Disponen adhesión a la “Enmienda de Montreal del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono”

DECRETO SUPREMO Nº 002-2007-RE

 

 

Sobre Espacio

Aprueban Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el Perú y la Fundación Amazónica

DECRETO LEY Nº 22363

Aprueban Tratado de Cooperación Amazónica suscrito en Brasilia

DECRETO LEY Nº 22660

El Congreso aprueba el Tratado de Cooperación Amazónica entre Gobiernos de Perú y Colombia

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 24674

Acuerdo de Cooperación Amazónica entre la República del Perú y la República de Bolivia

RESOLUCION LEGISLATIVA N° 26333

Resolución Legislativa que aprueba el Protocolo de Enmienda al Tratado de Cooperación Amazónica

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 27084

Aprueban Tratado firmado por Gobiernos del Perú y Washington

DECRETO LEY Nº 22419

Aprueban Acuerdo sobre Salvamento de Astronautas

DECRETO LEY Nº 22446

Aprueban Convenio adoptado en Sesión de Naciones Unidas - “Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre”

DECRETO LEY Nº 22447

Se aprobó el Tratado de la Antártida

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 23307

Aprueban Convenio Constitutivo de la Organización Internacional de las Telecomunicaciones Marítimas por Satélite y otro Acuerdo a fin

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 24667

Aprueban el Acuerdo Constitutivo de la Organización Andina de Telecomunicaciones por Satélite

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 25287

Aprueban el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección al Medio Ambiente

DECRETO LEY Nº 25950

Aprueban enmiendas al Convenio Constitutivo y al Acuerdo de Explotación de la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 26604

Aprueban enmiendas a los Acuerdos Relativo y Operativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 26605

Aprueban enmiendas al Convenio Constitutivo y Acuerdo de Explotación de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite

RESOLUCION LEGISLATIVA N° 26870

Ratifican enmiendas a la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite

DECRETO SUPREMO Nº 042-97-RE

Resolución Legislativa que aprueba las “Enmiendas al Convenio Constitutivo y al Acuerdo Amplio de Explotación de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (INMARSAT)”

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 27125

Ratifican "Enmiendas al Convenio Constitutivo y al Acuerdo de Explotación de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (INMARSAT)"

DECRETO SUPREMO Nº 034-99-RE

Resolución Legislativa que aprueba el “Acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite” y el “Acuerdo Operativo, con sus respectivas enmiendas”

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 27704

Ratifican Recomendaciones y Medidas adoptadas por diversas Reuniones Consultivas del Tratado Antártico

DECRETO SUPREMO N° 122-2003-RE

Ratifican el “Acuerdo Relativo a la Organización Internacional de Comunicaciones por Satélite” y el “Acuerdo Operativo, con sus Respectivas Enmiendas”

DECRETO SUPREMO Nº 058-2002-RE

Ratifican el “Acuerdo que debe regir las Actividades de los Estados en la Luna y otros Cuerpos Celestes”

DECRETO SUPREMO Nº 066-2005-RE

Resolución Legislativa que aprueba la “Medida 1 (2003): Secretaría del Tratado Antártico”

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 28783

Resolución Legislativa que aprueba la “Medida 1 (2005) Anexo VI del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente: Responsabilidad derivada de emergencias medioambientales”

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 29055

Ratifican “Acuerdo Marco entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa de Brasil sobre la Cooperación en los Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre”

DECRETO SUPREMO Nº 049-2009-RE

Ratifican la “Enmienda al párrafo (c) (ii) del Artículo XII del Acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (ITSO)”

DECRETO SUPREMO Nº 032-2009-RE

 

 

 

Sobre Responsabilidad

Aprueban Convención de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares adoptada en Viena

DECRETO LEY Nº 23101

Resolución Legislativa que aprueba la adhesión del Perú al Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil nacida de daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos, 1969

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 28065

Ratifican adhesión del Perú al “Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil nacida de daños debido a Contaminación por Hidrocarburos, 1969”

DECRETO SUPREMO Nº 121-2003-RE

Resolución Legislativa que aprueba el Convenio sobre Responsabilidad Internacional por Daños causados por Objetos Espaciales.

RESOLUCION LEGISLATIVA N° 27707

Ratifican el “Convenio sobre Responsabilidad Internacional por Daños causados por Objetos Espaciales”

DECRETO SUPREMO Nº 057-2002-RE

 

 

Sobre Protección Ambiental

Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno del Reino de Tailandia en el campo de la Protección Ambiental

DECRETO SUPREMO Nº 035-97-RE

Ratifican acuerdos de cooperación suscritos con el Reino de Tailandia en materia de Transporte Aéreo y Protección Ambiental

DECRETO SUPREMO N° 034-97-RE

Resolución Legislativa que Aprueba la Adhesión del Perú al “Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha Contra la Contaminación por Hidrocarburos”

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 27554

Ratifican Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable Nº ATN/NP-7591-PE “Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del Fondo Nacional del Ambiente del Perú”

DECRETO SUPREMO Nº 048-2002-RE

Ratifican el Convenio de Donación de Objetivo Estratégico para Gestión Fortalecida del Medio Ambiente para Atender Problemas Prioritarios, suscrito con el Gobierno de EE.UU.

DECRETO SUPREMO Nº 055-2003-RE

Ratifican el “Convenio Complementario de Cooperación sobre Medio Ambiente y Promoción del Desarrollo Sostenible entre la República del Perú y la República de Colombia”

DECRETO SUPREMO Nº 092-2003-RE

Ratifican la “Enmienda Uno al Convenio de Donación de Objetivo Estratégico entre la República del Perú y los Estados Unidos de América para Gestión Fortalecida del Medio Ambiente para atender Problemas Prioritarios”

DECRETO SUPREMO Nº 095-2003-RE

Ratifican el Convenio sobre Cooperación en el Proyecto Ambiental, Fase II, suscrito con la República de Finlandia

DECRETO SUPREMO Nº 096-2003-RE

Ratifican Acuerdo de Cooperación para la Conservación y Uso Sostenible de la Flora y Fauna Silvestres de los Territorios Amazónicos, suscrito con Brasil

DECRETO SUPREMO Nº 112-2003-RE

Ratifican enmienda al Convenio de Donación de Objetivo Estratégico entre Perú y EE.UU. para Gestión Fortalecida del Medio Ambiente para atender Problemas Prioritarios

DECRETO SUPREMO Nº 014-2004-RE

Ratifican Convenio de Donación de Objetivo Especial suscrito con EE.UU. para la Reducción Sostenida de los Cultivos de Coca para Fines Ilícitos, mediante el Desarrollo Alternativo en Áreas Seleccionadas del Perú y su Enmienda Nº Uno

DECRETO SUPREMO Nº 048-2004-RE

Ratifican Enmienda Nº Tres al Convenio de Donación de Objetivo Estratégico para Gestión Fortalecida del Medio Ambiente para Atender Problemas Prioritarios, suscrito con los Estados Unidos de América

DECRETO SUPREMO Nº 071-2004-RE

Ratifican Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre Perú y Brasil, en el área de recursos naturales y medio ambiente

DECRETO SUPREMO Nº 023-2005-RE

Ratifican Enmienda Cinco al Convenio de Donación de Objetivo Estratégico con los Estados Unidos de América para “Gestión Fortalecida del Medio Ambiente para Atender Problemas Prioritarios” USAID Nro. 527-0407

DECRETO SUPREMO Nº 086-2005-RE

Ratifican Enmienda Cuatro al Convenio de Donación de Objetivo Estratégico para “Gestión Fortalecida del Medio Ambiente para Atender Problemas Prioritarios”, suscrito con los EE.UU.

DECRETO SUPREMO Nº 088-2005-RE

Ratifican Enmienda Seis al Convenio de Donación de Objetivo Estratégico suscrita con los EE.UU. para “Gestión Fortalecida del Medio Ambiente para Atender Problemas Prioritarios”

DECRETO SUPREMO Nº 013-2006-RE

Ratifican la Enmienda Siete al Convenio de Donación de Objetivo Estratégico entre la República del Perú y los Estados Unidos de América para Gestión Fortalecida del Medio Ambiente para Atender Problemas Prioritarios USAID (527-0407)

DECRETO SUPREMO Nº 068-2006-RE

Ratifican el “Acuerdo sobre Medio Ambiente entre Canadá y la República del Perú”

DECRETO SUPREMO Nº 045-2009-RE

Ratifican Enmienda Doce al Convenio de Donación de Objetivo Estratégico con los Estados Unidos de América para “Gestión Fortalecida del Medio Ambiente para atender Problemas Prioritarios”, USAID Nº 527-0407

DECRETO SUPREMO Nº 050-2009-RE

Ratifican Enmienda Trece al Convenio de Donación de Objetivo Estratégico con los Estados Unidos de América para “Gestión Fortalecida del Medio Ambiente para atender Problemas Prioritarios”, USAID Nº 527-0407

DECRETO SUPREMO Nº 053-2009-RE

Ratifican la Enmienda Diez al “Convenio de Donación de Objetivo Estratégico entre la República del Perú y los Estados Unidos de América para Gestión Fortalecida del Medio Ambiente para atender Problemas Prioritarios”, USAID Nº 527-0407

DECRETO SUPREMO Nº 082-2009-RE

Ratifican la Enmienda Once al “Convenio de Donación de Objetivo Estratégico entre la República del Perú y los Estados Unidos de América para Gestión Fortalecida del Medio Ambiente para atender Problemas Prioritarios”

DECRETO SUPREMO Nº 106-2009-RE

Ratifican la “Enmienda Nueve al Convenio de Donación de Objetivo Estratégico entre la República del Perú y los Estados Unidos de América para Gestión Fortalecida del Medio Ambiente para atender Problemas Prioritarios”

DECRETO SUPREMO Nº 007-2010-RE

Ratifican el “Acuerdo de Cooperación en Materia de Medio Ambiente entre la República del Perú y la República de Guatemala”

DECRETO SUPREMO Nº 044-2010-RE

Ratifican Acuerdo con la Confederación Suiza relativo al “Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC)” Fase del 1 de febrero de 2009 al 31 de enero de 2012

DECRETO SUPREMO Nº 031-2010-RE

Aprueban Convenios sobre la Protección Física de Materiales Nucleares

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 26376

 

 

 

Sobre Sustancias Peligrosas- Residuos Peligrosos

Convenio para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, aprobó el Gobierno

DECRETO LEY Nº 22703

Protocolo para prevenir la Contaminación por Buques es aprobado

DECRETO LEY Nº 22954

Aprueban Protocolos para prevenir contaminación por los Buques de 1973

DECRETO LEY Nº 22858

Congreso de la República aprueba acuerdos sobre Cooperación Internacional

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA Nº 24929

Congreso de la República aprueba "Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste"

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 24926

Aprueba Convenio sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación.

RESOLUCION  LEGISLATIVA Nº 26234

Aprueban el Protocolo para la protección del Pacifico Sudeste contra la contaminación radiactiva, suscrito en Colombia

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 26477

Aprueban el Protocolo para la Conservación y Administración de las Areas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 26468

Resolución Legislativa que aprueba la adhesión del Perú al Convenio sobre Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 27873

Ratifican la adhesión del Perú al “Convenio sobre Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias”

DECRETO SUPREMO Nº 003-2003-RE

Resolución Legislativa que aprueba el “Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional”

RESOLUCION LEGISLATIVA Nº 28417

Ratifican “Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”

DECRETO SUPREMO Nº 067-2005-RE

 

 

 

NORMAS COMPLEMENTARIAS

Aprueban el Reglamento de la Comisión Nacional Permanente Peruana del Tratado de Cooperación Amazónica

RESOLUCION SUPREMA Nº 570-98-RE

Aprueban "Normas sobre la participación ciudadana en el Proceso de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental"

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 0197-98-DCG

Aprueban Guías para elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, Programas de Adecuación y Manejo Ambiental Diagnóstico Ambiental Preliminar y formato de Informe Ambiental

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 108-99-ITINCI-DM

Precisan que plazo para la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental, no se considera dentro de los plazos fijados para desarrollar fases de exploración y explotación de hidrocarburos

DECRETO SUPREMO Nº 003-2000-EM

Aprueban Guía para la inclusión de aspectos ambientales en las normas técnicas de productos

RESOLUCION Nº 0031-2000-INDECOPI-CRT

Aprueban el Reglamento General de las Comisiones Ambientales Regionales

DECRETO DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº 004-2000-CD-CONAM

Aprueban formatos de Calificación Previa, Declaración de Impacto Ambiental y lineamientos para el Sistema de Consultoría y Auditoría Ambiental a que se refiere el D.S. Nº 019-97-ITINCI

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 116-2000-ITINCI-DM

Establecen disposiciones para la presentación del Programa Especial de Manejo Ambiental - PEMA, en actividades de minería, hidrocarburos y electricidad

DECRETO SUPREMO Nº 041-2001-EM

Precisan alcances del D.S. Nº 033-2000-ITINCI, que estableció disposiciones para la aplicación del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 277-2001-ITINCI-DM

Aprueban Actualización del Plan Maestro de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca 2001-2006

RESOLUCION JEFATURAL Nº 136-2001-INRENA

Aprueban texto  de la Revisión N° 1 de la Directiva Técnica Extraordinaria sobre Regulación de Niveles de Ruido Permisibles para las Aeronaves que operan en el territorio peruano

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 103-2002-MTC-15.16

Aprueban Directrices para la elaboración de los Planes de Acción para mejorar la Calidad del Aire, denominados Planes "A limpiar el Aire"

RESOLUCION PRESIDENCIAL N° 022-2002-CONAM-PCD

Establecen disposiciones complementarias sobre protección ambiental para el desarrollo de actividades de la industria Manufacturera

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 288-2003-PRODUCE

Disponen presentación de informes ambientales a cargo de titulares de actividades industriales manufactureras textil, fundición y cerámica y otras en cuyos procesos utilicen plomo o compuestos de plomo

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 055-2005-PRODUCE

Aprueban Política Ambiental del Sector Turismo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 195-2006-MINCETUR-DM

Aprueban Plan de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire en la Cuenca Atmosférica de La Oroya

DECRETO DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 020-2006-CONAM-CD

Aprueban la Directiva Metodología para la zonificación Ecológica y Económica

DECRETO DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 010-2006-CONAM-CD

Aprueban Plan Integral de Saneamiento Atmosférico para Lima y Callao, PISA 2005 - 2010

DECRETO DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 016-2006-CONAM-CD

Dictan disposiciones sobre control de la descarga del agua de lastre y sedimentos de buques de navegación marítima internacional que tengan como destino o escala a los puertos peruanos

RESOLUCION DIRECTORAL N° 072-2006-DCG

Aprueban Directiva Técnica Extraordinaria Nº 001-2007 que regula los niveles de ruido permisibles para los aviones propulsados por hélice y helicópteros que operan en el territorio peruano

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 159-2007-MTC-12

Aprueban Lineamientos para elaborar un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental en Proyectos Portuarios

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 013-2007-MTC-16

Aprueban el Informe Defensorial Nº 136 “La calidad del aire en Lima y su impacto en la salud y la vida de sus habitantes: seguimiento de las recomendaciones defensoriales”

RESOLUCION DEFENSORIAL Nº 27-2008-PD

Crean el “Registro de entidades autorizadas para elaborar estudios de impacto ambiental y otros instrumentos de gestión ambiental aplicables a las actividades del Sector Turismo” y aprueban su Reglamento

DECRETO SUPREMO Nº 010-2008-MINCETUR

Aprueban Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos

RESOLUCION MINISTERIAL N° 087-2008-MINAM

Aprueban Reglamento de Uso Turístico en Áreas Naturales Protegidas

DECRETO SUPREMO N° 018-2009-MINAM

Contenido mínimo de la Declaración de Impacto Ambiental (Dia) para ejecución de proyectos de electrificación rural

DECRETO SUPREMO Nº 011-2009-EM

Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público

DECRETO SUPREMO Nº 009-2009-MINAM

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28305, Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados

DECRETO SUPREMO N° 030-2009-PRODUCE

Decreto Supremo que precisa la obligación de solicitar opinión técnica previa vinculante en defensa del patrimonio natural de las Áreas Naturales Protegidas

DECRETO SUPREMO N° 004-2010-MINAM

Declara de Interés Nacional la creación y desarrollo del Parque Ecológico Nacional

DECRETO SUPREMO Nº 013-2010-MINAM

Aprueban el Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA PERÚ: 2011-2021

DECRETO SUPREMO Nº 014-2011-MINAM

Aprueban el Reglamento Interno del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales

DECRETO SUPREMO Nº 015-2011-MINAM

Aprueban Directiva que regula la inscripción de las Áreas Naturales Protegidas y demás actos inscribibles relativos a éstas en el Registro de Áreas Naturales

RESOLUCIÓN Nº 028-2012-SUNARP-SA

Aprueban Directiva General “Participación de las Fuerzas Armadas en la Conservación del Ambiente, la Biodiversidad y el Uso Sostenible de los Recursos Naturales”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 411-2012-DE-SG

Aprueban el “Procedimiento para la Aplicación del Régimen de Incentivos en el Pago de la Retribución Económica por el Uso del Agua a las Entidades Encargadas del Suministro de Agua Poblacional”

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 209-2012-ANA

Directiva para la Identificación de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 022-2013-OEFA-CD

Aprueban Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones relacionadas al incumplimiento de los Límites Máximos Permisibles (LMP) previstos para actividades económicas bajo el ámbito de competencia del OEFA

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 045-2013-OEFA-CD

Aprueban Reglamento del Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de Estudios Ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA

DECRETO SUPREMO N° 011-2013-MINAM

Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero

DECRETO SUPREMO N° 040-2014-EM

 

 

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Ley General del Ambiente LEY Nº 28611

TÍTULO PRELIMINAR

DERECHOS Y PRINCIPIOS

     Artículo I.- Del derecho y deber fundamental

     Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.

     Artículo II.- Del derecho de acceso a la información

     Toda persona tiene el derecho a acceder adecuada y oportunamente a la información pública sobre las políticas, normas, medidas, obras y actividades que pudieran afectar, directa o indirectamente, el ambiente, sin necesidad de invocar justificación o interés que motive tal requerimiento.

     Toda persona está obligada a proporcionar adecuada y oportunamente a las autoridades la información que éstas requieran para una efectiva gestión ambiental, conforme a Ley.

     Artículo III.- Del derecho a la participación en la gestión ambiental

     Toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como en la definición y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno. El Estado concerta con la sociedad civil las decisiones y acciones de la gestión ambiental.

CONCORDANCIAS:     D.S. N° 028-2008-EM (Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero)
               R.M. Nº 304-2008-MEM-DM (Aprueban Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector Minero)
               D.S. Nº 018-2012-AG (Aprueban Reglamento de Participación Ciudadana para la Evaluación, Aprobación y Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario)

     Artículo IV.- Del derecho de acceso a la justicia ambiental

     Toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva, ante las entidades administrativas y jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de sus componentes, velando por la debida protección de la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como la conservación del patrimonio cultural vinculado a aquellos.

     Se puede interponer acciones legales aun en los casos en que no se afecte el interés económico del accionante. El interés moral legitima la acción aun cuando no se refiera directamente al accionante o a su familia.

     CONCORDANCIAS CON EL TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

     Artículo V.- Del principio de sostenibilidad

     La gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio y la protección de los derechos que establece la presente Ley, se sustentan en la integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo nacional, así como en la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones.

     Artículo VI.- Del principio de prevención

     La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que correspondan.

CONCORDANCIAS:     D.S.Nº 004-2011-EM, Art. 17

     Artículo VII.- Del principio precautorio

     Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del ambiente.(*)

(*) De conformidad con el Artículo 2 de la Ley N° 29050, publicada el 24 junio 2007, se adecúa el texto del presente Artículo, y el de todo texto legal que se refiera al “criterio de precaución”, “criterio precautorio” o “principio de precaución” a la definición del Principio Precautorio que se establece en el artículo 5 de la Ley Nº 28245, modificado por el artículo 1 de la citada Ley.

CONCORDANCIAS:     Anexo D.S. Nº 059-2005-EM, Art. 5
               R.D. N° 072-2006-DCG (Dictan disposiciones sobre control de la descarga del agua de lastre y sedimentos de buques de navegación marítima
                internacional que tengan como destino o escala a los puertos peruanos)
               D.S.Nº 004-2011-EM, Art. 17

     Artículo VIII.- Del principio de internalización de costos

     Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente.

     El costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y la eventual compensación, relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las actividades humanas debe ser asumido por los causantes de dichos impactos.

     Artículo IX.- Del principio de responsabilidad ambiental

     El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o jurídica, pública o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación según corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar.

CONCORDANCIAS:     Ley Nº 29325, Art. 23, num. 23.1 (Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental)

     Artículo X.- Del principio de equidad

     El diseño y la aplicación de las políticas públicas ambientales deben contribuir a erradicar la pobreza y reducir las inequidades sociales y económicas existentes; y al desarrollo económico sostenible de las poblaciones menos favorecidas. En tal sentido, el Estado podrá adoptar, entre otras, políticas o programas de acción afirmativas, entendidas como el conjunto coherente de medidas de carácter temporal dirigidas a corregir la situación de los miembros del grupo al que están destinadas, en un aspecto o varios de su vida social o económica, a fin de alcanzar la equidad efectiva.

     Artículo XI.- Del principio de gobernanza ambiental

     El diseño y aplicación de las políticas públicas ambientales se rigen por el principio de gobernanza ambiental, que conduce a la armonización de las políticas, instituciones, normas, procedimientos, herramientas e información de manera tal que sea posible la participación efectiva e integrada de los actores públicos y privados, en la toma de decisiones, manejo de conflictos y construcción de consensos, sobre la base de responsabilidades claramente definidas, seguridad jurídica y transparencia.

TÍTULO I

POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE Y GESTIÓN AMBIENTAL

CAPÍTULO 1

ASPECTOS GENERALES

     Artículo 1.- Del objetivo

     La presente Ley es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país.

     Artículo 2.- Del ámbito

     2.1 Las disposiciones contenidas en la presente Ley, así como en sus normas complementarias y reglamentarias, son de obligatorio cumplimiento para toda persona natural o jurídica, pública o privada, dentro del territorio nacional, el cual comprende el suelo, subsuelo, el dominio marítimo, lacustre, hidrológico e hidrogeológico y el espacio aéreo.

     2.2 La presente Ley regula las acciones destinadas a la protección del ambiente que deben adoptarse en el desarrollo de todas las actividades humanas. La regulación de las actividades productivas y el aprovechamiento de los recursos naturales se rigen por sus respectivas leyes, debiendo aplicarse la presente Ley en lo que concierne a las políticas, normas e instrumentos de gestión ambiental.

     2.3 Entiéndase, para los efectos de la presente Ley, que toda mención hecha al “ambiente” o a “sus componentes” comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros.

     Artículo 3.- Del rol del Estado en materia ambiental

     El Estado, a través de sus entidades y órganos correspondientes, diseña y aplica las políticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones que sean necesarios para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidos en la presente Ley.

CONCORDANCIAS:     D.S. N° 043-2006-EM (Establecen Disposiciones Generales para la Aplicación del Silencio Administrativo Negativo en los procedimientos
               administrativos tramitados ante la Dirección Generales de Asuntos Ambientales Energéticos)

               R.M. N° 205-2006-PRODUCE (Dictan disposiciones para regular procesamiento de residuos y descartes de especies hidrobiológicas
               generados por la actividad de procesamiento industrial pesquero orientado al consumo humano directo)

               R.M. N° 490-2006-MEM-DM (Encargan seguimiento, monitoreo y cumplimiento del Acuerdo suscrito entre los Apus de las Comunidades
               Indígenas del Río Corrientes, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Salud, el Gobierno Regional de Loreto y la Empresa Pluspetrol
               Norte S.A.)
               R. N° 192-2007-CONAM-PCD (Aprueban la Propuesta de Límites Máximos Permisibles (LMP) de efluentes líquidos y para emisiones
               atmosféricas de fuente puntual en actividades minero metalúrgicas)
               D.S. Nº 037-2008-PCM (Establecen Límites Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos)
               R.M. N° 121-2009-MINAM (Aprueban Plan de Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximo Permisibles para el Año Fiscal 2009)

               R.M.Nº 225-2010-MINAM (Aprueban Plan de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) 2010-2011)

               R.M.Nº 030-2011-MEM-DM (Aprueban Términos de Referencia conforme a los cuales se elaborará el Plan de Implementación para el Cumplimiento de
               los Límites Máximos Permisibles (LMP) para la descarga de efluentes líquidos de Actividades Minero - Metalúrgicas, así como el procedimiento de evaluación de dicho plan)

               Ley Nº 29662 (Ley que prohíbe el asbesto anfíboles y regula el uso del asbesto crisotilo)

     Artículo 4.- De la tributación y el ambiente

     El diseño del marco tributario nacional considera los objetivos de la Política Nacional Ambiental, promoviendo particularmente, conductas ambientalmente responsables, modalidades de producción y consumo responsable de bienes y servicios, la conservación, aprovechamiento sostenible y recuperación de los recursos naturales, así como el desarrollo y uso de tecnologías apropiadas y de prácticas de producción limpia en general.

     Artículo 5.- Del Patrimonio de la Nación

     Los recursos naturales constituyen Patrimonio de la Nación. Su protección y conservación pueden ser invocadas como causa de necesidad pública, conforme a ley.

     Artículo 6.- De las limitaciones al ejercicio de derechos

     El ejercicio de los derechos de propiedad y a la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, están sujetos a las limitaciones que establece la ley en resguardo del ambiente.

     Artículo 7.- Del carácter de orden público de las normas ambientales

     7.1 Las normas ambientales, incluyendo las normas en materia de salud ambiental y de conservación de la diversidad biológica y los demás recursos naturales, son de orden público. Es nulo todo pacto en contra de lo establecido en dichas normas legales. 

     7.2 El diseño, aplicación, interpretación e integración de las normas señaladas en el párrafo anterior, de carácter nacional, regional y local, se realizan siguiendo los principios, lineamientos y normas contenidas en la presente Ley y, en forma subsidiaria, en los principios generales del derecho.

CAPÍTULO 2

POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE

     Artículo 8.- De la Política Nacional del Ambiente

     8.1 La Política Nacional del Ambiente constituye el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos de carácter público, que tiene como propósito definir y orientar el accionar de las entidades del Gobierno Nacional, regional y local, y del sector privado y de la sociedad civil, en materia ambiental. 

     8.2 Las políticas y normas ambientales de carácter nacional, sectorial, regional y local se diseñan y aplican de conformidad con lo establecido en la Política Nacional del Ambiente y deben guardar concordancia entre sí.

     8.3 La Política Nacional del Ambiente es parte integrante del proceso estratégico de desarrollo del país. Es aprobada por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. Es de obligatorio cumplimiento.

     Artículo 9.- Del objetivo

     La Política Nacional del Ambiente tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona.

CONCORDANCIAS:     D.S. N° 018-2009-MINAM (Aprueban Reglamento de Uso Turístico en Áreas Naturales Protegidas)

     Artículo 10.- De la vinculación con otras políticas públicas

     Las políticas de Estado integran las políticas ambientales con las demás políticas públicas. En tal sentido, los procesos de planificación, decisión y ejecución de políticas públicas en todos los niveles de Gobierno, incluyendo las sectoriales, incorporan obligatoriamente los lineamientos de la Política Nacional del Ambiente.

     Artículo 11.- De los lineamientos ambientales básicos de las políticas públicas

     Sin perjuicio del contenido específico de la Política Nacional del Ambiente, el diseño y aplicación de las políticas públicas consideran los siguientes lineamientos:

     a. El respeto de la dignidad humana y la mejora continua de la calidad de vida de la población, asegurando una protección adecuada de la salud de las personas.

     b. La prevención de riesgos y daños ambientales, así como la prevención y el control de la contaminación ambiental, principalmente en las fuentes emisoras. En particular, la promoción del desarrollo y uso de tecnologías, métodos, procesos y prácticas de producción, comercialización y disposición final más limpias.

     c. El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, incluyendo la conservación de la diversidad biológica, a través de la protección y recuperación de los ecosistemas, las especies y su patrimonio genético. Ninguna consideración o circunstancia puede legitimar o excusar acciones que pudieran amenazar o generar riesgo de extinción de cualquier especie, subespecie o variedad de flora o fauna.

     d. El desarrollo sostenible de las zonas urbanas y rurales, incluyendo la conservación de las áreas agrícolas periurbanas y la prestación ambientalmente sostenible de los servicios públicos, así como la conservación de los patrones culturales, conocimientos y estilos de vida de las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas.

     e. La promoción efectiva de la educación ambiental y de una ciudadanía ambiental responsable, en todos los niveles, ámbitos educativos y zonas del territorio nacional.

     f. El fortalecimiento de la gestión ambiental, por lo cual debe dotarse a las autoridades de recursos, atributos y condiciones adecuados para el ejercicio de sus funciones. Las autoridades ejercen sus funciones conforme al carácter transversal de la gestión ambiental, tomando en cuenta que las cuestiones y problemas ambientales deben ser considerados y asumidos integral e intersectorialmente y al más alto nivel, sin eximirse de tomar en consideración o de prestar su concurso a la protección del ambiente, incluyendo la conservación de los recursos naturales.

     g. La articulación e integración de las políticas y planes de lucha contra la pobreza, asuntos comerciales, tributarios y de competitividad del país con los objetivos de la protección ambiental y el desarrollo sostenible.

     h. La información científica, que es fundamental para la toma de decisiones en materia ambiental.

     i. El desarrollo de toda actividad empresarial debe efectuarse teniendo en cuenta la implementación de políticas de gestión ambiental y de responsabilidad social.

CONCORDANCIAS:     D.S. Nº 039-2007-MTC, Art. 5

     Artículo 12.- De la política exterior en materia ambiental

     Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución Política, en la legislación vigente y en las políticas nacionales, la Política Exterior del Estado en materia ambiental se rige por los siguientes lineamientos:

     a. La promoción y defensa de los intereses del Estado, en armonía con la Política Nacional Ambiental, los principios establecidos en la presente Ley y las demás normas sobre la materia.

     b. La generación de decisiones multilaterales para la adecuada implementación de los mecanismos identificados en los acuerdos internacionales ambientales ratificados por el Perú.

     c. El respeto a la soberanía de los Estados sobre sus respectivos territorios para conservar, administrar, poner en valor y aprovechar sosteniblemente sus propios recursos naturales y el patrimonio cultural asociado, así como para definir sus niveles de protección ambiental y las medidas más apropiadas para asegurar la efectiva aplicación de su legislación ambiental.

     d. La consolidación del reconocimiento internacional del Perú como país de origen y centro de diversidad genética.

     e. La promoción de estrategias y acciones internacionales que aseguren un adecuado acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales, respetando el procedimiento del consentimiento fundamentado previo y autorización de uso; las disposiciones legales sobre patentabilidad de productos relacionados a su uso, en especial en lo que respecta al certificado de origen y de legal procedencia; y, asegurando la distribución equitativa de los beneficios.

     f. La realización del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas de los estados y de los demás principios contenidos en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

     g. La búsqueda de soluciones a los problemas ambientales globales, regionales y subregionales mediante negociaciones internacionales destinadas a movilizar recursos externos, promover el desarrollo del capital social, el desarrollo del conocimiento, la facilitación de la transferencia tecnológica y el fomento de la competitividad, el comercio y los econegocios, para alcanzar el desarrollo sostenible de los estados.

     h. La cooperación internacional destinada al manejo sostenible de los recursos naturales y a mantener las condiciones de los ecosistemas y del ambiente a nivel transfronterizo y más allá de las zonas donde el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional. Los recursos naturales transfronterizos se rigen por los tratados sobre la materia o en su defecto por la legislación especial. El Estado promueve la gestión integrada de estos recursos y la realización de alianzas estratégicas en tanto supongan el mejoramiento de las condiciones de sostenibilidad y el respeto de las normas ambientales nacionales.

     i. Cooperar en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en zonas más allá de los límites de la jurisdicción nacional, conforme al derecho internacional.

     j. El establecimiento, desarrollo y promoción del derecho internacional ambiental.

CAPÍTULO 3

GESTIÓN AMBIENTAL

     Artículo 13.- Del concepto

     13.1 La gestión ambiental es un proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la población, el desarrollo de las actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural del país.

     13.2 La gestión ambiental se rige por los principios establecidos en la presente Ley y en las leyes y otras normas sobre la materia.

     Artículo 14.- Del Sistema Nacional de Gestión Ambiental

     14.1 El Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene a su cargo la integración funcional y territorial de la política, normas e instrumentos de gestión, así como las funciones públicas y relaciones de coordinación de las instituciones del Estado y de la sociedad civil, en materia ambiental.

     14.2 El Sistema Nacional de Gestión Ambiental se constituye sobre la base de las instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, regional y local que ejercen competencias y funciones sobre el ambiente y los recursos naturales; así como por los Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental, contando con la participación del sector privado y la sociedad civil.

     14.3 La Autoridad Ambiental Nacional es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

     Artículo 15.- De los sistemas de gestión ambiental

     El Sistema Nacional de Gestión Ambiental integra los sistemas de gestión pública en materia ambiental, tales como los sistemas sectoriales, regionales y locales de gestión ambiental; así como otros sistemas específicos relacionados con la aplicación de instrumentos de gestión ambiental.

     Artículo 16.- De los instrumentos

     16.1 Los instrumentos de gestión ambiental son mecanismos orientados a la ejecución de la política ambiental, sobre la base de los principios establecidos en la presente Ley, y en lo señalado en sus normas complementarias y reglamentarias.

     16.2 Constituyen medios operativos que son diseñados, normados y aplicados con carácter funcional o complementario, para efectivizar el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental y las normas ambientales que rigen en el país.

     Artículo 17.- De los tipos de instrumentos

     17.1 Los instrumentos de gestión ambiental podrán ser de planificación, promoción, prevención, control, corrección, información, financiamiento, participación, fiscalización, entre otros, rigiéndose por sus normas legales respectivas y los principios contenidos en la presente Ley.

     17.2 Se entiende que constituyen instrumentos de gestión ambiental, los sistemas de gestión ambiental, nacional, sectoriales, regionales o locales; el ordenamiento territorial ambiental; la evaluación del impacto ambiental; los Planes de Cierre; los Planes de Contingencias; los estándares nacionales de calidad ambiental; la certificación ambiental, las garantías ambientales; los sistemas de información ambiental; los instrumentos económicos, la contabilidad ambiental, estrategias, planes y programas de prevención, adecuación, control y remediación; los mecanismos de participación ciudadana; los planes integrales de gestión de residuos; los instrumentos orientados a conservar los recursos naturales; los instrumentos de fiscalización ambiental y sanción; la clasificación de especies, vedas y áreas de protección y conservación; y, en general, todos aquellos orientados al cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo precedente.

     17.3 El Estado debe asegurar la coherencia y la complementariedad en el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental.

CONCORDANCIAS:     D.S. Nº 078-2009-EM (Implementan medidas de remediación ambiental a cargo del títular minero que haya realizado actividades y/o ejecutado
               proyectos relacionados con actividades mineras previstas en la Ley General de Minería)

     Artículo 18.- Del cumplimiento de los instrumentos

     En el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental se incorporan los mecanismos para asegurar su cumplimiento incluyendo, entre otros, los plazos y el cronograma de inversiones ambientales, así como los demás programas y compromisos.

     Artículo 19.- De la planificación y del ordenamiento territorial ambiental

     19.1 La planificación sobre el uso del territorio es un proceso de anticipación y toma de decisiones relacionadas con las acciones futuras en el territorio, el cual incluye los instrumentos, criterios y aspectos para su ordenamiento ambiental.

     19.2 El ordenamiento territorial ambiental es un instrumento que forma parte de la política de ordenamiento territorial. Es un proceso técnico-político orientado a la definición de criterios e indicadores ambientales que condicionan la asignación de usos territoriales y la ocupación ordenada del territorio.

     Artículo 20.- De los objetivos de la planificación y el ordenamiento territorial

     La planificación y el ordenamiento territorial tienen por finalidad complementar la planificación económica, social y ambiental con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su conservación y aprovechamiento sostenible. Tiene los siguientes objetivos:

     a. Orientar la formulación, aprobación y aplicación de políticas nacionales, sectoriales, regionales y locales en materia de gestión ambiental y uso sostenible de los recursos naturales y la ocupación ordenada del territorio, en concordancia con las características y potencialidades de los ecosistemas, la conservación del ambiente, la preservación del patrimonio cultural y el bienestar de la población.

     b. Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las autoridades correspondientes para conducir la gestión de los espacios y los recursos naturales de su jurisdicción, promoviendo la participación ciudadana y fortaleciendo a las organizaciones de la sociedad civil involucradas en dicha tarea.

     c. Proveer información técnica y el marco referencial para la toma de decisiones sobre la ocupación del territorio y el aprovechamiento de los recursos naturales; así como orientar, promover y potenciar la inversión pública y privada, sobre la base del principio de sostenibilidad.

     d. Contribuir a consolidar e impulsar los procesos de concertación entre el Estado y los diferentes actores económicos y sociales, sobre la ocupación y el uso adecuado del territorio y el aprovechamiento de los recursos naturales, previniendo conflictos ambientales.

     e. Promover la protección, recuperación y/o rehabilitación de los ecosistemas degradados y frágiles.

     f. Fomentar el desarrollo de tecnologías limpias y responsabilidad social.

CONCORDANCIAS:     R.M. N° 026-2010-MINAM (Aprueban los “Lineamientos de Política para el Ordenamiento Territorial”)

     Artículo 21.- De la asignación de usos

     La asignación de usos se basa en la evaluación de las potencialidades y limitaciones del territorio utilizando, entre otros, criterios físicos, biológicos, ambientales, sociales, económicos y culturales, mediante el proceso de zonificación ecológica y económica. Dichos instrumentos constituyen procesos dinámicos y flexibles, y están sujetos a la Política Nacional Ambiental.

     Artículo 22.- Del ordenamiento territorial ambiental y la descentralización

     22.1 El ordenamiento territorial ambiental es un objetivo de la descentralización en materia de gestión ambiental. En el proceso de descentralización se prioriza la incorporación de la dimensión ambiental en el ordenamiento territorial de las regiones y en las áreas de jurisdicción local, como parte de sus respectivas estrategias de desarrollo sostenible.

     22.2 El Poder Ejecutivo, a propuesta de la Autoridad Ambiental Nacional y en coordinación con los niveles descentralizados de gobierno, establece la política nacional en materia de ordenamiento territorial ambiental, la cual constituye referente obligatorio de las políticas públicas en todos los niveles de gobierno.

     22.3 Los gobiernos regionales y locales coordinan sus políticas de ordenamiento territorial, entre sí y con el Gobierno Nacional, considerando las propuestas que al respecto formule la sociedad civil.

     Artículo 23.- Del ordenamiento urbano y rural

     23.1 Corresponde a los gobiernos locales, en el marco de sus funciones y atribuciones, promover, formular y ejecutar planes de ordenamiento urbano y rural, en concordancia con la Política Nacional Ambiental y con las normas urbanísticas nacionales, considerando el crecimiento planificado de las ciudades, así como los diversos usos del espacio de jurisdicción, de conformidad con la legislación vigente, los que son evaluados bajo criterios socioeconómicos y ambientales.

     23.2 Los gobiernos locales deben evitar que actividades o usos incompatibles, por razones ambientales, se desarrollen dentro de una misma zona o en zonas colindantes dentro de sus jurisdicciones. También deben asegurar la preservación y la ampliación de las áreas verdes urbanas y periurbanas de que dispone la población.

     23.3 Las instalaciones destinadas a la fabricación, procesamiento o almacenamiento de sustancias químicas peligrosas o explosivas deben ubicarse en zonas industriales, conforme a los criterios de la zonificación aprobada por los gobiernos locales.

     Artículo 24.- Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

     24.1 Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, el cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento desarrollan los componentes del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

     24.2 Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, deben desarrollarse de conformidad con las normas de protección ambiental específicas de la materia.

CONCORDANCIAS:     D.Leg. Nº 1013, inc. b) del Art. 6 (Funciones generales)
               R.M. N° 239-2010-MINAM (Aprueban el Procedimiento denominado “Disposiciones para la Revisión Aleatoria de Estudios de Impacto Ambiental aprobados por las autoridades
               competentes”)
               R.M. Nº 052-2012-MINAM (Aprueban Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el
                Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP))

     Artículo 25.- De los Estudios de Impacto Ambiental

     Los Estudios de Impacto Ambiental - EIA son instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. Deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de su publicidad. La ley de la materia señala los demás requisitos que deban contener los EIA.

     Artículo 26.- De los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental

     26.1 La autoridad ambiental competente puede establecer y aprobar Programas de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA, para facilitar la adecuación de una actividad económica a obligaciones ambientales nuevas, debiendo asegurar su debido cumplimiento en plazos que establezcan las respectivas normas, a través de objetivos de desempeño ambiental explícitos, metas y un cronograma de avance de cumplimiento, así como las medidas de prevención, control, mitigación, recuperación y eventual compensación que corresponda. Los informes sustentatorios de la definición de plazos y medidas de adecuación, los informes de seguimiento y avances en el cumplimiento del PAMA, tienen carácter público y deben estar a disposición de cualquier persona interesada.

     26.2 El incumplimiento de las acciones definidas en los PAMA, sea durante su vigencia o al final de éste, se sanciona administrativamente, independientemente de las sanciones civiles o penales a que haya lugar.

     Artículo 27.- De los planes de cierre de actividades

     Los titulares de todas las actividades económicas deben garantizar que al cierre de actividades o instalaciones no subsistan impactos ambientales negativos de carácter significativo, debiendo considerar tal aspecto al diseñar y aplicar los instrumentos de gestión ambiental que les correspondan de conformidad con el marco legal vigente. La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las autoridades ambientales sectoriales, establece disposiciones específicas sobre el cierre, abandono, post-cierre y post-abandono de actividades o instalaciones, incluyendo el contenido de los respectivos planes y las condiciones que garanticen su adecuada aplicación.

     Artículo 28.- De la Declaratoria de Emergencia Ambiental

     En caso de ocurrencia de algún daño ambiental súbito y significativo ocasionado por causas naturales o tecnológicas, el CONAM, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Ministerio de Salud u otras entidades con competencia ambiental, debe declarar la Emergencia Ambiental y establecer planes especiales en el marco de esta Declaratoria. Por ley y su reglamento se regula el procedimiento y la declaratoria de dicha Emergencia.

     Artículo 29.- De las normas transitorias de calidad ambiental de carácter especial

     La Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con las autoridades competentes, puede dictar normas ambientales transitorias de aplicación específica en zonas ambientalmente críticas o afectadas por desastres, con el propósito de contribuir a su recuperación o superar las situaciones de emergencia. Su establecimiento, no excluye la aprobación de otras normas, parámetros, guías o directrices, orientados a prevenir el deterioro ambiental, proteger la salud o la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica y no altera la vigencia de los ECA y LMP que sean aplicables.

CONCORDANCIAS:     Ley N° 28804, Única Disp.Transitoria

     Artículo 30.- De los planes de descontaminación y el tratamiento de pasivos ambientales

     30.1 Los planes de descontaminación y de tratamiento de pasivos ambientales están dirigidos a remediar impactos ambientales originados por uno o varios proyectos de inversión o actividades, pasados o presentes. El Plan debe considerar su financiamiento y las responsabilidades que correspondan a los titulares de las actividades contaminantes, incluyendo la compensación por los daños generados, bajo el principio de responsabilidad ambiental.

     30.2 Las entidades con competencias ambientales promueven y establecen planes de descontaminación y recuperación de ambientes degradados. La Autoridad Ambiental Nacional establece los criterios para la elaboración de dichos planes.

     30.3 La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con la Autoridad de Salud, puede proponer al Poder Ejecutivo el establecimiento y regulación de un sistema de derechos especiales que permita restringir las emisiones globales al nivel de las normas de calidad ambiental. El referido sistema debe tener en cuenta:

     a) Los tipos de fuentes de emisiones existentes; 

     b) Los contaminantes específicos;

     c) Los instrumentos y medios de asignación de cuotas;

     d) Las medidas de monitoreo; y,

     e) La fiscalización del sistema y las sanciones que correspondan.

CONCORDANCIAS:     Ley N° 28804, Única Disp.Transitoria

     Artículo 31.- Del Estándar de Calidad Ambiental

     31.1 El Estándar de Calidad Ambiental - ECA es la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos. 

     31.2 El ECA es obligatorio en el diseño de las normas legales y las políticas públicas. Es un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental.

     31.3 No se otorga la certificación ambiental establecida mediante la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, cuando el respectivo EIA concluye que la implementación de la actividad implicaría el incumplimiento de algún Estándar de Calidad Ambiental. Los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental también deben considerar los Estándares de Calidad Ambiental al momento de establecer los compromisos respectivos.

     31.4 Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá hacer uso de los estándares nacionales de calidad ambiental, con el objeto de sancionar bajo forma alguna a personas jurídicas o naturales, a menos que se demuestre que existe causalidad entre su actuación y la transgresión de dichos estándares. Las sanciones deben basarse en el incumplimiento de obligaciones a cargo de las personas naturales o jurídicas, incluyendo las contenidas en los instrumentos de gestión ambiental.

CONCORDANCIAS:     D.S.Nº 006-2013-MINAM (Aprueban Disposiciones Complementarias para la aplicación de Estándar de Calidad Ambiental (ECA) de Aire)

     Artículo 32.- Del Límite Máximo Permisible

     32.1 El Límite Máximo Permisible - LMP, es la medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por la respectiva autoridad competente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos. (*)

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1055, publicado el
27 junio 2008, cuyo texto es el siguiente:

     "32.1 El Límite Máximo Permisible - LMP, es la medida de la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su determinación corresponde al Ministerio del Ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por el Ministerio del Ambiente y los organismos que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Los criterios para la determinación de la supervisión y sanción serán establecidos por dicho Ministerio."

CONCORDANCIAS:     R. N° 192-2007-CONAM-PCD (Aprueban la Propuesta de Límites Máximos Permisibles (LMP) de efluentes líquidos y para emisiones
               atmosféricas de fuente puntual en actividades minero metalúrgicas)
               D.S. Nº 037-2008-PCM (Establecen Límites Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos)
               D.S. Nº 003-2010-MINAM (Aprueba Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas
               o Municipales)

     32.2 El LMP guarda coherencia entre el nivel de protección ambiental establecido para una fuente determinada y los niveles generales que se establecen en los ECA. La implementación de estos instrumentos debe asegurar que no se exceda la capacidad de carga de los ecosistemas, de acuerdo con las normas sobre la materia.

CONCORDANCIAS:     D. CONSEJO DIRECTIVO N° 029-2006-CONAM-CD (Aprueban Cronograma de Priorizaciones para la aprobación progresiva de Estándares de
               Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles)

               D. CONSEJO DIRECTIVO N° 003-2007-CONAM-CD (Aprueban propuesta de Decreto Supremo para la Aprobación de los Estándares de Calidad
               Ambiental (ECA) para Agua y su Estrategia de Implementación)

               D. CONSEJO DIRECTIVO N° 004-2007-CONAM-CD (Aprueban propuesta de Límites Máximos Permisibles (LMP) de Emisiones Gaseosas y
               Partículas del Subsector Electricidad)

               D. CONSEJO DIRECTIVO N° 007-2007-CONAM-CD (Aprueban propuesta de los Límites Máximos Permisibles (LMP) de Efluentes de la Industria
               de Harina y Aceite de Pescado)
               D.S. Nº 010-2008-PRODUCE (Límites Máximos Permisibles (LMP) para la Industria de Harina y Aceite de Pescado y Normas Complementarias)
               D.S. N° 011-2009-MINAM (Aprueba Límites Máximos Permisibles para las emisiones de la Industria de Harina y Aceite de Pescado y
               Harina de Residuos Hidrobiológicos)

               R.M.Nº 030-2011-MEM-DM (Aprueban Términos de Referencia conforme a los cuales se elaborará el Plan de Implementación para el Cumplimiento de
               los Límites Máximos Permisibles (LMP) para la descarga de efluentes líquidos de Actividades Minero - Metalúrgicas, así como el procedimiento de evaluación de dicho plan)

     Artículo 33.- De la elaboración de ECA y LMP

     33.1 La Autoridad Ambiental Nacional dirige el proceso de elaboración y revisión de ECA y LMP y, en coordinación con los sectores correspondientes, elabora o encarga, las propuestas de ECA y LMP, los que serán remitidos a la Presidencia del Consejo de Ministros para su aprobación mediante decreto supremo. 

CONCORDANCIAS:     D. CONSEJO DIRECTIVO N° 003-2007-CONAM-CD (Aprueban propuesta de Decreto Supremo para la Aprobación de los Estándares de Calidad
               Ambiental (ECA) para Agua y su Estrategia de Implementación)

               D. CONSEJO DIRECTIVO N° 004-2007-CONAM-CD (Aprueban propuesta de Límites Máximos Permisibles (LMP) de Emisiones Gaseosas y
               Partículas del Subsector Electricidad)

               D.S. N° 033-2007-PCM (Aprueban el Procedimiento para la aprobación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos
               Permisibles (LMP) de Contaminación Ambiental)

               D. CONSEJO DIRECTIVO N° 007-2007-CONAM-CD (Aprueban propuesta de los Límites Máximos Permisibles (LMP) de Efluentes de la Industria
               de Harina y Aceite de Pescado)
               D.S. Nº 010-2008-PRODUCE (Límites Máximos Permisibles (LMP) para la Industria de Harina y Aceite de Pescado y Normas Complementarias)

     33.2 La Autoridad Ambiental Nacional, en el proceso de elaboración de los ECA, LMP y otros estándares o parámetros para el control y la protección ambiental, debe tomar en cuenta los establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o de las entidades de nivel internacional especializadas en cada uno de los temas ambientales.

     33.3 La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con los sectores correspondientes, dispondrá la aprobación y registrará la aplicación de estándares internacionales o de nivel internacional en los casos que no existan ECA o LMP equivalentes aprobados en el país.

CONCORDANCIAS:     D.CONSEJO DIRECTIVO N° 020-2006-CONAM-CD, Art. 5

     33.4 En el proceso de revisión de los parámetros de contaminación ambiental, con la finalidad de determinar nuevos niveles de calidad, se aplica el principio de la gradualidad, permitiendo ajustes progresivos a dichos niveles para las actividades en curso.

CONCORDANCIAS:     D.S. Nº 037-2008-PCM (Establecen Límites Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos)
               D.S. Nº 014-2010-MINAM (Aprueban los Límites Máximos Permisibles para las Emisiones Gaseosas y de Partículas de las Actividades del Sub
               Sector Hidrocarburos)

               R.M.Nº 030-2011-MEM-DM (Aprueban Términos de Referencia conforme a los cuales se elaborará el Plan de Implementación para el Cumplimiento de
               los Límites Máximos Permisibles (LMP) para la descarga de efluentes líquidos de Actividades Minero - Metalúrgicas, así como el procedimiento de evaluación de dicho plan)

               R.M.Nº 141-2011-MINAM (Ratifican lineamiento para la aplicación de los Límites Máximos Permisibles)

     Artículo 34.- De los planes de prevención y de mejoramiento de la calidad ambiental

     La Autoridad Ambiental Nacional coordina con las autoridades competentes la formulación, ejecución y evaluación de los planes destinados a la mejora de la calidad ambiental o la prevención de daños irreversibles en zonas vulnerables o en las que se sobrepasen los ECA, y vigila según sea el caso, su fiel cumplimiento. Con tal fin puede dictar medidas cautelares que aseguren la aplicación de los señalados planes, o establecer sanciones ante el incumplimiento de una acción prevista en ellos, salvo que dicha acción constituya una infracción a la legislación ambiental que debe ser resuelta por otra autoridad de acuerdo a ley.

CONCORDANCIAS:     D.Leg. Nº 1013, inc. b) del Art. 6 (Funciones generales)

     Artículo 35.- Del Sistema Nacional de Información Ambiental

     35.1 El Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA, constituye una red de integración tecnológica, institucional y técnica para facilitar la sistematización, acceso y distribución de la información ambiental, así como el uso e intercambio de información para los procesos de toma de decisiones y de la gestión ambiental.

     35.2 La Autoridad Ambiental Nacional administra el SINIA. A su solicitud, o de conformidad con lo establecido en las normas legales vigentes, las instituciones públicas generadoras de información, de nivel nacional, regional y local, están obligadas a brindarle la información relevante para el SINIA, sin perjuicio de la información que está protegida por normas especiales.

     Artículo 36.- De los instrumentos económicos

     36.1 Constituyen instrumentos económicos aquellos basados en mecanismos propios del mercado que buscan incentivar o desincentivar determinadas conductas con el fin de promover el cumplimiento de los objetivos de política ambiental.

     36.2 Conforme al marco normativo presupuestal y tributario del Estado, las entidades públicas de nivel nacional, sectorial, regional y local en el ejercicio y ámbito de sus respectivas funciones, incorporan instrumentos económicos, incluyendo los de carácter tributario, a fin de incentivar prácticas ambientalmente adecuadas y el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional Ambiental y las normas ambientales.

     36.3 El diseño de los instrumentos económicos propician el logro de niveles de desempeño ambiental más exigentes que los establecidos en las normas ambientales.

     Artículo 37.- De las medidas de promoción

     Las entidades públicas establecen medidas para promover el debido cumplimiento de las normas ambientales y mejores niveles de desempeño ambiental, en forma complementaria a los instrumentos económicos o de sanción que establezcan, como actividades de capacitación, difusión y sensibilización ciudadana, la publicación de promedios de desempeño ambiental, los reconocimientos públicos y la asignación de puntajes especiales en licitaciones públicas a los proveedores ambientalmente más responsables.

     Artículo 38.- Del financiamiento de la gestión ambiental

     El Poder Ejecutivo establece los lineamientos para el financiamiento de la gestión ambiental del sector público. Sin perjuicio de asignar recursos públicos, el Poder Ejecutivo debe buscar, entre otras medidas, promover el acceso a los mecanismos de financiamiento internacional, los recursos de la cooperación internacional y las fuentes destinadas a cumplir con los objetivos de la política ambiental y de la Agenda Ambiental Nacional, aprobada de conformidad con la legislación vigente.

     Artículo 39.- De la información sobre el gasto e inversión ambiental del Estado

     El Ministerio de Economía y Finanzas informa acerca del gasto y la inversión en la ejecución de programas y proyectos públicos en materia ambiental. Dicha información se incluye anualmente en el Informe Nacional del Estado del Ambiente.

     Artículo 40.- Del rol del sector privado en el financiamiento

     El sector privado contribuye al financiamiento de la gestión ambiental sobre la base de principios de internalización de costos y de responsabilidad ambiental, sin perjuicio de otras acciones que emprendan en el marco de sus políticas de responsabilidad social, así como de otras contribuciones de carácter voluntario.

CAPÍTULO 4

ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONCORDANCIAS:     D.S. Nº 002-2009-MINAM (Decreto Supremo que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y
               Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales)

     Artículo 41.- Del acceso a la información ambiental

     Conforme al derecho de acceder adecuada y oportunamente a la información pública sobre el ambiente, sus componentes y sus implicancias en la salud, toda entidad pública, así como las personas jurídicas sujetas al régimen privado que presten servicios públicos, facilitan el acceso a dicha información, a quien lo solicite, sin distinción de ninguna índole, con sujeción exclusivamente a lo dispuesto en la legislación vigente.

CONCORDANCIAS:     D.S. Nº 002-2009-MINAM, Arts. 7 y 20 (Decreto Supremo que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y
               Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales)

     Artículo 42.- De la obligación de informar

     Las entidades públicas con competencias ambientales y las personas jurídicas que presten servicios públicos, conforme a lo señalado en el artículo precedente, tienen las siguientes obligaciones en materia de acceso a la información ambiental: (*)

(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1055, publicado el 27 junio 2008, cuyo texto es el siguiente:

     "Artículo 42.- De la Obligación de Informar

     Las entidades públicas con competencias ambientales y las personas jurídicas que presten servicios públicos, conforme a lo señalado en el artículo precedente, tiene las siguientes obligaciones en materia de acceso a la información ambiental:"

     a. Establecer mecanismos para la generación, organización y sistematización de la información ambiental relativa a los sectores, áreas o actividades a su cargo.  

     b. Facilitar el acceso directo a la información ambiental que se les requiera y que se encuentre en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de adoptar las medidas necesarias para cautelar el normal desarrollo de sus actividades y siempre que no se esté incurso en excepciones legales al acceso de la información.

     c. Establecer criterios o medidas para validar o asegurar la calidad e idoneidad de la información ambiental que poseen.

     d. Difundir la información gratuita sobre las actividades del Estado y en particular, la relativa a su organización, funciones, fines, competencias, organigrama, dependencias, horarios de atención y procedimientos administrativos a su cargo, entre otros.

     e. Eliminar las exigencias, cobros indebidos y requisitos de forma que obstaculicen, limiten o impidan el eficaz acceso a la información ambiental.

     f. Rendir cuenta acerca de las solicitudes de acceso a la información recibidas y de la atención brindada.      

     g. Entregar a la Autoridad Ambiental Nacional la información que ésta le solicite, por considerarla necesaria para la gestión ambiental. La solicitud será remitida por escrito y deberá ser respondida en un plazo no mayor de 15 días, pudiendo la Autoridad Ambiental Nacional ampliar dicho plazo de oficio o a solicitud de parte.(*)

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1055, publicado el 27 junio 2008, cuyo texto es el siguiente:

     "g. Entregar al Ministerio del Ambiente-MINAM la información ambiental que ésta genere, por considerarla necesaria para la gestión ambiental, la cual deberá ser suministrada al Ministerio en el plazo que éste determine, bajo responsabilidad del máximo representante del organismo encargado de suministrar la información. Sin perjuicio de ello, el incumplimiento del funcionario o servidor público encargado de remitir la información mencionada, será considerado como falta grave."

     "h. El MINAM solicitará la información a las entidades generadoras de información con la finalidad de elaborar los informes nacionales sobre el estado del ambiente. Dicha información deberá ser entregada en el plazo que determine el Ministerio, pudiendo ser éste ampliado a solicitud de parte, bajo responsabilidad del máximo representante del organismo encargado de suministrar la información. Sin perjuicio de ello, el funcionario o servidor público encargado de remitir la información mencionada, será considerado como falta grave."(*)

(*) Literal incorporado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1055, publicado el 27 junio 2008.

CONCORDANCIAS:     D.S. Nº 002-2009-MINAM, Art. 20 (Decreto Supremo que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y
               Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales)

     Artículo 43.- De la información sobre denuncias presentadas

     43.1 Toda persona tiene derecho a conocer el estado de las denuncias que presente ante cualquier entidad pública respecto de riesgos o daños al ambiente y sus demás componentes, en especial aquellos vinculados a daños o riesgos a la salud de las personas.(*)

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1055, publicado el 27 junio 2008, cuyo texto es el siguiente:

     "43.1 Toda persona tiene derecho a conocer el estado de las denuncias que presente ante cualquier entidad pública respecto de infracciones a la normatividad ambiental, sanciones y reparaciones ambientales, riesgos o daños al ambiente y sus demás componentes, en especial aquellos vinculados a daños o riesgos a la salud de personas. Las entidades públicas deben establecer en sus Reglamentos de Organización y Funciones, Textos Únicos de Procedimientos Administrativos u otros documentos de gestión, los procedimientos para la atención de las citadas denuncias y sus formas de comunicación al público, de acuerdo con los parámetros y criterios que al respecto fije el Ministerio del Ambiente y bajo responsabilidad de su máximo representante. Las entidades deberán enviar anualmente un listado con las denuncias recibidas y soluciones alcanzadas, con la finalidad de hacer pública esta información a la población a través del SINIA."

     43.2 En caso de que la denuncia haya sido trasladada a otra autoridad, en razón de las funciones y atribuciones legalmente establecidas, se debe dar cuenta inmediata de tal hecho al denunciante.

     Artículo 44.- De la incorporación de información al SINIA

     Los informes y documentos resultantes de las actividades científicas, técnicas y de monitoreo de la calidad del ambiente y de sus componentes, así como los que se generen en el ejercicio de las funciones ambientales que ejercen las entidades públicas, deben ser incorporados al SINIA, a fin de facilitar su acceso para las entidades públicas y privadas, en el marco de las normas y limitaciones establecidas en las normas de transparencia y acceso a la información pública.

     Artículo 45.- De las estadísticas ambientales y cuentas nacionales

     El Estado incluye en las estadísticas nacionales información sobre el estado del ambiente y sus componentes. Asimismo, debe incluir en las cuentas nacionales el valor del Patrimonio Natural de la Nación y la degradación de la calidad del ambiente, informando periódicamente a través de la Autoridad Ambiental Nacional acerca de los incrementos y decrementos que lo afecten.

     Artículo 46.- De la participación ciudadana

     Toda persona natural o jurídica, en forma individual o colectiva, puede presentar opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones u aportes, en los procesos de toma de decisiones de la gestión ambiental y en las políticas y acciones que incidan sobre ella, así como en su posterior ejecución, seguimiento y control. El derecho a la participación ciudadana se ejerce en forma responsable.

CONCORDANCIAS:     D.S. N° 028-2008-EM (Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero)

     Artículo 47.- Del deber de participación responsable

     47.1 Toda persona, natural o jurídica, tiene el deber de participar responsablemente en la gestión ambiental, actuando con buena fe, transparencia y veracidad conforme a las reglas y procedimientos de los mecanismos formales de participación establecidos y a las disposiciones de la presente Ley y las demás normas vigentes.

     47.2 Constituyen trasgresión a las disposiciones legales sobre participación ciudadana toda acción o medida que tomen las autoridades o los ciudadanos que impida u obstaculice el inicio, desarrollo o término de un proceso de participación ciudadana. En ningún caso constituirá trasgresión a las normas de participación ciudadana la presentación pacífica de aportes, puntos de vista o documentos pertinentes y ajustados a los fines o materias objeto de la participación ciudadana.

     Artículo 48.- De los mecanismos de participación ciudadana

     48.1 Las autoridades públicas establecen mecanismos formales para facilitar la efectiva participación ciudadana en la gestión ambiental y promueven su desarrollo y uso por las personas naturales o jurídicas relacionadas, interesadas o involucradas con un proceso particular de toma de decisiones en materia ambiental o en su ejecución, seguimiento y control; asimismo promueven, de acuerdo a sus posibilidades, la generación de capacidades en las organizaciones dedicadas a la defensa y protección del ambiente y los recursos naturales, así como alentar su participación en la gestión ambiental. 

CONCORDANCIAS:     R.M. Nº 571-2008-MEM-DM (Aprueban Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades de Hidrocarburos)

               D.S. Nº 018-2012-AG (Aprueban Reglamento de Participación Ciudadana para la Evaluación, Aprobación y Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario)

     48.2 La Autoridad Ambiental Nacional establece los lineamientos para el diseño de mecanismos de participación ciudadana ambiental, que incluyen consultas y audiencias públicas, encuestas de opinión, apertura de buzones de sugerencias, publicación de proyectos normativos, grupos técnicos y mesas de concertación, entre otros.

CONCORDANCIAS:     R.M. Nº 304-2008-MEM-DM (Aprueban Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector Minero)

     Artículo 49.- De las exigencias específicas

     Las entidades públicas promueven mecanismos de participación de las personas naturales y jurídicas en la gestión ambiental estableciendo, en particular, mecanismos de participación ciudadana en los siguientes procesos:

     a. Elaboración y difusión de la información ambiental.  

     b. Diseño y aplicación de políticas, normas e instrumentos de la gestión ambiental, así como de los planes, programas y agendas ambientales.

     c. Evaluación y ejecución de proyectos de inversión pública y privada, así como de proyectos de manejo de los recursos naturales.

     d. Seguimiento, control y monitoreo ambiental, incluyendo las denuncias por infracciones a la legislación ambiental o por amenazas o violación a los derechos ambientales.

CONCORDANCIAS:     D.LEG. N° 1055, Art. 2

     Artículo 50.- De los deberes del Estado en materia de participación ciudadana

     Las entidades públicas tienen las siguientes obligaciones en materia de participación ciudadana:

     a. Promover el acceso oportuno a la información relacionada con las materias objeto de la participación ciudadana.

     b. Capacitar, facilitar asesoramiento y promover la activa participación de las entidades dedicadas a la defensa y protección del ambiente y la población organizada, en la gestión ambiental.

     c. Establecer mecanismos de participación ciudadana para cada proceso de involucramiento de las personas naturales y jurídicas en la gestión ambiental.

     d. Eliminar las exigencias y requisitos de forma que obstaculicen, limiten o impidan la eficaz participación de las personas naturales o jurídicas en la gestión ambiental.

     e. Velar por que cualquier persona natural o jurídica, sin discriminación de ninguna índole, pueda acceder a los mecanismos de participación ciudadana.

     f. Rendir cuenta acerca de los mecanismos, procesos y solicitudes de participación ciudadana, en las materias a su cargo.

     Artículo 51.- De los criterios a seguir en los procedimientos de participación ciudadana

     Sin perjuicio de las normas nacionales, sectoriales, regionales o locales que se establezca, en todo proceso de participación ciudadana se deben seguir los siguientes criterios:

     a. La autoridad competente pone a disposición del público interesado, principalmente en los lugares de mayor afectación por las decisiones a tomarse, la información y documentos pertinentes, con una anticipación razonable, en formato sencillo y claro, y en medios adecuados.  En el caso de las autoridades de nivel nacional, la información es colocada a disposición del público en la sede de las direcciones regionales y en la municipalidad provincial más próxima al lugar indicado en el literal precedente. Igualmente, la información debe ser accesible mediante Internet.

     b. La autoridad competente convoca públicamente a los procesos de participación ciudadana, a través de medios que faciliten el conocimiento de dicha convocatoria, principalmente a la población probablemente interesada.

     c. Cuando la decisión a adoptarse se sustente en la revisión o aprobación de documentos o estudios de cualquier tipo y si su complejidad lo justifica, la autoridad competente debe facilitar, por cuenta del promotor de la decisión o proyecto, versiones simplificadas a los interesados.

     d. La autoridad competente debe promover la participación de todos los sectores sociales probablemente interesados en las materias objeto del proceso de participación ciudadana, así como la participación de los servidores públicos con funciones, atribuciones o responsabilidades relacionadas con dichas materias.

     e. Cuando en las zonas involucradas con las materias objeto de la consulta habiten poblaciones que practican mayoritariamente idiomas distintos al castellano, la autoridad competente garantiza que se provean los medios que faciliten su comprensión y participación.

     f. Las audiencias públicas se realizan, al menos, en la zona donde se desarrollará el proyecto de inversión, el plan, programa o en donde se ejecutarán las medidas materia de la participación ciudadana, procurando que el lugar elegido sea aquel que permita la mayor participación de los potenciales afectados.

     g. Los procesos de participación ciudadana son debidamente documentados y registrados, siendo de conocimiento público toda información generada o entregada como parte de dichos procesos, salvo las excepciones establecidas en la legislación vigente.(*)

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1055, publicado el
27 junio 2008, cuyo texto es el siguiente:

     "g. Cuando se realicen consultas públicas u otras formas de participación ciudadana, el sector correspondiente debe publicar los acuerdos, observaciones y recomendaciones en su portal institucional.

     Si las observaciones o recomendaciones que sean formuladas como consecuencia de los mecanismos de participación ciudadana que no son tomadas en cuenta, el sector correspondiente deberá fundamentar por escrito las razones para ello, en un plazo no mayor de treinta (30) días útiles.”

     h. Cuando las observaciones o recomendaciones que sean formuladas como consecuencia de los mecanismos de participación ciudadana no sean tomados en cuenta, se debe informar y fundamentar la razón de ello, por escrito, a quienes las hayan formulado.

CONCORDANCIAS:     R.M. Nº 304-2008-MEM-DM, Art. 29 (De las observaciones o recomendaciones)

TÍTULO II

DE LOS SUJETOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

CAPÍTULO 1

ORGANIZACIÓN DEL ESTADO

     Artículo 52.- De las competencias ambientales del Estado

     Las competencias ambientales del Estado son ejercidas por organismos constitucionalmente autónomos, autoridades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, de conformidad con la Constitución y las leyes que definen sus respectivos ámbitos de actuación, funciones y atribuciones, en el marco del carácter unitario del Estado. El diseño de las políticas y normas ambientales de carácter nacional es una función exclusiva del Gobierno Nacional.

     Artículo 53.- De los roles de carácter transectorial

     53.1 Las entidades que ejercen funciones en materia de salud ambiental, protección de recursos naturales renovables, calidad de las aguas, aire o suelos y otros aspectos de carácter transectorial ejercen funciones de vigilancia, establecimiento de criterios y de ser necesario, expedición de opinión técnica previa, para evitar los riesgos y daños de carácter ambiental que comprometan la protección de los bienes bajo su responsabilidad. La obligatoriedad de dicha opinión técnica previa se establece mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y regulada por la Autoridad Ambiental Nacional.

     53.2 Las autoridades indicadas en el párrafo anterior deben evaluar periódicamente las políticas, normas y resoluciones emitidas por las entidades públicas de nivel sectorial, regional y local, a fin de determinar su consistencia con sus políticas y normas de protección de los bienes bajo su responsabilidad, caso contrario deben reportar sus hallazgos a la Autoridad Ambiental Nacional, a las autoridades involucradas y a la Contraloría General de la República, para que cada una de ellas ejerza sus funciones conforme a ley.

     53.3 Toda autoridad pública de nivel nacional, regional y local debe responder a los requerimientos que formulen las entidades señaladas en el primer párrafo de este artículo, bajo responsabilidad.

CONCORDANCIAS:     R.M. Nº 251-2008-MINSA

     Artículo 54.- De los conflictos de competencia

     54.1 Cuando en un caso particular, dos o más entidades públicas se atribuyan funciones ambientales de carácter normativo, fiscalizador o sancionador sobre una misma actividad, le corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional, a través de su Tribunal de Solución de Controversias Ambientales, determinar cuál de ellas debe actuar como la autoridad competente. La resolución de la Autoridad Ambiental Nacional es de observancia obligatoria y agota la vía administrativa. Esta disposición es aplicable en caso de conflicto entre:

     a) Dos o más entidades del Poder Ejecutivo.

     b) Una o más de una entidad del Poder Ejecutivo y uno o más gobiernos regionales o gobiernos locales.

     c) Uno o más gobiernos regionales o gobiernos locales.

     54.2 La Autoridad Ambiental Nacional es competente siempre que la función o atribución específica en conflicto no haya sido asignada directamente por la Constitución o por sus respectivas Leyes Orgánicas, en cuyo caso la controversia la resuelve el Tribunal Constitucional.

     Artículo 55.- De las deficiencias en la asignación de atribuciones ambientales

     La Autoridad Ambiental Nacional ejerce funciones coordinadoras y normativas, de fiscalización y sancionadoras, para corregir vacíos, superposición o deficiencias en el ejercicio de funciones y atribuciones ambientales nacionales, sectoriales, regionales y locales en materia ambiental.

CONCORDANCIAS:     R.M. N° 121-2009-MINAM (Aprueban Plan de Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximo Permisibles para el Año Fiscal 2009)

CAPÍTULO 2

AUTORIDADES PÚBLICAS

     Artículo 56.- De la Autoridad Ambiental Nacional

     El Consejo Nacional del Ambiente - CONAM es la Autoridad Ambiental Nacional y ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Sus funciones y atribuciones específicas se establecen por ley y se desarrollan en su Reglamento de Organización y Funciones.

     Artículo 57.- Del alcance de las disposiciones transectoriales

     En el ejercicio de sus funciones, la Autoridad Ambiental Nacional establece disposiciones de alcance transectorial sobre la gestión del ambiente y sus componentes, sin perjuicio de las funciones específicas a cargo de las autoridades sectoriales, regionales y locales competentes.

     Artículo 58.- Del ejercicio sectorial de las funciones ambientales

     58.1 Los ministerios y sus respectivos organismos públicos descentralizados, así como los organismos regulatorios o de fiscalización, ejercen funciones y atribuciones ambientales sobre las actividades y materias señaladas en la ley.

     58.2 Las autoridades sectoriales con competencia ambiental, coordinan y consultan entre sí y con las autoridades de los gobiernos regionales y locales, con el fin de armonizar sus políticas, evitar conflictos o vacíos de competencia y responder, con coherencia y eficiencia, a los objetivos y fines de la presente Ley y del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

     Artículo 59.- Del ejercicio descentralizado de las funciones ambientales

     59.1 Los gobiernos regionales y locales ejercen sus funciones y atribuciones de conformidad con lo que establecen sus respectivas leyes orgánicas y lo dispuesto en la presente Ley.

     59.2 Para el diseño y aplicación de políticas, normas e instrumentos de gestión ambiental de nivel regional y local, se tienen en cuenta los principios, derechos, deberes, mandatos y responsabilidades establecidos en la presente Ley y las normas que regulan el Sistema Nacional de Gestión Ambiental; el proceso de descentralización; y aquellas de carácter nacional referidas al ordenamiento ambiental, la protección de los recursos naturales, la diversidad biológica, la salud y la protección de la calidad ambiental.

     59.3 Las autoridades regionales y locales con competencia ambiental, coordinan y consultan entre sí y con las autoridades nacionales, con el fin de armonizar sus políticas, evitar conflictos o vacíos de competencia y responder, con coherencia y eficiencia, a los objetivos y fines de la presente Ley y del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

     Artículo 60.- Del ejercicio de las competencias y funciones

     Las normas regionales y municipales en materia ambiental guardan concordancia con la legislación de nivel nacional. Los gobiernos regionales y locales informan y realizan coordinaciones con las entidades con las que compartan competencias y funciones, antes de ejercerlas.

     Artículo 61.- De la concertación en la gestión ambiental regional

     Los gobiernos regionales, a través de sus Gerencias de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, y en coordinación con las Comisiones Ambientales Regionales y la Autoridad Ambiental Nacional, implementan un Sistema Regional de Gestión Ambiental, integrando a las entidades públicas y privadas que desempeñan funciones ambientales o que inciden sobre la calidad del medio ambiente, así como a la sociedad civil, en el ámbito de actuación del gobierno regional.

     Artículo 62.- De la concertación en la gestión ambiental local

     Los gobiernos locales organizan el ejercicio de sus funciones ambientales, considerando el diseño y la estructuración de sus órganos internos o comisiones, en base a sus recursos, necesidades y el carácter transversal de la gestión ambiental. Deben implementar un Sistema Local de Gestión Ambiental, integrando a las entidades públicas y privadas que desempeñan funciones ambientales o que inciden sobre la calidad del medio ambiente, así como a la sociedad civil, en el ámbito de actuación del gobierno local.

     Artículo 63.- De los fondos de interés público

     La aplicación de los recursos financieros que administran los fondos de interés público en los que participa el Estado, sean de derecho público o privado, se realiza tomando en cuenta los principios establecidos en la presente Ley y propiciando la investigación científica y tecnológica, la innovación productiva, la facilitación de la producción limpia y los bionegocios, así como el desarrollo social, sin perjuicio de los objetivos específicos para los cuales son creados.

CAPÍTULO 3

POBLACIÓN Y AMBIENTE

     Artículo 64.- De los asentamientos poblacionales

     En el diseño y aplicación de políticas públicas relativas a la creación, desarrollo y reubicación de asentamientos poblacionales, en sus respectivos instrumentos de planificación y en las decisiones relativas al acondicionamiento territorial y el desarrollo urbano, se consideran medidas de protección ambiental, en base a lo dispuesto en la presente Ley y en sus normas complementarias y reglamentarias, de forma que se aseguren condiciones adecuadas de habitabilidad en las ciudades y poblados del país, así como la protección de la salud, la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica y del patrimonio cultural asociado a ellas.

     Artículo 65.- De las políticas poblacionales y gestión ambiental

     El crecimiento de la población y su ubicación dentro del territorio son variables que se consideran en las políticas ambientales y de promoción del desarrollo sostenible. Del mismo modo, las políticas de desarrollo urbano y rural deben considerar el impacto de la población sobre la calidad del ambiente y sus componentes.

     Artículo 66.- De la salud ambiental

     66.1 La prevención de riesgos y daños a la salud de las personas es prioritaria en la gestión ambiental. Es responsabilidad del Estado, a través de la Autoridad de Salud y de las personas naturales y jurídicas dentro del territorio nacional, contribuir a una efectiva gestión del ambiente y de los factores que generan riesgos a la salud de las personas.

     66.2 La Política Nacional de Salud incorpora la política de salud ambiental como área prioritaria, a fin de velar por la minimización de riesgos ambientales derivados de las actividades y materias comprendidas bajo el ámbito de este sector.

CONCORDANCIAS:     R.M. Nº 251-2008-MINSA

     Artículo 67.- Del saneamiento básico

     Las autoridades públicas de nivel nacional, sectorial, regional y local priorizan medidas de saneamiento básico que incluyan la construcción y administración de infraestructura apropiada; la gestión y manejo adecuado del agua potable, las aguas pluviales, las aguas subterráneas, el sistema de alcantarillado público, el reuso de aguas servidas, la disposición de excretas y los residuos sólidos, en las zonas urbanas y rurales, promoviendo la universalidad, calidad y continuidad de los servicios de saneamiento, así como el establecimiento de tarifas adecuadas y consistentes con el costo de dichos servicios, su administración y mejoramiento.

     Artículo 68.- De los planes de desarrollo

     68.1 Los planes de acondicionamiento territorial de las municipalidades consideran, según sea el caso, la disponibilidad de fuentes de abastecimiento de agua, así como áreas o zonas para la localización de infraestructura sanitaria, debiendo asegurar que se tomen en cuenta los criterios propios del tiempo de vida útil de esta infraestructura, la disposición de áreas de amortiguamiento para reducir impactos negativos sobre la salud de las personas y la calidad ambiental, su protección frente a desastres naturales, la prevención de riesgos sobre las aguas superficiales y subterráneas y los demás elementos del ambiente.

     68.2 En los instrumentos de planificación y acondicionamiento territorial debe considerarse, necesariamente, la identificación de las áreas para la localización de la infraestructura de saneamiento básico.

     Artículo 69.- De la relación entre cultura y ambiente

     La relación entre los seres humanos y el ambiente en el cual viven constituye parte de la cultura de los pueblos. Las autoridades públicas alientan aquellas expresiones culturales que contribuyan a la conservación y protección del ambiente y desincentivan aquellas contrarias a tales fines.

     Artículo 70.- De los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

     En el diseño y aplicación de la política ambiental y, en particular, en el proceso de ordenamiento territorial ambiental, se deben salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales ratificados por el Estado. Las autoridades públicas promueven su participación e integración en la gestión del ambiente.

CONCORDANCIAS:     D.S. N° 009-2006-AG

     Artículo 71.- De los conocimientos colectivos

     El Estado reconoce, respeta, registra, protege y contribuye a aplicar más ampliamente los conocimientos colectivos, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas, en tanto ellos constituyen una manifestación de sus estilos de vida tradicionales y son consistentes con la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los recursos naturales. El Estado promueve su participación, justa y equitativa, en los beneficios derivados de dichos conocimientos y fomenta su participación en la conservación y la gestión del ambiente y los ecosistemas.

     Artículo 72.- Del aprovechamiento de recursos naturales y pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

     72.1 Los estudios y proyectos de exploración, explotación y aprovechamiento de recursos naturales que se autoricen en tierras de pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas, adoptan las medidas necesarias para evitar el detrimento a su integridad cultural, social, económica ni a sus valores tradicionales.

     72.2 En caso de proyectos o actividades a ser desarrollados dentro de las tierras de poblaciones indígenas, comunidades campesinas y nativas, los procedimientos de consulta se orientan preferentemente a establecer acuerdos con los representantes de éstas, a fin de resguardar sus derechos y costumbres tradicionales, así como para establecer beneficios y medidas compensatorias por el uso de los recursos, conocimientos o tierras que les corresponda según la legislación pertinente.

     72.3 De conformidad con la ley, los pueblos indígenas y las comunidades nativas y campesinas, pueden beneficiarse de los recursos de libre acceso para satisfacer sus necesidades de subsistencia y usos rituales. Asimismo, tienen derecho preferente para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales dentro de sus tierras, debidamente tituladas, salvo reserva del Estado o derechos exclusivos o excluyentes de terceros, en cuyo caso tienen derecho a una participación justa y equitativa de los beneficios económicos que pudieran derivarse del aprovechamiento de dichos recursos.

CONCORDANCIAS:     D.S. N° 009-2006-AG

CAPÍTULO 4

EMPRESA Y AMBIENTE

     Artículo 73.- Del ámbito

     73.1 Las disposiciones del presente Capítulo son exigibles a los proyectos de inversión, de investigación y a toda actividad susceptible de generar impactos negativos en el ambiente, en tanto sean aplicables, de acuerdo a las disposiciones que determine la respectiva autoridad competente.

     73.2 El término “titular de operaciones” empleado en los artículos siguientes de este Capítulo incluye a todas las personas naturales y jurídicas.

     Artículo 74.- De la responsabilidad general

     Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos que se generen sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. Esta responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se generen por acción u omisión.

     Artículo 75.- Del manejo integral y prevención en la fuente

     75.1 El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de prevención del riesgo y daño ambiental en la fuente generadora de los mismos, así como las demás medidas de conservación y protección ambiental que corresponda en cada una de las etapas de sus operaciones, bajo el concepto de ciclo de vida de los bienes que produzca o los servicios que provea, de conformidad con los principios establecidos en el Título Preliminar de la presente Ley y las demás normas legales vigentes.

     75.2 Los estudios para proyectos de inversión a nivel de prefactibilidad, factibilidad y definitivo, a cargo de entidades públicas o privadas, cuya ejecución pueda tener impacto en el ambiente deben considerar los costos necesarios para preservar el ambiente de la localidad en donde se ejecutará el proyecto y de aquellas que pudieran ser afectadas por éste.

     Artículo 76.- De los sistemas de gestión ambiental y mejora continua

     El Estado promueve que los titulares de operaciones adopten sistemas de gestión ambiental acordes con la naturaleza y magnitud de sus operaciones, con la finalidad de impulsar la mejora contínua de sus niveles de desempeño ambiental.

     Artículo 77.- De la promoción de la producción limpia

     77.1 Las autoridades nacionales, sectoriales, regionales y locales promueven, a través de acciones normativas, de fomento de incentivos tributarios, difusión, asesoría y capacitación, la producción limpia en el desarrollo de los proyectos de inversión y las actividades empresariales en general, entendiendo que la producción limpia constituye la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada para los procesos, productos y servicios, con el objetivo de incrementar la eficiencia, manejar racionalmente los recursos y reducir los riesgos sobre la población humana y el ambiente, para lograr el desarrollo sostenible.

     77.2 Las medidas de producción limpia que puede adoptar el titular de operaciones incluyen, según sean aplicables, control de inventarios y del flujo de materias primas e insumos, así como la sustitución de éstos; la revisión, mantenimiento y sustitución de equipos y la tecnología aplicada; el control o sustitución de combustibles y otras fuentes energéticas; la reingeniería de procesos, métodos y prácticas de producción; y la reestructuración o rediseño de los bienes y servicios que brinda, entre otras.

     Artículo 78.- De la responsabilidad social de la empresa

     El Estado promueve, difunde y facilita la adopción voluntaria de políticas, prácticas y mecanismos de responsabilidad social de la empresa, entendiendo que ésta constituye un conjunto de acciones orientadas al establecimiento de un adecuado ambiente de trabajo, así como de relaciones de cooperación y buena vecindad impulsadas por el propio titular de operaciones.

     Artículo 79.- De la promoción de normas voluntarias

     El Estado, en coordinación con los gremios y organizaciones empresariales, promueve la elaboración y adopción de normas voluntarias, así como la autorregulación por los titulares de operaciones, para mejorar su desempeño ambiental, sin perjuicio del debido cumplimiento de la normatividad vigente.

     Artículo 80.- De las normas técnicas nacionales, de calidad y ecoetiquetado

     El Estado promueve la adopción de normas técnicas nacionales para estandarizar los procesos de producción y las características técnicas de los bienes y servicios que se ofrecen en el país o se exportan, propiciando la gestión de su calidad, la prevención de riesgos y daños ambientales en los procesos de su producción o prestación, así como prácticas de etiquetado, que salvaguarden los derechos del consumidor a conocer la información relativa a la salud, el ambiente y a los recursos naturales, sin generar obstáculos innecesarios o injustificados al libre comercio, de conformidad con las normas vigentes y los tratados internacionales ratificados por el Estado Peruano.

     Artículo 81.- Del turismo sostenible

     Lasentidades públicas, en coordinación con el sector privado, adoptan medidas efectivas para prevenir, controlar y mitigar el deterioro del ambiente y de sus componentes, en particular, los recursos naturales y los bienes del Patrimonio Cultural de la Nación asociado a ellos, como consecuencia del desarrollo de infraestructuras y de las actividades turísticas y recreativas, susceptibles de generar impactos negativos sobre ellos.

     Artículo 82.- Del consumo responsable

     82.1 El Estado, a través de acciones educativas de difusión y asesoría, promueve el consumo racional y sostenible, de forma tal que se incentive el aprovechamiento de recursos naturales, la producción de bienes, la prestación de servicios y el ejercicio del comercio en condiciones ambientales adecuadas.

     82.2 Las normas, disposiciones y resoluciones sobre adquisiciones y contrataciones públicas consideran lo señalado en el párrafo anterior, en la definición de los puntajes de los procesos de selección de proveedores del Estado.

     Artículo 83.- Del control de materiales y sustancias peligrosas

     83.1 De conformidad con los principios establecidos en el Título Preliminar y las demás disposiciones contenidas en la presente Ley, las empresas adoptan medidas para el efectivo control de los materiales y sustancias peligrosas intrínsecas a sus actividades, debiendo prevenir, controlar, mitigar eventualmente, los impactos ambientales negativos que aquellos generen.

     83.2 El Estado adopta medidas normativas, de control, incentivo y sanción, para asegurar el uso, manipulación y manejo adecuado de los materiales y sustancias peligrosas, cualquiera sea su origen, estado o destino, a fin de prevenir riesgos y daños sobre la salud de las personas y el ambiente.

TÍTULO III

INTEGRACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL

CAPÍTULO 1

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

     Artículo 84.- Del concepto

     Se consideran recursos naturales a todos los componentes de la naturaleza, susceptibles de ser aprovechados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tengan un valor actual o potencial en el mercado, conforme lo dispone la ley.

     Artículo 85.- De los recursos naturales y del rol del Estado

     85.1 El Estado promueve la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a través de políticas, normas, instrumentos y acciones de desarrollo, así como, mediante el otorgamiento de derechos, conforme a los límites y principios expresados en la presente Ley y en las demás leyes y normas reglamentarias aplicables.

     85.2 Los recursos naturales son Patrimonio de la Nación, solo por derecho otorgado de acuerdo a la ley y al debido procedimiento pueden aprovecharse los frutos o productos de los mismos, salvo las excepciones de ley. El Estado es competente para ejercer funciones legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales respecto de los recursos naturales.

     85.3 La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las autoridades ambientales sectoriales y descentralizadas, elabora y actualiza permanentemente, el inventario de los recursos naturales y de los servicios ambientales que prestan, estableciendo su correspondiente valorización.

     Artículo 86.- De la seguridad

     El Estado adopta y aplica medidas para controlar los factores de riesgo sobre los recursos naturales estableciendo, en su caso, medidas para la prevención de los daños que puedan generarse.

     Artículo 87.- De los recursos naturales transfronterizos

     Los recursos naturales transfronterizos se rigen por los tratados sobre la materia o en su defecto por la legislación especial. El Estado promueve la gestión integrada de estos recursos y la realización de alianzas estratégicas en tanto supongan el mejoramiento de las condiciones de sostenibilidad y el respeto de las normas ambientales nacionales.

     Artículo 88.- De la definición de los regímenes de aprovechamiento

     88.1 Por ley orgánica se definen los alcances y limitaciones de los recursos de libre acceso y el régimen de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, teniendo en cuenta en particular:

     a. El sector o sectores del Estado responsables de la gestión de dicho recurso.

     b. Las modalidades de otorgamiento de los derechos sobre los recursos.

     c. Los alcances, condiciones y naturaleza jurídica de los derechos que se otorga.

     d. Los derechos, deberes y responsabilidades de los titulares de los derechos.

     e. Las medidas de promoción, control y sanción que corresponda.

     88.2 El otorgamiento de derechos de aprovechamiento a particulares se realiza de acuerdo a las leyes especiales de cada recurso y supone el cumplimiento previo por parte del Estado de todas las condiciones y presupuestos establecidos en la ley.

     88.3 Son características y condiciones intrínsecas a los derechos de aprovechamiento sostenible, y como tales deben ser respetadas en las leyes especiales:

     a. Utilización del recurso de acuerdo al título otorgado.

     b. Cumplimiento de las obligaciones técnicas y legales respecto del recurso otorgado.

     c. Cumplimiento de los planes de manejo o similares, de las evaluaciones de impacto ambiental, evaluaciones de riesgo ambiental u otra establecida para cada recurso natural.

     d. Cumplir con la retribución económica, pago de derecho de vigencia y toda otra obligación económica establecida.

     Artículo 89.- De las medidas de gestión de los recursos naturales

     Para la gestión de los recursos naturales, cada autoridad responsable toma en cuenta, según convenga, la adopción de medidas previas al otorgamiento de derechos, tales como:

     a. Planificación.

     b. Ordenamiento y zonificación.

     c. Inventario y valorización.

     d. Sistematización de la información.

     e. Investigación científica y tecnológica.

     f. Participación ciudadana.

     Artículo 90.- Del recurso agua continental

     El Estado promueve y controla el aprovechamiento sostenible de las aguas continentales a través de la gestión integrada del recurso hídrico, previniendo la afectación de su calidad ambiental y de las condiciones naturales de su entorno, como parte del ecosistema donde se encuentran; regula su asignación en función de objetivos sociales, ambientales y económicos; y promueve la inversión y participación del sector privado en el aprovechamiento sostenible del recurso.

     Artículo 91.- Del recurso suelo

     El Estado es responsable de promover y regular el uso sostenible del recurso suelo, buscando prevenir o reducir su pérdida y deterioro por erosión o contaminación. Cualquier actividad económica o de servicios debe evitar el uso de suelos con aptitud agrícola, según lo establezcan las normas correspondientes.

     Artículo 92.- De los recursos forestales y de fauna silvestre

     92.1 El Estado establece una política forestal orientada por los principios de la presente Ley, propiciando el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como la conservación de los bosques naturales, resaltando sin perjuicio de lo señalado, los principios de ordenamiento y zonificación de la superficie forestal nacional, el manejo de los recursos forestales, la seguridad jurídica en el otorgamiento de derechos y la lucha contra la tala y caza ilegal.

     92.2 El Estado promueve y apoya el manejo sostenible de la fauna y flora silvestres, priorizando la protección de las especies y variedades endémicas y en peligro de extinción, en base a la información técnica, científica, económica y a los conocimientos tradicionales.

     Artículo 93.- Del enfoque ecosistémico

     La conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales deberá enfocarse de manera integral, evaluando científicamente el uso y protección de los recursos naturales e identificando cómo afectan la capacidad de los ecosistemas para mantenerse y sostenerse en el tiempo, tanto en lo que respecta a los seres humanos y organismos vivos, como a los sistemas naturales existentes.

     Artículo 94.- De los servicios ambientales

     94.1 Los recursos naturales y demás componentes del ambiente cumplen funciones que permiten mantener las condiciones de los ecosistemas y del ambiente, generando beneficios que se aprovechan sin que medie retribución o compensación, por lo que el Estado establece mecanismos para valorizar, retribuir y mantener la provisión de dichos servicios ambientales, procurando lograr la conservación de los ecosistemas, la diversidad biológica y los demás recursos naturales.

     94.2 Se entiende por servicios ambientales, la protección del recurso hídrico, la protección de la biodiversidad, la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la belleza escénica, entre otros.

     94.3 La Autoridad Ambiental Nacional promueve la creación de mecanismos de financiamiento, pago y supervisión de servicios ambientales.

CONCORDANCIAS:     D.Leg. Nº 1013, inc. b) del Art. 6 (Funciones generales)

     Artículo 95.- De los bonos de descontaminación

     Para promover la conservación de la diversidad biológica, la Autoridad Ambiental Nacional promueve, a través de una Comisión Nacional, los bonos de descontaminación u otros mecanismos alternativos, a fin de que las industrias y proyectos puedan acceder a los fondos creados al amparo del Protocolo de Kyoto y de otros convenios de carácter ambiental. Mediante decreto supremo se crea la referida Comisión Nacional.

     Artículo 96.- De los recursos naturales no renovables

     96.1 La gestión de los recursos naturales no renovables está a cargo de sus respectivas autoridades sectoriales competentes, de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 26821, las leyes de organización y funciones de dichas autoridades y las normas especiales de cada recurso.

     96.2 El Estado promueve el empleo de las mejores tecnologías disponibles para que el aprovechamiento de los recursos no renovables sea eficiente y ambientalmente responsable.

CAPÍTULO 2

CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

     Artículo 97.- De los lineamientos para políticas sobre diversidad biológica

     La política sobre diversidad biológica se rige por los siguientes lineamientos:

     a. La conservación de la diversidad de ecosistemas, especies y genes, así como el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales de los que depende la supervivencia de las especies.

     b. El rol estratégico de la diversidad biológica y de la diversidad cultural asociada a ella, para el desarrollo sostenible.

     c. El enfoque ecosistémico en la planificación y gestión de la diversidad biológica y los recursos naturales.

     d. El reconocimiento de los derechos soberanos del Perú como país de origen sobre sus recursos biológicos, incluyendo los genéticos.

     e. El reconocimiento del Perú como centro de diversificación de recursos genéticos y biológicos.

     f. La prevención del acceso ilegal a los recursos genéticos y su patentamiento, mediante la certificación de la legal procedencia del recurso genético y el consentimiento informado previo para todo acceso a recursos genéticos, biológicos y conocimiento tradicional del país.

     g. La inclusión de mecanismos para la efectiva distribución de beneficios por el uso de los recursos genéticos y biológicos, en todo plan, programa, acción o proyecto relacionado con el acceso, aprovechamiento comercial o investigación de los recursos naturales o la diversidad biológica.

     h. La protección de la diversidad cultural y del conocimiento tradicional.

     i. La valorización de los servicios ambientales que presta la diversidad biológica.

     j. La promoción del uso de tecnologías y un mayor conocimiento de los ciclos y procesos, a fin de implementar sistemas de alerta y prevención en caso de emergencia.

     k. La promoción de políticas encaminadas a mejorar el uso de la tierra.

     l. El fomento de la inversión pública y privada en la conservación y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas frágiles.

     m. La implementación de planes integrados de explotación agrícola o de cuenca hidrográfica que prevean estrategias sustitutivas de cultivo y promoción de técnicas de captación de agua, entre otros.

     n. La cooperación en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en zonas más allá de los límites de la jurisdicción nacional, conforme al Derecho Internacional.

     Artículo 98.- De la conservación de ecosistemas

     Laconservación de los ecosistemas se orienta a conservar los ciclos y procesos ecológicos, a prevenir procesos de su fragmentación por actividades antrópicas y a dictar medidas de recuperación y rehabilitación, dando prioridad a ecosistemas especiales o frágiles.

     Artículo 99.- De los ecosistemas frágiles

     99.1 En el ejercicio de sus funciones, las autoridades públicas adoptan medidas de protección especial para los ecosistemas frágiles, tomando en cuenta sus características y recursos singulares; y su relación con condiciones climáticas especiales y con los desastres naturales.

     99.2 Los ecosistemas frágiles comprenden, entre otros, desiertos, tierras semiáridas, montañas, pantanos, bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas alto andinas, lomas costeras, bosques de neblina y bosques relicto.

     99.3 El Estado reconoce la importancia de los humedales como hábitat de especies de flora y fauna, en particular de aves migratorias, priorizando su conservación en relación con otros usos. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 29895, publicada el 06 junio 2012, cuyo texto es el siguiente:

     “Artículo 99.- De los ecosistemas frágiles

     99.1 En el ejercicio de sus funciones, las autoridades públicas adoptan medidas de protección especial para los ecosistemas frágiles, tomando en cuenta sus características y recursos singulares; y su relación con condiciones climáticas especiales y con los desastres naturales.

     99.2 Los ecosistemas frágiles comprenden, entre otros, desiertos, tierras semiáridas, montañas, pantanos, páramos, jalcas, bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas alto andinas, lomas costeras, bosques de neblina y bosques relicto.

     99.3 El Estado reconoce la importancia de los humedales como hábitat de especies de flora y fauna, en particular de aves migratorias, priorizando su conservación en relación con otros usos.”

CONCORDANCIAS:     D.S. N° 055-2006-AG (Disponen la categorización de la Zona Reservada Los Pantanos de Villa)

     Artículo 100.- De los ecosistemas de montaña

     El Estado protege los ecosistemas de montaña y promueve su aprovechamiento sostenible. En el ejercicio de sus funciones, las autoridades públicas adoptan medidas para:

     a. Promover el aprovechamiento de la diversidad biológica, el ordenamiento territorial y la organización social.

     b. Promover el desarrollo de corredores ecológicos que integren las potencialidades de las diferentes vertientes de las montañas, aprovechando las oportunidades que brindan los conocimientos tradicionales de sus pobladores.

     c. Estimular la investigación de las relaciones costo-beneficio y la sostenibilidad económica, social y ambiental de las diferentes actividades productivas en las zonas de montañas.

     d. Fomentar sistemas educativos adaptados a las condiciones de vida específicas en las montañas.

     e. Facilitar y estimular el acceso a la información y al conocimiento, articulando adecuadamente conocimientos y tecnologías tradicionales con conocimientos y tecnologías modernas.

     Artículo 101.- De los ecosistemas marinos y costeros

     101.1 El Estado promueve la conservación de los ecosistemas marinos y costeros, como espacios proveedores de recursos naturales, fuente de diversidad biológica marina y de servicios ambientales de importancia nacional, regional y local.

     101.2 El Estado, respecto de las zonas marinas y costeras, es responsable de:

     a. Normar el ordenamiento territorial de las zonas marinas y costeras, como base para el aprovechamiento sostenible de estas zonas y sus recursos.

     b. Promover el establecimiento de áreas naturales protegidas con alto potencial de diversidad biológica y servicios ambientales para la población.

     c. Normar el desarrollo de planes y programas orientados a prevenir y proteger los ambientes marino y costeros, a prevenir o controlar el impacto negativo que generan acciones como la descarga de efluentes que afectan el mar y las zonas costeras adyacentes.

     d. Regular la extracción comercial de recursos marinos y costeros productivos, considerando el control y mitigación de impactos ambientales.

     e. Regular el adecuado uso de las playas, promoviendo su buen mantenimiento.

     f. Velar por que se mantengan y difundan las condiciones naturales que permiten el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de ecoturismo.

     101.3 El Estado y el sector privado promueven el desarrollo de investigación científica y tecnológica, orientadas a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros.

     Artículo 102.- De la conservación de las especies

     La política de conservación de las especies implica la necesidad de establecer condiciones mínimas de supervivencia de las mismas, la recuperación de poblaciones y el cuidado y evaluaciones por el ingreso y dispersión de especies exóticas.

     Artículo 103.- De los recursos genéticos

     Parael acceso a los recursos genéticos del país se debe contar con el certificado de procedencia del material a acceder y un reconocimiento de los derechos de las comunidades de donde se obtuvo el conocimiento tradicional, conforme a los procedimientos y condiciones que establece la ley.

     Artículo 104.- De la protección de los conocimientos tradicionales

     104.1 El Estado reconoce y protege los derechos patrimoniales y los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades campesinas, nativas y locales en lo relativo a la diversidad biológica. El Estado establece los mecanismos para su utilización con el consentimiento informado de dichas comunidades, garantizando la distribución de los beneficios derivados de la utilización.

     104.2 El Estado establece las medidas necesarias de prevención y sanción de la biopiratería.

     Artículo 105.- De la promoción de la biotecnología

     El Estado promueve el uso de la biotecnología de modo consistente con la conservación de los recursos biológicos, la protección del ambiente y la salud de las personas.

     Artículo 106.- De la conservación in situ

     El Estado promueve el establecimiento e implementación de modalidades de conservación in situ de la diversidad biológica.

     Artículo 107.- Del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

     El Estado asegura la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos, así como la historia y cultura del país mediante la protección de espacios representativos de la diversidad biológica y de otros valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico existentes en los espacios continentales y marinos del territorio nacional, a través del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE, regulado de acuerdo a su normatividad específica.

     Artículo 108.- De las áreas naturales protegidas por el Estado

     108.1 Las áreas naturales protegidas - ANP son los espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado, debido a su importancia para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. Son de dominio público y se establecen con carácter definitivo.

CONCORDANCIAS:     R. N° 360-2006-SUNARP-SN

     108.2 La sociedad civil tiene derecho a participar en la identificación, delimitación y resguardo de las ANP y la obligación de colaborar en la consecución de sus fines; y el Estado promueve su participación en la gestión de estas áreas, de acuerdo a ley.

CONCORDANCIAS:     R. Nº 144-2010-SERNANP (Aprueban Disposiciones Complementarias para el Reconocimiento de las Áreas de Conservación Privadas)

     Artículo 109.- De la inclusión de las ANP en el SINIA

     Las ANP deben figurar en las bases de datos del SINIA y demás sistemas de información que utilicen o divulguen cartas, mapas y planos con fines científicos, técnicos, educativos, turísticos y comerciales para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones de uso y conservación de recursos naturales o de cualquier otra índole.

     Artículo 110.- De los derechos de propiedad de las comunidades campesinas y nativas en las ANP

     El Estado reconoce el derecho de propiedad de las comunidades campesinas y nativas ancestrales sobre las tierras que poseen dentro de las ANP y en sus zonas de amortiguamiento. Promueve la participación de dichas comunidades de acuerdo a los fines y objetivos de las ANP donde se encuentren.

     Artículo 111.- Conservación ex situ

     111.1 El Estado promueve el establecimiento e implementación de modalidades de conservación ex situ de la diversidad biológica, tales como bancos de germoplasma, zoológicos, centros de rescate, centros de custodia temporal, zoocriaderos, áreas de manejo de fauna silvestre, jardines botánicos, viveros y herbarios.

     111.2 El objetivo principal de la conservación ex situ es apoyar la supervivencia de las especies en su hábitat natural, por lo tanto debe ser considerada en toda estrategia de conservación como un complemento para la conservación in situ.

     Artículo 112.- Del paisaje como recurso natural

     El Estado promueve el aprovechamiento sostenible del recurso paisaje mediante el desarrollo de actividades educativas, turísticas y recreativas.

CAPÍTULO 3

CALIDAD AMBIENTAL

     Artículo 113.- De la calidad ambiental

     113.1 Toda persona natural o jurídica, pública o privada, tiene el deber de contribuir a prevenir, controlar y recuperar la calidad del ambiente y de sus componentes.

     113.2 Son objetivos de la gestión ambiental en materia de calidad ambiental:

     a. Preservar, conservar, mejorar y restaurar, según corresponda, la calidad del aire, el agua y los suelos y demás componentes del ambiente, identificando y controlando los factores de riesgo que la afecten.

     b. Prevenir, controlar, restringir y evitar según sea el caso, actividades que generen efectos significativos, nocivos o peligrosos para el ambiente y sus componentes, en particular cuando ponen en riesgo la salud de las personas.

     c. Recuperar las áreas o zonas degradadas o deterioradas por la contaminación ambiental.

     d. Prevenir, controlar y mitigar los riesgos y daños ambientales procedentes de la introducción, uso, comercialización y consumo de bienes, productos, servicios o especies de flora y fauna.

     e. Identificar y controlar los factores de riesgo a la calidad del ambiente y sus componentes.

     f. Promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, las actividades de transferencia de conocimientos y recursos, la difusión de experiencias exitosas y otros medios para el mejoramiento de la calidad ambiental.

     Artículo 114.- Del agua para consumo humano

     El acceso al agua para consumo humano es un derecho de la población. Corresponde al Estado asegurar la vigilancia y protección de aguas que se utilizan con fines de abastecimiento poblacional, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a los particulares. En caso de escasez, el Estado asegura el uso preferente del agua para fines de abastecimiento de las necesidades poblacionales, frente a otros usos.

     Artículo 115.- De los ruidos y vibraciones

     115.1 Las autoridades sectoriales son responsables de normar y controlar los ruidos y las vibraciones de las actividades que se encuentran bajo su regulación, de acuerdo a lo dispuesto en sus respectivas leyes de organización y funciones.

     115.2 Los gobiernos locales son responsables de normar y controlar los ruidos y vibraciones originados por las actividades domésticas y comerciales, así como por las fuentes móviles, debiendo establecer la normativa respectiva sobre la base de los ECA.

     Artículo 116.- De las radiaciones

     El Estado, a través de medidas normativas, de difusión, capacitación, control, incentivo y sanción, protege la salud de las personas ante la exposición a radiaciones tomando en consideración el nivel de peligrosidad de las mismas. El uso y la generación de radiaciones ionizantes y no ionizantes está sujeto al estricto control de la autoridad competente, pudiendo aplicar, de acuerdo al caso, el principio precautorio, de conformidad con lo dispuesto en el Título Preliminar de la presente Ley.

     Artículo 117.- Del control de emisiones

     117.1 El control de las emisiones se realiza a través de los LMP y demás instrumentos de gestión ambiental establecidos por las autoridades competentes.

     117.2 La infracción de los LMP es sancionada de acuerdo con las normas correspondientes a cada autoridad sectorial competente.

     Artículo 118.- De la protección de la calidad del aire

     Las autoridades públicas, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, adoptan medidas para la prevención, vigilancia y control ambiental y epidemiológico, a fin de asegurar la conservación, mejoramiento y recuperación de la calidad del aire, según sea el caso, actuando prioritariamente en las zonas en las que se superen los niveles de alerta por la presencia de elementos contaminantes, debiendo aplicarse planes de contingencia para la prevención o mitigación de riesgos y daños sobre la salud y el ambiente.

     Artículo 119.- Del manejo de los residuos sólidos

     119.1 La gestión de los residuos sólidos de origen doméstico, comercial o que siendo de origen distinto presenten características similares a aquellos, son de responsabilidad de los gobiernos locales. Por ley se establece el régimen de gestión y manejo de los residuos sólidos municipales.

     119.2 La gestión de los residuos sólidos distintos a los señalados en el párrafo precedente son de responsabilidad del generador hasta su adecuada disposición final, bajo las condiciones de control y supervisión establecidas en la legislación vigente.

     Artículo 120.- De la protección de la calidad de las aguas

     120.1 El Estado, a través de las entidades señaladas en la Ley, está a cargo de la protección de la calidad del recurso hídrico del país.

     120.2 El Estado promueve el tratamiento de las aguas residuales con fines de su reutilización, considerando como premisa la obtención de la calidad necesaria para su reuso, sin afectar la salud humana, el ambiente o las actividades en las que se reutilizarán.

     Artículo 121.- Del vertimiento de aguas residuales

     El Estado emite en base a la capacidad de carga de los cuerpos receptores, una autorización previa para el vertimiento de aguas residuales domésticas, industriales o de cualquier otra actividad desarrollada por personas naturales o jurídicas, siempre que dicho vertimiento no cause deterioro de la calidad de las aguas como cuerpo receptor, ni se afecte su reutilización para otros fines, de acuerdo a lo establecido en los ECA correspondientes y las normas legales vigentes.

     Artículo 122.- Del tratamiento de residuos líquidos

     122.1 Corresponde a las entidades responsables de los servicios de saneamiento la responsabilidad por el tratamiento de los residuos líquidos domésticos y las aguas pluviales.

     122.2 El sector Vivienda, Construcción y Saneamiento es responsable de la vigilancia y sanción por el incumplimiento de LMP en los residuos líquidos domésticos, en coordinación con las autoridades sectoriales que ejercen funciones relacionadas con la descarga de efluentes en el sistema de alcantarillado público.

     122.3 Las empresas o entidades que desarrollan actividades extractivas, productivas, de comercialización u otras que generen aguas residuales o servidas, son responsables de su tratamiento, a fin de reducir sus niveles de contaminación hasta niveles compatibles con los LMP, los ECA y otros estándares establecidos en instrumentos de gestión ambiental, de conformidad con lo establecido en las normas legales vigentes. El manejo de las aguas residuales o servidas de origen industrial puede ser efectuado directamente por el generador, a través de terceros debidamente autorizados a o a través de las entidades responsables de los servicios de saneamiento, con sujeción al marco legal vigente sobre la materia.

CONCORDANCIAS:     D.S. Nº 020-2007-PRODUCE

CAPÍTULO 4

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

     Artículo 123.- De la investigación ambiental científica y tecnológica

     La investigación científica y tecnológica está orientada, en forma prioritaria, a proteger la salud ambiental, optimizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y a prevenir el deterioro ambiental, tomando en cuenta el manejo de los fenómenos y factores que ponen en riesgo el ambiente; el aprovechamiento de la biodiversidad, la realización y actualización de los inventarios de recursos naturales y la producción limpia y la determinación de los indicadores de calidad ambiental.

     Artículo 124.- Del fomento de la investigación ambiental científica y tecnológica

     124.1 Corresponde al Estado y a las universidades, públicas y privadas, en cumplimiento de sus respectivas funciones y roles, promover:

     a. La investigación y el desarrollo científico y tecnológico en materia ambiental.

     b. La investigación y sistematización de las tecnologías tradicionales.

     c. La generación de tecnologías ambientales.

     d. La formación de capacidades humanas ambientales en la ciudadanía.

     e. El interés y desarrollo por la investigación sobre temas ambientales en la niñez y juventud.

     f. La transferencia de tecnologías limpias.

     g. La diversificación y competitividad de la actividad pesquera, agraria, forestal y otras actividades económicas prioritarias.

     124.2 El Estado, a través de los organismos competentes de ciencia y tecnología, otorga preferencia a la aplicación de recursos orientados a la formación de profesionales y técnicos para la realización de estudios científicos y tecnológicos en materia ambiental y el desarrollo de tecnologías limpias, principalmente bajo el principio de prevención de contaminación.

     Artículo 125.- De las redes y registros

     Losorganismos competentes deben contar con un registro de las investigaciones realizadas en materia ambiental, el cual debe estar a disposición del público, además se promoverá el despliegue de redes ambientales.

     Artículo 126.- De las comunidades y tecnología ambiental

     El Estado fomenta la investigación, recuperación y trasferencia de los conocimientos y las tecnologías tradicionales, como expresión de su cultura y manejo de los recursos naturales.

     Artículo 127.- De la Política Nacional de Educación Ambiental

     127.1 La educación ambiental se convierte en un proceso educativo integral, que se da en toda la vida del individuo, y que busca generar en éste los conocimientos, las actitudes, los valores y las prácticas, necesarios para desarrollar sus actividades en forma ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al desarrollo sostenible del país.

     127.2 El Ministerio de Educación y la Autoridad Ambiental Nacional coordinan con las diferentes entidades del Estado en materia ambiental y la sociedad civil para formular la política nacional de educación ambiental, cuyo cumplimiento es obligatorio para los procesos de educación y comunicación desarrollados por entidades que tengan su ámbito de acción en el territorio nacional, y que tiene como lineamientos orientadores:

     a. El desarrollo de una cultura ambiental constituida sobre una comprensión integrada del ambiente en sus múltiples y complejas relaciones, incluyendo lo político, social, cultural, económico, científico y tecnológico.

     b. La transversalidad de la educación ambiental, considerando su integración en todas las expresiones y situaciones de la vida diaria.

     c. Estímulo de conciencia crítica sobre la problemática ambiental.

     d. Incentivo a la participación ciudadana, a todo nivel, en la preservación y uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente.

     e. Complementariedad de los diversos pisos ecológicos y regiones naturales en la construcción de una sociedad ambientalmente equilibrada.

     f. Fomento y estímulo a la ciencia y tecnología en el tema ambiental.

     g. Fortalecimiento de la ciudadanía ambiental con pleno ejercicio, informada y responsable, con deberes y derechos ambientales.

     h. Desarrollar programas de educación ambiental, como base para la adaptación e incorporación de materias y conceptos ambientales, en forma transversal, en los programas educativos formales y no formales de los diferentes niveles.

     i. Presentar anualmente un informe sobre las acciones, avances y resultados de los programas de educación ambiental.

     Artículo 128.- De la difusión de la ley en el sistema educativo

     El Estado, a través del Sector Educación, en coordinación con otros sectores, difunde la presente Ley en el sistema educativo, expresado en actividades y contenidos transversales orientados a la conservación y uso racional del ambiente y los recursos naturales, así como de patrones de conducta y consumo adecuados a la realidad ambiental nacional, regional y local.

     Artículo 129.- De los medios de comunicación

     Los medios de comunicación social del Estado y los privados en aplicación de los principios contenidos en la presente Ley, fomentan y apoyan las acciones tendientes a su difusión, con miras al mejoramiento ambiental de la sociedad.

TÍTULO IV

RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL

CAPÍTULO 1

FISCALIZACIÓN Y CONTROL

     Artículo 130.- De la fiscalización y sanción ambiental

     130.1 La fiscalización ambiental comprende las acciones de vigilancia, control, seguimiento, verificación y otras similares, que realiza la Autoridad Ambiental Nacional y las demás autoridades competentes a fin de asegurar el cumplimiento de las normas y obligaciones establecidas en la presente Ley, así como en sus normas complementarias y reglamentarias. La Autoridad competente puede solicitar información, documentación u otra similar para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales.

     130.2 Toda persona, natural o jurídica, está sometida a las acciones de fiscalización que determine la Autoridad Ambiental Nacional y las demás autoridades competentes. Las sanciones administrativas que correspondan, se aplican de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.

     130.3 El Estado promueve la participación ciudadana en las acciones de fiscalización ambiental.

     CONCORDANCIAS CON EL TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

     Artículo 131.- Del régimen de fiscalización y control ambiental

     131.1 Toda persona, natural o jurídica, que genere impactos ambientales significativos está sometida a las acciones de fiscalización y control ambiental que determine la Autoridad Ambiental Nacional y las demás autoridades competentes.

     131.2 Mediante decreto supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, se establece el Régimen Común de fiscalización y control ambiental, desarrollando las atribuciones y responsabilidades correspondientes.(1)(2)

(1) Mediante Oficio Nº 091-2013-OEFA-SG de fecha 11 de marzo de 2013, enviado por la Oficina de Secretaría General del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se indica que el presente Numeral estaría modificado tácitamente en atención a lo establecido en la Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29325, el mismo que establece que la atribución para aprobar el Reglamento del Régimen Común de Fiscalización y Control Ambiental corresponde ser ejercida por el OEFA mediante Resolución de Consejo Directivo . (*)

(2) Numeral modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30011, publicada el 26 abril 2013, cuyo texto es el siguiente:

     "131.2 El Ministerio del Ambiente mediante resolución ministerial aprueba el Régimen Común de Fiscalización Ambiental."

CONCORDANCIAS:     R.M.Nº 247-2013-MINAM (Aprueban Régimen Común de Fiscalización Ambiental)

     Artículo 132.- De las inspecciones

     La autoridad ambiental competente realiza las inspecciones que consideren necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, bajo los principios establecidos en la ley y las disposiciones de los regímenes de fiscalización y control.

     Artículo 133.- De la vigilancia y monitoreo ambiental

     La vigilancia y el monitoreo ambiental tienen como fin generar la información que permita orientar la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la política y normativa ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional establece los criterios para el desarrollo de las acciones de vigilancia y monitoreo.

     Artículo 134.- De la vigilancia ciudadana

     134.1 Las autoridades competentes dictan medidas que faciliten el ejercicio de la vigilancia ciudadana y el desarrollo y difusión de los mecanismos de denuncia frente a infracciones a la normativa ambiental.

     134.2 La participación ciudadana puede adoptar las formas siguientes:

     a. Fiscalización y control visual de procesos de contaminación.

     b. Fiscalización y control por medio de mediciones, muestreo o monitoreo ambiental.

     c. Fiscalización y control vía la interpretación o aplicación de estudios o evaluaciones ambientales efectuadas por otras instituciones.

     134.3 Los resultados de las acciones de fiscalización y control efectuados como resultado de la participación ciudadana pueden ser puestos en conocimiento de la autoridad ambiental local, regional o nacional, para el efecto de su registro y denuncia correspondiente. Si la autoridad decidiera que la denuncia no es procedente ello debe ser notificado, con expresión de causa, a quien proporciona la información, quedando a salvo su derecho de recurrir a otras instancias.

CONCORDANCIAS:     D.Leg. Nº 1013, inc. b) del Art. 6 (Funciones generales)
               D.S. N° 028-2008-EM (Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero)

CAPÍTULO 2

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD POR EL DAÑO AMBIENTAL

     Artículo 135.- Del régimen de sanciones

     135.1 El incumplimiento de las normas de la presente Ley es sancionado por la autoridad competente en base al Régimen Común de Fiscalización y Control Ambiental. Las autoridades pueden establecer normas complementarias siempre que no se opongan al Régimen Común.

     135.2 En el caso de los gobiernos regionales y locales, los regímenes de fiscalización y control ambiental se aprueban de conformidad con lo establecido en sus respectivas leyes orgánicas.

CONCORDANCIAS:     R. Nº 640-2007-OS-CD, Art. 21 num.21.6
               R. Nº 233-2009-OS-CD, Art. 22, num. 22.8 (Aprueban el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de OSINERGMIN)

     Artículo 136.- De las sanciones y medidas correctivas

     136.1 Las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Ley y en las disposiciones complementarias y reglamentarias sobre la materia, se harán acreedoras, según la gravedad de la infracción, a sanciones o medidas correctivas.

     136.2 Son sanciones coercitivas:

     a. Amonestación.

     b. Multa no mayor de 10,000 Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha en que se cumpla el pago.(*)

(*) Numeral modificado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30011, publicada el 26 abril 2013, cuyo texto es el siguiente:

     "b. Multa no mayor de 30,000 Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha en que se cumpla el pago."

     c. Decomiso, temporal o definitivo, de los objetos, instrumentos, artefactos o sustancias empleados para la comisión de la infracción.

     d. Paralización o restricción de la actividad causante de la infracción.

     e. Suspensión o cancelación del permiso, licencia, concesión o cualquier otra autorización, según sea el caso.

     f. Clausura parcial o total, temporal o definitiva, del local o establecimiento donde se lleve a cabo la actividad que ha generado la infracción.

     136.3 La imposición o pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación. De persistir el incumplimiento éste se sanciona con una multa proporcional a la impuesta en cada caso, de hasta 100 UIT por cada mes en que se persista en el incumplimiento transcurrido el plazo otorgado por la autoridad competente.

     136.4 Son medidas correctivas:

     a. Cursos de capacitación ambiental obligatorios, cuyo costo es asumido por el infractor y cuya asistencia y aprobación es requisito indispensable.

     b. Adopción de medidas de mitigación del riesgo o daño.

     c. Imposición de obligaciones compensatorias sustentadas en la Política Ambiental Nacional, Regional, Local o Sectorial, según sea el caso.

     d. Procesos de adecuación conforme a los instrumentos de gestión ambiental propuestos por la autoridad competente.

     CONCORDANCIAS
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     Artículo 137.- De las medidas cautelares

     137.1 Iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad ambiental competente, mediante decisión fundamentada y con elementos de juicio suficientes, puede adoptar, provisoriamente y bajo su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en la presente Ley u otras disposiciones legales aplicables, si es que sin su adopción se producirían daños ambientales irreparables o si se arriesgara la eficacia de la resolución a emitir.

     137.2 Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el momento de su adopción.

     137.3 Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento; y cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento.

     137.4 No se podrán dictar medidas que puedan causar perjuicio de imposible reparación a los administrados.

CONCORDANCIAS:     R. Nº 003-2011-OEFA-CD, Art. 19 (Aprueban Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA)

     Artículo 138.- De la relación con otros regímenes de responsabilidad

     La responsabilidad administrativa establecida dentro del procedimiento correspondiente es independiente de la responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse por los mismos hechos.

     CONCORDANCIAS CON EL TLC PERÚ - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

     Artículo 139.- Del Registro de Buenas Prácticas y de Infractores Ambientales

     139.1 El Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, implementa, dentro del Sistema Nacional de Información Ambiental, un Registro de Buenas Prácticas y de Infractores Ambientales, en el cual se registra a toda persona, natural o jurídica, que cumpla con sus compromisos ambientales y promueva buenas prácticas ambientales, así como de aquellos que no hayan cumplido con sus obligaciones ambientales y cuya responsabilidad haya sido determinada por la autoridad competente.

     139.2 Se considera Buenas Prácticas Ambientales a quien ejerciendo o habiendo ejercido cualquier actividad económica o de servicio, cumpla con todas las normas ambientales u obligaciones a las que se haya comprometido en sus instrumentos de gestión ambiental.

     139.3 Se considera infractor ambiental a quien ejerciendo o habiendo ejercido cualquier actividad económica o de servicio, genera de manera reiterada impactos ambientales por incumplimiento de las normas ambientales o de las obligaciones a que se haya comprometido en sus instrumentos de gestión ambiental.

     139.4 Toda entidad pública debe tener en cuenta, para todo efecto, las inscripciones en el Registro de Buenas Prácticas y de Infractores Ambientales.

     139.5 Mediante Reglamento, el CONAM determina el procedimiento de inscripción, el trámite especial que corresponde en casos de gravedad del daño ambiental o de reincidencia del agente infractor, así como los causales, requisitos y procedimientos para el levantamiento del registro.

     Artículo 140.- De la responsabilidad de los profesionales y técnicos

     Para efectos de la aplicación de las normas de este Capítulo, hay responsabilidad solidaria entre los titulares de las actividades causantes de la infracción y los profesionales o técnicos responsables de la mala elaboración o la inadecuada aplicación de instrumentos de gestión ambiental de los proyectos, obras o actividades que causaron el daño.

     Artículo 141.- De la prohibición de la doble sanción

     141.1 No se puede imponer sucesiva o simultáneamente más de una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.

     141.2 De acuerdo a la legislación vigente, la Autoridad Ambiental Nacional, dirime en caso de que exista más de un sector o nivel de gobierno aplicando una sanción por el mismo hecho, señalando la entidad competente para la aplicación de la sanción. La solicitud de dirimencia suspenderá los procedimientos administrativos de sanción correspondientes.

     141.3 La autoridad competente, según sea el caso, puede imponer medidas correctivas independientemente de las sanciones que establezca.

     Artículo 142.- De la responsabilidad por daños ambientales

     142.1 Aquél que mediante el uso o aprovechamiento de un bien o en el ejercicio de una actividad pueda producir un daño al ambiente, a la calidad de vida de las personas, a la salud humana o al patrimonio, está obligado a asumir los costos que se deriven de las medidas de prevención y mitigación de daño, así como los relativos a la vigilancia y monitoreo de la actividad y de las medidas de prevención y mitigación adoptadas.

     142.2 Se denomina daño ambiental a todo menoscabo material que sufre el ambiente y/o alguno de sus componentes, que puede ser causado contraviniendo o no disposición jurídica, y que genera efectos negativos actuales o potenciales.

     Artículo 143.- De la legitimidad para obrar

     Cualquier persona, natural o jurídica, está legitimada para ejercer la acción a que se refiere la presente Ley, contra quienes ocasionen o contribuyen a ocasionar un daño ambiental, de conformidad con lo establecido en el artículo III del Código Procesal Civil.

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     Artículo 144.- De la responsabilidad objetiva

     La responsabilidad derivada del uso o aprovechamiento de un bien ambientalmente riesgoso o peligroso, o del ejercicio de una actividad ambientalmente riesgosa o peligrosa, es objetiva. Esta responsabilidad obliga a reparar los daños ocasionados por el bien o actividad riesgosa, lo que conlleva a asumir los costos contemplados en el artículo 142 precedente, y los que correspondan a una justa y equitativa indemnización; los de la recuperación del ambiente afectado, así como los de la ejecución de las medidas necesarias para mitigar los efectos del daño y evitar que éste se vuelva a producir.

     Artículo 145.- De la responsabilidad subjetiva

     La responsabilidad en los casos no considerados en el artículo anterior es subjetiva. Esta responsabilidad sólo obliga al agente a asumir los costos derivados de una justa y equitativa indemnización y los de restauración del ambiente afectado en caso de mediar dolo o culpa. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde al agente.

     Artículo 146.- De las causas eximentes de responsabilidad

     No existirá responsabilidad en los siguientes supuestos:

     a) Cuando concurran una acción u omisión dolosa de la persona que hubiera sufrido un daño resarcible de acuerdo con esta Ley;

     b) Cuando el daño o el deterioro del medio ambiente tenga su causa exclusiva en un suceso inevitable o irresistible; y,

     c) Cuando el daño o el deterioro del medio ambiente haya sido causado por una acción y omisión no contraria a la normativa aplicable, que haya tenido lugar con el previo consentimiento del perjudicado y con conocimiento por su parte del riesgo que corría de sufrir alguna consecuencia dañosa derivada de tal o cual acción u omisión.

     Artículo 147.- De la reparación del daño

     Lareparación del daño ambiental consiste en el restablecimiento de la situación anterior al hecho lesivo al ambiente o sus componentes, y de la indemnización económica del mismo. De no ser técnica ni materialmente posible el restablecimiento, el juez deberá prever la realización de otras tareas de recomposición o mejoramiento del ambiente o de los elementos afectados. La indemnización tendrá por destino la realización de acciones que compensen los intereses afectados o que contribuyan a cumplir los objetivos constitucionales respecto del ambiente y los recursos naturales.

     Artículo 148.- De las garantías

     148.1 Tratándose de actividades ambientalmente riesgosas o peligrosas, la autoridad sectorial competente podrá exigir, a propuesta de la Autoridad Ambiental Nacional, un sistema de garantía que cubra las indemnizaciones que pudieran derivar por daños ambientales.

     148.2 Los compromisos de inversión ambiental se garantizan a fin de cubrir los costos de las medidas de rehabilitación para los períodos de operación de cierre, post-cierre, constituyendo garantías a favor de la autoridad competente, mediante una o varias de las modalidades contempladas en la Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros u otras que establezca la ley de la materia. Concluidas las medidas de rehabilitación, la autoridad competente procede, bajo responsabilidad, a la liberación de las garantías.

     Artículo 149.- Del informe de la autoridad competente sobre infracción de la normativa ambiental

     149.1 La formalización de la denuncia por los delitos tipificados en el Título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal, requerirá de las entidades sectoriales competentes opinión fundamentada por escrito sobre si se ha infringido la legislación ambiental. El informe será evacuado dentro de un plazo no mayor a 30 días. Si resultara competente en un mismo caso más de una entidad sectorial y hubiere discrepancias entre los dictámenes por ellas evacuados, se requerirá opinión dirimente y en última instancia administrativa al Consejo Nacional del Ambiente.

     149.2 El fiscal deberá merituar los informes de las autoridades sectoriales competentes o del Consejo Nacional del Ambiente según fuera el caso. Dichos informes deberán igualmente ser merituados por el juez o el tribunal al momento de expedir resolución.

     149.3 En los casos en que el inversionista dueño o titular de una actividad productiva contare con programas específicos de adecuación y manejo ambiental - PAMA, esté poniendo en marcha dichos programas o ejecutándolos, o cuente con estudio de impacto ambiental, sólo se podrá dar inicio a la acción penal por los delitos tipificados en el Título XIII del Libro Segundo del Código Penal si se hubiere infringido la legislación ambiental por no ejecución de las pautas contenidas en dichos programas o estudios según corresponda.(*)

(*) Artículo sustituido por el Artículo 4 de la Ley N° 29263, publicada el
02 octubre 2008, cuyo texto es el siguiente:

     “Artículo 149.- Del informe de la autoridad competente sobre infracción de la normativa ambiental

     149.1 En las investigaciones penales por los delitos tipificados en el Título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal, será de exigencia obligatoria la evacuación de un informe fundamentado por escrito por la autoridad ambiental, antes del pronunciamiento del fiscal provincial o fiscal de la investigación preparatoria en la etapa intermedia del proceso penal. El informe será evacuado dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días, contados desde la recepción del pedido del fiscal de la investigación preparatoria o del juez, bajo responsabilidad. Dicho informe deberá ser merituado por el fiscal o juez al momento de expedir la resolución o disposición correspondiente.

CONCORDANCIAS:     D.S. N° 004-2009-MINAM (Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del Artículo 149 de la Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente)
               D.S.Nº 009-2013-MINAM (Reglamento del numeral 149.1 del artículo 149 de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente)

     149.2 En las investigaciones penales por los delitos tipificados en el Título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal que sean desestimadas, el fiscal evaluará la configuración del delito de Denuncia Calumniosa, contemplado en el artículo 402 del Código Penal.”

CONCORDANCIAS:     R. Nº 043-2009-SERNANP (Apueban “Directiva para emisión del informe de la autoridad ambiental ante infracción de la normativa ambiental en
               Areas Naturales Protegidas”)

     Artículo 150.- Del régimen de incentivos

     Constituyen conductas susceptibles de ser premiadas con incentivos, aquellas medidas o procesos que por iniciativa del titular de la actividad son implementadas y ejecutadas con la finalidad de reducir y/o prevenir la contaminación ambiental y la degradación de los recursos naturales, más allá de lo exigido por la normatividad aplicable o la autoridad competente y que responda a los objetivos de protección ambiental contenidos en la Política Nacional, Regional, Local o Sectorial, según corresponda.

CAPÍTULO 3

MEDIOS PARA LA RESOLUCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS AMBIENTALES

     Artículo 151.- De los medios de resolución y gestión de conflictos

     Es deber del Estado fomentar el conocimiento y uso de los medios de resolución y gestión de conflictos ambientales, como el arbitraje, la conciliación, mediación, concertación, mesas de concertación, facilitación, entre otras, promoviendo la transmisión de conocimientos, el desarrollo de habilidades y destrezas y la formación de valores democráticos y de paz. Promueve la incorporación de esta temática en la currícula escolar y universitaria.

     Artículo 152.- Del arbitraje y conciliación

     Pueden someterse a arbitraje y conciliación las controversias o pretensiones ambientales determinadas o determinables que versen sobre derechos patrimoniales u otros que sean de libre disposición por las partes. En particular, podrán someterse a estos medios los siguientes casos:

     a. Determinación de montos indemnizatorios por daños ambientales o por comisión de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales.

     b. Definición de obligaciones compensatorias que puedan surgir de un proceso administrativo, sean monetarios o no.

     c. Controversias en la ejecución e implementación de contratos de acceso y aprovechamiento de recursos naturales.

     d. Precisión para el caso de las limitaciones al derecho de propiedad preexistente a la creación e implementación de un área natural protegida de carácter nacional.

     e. Conflictos entre usuarios con derechos superpuestos e incompatibles sobre espacios o recursos sujetos a ordenamiento o zonificación ambiental.

     Artículo 153.- De las limitaciones al laudo arbitral y al acuerdo conciliatorio

     153.1 El laudo arbitral o el acuerdo conciliatorio no puede vulnerar la normatividad ambiental vigente ni modificar normas que establezcan LMP, u otros instrumentos de gestión ambiental, ni considerar ECA diferentes a los establecidos por la autoridad ambiental competente. Sin embargo, en ausencia de éstos, son de aplicación los establecidos a nivel internacional, siempre que medie un acuerdo entre las partes, o en ausencia de éste a lo propuesto por la Autoridad Nacional Ambiental.

     153.2 De igual manera, se pueden establecer compromisos de adecuación a las normas ambientales en plazos establecidos de común acuerdo entre las partes, para lo cual deberán contar con el visto bueno de la autoridad ambiental competente, quien deberá velar porque dicho acuerdo no vulnere derechos de terceros ni genera afectación grave o irreparable al ambiente.

     Artículo 154.- De los árbitros y conciliadores

     La Autoridad Ambiental Nacional se encargará de certificar la idoneidad de los árbitros y conciliadores especializados en temas ambientales, así como de las instituciones responsables de la capacitación y actualización de los mismos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES

     PRIMERA.- De la modificación de la Ley Nº 26834

     Modifícase el inciso j) del artículo 8 de la Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, en los siguientes términos:

     “j) Ejercer potestad sancionadora en el ámbito de las áreas naturales protegidas, aplicando las sanciones de amonestación, multa, comiso, clausura o suspensión, por las infracciones que serán determinadas por decreto supremo y de acuerdo al procedimiento que se apruebe para tal efecto.”

     SEGUNDA.- Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles

     En tanto no se establezcan en el país, Estándares de Calidad Ambiental, Límites Máximos Permisibles y otros estándares o parámetros para el control y la protección ambiental, son de uso referencial los establecidos por instituciones de Derecho Internacional Público, como los de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

CONCORDANCIAS:     R. CONSEJO DIRECTIVO N° 029-2006-CONAM-CD (Aprueban Cronograma de Priorizaciones para la aprobación progresiva de Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos
               Permisibles)

     TERCERA.- De la corrección a superposición de funciones legales

     La Autoridad Ambiental Nacional convocará en un plazo de 60 días contados desde la publicación de la presente Ley, a un grupo técnico nacional encargado de revisar las funciones y atribuciones legales de las entidades nacionales, sectoriales, regionales y locales que suelen generar actuaciones concurrentes del Estado, a fin de proponer las correcciones o precisiones legales correspondientes.

     CUARTA.- De las derogatorias

     Deróganse el Decreto Legislativo Nº 613, la Ley Nº 26631, la Ley Nº 26913, los artículos 221, 222, 223, 224 y 225 de la Ley General de Minería, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-92-EM y el literal a) de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 757.

     QUINTA.- Créase el Registro de Áreas Naturales Protegidas

     La Superintendencia Nacional de Registros Públicos deberá implementar en plazo máximo de 180 días naturales el Registro de Áreas Naturales Protegidas así como su normatividad pertinente.

CONCORDANCIAS:     R. Nº 028-2012-SUNARP-SA (Aprueban Directiva que regula la inscripción de las Áreas Naturales Protegidas y demás actos inscribibles relativos a éstas en el Registro de Áreas Naturales)

     POR TANTO:

     Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, insistiendo en el texto aprobado en sesión del Pleno realizada el día veintitrés de junio de dos mil cinco, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política del Estado, ordeno que se publique y cumpla.

     En Lima, a los trece días del mes de octubre de dos mil cinco.

     MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO

     Presidente del Congreso de la República

     GILBERTO DÍAZ PERALTA

     Segundo Vicepresidente del

     Congreso de la República

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